Estudiantes ofrecen capacitaciones en aspectos administrativos y acompañamiento para el desarrollo de planes estratégicos, hasta la verificación de modelos de negocio
La iniciativa universitaria ha trabajado en el fortalecimiento de emprendimientos vinculados con el sector turístico y artesanal. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Desde hace cinco años, los estudiantes del Recinto de Paraíso de la Universidad de Costa Rica (UCR) ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas para impulsar el fortalecimiento de la economía del cantón.
Actualmente, 27 jóvenes trabajan bajo la guía del profesor Juan Carlos Ubilla para apoyar y capacitar a micro y pequeñas empresas, instituciones públicas y organizaciones comunales en Paraíso y sus alrededores.
La iniciativa se desarrolla bajo la modalidad de Trabajo Comunal Universitario (TCU) e incorpora a los estudiantes avanzados de las carreras de Dirección de Empresas, Informática Empresarial y Turismo Ecológico.
Acercamiento a los emprendedores
El proceso inicia cuando los estudiantes conocen las áreas de oportunidad que presentan las iniciativas empresariales y, a partir de este acercamiento, definen ––bajo supervisión docente–– las alternativas idóneas para atenderlas.
Según Ubilla, las metodologías de trabajo varían según el caso, pero siempre estarán enfocadas en fortalecer el modelo de negocio y potenciar la probabilidad de éxito en su actividad empresarial.
“Se trata de llevarlos a un nivel más profesional, donde tengan plenas capacidades de administrar adecuadamente sus giros de negocios y donde las probabilidades de éxito sean mucho más altas”, enfatizó el académico.
Las necesidades de los emprendedores, las instituciones y las organizaciones van desde capacitaciones en aspectos administrativos y acompañamiento para el desarrollo de planes estratégicos, hasta la verificación de modelos de negocio.
“Hemos sido testigos de una consolidación y crecimiento de las microempresas y nuestro compromiso es seguir catapultando sus posibilidades de desarrollo”, señaló el docente.
Los estudiantes realizan sesiones de trabajo y comparten su conocimiento en las diferentes localidades, tal como lo han hecho con diversas asociaciones comunales o con la cámara de comercio de la localidad.
Apoyo a la industria local
Grettel Jaen Valverde inició con el sueño de emprender hace casi 20 años y hoy día se especializa en elaborar fachadas típicas, decorar tejas de barro y crear cocinas de leña con madera.
Esta artesana forma parte del Grupo de Mujeres Emprendedoras de Birrisito y durante dos meses asistió a las capacitaciones que impartieron los alumnos del Recinto de Paraíso en el salón comunal de la localidad.
Según Jaen, el espacio fue muy importante para el fortalecimiento de su negocio, pues le permitió aprender sobre temas claves que desconocía, pese a su amplia experiencia como emprendedora.
“Aprendí a manejar bien la contabilidad, hicimos la marca, un logotipo y me enseñaron a hacer la publicidad de los productos en las redes sociales”, señaló la creadora de “Artes Bambú”.
La artesana considera que este tipo de actividades son esenciales para que, al igual que ella, otros emprendedores puedan iniciar o fortalecer sus empresas y, así, apoyar la economía de sus familias y de su localidad.
La academia está comprometida con la sociedad
Daniela Cerdas cursa el cuarto año de la carrera de Dirección de Empresas y, desde hace un año, forma parte de esta iniciativa que a su criterio: “potencia las capacidades organizativas y financieras de las empresas en la región”.
La estudiante asegura que esta experiencia la ha enriquecido como persona y como profesional, pues le ha dado la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria.
Cerdas reconoce el gran interés que existe por parte de la ciudadanía sobre la posibilidad de recibir este apoyo académico, aunque señala que en ocasiones se dificulta contar con las condiciones adecuadas en algunas localidades a las que se acercan para trabajar.
La joven señaló, además, la importancia de que las municipalidades y autoridades locales colaboren con la facilitación de espacios para realizar las capacitaciones e informen a la ciudadanía sobre la oportunidad de aprovechar este esfuerzo universitario.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) de Nicaragua circuló un comunicado con el titular Vivos se los llevaron Vivos los queremos. El informe se refiere a la «detención arbitraria» de 19 personas de ese organismo así como de tres documentalistas.
El grupo se dirigía a la Marcha Nacional de Granada y la detención se produjo en la carretera de San Carlos.
El informe detalla que la CUDJ forma para de la Articulación de Movimientos Sociales, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Diálogo Nacional.
