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Etiqueta: estigmatización

Organizaciones se pronuncian ante actos de intolerancia y violencia contra defensores ambientales en Puntarenas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El pasado 6 de noviembre, en distintos perfiles de noticias locales de Puntarenas, se difundió la imagen de una valla colocada en la Angostura, en la entrada del puerto, en la que se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, ambos reconocidos por su labor en la defensa de la vida marina y el cumplimiento de la ley.

En dicha valla aparecen las fotografías de ambos profesionales con los rostros tachados, en un acto de evidente estigmatización y violencia simbólica promovido por sectores que se autodenominan “pesqueros”.

En respuesta a estos hechos, más de treinta cuatro organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos se unieron en un pronunciamiento conjunto.

Estas acciones ocurren en un contexto en el que ambientalistas han sostenido, con base en la legislación vigente, que la decisión de declarar especies de tiburones amenazadas como especies comerciales (mayo de 2017) fue contraria a la normativa nacional y, por tanto, ilegal. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 21 de junio de 2023, ordenó al INCOPESCA y al MINAE cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre en la gestión de tiburones amenazados, así como detener toda captura y comercialización del tiburón martillo, incluso la incidental.

En los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, alimentada por discursos de odio e intolerancia, así como por el descrédito del Acuerdo de Escazú, promovido por cámaras empresariales, sectores políticos y el actual gobierno, que han contribuido a normalizar la persecución del disenso.

Costa Rica vive hoy una situación de creciente inseguridad y violencia, marcada por disputas entre grupos delictivos y un ambiente general de impunidad.

En el pasado se ha denunciado el vínculo del narcotráfico con sectores del palangre industrial, tanto en la Isla del Coco como en otras regiones del país. La utilización de mantas anónimas y amenazas públicas es una práctica característica de estructuras ilegales que buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana.

En zonas como Talamanca, activistas y organizaciones que defienden la naturaleza han recibido amenazas de muerte, mientras en redes locales se difunde un discurso que califica cualquier forma de defensa ambiental como “ecoterrorismo”.

Recordamos que la Sala Constitucional ya reprendió a la Municipalidad de Talamanca por declarar personas “non gratas” a ambientalistas, dejando claro que esta práctica es inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.

Reconocemos que no todo el sector pesquero comparte estas acciones violentas. Históricamente, hemos mantenido relaciones de respeto y colaboración con sectores pesqueros artesanales y deportivos, e incluso con parte del sector industrial. A ellos les hacemos un llamado a pronunciarse públicamente en contra de estos actos de odio, para no quedar asociados a un pequeño grupo que promueve la intolerancia

Ante estos hechos de intolerancia y violencia, las organizaciones y personas firmantes manifestamos:

  • Rechazamos rotundamente la estigmatización, las amenazas y los actos de odio contra quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.
  • A los medios informativos y páginas locales, les hacemos un llamado a ejercer mayor responsabilidad, discernimiento y comprensión sobre lo que publican y a quién le dan voz. Es importante evitar el sensacionalismo, ya que al reproducir este tipo de mensajes sin análisis ni cuestionamiento se contribuye a perpetuar formas de violencia y desinformación.
  • Solicitamos a la Defensoría de los Habitantes, al Sistema de Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales que intercedan ante el INCOPESCA, el MINAE y otros entes rectores, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y proteger la integridad de quienes defienden los ecosistemas marinos.
  • Responsabilizamos a los sectores que han promovido esta campaña de odio por cualquier agresión o daño que puedan sufrir las personas mencionadas, así como por las consecuencias derivadas de estos actos.
  • El Estado de Costa Rica tiene la obligación de proteger la integridad de las personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos, ya que su labor las expone con frecuencia a riesgos elevados de sufrir violencia. Esto implica tomar medidas activas para prevenir y sancionar la violencia y las amenazas, investigar a fondo cualquier agresión en su contra y garantizar sus derechos a la libertad de expresión.
  • Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe en coherencia con todos los acuerdos, convenios y jurisprudencia que lo obligan a asumir un rol activo en la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la promoción de una participación ciudadana libre de represalias. Proteger a las personas defensoras del ambiente es esencial para la democracia y el desarrollo sostenible del país.
  • Finalmente, llamamos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las instituciones del Estado a pronunciarse y solidarizarse con quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.

En Costa Rica, lo único “non grato” debe ser la intolerancia, la violencia y la estigmatización hacia las personas que dedican su vida a proteger la naturaleza.

