Ir al contenido principal

Etiqueta: Estado Social de Derecho

La locura del continuismo (hacia la demencia nacionalsocialista)

Guillermo Murillo Castillo
Abogado

En la presente campaña, ha surgido una enorme disputa entre quienes defienden el Estado Social de Derecho instaurado en Costa Rica y quienes defienden un estilo autoritario de poder sustentado en la figura del actual presidente de la república, al cual, se pretende bajo la figura del mal llamado “continuismo” centralizar ese poder destruyendo el Estado que conocemos.

La campaña política que ha polarizado al país como nunca en la historia reciente, se ha sustentado por la violencia del discurso del actual gobierno, continuado en el proceso electoral por quienes pretenden imponer este estilo autocrático como “solución” a los problemas del país. Esto lo hacen a través de campañas de miedo y amenaza a quienes les adversan, quienes automáticamente si intentan debatir o criticar su estilo de hacer política se transforman en “los malos”, “los corruptos”. Esto porque para los seguidores del estilo violento y fascista adoptado por el presidente actual, se consideran a sí mismos “los buenos” los elegidos” y se sienten superiores a cualquier persona solo por el hecho de “pertenecer a este grupo que sigue a un “líder” que lo único que hace es atacar con insultos sin resolver los problemas de fondo.

El nacionalsocialismo, mejor conocido como “régimen nazi”, representó la aspiración de un grupo político que busca en sí la concentración del poder en una figura, que exalte los valores nacionales de una forma racista y que considere enemigo a quienes se lo opongan. Se sustenta en el odio hacia el otro, en la Alemania Nazi todo el que no era de “sangre pura” (arios) alemana no merecía derechos, llegando incluso a considerarlos como “no humanos”, bajo este régimen sufrieron los judíos, los comunistas, los testigos de jehová, los sindicalistas, los gitanos entre otros grupos, además de los propios alemanes que se atrevían a criticar este estilo político.

Los llamados del partido “Pueblo Soberano”, se sustentan en contenidos como el obtener “40 diputados” con el fin de cambiar el orden constitucional e institucional de Costa Rica y concentrar el poder en un “líder supremo” al cual nadie debe cuestionar y el cual puede determinar qué hacer y qué no hacer en el país, bajo una perspectiva de estado policiaco que maneje a su interpretación el derecho penal (y otros derechos).

Aunado a esto repiten y repiten el tema de la “inseguridad” y como una solución, la construcción de una “mega cárcel”, el eliminar facultades al Poder Judicial e imponer desde casa presidencial que se hace y que no, eliminar controles y rendición de cuentas al líder supremo y su grupo (ya lo intentaron hacer con el pago de una póliza con dineros del estado), además del dominio absoluto de entidades autónomas, incluidas las universidades públicas (control den pensamiento mediático y crítico), control electoral, control de los medios de comunicación y vigilancia a la ciudadanía para que no se salgan del guion impuesto.

Muy similar al estilo de la Alemania nazi, el partido Pueblo Soberano y otros partidos satélites como “Unidos Podemos” representado por Natalia Díaz, tratan de llevarnos a la locura del pensamiento y aplicación del nacionalsocialismo, a través de la discriminación, el racismo, el miedo y la violencia contra sus opositores.

Visto lo que sucede, se trae a colación, lo que nos fue advertido por el Doctor en Derecho Javier Llobet Rodríguez en su libro “Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945)”, del cual se busca ilustrar el camino que lleva Costa Rica de no detenerse en las urnas el 1 de febrero de 2026, valorando algunas similitudes.

El camino por el cual se abrió paso el nacismo en Alemania viene orquestado por la crisis económica y social, inflación, altas tasas de desempleo y escaso apoyo a la democracia, antes de que el nacionalsocialismo llegase al poder había una tendencia al autoritarismo y a la dictadura. Se suma a esto el miedo que los sectores de la derecha alemana tenían del bolcheviquismo y de la toma del poder por los comunistas. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, página 61).

Estos fenómenos sociales en la actualidad costarricense se asimilan al guion de la Alemania nazi, puesto en escena por el presidente Rodrigo Chaves Robles con el fin de transformarse en el único interlocutor y representante del descontento del pueblo, para levantar su imagen y la de su grupo, este en ningún momento se detuvo a solucionar los problemas sociales, políticos, jurídicos y económicos del país. Lo que sí ha hecho es buscar culpables, ponerle rostro de “enemigo” a cada problemática para aparentar ser “el único líder” capaz de combatir a estos “enemigos”. Luego vendió su idea repetida todos los días y allanó el camino para llevar a cabo su plan de extrema derecha, hoy bajo la bandera del partido “Pueblo Soberano”.

