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Etiqueta: evasión fiscal

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: ante la situación de crisis fiscal y la liquidez señalada por el Gobierno

El anuncio hecho por el señor Presidente Luis Guillermo Solís el pasado 1 de agosto de 2017, pone de manifiesto una grave situación nacional que tiene años de estarse anunciando y más años aún de estarse gestando.

Por un lado, se ha permitido que una creciente elite de empresarios se enriquezca evadiendo y eludiendo impuestos, así como aprovechándose de exenciones en el pago de sus obligaciones con el pretexto del libre comercio. Otros, peor aún, se han beneficiado de la corrupción abierta aprovechándose de nuestra debilitada banca estatal, para usufructuar en beneficio personal y contra el interés nacional. Esa Elite incluso tiene la capacidad de especular tanto con las finanzas que obligan a que la política bancaria esté en función de su crecimiento económico, sin importar que ese aumento; beneficie o no, a toda la población.

A estas actitudes irresponsables, hay que sumar la negativa de los grandes poderes político-económicos representados en gobiernos y asambleas legislativas que no han procurado una verdadera reforma fiscal, progresiva, para que los impuestos se cobren con justicia, pagando los ricos como ricos y como pobres el pueblo trabajador.

Esta situación tiene un telón de fondo que no debemos olvidar: el modelo neoliberal que se ha venido implantando desde los años 80 hasta la fecha, con privatizaciones, programas de ajuste estructural y tratados de libre comercio, que aún no han permitido un verdadero crecimiento económico de nuestro país. Por el contrario, han debilitado nuestra estructura económica que mayoritariamente es de pequeñas y medianas empresas, se ha centrado en acumularle riquezas a las grandes empresas -que no pagan o evaden impuestos- y han generado un alto desempleo, subempleo, empleo informal y en generar empleos de mala calidad que no dinamizan la economía nacional.

En este sentido, en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum creemos que es importante atacar las causas de fondo de esta crisis, para que no nos lleve a situaciones que pongan en peligro los derechos fundamentales y la paz de nuestro país, pero también para que no se aproveche esta situación para profundizar en acciones neoliberales en provecho de unos pocos que quieren seguir explotando al Estado.

El querer eliminar los componentes salariales del sector público no resuelve el problema fiscal ni la liquidez señalada por el Gobierno. Eso es una farsa.

Esta situación tan apremiante no la resuelve el Gobierno tomando medidas tales como:

-Generar más impuestos regresivos que pongan a pagar más al pueblo, que no ha sido ni culpable ni beneficiado de la política fiscal permisiva con los grandes millonarios del país;

-Deteriorar el ingreso de las familias de las personas trabajadoras del sector público, eliminando derechos laborales o generando inestabilidad en sus trabajos, lo que repercutirá en quitar más dinamismo a la economía nacional;

-Privatizar empresas e instituciones públicas que garantizan el acceso de la población a la mayoría de los servicios públicos y que le generan ingresos importantes a la hacienda pública;

-Eliminar o reducir los rubros que nutren los programas sociales orientados a cubrir las necesidades esenciales de toda la población, o aquellos que están orientados a proteger a la población más empobrecida y vulnerable;

-Cualquier medida que ponga en peligro los fondos de pensiones públicos;

-Ninguna reducción presupuestaria que ponga en juego o deteriore la educación costarricense, en ninguno de sus niveles (desde la preescolar hasta la superior).

Rechazamos, por tanto, cualquier convocatoria de proyectos de ley de parte del poder Ejecutivo que, tomando como pretexto la actual situación, pretenda golpear a la clase trabajadora para pagar una crisis que otros provocaron, entre ellos Empleo Público, el cual es mentira que resuelva el problema fiscal.

Tampoco aceptamos que la UCCAEP y los partidos políticos que nos han gobernado en el pasado y que endeudaron a Costa Rica con su visión neoliberal de la economía, quieran chantajear al actual gobierno ofreciendo más de la receta neoliberal para curar los males que ellos mismos provocaron. ¡Suficiente con el desastre que heredaron!

Proponemos que ante esta situación, el Gobierno tome las siguientes medidas:

-Sentar las responsabilidades políticas y judiciales de quiénes nos han llevado a esta situación;

-Hacer un fuerte plan de reducción de gastos superfluos y de todo aquello que no ponga en riesgo los derechos humanos, derechos básicos y derechos laborales de la población;

-Plantear una verdadera Reforma Tributaria Integral y Progresiva, que ponga a pagar como ricos a los ricos, así mismo un ágil y enérgico plan de cobro de la morosidad y la evasión fiscal que actualmente supera el 8% del PIB;

-Implementar a la mayor brevedad posible un plan de desarrollo de la economía nacional, de nuestro mercado interno, y de generación de empleo de calidad, centrado en la mediana y pequeña empresa, que impacte lo más pronto posible en la aceleración de la economía.

