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Etiqueta: exclusión social

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Comunidad de Los Jardines continúa lucha por su calidad de vida y el agua

Demandas de la Comunidad educativa y del Comité del Asentamiento expuestas ante Subsistema de Niñez y Adolescencia, desde el 23 de junio 2020.

SURCOS comparte la siguiente información:

El equipo Interdisciplinario MEP, la Comunidad Educativa de las Escuelas de Atención Prioritaria, Los Jardines, Alberto Manuel Brenes y Comité de Lucha y Bienestar Asentamiento Los Jardines plantean a diferentes instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, AyA y PANI, una propuesta para salvaguardar el subsistema Local de Niñez y Adolescencia en las comunidades de San Ramón de Alajuela.

Está lo que plantea es lograr determinar el estado actual de la Niñez y Adolescencia en el Asentamiento Los Jardines, que se encuentra ubicado en Caserío Los Jardines, las personas que habitan este lugar se encuentran en condiciones de exclusión social y de riesgo debido a la pandemia del Covid-19.

En el margen de fundamentación de la propuesta se adhiere a los siguientes hechos:

  1. Se conoce la existencia de 41 personas menores de edad.
  2. Dentro de las personas que están en edad escolar, algunos de ellos se encuentran suscritos a instituciones educativas
  3. Se valoriza el riesgo sanitario que corre la población que habita este asentamiento y se ejecutarían medidas alternativas para subsanar el riesgo.

Ahora bien, en ese marco lo que se demanda es:

  1. Determinar la condición del estado del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad (PME).
  2. Que el Ministerio de Salud brinde información detallada sobre el estado de las condiciones sanitarias del asentamiento y de acceso a la salud integral.
  3. DINADECO informe sobre el apoyo y el acompañamiento que se le está brindando a esta población.
  4. La Municipalidad de San Ramón informe acerca de la posible gestión de estudios, pactados el 17 de marzo del 2020.
  5. Instituciones como el AyA, Fuerza Pública, CCSS, CEN CINAI, MEP, CONAPDIS, IMAS y todas las mencionadas en el documento formal, brinden información detallada sobre los mecanismos de acción y proyectos que se destinan para el asentamiento.

La respuesta por parte de las autoridades, específicamente la Defensoría de los Habitantes fue el oficio N00859-2021-DHR, del 28 de enero del 2021, aborda en términos generales los siguientes puntos:

  1. Presentar la documentación que haga constar que todas esas situaciones que exponemos anteriormente sean verdaderas.
  2. Responder a los siguientes interrogatorios ¿El asentamiento El asentamiento cuenta con fuente pública o servicio de camiones cisterna? ¿Conoce la entidad si existe disputa judicial sobre la legalidad del asentamiento? ¿Cuáles han sido las negociaciones y acuerdos de la instancia que Ud. representa para mitigar los posibles efectos del COVID-19, ante la población menor edad, discapacidad, personas adultas mayores y personas con riesgo de salud?

Adjunto encuentra los documentos oficiales a los que se hizo alusión en la nota:

Reforma integral a la Ley 7600: Propuesta insuficiente y acelerada

De: Luis Fernando Astorga Gatjens

luferag@gmail.com

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996 y ha sido el principal referente normativo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2019, la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela), impulsó un proyecto de reforma integral de esta importante ley, que ha avanzado en la corriente legislativa bajo el Expediente N° 21 443. Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adulto Mayor, y avanza –con una celeridad, a todos luces inconveniente—hacia una quizás cercana votación, en primer debate en el plenario legislativo.

Reconocemos las buenas intenciones de las propulsoras de esta iniciativa, sin embargo, quienes desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, nos preocupa cómo ha venido avanzando este proyecto de reforma, por las razones que seguidamente enumero:

1) Sin balance correctivo. Hasta el presente no se ha desarrollado un balance, riguroso y exhaustivo, de cómo se ha aplicado la Ley 7600 en los siete ámbitos que abarca la norma original. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en el país y cuál es su impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad, en educación, trabajo, salud, acceso al espacio físico, acceso al transporte público, acceso a la información y a la comunicación, y acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas? La ley 7600, que ya casi cumple 24 años, se promulgó para reducir sostenidamente la amplia deuda social que tienen el Estado y la sociedad costarricenses, con este sector de población de más de 900 mil costarricenses (ENADIS, 2018). Empero por lo que se muestra en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y los inobjetables datos estadísticos, esa deuda persiste y se refleja en la discriminación y la exclusión social que afecta a este sector poblacional.