Un total de 123 jóvenes participaron en los recorridos para orientar su ingreso a la UCR
Una nutrida delegación del Colegio Académico Indígena de Sepecue, en Talamanca, se sumó a la Feria Vocacional 2018. Foto: Eduardo Muñoz.
“Recibirlos por primera vez en la universidad, compartir con ustedes nos llena de profunda ilusión y alegría. Esta es una experiencia emocionante, basta ver las fotografías de su traslado, sus rostros iluminados es verdaderamente contagiante. Ya hemos pasado por eso”, dijo la M. L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, en el acto de bienvenida a 123 jóvenes provenientes de pueblos y territorios indígenas al campus Rodrigo Facio.
Tras un largo viaje, con maletas llenas de muchas expectativas sobre su futuro académico, los colegiales se sumaron a miles de jóvenes que visitaron la Feria Vocacional, que se realiza en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 8 al 10 agosto.
La llegada de los estudiantes coincidió con la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha en la que cada año la Organización de Naciones Unidas hace un llamado a sus estados miembros para cumplir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta insta al mejoramiento de las condiciones económicas y a garantizar los derechos sociales, como educación, capacitación, justas condiciones laborales, salud y seguridad social.
Los estudiantes participaron en las tutorías académicas que se imparten en los colegios ubicados en dichos territorios, como parte del proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social denominado “Camino a la U: estrategias culturalmente pertinentes para el ingreso de estudiantes de pueblos y territorios indígenas a la Educación Superior Pública” (EC-426).
Este proyecto tiene como objetivo reforzar las habilidades, competencias y destrezas requeridas para enfrentar con éxito las pruebas del ciclo diversificado y bachillerato para estudiantes provenientes de colegios ubicados en territorios indígenas, así como realizar acciones que faciliten su ingreso a la educación superior pública.
Los jóvenes llegaron a San José el día miércoles 8 de agosto, y en horas de la noche participaron en el Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas, realizado en el Centro Social Juan XXIII, en Dulce Nombre de Cartago. Ahí compartieron con estudiantes universitarios de la UCR, procedentes de esos territorios, quienes contaron sus experiencias durante el proceso de admisión y su vida en el campus.
“En el conversatorio nos reunirnos y evacuamos las dudas, porque existe incertidumbre si son elegibles para ingresar a cualquier carrera en una universidad pública y lo que sigue después. También hay temores por estar en un lugar muy distinto a donde viven. Les contamos nuestra experiencia y hablamos los cambios que han habido desde cuando nosotros ingresamos”, dijo Abigail Rodríguez Calderón, estudiante de Psicología, y proveniente del territorio indígena de Salitre.
Durante el día jueves recorrieron el campus Rodrigo Facio para conocer sobre las distintas opciones que les brinda la UCR. Alrededor del mediodía departieron un almuerzo con la magister Ruth de la Asunción Romero, vicerrectora de Vida Estudiantil, la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, y otros representantes de oficinas vinculadas a la admisión universitaria.
Los colegiales Keivin Ríos Hidalgo, Ivette Villanueva Fernández, Nadia Hernández Reyes y Milagros Molina Sánchez, del Liceo Rural Usekla, en Talamanca, conocieron con detalle las opciones académicas que les brinda la UCR. Foto: Eduardo Muñoz.
Keymy Baker Hernández, estudiante del Colegio Académico Indígena de Sepecue, Talamanca, vino indeciso sobre cuál carrera matricular al graduarse de secundaria. Finalmente, luego su paso por la Feria Vocacional reafirmó su interés de ingresar a Ingeniería Industrial.
Por su parte, Dailyn Hernández Mayorga, también estudiante en Sepecue, se inclinará por Arqueología. “Gracias a la UCR hemos recibido tutorías para bachillerato y este año pusieron en práctica algo nuevo que es prepararnos para el proceso de admisión. La mayoría de jóvenes de mi comunidad queremos estudiar y ayudar en su desarrollo. Si yo vengo aquí a estudiar algo hay que relacionarlo con mi cultura, trayendo las raíces que nos identifican porque todo va de la mano como un todo”, añadió.
Avance significativo
Del 2015 al año 2018, la UCR pasó de tener solo 12 estudiantes a casi 140 universitarios provenientes de pueblos y territorios indígenas, suma que cada año va en aumento. Esto es fruto de las acciones afirmativas que impulsa la UCR desde el año 2012, en el marco del Plan Nacional de Salvaguarda Indígena. Además de recibir tutorías, se les acompaña en el proceso de admisión y su permanencia en las aulas universitarias.