Desde ya, nos anuncian suspensión de garantías individuales, justificada en el “aumento de la criminalidad” (algo que ya viene en aumento galopante en la actual administración) y que el continuismo amenaza con “combatir” de esa forma. Además de criminalizar a cualquier persona o medio que se atreva a cuestionar sus “ideas”. En la Alemania Nazi, se dio una ordenanza que fue fundamental para la consolidación del proyecto político de Adolfo Hitler: la Ordenanza del Presidente del Reich para la protección del Pueblo y el Estado (aprobada el 27 de febrero de 1933), que limitó la libertad de prensa y la libertad de reunión con fines políticos (…) Con la ordenanza quedaron sin vigencia derechos como el de la inquebrantabilidad de la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, correo, telégrafos y teléfonos, el derecho a la libertad de expresión del pensamiento y la garantía de la propiedad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 63-65).

La reforma pretendida al sistema penal costarricense, pondría a cualquier ciudadano bajo un régimen que, se sustentaría en una figura que decide quien es “bueno” y quien es “malo”, como ya se ha visto, despreciando el derecho como tal y dejando las decisiones en la figura de una persona y su grupo, quienes de acuerdo a lo que crean “impartirían justicia”, así fue en la Alemania nazi, así se plantea ahora, donde se engaña al pueblo llamándole “el soberano”, pero sus actuaciones y decisiones no son tomadas en cuenta, solamente deben acatar lo que se les dicte según quien gobierne, sin controles ni apelaciones a su dictado. Se decía que el Führer era el portador de la voluntad popular, siendo independiente de todos los grupos, asociaciones e intereses. Se afirmaba que no era un órgano estatal, sino era más bien el portador de la voluntad popular comunitaria, de modo que en su voluntad aparecía la voluntad del pueblo. Se indicaba que él hacía que simple sentimiento del pueblo se convirtiese en su voluntad consciente. Se señalaba que el Fürher unía en él mismo el poder del soberano del Reich, de modo que cualquier poder público en el Estado se deducía del poder del Fürher. Se decía que no era el Estado como unidad impersonal el portador del poder político, sino que lo era el Fürher como ejecutor de la voluntad comunitaria popular. Todo ello llevaba a que se sostuviera que el poder del Fürher no estaba sometido a garantías y controles, sino era independiente, exclusivo e ilimitado. Es importante anotar que esto estaba relacionado con la existencia del llamado mito de Hitler, que partía de una imagen heroica de éste y de la infalibilidad del mismo en la toma de decisiones, lo mismo de la consideración de que Hitler conducía a Alemania hacia una mayor prosperidad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, pág. 142).

Cuando en campaña se pide una mayoría legislativa (40 diputados) para “reformar el estado y concentrarlo en una persona con poder, se siente el eco de lo que hizo Adolfo Hitler, nos narra así el doctor Llobet: Luego del nombramiento de Hitler como Canciller, de común acuerdo con este, Paul von Hindenburg (presidente de Alemania) convocó a nuevas elecciones al Reichstag (cuerpo legislativo alemán), las que se llevaron a cabo el 5 de marzo de 1933, en un ambiente de terror desatado por los nacionalsocialistas en la calle… los nacionalsocialistas obtuvieron (…) 288 escaños, mientras que los nacionalistas, sus socios de coalición (…) 52 escaños. Con ello lograron en conjunto 340 escaños de un total de 647, obteniendo así una mayoría absoluta del Reichstag, pero no los votos necesarios para una mayoría calificada de dos tercios, necesaria para una Ley de autorización o de Plenos Poderes, como la que en definitiva llegó a ser aprobada por el Reichstag, bajo la presión de los nacionalsocialistas. (…) Aunque la constitución de Wimar nunca fue derogada expresamente, la ley dejó sin vigencia la misma, esto al indicarse que las leyes aprobadas por el gobierno podían separarse de lo establecido en la constitución del Reich. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 68 y 69).

Visto lo anterior, la derecha extrema apela por tener mayoría absoluta en el congreso, lo cual es difícil para un solo partido, siendo que , tienen partidos que siguen esta línea y a los cuales necesita que la gente vote, con el fin de lograr sus objetivos de dominación, por lo cual no se debería votar por ellos, como es el caso de los partidos “Unidos Podemos”, “Nueva República”, “Avanza”, “Aquí Costa Rica Manda”, “Progreso Social Democrático” (partido que llevo a Rodrigo Chaves a la presidencia, el partido que debería hablar de continuismo, no uno nuevo como “Pueblo Soberano”), “Alianza Costa Rica Primero” y” Esperanza y Libertad”. Muy cercanas a estas posiciones se encuentra también la Unidad Social Cristiana. Cabe destacar que este proceso lo inició el Partido Acción Ciudadana, que además trajo al actual presidente de la República, quien ha continuado y profundizado la ruta que dejo este partido, hoy escondido tras la cortina llamada “Coalición Agenda Ciudadana”.

