Dra. María Luisa Castro Espeleta
Médica, cirujana
Especialista en Administración y Gerencia Hospitalaria
Escritora
marialuisacastroespeleta@gmail.com
T 8832 4900

Desde una perspectiva de salud y salud pública, quisiera sumar una reflexión a este debate sobre el suicidio.

Hablar de suicidio no puede limitarse a contar cuántas personas murieron este año. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo antes de que una persona llegue a este punto, qué hacemos durante la crisis y qué hacemos después de una muerte por suicidio.

El sufrimiento que conduce a una conducta suicida rara vez tiene una sola causa. Puede involucrar salud mental, enfermedad física, problemas familiares, violencia, soledad, dificultades económicas, situaciones laborales, pérdidas afectivas o una combinación de múltiples factores.

Dado esto, considero que debemos avanzar hacia un modelo de atención verdaderamente integral, accesible, continuo y territorial.

¿Cómo podemos hacerlo? Llegando antes de la crisis, mediante centros y redes de atención integral

Imagino espacios de atención en los que una persona pueda acudir cuando sienta que ya no puede continuar, sin tener que esperar necesariamente a que la situación se convierta en una emergencia.

Si aceptamos que detrás de cada muerte por suicidio existe una historia humana compleja, entonces la respuesta tampoco puede ser sencilla ni depender exclusivamente de una consulta psicológica o psiquiátrica.

Costa Rica debería avanzar hacia un modelo de atención integral para las personas que atraviesan situaciones de crisis, donde puedan acceder de manera oportuna y coordinada a diferentes formas de ayuda: atención psicológica y psiquiátrica, valoración médica, trabajo social, orientación familiar, acompañamiento comunitario y, cuando corresponda, asesoría económica, laboral o legal. Esta atención debe ser rápida, prioritaria y proporcional a la naturaleza y gravedad de la crisis que enfrenta cada persona.

¿Qué tenemos hoy y qué nos hace falta?

Costa Rica no parte de cero.

El país cuenta con diversos instrumentos normativos y de política pública relacionados con la salud mental y la prevención del comportamiento suicida. Entre ellos se encuentran la Política Nacional de Salud Mental 2024–2034, la Ley Nacional de Salud Mental, el Plan de Acción 2025–2029 y diferentes lineamientos técnicos para el abordaje del comportamiento suicida, emitidos por el Ministerio de Salud de Costa Rica.

Estos documentos constituyen el marco de referencia para orientar las acciones de promoción de la salud mental, prevención del suicidio, atención de las personas en riesgo y seguimiento posterior. Sin embargo, uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que estas disposiciones se traduzcan en servicios accesibles, oportunos y articulados en todo el territorio nacional (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2024, 2025a, 2025b).

También existen servicios de salud mental dentro de la red institucional y comunitaria.

El problema, entonces, no es solamente la ausencia de iniciativas. Contamos con un marco institucional que busca avanzar hacia un modelo de promoción, prevención, atención, rehabilitación e inclusión social.

Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos no es cuántas leyes, programas o instituciones existen, sino qué tan accesibles son para las personas que necesitan ayuda y con qué rapidez pueden recibirla.

Una política nacional de prevención del suicidio debería permitir identificar con claridad qué servicios de salud mental existen en cada cantón, cuáles ofrecen atención psicológica, cuáles cuentan con psiquiatría, cuáles pueden atender una crisis y cuáles realizan seguimiento después de un intento.

La información debe ser transparente y territorializada. No debería ocurrir que una persona en crisis, además de enfrentar su sufrimiento, tenga que descubrir por sí misma dónde encontrar ayuda, cuánto debe esperar o hasta dónde debe desplazarse para recibirla.

Por ello, debemos avanzar hacia una Red Nacional de Atención Integral para la Crisis y la Prevención del Suicidio, articulada con la atención primaria, hospitales, servicios de salud mental, instituciones educativas, gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

No necesariamente significa construir una nueva estructura para cada comunidad. Significa articular lo que ya existe y crear puntos de acceso claros, rápidos y cercanos.

La tecnología también puede desempeñar un papel fundamental. La telemedicina y la teleatención podrían permitir que personas que viven lejos de los centros especializados tengan acceso oportuno a profesionales, mientras que la atención presencial se reserva y coordina según el nivel de riesgo.

La atención tampoco debería terminar cuando la persona sale de una emergencia o cuando termina una hospitalización.

Una persona que ha realizado un intento de suicidio o presenta pensamientos suicidas necesita seguimiento. También su familia.

Necesitamos establecer una ruta de continuidad de atención que permita saber quién acompaña a esa persona después de la crisis, cuándo se realiza el seguimiento, cómo se evalúa nuevamente el riesgo y cómo se incorporan la familia y el entorno social al proceso de recuperación.

