Ir al contenido principal

Etiqueta: estado social

El “paciente” está enfermo por el tratamiento

Juan Carlos Cruz, para SURCOS

En un texto reciente publicado en su perfil de Facebook, Carlos Francisco Echeverría analiza la elección y el ejercicio del poder de Rodrigo Chaves como expresión de un malestar social previo y profundo. Aunque Chaves ganó la presidencia con relativa facilidad, su victoria se apoyó más en el rechazo a un adversario desgastado que en propuestas propias. Ya en el gobierno, ha mantenido altos niveles de aprobación no por logros concretos, sino por convertir la presidencia en plataforma de una retórica de desprecio hacia la historia, las instituciones y la democracia costarricense.

Esa retórica conecta con una parte significativa de la sociedad frustrada por la creciente desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. Según Echeverría, el “desprecio” funciona como válvula de escape para quienes se sienten abandonados por un sistema injusto. Costa Rica, sin embargo, ya era un “paciente” debilitado: el discurso presidencial no cura la enfermedad, sino que agrava el malestar y lo convierte en capital político, deteriorando el diálogo social.

El autor recurre a la metáfora de una enfermedad autoinmune para describir una sociedad que, obsesionada con sus errores y carencias, termina atacando también sus propios logros, virtudes e instituciones. Las próximas elecciones serán, en este sentido, una prueba de la salud cívica del país: podrían confirmar el avance de un clima autoritario y cínico, aunque también existe el antecedente de 2018, cuando el electorado reaccionó frente a una amenaza percibida a la convivencia democrática.

Echeverría subraya la urgencia de revisar a fondo el sistema que generó concentración de ingresos y deterioro de los servicios públicos. Sin correcciones estructurales serias, advierte, el país corre el riesgo de entrar en una fase terminal de demagogia y populismo autoritario, aunque todavía existe una ventana de oportunidad para evitarlo. Su tesis de fondo es clara: el chavismo es síntoma y acelerador de una crisis estructural, no su causa originaria. El verdadero dilema es si Costa Rica logrará corregir esa crisis antes de que el proceso autodestructivo se consolide.

Echeverría deja servida la mesa para una respuesta que no se quede en la superficie moral del “paciente enfermo”, sino que vaya al hueso estructural del problema. Lo que él describe como “sistema ineficiente e injusto” no es un accidente ni una desviación reciente: es el resultado de un viraje histórico profundo que Costa Rica emprendió desde finales de los años 80 y que hoy muestra sus consecuencias más crudas.

La invitación a “revisar a fondo el sistema que nos llevó hasta aquí” es indispensable, pero exige nombrar con claridad cuál fue ese sistema y cómo se instaló. Costa Rica no llegó a la actual concentración de la riqueza ni al deterioro de su Estado social por fatalidad ni por errores aislados: llegó por un proceso histórico de desmantelamiento progresivo del pacto social que había sostenido la movilidad social, la clase media amplia y las instituciones públicas fuertes.

Durante buena parte del siglo XX, el país combinó tres pilares que explicaban su excepcionalidad regional: un Estado social robusto, una estructura tributaria relativamente progresiva y un modelo de desarrollo orientado a la inclusión. Ese equilibrio comenzó a romperse con la crisis de la deuda en los años 80. Bajo presión de organismos financieros internacionales y élites económicas locales, Costa Rica adoptó un modelo neoliberal de apertura, desregulación y privatización parcial que tuvo tres efectos decisivos.

Primero, se debilitó la capacidad redistributiva del Estado. La estructura tributaria se volvió más regresiva: aumentó el peso de los impuestos indirectos, se multiplicaron exoneraciones a grandes capitales y zonas francas, y se redujo la carga sobre las rentas altas y el patrimonio. El resultado fue una transferencia silenciosa de riqueza hacia arriba.

Segundo, se fragmentó el mercado laboral. El empleo público dejó de ser motor de movilidad y el empleo privado se precarizó. La economía se dualizó: un sector moderno, exportador y altamente productivo, pero con poco encadenamiento, y un sector interno estancado, informal y mal remunerado. La desigualdad dejó de ser solo de ingresos: se volvió desigualdad de oportunidades, estabilidad y dignidad.

Tercero, se consolidó un modelo de crecimiento que no derrama. La inversión extranjera directa generó islas de prosperidad, pero no un desarrollo nacional integrado. El país creció, sí, pero creció para pocos. La clase media dejó de expandirse y comenzó a erosionarse. En síntesis, Costa Rica pasó de un modelo de movilidad social a uno de acumulación concentrada, donde el crecimiento económico dejó de traducirse en bienestar colectivo.

El deterioro de las instituciones del Estado social tampoco es producto de la incompetencia reciente, sino de un proceso de asfixia fiscal, política y simbólica que lleva décadas.

La asfixia fiscal ha sido deliberada: mientras se exigía al Estado hacer más, se le quitaban los recursos para hacerlo. La regla fiscal, las exoneraciones, la evasión y la elusión estructural han dejado a instituciones como la CCSS, el MEP o el IAFA sin capacidad de inversión, innovación o expansión. Un Estado sin recursos es un Estado condenado a fallar.

La privatización por desgaste siguió un patrón conocido: se deteriora el servicio público, la ciudadanía se frustra, se abre espacio para el discurso de “lo público no sirve” y así se legitima la privatización o la tercerización. Es un círculo vicioso que erosiona la legitimidad del Estado social.

A esto se suma la captura política y tecnocrática: las élites económicas lograron imponer una visión de país donde el Estado es visto como obstáculo y no como garante de derechos. Esa narrativa permeó medios, partidos y tecnocracias, produciendo un Estado administrado para no incomodar al poder económico.