Con estos aspectos básicos compartimos parte de la conclusión del doctor Llobet en lo que al tema nos ocupa: “…El régimen no reconocía derechos fundamentales y desconocía no solamente el carácter de ciudadanos, sino incluso de personas, de sectores completos de la población (…). Esto llevó a un estado de deshumanización que implicó no solamente el trato degradante y la tortura de millones de personas, sino también su asesinato planificado conforme a métodos industriales. (…). … la voluntad del Fürher, que a través del principio del Fürher llevaba a la eliminación de la independencia judicial. La voluntad del Fürher se constituía en la fuente máxima del Derecho y la base de la arbitrariedad total en la Alemania nazi, ya que implicaba que la misma imperaba sobre el derecho que hubiera sido publicado formalmente. Esto significaba en definitiva la autorización de vías de hecho, sin base legal alguna… (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 581 y 582).

Las similitudes y los síntomas están en la Costa Rica actual, toca defender en las urnas la democracia, las libertades individuales y colectivas y el respeto por los derechos humanos, civiles, sociales y políticos de toda la ciudadanía costarricense a través del voto en las urnas por partidos contrarios al mal llamado “continuismo” y sus afines.

El futuro de la Patria está en nuestras manos. ¡Salgamos a votar por partidos que defienden el Estado Social de Derecho!

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.

La Fealdad de la Política

Hay un sentido en el cual la nación es el territorio. Pero hay un sentido en el cual la nación es el espíritu. Y territorio estéril y espíritu poseído de odios poco vale o significa en el orden de las cosas destinadas a permanecer.
Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

La política, como toda actividad humana, siempre ha tenido algo de maldad, bondad, fealdad y belleza. Sin embargo, hoy la balanza parece inclinarse hacia la fealdad. Tiende a causar repulsión por su rostro grotesco, frívolo, agresivo y polarizante. Muy carente de empatía para propiciar espacios de diálogo y entendimiento, y atender al clamor de la ciudadanía, como es lo propio de la gestión democrática. De ahí, los crecientes índices de abstencionismo y la crisis de los partidos políticos.

La política viene perdiendo dignidad y belleza. Los discursos de odio son una muestra contundente de esa fealdad creciente. Como lo revela un valioso estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Costa Rica los discursos de odio relacionados con temas políticos aumentaron en el último año en un 43%, 2025, pero en un 1.100 % desde el 2021. Si bien es cierto, en las contiendas electorales los ánimos y las emociones se exacerban e inducen a la confrontación, a pesar de los signos festivos y amigables, hoy tienden a predominar más allá de esos períodos electorales. Es decir, la tendencia dominante es a legitimar los discursos descalificadores, confrontativos y agresivos; convertirlos en habituales y naturalizarlos.

La fealdad de la política también se hace muy evidente cuando algunos líderes políticos se visten de salvadores de la patria, especialmente al presentarse como adalides en la lucha contra la corrupción, asumiendo portes inquisitoriales, al señalar la viga en ojo ajeno sin deparar en la propia; típica actitud farisaica que condujo a Jesús a calificar a la clase político-religiosa de su tiempo como “sepulcros blanqueados” y “ciegos guías de ciegos”.

Efectivamente, bajo un ropaje de pulcritud, que se vende como búsqueda de eficiencia y decencia en la gestión institucional, esconden las feas y malévolas intenciones de desprestigiar y estrangular la institucionalidad social pública. Han perdido los escrúpulos, y poco les importa “tirar al niño con el agua sucia de la bañera”; le han declarado la guerra sucia de la descalificación ante la incapacidad para introducir los correctivos necesarios por la vía de la inteligencia política.

Y esto no es nuevo, es una tendencia que arrancó desde los años 1980 y se ha intensificado en las últimas décadas, particularmente en los últimos dos gobiernos de Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dándole un golpe letal a nuestro Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes negocios privados. De esta manera, los cambios reales que proponen e impulsan se vuelven cosméticos, porque prevalece el modelo de una democracia oligárquica, solo que con un nuevo rostro cuya fealdad persiste, por más que se apele a los añejos recursos del discurso populista de luchar contra la pobreza, la corrupción y a la soberanía popular. “Por más que el mono se vista de seda mono se queda”, con perdón del mono.