Firmantes:

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales
  • Costa Rica por los Océanos
  • Bloque Verde
  • Covirenas Caribe Sur
  • Buen Vivir – Costa Rica
  • Programa Interdisciplinario Costero / UNA
  • Observatorio de Derechos Humanos
  • Comité Punta Pelencho
  • Asociación Civil Pro Natura
  • Defensores de la Casa Común
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
  • Oilwatch
  • Fundación Promar
  • Universidad Bíblica Latinoamericana
  • Mar y Comercio
  • Asociación Proyecto Camino Verde
  • Cultura Kare
  • Red Biodiversida
  • Nido de Halcón
  • Fundación Green Heart
  • Fumicons
  • Organización Regenerativa Matzú Insigne
  • Universite Beesley Revol
  • Huertos Urbanos de Costa Rica
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género
  • Costa Rica por el Océano
  • Asociación CREMA
  • Hogar Ecológico Ingeniería
  • Rewilding Portugal
  • Fundación El Arca de Noé
  • Covirena Cabo Blanco Ario
  • Ubiquity University
  • APREFLOFAS
  • Antigentrificación CR

Algunas declaraciones adicionales de organizaciones firmantes:

  • Covirenas Caribe Sur: “Repudiamos estos actos de violencia, agresión y amenaza a la integridad física. ¡Basta ya de atacar a los defensores ambientales de Costa Rica!”.
  • Comité Punta Pelencho: “Expresamos nuestro absoluto repudio ante estos actos de intolerancia, hostigamiento y violencia hacia quienes defienden el ambiente y los bienes naturales comunes. La labor de las personas defensoras de nuestra casa común es esencial en un Estado de Derecho, y merece respeto, protección y reconocimiento.”
  • Asociación Civil Pro Natura: “Rechazamos categóricamente el rótulo colocado por un sector pesquero puntarenense que declara ‘non gratos’ a dos defensores ambientales. Este acto constituye una forma de hostigamiento y estigmatización hacia quienes ejercen su legítimo derecho a proteger el ambiente y exigir transparencia en la gestión de los recursos naturales.”
  • Fundación Promar: “Además de evidenciar una total falta de tolerancia y respeto hacia personas y organizaciones que buscan evitar la desaparición de especies marinas vitales para los ecosistemas y la seguridad alimentaria humana, es una barbaridad que unas cuantas personas se arroguen el derecho de hablar por toda una comunidad porteña.”
  • Universidad Bíblica Latinoamericana: “Nos unimos a este pronunciamiento en contra de la violencia y la intolerancia hacia quienes defienden y protegen los territorios y la naturaleza.”
  • Asociación Proyecto Camino Verde: “Condenamos cualquier práctica intimidatoria y contraria al Estado de Derecho que ampara a quienes defienden nuestro patrimonio natural y base del desarrollo sostenible.”
  • Cultura Kare: “Un Estado que calla ante las amenazas a quienes defienden la vida y los bienes comunes se convierte en cómplice del despojo y de la destrucción de la esperanza colectiva.”
  • APREFLOFAS / Nido de Halcón: “No se debe permitir la intimidación de ninguna forma hacia ambientalistas o ecologistas. Defendemos a quienes no tienen voz; los representamos, y somos muchas y muchos. ¡Alto a la agresión contra el medio ambiente y quienes luchamos por la Madre Tierra! Nuestra voz es un grito de batalla por nuestros compañeros y hermanas, porque quien defiende la naturaleza es hermano en cualquier parte del mundo. Ellos no están solos ni solas.”
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género: “Rechazamos la persecución y las campañas de odio contra personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos.”
  • Hogar Ecológico Ingeniería: “Apoyamos siempre la protección de la biodiversidad, fuente de vida y subsistencia. No podemos comprometer los recursos naturales; respaldamos a quienes los defienden.”
  • Fundación El Arca de Noé: “A estas personas deberíamos apoyarlas y sostenerlas. La Tierra es nuestra única casa, y ellos la protegen. La codicia y el deseo de poder destruyen la belleza del planeta y condenan a las futuras generaciones. Nuestros verdaderos héroes son quienes defienden a la Pacha Mama. ¡Apoyémoslos!”

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Pronunciamiento: Sobre la violencia social y su impacto en la salud mental – Colegio de Profesionales en Psicología

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología y defensor del bienestar psicológico de la población, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples formas de violencia que se presentan en contextos tales como familiares, comunitarios, académicos y laborales a lo largo y ancho del país, afectando gravemente la salud mental, la cohesión social y el desarrollo integral de las personas.