2) Otro contexto normativo. Otro elemento que es necesario analizar a la hora pensar en una reforma integral a la Ley 7600, es los diferentes contextos normativos existentes cuándo fue aprobada la ley y en el presente. Cuando fue promulgada no había en el ámbito de la ONU, ni en el de la OEA ningún tratado centrado en las personas con discapacidad. En 1999, la OEA adoptó la Convención interamericana orientada a eliminar la discriminación asociada a la discapacidad y en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ambos tratados fueron ratificados por Costa Rica en 1999 y 2008, respectivamente. Claro está que siendo ambas normas supra-legales (Artículo 7, Constitución Política), es necesario contemplar iniciativas de armonización legislativa que aseguren su cumplimiento efectivo.

3) La aplicación, preocupación prioritaria. Una preocupación central en el presente es la necesidad de la aplicación efectiva de lo que establece la Ley 7600 y de otras normas vigentes, en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. El país mantiene tanto en el ámbito nacional como en el de los gobiernos locales, un desfase muy amplio entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva, a través de políticas públicas inclusivas, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En esta materia sigue habiendo mucho más ruido que nueces; aun considerando los esfuerzos que realiza el CONAPDIS, en su calidad de ente rector.

4) Consulta superficial e insuficiente. Tanto la Ley 7600 como la Convención de la ONU establecen la obligación ineludible del Estado de consultar a las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en asuntos de su interés. Y no cabe la menor duda de que una reforma integral a la Ley 7600 tiene tal dimensión. Sin embargo, la Asamblea Legislativa procediendo inapropiadamente, se complace con enviar los proyectos a correos electrónicos de algunas personas y organizaciones de personas con discapacidad, sin cumplir cabalmente con el verdadero deber de consulta. Se trata de consultas que no cumplen ni el espíritu ni el objetivo de las normas. Así se ha procedido con este proyecto de reforma, sin valorar el importante esfuerzo que desarrolla el CONAPDIS de conformar el Foro Nacional de Consulta de las Personas con Discapacidad. Este foro que tendrá 72 miembros (36 titulares y 36 suplentes) de las nueve regiones que conforman esta entidad rectora, quedará conformado en este mes de marzo. Sin lugar a dudas, el Foro Nacional Consultivo debe estrenarse con la consulta sobre la reforma a la Ley 7600, por su alcance e importancia.

5) Aplicación: Nada nuevo en el horizonte. Una primera lectura del proyecto de reforma a la ley 7600, nos indica que hay una serie de temas que no fueron abarcados y que son claves para que la ley 7600 incida en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos concretos: No se agrega nada que asegure mejor la implementación de la Ley en todos los estamentos del Estado, incluidos los gobiernos locales. Tampoco se menciona el rol del CONAPDIS, como ente rector para la vigilancia e impulso del cumplimiento de la Ley. Asimismo, no se contempla el tema de los recursos y las asignaciones presupuestarias, que son claves para la implementación deseada.

Todas estas ideas que comparto me llevan a la conclusión de que es imprescindible que el proceso acelerado que lleva, injustificadamente, la Asamblea Legislativa, se detenga para que las cosas se hagan realmente bien. Si hay un verdadero interés en una reforma integral, se debe trabajar en mejorar sustancialmente la Ley 7600 y, más importante aún, asegurar un avance sostenido en su implementación.

De no seguir este razonado y razonable camino, avizoro una nueva frustración para las personas con discapacidad y sus esperanzas de una vida mejor.

(27 de febrero, 2020)

 

Enviado por el autor.

Apuntes Patrióticos II

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social CTRN

20-10-2020

La inteligencia y la paciencia de los progresistas y hasta los que peyorativamente pueden ser calificados de comunistas en Bolivia y su jefe de campaña Evo Morales. Nos ponen de relieve que la inteligencia emocional, la malicia indígena, la prospección de García Linera y las enseñanzas de Mahatma Ghandi, Martín Luther King, dan sus resultados sino se cae en las provocaciones de los Sectores de la derecha, pero que esto implica e impone análisis de coyuntura profundos, disciplina y cohesión.

Esta enseñanza nos indica que lo actual en Costa Rica es una batalla que nos coloca de relieve la agenda inmediata que debemos definir como un paso hacia, pero que este es un contexto en el cual podríamos y parece que será así seguramente podemos salir más golpeados vistas las señales que se consolidan en la Asamblea Legislativa hoy día, donde la ultraderecha más rancia no para de dinamitar la institucionalidad y asumir posiciones y acciones fascistas que profundizarán el hambre, el desempleo, la exclusión social dada la sed ambiciosa de más concentración de la riqueza.

Por lo tanto, el tema está en que los movimientos sociales (incluidos los sindicatos), hagan una verdadera apuesta política de reconstrucción del MOVIMIENTO PATRIÓTICO NACIONAL y aspire a ganar en un plazo de dos años (2022), un par de batallas relevantes, sin ser, ni pensar, en un partido político, sino consolidar un brazo social de una opción supra electoral que reconfigure el mapa político en el Ejecutivo y Legislativo de Costa Rica.