Por esa razón, es cierto que hay mucha indignación acumulada por la ciudadanía. Lamentablemente, como suele suceder, al reprimirla y no buscar los canales más adecuados para liberarla, entonces, se manifiesta en comportamientos con características patológicas. Es lo que vemos reflejado hoy en los discursos de odio que abonan el terreno para la violencia social. Existen maneras más decentes y empáticas para canalizar la indignación, sin restarles la fuerza y contundencia que amerita, particularmente cuando están en juego la dignidad de las personas y los derechos humanos y de la naturaleza; pero también contribuir a mantener un clima de respeto y paz social para una mejor convivencia ciudadana. Efectivamente, la belleza y nobleza de la política reside en construir ciudadanía en un ambiente donde prive el diálogo, la crítica constructiva y el entendimiento entre posiciones diversas y divergentes.

Hay que unir esfuerzos para que no prevalezca la fealdad en la política, una de las actividades más dignas y nobles para contribuir al bienestar humano y social. Una invitación a reivindicarla, recogiendo el legado de vocación política (vivir para la política y no de la política, Weber) de nuestros más insignes estadistas, ciudadanas y ciudadanos que nos legaron una “tierra fértil” y sin odios. Hagamos florecer la belleza y bondad de la política.

“Cuando el enojo se vuelve excusa” – ¿Dictadura? ¿y de 70 años? Segunda parte

JoseSo (José Solano-Saborío)

Seguimos…

La historia ya nos contó esta película.

Muchas veces.

Demasiadas.

Siempre empieza igual, como decía en la primera parte: un pueblo cansado, con razón. Golpeado por abusos, corrupción, desigualdades reales. Aparece entonces un personaje que no propone reparar, sino arrasar. No invita a mejorar la casa: invita a prenderle fuego. Y lo hace gritando sus palabras mágicas: dictadura perfecta.

Así -hace no tanto- llegaron Mussolini, prometiendo orden frente al “caos” italiano.

Así llegó Hitler, jurando salvar a Alemania de enemigos internos (judíos y comunistas) y de una “democracia humillante”.

Así justificaron sus golpes Pinochet y Videla, diciendo que venían a “rescatar” la patria.

Así Trump, llamando fraude a todo lo que no podía controlar, convenciendo a millones de que la democracia era el problema y él la solución.

Ninguno llegó diciendo: “Vengo a ser dictador”.

Llegaron diciendo: “Vengo a liberarlos”.

Y cuando el pueblo se dio cuenta del trueque, ya no había Congreso que frenara, ni jueces que hablaran, ni prensa que denunciara. El poder ya estaba concentrado. Y la factura fue sangre, miedo y silencio.

Por eso preocupa —y mucho— ver cómo aquí, en Costa Rica, se intenta sembrar la idea de que todo lo que somos fue una mentira. Que nuestro orgullo patrio era un espejismo. Que el Estado Social de Derecho fue una farsa. Que la democracia era, en realidad, una “dictadura maquillada”.

¿En qué momento nos convencieron de eso?

Costa Rica no es perfecta. Nunca lo ha sido. Pero es una rareza luminosa en una región marcada por cuartelazos, caudillos y exilios. Aquí abolimos el ejército cuando otros se desangraban. Apostamos por la educación pública cuando otros apostaban por fusiles. Creamos instituciones para equilibrar poder cuando otros lo concentraban.

Por eso el mundo nos respeta.

Por eso aquí llegan estudiantes, organismos internacionales, mediadores de paz.

Por eso, cuando un costarricense habla de democracia, afuera escuchan.

¿De verdad vamos a creernos ahora que todo eso fue una mentira bien montada?

No.

Lo que pasa es otra cosa: hay goteras. Y claro que las hay. Pero cuando una casa tiene goteras, no se demuele. No se incendia. Se repara el techo. Se cambian las tejas. Se arregla lo que no sirve.

Si un perro tiene pulgas, no se mata al perro. Se baña. Se cura. Se cuida.

Pero el populismo autoritario no quiere reparar. Quiere destruir para reconstruir a su imagen… y quedarse con las llaves.

Y aquí viene la ironía más cínica:

Quienes hoy desprecian el “sistema”, quienes lo llaman corrupto y dictatorial, se educaron gracias a él. Estudiaron con becas pagadas por ese mismo Estado que hoy insultan. Escalaron gracias a las oportunidades de esa “dictadura” que, curiosamente, nunca los persiguió, nunca los encarceló, nunca los silenció.