Estas tutorías llegan a unos 350 colegiales en las comunidades Casona, Salitre, Yeri, Cabagra, Curré, Ujarrás, Kabebata, Usekla, China Kicha, Coroma y Sepeque. Este proyecto es parte de la ejecución del Plan Quinquenal para Pueblos y Territorios Indígenas, del Consejo Nacional de Rectores. Este impulsa acciones conjuntas de las cinco universidades públicas y fue diseñado con la participación de representantes de los 24 territorios y organizaciones indígenas.
“Es un proceso gradual. Este año ampliamos la cobertura a otros colegios. Quisiéramos llegar a todos los colegios, pero hay ciertas limitaciones que van desde lo geográfico hasta el recurso humano; pero la intención es ampliar las zonas”, comentó el Lic. Johnny Arias Aguilar, funcionario de la VAS y uno de los responsables de la ejecución de dicho plan quinquenal.
Según Jorge Morales Elizondo, miembro del Movimiento Indígena Interuniversitario y estudiante del tercer año de Sociología, “hace falta expandir aún más, estos esfuerzos. Se ha trabajado en las zonas sur y Talamanca, pero otros territorios han quedado por fuera. Creemos que los resultados que hemos tenido hasta ahora, que han demostrado que son muy positivos, han demostrado que es necesario continuar con el trabajo que se hace pero que hay que llegar a más colegios de comunidades indígenas. Y seguir este diálogo entre comunidades y universidad, para buscar el bienestar de los jóvenes”.
Como parte de su compromiso con estas comunidades, cada año la UCR aplica la Prueba de Aptitud Académica directamente en estas zonas. Así se evita que los colegiales tengan que recorrer largas distancias y promueve la participación masiva de esta población estudiantil.
Por ejemplo, a los estudiantes en condición de elegibles se les suministra información sobre el sistema de becas. A los estudiantes de territorios indígenas que inician una carrera universitaria, se les da seguimiento y apoyo para que puedan culminar con éxito su proyecto académico. También se les insta a participar en proyectos de movilidad estudiantil, de voluntariado, liderazgo y de otras actividades estudiantiles y de encuentro.
La visita de los colegiales concluyó con un recorrido en las residencias universitarias y un breve conversatorio en el anfiteatro ubicado a un costado de la Oficina de Registro. “Realmente todo esto es muy interesante porque desde cuarto año la UCR está incentivándonos con las tutorías y con esta feria vocacional, que son importantes para nuestra decisión final. La UCR ha sido muy influyente para nosotros para saber qué queremos hacer”, dijo el estudiante Baker.
Programa de habilidades blandas empresariales (PROHABLA)
Escuela de Administración de la UNA es pionera en la transmisión de conocimientos empresariales en apego a la visión humanista de la Universidad
Un novedoso programa académico administrado por la Escuela de Administración de la Universidad Nacional (EDA-UNA) brinda capacitación a los jóvenes de los colegios técnicos profesionales de la provincia de Heredia, de los cantones Central, Ulloa, San Joaquín, San Pedro de Barva, Santo Domingo, San Isidro y Mercedes Norte.
Se trata del Programa de habilidades blandas empresariales (PROHABLA) el cual consiste en facilitar la consecución de las herramientas necesarias para que a futuro les proporcione a las y los jóvenes un mejor crecimiento a nivel personal y profesional.
Según explicó la directora del programa Master Kattia Lizzett Vasconcelos Vásquez se trata de ofrecer a las empresas públicas y privadas colaboradores capacitados en habilidades blandas empresariales: “Es decir, que sepan de comunicación, trabajo en equipo ,resolución de conflictos, liderazgo, hábitos y costumbres, toma de decisiones de la organización, con la finalidad de satisfacer una necesidad de mercado laboral”, agregó Vasconcelos, para quien la iniciativa dio inicio en el mes de julio de 2017 con la participación de aproximadamente1400 estudiantes de los Colegios Técnicos Profesionales-CTP de Heredia: “Los resultados han generado la necesidad en los profesores de participar en dichas iniciativas, por lo que a la fecha se han realizado 4 talleres donde más de 150 profesores de secundaria han recibido capacitación.”
Según indicó, durante este año el Ministerio de Educación Pública-MEP declaró que todos los proyectos de responsabilidad social generados por los estudiantes debían direccionarse en el ámbito ambiental y social, en este proceso PROHABLA participó activamente con la revisión de 39 proyectos, se hicieron recomendaciones de mejora continua ante el Comité Empresarial, que es quien otorga el reconocimiento para la ejecución y patrocinio por parte del Banco Nacional de Costa Rica”.