Finalmente, el desgaste simbólico del pacto social ha sido profundo. La prédica presidencial actual —que desprecia instituciones, historia y democracia— no surge en el vacío. Es la fase aguda de un proceso largo de deslegitimación cultural del Estado social, que lo presenta como ineficiente, corrupto o anacrónico, mientras oculta los intereses que se benefician de su debilitamiento.

La conclusión es inevitable: el “paciente” no está enfermo por accidente, sino por tratamiento. Si Costa Rica parece hoy un paciente debilitado, es porque durante décadas se le aplicó un tratamiento que debilitó su sistema inmunológico (el Estado social), concentró la riqueza en pocas manos, precarizó a la mayoría y abrió la puerta a discursos autoritarios que se alimentan del malestar social.

Revisar el sistema implica revertir ese rumbo, no maquillarlo. Implica recuperar la capacidad redistributiva del Estado, reconstruir servicios públicos universales, democratizar la economía y devolverle a la ciudadanía la certeza de que el país puede ser nuevamente un espacio de movilidad, dignidad y esperanza.

Todavía estamos a tiempo. Pero solo si dejamos de tratar los síntomas y enfrentamos la enfermedad estructural.

Autoritarismo o Democracia, el dilema electoral

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral que estamos viviendo hacia las elecciones de febrero o abril del próximo año, camina en una coyuntura compleja, de indefiniciones, de ausencia de liderazgos políticos, de liderazgos partidarios y de partidos políticos, de gran desconfianza pública y especialmente de una ceguera o falta de visión hacia el porvenir inmediato.

Lo que por ahora estamos viendo es una etapa de pereza mental de análisis política que produce una abulia política, un desinterés, una falta de toma de decisiones, marcada principalmente por los resultados de indecisos electorales en las encuestas.

La ausencia de liderazgos políticos considerados como la falta de líderes o dirigentes nacionales, caudillos, de grandes personalidades políticas o personales, que no los hay hoy en el país, que guíen a sus partidos políticos, a sus partidarios o seguidores; que encanten o enamoren a los electores, que produzcan confianza personal en su personalidad, sus planteamientos políticos o mensajes políticos y, sobre todo, que produzcan confianza en ellos mismos y en quienes los rodean, como equipos políticos para asumir el gobierno de la República, y la conducción del país por los próximos cuatro años.

El actual gobierno de Rodrigo Chaves se ha encargado de desmantelar esa aureola que gozaban los partidos políticos, sus dirigentes históricos y partidarios. Ha logrado pintarlos como tiranos, dictadores, que solo han gobernado para pequeños grupos de privilegiados y contra el pueblo, que dice él representar.

La ausencia de liderazgos partidarios porque se impone la carencia de partidos políticos que como tal atraigan a los futuros votantes. No hay imágenes poderosas, de fuerte organización partidaria, con militantes disciplinados y comprometidos con las banderas programáticas, de esos partidos, porque los partidos políticos como organizaciones sociales y políticas han dejado de existir en la práctica política del país hace muchos años.

Con la campaña que beligerantemente ha sostenido el presidente contra toda la institucionalidad partidaria, y contra las manifestaciones democráticas de esa institucionalidad, ese desgano político se ha nutrido, y se ha alimentado con la imagen de que todo ha sido resultado de la corrupción inmanente a quienes han gobernado.

Existen algunos partidos en el imaginario colectivo, especialmente los que han sido partidos gobernantes, que eligieron presidentes, sin que esa misma imagen sea fuerte con los partidos que han elegido o tienen actualmente diputados. Si resaltan estos diputados es porque están en la gradería parlamentaria destacando algunos hacia la prensa o los periodistas, o destacando por los pleitos o camorras coloquiales que realizan, más que debates de profundidad política y argumentativa frente a los proyectos de ley que trabajan, o se les presenta para su conocimiento, debate y aprobación.

Ya ni debates hay. Basta observar cómo evaden la discusión con las decisiones de no discutir las mociones, o de eliminarlas en bloque, como se ha hecho con el procedimiento de la vía rápida para discutir proyectos como el de la Ley esclavista de las 12 horas. Lo más gracioso de eso es que sin discutir las mociones se votan diciendo, y así queda en actas, “agotado el debate”, y no hubo “debate”, “contienda” o “lucha” teórica alrededor de esas mociones.

Una buena parte de los partidos que no han elegido, ni presidentes ni diputados, entran en la categoría peyorativa que se les endilga de “partidos taxi”, por el alquiler que se hace de ellos para que algunas personas puedan aspirar a los puestos de elección popular, sin ninguna propuesta programática, teórica política o ideológica, y muchos de estos sin una visión clara, ni conocimiento de la estructura institucional de Estado y la sociedad costarricense.

La ausencia de partidos políticos se muestra también en la ausencia de locales, de establecimientos partidarios, en la capital del país, en las capitales de provincia y en las cabeceras de cantones. Esto hace que los “partidos taxi” ni siquiera tengan un “garaje taxi”, son “partidos de la calle” y “partidos en la calle” … Los “de la calle” porque están allí en el espacio público permanentemente, como habitantes permanentes o transitorios. Los que están “en la calle” porque están en condición casi de indigentes políticos, sin domicilio fijo…

Estas características hacen del proceso político un proceso político desabrido, incoloro, insaboro, inodoro…

A los partidos que están inscritos en la papeleta electoral no se les puede clasificar por tradiciones políticas de carácter teórico político o ideológico. Ninguno de los partidos se define y se presenta ante el electorado como el partido de la izquierda o de la derecha, del progresismo o del conservadurismo, ni siquiera los que han tenido el vestido de la socialdemocracia o el socialcristianismo así se presentan. No hay uno solo que se presente como el partido anticapitalista o el prosocialista, proponiendo cambiar de sistema capitalista por el socialista.