Reconoce que la violencia social se comprende como aquel acto con impacto social que atenta contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, llevado a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Estos actos adoptan expresiones complejas que van desde la delincuencia y el narcotráfico, hasta amenazas entre vecinos y formas más sutiles como la exclusión social, la estigmatización, la discriminación estructural y la falta de acceso a recursos y oportunidades.

Estas situaciones generan un clima constante de inseguridad, miedo e incertidumbre, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, población migrante y personas con discapacidad.

Como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología, hace un llamado urgente a visibilizar y atender las causas estructurales de la violencia social, entre las cuales destacan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento del tejido social y la ausencia o insuficiente ejecución de políticas públicas integrales.

Reafirma que la salud mental es un derecho humano fundamental que no se garantiza adecuadamente en contextos donde prevalecen el abandono, la impunidad y la desprotección institucional.

Por ello, insta a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y a la sociedad civil a:

  1. Promover espacios seguros, inclusivos y participativos en todos los contextos, en los que se escuche activamente a sus habitantes.

  2. Educar para la convivencia pacífica, la empatía y la resolución no violenta de conflictos desde edades tempranas.

  3. Fortalecer los programas de prevención de la violencia, con enfoque psicosocial, interseccional y basado en derechos humanos.

  4. Impulsar redes comunitarias de apoyo y resiliencia con acompañamiento profesional desde la psicología comunitaria.

  5. Generar accesos reales a servicios de salud mental y atención integral a víctimas de violencia, asegurando recursos humanos y materiales adecuados.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se compromete a continuar contribuyendo activamente en el abordaje ético, científico y humano de la violencia, destacando que la construcción de una sociedad justa, solidaria y saludable es una responsabilidad colectiva que requiere una acción decidida y sostenida.

Podemos Volar se pronuncia ante expresiones estigmatizantes del presidente Rodrigo Chaves sobre salud mental

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Pronunciamiento

Repudiamos las expresiones estigmatizantes del Presidente Rodrigo Chaves sobre categorías diagnósticas vinculadas a la salud mental y su política para debilitar la Seguridad Social.

Desde el colectivo Podemos Volar, conformado por personas locutoras con experiencias de atención de salud mental en el Hospital Nacional de Salud Mental, con apoyos de personas estudiantes, técnicos radiofónicos y docentes de la Universidad de Costa Rica, deseamos manifestar nuestro repudio a las expresiones estigmatizantes del Presidente Rodrigo Chaves sobre categorías diagnósticas vinculadas a la salud mental y su política de debilitar la Seguridad Social.

Nuestro colectivo ha luchado durante más de una década por el respeto a todas las personas con discapacidad psicosocial y puesto sobre la mesa la importancia de desestigmatizar todo lo relacionado con la salud mental y la locura. Consideramos que la Presidencia de la República con estas expresiones reproduce lógicas discriminatorias, manicomiales y estigmatizantes que se profundizan en la cultura costarricense.

Rechazamos también la política fascista de la Administración Chaves Robles sobre la Seguridad Social, al expresar que esta debe regirse por principios neoliberales de rentabilidad económica, donde la atención en salud de las poblaciones (principalmente de las más vulnerables) quede a merced de las políticas fiscales regresivas.

En Podemos Volar reafirmamos nuestro compromiso con un país que produzca una atención comunitaria, pública y solidaria en salud mental, que apoye los procesos para construir una vida digna y respete los Derechos Humanos. Para ello, como lo hemos señalado en el pasado, debemos fortalecer y transformar la Caja Costarricense de Seguridad Social para honrar los principios históricos de su fundación y asegurar a futuro una Costa Rica más justa y solidaria con una atención en salud pública, pronta y de calidad. Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad costarricense que compartan estos principios de justicia social, equidad y Derechos Humanos a pronunciarse respecto a estas expresiones y políticas de la Administración Chaves Robles.

15 de junio, 2023
Hospital Nacional de la Salud Mental
Pavas, San José, Costa Rica

Sembrar memoria contra la impunidad y el olvido

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Mauricio Álvarez Mora. Docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA

Han pasado 27 años desde aquel 7 de diciembre de 1994 donde Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante murieron juntos, cuando un incendio destruyó la casa donde vivían los dos primeros.

Esa semana nos pagaron el aguinaldo y fuimos de compras en la tarde con María del Mar que estaba armando nido con Oscar. Hubo una invitación para esa noche, pero pudo más la responsabilidad de la propuesta que teníamos que presentar al otro día en el IMAS, para financiar un campamento de verano con jóvenes de la comunidad de Los Guidos organizado por el Programa de Juventud de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). Ese 6 de diciembre Oscar y María nos dejaron la llave de la oficina y fue la última vez que los veríamos con vida.