De acuerdo con la Coordinadora del programa, se ha ido más allá de la idea inicial, porque los estudiantes de la Escuela de Administración que participan con el equipo de PROHABLA han tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades nacionales, talleres con profesores del CTP de San Pedro de Barva, talleres con adultos mayores, espacios de sensibilización sobre personas con capacidades disminuidas. Asimismo, se efectuaron actividades de capacitación como parte del I Encuentro de Rendición de Cuentas UNA (Santo domingo de Heredia), se realizaron dos rallies (ESTELINA) con los estudiantes líderes nacionales de los CTP diurnos y nocturnos a nivel nacional, donde participaron cerca de 500 estudiantes.
Vasconcelos, manifestó que, el equipo del programa diseñó un curso optativo para incluirse en el plan de estudios de la Carrera de Administración EDA-UNA. Por otra parte, se diseñó un Técnico en Habilidades Blandas con todos los requisitos que establece el servicio civil y educación permanente de la UNA para los profesores, docentes y maestros.
De acuerdo con la académica durante este año (2018) se han impartido 20 talleres con estudiantes de la EDA (más de 600 estudiantes) con el apoyo del Banco de Costa Rica, así como 4 Talleres en la Sede Interuniversitaria de Alajuela, aproximadamente 200 estudiantes de la Carrera de Administración, Ingles e Informática.
En la actualidad se están impartiendo talleres en los CTP de Heredia y hay otros CTP de otras provincias que están gestionando poder participar en esta importante iniciativa de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional.
Colaboración:
Efrain Cavallini Acuña-Rectoría UNA
Katia Vasconcelos Vásques EDA-UNA
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Viendo los resultados de la votación en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, más conocida por sus siglas como la OEA, no puedo evitar el pensar y el hacer comparaciones con aquella tristemente célebre X Conferencia de Caracas de la misma organización, efectuada en mayo de 1954, la que se había trazado como metas, bajo las pautas del entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, la eliminación de los regímenes considerados como díscolos, no sé si se aplicaba entonces el término rogue states, a saber los siguientes: la Guatemala de Jacobo Árbenz Guzmán, nacida de la revolución democrática de 1944, la Argentina de Juan Domingo Perón y la Costa Rica de José Figueres Ferrer. Sucedió que, mientras la Guatemala de Árbenz intentó defenderse heroicamente por medio de su canciller Guillermo Toriello, los gobernantes de Argentina y de Costa Rica optaron por no hacerse presentes en el aquel espectáculo circense montando por los EEUU, en nombre de la “democracia” para acabar con la democracia guatemalteca, por cierto la única que ha conocido ese desdichado pueblo.
Es aquí donde viene a mi memoria lo que me contaba el químico Fernando Chaves Molina (1908-1997), un recordado amigo y dirigente del Partido Vanguardia Popular de entonces, a propósito de aquellos tristes días en la Caracas de 1954, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en la que se encontraba exiliado, al igual que otros calderonistas y comunistas, como consecuencia de pertenecer al bando derrotado durante la guerra civil o golpe de estado figuerista de 1948. Con el propósito de obligarlos a firmar una carta pública, pidiendo el derrocamiento del gobierno costarricense de José Figueres Ferrer, el régimen de Marcos Pérez Jiménez lo mantenían a él y a su hijo Luis Fernando(quien después llegó a ser un destacado académico en la Universidad de Los Andes, en la ciudad venezolana de Mérida) presos en una cárcel caraqueña, mientras ellos reiteraban su negativa, a pesar de su condición de exiliados políticos y adversarios de Figueres Ferrer, lo que me hace pensar en la coherencia y el agudo sentido político de los hombres de aquella generación, a diferencia de este ascenso de la insignificancia, parafraseando al filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis(1922-1997), en el que nos hayamos sumergidos en este cambio de siglo, donde las distinciones entre izquierda y derecha se han tornado irrelevantes, sobre todo por la complacencia, y la carencia de sentido de la realidad, por no decir de conservación, del que da muestras, casi diario, la primera de ellas. La obediencia que muestran hacia la agenda de Washington no puede ser más paradojal ¿será qué acaso ni siquiera se han percatado?, terminan así aceptando y adoptando las pautas que les da el diario español EL PAÍS, convertido ahora en el oráculo de las llamadas izquierdas.
En esta asamblea de la OEA los Estados Unidos lograron por fin, después de una década de esfuerzos, poner a los países latinoamericanos en su redil para demandar el derrocamiento del actual gobierno de Nicaragua, en un total contraste con lo ocurrido en aquella asamblea de la OEA que había tenido lugar en San Pedro Sula, Honduras, en abril o mayo de 2009, cuando casi por unanimidad se aprobó el regreso de Cuba al seno de esa organización, la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas saludó ese acontecimiento, y pocos meses después su gobierno sería derrocado, con la complicidad del gobierno de Costa Rica y de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, el imperio no estaba para esa clase de juegos democráticos. Empezaba en la región la nueva era de los golpes blandos, sin sacar los tanques, ni los soldados de infantería a la calle.
Sin entrar a juzgar los recientes acontecimientos de Nicaragua, con su secuela de violencia sangrienta, dentro de lo que parecen los componentes de un guion preestablecido para derrocar a su gobierno, un régimen sobre cuya naturaleza he evitado pronunciarme, aún a riesgo de parecer alguien demodé para una buena parte de la intelligentzia progre de este país. Simplemente se trata del gobierno a odiar y a derrocar (Ay del que no se muestre lo suficientemente enérgico y entusiasta en sus muestras de odio hacia esos gobernantes, el totalitarismo mediático nos los recuerda, a cada instante), sin que se hagan investigaciones independientes sobre los hechos de violencia, especialmente sobre las lamentables muertes ocurridas, ya se decidió que sólo una de las partes era culpable, tenemos que aceptar lo que digan algunos, renunciando a nuestro juicio crítico y a la elemental prudencia política. Algunos actúan como si Guatemala, México, Honduras, Colombia, Perú, Paraguay y otros países que firmaron para denostar al régimen de Nicaragua tuvieran un prontuario limpio, cuando los ríos de sangre corren por allí, un día sí y otro no: nuestra insignificancia es tan grande que no logramos retener en la memoria algo que vaya más allá de cinco segundos en las imágenes de la TV, o de las redes sociales del siglo XXI, tal y como decía Castoriadis, hace poco más de veinte años.
Por ahora, nos queda flotando una pregunta: ¿cuándo en abril empezaron las protestas contra el gobierno de Nicaragua, por el tema de la seguridad social y otros, no era el momento para emprender una negociación seria con el gobierno de Daniel Ortega sobre una gran cantidad de temas?, ¿en vez de impulsar la violencia y los tranques por todo el país, no era el momento de ponerle un jaque mate a los gobernantes del país vecino, en vez de impulsar lo que a todas luces parece un golpe de Estado?, en ese momento el gobierno hubiera tenido que ceder casi en todas las demandas. Todo esto da la impresión de que la cultura democrática en Nicaragua es demasiado pobre e inexistente, un problema que aqueja a ambos bandos, por lo que un cambio de gobierno no resolverá lo esencial que está en juego en esta crisis: la falta de cultura democrática y de negociación en una sociedad, que tiene casi dos siglos de resolver todo mediante la violencia, en un marco donde los integrantes de las elites ponen al pueblo a pelear en las calles y en los campos, mientras ellos terminan acordando todo para su beneficio en sus cómodos sillones de las alturas. Ay Nicaragua, Nicaragüita tan querida, que termine ya este baño de sangre y se le abra camino a la verdad, como un primer paso, para que algún día tengan una democracia que sea algo más que una mera palabreja vacía.
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomáticos
Como es sabido todo Estado puede expresarse con relación a la situación interna que vive otro Estado, y que le genera algún tipo de preocupación, como lo hicieron, por ejemplo Argentina, España y Ecuador con relación a la situación en Nicaragua: véase el comunicado de Argentina, el texto del comunicado oficial de España así como el contenido del comunicado de Ecuador, los tres del 15 de julio del 2018. Muy distintos en cuanto a su contenido, pese a llevar la misma fecha, referirse a la misma situación, estos tres comunicados responden a la lectura que cada uno hace de la situación y a la forma escogida, desde Buenos Aires, Madrid y Quito, para expresar su preocupación a las autoridades en Nicaragua.
Usualmente, el uso correcto del léxico diplomático en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisión en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violación a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervención en asuntos internos.
Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusión. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (así como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurídicas de las que disponen en materia de derechos humanos las víctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) – del que forma parte íntegra Nicaragua – también adoptaron una declaración titulada «Declaración especial sobre Nicaragua» (véase texto completo), el pasado 30 de junio.
Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también se pronunció, en otros términos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el que adoptó una resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de 21 Estados a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación (JICA) expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Foto extraída de nota de prensa del 4 de julio del 2018 titulada «Japón reclama por posible mal uso de donación».
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situación de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohíbe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Nótese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasileña en medicina en Nicaragua suscitó un comunicado oficial de la diplomacia brasileña en la que se lee que:
«Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicarágua instalado para implementar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos» (véase texto completo). El mismo 24 de julio, Brasil procedió a llamar a consulta a su embajador en Managua, recurriendo a esta figura diplomática para hacer ver su profundo malestar (véase comunicado de prensa del Itamaraty).
Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causándoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigación y de sanción de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados básicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisión y monitoreo a los que podrían en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afectasen a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de los informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listadooficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama de la ciencia jurídica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados.
En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Faride Barrantes y Jeimy Selles viajarán a México en agosto próximo
Jeimy Selles y Faride Barrantes participarán en el IX Diplomado Intercultural para fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas que se llevará a cabo entre el 13 y el 26 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica fueron seleccionadas para participar en el IX Diplomado Intercultural para fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas que se llevará a cabo entre el 13 y el 26 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se trata de Faride Barrantes Selles, estudiante de Administración Aduanera y Comercio Exterior; y Jeimy Selles Vargas, estudiante de Enseñanza de los Estudios Sociales, ambas indígenas Bribri.
En este encuentro, las jóvenes tendrán la oportunidad de compartir experiencias con otras 30 líderes indígenas y expertos de otros países sobre temas como: derechos humanos, lenguas autóctonas, seguridad alimentaria, interculturalidad, derechos de la salud sexual, medicina tradicional, arte, cultura e identidad.
Además, en este espacio las dos estudiantes podrán trabajar y enriquecer sus proyectos de incidencia comunal.
En el caso de Jeimy Selles, ella trabajará la creación de un Ecomuseo para la comunidad de Amubri de Talamanca, lugar que la vio crecer.
“Esta idea nace porque siento que hace falta en mi comunidad Amubri un espacio donde todos puedan compartir, un espacio para niños, jóvenes y adultos que permita el intercambio cultural, que pueda recoger la historia y las tradiciones de la comunidad, y que esta idea también pueda propiciar el turismo” añadió Selles.
Por su parte Faride Barrantes tiene como meta empoderar a las mujeres de la comunidad de Akberie (Piedra Grande) de Talamanca, quienes fundaron la Asociación “Nosotros somos mujeres indígenas trabajadoras” y se dedican al cultivo del Abacá (Musa textilis).
“Desde hace 4 años producimos en nuestra comunidad el Abacá, una especie que es familia del plátano y del cual se saca el tallo para hacer mecate, y bueno nos dimos cuenta que este cultivo no nos está generando un retorno de inversión, sino pérdidas, entonces mi idea es capacitar a las mujeres para ver si la producción de este cultivo es rentable en nuestra comunidad y además hacer un análisis de cómo darle un valor agregado a este producto” dijo Barrantes.
El IX Diplomado Intercultural para Fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas 2018 es organizado por el Foro para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Producto contiene nanopartículas que permite el blanqueamiento de los dientes sin ocasionar desgaste
44 jóvenes sorprendieron con 10 innovaciones. Entre ellas, un shampoo en polvo libre de plástico de un solo uso y un quitamanchas para ropa sin lavar la prenda
Este es el grupo desarrollador de la idea. Ellas recibieron apoyo de la Escuela de Química para sintetizar las nanopartículas de su innovación. – foto Karla Richmond.
La nanotecnología permite manipular estructuras moleculares en medidas extremadamente pequeñas. Para cinco estudiantes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR), este recurso se convirtió en el aliado perfecto para crear un prototipo de enjugue bucal, único en el mercado costarricense, con la capacidad de blanquear los dientes mientras al mismo tiempo regenera el esmalte dental.
La innovación se llama “Apati-Dent” y es solo una de las novedades realizadas por los estudiantes del curso “Gestión de la Innovación” que imparte la carrera de Farmacia. Ellas y ellos conformaron durante el primer semestre de 2018 distintos equipos de trabajo que dieron vida a un total de 10 productos exclusivos en el mercado.
En el caso de Apati-Dent, Karol Angulo, integrante del equipo desarrollador, explicó que el enjuague consiste en nanopartículas que poseen el principal componente mineral de los dientes.
Lo anterior genera una ventaja competitiva importante. Mientras algunos de los productos que se ofrecen en el mercado se caracterizan por ser abrasivos y ocasionar desgate con el propósito de lograr un blanqueamiento óptimo, Apati-Dent usa como principio activo el mismo compuesto con que el diente ya está formado. Esto permite no dañar la pieza dental y, en cambio, fortalecerla naturalmente.