Hacemos un llamado a todo el movimiento sindical, legítimos representantes de la clase trabajadora de este país, a comprometernos a defender el Estado Social de Derecho y apoyar todas las acciones orientadas a superar esta situación de falta de liquidez del gobierno, y resolver estructuralmente el problema fiscal siempre que sea orientado por la justicia social y el bien común.

La confrontación social es lo que algunos sectores políticos y empresariales esperan que se dé, para llevar aguas a sus molinos, no es lo ideal, pero no renunciaremos a ello con tal de defender nuestros derechos.

Consideramos importante abrir un diálogo nacional serio, transparente, sin intereses partidarios, con los diferentes sectores de la sociedad, para llegar a soluciones que beneficien al país.

 

AFILIADOS A LA CTRN

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)

Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Comunicaciones (SITET)

Sindicato de Trabajadores de la Junta Administrativa Portuaria (SINTRAJAP)

Unión de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (UNATROPYT)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Limón (SITRAMUPL)

Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE)

Sindicato de los trabajadores de la Palma de Golfito (SDTG)

Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines – (SINTRACOBAL)

Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Transporte Agrícola y Afines de Costa Rica (SINTRASTAFCOR)

Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company, (SITRACHIRI)

Sindicato de Trabajadores División Quepos (SITRADIQUE)

Sindicato de Trabajadores del Fondo de Ahorro de RECOPE (SITRAFAR)

Sindicato de Trabajadores de la Piña y Frutas Tropicales (SINTRAPIFRUT)

Sindicato del Comercio (SINCO)

Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas y Anexos de Puntarenas (SIPACAAP)

Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines (SINACOESA)

Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares (SITRACOME)

Sindicato de Trabajadores del MINAE (SITRAMINAE)

Unión Musical Costarricense (UMC)

Unión Nacional de Empleados Electorales (UNEC)

Sindicato Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG)

Sindicato de Profesionales de AyA (SIPAA)

Sindicato Nacional de Periodistas

Unión Nacional Técnicos y Profesionales en Tránsito (UNATEPROT)

Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS)

Asociación de Ingenieros Civiles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (AIC-MOPT)

Unión de Profesionales del Banco Popular (UNPROBANPO)

Sindicato Nacional de Empleados del Banco Central de Costa Rica (SINEBACCR)

Sindicato Costarricense de Auxiliares de Enfermería (SINAE)

Sindicato Nacional Empleados de Salud Pública y Afines (SINAESPA)

Federación Agraria Nacional (FAN)

UCASARAPIQUI / UNAMI Guatuso / ASCAG Guácimo / ASOOOM

UNACOBRUS / AAHH / UNASACHI / ASOMOVI AMUPROCHIL / APROCHIL / UPACOCH /

SITRAMUDEGRE / SIEMPRHE / SEMG / SEMC / SITRAMUCOB

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Turrialba (SEMUTU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Pococí (SUTRAM)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares (SINTRAMPA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de la Municipalidad de Pérez Zeledón (SITRAMUPZ)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nandayure (SITRAMUNA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de La Cruz (SITRAMULAC)

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook CTRN

Enviado por SEC CR.

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ANEP: razones del fracaso del Proyecto Contra el Empleo Público

  • Expediente legislativo 19.506

 

Se impone el debate de ideas, el real diálogo social

y la construcción de soluciones

para la integración social, no para la exclusión.

“El que se enoja pierde”:

El insulto, la rabieta y el enojo iracundo

no conducen a nada bueno.

La actitud de «chiquito malcriado»

no les luce para nada, doña Sandra y don Ottón.

Fue desarmado el chantaje neoliberal:

“¿Quieren impuestos?…

Entonces, ¡paguen peaje!: el proyecto 19.506”.

“Ni compadre hablado”…

“Ni miedo a los sindicatos”:

Al descalificar argumentos

se han descalificado a sí mismos.

 

Durante bastantes meses estuvimos denunciando que los sectores neoliberales más duros del país, a través de connotadas vocerías diputadiles, como la del ahora precandidato presidencial liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti, estuvieron formulando un chantaje político, en la penumbra primero y descaradamente después, al indicar que la única manera de aprobar incrementos en los impuestos (ventas y renta), dada la gran necesidad fiscal planteada por el actual gobierno, era que primero fuera aprobado el expediente legislativo 19.506, al que nosotros hemos denominado como “ley contra el empleo público”. Tal chantaje político, ahora desmontado, se resume en esta frase: “¿No hay empleo público?… Entonces, ¡tampoco hay impuestos!”.

