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Etiqueta: etnocidio

Voces de fe contra la violencia de género

Denunciamos los femicidios, la violencia y la invisibilización de las mujeres en Costa Rica.

“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20).

Carta abierta a las Iglesias y comunidades de fe, en especial a las jerarquías de la Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Adventista, Federación de Alianza Evangélica, Iglesia Episcopal Costarricense, Comunidad Bahaí, Asociación Budista, Comunidad Musulmana, Comunidad Judía, Sociedad Bíblica de Costa Rica, Gedeones Internacionales, y a la comunidad costarricense en general.

Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes contra las mujeres. Los medios de comunicación han dado a conocer los recientes casos de femicidio, desaparición, maltrato y otras formas de violencia contra las mujeres. Aunque hay casos que permanecen ocultos, ya sea por las instituciones, las personas familiares o la vecindad, muchas veces por temor a represalias o de la exposición pública.

Esta realidad responde a una coyuntura que fortalece y promociona valores del sistema dominante, caracterizado por el autoritarismo, la verticalidad, la imposición, el machismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia, todos rasgos de “la militarización de la sociedad”, violencia patriarcal que se proyecta en las relaciones de pareja, familiares, laborales, deportivas, político/económicas y por supuesto en lo religioso.

Esta violencia alcanza todos los estratos sociales, lugares geográficos, Instituciones del Estado, organizaciones, partidos y liderazgos; que conllevan a “un” pensamiento único que desprecia, discrimina, persigue y reprime lo diferente y diverso.

Esta promoción sistémica y sistemática, se une a la campaña solapada pero abierta con discursos de odio, hacia personas extranjeras y de preferencia sexual diversa, lo que promueve y justifica la violencia, el femicidio y el etnocidio. Lo más lamentable es que muchas de estas destructivas acciones provienen de personas ubicadas en las estructuras de gobierno, cúpulas político/religiosas, que envían una señal equivocada, con lo que alientan a los responsables de la violencia, incluso usando la falsa y criminal premisa de la inexistente e imaginaria “Agenda de Género”. De esta forma, impiden avanzar y fortalecer derechos, apadrinan y son cómplices – por acción y por omisión – de la violencia y la impunidad femicida.

Las acciones en favor de la violencia y el silencio cómplice, nos esclaviza la consciencia como sociedad y nos vuelve esclavistas y opresores de nuestras hermanas y hermanos más débiles.

Un clamor de liberación debe brotar de nuestras voces, por esto, como personas de fe, condenamos enérgicamente los femicidios y su escalada, en el país. Y al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación ante los factores que se mantienen como catalizadores del silencio y la inacción sobre las siguientes acciones:

  • La persistencia de las estructuras de poder patriarcal presentes en las organizaciones religiosas, las iglesias, instituciones públicas y privadas, en las comunidades, las organizaciones y las familias.
  • La responsabilidad personal de cada creyente en no practicar los valores evangélicos que nos liberan de toda opresión y nos envía a liberar.
  • La responsabilidad institucional, social, familiar, es también de las cúpulas religiosas (mayoría masculinas) que, desde su silencio, se hacen cómplices.
  • La indiferencia como personas creyentes, cristianas o de fe, a prestar atención a la pregunta “¿Dónde está tu hermana, donde está tu hermano?” (Gn 4,9).

Convocamos e instamos a las iglesias y comunidades de fe, en particular, y a la sociedad en general, a formalizar acciones propositivas y concretas como parte de su agenda de evangelización, capaces de promover relaciones humanas y ecológicas respetuosas, horizontales, inclusivas, en especial en este momento crucial para las mujeres, quiénes además son mayoría en la sociedad costarricense.

Proponemos:

Referirse a esta realidad de violencia en los momentos de Asamblea, en los Cursos de Formación Pastoral, Escuelas Dominicales; Oraciones cotidianas y liturgias, entre otras.

Invitamos a aprovechar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, para visibilizar esta ola femicida, de violencia contra las mujeres y otras personas, teniendo en cuenta que somos personas creadas y amadas por Dios. Por eso, nos resuena en estos tiempos el llamado a «ser embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros» (2Cor 5,20), es decir, como si el mismo Dios nos rogara a las personas de fe, ser el clamor de las mujeres que sufren violencia. Dicho de otra manera, es preparar el corazón para abrirnos a la gracia de Dios Padre-Madre. Es poder “tocar siquiera el borde del manto de Jesús y conseguir sanación” (Mc 6,56). Porque una sociedad marcada por la violencia no está sana.

Nos unimos a las diversas voces y sentires de personas creyentes de Dios en una sociedad multicultural, en la cual solo la inclusión de estos valores puede garantizar una convivencia pacífica, justa y respetuosa hacia las mujeres.

Estamos convencidas y convencidos, de que con sus y nuestras actitudes, podemos optar y señalar un camino distinto a la violencia contra las mujeres, que promuevan espacios y acciones que contengan valores permanentes, inclusivos, amorosos, respetuosos y equitativos.

Nos alegra la existencia en muchas de nuestras Iglesias y Movimientos, de grupos de personas, que cada vez son más con la misma Esperanza, que coinciden con estos pensamientos y propuestas. Seguiremos acompañando estos procesos, nos colocamos al servicio de las comunidades de fe, a fin de apoyar las acciones concretas que nos liberen del pecado de la violencia contra las mujeres y contra toda injusticia y discriminación.

¡Ni una menos!

Suscriben

Equipo de trabajo:

Voces de Fe contra el femicidio en CR

Red Ecuménica de Lectura Popular de la Bíblica de Costa Rica

Foro de Educación Religiosa

Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica

Coordinación de Comunidades Cristianas de Costa Rica – COCRIC.

Coordinación Oscar Romero de Centroamérica – Capítulo Costa Rica.

