Las claves del triunfo chavista: fragmentación democrática y unificación de la derecha
Jorge Mora Portuguez, M.Sc.
Las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica dejaron un resultado que, aunque jurídicamente es incuestionable, merece una lectura más profunda. La victoria de Laura Fernández y del Partido Pueblo Soberano se alcanzó con cerca del 48.3 % de los votos válidamente emitidos.
Sin embargo, cuando se observa el panorama completo del padrón electoral; 3,731,788 personas inscritas, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones; la realidad es otra: el nuevo gobierno cuenta con el respaldo directo de apenas el 31.9% del total de electores; y sus diputaciones con el 28,8%. Es decir, se trata de una victoria institucional y jurídicamente clara y legítima, de la que no cabe duda alguna; pero con una legitimidad social y política más bien moderada.
Este resultado no puede interpretarse como una adhesión mayoritaria de la sociedad costarricense al proyecto político de extrema derecha que representa el chavismo. Por el contrario, responde fundamentalmente a una estrategia que logró lo que durante años parecía imposible: absorber a prácticamente todo el espectro conservador, fundamentalista religioso y de derecha radical en una sola opción electoral; que atrajo a los sectores sociales históricamente más vulnerables y excluidos.
El Partido Pueblo Soberano absorbió y desplazó a fuerzas que hasta hace poco dominaban el centro derecha y la derecha política: Nueva República, el Partido Liberal Progresista, la Unidad Socialcristiana, Unidos Podemos y otras agrupaciones menores que juntas llegaron apenas al 8.07% de los votos válidos. La dispersión histórica del voto conservador desapareció y se concentró en un proyecto común, permitiendo alcanzar una mayoría relativa contundente entre quienes sí acudieron a las urnas.
Mientras tanto, el bloque democrático, progresista y de centro mostró una profunda fragmentación. Aproximadamente un 43.2 % de los votos válidamente emitidos se dispersó entre el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, la coalición Agenda Ciudadana (que obtuvieron 1,080,000 votos) y otras fuerzas menores.
En total un 58.7% de los votos válidos fue para partidos de oposición (1,350,000 votos) mientras que Pueblo Soberano obtuvo el 48.3% (1,190,000 votos). Esta división resultó determinante. En conjunto, estas fuerzas de oposición representaron una porción significativa del electorado, pero al competir separadas facilitaron el triunfo de una derecha cohesionada. La historia electoral es clara: cuando un bloque político se unifica y su adversario se fragmenta, la victoria del primero se vuelve altamente probable, incluso sin contar con mayoría social.
A este escenario se suma un tercer actor cada vez más relevante: el abstencionismo. Cerca del 30 % del padrón electoral decidió no participar. Se trata de una población marcada por la apatía, la desconfianza en la política o la sensación de que ningún proyecto representa realmente sus intereses. Este sector, al margen del proceso democrático, termina siendo funcional a que proyectos políticos que no necesariamente son mayoritarios controlen el poder institucional del país. Esta población proviene principalmente de esos mismos sectores excluidos e históricamente marginados que nutrieron al chavismo en estas elecciones, pero que no pudieron ser enganchados por este, ni tampoco por las fuerzas democráticas.
Otro elemento revelador de estas elecciones es su dimensión territorial. Laura Fernández superó el 50 % de los votos en 44 cantones del país. De ellos, solo uno corresponde a un centro urbano: Alajuela Centro. Los otros 43 son cantones rurales, periféricos y de las regiones históricamente más excluidas: las zonas costeras, la Zona Norte y comunidades alejadas del centro económico del país. A estos se sumaron otros cantones y poblaciones con menor índice de desarrollo y mayores niveles de pobreza y exclusión.
Este patrón no es casual. En muchas democracias contemporáneas, los proyectos de extrema derecha han logrado arraigo precisamente en territorios golpeados por la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades. Allí donde el Estado ha llegado menos, el discurso autoritario y el fundamentalismo religioso encuentran terreno fértil.
Las lecciones políticas que deja este proceso son claras.
Primero, el nuevo gobierno no representa a una mayoría social absoluta, sino a un proyecto político que supo concentrar el voto, absorbiendo y unificando a las derechas; lo que fue clave para su triunfo.
Segundo, la fragmentación del campo democrático, de centro y progresista resultó decisiva para la derrota. Así como la ausencia de un proyecto político que resultara atractivo a la población.
Tercero, el abstencionismo sigue siendo un problema estructural de la democracia costarricense.
Cuarto, las regiones excluidas del país se han convertido en el principal escenario de disputa política, con predominio, por el momento, del proyecto de extrema derecha que representa el chavismo.
Todo esto evidencia la necesidad de que las fuerzas democráticas, progresistas y de centro superen la lógica de la división y apuesten por alianzas amplias, acuerdos programáticos y coaliciones que permitan enfrentar con mayor éxito a la extrema derecha en los próximos procesos electorales.
Pero estas alianzas no pueden limitarse a pactos electorales entre dirigencias y partidos. Deben ir acompañadas de la construcción de un proyecto político que atraiga nuevamente a la población, de un discurso y una narrativa que convenzan; y de un trabajo sostenido con los movimientos sociales y populares; en las comunidades, especialmente en los territorios rurales y periféricos que hoy se sienten abandonados. Es allí donde debe reconstruirse la confianza en la democracia, con presencia institucional, políticas sociales reales y propuestas que respondan a las necesidades cotidianas de la población.
Las elecciones municipales del 2028 serán clave para que los partidos democráticos rectifiquen sus estrategias y recuperen en los territorios el terreno perdido y logren consolidar proyectos reales dirigidos al bienestar del mayor número, especialmente en las áreas rurales y periféricas donde hoy la extrema derecha concentra su fuerza.
Las elecciones de 2026 no marcan un giro mayoritario del país hacia la extrema derecha. Revelan, más bien, una combinación peligrosa: una derecha estratégicamente unificada bajo un proyecto político y con una narrativa que convence y atrae a los sectores históricamente excluidos y decepcionados; una oposición democrática fragmentada, sin narrativa y sin proyecto político alternativo; y una ciudadanía distante y apática del proceso político.
El desafío para Costa Rica es enorme. O las fuerzas democráticas logran articular unidad, presencia territorial y un proyecto inclusivo capaz de reconectar con la ciudadanía, o el proyecto autoritario de la extrema derecha se consolidará, ganando poder aún con apoyos sociales minoritarios, pero políticamente bien organizados.