Solo el ignorante político, del animal que habita Zapote, el Jaguar, acusa constantemente a un partido de la papeleta como “comunista”, desconociendo que el Partido Comunista de Costa Rica, que existe desde 1931, se llama Vanguardia Popular y no participa en elecciones prácticamente desde el 2006, desconociendo también que los partidos comunistas en la mayoría de los países capitalistas, donde existían antes de 1991, hoy no son fuerzas políticas determinantes, como lo fueron en algunos de ellos. Pero, usa esa campaña “anticomunista”, para endilgar, para endosar la imagen y el peso que ese concepto tenía antes de 1991, en el período de la Guerra Fría.

Hoy el comunismo no es un “coco” con el que se pueda asustar a mucha gente, solo a ignorantes, a retrasados mentales políticamente o a analfabetos políticos por desuso. Pero, en una sociedad de amplia pobreza, el rugido panfletario del Jaguar puede “pegar” en algunos sectores atrasados de la sociedad costarricense, empobrecidos, marginados de los apoyos históricos estatales, de regiones del país que igualmente sufrieron ese abandono institucional, social y económico, donde este tipo de discurso todavía puede asustar a algunos, y que en su “susto” emocionalmente los preparan para “asaltar” el Estado y su institucionalidad, para hacerlos aliados, por su ignorancia, de la destrucción del Estado Social y Benefactor, que hemos construido desde 1943, para llevarlos a mayores niveles de empobrecimiento y embrutecimiento político, a ampliarles su embrutecimiento cultural general, a fortalecerles su ignorancia histórica y cívica básica para facilitar su mayor y mejor explotación social y económica, y para orientarlos a defender un Estado de Fuerza Bruta, un Estado Autoritario, de características Dictatoriales Despóticas y Tiránicas, como las que se impulsan desde Zapote, y como las que se pretenden continuar con el partido Pueblo Soberano, para de esa manera atraerlos a las aguas del autoritarismo político, de la autocracia política que se quiere imponer, como pasos previos de formas dictatoriales o tiránicas que las tienen en marcha. El presidente Chaves constantemente asusta con eso, especialmente cuando anuncia que le quieren dar un golpe de estado, que no le permitirán terminar su gobierno, cuando insinúa que se quiere alterar el proceso electoral, cuando afirma constantemente que se requiere un gobernante de mano dura, que se “compre todas las broncas” para poner orden y para gobernar por el pueblo que ha sido burlado por todos los anteriores gobiernos

El tema central que se está debatiendo en el proceso electoral en el país, sin que se tenga plena conciencia de ello, es si avanzamos hacia el Autoritarismo o fortalecemos la Democracia. Este es el dilema electoral principal.

El Chavismo, el jaguarismo, los seguidores del Presidente, y quienes lo representan en las elecciones, anunciando su continuidad en la Guarida Presidencial del Zapote, como el principal Ministro de Estado y quizá como su principal vocero político, en caso de ganar las elecciones, eso es lo que están proponiendo: el total desmantelamiento institucional del Estado, la venta de las instituciones estatales que aún quedan, acabar con el sistema de educación público, imponer las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, cerrar totalmente los colegios nocturnos, aniquilar el INA en su función pública, agudizar el empobrecimiento de la gente y los trabajadores, aniquilar las instituciones públicas de salud, especialmente la CCSS y sus EBAIS, reducir el salario mínimo del país en dos terceras partes para igualarlo a las condiciones de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica, como lo ha dicho la vocera parlamentaria de los jaguares, la Chismeros; para continuar eliminando los subsidios sociales a los sectores más pobres y necesitados de ayudas sociales, eliminando lo que queda de ayudas estudiantiles, reduciendo los recursos económicos a las universidades públicas, lo que ya empezaron en el presupuesto nacional del próximo año; para cobrar por vivir en la ciudad, como ya lo están haciendo en todas partes, fijando espacios por doquier, como son los parqueos de calle, por los que hay que pagar casi las 24 horas, para encarecer más la vida de los ciudadanos y los trabajadores, para mantener congelados los salarios, las pensiones y los ingresos laborales de los trabajadores y las personas, para entregar todas las riquezas naturales del país a sectores principalmente transnacionales, a la tala indiscriminada de bosques por sus maderas o por las riqueza que hay debajo de ellas, al fortalecimiento de marinas para los negocios del narcotráfico incrustado gravemente en la alta institucionalidad nacional y sus principales dirigentes…Estos son los cantos de sirenas que sin descifrarlos correctamente engatusan a una buena parte del electorado.

Esto es lo que está en juego, más democracia o menos democracia, Democracia o Tiranía, Democracia o Dictadura, Democracia o Autoritarismo, Democracia o Autocracia, Democracia o Despotismo.

Quedan dos meses y medio para escoger el camino del futuro inmediato.

No hay peor ciego político que el que no quiere ver cómo se está desarrollando el panorama político nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

Cuando el pueblo se convierte en consigna

*M. EL Ernesto Herra Castro
Sociólogo

Las imágenes recientes de la marcha encabezada por figuras del Partido Liberación Nacional (PLN) bajo la consigna Defendamos Costa Rica” confirman lo que advertí en un artículo anterior publicado en otro medio (Las consignas de la oligarquía): los sectores que históricamente se beneficiaron del modelo de dominación económica y simbólica de la oligarquía criolla vuelven a ocupar el primer plano del escenario público, esta vez disfrazados de defensores del pueblo. Pero lo verdaderamente alarmante no es su teatralidad, sino la participación utilitaria de las universidades públicas y los sindicatos, que terminan sirviendo de andamiaje legitimador a quienes entregaron la soberanía nacional en el altar del neoliberalismo.