Tales sectores neoliberales y sus vocerías parlamentarias, con el apoyo de connotados latifundios mediáticos, quisieron utilizar a los empleados públicos como “carne de cañón”, jugando con sus derechos, con sus salarios, con sus responsabilidades familiares y financieras, vía expediente legislativo 19.506; para (entre otras motivaciones ocultas), que siguiera la fiesta, la fiesta orgiástica del robo de impuestos, de la evasión fiscal, de la elusión tributaria; en fin, que continuara impune la corrupción tipo “papeles de Panamá” con el apoyo de honorables bufetes. Poderosa razón ésta… Pero hubo una más profunda…

¡No se enoje, doña Sandra Piszk! ¡No se enoje, don Ottón Solís! Ustedes perdieron el debate de las ideas. El expediente 19.506 fue contaminado con antisindicalismo, con disposiciones legales atentatorias de Derechos Humanos universalmente reconocidos; con normativa violatoria de los tratados internacionales firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con inconstitucionalidades latentes y manifiestas…

Este nefasto proyecto 19.506 dejó de ser una “inocente y sencilla iniciativa” para quitar unos “poquitos” pluses salariales, para mostrar su verdadera faz, al punto de conseguir el compromiso de 32 señores diputados y señoras diputadas de impedir que al mismo se le aplicase la vía rápida.

Como esto se trata de ideas, no de rabietas ni de enojos de «chiquito malcriado», planteamos únicamente cuatro preguntas claves dentro del conjunto de interrogantes que podemos formular al desenmascarar esta intentona antisindical hoy fallida:

1) ¿Por qué le metieron disposiciones para distorsionar el marco de relaciones laborales en el sector privado de la economía, especialmente ahora que entrará en vigencia la Reforma Procesal Laboral?

2) ¿Por qué eliminar la posibilidad de la negociación salarial a nivel municipal, si las municipalidades no tiene relación alguna con el déficit fiscal?

3) ¿Por qué atacaron a mansalva los principios constitucionales y legales que fundamentan la negociación colectiva entre patronos y trabajadores?

4) ¿Por qué hicieron importantes exclusiones gremiales de empleo público (afortunadas, por supuesto), si de lo que se trataba era de “disminuir” el crecimiento del gasto público y “reducir” el déficit fiscal?…

Muchas, pero muchas más argumentaciones, vía cuestionamientos, podemos exhibir para demostrar que el proyecto por ustedes tan ardorosamente defendido y hoy fracasado, fue una intentona político-ideológica de corte antidemocrático-sindical; porque si la hubiesen formulado de forma transparente y diáfana la perderían, mediando eso sí un debate coherente y respetuoso en el marco de los Derechos Humanos. No lo hubo en el trámite parlamentario del 19.506 y eso les llevó al fracaso de su iniciativa para “ordenar” el empleo público.

Porque la verdadera realidad es que estamos tratando de esto: ¿Cuánta es la real disposición de Costa Rica, de sus políticos, de sus gobernantes, para propiciar la convivencia civilizada con fundamento en los Derechos Humanos; esos de los que tanto nos ufanamos ante el mundo de proclamar y de respetar?

El Sindicalismo, la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva tienen rango de Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero los sectores político-hegemónicos tradicionales, los que disfrutan de la fiesta concentradora de la riqueza y por los cuales ustedes abogan, siguen siendo tan reacios como toda la vida para comprender que Libertad Sindical y Derechos Humanos van de la mano.

Actuar en contra de estos postulados y principios universales y nacionalmente incluidos en la legislación y en la jurisprudencia, es mostrar una proclividad antidemocrática.

La discusión fiscal-tributaria es de otra naturaleza. Si bien incluye el tema del empleo público, cuyo sistema salarial no guarda relación con el déficit fiscal; es una discusión más integral y más profunda pues no solamente pasa por la naturaleza del sistema tributario, sino que va más allá: el modelo de Estado para fomentar una sociedad realmente inclusiva y transparentemente justa.

El error estratégico que llevó a la sepultura el expediente legislativo 19.506 fue envenenarlo con antisindicalismo que es lo mismo que antidemocracia.

La rabieta de ustedes dos, esa actitud de «chiquito malcriado» que para nada les luce, doña Sandra y don Ottón, no deja espacio para concluir otra cosa a partir de la defensa a ultranza que han realizado del expediente legislativo 19.506; por demás y ya más que evidente, sin espacio político alguno.