Eran tiempos de celebrar porque le habíamos ganado el pulso a las intenciones de industrializar el Golfo Dulce, recién el 3 de diciembre, tuvimos una actividad con la gente de las comunidades.

Cuatro días después, la casa de Óscar y María del Mar, en Guadalupe, fue destruida por un incendio. Nadie pudo escapar. Encontraron a María del Mar carbonizada mientras trataba de abrir la puerta, sin llave. Las rasgaduras en la puerta evidenciaron que trató de luchar hasta el final por salir, pero algo o alguien le impidió salir. Mientras Óscar y Jaime murieron sin incorporarse de las camas.

La investigación oficial del Organismo de Investigación Judicial no encontró causa oficial del incendio y que no hubo evidencias de “mano criminal”, mientras la construcción mediática fue cruel y despiadada al enfocar que la “fiesta” fue la responsable de las muertes, ya se venía construyendo una estigmatización mediática del ecologismo como unas personas “comunistas recicladas, bohemias, opuesta al desarrollo y subversivas.” Esa estigmatización sumada a lo inédito del acontecimiento sirvió para invisibilizar el contexto que estaba sucediendo como las amenazas y ataques al vehículo de la AECO y que se recibieron llamadas anónimas después de las muertes para asegurar que “la lista de asesinatos no había terminado.”

Sobre el contexto, desde finales de 1992 se llevó a cabo una campaña para frenar la construcción de un muelle y una planta astilladora en medio de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en la península de Osa y en la parte más interior del golfo en el sector de Mogos.

A la cabeza de la campaña estuvo Óscar Fallas Baldi y María del Mar Cordero y muchos otros que integrábamos en ese momento AECO conformamos una alianza de vecinos de la península, ecologistas, grupos de mujeres, estudiantes, campesinos, científicos y redes internacionales. Esta coalición permitió llevar a cabo una de las más importantes luchas ecologistas del país, contra la Ston Forestal S.A. subsidiaria del gigante papelero Stone Container Corporation.

La parte industrial del proyecto se ubicaría en Punta Estrella, cortando el corredor biológico entre Corcovado y el Parque Nacional Esquinas. La intención era procesar y transportar la producción de 24.000 hectáreas de melina sembrada en la zona. Para esto se construiría un muelle para barcos de hasta 70.000 toneladas, y se esperaba un tránsito de 184 tráileres diarios en promedio uno cada cuatro minutos.

Lo que argumentábamos en contra del proyecto de Ston Forestal era, entre otras cosas, que la industrialización afectaría la biodiversidad del Golfo Dulce y de importantes áreas boscosas y protegidas, que el muelle traería contaminación a un sector prácticamente prístino y se llenaría de barcos con su contaminación donde habitan delfines, ballenas y una gran diversidad marina.

Después de poco más de dos años de lucha, la AECO y la gente de las comunidades lograron que se cambiara el sitio de la construcción y las condiciones del proyecto. Fue la primera campaña del ecologismo social que se gestionó en el país partiendo de la articulación con las comunidades, formación de comités locales, giras con periodistas y autoridades nacionales, gestiones de incidencia ante entidades estatales, denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, manifestaciones, recursos de amparo, debates y un factor decisivo fue la articulación internacional con organizaciones como Greenpeace, Amigos de la Tierra y muchas otras.

Con el cambio de gobierno el primer reto ambiental de la administración Figueres fue resolver el conflicto con la Ston. Pronto se dan las primeras reuniones entre la AECO y el nuevo ministro de Ambiente, René Castro, para buscar una salida al problema. En ese momento se forma un comité de análisis y replanteamiento de la autorización concedida a Ston Conteiner y sus subsidiarias, en el que participa la AECO y otros actores institucionales. Luego de un proceso de negociación, en octubre de 1994 se logra un acuerdo histórico y la Stone Container acepta la reubicación del proyecto en Cerro Partido o Punta Purrujas, cerca de Golfito. El acuerdo fue precipitado porque la Contraloría rechazó el contrato entre Ston Forestal y el gobierno costarricense por la construcción del muelle en sector de Mogos.

Estos hechos marcaron para siempre muchas vidas, tuvieron repercusiones a todos los niveles y dimensiones. Por un lado, la campaña exitosa fue semilla de muchas otras más que vinieron y que usaron de modelo de inspiración y por otro lado terminó de desmembrar a AECO para dar paso a otro tipo de organicidad social, para las familias hubo muchos impactos que hoy siguen presentes. Un gran dolor, incertidumbre, miedo y luto envolvió a gente muy cercana que simplemente no pudo superar estos hechos.