Consolidados esos posibles triunfos de esas batallas, se debe pensar en un proceso que sea la alborada del desmontaje de un modelo de desarrollo que durante los últimos 45 años tiene al país con las deplorables cifras que ha indicado el INEC recientemente y que son reforzadas por estudios e informes de otras casas académicas y el mismo Programa del Estado de La Nación.

Sin lugar a dudas esto que soñamos es complejo ya que en la actualidad sabemos que está en desarrollo una agresiva campaña de la ultraderecha más conservadora del país que está dispuesta a jugar de manera solapada fuera de la institucionalidad para lograr sus más oscuros objetivos, por tal razón debemos dejar de lado el tablero y sacar las piezas del ajedrez ya que es en este escenario en el cual veremos la verdadera sapiencia e inteligencia emocional de las dirigencias de los distintos sectores sociales, pero en especial las dirigencias sindicales del diezmado sector público nacional.

Juan Carlos Duran Castro
Costarricense por el bien de la Patria
20-10-2020

La bofetada del presidente

Marcos Chinchilla Montes

Durante estas últimas dos semanas hemos sido testigos de una serie de acciones policiales que demuestran el grado de violencia y brutalidad policial que ejercen las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, contra quienes han venido participando de manera legítima contra las medidas económicas neoliberales que el gobierno de Carlos Alvarado desea imponer.

La respuesta policial busca aleccionar y desalentar a como sea, cualquier forma de oposición y organización; y para ello recurre a prácticas de terror como los son las incursiones en barrios o la detención y criminalización de periodistas independientes.

Algunas personas podrían aludir que son excesos puntuales que se escapan del control de las jefaturas y mandos medios; pero desde mi lectura, son acciones que pretenden aleccionar a las comunidades y mandan un mensaje muy claro: ni se atrevan a cuestionarnos, porque esto les va a suceder a ustedes también.

En el Chile de Pinochet, pocos meses después del golpe de Estado, cuando las comunidades comenzaban a manifestarse contra la dictadura, eran convocadas cientos de personas en una plaza barrial, al centro estaban los militares y carabineros con las mascotas de las familias, y una a una las iban matando y de paso alertando: si siguen de necios, a ustedes les pasará lo mismo.

Vale la pena recordar que en Chile fueron asesinadas o desaparecidas más de 3000 personas, justamente por una dictadura de naturaleza neoliberal que comparte nuestro actual gobierno.

Los informes que llegan de la zona norte permiten entrever que el gobierno quería quitarse de una vez por todas el problema de “San Carlos”; tenía que ser una respuesta contundente contra un cantón que le ha plantado cara al gobierno. Y como bien lo dejó claro el Ministro de Seguridad días atrás, el papel de ellos es garantizar que todo esté abierto y que la producción no se detenga.

En particular, deseo destacar la forma cobarde como un policía inmovilizó a una mujer mientras estaba indefensa en el suelo: le recetó una soberana bofetada, al mejor estilo del macho que agrede y somete a una hembra a quien considera loca y fuera de sí; una práctica machista y misógina que lamentablemente corre por las venas de un sector policial y que además de censurable, debe de ser denunciada a la brevedad, llevando a estrados judiciales a la persona responsable y a los mandos a los que obedece. Funcionarios de esa calaña, no merecen ser parte de la institucionalidad pública costarricense.

En esa miserable bofetada, se resume de manera magistral el trato que el gobierno de Carlos Alvarado le ha dado a la sociedad costarricense: el engaño; la traición; la exclusión social; el olvido; la violencia policial, la represión; el plegarse sin consideración alguna a los intereses de un sector del empresariado neoliberal, en menos cabo de los derechos humanos de la población costarricense.

Cuando el policía agrede de manera vil a la mujer que tiene tendida e indefensa sobre el suelo; sabe muy bien que actúa alineado y con la protección de sus jefaturas, es la misma solicitud que el gobierno ha transmitido por la cadena de mando: hay que aleccionar, golpear, generar miedo, humillar y desmovilizar a toda costa a quienes protestan y denuncian. Dichosamente, un video permitió conocer los excesos y cobardía represiva de nuestra policía; ¿qué pasará en aquellos lugares donde el silencio y la impunidad son cómplices de la policía?

A este policía poco le importa la violación de los derechos humanos de la mujer que yace boca abajo, agredida, él es el macho, tiene el poder, tiene el dominio de la violencia; para eso fue entrenado. Como poco le importa a Alvarado los derechos humanos de la sociedad costarricense, el viene a realizar el trabajo sucio que el empresariado le ha encomendado; él también nos ha abofeteado.

Demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de Centroamérica

Carlos Sandoval García

Este artículo analiza demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de las capitales de Centroamérica a partir de cuatro temas principales: la representación del entorno local y nacional, las demandas y los deseos en torno al futuro, los medios que imaginan para alcanzar o no dichas demandas y factores sociodemográficos. Las colonias seleccionadas fueron El Limón, en Ciudad de Guatemala; Popotlán, en San Salvador; Nueva Capital, en Tegucigalpa; Jorge Dimitrov, en Managua, y La Carpio, en San José. Se parte de tres desafíos teóricos y metodológicos principales. El primero es explorar la vivencia de la política desde la exclusión social. El segundo reto se refiere a trascender la división entre estudios interesados por perspectivas analíticas, más interesados en estudios causales, y aquellos más focalizados en estudios interpretativos, cuya mirada se centra en significados. El tercer reto aspira a contribuir en la construcción de una mirada regional y comparada de las sociedades centroamericanas.

Entre los hallazgos principales, se destaca que un 37.7 % de las personas encuestadas no estudia ni trabaja; solamente un 15 % tiene acceso a la seguridad social. De las personas encuestadas, un 32 % es madre y un 13 % es padre. Un 45 % de las mujeres que son mamás lo fueron antes de los 18 años. En términos de la percepción del entorno, los principales problemas reconocidos son la delincuencia, el desempleo y las carencias de infraestructura pública. Si bien la desigualdad no se tematiza como uno de los principales problemas, cuando se consulta por la distribución de la riqueza en el país respectivo, un 73.6 % considera que es “muy injusta” o “injusta”. Este reconocimiento de la desigualdad coexiste con un arraigado conservadurismo que reconoce en el destino y la autoridad de los padres una legitimidad poco cuestionada.

Este artículo concluye que las principales expectativas y demandas de las personas jóvenes encuestadas se centran especialmente en el empleo, las oportunidades y la seguridad. Frente a estas demandas, el ciclo electoral que inició en Honduras en 2017 y finalizó en Guatemala en 2019 está lejos de ofrecer respuestas de gran calado. Ello profundiza el vacío institucional y a menudo la migración más que una elección se convierte en una obligación.

Este documento del doctor Carlos Sandoval García, compartido con SURCOS por el autor, fue publicado en la página de academia.edu con este enlace: 

https://www.academia.edu/43705312/C_Sandoval_J%C3%B3venes_Centroamerica_ECA

El estudio completo está disponible para descargar en este vínculo:

Imagen: https://www.tvn-2.com/

MUSADE llama la atención por solución urgente en asentamiento de San Ramón

Con una carta enviada al Subsistema Local de la Niñez y la Adolescencia del cantón de San Ramón de Alajuela, la organización Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo llaman la atención acerca de la necesidad de atender con urgencia la situación en el asentamiento Los Jardines.

Esta es la carta que MUSADE compartió con SURCOS:

Señoras y señores: Subsistema Local de la Niñez y la Adolescencia, Cantón de San Ramón.

ASUNTO: LLAMADO A LA ATENCIÓN DE URGENCIA

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación MUSADE, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, cedula jurídica número 3-002-100942, Asociación con estatus de bienestar social, declarada de utilidad pública según Decreto N° 3810-P.J, del 2 de octubre del 2013, con 34 años de trabajo continuo por una sociedad más justa e igualitaria.

Por la presente deseamos informarles que hemos recibido información de las demandas y gestiones realizadas por diferentes actores comunales e institucionales para un abordaje integral de las condiciones sociales de los y las niñas y adolescentes del asentamiento Los Jardines de este Cantón. Ante ello manifestamos;

  1. Solidaridad absoluta con las demandas de esos actores sociales, debido a las condiciones sociales de riesgo en las que se encuentran las y los habitantes del asentamiento Los Jardines, especialmente la población menor de edad, que requiere por mandato constitucional atención especial del Estado.
  2. Solicitud de intervención inmediata de ese subsistema como gestor para una intervención interinstitucional coordinada que priorice las necesidades de la población infantil y adolescente de dicho asentamiento con miras a garantizar las condiciones humanas mínimas de desarrollo en el marco de un enfoque de derechos y potencie acciones para dar una respuesta oportuna y eficaz.

Seguras que las voces y demandas de los y las habitantes del asentamiento Los Jardines serán escuchadas y atendidas lo antes posible, desde ese subsistema de niñez y adolescencia, quedamos atentas y ofrecemos nuestro apoyo, según nuestras competencias

Diana Marcela López Ruiz, Representante legal
Enid Cruz Ramírez, Coordinadora general

Voces y Política: Mujeres atravesando la pandemia

No todas las personas experimentan de la misma forma la pandemia. Debido a que vivimos en una sociedad basada en la desigualdad social y el patriarcado, las mujeres nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los efectos de cualquier crisis económica, política y social. Además, las mujeres rurales, campesinas e indígenas experimentan doble exclusión y desigualdad que agudiza el impacto de la crisis sanitaria.

Mañana estaremos profundizando sobre este tema, así como sobre las estrategias y alternativas que construyen las mujeres para resistir a este contexto.

Nos acompañaran Francisca Inés Wilson de Valle Bonito de Upala, parte de la Red de Mujeres Rurales, Cinthya Hernández de Chánguena en Palmar Sur, parte de Chánguena por Siempre. Doris Ríos, del territorio cabecar de China Kichá en la Zona Sur, parte de los procesos de recuperación de tierras indígenas y Kattia Cruz de la Carpio en San José, parte de COOVIFUDAM.

A las 5:00 p.m. por la 96,7 fm o en el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.

Instituciones educativas y representantes comunales se unen para atención integral – Los Jardines

En el asentamiento Los Jardines, de San Ramón de Alajuela, las instituciones educativas unen esfuerzos a representantes comunales para lograr una atención integral.

Información enviada a SURCOS indica: “Se procura hacer propuestas de atención integral y abordaje interinstitucional coordinado, ante riesgo social y problemas en comunidad del asentamiento sin servicios básico y derivaciones del estado de exclusión social por tenencia de tierras en litigio. Se propone activar respuesta del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia para amparar derechos de las personas menores de edad residentes en dicha comunidad, esto en concordancia con lo establecido por Código de la Niñez y Adolescencia”.

En concordancia con ello, compartimos este comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO

“El pura vida de los ticos, y el tierra de poetas del San Ramón nos llevan por sus remozadas calles, el boulevard y hermosos murales con pictóricos grafitis del Moncho actual, pero también nos remite a los estigmatizados lugares del Moncho olvidado, el de las brechas y exclusiones. Del Moncho que no todos saben que existe. El que algunos sí reconocen su existencia, pero que miran con las gafas del temor, del prejuicio y del estigma. Desde uno de esos sitios, conocido como «Precario los jardines», lanzamos nuestro comunicado público para intentar romper el cerco del estigma, del prejuicio y del olvido institucional. Si, dura tarea nos proponemos, puesto como lo dijera el científico Albert Einstein: ES MÁS FACIL DESINTEGRAR UN ATOMO QUE UN PREJUICIO. Y como de perseverancia está hecha nuestras vidas, que es lo mismo que una historia de lucha, empezaremos por presentarnos e invitarles a conocer esa realidad.

Constituimos un asentamiento de más de cincuenta familias, integrado por personas de diferente condición, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, y estamos buscando el desarrollo y bienestar de los habitantes. Es la precariedad y falta de servicios básicos la principal condición que afecta nuestras vidas, estamos viviendo sin lo básico, ni agua ni luz, pero si, un techo y piso de suelo que nos da seguridad y esperanza,

No obstante, de nuestra condición y del noble propósito de la lucha que estamos dando, es innegable que una serie de problemas sociales también han llegado junto con la voluntad y misión de una mayoría, es el caso de situaciones de inseguridad ciudadana, del zopilotaje de mejoras y la intermediación de personas oportunistas que lucran con la necesidad humana, de lo cual deberían las autoridades respectivas ocuparse oportunamente.

Ciertamente nuestras realidades abundan las limitaciones, las que sirven como retos, que han ido dándonos fortaleza mediante logros en un proceso de lucha de mediano y largo plazo. Avances que enumeramos y detallamos de la siguiente manera:

  1. Contamos con una estructura organizativa con nuestras capacidades y propia lucha, para la edificación de los objetivos que buscamos.
  2. En la búsqueda de dar soluciones integrales y mayor bienestar a las familias del asentamiento se inició la gestión de un proyecto de desarrollo por medio del INDER (Instituto de Desarrollo Rural).
  3. Se tienen gestiones orientadas a solucionar el problema de falta de agua potable, situación de enorme preocupación ante el riesgo por la pandemia del COVID19, esto mediante gestiones ante AyA, Comisión Cantonal de Emergencia, Sala Constitucional y Defensoría de los habitantes, según consta en el expediente N.20-006178-0007-CO.
  4. Nos adherimos a una gestión de carácter interinstitucional que busca una respuesta de atención integral, según lo que establece el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley N 7739.
  5. Nos organizamos en un COMITÉ DE LUCHA Y BIENESTAR: En fecha 07-06-2020 mediante reunión general de las familias residentes en el asentamiento se decide conformar un Comité de lucha en pro de desarrollo y Bienestar del Asentamiento, este funciona con un cargo de coordinador@ que es rotativo entre las siguientes personas: Mirian Méndez Ulate, Andrés Rodríguez Gómez, Gilbert Flores Martínez, María Eugenia Palma Vargas, Ana Cecilia Araya Cuadra.
  6. Para fines de comunicación con este Comité, puede hacerse mediante los teléfonos 61234754-83013310 y el correo electrónico rodriguez182030@gmail.com

San Ramón, junio 18- 2020”

La propuesta institucional es la siguiente:

PROPUESTA PARA SUBSISTEMA LOCAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SAN RAMÓN, ALAJUELA.

Para:

SUBSISTEMA LOCAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SAN RAMÓN DE a ALAJUELA

De:

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS MEP – COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, LOS JARDINES Y ALBERTO MANUEL BIENES Y COMITÉ DE LUCHA Y BIENESTAR Asentamiento Los Jardines

Con copia a:

Defensoría de los habitantes- Área de niñez y adolescencia LICEO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES: Departamento de Orientación, Consejo de Profesores, Gobierno estudiantil

ASUNTO:                 Determinar el estado actual de la Niñez y Adolescencia en el asentamiento Los Jardines ubicado en Caserío Los jardines, Distrito Los Ángeles del Cantón de San Ramón, población en condiciones de exclusión social y mayor vulnerabilidad ante la pandemia Covid 19.

Fundamento Constitución política, artículos 21 y 50.

Resolución N. MS-DM-2592-2020 MEP00713-2020, que establece las orientaciones para el apoyo educativo a distancia.

Código de la Niñez y la Adolescencia según Ley 7739 en sus artículos 41,42,44,57, 168,169 y 171:

Considerando

1- Que se conoce la existencia de aproximadamente cuarenta y un Personas Menores de Edad que residen en dicha comunidad, según censo realizado por la organización comunitaria local y aportado en el expediente de Sala constitucional N.20-006178­0007-CO.

2- Que entre las personas de edad escolar, residentes en esta comunidad, algunas forman parte de la Comunidad Estudiantil de las suscritas instituciones educativas.

3- Que mediante reunión celebrada por autoridades Públicas de la Comisión Cantonal de Emergencia de San Ramón en fecha 17 de marzo 2020 acordaron que después de realizar los estudios correspondientes y la valoración del riesgo sanitario existente ante la pandemia del covid 19, se tomarían medidas alternativas.

Por lo tanto

En concordancia con el principio del interés superior de la persona menor de edad, se solicita al SUBSISTEMA LOCAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA, una Declaratoria de Estado de prioridad para determinar la condición del estado del cumplimiento de los derechos de las PME en el Asentamiento los Jardines y por consiguiente se le solicite a las diferentes instituciones, según sus competencias, se sirvan rendir informe de los estudios realizados y las acciones que han llevado a cabo para atender el riesgo adicional de esta población ante la situación de emergencia generada por el COVID 19 y para el cumplimiento de la normativa establecida en la ley N.7739 C.N.A, especialmente en detalle lo siguiente:

1- Que el Ministerio de salud indique el estado de las condiciones físico sanitarias, de las residencias de todo el asentamiento, del estado de la salud, nutrición y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, así como del acceso y cobertura que todas estas personas tienen a los servicios públicos de atención de salud, nutrición y desarrollo.

2- Que DINADECO, informe sobre el apoyo o atención brindado a la población infantil y adolescente de este asentamiento, por parte de la Asociación de Desarrollo de Los Jardines, desde su Comité tutelar de los derechos de la Niñez y Adolescencia.

3- La Alcaldía municipal de San Ramón informe, si desde la Comisión cantonal de emergencia se está coordinando la realización de los estudios correspondientes indicados en el acta como acuerdos de la sesión del 17 de marzo de 2020.

4- A fuerza Pública de San Ramón, autoridades policiales y judiciales que intervinieron en los operativos de desalojo, informen si coordinaron la presencia de la representación del PANT, de modo que se garantizará el tutelaje de los derechos de las PME, propiamente durante el operativo ocurrido el 22 de mayo de 2020.

5- Que el área de Salud CCSS, informe la intervención que realiza para garantizar el derecho a la salud, de las PME de esta comunidad.

6- Que el AyA informe cual es la cobertura de esta población con agua de calidad potable.

7- Que el CEN CINAI informe de la cobertura que está dando a la población materno infantil de esta comunidad.

8- Que el M.E.P informe de la atención que brinda a las PME de esta comunidad, en edad escolar, para el primer, segundo o tercer ciclo, su condición de acceso y su condición de permanencia en los servicios públicos educativos.

9- Que el CONAPDIS informe del conocimiento que tiene y de las acciones realizadas en favor de las PME con discapacidad, residentes en este asentamiento.

10- Que el IMAS respecto del programa fonatel-ICE informe sobre la cobertura de los servicios de telefonía e internet mediante su «programa Hogares conectados» para facilitar los estudios de la población infantil y adolescente de este asentamiento.

11- Se solicite la mediación de La DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, ÁREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA para atender el seguimiento del informe que brinde cada institución.

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Información enviada a SURCOS por Luis Alberto Soto Ramírez.

“Las luchas de las mujeres de Playa Potrero Guanacaste, en favor del recurso hídrico: ataques inesperados, mujeres empoderadas”

Sergei Moreno Fajardo*

Las luchas de las mujeres de Playa Potrero Guanacaste, en favor del recurso hídrico

La historia latinoamericana o quizás los que contaron la historia se olvidaron de que  en cada proceso que esta parte del mundo ha enfrentado, ha tenido presencia de las mujeres. Sin embargo, esas voces y acciones de mujeres a lo largo de las tierras de América desde entonces y hasta la actualidad han sido opacadas, invisibilidades o hasta atribuidas  a otros hombres que ocupan  los grandes escritos de la historia.

Se podría pensar en el deseo perverso de los que escriben y de los que cuentan la historia, pero es importante tener en cuenta que esa invisibilzación a la que han sido condenadas las mujeres, es el resultado de procesos históricos implantados por una cultura patriarcal o machista proveniente de  España y puesta en marcha al pie de la letra por los conquistadores en nuestras tierras.

Aquellos hombres que venían a enfrentar e imponer el deseo de la corona española se encargaron de reproducir aquellas formas de convivencia y familia que rindiera culto al hombre, aquel que era heterosexual, occidental y cristiano céntrico . “El concepto de “tronco básico o fundamental” como grupos de familias vinculadas entre ellas por el matrimonio de sus hijos, da prestigio social y relevancia original al varón” (Escobar, 1984, p109).

Según Escobar, 1984, p.110, “todo este sistema se fue implantando de tal forma que consolido y dio garantía de continuidad a la exaltación suprema del varón conquistador”. Las mujeres han estado excluidas y en un desnivel ante los hombres, pues su condición de género y la constante permanencia del sistema patriarcal que ha tenido gran influencia en América latina, la violencia en todas sus formas de manifestarse, la discriminación y el creciente atropello a los derechos de las mujeres han estado presentes en nuestras sociedades y es necesario mencionar que Costa Rica no ha sido la excepción.

En nuestro país en el siglo XX, se llevaron a cabo  una de las movilizaciones sociales más importantes registradas, existe evidencia que las mujeres del Caribe costarricense tuvieron una participación activa en la organización del movimiento bananero, pese a  esto, sus aportes, acciones e ideas que fueron implementadas, quedaron dentro de las memorias olvidadas de la historia del proceso que vivió nuestro país, es decir, esa historia que vieron pero no quisieron contar.

Es evidente que el patriarcado posee el poder de dominar la historia y contarla en acciones y voces masculinas, haciendo oídos sordos y vista ciega a labor llevada a cabo por las mujeres en la historia. “El patriarcado modera los espacios y los domina…” (Olguín, 2014). Es evidente entonces que el espacio de las narrativas de los procesos  que ha atravesado nuestro país están dominados por los hombres.

Las luchas de las mujeres de Playa Potrero Guanacaste, en favor del recurso hídrico3

Frente a los aspectos descritos con anterioridad nos surge la necesidad  de pensar sobre las luchas que de forma continua realizan las comunidades guanacastecas en favor del recurso hídrico y la participación que poseen las mujeres. Aunque haremos referencia a estas luchas y las mujeres a groso modo respecto a la provincia de Guanacaste prestaremos particular atención al movimiento surgido en febrero del 2014 en la comunidad de playa potrero (PP) y la participación de las mujeres de la comunidad en esa lucha.

En el presente trabajo haremos referencia al termino MUJERES Guanacastecas y no a “mujer guanacasteca”, “El termino MUJERES, nos permite ver con ojos de diversidad” (Monzón, 2014).Esta aclaración es de suma importancia pues cabe mencionar que en P.P, hay una gran diversidad de mujeres, Nicaragüenses, negras, blancas, francesas, lesbianas, cristianas, católicas, etc.

El tema de defensa del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste  no es reciente, sin embargo “en los últimos años  el “desarrollo” acelerado de las inmobiliarias ha puesto en apuros a los vecinos de la zona” (ASADA de Playa Potrero, 2014,p.3), y las luchas por el agua han ido en incremento, las diferentes organizaciones comunales como las asociaciones  de desarrollo, las ASADAS y otras han tenido que emprender una lucha constante y fuerte por proteger el vital recurso.

El 7 de febrero del 2014 explotaría en la comunidad de P.P, una de las luchas  más importantes y alentadoras de la zona, aquella tarde decenas de mujeres, hombres, y niñas(os), llegaron frente a la parada de buses de la comunidad. Un árbol de cocobolo fue el principal testigo de los hechos, quizás ese árbol mejor que nadie registro lo sucedido con voces entre cortadas por la impotencia y la desesperación de ver como lo que nuestros abuelos y abuelas habían construido se iría de nuestras manos.

No abundaremos en detalles sobre lo que sucedió pero la lucha fue intensa y contaste y claro los Facebook y páginas se llenaban de imágenes de lo que sucedía, algunos medios de comunicación llegaron a la zona y los resultados comenzaron a parecer.

Las mujeres potrereñas, desde las más chicas hasta las más adultas salieron aquella tarde de sus casas y conforme pasaban los días y la situación se ponía cada vez más difícil iban saliendo más personas de sus casas para apoyar las luchas, sin embargo, ese rompimiento de lo privado y asignado por el patriarcado a las mujeres , es decir, la casa, los hijos, movió los pisos de muchos y la iglesia no guardo silencio y dio la receta: “La mujer que asista a las manifestaciones no podrá tener más participación en la iglesia, eso no es decente”(iglesia evangélica).

Las declaraciones por parte de la iglesia solo denotan la reproducción de un sistema patriarcal establecido en la institucionalidad religiosa de nuestro país y como estos discursos se encargan de mantener dominadas a las mujeres, porque si notamos la prohibición, no es para todos y todas es solo para ellas, las mujeres y las minimizan a mujer que emana condición de que todas son iguales obviando las diferencia que mencionamos anteriormente.

Ahora cuando revisamos las organizaciones comunales, resulta que están dominadas por los hombres, y estos ocupan los puestos más importantes de la organización y en casos particulares de mujeres que son parte de estos órganos comunales ellas narran; “Una esta ahí como una figura nada más, porque al fin y al cabo ellos son los que deciden…”(María).

Las ASADAS, dominadas por hombres , asociaciones de desarrollo donde las mayorías son hombres y en algunos casos las mujeres ocupan puestos que socialmente han sido asignados a lo femenino, tales como secretariados, vocales, es decir puestos en los que no son parte de las decisiones importantes.

Lo que hemos descritos parece ser una condena histórica para las mujeres, el patriarcado no las quiere en los espacios de poder, no las quiere tomando decisiones, sin embargo en la luchas por el agua en P.P, las mujeres han alzado sus voces, han salido de sus casas y se han enfrentado a la institucionalidad religiosa, con carteles en manos , silbidos, caminatas, cordones humanos se enfrentaron a la policía, al AYA y a todas aquellas imposiciones sociales y salieron a defender el recurso hídrico.

Las luchas de las mujeres de Playa Potrero Guanacaste, en favor del recurso hídrico2

Las mujeres comunitarias están organizándose cada vez más y están unidas en sus luchas, pese que aun en nuestros días las mujeres siguen siendo discriminadas por su condición de género, su raza, orientación sexual…etc., pareciera que hay un despertar por parte de las mujeres, así lo dice la señora María, “hay un despertar de las mujeres, estamos cansadas de que solo sirvamos para atender los hijos y el marido, queremos aportar a nuestras comunidades…bueno en realidad siempre lo hemos hecho” (P.P,2015).

Recientemente asistimos al encuentro de gestores y gestoras comunitarias del agua, que se realizó en la plaza de la cultura en San José y al llegar nos sorprendimos  porque la mayoría de las personas que asistieron eran mujeres, pero nos sorprendimos más cuando vino el periodo de presentación de las problemáticas de las comunidades, pues resulta que quienes hablaban fueron hombres en la mayoría de los casos, en resumen la labor de las mujeres sigue siendo invisibilizada y se les sigue negando el derecho a contar sus historias.

Los logros de las luchas en muchos casos son atribuidos a hombres, cuando fueron las mujeres que dieron las ideas y le hicieron plantones a las empresas, hoteles y a la misma AYA. Los medios de comunicación siempre buscan al “hombre defensor de la familia” para entrevistarlo, pues claro se asume que son ellos y no ellas las que tienen que salir a la calle para exigir su derecho al agua.

La violencia patriarcal contra las mujeres, sigue vigente  y es de importancia máxima que las organizaciones comunales tengan claridad de que la única forma de obtener resultados realmente importantes es si los obtenemos todos y todas. La diversidad deberá ser usada como mecanismo de lucha en la defensa del agua en las comunidades.

En conclusión, las mujeres son, han sido y serán parte de la defensa del medio ambiente y del agua en particular, pero su labor no se ha registrado. Por ello terminaremos este articulo  reconociendo el papel fundamental e importante que jugaron las mujeres de la comunidad de P.P en las luchas que se han realizado en defensa del agua como derecho de todas las personas, y es nuestro deber escuchar las voces que han sido silenciadas y olvidadas pero que cada vez gritan más fuerte y su labor se hace visible. Ante ataques inesperados, mujeres empoderadas, debe ser nuestro lema frente a estas luchas que inician pero posiblemente aumentaran con el paso del tiempo.

 

*Estudiante de Sociología-UNA: morenofajardos@gmail.com

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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