La prevención verdadera no puede consistir únicamente en intervenir cuando la persona ya está al borde de la muerte. Tenemos que llegar antes y, después de un intento, no podemos desaparecer.

Después de un intento, no podemos desaparecer

Un intento de suicidio debe convertirse en una oportunidad para intervenir sobre las causas de fondo y construir una red de protección alrededor de esa persona.

Se necesita continuidad: seguimiento médico y psicológico, valoración psiquiátrica cuando corresponda, participación de la familia y coordinación con los servicios sociales necesarios.

Prevenir no es solamente rescatar a alguien del momento crítico. Es acompañarlo para que no vuelva a llegar allí.

Cuando una persona muere, quedan muchas más personas por cuidar

Hay otra realidad que merece nuestra atención.

Cuando ocurre un suicidio, no muere solamente una persona. Quedan padres, madres, hijos, parejas, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, estudiantes y comunidades enteras intentando comprender lo sucedido.

El duelo por suicidio puede estar acompañado de culpa, preguntas sin respuesta, sentimientos de responsabilidad, estigma, enojo y un profundo sufrimiento emocional. Y algunas personas enfrentan además una experiencia potencialmente traumática: haber encontrado o presenciado la muerte de su ser querido.

Por eso necesitamos fortalecer una verdadera estrategia nacional de postvención: acompañar a quienes quedan después de un suicidio, identificar tempranamente a quienes presentan mayor vulnerabilidad y ofrecerles atención profesional.

No podemos borrar una imagen, pero podemos ayudar a transformarla

Hay escenas que pueden quedar grabadas en la memoria con una intensidad extraordinaria. No podemos prometerle a una familia que una imagen traumática simplemente desaparecerá. Pero sí podemos ayudarla a procesarla.

El objetivo no es olvidar al ser querido. Es lograr que la última imagen de su vida no sea necesariamente la imagen de su muerte. Que, con el acompañamiento adecuado, esa familia pueda volver a recordar quién era esa persona, lo que significó, los momentos compartidos y la vida que tuvieron juntos, sin quedar atrapada para siempre en la escena de su fallecimiento.

Esto también debería ser considerado una responsabilidad de salud pública.

Un suicidio también debe activar una respuesta comunitaria

Existe además un fenómeno que no podemos ignorar: la exposición a un suicidio puede aumentar el riesgo de conducta suicida en algunas personas vulnerables y, en determinadas circunstancias, pueden producirse agrupamientos de casos (clusters) (Ivey-Stephenson et al., 2024; World Health Organization [WHO], 2018).

Por eso, cuando ocurre un suicidio, no deberíamos preguntarnos únicamente: “¿Qué pasó con esa persona?”. También deberíamos preguntar: “¿Quiénes más necesitan nuestra ayuda a partir de ahora?”.

Familiares, amigos, compañeros, estudiantes y miembros de la comunidad que hayan estado significativamente expuestos al acontecimiento pueden necesitar información, escucha, evaluación y, cuando corresponda, atención profesional.

Por eso propongo que Costa Rica fortalezca una respuesta nacional de postvención, capaz de activarse ante un suicidio y articular salud, educación, gobiernos locales, comunidad y otros actores según las características de cada caso. No para buscar culpables, sino para proteger vidas.

También debemos ser responsables con la manera en que hablamos del suicidio

La comunicación pública forma parte de la prevención.

La Organización Mundial de la Salud advierte que determinadas formas de informar sobre suicidios pueden favorecer la imitación, mientras que una comunicación responsable puede contribuir a prevenirla (WHO, 2023).

Por eso debemos evitar imágenes, detalles innecesarios del método, narrativas que romanticen la muerte o presentaciones que puedan convertir el suicidio en una respuesta aparentemente inevitable.

La pregunta pública no debería ser: “¿Cómo lo hizo?”. Sino: “¿Cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir?”.

La comunicación debería dirigir a las personas hacia la búsqueda de ayuda, el tratamiento y las posibilidades de recuperación.

Una reflexión ética independiente: el derecho a una muerte digna

Existe finalmente una conversación que considero necesario abrir, pero que debe mantenerse claramente independiente de la prevención del suicidio: la discusión ética, médica y jurídica sobre el derecho a una muerte digna.

Una crisis suicida no puede equipararse a una decisión autónoma, estable e informada sobre el final de la vida.