Ustedes saben mejor que uno ese adagio fundamental de la política que indica algo así como “la política es el arte de lo posible, no de lo deseable”. Como dice el conocido costarriqueñismo, ¡“manda la parada” que ustedes, toda sus vidas en política, no lo comprendan!. Nada que ver en lo que a nosotros respecta con “miedo a los sindicatos”, con “compadre hablado”. Ofenden ustedes la inteligencia de la clase trabajadora y se descalificaron a sí mismos con estos comentarios de «chiquito malcriado».

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANEP

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por ANEP.

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ANEP: ¡14 billones es la deuda pública del Gobierno Central!

  • Empleo público e impuestos son una mezcla tóxica
  • Cada tico está “debiendo” 3.111.111 colones en estos momentos y solamente por la deuda del Gobierno Central…y la deuda sigue creciendo.
  • Reiteramos: el déficit fiscal no se debe a los salarios públicos

 

Una y otra vez, y otra vez más, incansablemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su tesis fundamental en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ¡Nada que ver! ¡Punto!

ANEP ajusta ya poco más de dos año analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando, analizando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!

Por el contrario, los necesarios cambios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que se le dé vuelta a la tortilla: poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.

En tal sentido, rechazamos tajantemente que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos indecentemente políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado -IVA-), y renta.

Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado.

Además, el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.

La ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00. Repetimos, solamente la del Gobierno Central sin contar la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado. Los datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

Cada costarricense, bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, está debiendo, en estos momentos, es decir per cápita, 3.111.111 colones. Y mañana será más, y pasado mañana será más…

Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país.

Nuevamente insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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En un país de alta evasión fiscal la solución de los diputados: Bajar las penas por evasión

Carlos José Cabezas Mora (*)

Carlos Cabezas

En medio de una campaña por “salvar” al Estado costarricense del “gasto que produce” el déficit fiscal, los sectores económicamente poderosos han pegado alaridos e impulsado a través de sus diputados proyectos de empleo público que afecten los salarios de los servidores públicos, añadiendo de que tenemos ingresos de privilegio, claro que en comparación con las miserias del sector privado podría considerarse, de estirarse mucho la fantasía, que esas diferencias son “abusivas”.

Conscientes de que gracias a los TLC el Estado costarricense pasó de recibir del 6% a un 3% de la riqueza que produce nuestro país (PIB), además de que el actual gobierno promueve modestos proyectos de ley (para mejorar la recaudación fiscal) ha emergido una corriente para más bien disminuir penas.

Los proyectos de fortalecimiento del fisco encontraron la resistencia esperada en las cámaras empresariales, haciendo eco en los diputados de oposición que intentaron rebajar las penas de prisión a dos años, tal descarada posición que consideramos antipatriótica, refleja muy bien la forma de comportarse de ese sector social acostumbrado a buscar mecanismos para estar exonerado o bien eludir o evadir el pago de los impuestos.

Recientemente conocidos de un planteamiento que hace referencia a la práctica de algún país donde se dejó de perseguir a los evasores fiscales estableciéndose un solo impuesto, el cual por voluntad empresarial más bien aumentaron las recaudaciones.

Un expositor mexicano narró que el seguro social de su país tiene serias limitaciones presupuestarias para brindar sus servicios, pero como empresarios aducían que era muy altas sus contribuciones, el Gobierno Federal decidió de un día para otro rebajarles sus pagos, el resultado fue un deterioro muchísimo mayor de la seguridad social, algo muy parecido al nuevo proyecto del Partido Libertario.

La realidad de la evasión fiscal en nuestro país supera por mucho el déficit fiscal, donde la práctica es no asegurar en la CCSS a los trabajadores pero sí rebajarles las contribuciones sociales, acostumbrados a que la absoluta mayoría de los impuestos son indirectos lo que significa que a las mayorías somos los que cargamos sobres las espaldas al fisco, dudamos seriamente de la voluntariedad o bondad en pagar, si no se les exige y menos si pueden quedar impunes. Ese efecto soñado por la derecha nacional e internacional le denominan los expertos economía vudú, por considerarla técnicamente absurda y destinada a arrojar resultados negativos para la sociedad y van claramente en contra de la misma racionalidad del sistema capitalista en el que nos correspondió vivir.

(*)Secretario General, Central General de Trabajadores, Costa Rica.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.justiciafiscal.org

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ANEP: lucha por la defensa del empleo público, contra la evasión y el fraude fiscal

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, oficialmente y por esta vía, con base en el Acuerdo Firme adoptado en su Sesión No 2050, de carácter ordinario, celebrada el pasado viernes 26 de agosto de 2016, convoca a toda su distinguida membresía a la Asamblea General Nacional Extraordinaria, en seguimiento de los acuerdos tomados en el Concejo Consultivo Nacional de la ANEP, celebrado el pasado viernes 29 de julio de 2016.