Eso no es rebeldía.

Eso es hipocresía.

El peligro no está en criticar la democracia. Eso es sano. El peligro está en dejar que el enojo nos haga entregar todo el poder a un “salvador” que nos dice exactamente lo que queremos oír… mientras nos pide que dejemos de pensar, de cuestionar, de exigir controles.

Porque así empieza siempre.

Con aplausos.

Con insultos al pasado.

Con la promesa de que “ahora sí”.

Y termina con silencio.

Costa Rica no necesita nuevos profetas. Necesita ciudadanos despiertos. Que defiendan su herencia, que exijan cambios sin renunciar a los principios, que entiendan que la democracia no se entrega por despecho.

Que no nos vuelvan a engañar.

Porque una cosa es estar cansados…

Y otra muy distinta es regalar el futuro por un discurso bonito y un poder sin frenos.

Ahí sí, cuando ya no haya a quién reclamarle, cuando el poder esté concentrado y la voz apagada, entenderemos —demasiado tarde— que la casa no estaba perdida.

Solo necesitaba que la cuidáramos.

Ser y razón de ser de la campaña electoral

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Nuestras campañas electorales se asemejan a los partidos de futbol: tienen dos tiempos separados por un intermedio que abarca – en el caso de nuestras campañas electorales – el mes de diciembre, porque en ese mes la gente se dedica a preparar y celebrar los festejos de fin de año. Pero ambos períodos son diferentes: el primero se destina a dar a conocer a los candidatos y sus partidos, cosa muy necesaria dado el (sin)número de partidos y candidatos que se exhibe como oferta electoral ante el electorado. No pocos de ellos son totalmente desconocidos y representan un “partido” igualmente poco conocido, por lo que aspiran tan sólo a lograr una diputación. En el “segundo tiempo”, que abarca el mes de enero, la campaña se centra en la figura de los candidatos, quienes deben confrontar sus ideas y programas de gobierno frente a sus adversarios políticos. Pero lo realmente importante de esta contienda electoral, como de toda actividad política, lo constituye el mayor o menor protagonismo del pueblo, pues son los ciudadanos – ¡y sólo ellos! – quienes deben decidir quiénes los gobernarán desde Cuesta de Moras y Zapote.

Lo más significativo de la actitud de la mayoría de nuestros compatriotas es su indecisión, que no es sinónimo de indiferencia, porque estoy convencido de que el costarricenses gusta de inmiscuirse en los asuntos políticos, cosa que en lo personal me parece muy bien. Por eso considero que la indecisión no necesariamente implica indiferencia y menos menosprecio o despreocupación sobre los destinos de la Patria, al menos en la mayoría. Ciertamente habrá un número –y mucho me temo que cada vez sea mayor- de quienes repudian la política en sí misma; esos son la verdadera y más radical “oposición”, pues, si bien hay un porcentaje que no puede ejercer el derecho al voto por razones válidas, como es estar enfermo o imposibilitado por alguna u otra razón, lo cierto es que aquellos que menosprecian a la clase política en no pocos casos ya no creen en el sistema político que nos rige. Por su parte, los ciudadanos conscientes deben convencer a sus conciudadanos de la importancia de que, si realmente quieren perfeccionar nuestro régimen democrático, deben tomar conciencia de la importancia de interesarse en la contienda electoral, porque allí se deciden en buena medida los destinos de la Patria. La campaña electoral debe servir para esos fines de educación cívica. Si se me permite el símil, el “primer tiempo” de esta campaña fue para conocer la oferta electoral; por lo que los costarricenses deben aprovechar la pausa decembrina para reflexionar seriamente en torno a la importancia de la misma para estar plenamente conscientes de la trascendencia de la decisión que tomen en la soledad del recinto electoral, dado que la conducción política del país no recae únicamente- si bien de manera prioritaria – en los miembros de los supremos poderes, ya que la democracia auténtica se rige por la participación directa, consciente y mayoritaria de los ciudadanos en los asuntos públicos. La democracia somos todos. El control político no debe estar en manos únicamente de los diputados de oposición, si bien es sobre ellos que recae esta responsabilidad a tenor de las normas constitucionales. Una ciudadanía organizada no sólo para las elecciones, sino para todos los asuntos que conciernen el bien común, es la única posibilidad de que podamos preservar el mayor y mejor legado de nuestros antepasados: el Estado Social de Derecho. La calidad y solidez de nuestra democracia se mide en proporción al nivel de la conciencia cívica de los ciudadanos. La campaña electoral debe ser considerada como un tiempo fuerte en que se inviertan esos inmensos recursos económicos y mediáticos a inculcar en la ciudadanía lo que realmente significa construir una comunidad nacional libre. Por eso debe comenzar por estar bien informado.