No hay que olvidar que el PLN fue el artífice de la apertura comercial que devastó la agricultura, desmanteló el Estado social y erosionó la paz social construida a pulso durante décadas. Fueron sus gobiernos los que convirtieron la educación en una mercancía, la salud en un negocio y el trabajo en una precariedad institucionalizada. Que hoy aparezcan marchando por la defensa del agro” o la unidad nacional” no es más que un gesto de cinismo histórico: quienes destruyeron la casa ahora posan como sus guardianes. Y lo hacen de la mano de un aparato universitario que, en lugar de producir pensamiento crítico, se presta al juego mediático de la democracia liberal, confundiendo presencia cívica” con neutralidad académica.

El problema no es que la universidad participe en el debate público de hecho, debe hacerlo, sino desde qué lugar y con qué conciencia lo hace. Cuando lo hace sin distanciamiento crítico, cuando se alinea con las fuerzas políticas que vaciaron de contenido al Estado y al bien común, cuando pone sus símbolos y su legitimidad al servicio de intereses partidarios, renuncia a su función emancipadora. No es el pueblo quien marcha, sino la razón crítica convertida en procesión institucional, donde las universidades, en vez de interpelar el poder, se suman a su liturgia. Lo que se presenta como civismo no es sino una escena de restauración simbólica del orden político que las alimenta.

Lejos de haberse vestido de pueblo, como alguna vez soñaron la conquista de la institución educativa quienes le sembraron al lado del pensamiento crítico latinoamericano, la universidad corre el riesgo de culminar por disfrazarse de pueblo para servir al poder. Es el pueblo el que trabaja, produce, resiste y sostiene lo comúnquien encarna hoy las múltiples fracturas de una “democracia” forjada al calor de la evasión, la impunidad y la decadencia moral que sin ningún pudor llaman institucionalidad”. Es junto al pueblo que también la vieja política negó que el futuro de la universidad debe surgir sin temor a afirmarse como actor social y popular. Allí radica su legitimidad: en el vínculo con la vida concreta, material, espiritual del pueblo que le sostiene, no en la obediencia cómplice de una aristocracia nobiliaria cuyos apellidos se extienden desde la Colonia hasta la actualidad sobre la base de la explotación sistemática de aquellos a quienes ahora se atreve a llamar “compatriotas”.

Si es verdad que la historia habría de repetirse dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, como pensaba Marx tras el golpe que disolvió la república francesa y devolvió el poder a los herederos del viejo imperio, la tragedia que como país hemos experimentado los últimos 20 años han estado promovidos por la voracidad egoísta, individualista y egocéntrica con que el PLN anunciaba durante la negociación del TLC (2007) que sin duda, “como en toda negociación” decían, habrían “ganadores” y “perdedores”. La tragedia se ha hecho carne en nuestra nación con la entrega del país y de sus instituciones a los intereses de las dinastías mediáticas y financieras: la familia Jiménez, que desde La Nación y su participación en FIFCO ha moldeado candidaturas y opinión pública a su antojo; los Picado Cozza, dueños de Teletica, cuyo Canal 7 se erige como altavoz de una élite política y financiera que siempre está a salvo; los hermanos Arias, capaces de armar un bloque de 41 diputados para controlar la Asamblea y la agenda legislativa; las cámaras empresariales agrupadas en UCCAEP, junto a empresarios como los Quirós, los Raventós o Simaan, que compran favores electorales y dictan la política económica a cambio de aportes millonarios en las campañas políticas de quienes les protegen. Mientras eso ocurría la Farsa se hacía carne esta mañana bajo esa misma bandera que sin ningún pudor han mancillado los mismos partidos que privatizaron la tierra, la educación, la salud y nuestra paz.

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma

Pedro Alberto Soto Sánchez

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.

Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.

Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.

Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.

Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.

El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.

La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.

Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.

El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.

Feudos digitales entre ruinas democráticas: necesidad de una alfabetización política urgente

Frank Ulloa Royo

Hace unos meses, un buen lector y amigo—maestro rural y dirigente sindical—se acercó con un libro de Yanis Varoufakis, señalando que debía ser lectura obligatoria para entender esta democracia que se nos escapa entre los dedos. Pero más allá de la academia y algunos círculos críticos, su análisis parece importar poco. En este Día Internacional de la Democracia, mientras se alzan discursos que celebran libertades formales, nosotros caminamos entre los escombros invisibles del Estado social, superado por una realidad digital que no se discute, pero que nos reconfigura.

La casa democrática costarricense, construida con pactos entre comunistas y socialdemócratas, con café, bananos, fe en la educación pública y salud universal, está siendo devorada por termitas digitales que no hacen ruido, pero sí marcarán nuestra historia. No es una invasión con tanques: es una colonización silenciosa, algorítmica, disfrazada de eficiencia y modernidad, acompañada de un discurso autoritario que se esconde detrás de la supuesta ineficiencia del Estado y sus instituciones democráticas.

Los sindicatos, guardianes de la dignidad laboral, parecen dormidos en esta nueva selva. Muchos intelectuales, atrapados en bibliotecas sin ventanas, no ven que el feudo ha cambiado de rostro: ya no se llama finca bananera, sino plataforma digital. Y los siervos ya no llevan machete, sino celular. Pero siguen siendo siervos.