Punto único: Lucha por la Defensa del Empleo Público, contra la Evasión y el Fraude Fiscal: Aporte Extraordinario.

De conformidad con los artículos 15 y 16 de los estatutos vigentes de la ANEP, se señala como fecha de primera convocatoria de esta Asamblea General Nacional Extraordinaria, las 9 horas del día Sábado 17 de setiembre de 2016, en la sede de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), sita en la Calle 20 Norte, San José, a los 25 metros al sur de la sede Central de ANEP.

En caso de no reunir el quórum requerido, las personas asistentes fijarán una segunda convocatoria para dentro de los siguientes treinta minutos del mismo día, debiendo reunir un quórum de la mitad más una de las personas afiliadas.

De persistir la falta de quórum, las personas asistentes citarán a una tercera convocatoria, para dentro de los siguientes treinta minutos del mismo día y, en esta, hará quórum el número de personas afiliadas que concurran.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

 

Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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ANEP: ¡Celebramos aprobación proyecto contra el fraude fiscal!

Comunicado de Prensa

 

  • ¿Se negoció algo a cambio, en materia de empleo público? ¿Vía rápida?
  • Casi un millón 500 mil votos están expectantes al respecto
  • Ahora hay que fortalecerla administración tributaria
  • Cobro judicial de Hacienda está en estado calamitoso

 

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego con el apoyo directo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, ajusta ya bastante tiempo mediando fuertes esfuerzos, analizando documentos y estudios rigurosos, formulando serios planteamientos, valientes denuncias e impulsando movilizaciones, acerca de la gravedad del problema nacional de la evasión fiscal, del fraude tributario y del robo de impuestos, cuya proporción en Costa Rica ha alcanzado los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio latinoamericano cifrado por la CEPAL, de Naciones Unidas, en un 6.7 %.

Particularmente, hemos dado sustento sumamente consistente a nuestro planteamiento central en la materia, de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público; celebrando hoy que la tesis de la ANEP al respecto, fue acogida y asumida por todos los sindicatos del sector Público y de todas las corrientes sindicales que en su seno se mueven; con las que tenemos coincidencias como con las que mantenemos diferencias.

Se ha venido enfrentando así una durísima campaña político-mediática de varios meses de duración, con fuertes contenidos de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público; campaña virulenta enormemente injusta jamás vista en la historia del sector Público desde la promulgación de la actual Constitución Política, en 1949.

La aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal nos viene a dar la razón, en parte, en tal sentido, es decir, que el déficit fiscal no se debe a los salarios del empleo público. Celebramos esa aprobación y, particularmente, felicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados que desde las sensibilidades del progresismo político en materia de justicia social, desde un principio fueron consecuentes con este tipo de iniciativas de ley.

Lo que no se puede ocultar, pese a los esfuerzos intra y extraparlamentarios al respecto, es el papel jugado en este tema y en esta coyuntura, por las corrientes sindicales realmente responsables, seriamente propositivas y estudiosas de estas difíciles cuestiones tributario-fiscales. En la ANEP estamos orgullosos de haber dado nuestro aporte al respecto, el cual y de manera sobrada, está sumamente documentado.

Por supuesto que dada la magnitud del robo de impuestos en el país, hubiésemos deseado una ley contra el fraude tributario sumamente drástica e implacable, bajo la premisa de que evadir responsabilidades tributarias es un crimen contra toda la sociedad.

Por ejemplo, el registro de accionistas debió quedar ubicado en el Ministerio de Hacienda. Además, no debió establecerse exención alguna al respecto, pues los defraudadores “profesionales” y patológicamente propensos a ello, pueden dividir su capital en un sinnúmero de sociedades anónimas de 15 % o menos de patrimonio, para eludir reportarse ante tal registro.

A pesar de esto, hay un avance histórico que puede ser realmente concreto si, por ejemplo, se fortalece a toda la gestión tributaria en contratación de más personal especializado y asistencia técnica al mismo, en mayor innovación tecnológica de punta, en asignaciones presupuestarias verdaderamente sustanciosas. Bien dice el refrán de que “hecha la ley, hecha la trampa” y los ladrones de impuestos, más sus compinches asesores de todo tipo, se las han de ingeniar para burlarla.

Es resaltable que con el proyecto aprobado podría acabarse con la insana práctica de cierto profesionalismo tributario de inventarse toda clase de triquiñuelas y artilugios jurídicos, mediando incluso leguleyadas con membrete de bufete “prestigioso”, para legalizar el robo de impuestos. Que de ahora en adelante este tipo de profesionales mañosos pueden ser responsabilizados al respecto, representa un avance importante en materia de justicia tributaria.

