715.780 deudas están en cobro judicial al cierre del 2024
El Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (OMERCON), el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) y la Unidad en Acción Sindical emitieron un pronunciamiento sobre la creciente gravedad del sobreendeudamiento en el país, situación que califican como un fenómeno estructural que compromete la estabilidad financiera de cientos de miles de hogares.
Según los datos más recientes del Poder Judicial, al cierre del 2024 existían 715.780 procesos de cobro judicial activos. Dado que cada expediente puede involucrar a más de una persona, las organizaciones estiman que el 40% de la población trabajadora está actualmente excluida del sistema financiero formal, lo que implica que gran parte de ellas debe recurrir a créditos informales, más caros y riesgosos.
Un sistema que excluye y reproduce deudas impagables
Los especialistas participantes del conversatorio que se realiza este miércoles en el Colegio de Abogados señalaron que los créditos de consumo —no los productivos— son los que hoy impulsan el endeudamiento masivo, debido a:
- Tasas de interés desproporcionadas, que llegan al 36% o incluso 51%, lo cual, según el documento, implica que las entidades financieras asumen pérdidas esperadas de entre 20 y 30 puntos, aceptando de antemano que alrededor de 30 de cada 100 créditos caerán en mora.
- La existencia de incentivos legales y normativos que permiten sobreendeudar a personas vulnerables sin responsabilidad para las entidades que otorgan créditos.
- La informalidad crediticia:
- 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la CCSS.
- 28,8% no figura ante el Ministerio de Hacienda.
Esta falta de trazabilidad y control incrementa el riesgo de abuso y legitimación de capitales, además de dejar a miles de personas fuera de mecanismos de protección.
Testimonios y advertencias de especialistas
Adriana Rojas Rivero (APRODECO)
Denuncia “asimetrías groseras” entre consumidores y entidades financieras, donde los acreedores tienen plena ventaja técnica y legal para actuar contra personas vulnerables. Subraya la urgente necesidad de una ley robusta de protección al consumidor financiero, similar a estándares europeos.
Recordó que el crédito debería utilizarse únicamente cuando contribuye a aumentar patrimonio, recomendando no comprometer más del 30% de los ingresos netos en deudas.
David Carreras (SINAE Afines – UAS)
Advierte que el crédito de consumo es el que más crece en el país:
₡33 de cada ₡100 otorgados corresponden a este tipo de financiamiento.
Además, explica que buena parte de los supuestos “créditos de vivienda” son en realidad refinanciamientos de consumo con garantía hipotecaria, lo que distorsiona la estructura del crédito y desvía recursos que deberían impulsar actividades productivas.
Yeikol Zúñiga (OMERCON)
Plantea la necesidad de un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas, orientado a personas sobreendeudadas o “manchadas”, que permita:
- Limpiar el historial crediticio,
- Reintegrar a las personas al sistema financiero formal,
- Reducir la sobrecarga del Poder Judicial ante cientos de miles de procesos de cobro.
Asegura que la medida beneficiaría simultáneamente a consumidores, entidades financieras y al Estado.
Un llamado urgente al Estado costarricense
OMERCON, SINAE Afines y la Unidad en Acción Sindical reiteran que el país enfrenta una auténtica pandemia social: el sobreendeudamiento masivo, que deteriora las condiciones de vida, limita el acceso a derechos y excluye a miles de familias del sistema financiero.
Por ello piden a la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de una ley de defensa del consumidor financiero, así como políticas públicas efectivas que protejan a las personas de deudas abusivas e impagables.
