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Etiqueta: Estado de Emergencia

¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves no descansa en su afán de golpear a los diputados y a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes independientes de la República.

Evidencia su interés desesperado de controlar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, imponiendo un presidente, o luchando, como lo está hizo, para que los diputados libremente no designaran, el pasado primero de mayo, a Rodrigo Arias Sánchez, quien era el principal candidato para presidir el Poder Legislativo en su cuarta legislatura, 2025-2026.

Rodrigo Arias Sánchez es un diputado como lo son los restantes 56 diputados que integran ese Poder. Rodrigo Arias había presidido la Asamblea Legislativa de manera consecutiva desde el 2022 hasta el 30 de abril pasado, en las tres legislaturas correspondientes a su trabajo. Las valoraciones políticas e institucionales internas que permitieron nombrarlo, en las tres Legislaturas anteriores, por parte de los diputados, seguían siendo válidas.

Lo que había cambiado radicalmente era la relación del Poder Ejecutivo, representado por su presidente Rodrigo Chaves, con los diputados y especialmente con el presidente legislativo, para quien no ha escatimado insultos, ofensas, groserías, agresiones verbales de todo tipo que pueda usar en su contra, tanto en lo personal, como en lo político.

También, el presidente Chaves se ha lanzado, de igual manera, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más levemente contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Del mismo modo, ataca constantemente al fiscal general de la República y a la Contralora General de la República.

Nunca, en la historia institucional y política, en las relaciones públicas y privadas, de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, había sucedido algo parecido.

El ataque del presidente penetró a las fracciones parlamentarias. Antes de la sesión del 1 de mayo. En algunas de ellas el presidente había “chineado” a diputados que se lograron alinear con él, provocando en esos partidos divisiones respecto a votar favorablemente por Rodrigo Arias y a impulsar, otras candidaturas, estimulando, como lo intentó, las corrientes feministas parlamentarias, para lo cual había halagado posibles candidatas y a algunos candidatos que se veían, y así les hacía creer, como en el espejo de la Cenicienta, como las más perfectas y bellas personas candidatas para presidir el alto solio del Poder Legislativo.

El resultado de sus esfuerzos conspirativos contra Rodrigo Arias no le dio resultado, pero no ha dejado de atacarlo soezmente, como está acostumbrado a referirse a las personas que quiere “golpear” en su imagen pública o institucional.

Evidente es que las figuras presidenciales de los Supremos Poderes de la República siguen siendo el blanco de su atención. El de la Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios del Ministerio Público, los de la Fiscalía General de la República y del Organismo de Investigación Judicial también son parte de sus ataques, difamaciones, ofensas y desconfianzas públicas, que alrededor de ellos quiere sembrar diariamente, porque son las instancias que tendrán que ver, lo quiera o no, en tramitar y llegar a conocer las acusaciones que se le han hecho para que se le investigue en gran cantidad de causas que están en trámite judicial en su contra. Probablemente, su juego consiste en cuestionarlos de tal manera, que después, o en algún momento, pueda impugnarlos en esos trámites judiciales aduciendo que son personas que podrían tener prejuicios contra él por los ataques que él les hace.

También, parte de su objetivo es sembrar en la ciudadanía falsas ideas e imágenes respecto a las instancias judiciales en cuanto a los procesos judiciales, que son parte de sus ataques contra estas instituciones, y sus principales funcionarios, a quienes hace responsables de los ataques acusatorios que les cuestiona sobre sus trabajos personales y profesionales como institucionales.

Respecto al Organismo de Investigación Judicial lo ha terminado presentando en sus últimos ataques como un grupo militar incapaz de enfrentarse a los 17.000 funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuerpos policiales, que trata de presentarlos como su policía “privada”. Al Respecto ha señalado claramente que toda la fuerza policial del Organismo de Investigación Judicial no podría enfrentar a la Fuerza Pública, que él maneja porque la relación es de un policía del OIJ a cinco efectivos de la Fuerza Pública. Claramente está analizando llevar el país a esa posibilidad de enfrentamiento. Pero, no contento con esta imagen y percepción, ha convocado a la llamada Reserva Nacional, con más de 3000 personas, según se ha dicho, para que le respondan más como un grupo paramilitar, “más privado” y “personal” que la Fuerza Pública, de la cual no tiene plena confianza. Su grupo de asalto al estilo de las policías nazis, ya lo constituyó con la Unidad Especial de Intervención, que es más selecto, que solo a él, al presidente, le reporta, por medio del viceministro de seguridad, y no tanto por el ministro.