Particularmente, a la ANEP la preocupa y según se nos ha informado al respecto, el actual estado calamitoso, sumamente precario, de la parte de la gestión tributaria que tiene que ver con el cobro judicial. Si con la nueva ley los controles a la morosidad fiscal se han de incrementar y habrá más posibilidades de detectarle y de combatirle, el departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda debe, estratégicamente conceptuado, fortalecerse al máximo. Hacemos un vehemente llamado al Gobierno en tal sentido.

Finalmente, considerando el alto nivel confrontativo que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad en esta tríada en conflicto de empleo público, fraude fiscal y justicia tributaria, tenemos que tener en consideración la circunstancia de que la aprobación del proyecto en mención pudiera haber sido objeto de algún tipo de negociación oculta,informal, en materia de empleo público.

Todo el mundo sabe que en la Asamblea Legislativa se mueven los asuntos de muy distintas formas y desde los más diversos ángulos y ámbitos; y, en ocasiones, lo que realmente sucederá no se definió en condiciones de total transparencia.

En ANEP nos preocupa, en grado sumo, que así como fue pactado darle vía rápida en el trámite parlamentario a la aprobación legislativa de esta necesaria ley contra el fraude fiscal; de igual forma se haya dado ya, o se esté “cocinando” en estos momentos, un pacto completamente impresentable, vía rápida parlamentaria también, para la institucionalización de la precarización del empleo público, con base en los más añorados deseos del capital neoliberal y su hegemonía financiero-bancaria.

Emplazamos, de manera vehemente, al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, para que nos hable al respecto, con la mayor sinceridad y con total transparencia.

Una vez más debemos insistir en la imperiosa necesidad de que todos los gremios, asociaciones laborales de todo tipo, sindicatos del sector Público y hasta los colegios profesionales, concertemos una acción mancomunada para enfrentar, de manera realmente sólida, la batalla final del empleo público.

Por otra parte, esas agrupaciones político-partidistas que ya están haciendo cálculos electorales de cara al 2018, tanto las que están ahora representadas en la actual Asamblea Legislativa, como las que están fuera de la misma, deben pensar que, a final de cuentas, hay cerca 1 millón 500 mil votos relacionados con el Sector Público (los trabajadores y sus familias, promedialmente hablando); grupos de familias costarricenses que están completamente pendientes de cómo se ha venido jugando, en todos estos meses, con su estabilidad laboral, con su sustento familiar, con sus responsabilidades en materia de endeudamientos, al hacérseles responsables por algo que nunca generaron: el déficit fiscal y, por tanto, bajo amenaza de rebajarles el salario y precarizarles su empleo.

En ANEP pensamos que estamos ya ante un escenario tan intenso que los 330 mil empleados públicos, sus familias y la diversidad de las agrupaciones que les representan, se plantarán con contundente firmeza en su propia autodefensa y en la institucionalidad republicana que representan los diferentes servicios públicos para los cuales laboran.

San José, viernes 9 de setiembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

 

*Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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Unidad Sindical en Acción acuerda gran concentración en la Asamblea Legislativa

Las 19 organizaciones unidas por la defensa de la estabilidad social y el estado de derecho decidieron no afectar al ciudadano de a pie, y más bien invitarlos a participar en la concentración programada para el 1 de setiembre en la Asamblea Legislativa.

Será una cita abierta a partir de las 10 de la mañana y hasta 3:00 de la tarde frente al primer Poder de la República donde contarán con actos culturales, y de análisis de dos temas específicos: Proyectos de Ley de Justicia Tributaria y de Ley de Empleo Público que implica restricciones al gasto público.

La idea es informar a la opinión pública y darles argumentos de peso sobre las preocupaciones reales que afectan al país.

Es un paso que demuestra la buena voluntad para exigir la eliminación de las leyes que afectan al trabajar e impulsar la lucha contra la evasión fiscal que tanto daña al país.

Sin renunciar a protestas mayores en caso de no escuchar las preocupaciones del Movimiento Sindical Costarricense.

Además, como acto principal, entregar un documento a los diputados reiterando las posiciones en torno a estos dos puntos en concreto.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.

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¿Le molestaría pagar lo que no pagó otra persona?

“Si no dudas en reaccionar ante una situación injusta como esta… ¿Por qué no te indigna pagar el escaqueo fiscal de las grandes multinacionales?”.“Yo pago el escaqueo fiscal de las grandes multinacionales”.