“Algunos métodos actuales, aparte del desgaste, también ocasionan sensibilidad porque requieren varias sesiones. Entonces nuestro producto, en vez de desgastar el diente para quitar la mancha, lo regenera y rellena espacios donde pueden crecer bacterias que ocasionan las caries. El producto evita que esto pase y a su vez brinda todos los beneficios de un enjuague bucal normal, da buen aliento y frescura. Al usarlo a largo plazo y diariamente, se puede lograr el blaqueamiento sin ningún deterioro” indicó la estudiante.
La creatividad de estas jóvenes podría representar una opción alternativa que evite los efectos perjudiciales ocasionados por el abuso en blanqueamientos dentales. Según una reciente investigación de la UCR publicada en el 2017, y liderada por la Dra. Tatiana Vargas Koudriatseva de la Facultad de Odontología, excederse en dichos procedimientos puede provocar una disminución de las moléculas de fosfato y de carbonato, lo que aumentaría la porosidad de los prismas del esmalte y que las piezas sean más susceptibles al desgaste por la desmineralización causada.
“Con Apati-Dent una persona puede conseguir el blanqueamiento deseado y después seguir utilizándolo cotidianamente sin ningún efecto negativo. Su formulación posee un componente natural del diente que hace esto posible,” señaló Susana Vázquez otra de las integrantes. En la invención también participaron Abigail Prado, María Luisa Brenes y Andrea Gómez.
El principio activo del enjuague es nanosintetizado. Las nanopartículas se pueden adherir al diente y rellenar los espacios que podrían alojar bacterias y generar caries. – foto Karla Richmond.
Tecnología avanzada
Dentro de las innovaciones también se encuentran Ecobubbles, Sikeval, Fleck-Off, Suave-O-Tech, Naem, NoBugs Pierce, Signum, VitaTurba y Vortte, todas ellas con tecnología de punta.
Katherine Chinchilla, Graciela Campos, Alejandra Jiménez y Gabriela Padilla crearon Ecobubbles, un shampoo en polvo que puede ser comercializado en un empaque de papel. Su desarrollo da la posibilidad de eliminar el plástico de un solo uso que actualmente se posiciona como uno de los mayores contaminantes. Además, da la opción de que cada cliente personalice los componentes del shampoo según sus necesidades.
“Nuestro shampoo tiene la técnica de microencapsulación y esto da tres beneficios: transformar componentes líquidos a sólidos, tener una liberación muy rápida de los ingredientes y una preservación prolongada. De igual forma, nos permite utilizar elementos que no son compatibles entre sí. De esta forma, las personas pueden elegir entre varias opciones y seleccionar, según lo que deseen, lo que llevará el shampoo. Este, al entrar en contacto con el agua, generará una consistencia de un shampoo líquido normal”, afirmó Padilla.
Esa misma técnica de microencapsulación la empleó Sikeval, pero en su caso en un producto cosmético despigmentante. Geget Pomares explicó que la formulación consiste en microesferas que combinan principios activos poco solubles entre sí que actúan inhibiendo la melanina -pigmento encargado de la coloración de la piel-.
“Lo que tenemos son aclarantes microencapsulados en un polvo que se puede disolver en agua o en una crema. Además, tiene mucha versatilidad en el sentido en que, según el tipo de mancha que tenga la persona en la piel, ya sea en la cara o en el resto del cuerpo, se puede tratar de manera personalizada” indicó Pomares, en compañía de su equipo María Fernanda Salguero, Daniela González, Rodolfo Vargas y Carolina Chacón.
Soluciones instantáneas
Quitar manchas sin lavar la ropa es un logro que pudo ser consolidado a través de Fleck-OFF. Francisco Salas indicó que la innovación usa extractos de productos naturales que elimina las suciedades pequeñas de forma inmediata. Mediante una agitación ultrasónica se pudo obtener el material clave.
“La ventaja que ofrece es que la persona no se quite la prenda para quitar la pequeña suciedad. Nuestro producto se diferencia del resto porque no tiene peróxidos -químico que debilita las fibras de las telas y que puede ser irritante para la piel-. Otra de las características es que se puede usar en ropa de color y blanca, así como en varios tipos de mancha de vino, sangre y de pasta”, dijo Salas.
En un ámbito distinto de especialización se encuentra Suave-O-Tech. Ariel Hernández, de la mano con Salomé Bustos Araya y José Pablo Zúñiga, pudo trabajar con el procesamiento extracción de mucílagos -sustancia viscosa que se puede extraer de semillas-. Ellos y ellas decidieron ofrecer una tecnología de punta, a fin de conseguir esta materia prima para utilizarla en la generación de otros productos a nivel farmacéutico y en la industria alimentaria.