El “segundo tiempo” de la campaña debe servir para motivar. Nadie hace una actividad si no está debidamente motivado, lo cual sólo se logra cuando se valora lo que se hace. Los candidatos deben centrarse en los temas a tratar y en los debates en torno a los desafíos que enfrenta actualmente la democracia costarricense, con vehemencia, pero sin recurrir al insulto o a ataques que aludan a la vida privada de sus contendientes. El pueblo financia la campaña con el fin de conocer de primera mano a quienes va a elegir, delegando en ellos buena parte de su poder, sin por ello renunciar a ejercerlo a tenor de las normas constitucionales cuando lo crea necesario. Por algo la Constitución califica al pueblo como el único SOBERANO, porque su soberanía nunca se delega. Esto no significa que debamos pasar por alto los errores y vicios de quienes aspiran a gobernarnos. El ejercer el poder no es sólo un honor, es ante todo, demostrar fehacientemente ante la ciudadanía que se está en capacidad de asumir las responsabilidades que esto implica. Quienes confunden, como se ha hecho lastimosamente costumbre en tiempos recientes, sus intereses privados con los del bien común, sólo merecen que el pueblo les aplique “el voto castigo”. Quienes amamos a nuestra querida Costa Rica esperamos que así sea el próximo 1ro. de febrero.

LA DEMOCRACIA (con mayúscula) sólo se logra cuando se sustenta en la ética, cuando política y ética se identifican, como enseñaba Sócrates. Por eso una – y, quizás, la principal- razón de ser de esta campaña es luchar contra los prejuicios de quienes ven en la política algo intrínsecamente malo, hasta el punto de que para ellos hacer política e, incluso, hablar de política es incurrir en algo perverso. Por lo contrario, la política es algo noble y nos ennoblece hacerla con espíritu patriótico. Es aquí donde radica lo que he titulado “el ser y razón de ser de esta campaña”.

Defendamos la CCSS del saqueo y la corrupción institucional

9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción

Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.

Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:

• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.

• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.

• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)

• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.

• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.

La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.

Desde UNDECA ratificamos con firmeza:

La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.

Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.

¡No a la corrupción!
¡No al saqueo!
Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales.
UNDECA

De las traiciones y aranceles a los tractores y Hilux

JoseSo (José Solano-Saborío)

¿Doble tracción o doble moral?

Desde mi perspectiva como consultor de proyectos de desarrollo económico local, en especial en territorios fuera del Gran Área Metropolitana, observo con preocupación cómo se van agrietando los puentes entre el gobierno y las comunidades que sostienen la economía rural de este país y que desde siempre han llevado sobre su espalda nuestra soberanía alimentaria. Las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, hechas desde ese púlpito político que disfraza de conferencia de prensa, no son solo un desacierto, sino un síntoma de una desconexión profunda.

Mientras en las comunidades donde he trabajado un agricultor invierte en una Hilux o un buen tractor con el sudor de su frente –herramientas indispensables para sortear caminos de lastre y cargar cosechas– el presidente se pasea con comitivas cuyo operativo de seguridad rivaliza con el de potencias mundiales como Rusia y EEUU. Hay una contradicción palpable entre criticar las herramientas de trabajo de quienes nos dan de comer y permitir que su Presidente Ejecutivo del AyA adquiera un vehículo de setenta millones de colones con fondos públicos. Pareciera que hay una vara de medir diferente para el pueblo y para la cúpula.

Me pregunto, desde la lógica del desarrollo que veo en territorios fuera del GAM, ¿acaso no debería celebrarse que un productor tenga un tractor de marca? Eso significa que su negocio, a pesar de todo, puede prosperar. Es como reprender a un pescador de Puntarenas por tener una buena lancha; es su medio de vida, no un lujo. La crítica, en todo caso, debería dirigirse a quienes, desde la comodidad de sus puestos y casas de más de un millón de dólares en Monterán, toman decisiones que hunden a esos mismos agricultores en la incertidumbre.

Y qué decir del silencio ensordecedor cuando los grandes intereses de la elite importadora sí reciben su tajada. Es curioso cómo para algunos importadores, como el señor Bernal Jiménez, su mayor contribuyente de campaña, las puertas se abren con exoneraciones arancelarias que representan decenas de miles de millones anuales. Con esos ahorros, seguramente sí alcanza para un Range Rover y un Mercedes Benz, sin que nadie en el gobierno le cuestione y, al rato hasta se lo exoneran como los aranceles con los que saca de competencia a los productores agrícolas ticos. Aquí el problema no es el vehículo, es la doble moral.