En estas dos frases se logra resumir el video titulado como ¿Pagarías 20 euros por una caña?, en el cual se logra ver el descontento de los clientes de cierto lugar al tener que pagar la cuenta que alguien más no canceló.

En esta producción audiovisual, se compara dicha situación con la que vivimos a diario las personas al tener que pagar la deuda de las grandes empresas multinacionales por su evasión fiscal.

Mediante esta producción se invita al espectador a ingresar en NOALESCQUEO.ORG para firmar la petición de una Ley Contra La Evasión Y Elusión Fiscal.

Puede ver el video ingresando en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=KWo1P4CXXp0

 

Información enviada a SURCOS Digital por Jorge Coronado Marroquín.

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Costa Rica y los alcances de Mossack Fonseca

En medio de una discusión en el legislativo para sacar una ley sobre fraude fiscal, el escándalo de los #panamapapers ha demostrado cuán grande puede llegar a ser la red de offshore en el país centroamericano.

Jorge Coronado*

 

El entramado de bufetes de abogados, empresarios y políticos involucrados:

Al igual que en el resto del planeta, los Panamapapers han evidenciado en Costa Rica la práctica utilizada por sectores políticos, económicos y empresariales para evadir y eludir el pago de impuestos en el país.

Para tal fin, han contado con el apoyo de 34 bufetes de abogados costarricenses, que se han encargado de gestionar la apertura de 800 compañías offshore, de las cuales 362 son de capital mayoritariamente costarricense, el resto son de capitales extranjeros que operan en el país o capital mixto.

El principal bufete que empezó la relación con Mossack desde 1998 es Gonzalo Fajardo y Asociados, el dueño del bufete ha sido Director de Tributación Directa, Ministro de Economía y Diputado Nacional. Ha abierto más de 100 sociedades en paraísos fiscales propiedad de costarricenses.

Es de destacar que los principales bufetes de abogados del país, integrados por políticos, exministros, exdiputados, etc, están involucrados en el escándalo de panamapapers, ni uno solo de los bufetes más grandes del país, está fuera del escándalo, y en promedio es una relación con el bufete panameño de más de quince años, en los que todos los bufetes han estado gestionando la apertura de empresas offshore.

Los principales sectores empresariales involucrados tienen que ver con sectores exportadores de banano, piña, caña de azúcar, empresas vinculadas a Zonas Francas (en donde no pagan impuestos), sector turístico, sector inmobiliario, y el sector de la construcción de infraestructura, entre otros.

Tienen en común que son grandes sectores empresariales nacionales, con socios extranjeros, con los cuáles desarrollan millonarios negocios. Es de anotar, que en general, son sectores que ya gozan de “privilegios” fiscales como estímulos al sector exportador, y aun así, deciden recurrir a la estructura elusiva de las sociedades offshore en paraísos fiscales, para disminuir su ya escasa contribución tributaria en el país.

Finalmente a nivel de dirigentes políticos, tenemos a representantes de los principales partidos políticos de la derecha neoliberal involucrados. El padre del Fonseca (principal socio del bufete panameño) es costarricense con familiares que han sido ministros y políticos, una familiar de él es quien abre una sucursal en Costa Rica del bufete Mossack/Fonseca y esa persona termina siendo ministra de transportes durante el 2006/2009.

En el listado aparecen banqueros, miembros de Junta Directivas de Bancos Estatales, diputados, ex ministros de Hacienda, de Economía, de Salud, de Transporte, la familia Jiménez dueña del principal periódico del país La Nación, una exprimera dama de la república, embajadores incluido el anterior embajador ante Naciones Unidas e incluso dos ex Directores de Tributación Directa (Administración Tributaria del país).

Panamapapers y la oposición al registro de beneficiarios finales:

Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre Fraude Fiscal, que contempla por primera vez legislación para el conocimiento por parte de la administración tributaria de los beneficiarios efectivos o finales. A la fecha sólo con orden judicial puede la AT conocer cuáles son los beneficiarios finales de una sociedad costarricense.

La oposición ha sido fuertísima por parte de la Unión Costarricense de la Empresa Privada (UCCAEP) y de políticos de los principales partidos neoliberales, muchos de esos políticos hoy aparecen en los panamapapers. El argumento es que tener de conocimiento de la administración tributaria el registro de beneficiarios atenta contra la libertad de empresa.

Esta propuesta del registro de beneficiarios finales no se impulsa tanto como una iniciativa por transparentar el régimen tributario costarricense, sino como una exigencia planteada por la OCDE en el proceso de solicitud de ingreso que lleva adelante Costa Rica.