Hoy, 27 años después, se les sigue queriendo y recordando de muchas formas, siguen presentes siempre multiplicando la vida.

No es con violencia con que se debe afrontar la crisis de migración de nuestros países

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento público de iglesias y organizaciones basadas en la fe

No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto.»
Éxodo 23:9

Urgen respuestas humanitarias en Centroamérica y Estados Unidos…

Guatemala, 21 de enero de 2021. Con dolor e indignación, las distintas iglesias y organizaciones basadas en la fe de distintas espiritualidades, hemos visto la forma atroz con que la fuerza pública guatemalteca ha reprimido a miles de migrantes, mayoritariamente de origen hondureño, devolviéndolos a golpes a la dramática realidad de la que huyen, en medio de una crisis de salud que nos afecta a Guatemala y el mundo. Ante el llanto, la impotencia y la frustración de tantas y tantos que cada vez se quedan con menos opciones de vida en sus países de origen, expresamos:

1)  Nuestra solidaridad con quienes, forzados por la necesidad y la desesperación frente a la falta de oportunidades, la pobreza y la violencia, se ven obligados a migrar, incluso llevándose lo más preciado o quizá lo único que tienen, sus hijos e hijas, para recorrer a pie, miles de kilómetros, buscando llegar a Estados Unidos de Norte América.

2) Expresarnos nuestro rechazo y nuestra oposición al abuso de la fuerza pública en los países de tránsito que, con el argumento de resguardar su soberanía, violan flagrantemente los derechos humanos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños, obviando todos los mecanismos, protocolos, leyes y convenios nacionales e internacionales en cuanto a protección de derechos. Duele que el gobierno guatemalteco sea parte de esa respuesta militarizada que golpea y violenta a migrantes.

3) Nos sumamos a las voces que demandan a los gobiernos de México y Centroamérica asumir su   responsabilidad para la emisión de políticas públicas que combatan las causas que originan la migración, exacerbadas por la desigualdad social, la corrupción y la impunidad.

4) En el marco del cambio de gobierno en los Estados Unidos de Norte América, hacemos un llamado al binomio Presidencial Biden-Harris, así como a la Cámara de Representantes y al Senado de dicho país, para Impulsar políticas migratorias más humanas que rompan con el sello xenofóbico que marcó su antecesor, así como el fortalecimiento del acompañamiento a los países centroamericanos en su esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad, que la alianza criminal ha avanzado, devastando los recursos públicos a través de negocios ilícitos entre la clase política corrupta y sectores empresariales, militares, incluso vinculados al narcotráfico.

5) Nuestro reconocimiento a la loable labor de la Pastoral de Movilidad Humana, de las Casas del Migrante, de los albergues y de todas las iglesias, instituciones y personas que han extendido su mano solidaria, socorriendo a quienes se han visto forzados a salir de su país. En esta línea expresarnos nuestra preocupación y rechazo a los actos de hostigamiento a la Ca. del Migrante «Sin Fronteras» ubicada en Tecún Umán, Guatemala, por parte de la Policía Nacional Civil y el ejército guatemalteco ocurrida el 19 de enero recién pasado.

6) Nuestro llamado y respaldo a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala para el acompañamiento a las personas en situación de migración, así como a las entidades que les socorren, verificando y velando por el respeto de sus derechos, así corno accionando en contra de los vejámenes que han sido cometidos.

7) Nuestro reiterado llamado al pueblo de Guatemala y de los países de tránsito, para no caer en la trampa y culpar a las y los migrantes de las situaciones de robo, delincuencia, desempleo, y ahora del repunte de contagios de covid-19, pues estas problemáticas se derivan de la cuestionable capacidad gubernamental e institucional para atender y buscar soluciones prontas y eficientes. Nuestros hermanos y hermanas migrantes no necesitan golpes y estigmatización, necesitan nuestra empatía y solidaridad.

Amerindia Guatemala
Asociación Civil Verdad y Vida
Comisión Arquidiocesana de Comunidades Eclesiales de Base de Guatemala,
CEB’s-GUATEMALA
Comunidad Cristiana Menonita Shalom
Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala
Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala, CONFREGUA
Coordinadora de Institutos Seculares de Guatemala
Iglesia Luterana ILUGUA
Iglesia Episcopal de Guatemala, obispo Silvestre Romero
Institución Teresiana
JPIC Familia Franciscana
Núcleo de Mujeres y Teología
Movimiento Monseñor Gerardi
Red Continental Cristiana por la Paz (RECONPAZ)
Servicios Ecuménicos de Formación en C.A. (SEFCA)
Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de América (SOMI MIGA)
Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado