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Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial

Escrito en 07/12/2025. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

En una emisión radial del programa Interferencia de Radio Universidad, realizada el 4 de diciembre del 2025 (véase video y audio), se informó de la presencia en Costa Rica de aproximadamente 40.000 indígenas miskitos en proveniencia de Nicaragua, en su gran mayoría mujeres y niños. La cifra es la que se mencionó en la precitada entrevista, a una integrante de una organización de la sociedad civil: es muy probable que el Estado costarricense no conozca con exactitud un número más exacto.

Se trata, según el estudio mencionado durante la entrevista, de personas oriundas de territorios comunitarios indígenas en Nicaragua que se han visto forzadas a salir en razón del clima de violencia en su contra perpetrada por terratenientes nicaragüenses así como debido a varios extensos megaproyectos de extracción minera concesionados a varias empresas chinas en Nicaragua (véase nota de noviembre del 2025 de SwisInfo). Salvo error de nuestra parte, no se tiene conocimiento de iniciativas desde China para que Nicaragua resguarde y respete los derechos de las poblaciones indígenas en las zonas concesionadas. Sobre China, es de recordar que la apertura oficial de relaciones diplomáticas oficiales entre China y Nicaragua data de diciembre del 2021 y que inició una era de intercambios comerciales y de cooperación bilateral muy sostenidos desde entonces, en muy diversos ámbitos: remitimos a nuestra nota del 2021 sobre este episodio.

Muchas de estas personas, antes de llegar a Costa Rica, vivían en sus territorios comunitarios, y en el caso de varios de ellas, no hablan español, o bien tienen un conocimiento muy aproximativo del mismo.

Foto extraída de artículo de prensa titulado «Los miskitos ya resienten el cierre de Cejudhcan: “fue una venganza”» del medio digital Divergentes, en su edición del 22 de marzo del 2022. Texto integral disponible aquí.

Un estudio de lectura muy recomendada

El estudio como tal titulado «Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica: lo que sienten, lo que piensan y lo que han vivido» está disponible en este enlace: se recomienda su lectura, al recoger testimonios muy valiosos de personas desplazadas con varios años buscando integrarse sin lograrlo del todo en Costa Rica.

En la página 21 de dicho estudio, se lee que:

«Viven en precarios que frecuentemente no cuentan con servicios básicos como acceso al agua potable; comparten viviendas con otras mujeres y frecuentemente, en condiciones de hacinamiento. Su llegada a sitios urbanos marca una diferencia sustantiva respecto a sus lugares de origen que, en la mayoría de los casos, se localizan en comunidades indígenas en zonas rurales de Nicaragua.

Eso representa cambios en sus hábitos, modos de vida y cultura; pero también en relación con sus formas de subsistencia porque muchos recursos alimenticios que antes estaban a su alcance en el bosque o mediante la siembra de cultivos en sus tierras comunitarias, ahora los tienen que comprar.

La mayoría de las mujeres están en rangos etarios entre los 18 y 54 años; es decir, en edades que las ubican plenamente como fuerza productiva y las califican para participar activamente en el mercado laboral. Por otra parte, son mujeres con un cierto nivel educativo pues han alcanzado algún grado de primaria e incluso de secundaria».

Como se puede observar es muy poco lo que se ha logrado hacer por parte del aparato estatal costarricense para responder a esta llegada masiva de personas oriundas de territorios indígenas en Nicaragua, y que deben, en muy poco tiempo, adaptarse a la vida cotidiana en los precarios de la Gran Area Metropolitana (GAM) en el seno de la capital costarricense, con limitantes de todo tipo.

Una problemática desatendida desde hace varios años

Las invasiones violentas de tierra por parte de no indígenas miskitos en Nicaragua han dado lugar a varios documentales, como este documental realizado por Expediente Público en el 2021 y este otro por el medio digital Confidencial en el 2022.

En el caso de la población miskita refugiada en Costa Rica, este reportaje del 2023 realizado por el medio Nicaragua Investiga hace ver que sus necesidades no han sido debidamente atendidas por parte de las autoridades costarricenses, tal y como se dejó ver de manera muy clara en la precitada entrevista del programa Interferencia de la radio universitaria (la cual recomendamos escuchar, al mencionar de manera detallada las carencias de todo tipo del aparato estatal costarricense ante la llegada masiva de estas familias miskitas en los últimos años).

En julio del 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron varias las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense las que denunciaron un verdadero «etnocidio» (véase nota) por parte del Estado nicaragüense.

Este otro reportaje del 2019 del medio Nicaragua Investiga sobre la población miskita refugiada en Honduras permite conocer el alcance de la grave crisis provocada por la llegada de colonos en territorios miskitos en Nicaragua, y el clima de violencia e impunidad que desata, sin que las legítimas reivindicaciones de las poblaciones miskitas sean debidamente atendidas en Nicaragua. En el caso específico de Honduras, este informe del 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) analiza la fuerte discriminación y la xenofobia que sufren los miskitos hondureños en la misma Honduras. En el 2021, Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase sentencia de agosto del 2021, caso Los buzos miskitos vs Honduras).

En el caso específico de Costa Rica, tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe realizado luego de su visita a Costa Rica por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyos hallazgos y recomendaciones en beneficio de las poblaciones indígenas costarricenses… siguen esperando ser objeto de acciones correctivas por parte del Estado costarricense: véase nuestra nota de septiembre del 2022 titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Por otra parte, persiste un clima de xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en algunos sectores de la sociedad costarricense: ya en el año 2018, tuvimos la ocasión de analizarlo en nuestra nota publicada en el portal de la UCR, y titulada «El derecho internacional ante la xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica«.

Sin lugar a dudas, la falta de atención ante las necesidades básicas de estas poblaciones miskitas oriundas de Nicaragua en Costa Rica y en Honduras, plantea serias interrogantes: más aún en el caso de Costa Rica, cuya legendaria tradición de asilo y de refugio constituye uno de los pilares de su imagen internacional.

Los órganos internacionales de derechos humanos y las comunidades miskitas de Nicaragua

De manera a poder conocer con más detalles el alcance del drama que viven las poblaciones miskitas del Caribe en Nicaragua, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado a conocer en el mes de agosto del 2025 (véase enlace) enlista las recomendaciones hechas a Nicaragua (páginas 128-131), pero también a los integrantes de la comunidad internacional como tal (páginas 131-132).

En una de sus conclusiones (páginas 124-128) se lee que:

«204. En particular, los hallazgos de la CIDH muestran que los patrones de la violencia en contra de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe se caracterizan por: i) la continuidad y frecuencia de ataques armados perpetrados por grupos de colonos y del crimen organizado que ocurren con la tolerancia y aquiescencia del Estado; ii) asesinatos y criminalización de autoridades tradicionales, líderes comunitarios y personas defensoras del territorio; iii) amenazas, hostigamientos y la extorsión de comunidades por grupos de colonos armados; iv) hechos de tortura y violencia sexual; y v) la impunidad estructural en un contexto de concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Conforme al derecho internacional, estos hechos configurarían graves violaciones a los derechos humanos«.

Esta resolución del año 1984 de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un acuerdo de solución amistosa entre las autoridades de Nicaragua y las comunidades miskitas, hace ver que sí hubo en algún momento en Nicaragua voluntad política para resolver la problemática de la tenencia de la tierra y permitir una forma de autogestión dentro de los territorios indígenas miskitos. En el 2001, Nicaragua fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase sentencia de agosto del 2001, caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, en particular el párrafo operativo 173).

Desde el mes de abril del 2018, la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha gravemente deteriorado, aunada, a partir del 2020, del auge del mercado de la carne en Nicaragua y de megaproyectos mineros que provocan una presión extrema sobre los territorios indígenas miskitos y sobre las reservas biológicas en Nicaragua. El documental «Patrullaje» del 2023 (véase enlace) ilustra de manera muy completa esta fuerte presión que se ejerce también sobre la reserva Indio Maíz y sus frágiles ecosistemas, con la complacencia de las actuales autoridades de Nicaragua. En esta resolución de octubre del 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señalan (a puntos 4-9) las diversas gestiones hechas desde este órgano del sistema interamericano desde mediados del 2018 ante el recrudecimiento de la represión contra personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos en Nicaragua.

En este reportaje de ElPais (España) de agosto del 2025 titulado «Etnocidio y exterminio simbólico: la prisión política se ensaña contra los indígenas en Nicaragua«, se puede consultar este informe sobre la criminalización de los líderes indígenas en Nicaragua y su encarcelamiento sistemático.

Ya en el año 2019, la ONG especializada en el litigio ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, CEJIL, había detallado la larga lista de las obligaciones internacionales que tiene Nicaragua en materia de derechos de las poblaciones miskitas: véase asl respecto su informe titulado «Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida«, en particular páginas 60-64.

Por su parte, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del mes de junio del 2023, evidencia el incumplimiento hecho a los requerimientos del juez interamericano de derechos humanos por parte de Nicaragua.

Desde el punto de vista de la historia del derecho internacional, no está de más recordar que el tratado entre Nicaragua e Inglaterra de 1860 estableciendo un protectorado británico sobre los denominados «Mosquito Indians» en el siglo XIX, dio lugar a unas de las primeras sentencias arbitrales entre dos Estados en el año 1881. Este laudo arbitral entre Inglaterra y Nicaragua fue dictaminado por el árbitro escogido por ambos Estados: el Emperador de Austria (véase texto). Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con la historia del derecho internacional, el primer arbitraje entre dos Estados se registró nueve años antes, en 1872, entre Estados Unidos e Inglaterra (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El arbitraje del Alabama de celebración (1872-2022)«.

Siempre desde el punto de vista estrictamente jurídico, es de precisar que Nicaragua sigue siendo Estado Parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como «Pacto de San José«. En cambio, al cumplirse el 18 de noviembre del 2022 un año desde la notificación enviada formalmente por Nicaragua, dejó de ser Estado Parte de la Organización de Estados Americanos (OEA): véase texto de la notificación enviada en noviembre del 2021.

A modo de conclusión

Tal y como se ha señalado desde ya varios años, la atención básica a estas poblaciones indígenas oriundas de Nicaragua debe ser garantizada por los Estados en las que buscan refugio, huyendo el clima de violencia que sufren.

En el caso de Costa Rica, estas personas deben enfrentar una situación de discriminación y xenofobia que persiste aún con respecto a migrantes oriundos de Nicaragua en varios sectores de la sociedad costarricense, aunada al la falta de voluntad política de las autoridades de Costa Rica por atender las legítimas reivindicaciones de sus propias comunidades indígenas, tal y como lo detalla el precitado informe de Naciones Unidas del 2022.

A ello se deben sumar los serios retrocesos en materia de atención a las personas migrantes en general observados en los últimos años en Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad). Es de notar que a diferencia de otros ámbitos en materia de derechos humanos, Costa Rica se resiste hasta la fecha a ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares que existe desde 1990 (véase estado de firmas y ratificaciones). Llama poderosamente la atención que, desde 1990, el Poder ejecutivo costarricense haya sido incapaz de tan siquiera firmarla…

Como usualmente suele suceder en materia de derechos humanos, la no atención a una problemática en materia de derechos humanos se traduce con el pasar del tiempo, en una agravación de la misma: es precisamente el caso de las mujeres miskitas oriundas de Nicaragua en Costa Rica.

Voces de fe contra la violencia de género

Escrito en 08/03/2025. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Denunciamos los femicidios, la violencia y la invisibilización de las mujeres en Costa Rica.

“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20).

Carta abierta a las Iglesias y comunidades de fe, en especial a las jerarquías de la Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Adventista, Federación de Alianza Evangélica, Iglesia Episcopal Costarricense, Comunidad Bahaí, Asociación Budista, Comunidad Musulmana, Comunidad Judía, Sociedad Bíblica de Costa Rica, Gedeones Internacionales, y a la comunidad costarricense en general.

Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes contra las mujeres. Los medios de comunicación han dado a conocer los recientes casos de femicidio, desaparición, maltrato y otras formas de violencia contra las mujeres. Aunque hay casos que permanecen ocultos, ya sea por las instituciones, las personas familiares o la vecindad, muchas veces por temor a represalias o de la exposición pública.

Esta realidad responde a una coyuntura que fortalece y promociona valores del sistema dominante, caracterizado por el autoritarismo, la verticalidad, la imposición, el machismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia, todos rasgos de “la militarización de la sociedad”, violencia patriarcal que se proyecta en las relaciones de pareja, familiares, laborales, deportivas, político/económicas y por supuesto en lo religioso.

Esta violencia alcanza todos los estratos sociales, lugares geográficos, Instituciones del Estado, organizaciones, partidos y liderazgos; que conllevan a “un” pensamiento único que desprecia, discrimina, persigue y reprime lo diferente y diverso.

Esta promoción sistémica y sistemática, se une a la campaña solapada pero abierta con discursos de odio, hacia personas extranjeras y de preferencia sexual diversa, lo que promueve y justifica la violencia, el femicidio y el etnocidio. Lo más lamentable es que muchas de estas destructivas acciones provienen de personas ubicadas en las estructuras de gobierno, cúpulas político/religiosas, que envían una señal equivocada, con lo que alientan a los responsables de la violencia, incluso usando la falsa y criminal premisa de la inexistente e imaginaria “Agenda de Género”. De esta forma, impiden avanzar y fortalecer derechos, apadrinan y son cómplices – por acción y por omisión – de la violencia y la impunidad femicida.

Las acciones en favor de la violencia y el silencio cómplice, nos esclaviza la consciencia como sociedad y nos vuelve esclavistas y opresores de nuestras hermanas y hermanos más débiles.

Un clamor de liberación debe brotar de nuestras voces, por esto, como personas de fe, condenamos enérgicamente los femicidios y su escalada, en el país. Y al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación ante los factores que se mantienen como catalizadores del silencio y la inacción sobre las siguientes acciones:

La persistencia de las estructuras de poder patriarcal presentes en las organizaciones religiosas, las iglesias, instituciones públicas y privadas, en las comunidades, las organizaciones y las familias.
La responsabilidad personal de cada creyente en no practicar los valores evangélicos que nos liberan de toda opresión y nos envía a liberar.
La responsabilidad institucional, social, familiar, es también de las cúpulas religiosas (mayoría masculinas) que, desde su silencio, se hacen cómplices.
La indiferencia como personas creyentes, cristianas o de fe, a prestar atención a la pregunta “¿Dónde está tu hermana, donde está tu hermano?” (Gn 4,9).

Convocamos e instamos a las iglesias y comunidades de fe, en particular, y a la sociedad en general, a formalizar acciones propositivas y concretas como parte de su agenda de evangelización, capaces de promover relaciones humanas y ecológicas respetuosas, horizontales, inclusivas, en especial en este momento crucial para las mujeres, quiénes además son mayoría en la sociedad costarricense.

Proponemos:

Referirse a esta realidad de violencia en los momentos de Asamblea, en los Cursos de Formación Pastoral, Escuelas Dominicales; Oraciones cotidianas y liturgias, entre otras.

Invitamos a aprovechar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, para visibilizar esta ola femicida, de violencia contra las mujeres y otras personas, teniendo en cuenta que somos personas creadas y amadas por Dios. Por eso, nos resuena en estos tiempos el llamado a «ser embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros» (2Cor 5,20), es decir, como si el mismo Dios nos rogara a las personas de fe, ser el clamor de las mujeres que sufren violencia. Dicho de otra manera, es preparar el corazón para abrirnos a la gracia de Dios Padre-Madre. Es poder “tocar siquiera el borde del manto de Jesús y conseguir sanación” (Mc 6,56). Porque una sociedad marcada por la violencia no está sana.

Nos unimos a las diversas voces y sentires de personas creyentes de Dios en una sociedad multicultural, en la cual solo la inclusión de estos valores puede garantizar una convivencia pacífica, justa y respetuosa hacia las mujeres.

Estamos convencidas y convencidos, de que con sus y nuestras actitudes, podemos optar y señalar un camino distinto a la violencia contra las mujeres, que promuevan espacios y acciones que contengan valores permanentes, inclusivos, amorosos, respetuosos y equitativos.

Nos alegra la existencia en muchas de nuestras Iglesias y Movimientos, de grupos de personas, que cada vez son más con la misma Esperanza, que coinciden con estos pensamientos y propuestas. Seguiremos acompañando estos procesos, nos colocamos al servicio de las comunidades de fe, a fin de apoyar las acciones concretas que nos liberen del pecado de la violencia contra las mujeres y contra toda injusticia y discriminación.

¡Ni una menos!

Suscriben

Equipo de trabajo:

Voces de Fe contra el femicidio en CR

Red Ecuménica de Lectura Popular de la Bíblica de Costa Rica

Foro de Educación Religiosa

Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica

Coordinación de Comunidades Cristianas de Costa Rica – COCRIC.

Coordinación Oscar Romero de Centroamérica – Capítulo Costa Rica.

Universidad Bíblica Latinoamericana. UBL

Departamento Ecuménico de Investigaciones. DEI

Movimiento Reflexión en Acción

Colectiva Coexistir. Cartago

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Ministro Zamora miente, oculta la verdad y ampara usurpación en Territorios Indígenas

Escrito en 26/02/2025. Publicado en Derechos.

Declaración de FRENAPI

Sobre la reciente Recuperación de Tierras/Territorio en el Territorio Cabécar de Ujarrás, el FRENAPI se dirige a la opinión pública nacional e internacional, DENUNCIA:

El ministro de Seguridad Mario Zamora, en su mensaje falta a la verdad; está mal informado y tuerce la realidad de los hechos, con intereses ocultos: en esa Finca de Ujarrás a la que se refiere, “no hay tal poseedor ‘indígena’ de tercera edad”, con ello miente y encubre a usurpadores no indígenas, antes los Pacheco y ahora Chavarría y sus hijos, matones que han arrebatado nuestras tierras, con la complacencia de la ADI.