Un efecto adicional en Costa Rica de los panamapapers, es que va a dejar a los opositores (políticos y empresarios) del registro de beneficiarios finales sin argumentos para seguir oponiéndose. Los panamapapers sacan a la luz pública el entramado opaco establecido entre bufetes de abogados, empresarios, dueños de capitales privados y políticos, con el fin de evadir y eludir impuestos en el país. Con el registro de beneficiarios finales, vamos a poder conocer en detalle cómo se articula ese mundo subterráneo creado utilizando los portillos legales que el sistema permite, a fin de estafar a nuestros estados nacionales.

*Jorge Coronado es analista costarricense de políticas económicas internacionales. Copresidente de Latindadd y miembro de la Alianza Social Continental.

 

Tomado de http://www.economiacritica.com/2016/04/11/costa-y-los-alcances-de-mossack-fonseca/

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El debate fiscal a la luz de los “Documentos de Panamá”

Diego Zárate Montero*

El debate fiscal en Costa Rica ha sido uno de los temas más recurrentes en el escenario político nacional en los últimos trece años, desde la propuesta de reforma durante la Administración 2002-2006 y la reforma impulsada en el periodo 2010-2014, hasta los alarmantes acontecimientos relacionados al creciente déficit fiscal que alcanzó un 5,9% del PIB en el 2015 y la deuda pública del Gobierno Central que supera el 40% del PIB.

Como lo han señalado muchos expertos, la OCDE incluida, para impulsar los cambios sociales y económicos que requiere Costa Rica y para revertir las dificultades que enfrentan las finanzas públicas es indispensable, entre otras medidas, combatir la evasión fiscal y eliminar muchas de las exenciones fiscales. Incluso la misión de consulta del Artículo IV del FMI en el 2016 señala que la propuesta del gobierno para el fortalecimiento de las finanzas públicas en 2.5% del PIB mediante medidas que incrementen la recaudación tributaria «es apropiada dado el bajo esfuerzo recaudatorio de Costa Rica».

Por su parte, las recientes publicaciones de Semanario Universidad y DataBaseAR sobre los “Documentos de Panamá” ponen de manifiesto que el problema de evasión fiscal que vivimos en nuestro país trasciende nuestras fronteras, lo que compromete aún más las posibilidades de llevar a cabo una transformación profunda del sistema tributario costarricense. No se trata aquí de juzgar las personas físicas y jurídicas involucradas en tales acontecimientos sino de hacer ver que una estrategia seria y comprometida por parte de las autoridades costarricenses para atacar la evasión fiscal implica esfuerzos mayores de los que algunos sectores en Costa Rica, y en el resto del mundo, parecen estar dispuestos a realizar.

Costa Rica es desigual y polarizada
La evasión y la elusión fiscal son causas principales del déficit fiscal y de la inequidad. (Imagen con fines ilustrativos).

Por eso es indispensable señalar la mezquindad que implica ese tipo de evasión fiscal para países empobrecidos como el nuestro, ya que transmite un pésimo mensaje en términos del compromiso social de ciertos agentes económicos con esa visión del desarrollo que, como en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, recoge las mejores aspiraciones en términos de reducción de la pobreza, el desempleo y la desigualdad al promover el mayor bienestar para todos los habitantes del país de la mano con el más adecuado reparto de la riqueza.

Y es que el tema de ingresos fiscales no trata solamente la creación de más impuestos, sino también de cobrar los que ya están establecidos por ley. De hecho, para el actual Ministro de Hacienda, Helio Fallas, la evasión de impuestos es el principal problema fiscal del país y no es para menos: según estudios realizados por el Ministerio de Hacienda, solo en el impuesto sobre la renta en el 2013 se dio una evasión por parte de las personas jurídicas equivalente al 4,23% del PIB.

Si se le suma la evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (1,63% del PIB) y la evasión en el impuesto general sobre las ventas (2.36% de PIB), la evasión fiscal de ese año resultó en un 8,2% del total de la producción nacional; es decir, la evasión fiscal en el 2013 fue mayor que el presupuesto que se debería destinar solo a educación pública, según nuestra Constitución Política.

Considerando los anteriores escenarios, es que desde el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, hacemos un llamado urgente para que las autoridades hacendarias y el pueblo costarricense presionemos a los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Legislativa para que asuman con seriedad el debate fiscal y así podamos avanzar con las iniciativas que fortalezcan la hacienda pública, entre ellas, la Ley contra el Fraude Fiscal, que incluye el registro de accionistas y la reforma al impuesto sobre la renta que contemple los temas de renta mundial y global.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social

Escuela de Economía UNA.

 

Enviado a SURCOS Digital por UNA Comunicación.

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