Los nuevos señores feudales: del capital transnacional al algoritmo

El capitalismo industrial, con sus fábricas, plantaciones y zonas francas, está siendo desplazado por un orden donde el poder ya no se mide en producción, sino en control de datos, atención y acceso. Amazon, Google, Meta: no venden productos, sino que alquilan espacios en sus feudos digitales. Son los nuevos señores, los nubelistas, como los llama Yanis Varoufakis, quienes “no compiten en mercados, sino que los reemplazan por feudos digitales donde extraen rentas” (Varoufakis, 2024).

Cédric Durand, desde una mirada más estructural, advierte que “vivimos en un feudalismo propio de los tiempos modernos, muy alejado de la libertad y la equidad prometida por las nuevas tecnologías” (Durand, 2021). Las plataformas no solo extraen valor: disciplinan comportamientos, fragmentan el trabajo y mercantilizan la vida cotidiana. Una generación de jóvenes en motos se autoexplota y, sin embargo, se siente libre. Los cambios en las relaciones laborales son tan violentos que no los entendemos a tiempo. Los centros de llamadas no son el problema principal—aunque los sindicatos no tengan acceso a ellos—pero anuncian la crisis del trabajo del futuro y el surgimiento de los esclavos del siglo XXI.

Shoshana Zuboff, por su parte, nos alerta sobre el impacto subjetivo de este modelo: “El capitalismo de vigilancia convierte la experiencia humana en materia prima para prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y venta” (Zuboff, 2020). Ya no somos ciudadanos: somos datos.

La democracia costarricense: del pacto social al simulacro de ciudadanía

Costa Rica construyó su democracia en la lucha social y en la esperanza de un modelo de desarrollo que garantizaba educación, salud y trabajo. Así fue como abolimos el ejército, universalizamos la salud, democratizamos el conocimiento. Pero hoy, esa casa está siendo vaciada desde adentro. La educación pública se convierte en gasto, la salud en negocio, el trabajo en contrato temporal. El Estado social se reduce a gestor de plataformas, y la ciudadanía se transforma en audiencia. En lugar de pensamiento crítico, se repiten estupideces como un TikTok infinito, donde la lectura se abandona y se sustituye por imágenes en una nueva forma de alienación.

Celebramos el Día de la Democracia mientras el autoritarismo se disfraza de algoritmo y la dominación se presenta como innovación. ¿Qué democracia celebramos si las mayorías no comprenden el nuevo modelo que las somete?

La urgencia de una alfabetización política

Necesitamos una alfabetización política que no enseñe solo a votar, sino a leer el código del poder. Que entienda que el feudo digital no es futuro, sino presente. Que forme sindicatos capaces de resistir no solo al patrón, sino al servidor. Que despierte intelectuales que escriban desde la calle, no solo desde la cátedra. Que enseñe que la democracia no vive por llevar nuevas diputaciones a una Asamblea Legislativa, sino en la empresa piñera que explota migrantes, en la clínica, en el aula, en el sindicato, en la comunidad.

¿Acaso podemos luchar por una democracia social que no se rinda a los cantos de un flautista autoritario que lleva a las mayorías al suicidio colectivo?

La democracia costarricense no debe ser mercancía. Debe ser memoria viva, acción colectiva y horizonte común. Debe escuchar los murmullos del bananal, las voces del aula sindical.

Solo una verdadera formación política puede ayudar a resistir el feudo digital con pedagogía, con organización, con poesía. Nuevas formas de llevar el mensaje político a las mayorías son urgentes, como lo intentan los frentes de defensa de la democracia impulsados por algunos sectores intelectuales, frente a una campaña electoral que no permite la reflexión, donde las redes de ignorancia sustituyen con imágenes el pensamiento crítico.

Porque si no alfabetizamos políticamente a las mayorías inconscientes, el Día de la Democracia será solo una ceremonia para celebrar el fin de una sociedad en grave estado de salud: una democracia en ruinas por el avance del tecnofeudalismo.

Referencias citadas

Varoufakis, Y. (2024). Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo. Ariel.

Durand, C. (2021). Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique. La Cebra.

Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. Paidós

Hacia una reforma tributaria progresiva: contexto, criterios guía y contenidos fundamentales. Un paso necesario hacia una Costa Rica posneoliberal

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Ni el sector público de Costa Rica es grande ni la carga de impuestos es elevada. Esos son mitos que es preciso superar. Lo que sí es cierto es que nuestro sistema tributario es muy regresivo e injusto y eso impone límites que afectan negativamente la sostenibilidad del Estado social y de los sistemas de seguridad social de Costa Rica.

Por eso se hace urgente entrar a debatir sobre una reforma realmente progresiva, lo cual es, también, un requisito necesario para combatir la abismal desigualdad que hoy divide a la sociedad costarricense.

Este trabajo, que fue discutido en dos talleres y revisado por varios economistas, aporta una propuesta, seriamente fundamentada, para una posible reforma tributaria progresiva y de amplio alcance. Desde ese punto de vista, es un pequeño esfuerzo procurando contribuir a ese debate nacional tan necesario.

Puede descargar el documento desde este enlace, o bien, hacer clic en la opción siguiente:

Contraloría encuentra inconsistencias en metas indicadas por el Gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.

El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.

La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.

En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.

En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.

El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.

En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.

Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025

¿Democracia e institucionalidad pública en Costa Rica?