Universidad Bíblica Latinoamericana. UBL

Departamento Ecuménico de Investigaciones. DEI

Movimiento Reflexión en Acción

Colectiva Coexistir. Cartago

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Ministro Zamora miente, oculta la verdad y ampara usurpación en Territorios Indígenas

Declaración de FRENAPI

Sobre la reciente Recuperación de Tierras/Territorio en el Territorio Cabécar de Ujarrás, el FRENAPI se dirige a la opinión pública nacional e internacional, DENUNCIA:

El ministro de Seguridad Mario Zamora, en su mensaje falta a la verdad; está mal informado y tuerce la realidad de los hechos, con intereses ocultos: en esa Finca de Ujarrás a la que se refiere, “no hay tal poseedor ‘indígena’ de tercera edad”, con ello miente y encubre a usurpadores no indígenas, antes los Pacheco y ahora Chavarría y sus hijos, matones que han arrebatado nuestras tierras, con la complacencia de la ADI.

Si investiga, se dará cuenta de que tampoco el presidente de la ADI, es una «autoridad» del Territorio de Ujarrás, él está «usurpando» el cargo, ya que NO es Cabécar, no tiene Clan ancestral y “aparentemente” es de Térraba, otra Cultura y otro Territorio. La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos y contra la legislación con la complicidad y respaldo de instituciones del Estado/Gobierno; ejemplo DINADECO.

El incendio de que habla el ministro Zamora, lo provocaron posiblemente entre la policía, “indígenas renegados” y usurpador@s ahí presentes; porque los indígenas no quemamos la piel de la Madre Tierra. Es extraño que los bomberos estuvieran ahí casi de inmediato, cuando nunca acuden a sofocar incendios en Territorios Indígenas.

Las recientes Recuperaciones de Tierras, en tres Territorios Indígenas, son la mejor prueba de que el “conflicto” está latente y que es falsa la propaganda del Estado /Gobierno actual, porque no ha cambiado nada, la usurpación y las agresiones, la injusticia y el abandono están más evidentes que siempre; por más discursos y actos públicos bonitos y folclóricos.

A la Contraloría General de la República y la Defensoría de L@s Habitantes, pedimos investigar los pagos realizados a No indígenas mal llamados “poseedores de Buena fe”, de los que ha informado el Gobierno, ya que en el pasado se hicieron pagos con “estudios sobrevalorados de Fincas, a poseedores que no calificaban” en contubernio con ADIs y CONAI. Son dineros de tod@s l@s costarricenses, que no pueden ser desviados en pagos ilegales.

Al cumplirse 5 años del Asesinato de Jerhy Rivera Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba y 6 años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 de marzo 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes, las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por NO indígenas agresor@s, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado/Gobierno.

Continúan las campañas de odio y racismo por parte de particulares, funcionari@s, autoridades y medios de comunicación, que promueven más la agresión contra nuestros Pueblos, pacíficos, desarmados y No Violentos.

La impunidad, no sólo de los últimos asesinatos citados, mantiene en libertad a los asesinos, incluido Juan Eduardo Varela, asesino confeso de Jerhy; sino también la impunidad de todas las agresiones, físicas y verbales, la usurpación de nuestras Tierras/ Territorios que se denuncian ante los Tribunales, no se investigan y se archivan los expedientes, ó es tan “retardada” la acción judicial que se prescriben los casos; no así las denuncias de l@s No indígenas, que si se tramitan en el Poder Judicial, la mayoría con sentencias en contra de nuestr@s herman@s.

Lo mismo ocurre con los desalojos administrativos ya aprobados, NO se ejecutan por el Ministerio de Seguridad, amparando a usurpador@s violentos que roban nuestros recursos.

Sumando el irrespeto y desprecio por nuestros sitios Sagrados, nuestras tradiciones culturales, nuestras Espiritualidades y Autoridades propias; por parte de no indígenas, empresas y funcionari@s del Estado. No quieren aplicar la Ley ni hacerla valer.

Es un conjunto de actuaciones y acciones, que poco a poco producen el exterminio de los Pueblos Indígenas, se convierten en una política pública del Estado Costarricense, por Acción u Omisión, y eso es etnocidio, calificado como Delito Internacional contra los Derechos Humanos; son violación a las Leyes Indígenas y a los Convenios Internacionales, en especial el 169 OIT.

FRENAPI continuará la lucha por la Recuperación total de las Tierras/Territorios de todos los Pueblos Indígenas de Costa Rica, así como por el respeto de nuestras Espiritualidades y Culturas Propias, que incluyen Autoridades, sitios Sagrados y Autonomía.

Presidente Chaves, Minitr@s, funcionari@s de ADI, CONAI y DINADECO y demás funcionarios del Estado, la peor forma de «violencia» es la amenaza, NO tenemos miedo, no vamos a retroceder, son más de 530 años de esta lucha, vamos a defender la herencia de nuestr@s ancestros y ancestras, tenemos derechos humanos, vamos a recuperar nuestras Tierras/Territorios; somos descendientes de l@s Habitantes originari@s de Costa Rica, raíz sagrada de este País, merecemos justicia, respeto y sobre todo, vivir en paz.

26 de febrero 2025.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS de Costa Rica
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
¡SERGIO Y JEHRY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!

Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”. 

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH.

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones. 

Inversión extranjera oxigena al régimen 

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024. 

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López. 

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el «caso de Canadá». Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.   

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulkan, y agregó que es importante «que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal. 

Impunidad persistente 

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL. 

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero. 

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras. 

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó.

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense: 

  • El cumplimiento íntegro de las medidas de proteccióna favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
  • Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades. 

La audiencia completa se puede revisar en la página web de la CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/default.asp?S=190 

 

Imagen: Imagen: https://www.servindi.org