Si investiga, se dará cuenta de que tampoco el presidente de la ADI, es una «autoridad» del Territorio de Ujarrás, él está «usurpando» el cargo, ya que NO es Cabécar, no tiene Clan ancestral y “aparentemente” es de Térraba, otra Cultura y otro Territorio. La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos y contra la legislación con la complicidad y respaldo de instituciones del Estado/Gobierno; ejemplo DINADECO.

El incendio de que habla el ministro Zamora, lo provocaron posiblemente entre la policía, “indígenas renegados” y usurpador@s ahí presentes; porque los indígenas no quemamos la piel de la Madre Tierra. Es extraño que los bomberos estuvieran ahí casi de inmediato, cuando nunca acuden a sofocar incendios en Territorios Indígenas.

Las recientes Recuperaciones de Tierras, en tres Territorios Indígenas, son la mejor prueba de que el “conflicto” está latente y que es falsa la propaganda del Estado /Gobierno actual, porque no ha cambiado nada, la usurpación y las agresiones, la injusticia y el abandono están más evidentes que siempre; por más discursos y actos públicos bonitos y folclóricos.

A la Contraloría General de la República y la Defensoría de L@s Habitantes, pedimos investigar los pagos realizados a No indígenas mal llamados “poseedores de Buena fe”, de los que ha informado el Gobierno, ya que en el pasado se hicieron pagos con “estudios sobrevalorados de Fincas, a poseedores que no calificaban” en contubernio con ADIs y CONAI. Son dineros de tod@s l@s costarricenses, que no pueden ser desviados en pagos ilegales.

Al cumplirse 5 años del Asesinato de Jerhy Rivera Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba y 6 años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 de marzo 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes, las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por NO indígenas agresor@s, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado/Gobierno.

Continúan las campañas de odio y racismo por parte de particulares, funcionari@s, autoridades y medios de comunicación, que promueven más la agresión contra nuestros Pueblos, pacíficos, desarmados y No Violentos.

La impunidad, no sólo de los últimos asesinatos citados, mantiene en libertad a los asesinos, incluido Juan Eduardo Varela, asesino confeso de Jerhy; sino también la impunidad de todas las agresiones, físicas y verbales, la usurpación de nuestras Tierras/ Territorios que se denuncian ante los Tribunales, no se investigan y se archivan los expedientes, ó es tan “retardada” la acción judicial que se prescriben los casos; no así las denuncias de l@s No indígenas, que si se tramitan en el Poder Judicial, la mayoría con sentencias en contra de nuestr@s herman@s.

Lo mismo ocurre con los desalojos administrativos ya aprobados, NO se ejecutan por el Ministerio de Seguridad, amparando a usurpador@s violentos que roban nuestros recursos.

Sumando el irrespeto y desprecio por nuestros sitios Sagrados, nuestras tradiciones culturales, nuestras Espiritualidades y Autoridades propias; por parte de no indígenas, empresas y funcionari@s del Estado. No quieren aplicar la Ley ni hacerla valer.

Es un conjunto de actuaciones y acciones, que poco a poco producen el exterminio de los Pueblos Indígenas, se convierten en una política pública del Estado Costarricense, por Acción u Omisión, y eso es etnocidio, calificado como Delito Internacional contra los Derechos Humanos; son violación a las Leyes Indígenas y a los Convenios Internacionales, en especial el 169 OIT.

FRENAPI continuará la lucha por la Recuperación total de las Tierras/Territorios de todos los Pueblos Indígenas de Costa Rica, así como por el respeto de nuestras Espiritualidades y Culturas Propias, que incluyen Autoridades, sitios Sagrados y Autonomía.

Presidente Chaves, Minitr@s, funcionari@s de ADI, CONAI y DINADECO y demás funcionarios del Estado, la peor forma de «violencia» es la amenaza, NO tenemos miedo, no vamos a retroceder, son más de 530 años de esta lucha, vamos a defender la herencia de nuestr@s ancestros y ancestras, tenemos derechos humanos, vamos a recuperar nuestras Tierras/Territorios; somos descendientes de l@s Habitantes originari@s de Costa Rica, raíz sagrada de este País, merecemos justicia, respeto y sobre todo, vivir en paz.

26 de febrero 2025.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS de Costa Rica
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
¡SERGIO Y JEHRY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!

Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

Escrito en 16/07/2024. Publicado en Derechos.

11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”.

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH.

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones.

Inversión extranjera oxigena al régimen

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024.

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López.

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el «caso de Canadá». Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulkan, y agregó que es importante «que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”.

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal.

Impunidad persistente

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL.

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero.

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras.

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó.

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:

El cumplimiento íntegro de las medidas de proteccióna favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades.

La audiencia completa se puede revisar en la página web de la CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/default.asp?S=190

Imagen: Imagen: https://www.servindi.org