En cuanto a Naem, esta es una loción a base de productos naturales para ser utilizado después del afeitado. Su desarrollo innova el mercado nacional por ofrecer cuatro beneficios en un solo producto, entre ellos, prevenir infecciones a causa del rasurado e hidratar la piel con microemulsiones -sustancias con mejor absorción- .
Por su parte, NoBugs Pierce destaca por su idea de elaborar recubrimientos en los aretes usados en las perforaciones estéticas. Su objetivo es disminuir las complicaciones que generan estos procedimientos como, por ejemplo, infecciones. También puede aumentar la velocidad de cicatrización y evitar reacciones alérgicas.
Por protección a la propiedad intelectual, no se difundirán los extractos específicos que conforman sus productos innovadores hasta encontrar un inversionista que les permita impulsar las iniciativas. – foto Karla Richmond.
Innovación en desarrollo
Iria Yang Lee, Ernesto Martínez, Valeria Chávez y Laura Campos usaron su ingenio y produjeron Signum, un polvo granulado que da la posibilidad de hidratar y energizar a los deportistas. La energía está con base en aminoácidos -nutrientes esenciales para el organismo- y la hidratación con electrolitos -minerales que llevan una carga eléctrica-, ambos en un mismo producto.
“En el mercado nacional los productos que se ofrecen estas propiedades se dan por separado. Nosotros los combinamos y el deportista solo lo tiene que agregar y agitar en su botella de preferencia” relató Yang.
Para la mejora estética está Vortte y Vitaturba. El primero consiste en eliminar verrugas con extractos naturales sin causar daño en la piel sana. Así mismo, puede atacar cabezas de vena y mezquinos. Por su parte, Vitaturba es una mascarilla facial a base de turba -material orgánico proveniente de la tierra- que hidrata, exfolia y rejuvenece la piel.
Estas iniciativas buscan apoyo financiero para crecer. La Facultad de Farmacia brindará la colaboración necesaria para que los jóvenes inicien su propio emprendimiento o se asocien con Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a miras de consolidar sus ideas.
Más de 60 solicitudes adicionales están en revisión
La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (Oaice-UCR), Leonora De Lemos. – foto Karla Richmond.
El desplazamiento de jóvenes universitarios debido a la ola de protestas políticas que vive Nicaragua, contra el presidente Daniel Ortega, ha provocado que al menos 70 solicitudes para ingresar a nuestra institución llegaran a laOficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR). De ellas, cuatro se respondieron de manera positiva, mientras que a las restantes 66 se les darían respuesta en el transcurso de los próximos días.
La OAICE maneja la posibilidad de dar admisión de movilidad estudiantil semestral a estudiantes, la cual les facultaría continuar sus estudios por un semestre, un año completo o, incluso, un año y medio. Cabe aclarar que esta figura ya existe en la normativa institucional y que aplica para cualquier extranjero interesado en cursar estudios temporales en la institución. Todo ello, a pesar de que el plazo para este tipo de solicitudes ya había vencido desde el 30 de marzo. La prórroga de la inscripción permitirá a los estudiantes enviar sus documentos a más tardar el viernes 6 de julio, para poder retomar sus estudios en el II semestre de este año. Quienes ingresen, deberán presentarse en la UCR a más tardar el martes 31 de julio.
La jefa de la OAICE, M.Sc. Leonora De Lemos, reconoció que la UCR ha sido el centro de muchas y diferentes solicitudes de estudiantes nicaragüenses que desean migrar para seguir con sus carreras en nuestra institución.
La M.Sc. De Lemos aclaró que los estudiantes admitidos temporalmente serían aceptados en la modalidad de intercambio y recalcó la responsabilidad que tiene la UCR para recibir las solicitudes de nicaragüenses.
Cabe destacar que estas solicitudes recibidas provienen de estudiantes nacidos en Nicaragua, o bien, de quienes tienen doble nacionalidad: costarricense y nicaragüense. La OAICE les solicita que presenten su estatus de universitarios de manera certificada al realizar sus trámites para ingresar a la UCR.
Por otra parte, De Lemos se reunió la semana pasada con la vicerrectora de Vida Estudiantil, M.Sc. Ruth De la Asunción, para evaluar la posibilidad de recibir una determinada cantidad de jóvenes nicaragüenses que deseen cursar sus estudios de manera completa en la UCR.