Juan Huaylupo Alcázar

La historia política costarricense no solo es una retórica, un discurso o una narrativa que solo sirve para charlas de café, como afirman algunos de los personajes desde hace más de medio siglo de un caduco partido político que aspira la próxima presidencia de Costa Rica.

El orgullo de un pasado democrático no suele reconocer que esos momentos se han esfumado y convertido en un fantasma que teme el poder y sus partidos políticos que pueda renacer, por ello destruyen todo vestigio de esperanza, libertad y progreso social, con el apoyo de los mercantilizados medios para convertir a la ciudadanía en una complaciente cómplice, o sin suficiente oposición ni resistencia que lo impida.

La memoria histórica no lo confirma nuestro presente, a pesar de la incesantemente repetición sobre la importancia sobre democracia y la defensa de la institucionalidad pública, como una añoranza, que las palabras no describen ni construyen. Al parecer como afirma Watzlawick (1994) vivimos una realidad inventada, una ficción que nos imagina ser felices, igualitarios, solidarios, o tener un gobierno democrático, aun cuando, es evidente la existencia de una estructura social, económica y jurídica que regula e impone condiciones que reproducen y extienden la desigualdad, explotación, apropiación de los recursos de las poblaciones y de la nación. ¿Es que la miseria, la perdida de derechos y la generalizada explotación, no tienen vinculo alguno con la democracia y la libertad?

No es posible asumir democracia cuando no es posible modificar los medios y formas de explotación y la apropiación de los recursos sociales por los entes financieros nacionales ni internacionales que incrementan su rentabilidad parasitaria, ni con gobiernos que garantizan presupuestos para la privatizar del bienestar, con gobernantes que conviven con la corrupción y otras formas delincuenciales, porque ayudan a perpetuar el miedo y enlutan los hogares.

La educación formal, los medios y los discursos del poder falsifican la historia e invisibilizan al pueblo como gestor de la democracia, lo público y el progreso, lo cual no es nada nuevo, la historia en Costa Rica, como en otros espacios, también ha sido escrita por el poder, independientemente de los partidos políticos y de las caretas usadas por los gobernantes de turno. Esos partidos del pasado que acompañaron las conquistas populares y que aun, sin merecerlo, usufructúan las conquistas sociales del pasado, son los artífices que destruyen, desde hace más de cuatro décadas, todo resquicio del Estado Social costarricense, para continuar privatizando la historia, esta vez con el auxilio de nuevos partidos similares, que sin principios, mediocres, corruptos y privatizadores, buscan imponerse como dictaduras electorales.

La década del ochenta del siglo pasado, la hegemonía imperial de sus nefastos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y de partidos políticos que se turnaban el poder, fueron radicales y feroces implementadores liberales, que iniciaron la privatización del Estado, en una continuidad sin pausa, hoy con el concurso del exfuncionario del BM en el poder, ejecuta acciones afectando a los trabajadores empobrecidos con salarios miserables, liquida las políticas sociales y de seguridad, para magnificar estadísticamente las cifras macroeconómicas y beneficiar a las corporaciones internacionales y propietarios del capital financiero, en sus salvajes apropiaciones de los recursos de los sectores pobres y medios de la sociedad y también a los amigos, imitando las prácticas autocráticas de Milei y de otros ignorantes dictadores.

En Costa Rica existe una implícita alianza electoral entre los partidos enemigos del bienestar social y nacional, unidos corruptamente, para ganar las elecciones y repartirse influencias y privilegios en la privatización de las instituciones del Estado. El gobernar sin resistencia ni oposición, con leyes indignas, la eliminación de la división de poderes del Estado y empobrecimiento generalizado a trabajadores, como se experimenta en otras naciones, muestran el asomo político totalitario en Latinoamérica, mientras que los consorcios empresariales crecen enriqueciéndose con extremo cinismo, lo cual no es ningún vaticinio fatalista, es una práctica recurrente en esta fase de las relaciones con el imperio y Costa Rica no es una excepción, como se evidencia en los rastreros juegos del poder.

La degradación de los partidos políticos en la actualidad es extraordinaria, no representan a la ciudadanía ni lo público, tampoco son entes democráticos que aspiren la libertad ni el progreso social nacional, son agrupaciones formales que tienen dueños, o son controlados por perennizadas camarillas que cínicamente expresan representar intereses privados, nunca la heterogeneidad social, la pluralidad del pensamiento ni las alternativas sobre el devenir nacional. Esos partidos no constituyen guías para la organicidad, participación y lucha por la conquista de derechos y el bienestar para todos. Hoy, esos partidos políticos, reproducen imponen la privatización de la economía, como interés de toda la sociedad. De modo similar lo efectúa el gobierno y el poder económico, al imponer que el interés privado es de todos y del Estado, así como repetir incansable e ignorantemente, que los empresarios son los creadores de riqueza. Así, no se requiere demostración alguna sobre el gobierno que impondrán, a quienes favorecerán y a las poblaciones que perjudicarán. El saber popular afirma que “ante la confesión de parte, relevo de pruebas”, así como, es posible complementar que las prácticas infames contra la salud, la educación, la libertad y democracia de quienes han saboreado las mieles del poder que, sin enmienda alguna, aspiran la presidencia de la república. Así, no es posible esperar algo distinto a lo que ya ocurre para las poblaciones necesitadas ni para los requerimientos nacionales. Las palabras pierden su sentido y significación en aquellos partidos y candidatos que aspiran el poder por cualquier medio.