Una persona que atraviesa una crisis puede estar afectada por depresión, desesperanza, violencia, problemas familiares, dificultades económicas u otras circunstancias que pueden modificar temporalmente su capacidad para valorar alternativas. Por eso, prevenir el suicidio y debatir sobre muerte digna son dos asuntos diferentes, aunque ambos nos enfrenten a preguntas profundas sobre sufrimiento, autonomía y dignidad humana.

Pero reconocer esta diferencia también implica atrevernos a abordar la otra parte de la conversación.

Existen personas que, a pesar de recibir tratamientos médicos, cuidados paliativos y todas las intervenciones razonablemente disponibles, pueden encontrarse frente a enfermedades graves, irreversibles y situaciones de sufrimiento que consideran intolerables. En esos escenarios, la discusión sobre la autonomía, la dignidad y el derecho de una persona a participar en las decisiones sobre el final de su propia vida merece ser abordada con seriedad y sin prejuicios.

La eventual regulación de la eutanasia no debería plantearse como una respuesta al sufrimiento de una persona en crisis, sino como una discusión independiente sobre situaciones clínicas excepcionales, bajo criterios médicos, éticos y jurídicos rigurosos, con evaluación de la capacidad de decisión, consentimiento informado, ausencia de coerción y las garantías necesarias para proteger a las personas vulnerables.

También debemos pensar en las familias.

Una muerte digna, cuando una persona ha tomado de manera libre, informada y sostenida una decisión dentro de un marco legal que eventualmente la permita, puede ser un proceso acompañado y preparado. No debería significar para sus seres queridos una noticia inesperada, una escena traumática o la sensación de haber sido excluidos de un proceso trascendental.

El acompañamiento puede permitir que la persona y su familia hablen previamente sobre sus deseos, reciban apoyo psicológico y espiritual cuando lo soliciten, comprendan el proceso médico y puedan despedirse de una manera consciente y respetuosa.

Preparar la muerte no significa dejar de valorar la vida.

Significa reconocer que, cuando el final es inevitable y el sufrimiento persiste pese a las alternativas terapéuticas, algunas personas pueden considerar que preservar su autonomía y su dignidad también forma parte de una atención humana e integral.

Cuando la muerte es inevitable, todavía podemos dar vida

Hay una reflexión que también debemos incorporar a esta conversación: cuando la muerte es inevitable, ¿por qué no procurar que, dentro de lo médicamente posible y respetando siempre la voluntad de la persona, de esa despedida puedan nacer nuevas oportunidades de vida?

La donación de órganos puede transformar una pérdida en una posibilidad para otras personas que esperan un trasplante. Por eso, la educación sobre donación debe formar parte de nuestra cultura de salud mucho antes de que una familia se encuentre frente a una situación de muerte.

Hablar previamente sobre la voluntad de donar permite que la decisión sea conocida, comprendida y respetada. También evita que, en uno de los momentos más dolorosos de una familia, la posibilidad de donar aparezca como una decisión inesperada o difícil de comprender.

Si una persona ha expresado libremente su voluntad de donar y, después de su fallecimiento, cumple con los criterios médicos y legales establecidos, esa decisión puede permitir que otros continúen viviendo.

En ese sentido, incluso cuando ya no podemos evitar una muerte, podemos seguir defendiendo la vida.

Podemos acompañar a una familia en su duelo, respetar la voluntad de quien fallece y, al mismo tiempo, permitir que una parte de ese legado continúe en otras personas.

Por eso debemos seguir educando sobre donación de órganos. No como una razón para morir, sino como una posibilidad de dar vida cuando la muerte ya es inevitable.

La donación nunca debe influir en la decisión sobre el final de la vida. Primero está la persona, su dignidad, su voluntad y la atención médica que necesita. La donación es un acto posterior de solidaridad, independiente de cualquier decisión sobre morir.

Y quizás allí encontremos una de las expresiones más profundas de solidaridad humana: cuando una vida termina, todavía puede ayudar a que otras vidas continúen.

Una sociedad que habla de prevención del suicidio debe ser capaz, al mismo tiempo, de hablar de cuidados paliativos, autonomía, decisiones al final de la vida, sufrimiento irreversible y muerte digna, sin confundir realidades distintas.

Conclusión

Prevenir el suicidio significa decirle a una persona en crisis: hay alternativas, hay tratamiento, hay ayuda y no estás sola.

Hablar de muerte digna significa preguntarnos, en circunstancias clínicas y jurídicas completamente diferentes, cómo acompañar con humanidad a una persona que enfrenta el final de su vida y desea participar de manera autónoma e informada en las decisiones que lo rodean.

Ambas conversaciones pueden coexistir. Y ambas deben tener como punto de partida el mismo principio: la dignidad de la persona, la protección de los más vulnerables y el respeto profundo por la vida y por la autonomía humana.