El negocio del tráfico de armas en el país, con la tolerancia de la Seguridad Pública con que se hace, es parte de este juego macabro que se impulsa, en las instancias gubernativas para tratar de crear un clima de inseguridad nacional, que le permita al presidente tratar de invocar un estado de emergencia nacional, que le permita a la vez suspender algunas garantías individuales, si no pudiera establecer un estado de excepción plenamente convocado como los hace Bukele en El Salvador.

El peligro del supuesto golpe de estado, que ha dicho, casi responsabilizando de él al Tribunal Supremo de Elecciones, se le ha diluido por la aceptación en el trámite de inscripción que han tenido tres de sus partidos jaguares, con los que intenta asaltar electoralmente el control de la Asamblea Legislativa, constantemente invocando, llamando y clamando para que los electores le den, a esos partidos, por lo menos 38 o más diputados. Solo así podría igualar el autoritarismo institucional bukeliano mandando en el país, desde la Asamblea Legislativa y no desde el Poder Ejecutivo, para impulsar las transformaciones institucionales que permitan gobernar sin controles públicos. ¿Soñará esquizofrénicamente el presidente de gobernar el país desde la Asamblea Legislativa, como alguna vez lo dijo, que estaría en la oficina del presidente legislativo?

En este ambiente, al margen de la Fuerza Pública, se está convocando, organizando, y facilitando las instalaciones policial-militares del Murciélago, como se dice en corrillos, para prácticas militares de grupos privados de la Reserva Nacional que el gobierno que está impulsando a su alrededor. ¿Los oficiales de la Fuerza Pública, que fueron a entrenarse a Taiwán, en cursos militares de rápida instrucción, tienen que ver con esto? ¿Cuál es el vínculo militar del ministro de Seguridad con las fuerzas militares de Taiwán? ¿Hay asesores militares taiwaneses en la Fuerza Pública? Igualmente, se debe saber si hay militares oficiales extranjeros en la preparación de la Fuerza Pública nacional.

Sobre los oficiales que fueron a entrenarse militarmente a un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, y no reconocemos en ese campo, debe rendirse cuentas a la Asamblea Legislativa, por lo menos, para saber la naturaleza de los cursos que llevaron y su importancia para la seguridad nacional.

Las prácticas que cada día se evidencian de maltrato policial hacia detenidos, también debe ser objeto de investigación legislativa, de saber quién entrena y bajo qué conceptos a la Fuerza Pública, sobre todo si se envía oficiales a academias militares en el extranjero que enseñan a torturar, golpear detenidos y ciudadanos en general, como vemos actuar a las policías estadounidenses, estos días en las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos.

Hace pocos días se informó de la muerte de un detenido por agresiones físicas que había recibido de sus custodios penitenciarios.

¿Se está preparando a la Guardia Civil en este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, y de la integridad física de los detenidos?

Peor aún, con la divulgación y conocimiento por la prensa de estas prácticas, a la que se suman los retenes en carretera que se están montando de vez en cuando, para solicitar documentación automotriz y personal, ¿se está tratando de advertir o asustar a la población sobre cómo podría actuar la Fuerza Pública y los cuerpos policiales y paramilitares que se organizan, con amparo del gobierno, ante una situación de “emergencia” que llegare a convocar el presidente? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Su paranoia, su perturbación mental alrededor de la inestabilidad gubernativa que él mismo provoca ante los ciudadanos, por su temor de dejar el gobierno en pocos meses, cuando quisiera permanecer en él indefinidamente, de estar insinuando que no se le permite gobernar, que solo por la fuerza se pueden hacer cambios para mejorar la administración pública y la institucionalidad nacional, que para ello “necesita” 38 o 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, que no confía en las instancias políticas existentes, que él no controla, por lo que se siente “atacado” por todos los flancos, cuando él es el que agrede aprovechando todos los medios gubernativos que puede usar, desde sus montados espectáculos los miércoles.

Esto es lo que a todos debe preocuparnos por el bien de nuestra Democracia Nacional.

¿Emergencia por una prisión?

Freddy Pacheco León

Tal vez Chaves y Cisneros, otra vez mal asesorados por incompetentes y «obedientes» abogados, creen que, como lo han venido haciendo, por el mecanismo «gota gota», se puede decretar un Estado de Emergencia, con el único fin, de burlar los sanos mecanismos de control, que se derivan del texto de la Constitución Política.

Resulta que, la legislación contiene el mandato de que, para una declaratoria de Estado de Emergencia, la misma ha de ser real, no “jalada del pelo”, y se justifica, en situaciones en que la población sufre perturbación severa de la paz, provocada, por ejemplo, por un rompimiento sostenido del fundamental ordenamiento interno. Situación que, sea por pandemias como la del Covid-19, catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones, avalanchas y huracanes, amenazas de grupos insurgentes, atentados contra la soberanía nacional, interrupción prolongada e intencional de servicios públicos, como el transporte colectivo, el abastecimiento de agua potable, la distribución eléctrica, los servicios de salud, etcétera. O sea, en momentos de impactante calamidad nacional, evidentes y documentados, que, reflejan situaciones especialísimas, excepcionales, extremas, que impiden el funcionamiento normal del Estado como un todo, o, incluso, a nivel regional o comunal.

No se trata, por razones obvias, de un procedimiento político o burocrático, con el cual obviar la legalidad que nos rige, como un medio de «facilitar», por ejemplo, la ejecución de proyectos que el Poder Ejecutivo quisiera realizar en forma apresurada, y sin los controles anticorrupción. No, de eso no se trata.

Por tales razones, los decretos ejecutivos de emergencia que se emiten, derivados de previos acuerdos del Consejo de Gobierno, o, en algunos casos, de concejos municipales, no son suficientes en sí mismos. Para que tengan efecto, luego de la declaración de emergencia, es responsabilidad suprema de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, (CNE), elaborar un técnicamente bien fundamentado, Plan General de Emergencia, absolutamente apolítico, independiente, sustentado en la ciencia y la técnica, capaz de facilitar, una buena coordinación interinstitucional, sujeto, al igual que el decreto previo, a control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad plena.

Pues amigos, aunque, claramente el Poder Ejecutivo, ha abusado ilegalmente, de «declaratorias de emergencia«, injustificadas, con las cuales se han burlado controles de ley, en compras millonarias (según información del 29 de abril en el Semanario Universidad), eso no solo es intolerable, sino que asimismo, pone en entredicho, las actuaciones de la CNE y su presidente Alejandro Picado, que parece ser especialmente complaciente, con el ministro de Justicia Gerald Campos, quien en entrevistas en medios como Repretel y radio Columbia, indicó que el problema no son los recursos, sino “lo engorroso que en Costa Rica es, el proceso de licitación y la etapa previa”, por lo cual, ante una necesidad de, al menos un18% de espacios carcelarios, que, por definición, no cumple con el requisito de ser calificado como “hacinamiento”, junto al presidente, él está en la búsqueda de una ruta, ¡diferente a la jamás encontrada “ruta de la educación”!, que permita emitir un decreto ejecutivo, en que, la situación de necesidad de más espacios carcelarios, sea declarada como una emergencia.

En el 2023, en los 13.177 espacios, se resguardaban 15.600 prisioneros, por lo cual, se hace necesario ubicar 2.423 personas, en nuevos espacios, para así, mejorar las condiciones de los privados de libertad, en general, objetivo en el cual, todos los ciudadanos estamos de acuerdo, pues sus condenas se refieren exclusivamente, a sus derechos de vivir en libertad, pero no a otros derechos humanos fundamentales, como son las condiciones de calidad de vida, en que, han de cumplir sus penas.

Para el Poder Ejecutivo, su objetivo es evitar que cualquier proyecto relacionado con la construcción, dicen, de una “mega cárcel” que costaría unos ¢20.000 millones, tenga que superar controles legislativos, como ocurriría con un préstamo, o por un estricto refrendo de la Contraloría General de la República, pues, estiman, sería la única forma de que se pudiese construir la nueva prisión, ojalá antes de que finalice la administración Chaves Roble, sin que medien, procesos de licitación, y se puedan otorgar contratos a discreción, dejando de lado permisos ya establecidos como requisitos.

Situación que toma especial relevancia, ante lo dicho por el, un tanto torpe, ministro de Justicia y Paz, quien, al referirse al anuncio de la cárcel que pudiere servir para atender necesidades por unos cuantos años, ¡»cantó sin guitarra«!, al manifestar lo anotado arriba. Opción «jalada del pelo», por donde quiera mirársele, pues incumple el espíritu y filosofía de la legislación pertinente, sobre los Planes Generales de Emergencia, y específicamente, al considerar que no se tiene todavía con un formal proceso de planificación, como es deber de una buena administración, que, quizá, pudiese justificar aplicar la Ley Nº 8488, que regula explícitamente la materia de emergencias. Máxime que se trataría de una labor ordinaria, como es la construcción y operación de prisiones, tal y como se ejecutara durante la administración Alvarado Quesada, que, bajo la orientación de la exministra de Justicia, doña Fiorella Salazar, vio la construcción del Centro de Atención Integral Terrazas, con 1.200 espacios, y otros 1.000 espacios, en otros centros penitenciarios ya existentes, sin innecesaria alharaca.

4.5.2025