Estas acciones, sumadas a su beligerancia constante contra las instituciones, no son simples rabietas políticas. Son piedras que se lanzan contra los cimientos de nuestro Estado Social de Derecho. Desde los caminos apenas lastreados y las trochas que obligan a meter “la chancha”, lejos de la burbuja capitalina, se ve claro: cuando se insulta al que siembra y se premia al que tiene influencias, lo que se está sembrando es desconfianza y lo que se cosechará, más temprano que tarde, será un país aún más dividido y desigual. El verdadero lujo que no nos podemos permitir es el de un gobierno que pierde de vista a su gente.

Y mientras los mismos de siempre gozan de sus privilegios, parte del pueblo se distrae con pachucadas y pirotecnia verbal y sin darse cuenta aplauden a los que los traicionan y se pelean con quienes les advertimos.

Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras! *
*De El Cantar del Mío Cid.

Sectores sociales y productivos marchan en defensa de la democracia / demandas por sector

Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.

Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote.
El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.


Demandas de los sectores

Sector agroalimentario

  • Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.

  • No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.

  • Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.

  • Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.

  • Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.


Sector educación

  • Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.

  • Dignificación del magisterio nacional.

  • Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

  • Protección del régimen de pensiones del Magisterio.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.

  • Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.


Sector salud pública y seguridad social

  • Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.

  • Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.

  • Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.

  • Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.

  • Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.


Sector de mujeres y colectivos feministas

  • Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.

  • Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.

  • Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.

  • Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.

  • Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.


Derechos laborales y sociales

  • Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.

  • Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.

  • Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.

  • Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.


Defensa de la democracia

Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo.
Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.

“Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”

A 13 años de la lucha: ni un paso atrás en la defensa de la CCSS y la salud pública

Comunicado

Un 8 de noviembre de 2012, hace trece años, quedó grabado en la memoria histórica de Costa Rica no como un día de celebración, sino como una jornada de lucha y represión. Ese día, representantes legítimos de comunidades Nicoya, Grecia, Sarchí, San Ramón, Puntarenas, entre otras comunidades, convergieron pacíficamente en una gran marcha hacia las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el centro de San José.

Estas comunidades, acompañadas por trabajadores de la salud, sindicalistas y usuarias y usuarios de los servicios, llegaron hasta San José con un motivo claro y justo: exigir ante las autoridades un presupuesto digno y suficiente para la salud pública, un pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho que ya entonces mostraba signos de asfixia financiera. Eran las voces de las regiones, que sufrían en carne propia el abandono de las áreas de salud y los hospitales, quienes se plantaron para decir «¡Ya basta!».

La respuesta del gobierno de turno no fue el diálogo, sino la represión. Fuerzas policiales actuaron para dispersar una protesta legítima, criminalizando la defensa de un derecho humano esencial.

Hoy, recordamos esa fecha no para avivar rencores, sino para encender la memoria y reforzar nuestro compromiso.

La represión del 8 de noviembre de 2012 fue la consecuencia visible de una política de desatención que buscaba debilitar, mediante el desfinanciamiento, a nuestra querida Caja. Ese día, el movimiento social alzó la voz para decir ¡Basta! a los recortes, a las listas de espera, al desabastecimiento de medicamentos y al deterioro de los servicios.

Trece años después, la lucha sigue siendo la misma

La CCSS continúa enfrentando desafíos monumentales para garantizar la salud para todos y todas, sin distingo. La pandemia lo demostró con crudeza: es nuestro sistema público de salud, con sus trabajadores y estructuras, el que salva vidas y sostiene al país en las crisis. Sin embargo, persisten las amenazas de asfixia presupuestaria, las presiones para su privatización encubierta y los intentos de fragmentar su carácter solidario y universal.

Por ello, en este aniversario, hacemos un llamado urgente a todo el pueblo costarricense:

1. A no olvidar. Recordar el 8 de noviembre de 2012 es recordar que la defensa de la CCSS se ha construido, en gran medida, desde la calle y la exigencia popular.

2. A defender con firmeza la CCSS. Es nuestro patrimonio nacional más valioso. Debemos rechazar cualquier intento de debilitarla, recortar su financiamiento o ceder sus funciones al sector privado.

3. A exigir a los gobernantes de turno que cumplan con su obligación de asignar los recursos económicos necesarios, de manera oportuna y suficiente, para que la Caja pueda cumplir su misión con calidad y calidez.