Quienes imaginan que las creencias y las especulaciones cambian las realidades, repiten una afirmación de “creer es poder” de la antigua Grecia particularmente de los filósofos estoicos, una visión individualista que desde el siglo XIX aún tiene continuidad con el positivismo y la psicología entre otros seguidores. Así, se cree que los individuos poseen la capacidad de autodeterminación, la de definirse a sí mismo y el suponer que las realidades cambian según sus creencias, como una convicción idealista, que las realidades son, según las interpretamos, creemos o imaginamos. Estas posiciones no son del todo ajenas de las convicciones y relaciones cotidianas, dado que se han inventado intencionalmente leyes, decretos, reglamentos o disposiciones tiránicas a los pueblos y creado a través del tiempo un sistema con estructuras y relaciones, que han afectado y concretado condicionamientos, regulaciones y pautado las acciones y conciencias, así como hacer de la explotación y la esclavitud de las colectividades un proceso natural.

Nuestra historia pionera de un Estado democrático y moderno nos permite apreciar las profundas diferencias con el presente, como también nos muestra, que no ha sido una fantasía el haber construido temprana y peculiarmente un Estado de Bienestar en Costa Rica, como tampoco, es una utopía la concreción de un Estado obediente de las necesidades del pueblo y la realización de los anhelos y el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual es imposible de los que recrean incesantemente los poderes privativos heredados. Pero, no ha sido solo el poder autoritario quien han destruido la democracia también comprometió nuestra responsabilidad política con el futuro. No defendimos lo conquistado.

La obediencia sustenta al sistema de papel de las dictaduras de todo tipo, mientras que la desobediencia civil es un proceso que construye democracia y justicia social, que no es un invento, pues la historia de los pueblos son hechuras colectivas y ciudadanas. Es inhumano y tiránico, en un mundo interdependiente, que unos pocos determinen el destino y vida de todos en las sociedades.

Mientras no exista un pensamiento que aglutine críticamente el devenir político de la sociedad civil, es difícil esperar un mandato presidencial progresista de cualquier partido. Sin organización ni acción colectiva solidaria, la ambición destructora, explotadora y privatizadora del sistema y del poder autoritario, nos asesina suicidándose.

Sin pan y sin alma: la guerra del neoliberalismo progre contra los de abajo

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez

La clase trabajadora y media en Occidente sufre hoy un doble castigo que no solo deteriora sus condiciones materiales, sino que desintegra su equilibrio espiritual y mental. No es casual que sociólogos como Oliver Nachtwey hablen de sociedades del descenso para describir una época en la que el futuro ya no promete ascenso ni mejora, sino degradación constante. Esta crisis no surge del vacío: es producto de una convergencia perversa entre el neoliberalismo económico y el progresismo cultural hegemónico. Aunque se presentan como fuerzas antagónicas, en la práctica actúan en equipo, imponiendo sobre las mayorías populares una doble condena: explotación económica por un lado, y desarraigo cultural e identitario por el otro.

Para nadie es un secreto que el neoliberalismo ha generado décadas de precarización, destrucción ambiental, desempleo disfrazado de emprendimiento, debilitamiento de sindicatos, recortes al Estado social y concentración obscena de la riqueza. Para millones de trabajadores, la vida se ha reducido a sobrevivir. Ya no se lucha por vivir mejor, sino por no hundirse más. Las condiciones materiales se erosionan y el ascenso social es cada vez más un espejismo.

Pero a este castigo económico se le suma uno cultural (espiritual): el progresismo dominante, desde sus posiciones de poder simbólico e institucional, impone un modelo identitario y moral que desarraiga a la clase trabajadora de sus raíces culturales, espirituales y comunitarias. En nombre de una supuesta liberación individual, se promueve un discurso que margina las formas tradicionales de vida, ridiculiza los valores religiosos y comunitarios, y despoja a las clases populares de su sentido de pertenencia. Se les exige adaptarse a códigos culturales ajenos (que vienen curiosamente de aquellos centros de poder neoliberales), hablar un lenguaje que no es el suyo y aceptar una moral que no nace de su experiencia de vida. Nada más ajeno al espíritu original del marxismo, que nunca separó la lucha material de las realidades culturales del pueblo.

El resultado es devastador: crisis de identidad, depresión colectiva, fragmentación de comunidades, colapso espiritual. Estas clases ya no solo sienten que han perdido el control sobre su presente económico, sino también sobre el relato de quiénes son. Se enfrentan al vacío existencial de quien no puede reconocerse en el espejo de la cultura dominante. ¿Entonces? Esta ruptura entre la vida material y la vida simbólica, entre el cuerpo explotado y el alma desarraigada, explica en parte el desapego de estas clases hacia la política institucional (tradicional) y, al mismo tiempo, su creciente atracción por discursos populistas o extremistas que al menos les hablan en un idioma comprensible y les devuelven una (falsa) ilusión de identidad.

Este fenómeno no es accidental. Tanto el neoliberalismo como el progresismo cultural, que de izquierdas realmente tiene poco, comparten un desprecio estructural por lo comunitario, por lo espiritual, por las tradiciones populares. Ambos promueven una radical individualización: el primero convierte al ciudadano en consumidor precarizado; el segundo en sujeto identitario aislado, obligado a reinventarse constantemente según los dictados de una cultura de élite cosmopolita “moderna”. En ambos casos, lo que se rompe es la posibilidad de una vida común, de una historia compartida, de una lucha colectiva.

La identidad espiritual, tan presente en las comunidades trabajadoras y populares, ha sido una fuente histórica de resistencia, de dignidad, de sentido. No es un simple conjunto de creencias privadas: es el lazo que une, el refugio que sostiene, la memoria que guía. Destruir esa identidad es debilitar su capacidad de lucha, reducirlas a individuos desconectados, agotados y fácilmente manipulables. ¡Creo que dimos en el blanco!