4. A valorar y respaldar a las personas trabajadoras de la salud, que son el alma y el corazón del sistema, y que a diario libran batallas en hospitales y áreas de salud, a menudo con recursos insuficientes.

La salud no es un gasto, es una inversión en vida y dignidad.

La represión de hace doce años no silenció la lucha, la fortaleció.

Hoy, renovamos ese espíritu y decimos con una sola voz:

¡La CCSS no se vende, la CCSS se defiende!

¡Por una salud pública, solidaria, universal y financieramente fuerte!

Consejo Regional de Juntas de Salud Central Sur

8 de noviembre de 2025.

El Consejo Regional de Juntas de Salud Central Sur está conformado por 33 Juntas de Salud de las 31 Áreas de Salud y de 2 Hospitales: Hosp. William Allen Taylor de Turrialba y el Hosp. Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, que conforman la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur. El objetivo del Consejo Regional de Juntas de Salud es propiciar un espacio de participación y coordinación entre las Juntas de Salud y la DRIPSS, para el análisis y la atención de situaciones de salud que trasciendan el nivel local y desarrollar estrategias de abordaje para la solución de las necesidades priorizadas, así como compartir las experiencias exitosas obtenidas en la gestión, tanto de la Junta de Salud, como de la Administración de la unidad.

Las Juntas de Salud somos entes auxiliares de las Áreas de Salud, Hospitales y Centros Especializados de la CCSS, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana.

Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense

Comunicado

Las universidades públicas, organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, comunales, ambientales, estudiantiles, laborales, de mujeres y de la sociedad civil de todo el país convocan al pueblo de Costa Rica a participar masivamente en la Gran Marcha Nacional por la Democracia Costarricense, este martes 11 de noviembre de 2025, bajo el lema: “Sí a la democracia, no a la dictadura.”

La marcha saldrá a las 8:00 a.m. desde el Parque Central de San José y concluirá en la Casa Presidencial, Zapote.

El 11 de noviembre de 1949 marcó el retorno de la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, cuando la Junta Fundadora entregó el poder a Otilio Ulate. Setenta y seis años después, en esa misma fecha simbólica, el pueblo se moviliza nuevamente para defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades.

El rumbo de nuestro contrato social se ha visto amenazado por la confrontación, la concentración del poder y el desprecio hacia las instituciones democráticas y la prensa libre desde el Poder Ejecutivo. Ante ese avance autoritario, las organizaciones sociales reafirman su compromiso con la defensa del Estado social de derecho, las libertades y los derechos que sustentan nuestra democracia.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado vehemente y urgente por políticas públicas integrales que fortalezcan los pilares de nuestra convivencia democrática y el desarrollo nacional: el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo digno.

La defensa de la producción nacional debe protegerse, no sacrificarse. Hoy más que nunca se exige un rescate integral del campo, que garantice no solo mejores políticas públicas, sino un compromiso real frente al abandono, el endeudamiento y la competencia desleal de la importación, como lo han sufrido los paperos y cebolleros, colocando la producción hortícola en jaque mate.

Además, el Gobierno avanza sin escuchar al sector agropecuario al suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, que afectará productos como café, lácteos, avícola, porcino, bovino, frijol, flores y follajes, oleaginosas, pesca y arroz. Asimismo, la ejecución del Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre la trazabilidad y areteo del ganado bovino, afectará a pequeñas y medianas producciones, empeorando la situación del sector agropecuario y constituyendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la soberanía y la economía rural.

La educación pública, pilar del Estado social de derecho, debe fortalecerse con el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB, la dignificación del magisterio nacional y la defensa del régimen de pensiones del Magisterio. La educación debe seguir siendo el principal instrumento de movilidad social y equidad.

La salud pública es un derecho humano fundamental. Se exige el resguardo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional. Ante los intentos de debilitamiento y privatización, se demanda financiamiento justo, respeto al personal profesional y gestión transparente que garantice la seguridad y protección social de toda la población.

Se exige también atención integral a la seguridad ante la creciente violencia que amenaza la paz y convivencia. La inseguridad y violencia, que golpea especialmente a las mujeres, las juventudes y las comunidades más vulnerables, requiere acción inmediata del Estado y políticas integrales de prevención y justicia social.

Ante la polarización y fragmentación que vive el país, las organizaciones convocantes hacen un llamado a la unidad patriótica, democrática y comunal, para defender los derechos constitucionales, las libertades públicas y las instituciones que han garantizado la paz y la convivencia democrática de Costa Rica.

“Sí a la democracia, no a la dictadura.”
¡La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo!

Contacto: mesa.nacioaldedialogo@gmail.com