Denunciar este doble castigo no es un gesto retórico, es una necesidad política. La clase trabajadora y media no solo necesita pan y techo: necesita también ser reconocida, valorada en su cultura, y fortalecida en su identidad espiritual. Sin raíces, ningún árbol resiste la tormenta; y hoy, millones son arrancados de su suelo simbólico por vientos ideológicos que los debilitan más que la propia miseria material. Ante un sistema que los exprime económicamente y los vacía espiritualmente, urge construir una alternativa que articule justicia social con respeto profundo por la cultura popular y su dimensión espiritual. No hablamos de nostalgia, sino de resistencia. No de pasado, sino de presente y futuro.

Solo recuperando su centro (material, simbólico y espiritual) las clases trabajadoras de occidente podrán romper el cerco que las asfixia. Sin esa reconexión espiritual profunda, no habrá cambio posible. Y sin ellas, no habrá transformación real ni futuro digno para nuestros pueblos.

¿Quo vadis, Costa Rica? Un país a la deriva

Gerardo Castillo Hernández*

Después de más de dos siglos de vida independiente y más de setenta años de democracia continua, Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis de confianza política y social. El deterioro del Estado social, la degradación institucional y la desorientación ideológica del actual gobierno dibujan un país confuso, fragmentado y carente de liderazgo con visión.

Las señales son múltiples: la inseguridad ciudadana que desborda barrios y comunidades, el crecimiento de la pobreza estructural, el desencanto con los partidos tradicionales y la improvisación tecnocrática del poder actual. A esto se suma una creciente polarización que intoxica la discusión pública. El país, como en el antiguo interrogante romano, parece preguntarse a sí mismo: ¿Quo vadis, Costa Rica?

Balance: ¿Dónde está la verdad?

Ante un clima social tan polarizado, urge acudir a la evidencia y el análisis crítico. A continuación, se abordan algunas de las preguntas más candentes del debate público, con datos y perspectiva.

¿Está quebrada la CCSS?

No. A pesar de sus dificultades financieras y estructurales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está quebrada. Tiene problemas de liquidez, rezago tecnológico, presión por envejecimiento poblacional y evasión patronal, pero también posee un sólido patrimonio, infraestructura extendida y una base de cotizantes que aún la sostiene. Decir que está quebrada es una afirmación alarmista que no resiste el análisis técnico. Lo que necesita es reforma, no demolición.

¿La prensa miente y es canalla contra el gobierno?

No. La prensa tiene fallas, como en cualquier democracia, pero en Costa Rica sigue siendo un contrapeso legítimo al poder político. Las acusaciones de “prensa canalla” desde el Poder Ejecutivo forman parte de una estrategia internacional de desprestigio mediático usada por liderazgos populistas de derecha y de izquierda. Los medios, a pesar de sus intereses empresariales, han visibilizado actos de corrupción, contradicciones del gabinete y decisiones poco transparentes. El periodismo crítico no es enemigo de la democracia, sino su garantía.

¿La oposición exagera cuando dice que Chaves no respeta el Estado de derecho?

No exagera. El presidente ha demostrado en múltiples ocasiones una actitud autoritaria, desde la confrontación directa con la Sala Constitucional hasta los vetos o amenazas públicas a diputados y órganos autónomos. La desinstitucionalización y el debilitamiento de los controles republicanos son hechos concretos. Su forma de gobierno se basa más en la lógica del “gerente supremo” que en la del estadista dialogante. Respetar el Estado de derecho implica reconocer límites, algo que el actual mandatario ha desafiado constantemente.

¿El tono del presidente es respetuoso o soez?

Es sistemáticamente soez y confrontativo. Sus comparecencias públicas están marcadas por la burla, el doble sentido, el sarcasmo y un tono que raya en la humillación. Este tipo de discurso presidencial no solo empobrece el debate político, sino que instala una cultura de la agresión como método de liderazgo. El lenguaje de un jefe de Estado importa; configura el clima democrático, y en este caso, lo erosiona.

¿Se usan correctamente las redes sociales en política?

No. Las redes sociales han sido utilizadas por el gobierno más como herramienta de propaganda y control narrativo que como canal de diálogo ciudadano. Se promueve el culto a la personalidad del mandatario, se bloquean voces críticas y se fomenta la polarización a través de ataques digitales. Esta forma de usar las plataformas digitales distorsiona la esfera pública y refuerza la desinformación, debilitando la democracia deliberativa.

¿Ha sido productiva la Asamblea Legislativa durante este período?

La Asamblea ha tenido avances en algunas materias, pero ha funcionado bajo tensión permanente con el Ejecutivo. El oficialismo, sin bancada propia sólida, ha recurrido a alianzas coyunturales, vetos y presiones externas para gobernar. El Ejecutivo, por su parte, ha descalificado frecuentemente el trabajo legislativo, debilitando la legitimidad de un poder que representa la pluralidad política nacional. La falta de diálogo institucional ha afectado la gobernabilidad democrática.

¿Hacia dónde vamos?

Costa Rica se encuentra ante una disyuntiva histórica. Seguir profundizando el deterioro del Estado social, debilitando sus instituciones y empobreciendo el debate público, o reconstruir una visión colectiva de futuro basada en el respeto, la equidad y la participación.

El cambio que el país necesita no vendrá de una figura mesiánica, sino de una ciudadanía crítica, movilizada y consciente del valor de sus instituciones. Costa Rica no está perdida, pero necesita urgentemente reencontrar su rumbo.

San José, 6 mayo 2025

*Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE).