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Etiqueta: expediente 25.542

Universidad Nacional rechaza tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel y solicita su archivo inmediato

  • Consejo Universitario aprobó un criterio institucional que advierte sobre los impactos económicos, políticos, ambientales y de derechos humanos del acuerdo comercial.

  • La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA aportó un análisis sobre las obligaciones internacionales de Costa Rica, la protección de los territorios y la ausencia de mecanismos de debida diligencia y participación ciudadana.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) rechazó de forma vehemente el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y el Estado de Israel, expediente legislativo N.° 25.542, y solicitó a la Asamblea Legislativa su archivo inmediato. La posición quedó establecida mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-382-2026, aprobado en el artículo 5, inciso 5.3, de la sesión ordinaria N.° 55-2026, celebrada el 29 de octubre de 2026.

El pronunciamiento institucional es resultado de un análisis multidimensional que incorporó criterios de distintas instancias académicas y técnicas de la Universidad Nacional: la Asesoría Jurídica, la Escuela de Historia, la Escuela de Relaciones Internacionales, el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), la Escuela de Sociología, el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) y la Escuela de Filosofía.

A partir de estos aportes, el Consejo Universitario concluyó que el tratado no puede valorarse exclusivamente desde sus posibles beneficios comerciales, sino que debe considerar sus implicaciones para la soberanía nacional, la política exterior, los derechos humanos, la protección ambiental y el cumplimiento del derecho internacional.

Un tratado que trasciende lo comercial

Entre los principales cuestionamientos recogidos en el acuerdo universitario se encuentra la existencia de importantes asimetrías entre ambos países en las condiciones negociadas.

El análisis señala que, mientras Israel liberaliza inmediatamente el 90,7 % de sus líneas arancelarias, Costa Rica lo hace en un 82,2 %. Sin embargo, las principales exclusiones y protecciones israelíes se concentran precisamente en el sector agrícola y los alimentos frescos, áreas en las que Costa Rica tiene capacidades productivas y potencial exportador.

El acuerdo también cuestiona que el intercambio comercial entre ambos países representa apenas alrededor del 0,2 % del comercio total costarricense, lo que pone en duda los beneficios económicos que justificarían su aprobación.

Asimismo, se advierte sobre posibles efectos en la recaudación fiscal, el empleo, la producción nacional y las pequeñas y medianas empresas, así como sobre la falta de garantías suficientes para proteger los intereses productivos del país.

Otro aspecto señalado es la inclusión de disposiciones relacionadas con telecomunicaciones, servicios digitales y tratamiento de datos, que requieren mayores garantías para proteger los derechos fundamentales, la privacidad y las libertades democráticas.

Los derechos humanos ambientales y las obligaciones internacionales de Costa Rica

Uno de los aportes específicos al análisis institucional fue el criterio de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales (SIA 0290-26) del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA).

La Clínica señaló que el tratado carece de mecanismos específicos para evaluar, prevenir y dar seguimiento a sus posibles impactos sobre los derechos humanos, los territorios y el ambiente. También advirtió sobre la falta de mecanismos de debida diligencia empresarial, trazabilidad de los productos provenientes de territorios ocupados y participación de las comunidades y la sociedad civil en el seguimiento del acuerdo.

A partir de las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos humanos y ambiente, la Clínica recomendó no aprobar el proyecto en su forma actual y planteó la necesidad de incorporar evaluaciones integrales de impacto, mecanismos de participación y transparencia, debida diligencia y seguimiento permanente.

Coincidencias entre los criterios académicos y el acuerdo institucional

Varios de los planteamientos de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales coinciden con las consideraciones finalmente incorporadas en el acuerdo del Consejo Universitario. Entre las principales coincidencias se encuentra, en primer lugar, la ausencia de garantías específicas en materia de derechos humanos y ambiente. El acuerdo institucional señala la falta de disposiciones sobre derechos humanos, trabajo decente, género, protección ambiental, participación y denuncia ciudadana, mientras que la Clínica profundizó en la ausencia de mecanismos para prevenir y atender posibles afectaciones.

El acuerdo institucional también recoge otros cuestionamientos provenientes de las instancias consultadas, relacionados con la política exterior costarricense, las asimetrías comerciales, la protección de la producción agrícola nacional, la desgravación de armas y sustancias peligrosas, y las implicaciones políticas de establecer un acuerdo comercial con Israel en el contexto internacional actual.

El Consejo Universitario también recordó el acuerdo UNA-SCU-ACUE-303-2025, mediante el cual la Universidad Nacional condenó el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino e hizo un llamado a detener las acciones militares en la Franja de Gaza.

En el nuevo pronunciamiento, la UNA advierte que la aprobación del tratado podría interpretarse como un respaldo político al Estado de Israel y como una forma de normalización de sus actuaciones frente al pueblo palestino.

El acuerdo señala que Costa Rica debe mantener coherencia con los principios históricos de su política exterior: la defensa de la paz, el desarme, la soberanía nacional, los derechos humanos, el derecho internacional y el desarrollo sostenible.

UCR recomienda no aprobar TLC con Israel y advierte vacíos en derechos humanos, ambiente y participación ciudadana

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión realizada el 1 de octubre acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Estado de Israel, expediente N.° 25.542.

La decisión se tomó a partir del análisis realizado por distintas instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y otros espacios académicos de la Universidad. El criterio universitario advierte que el tratado debe ser valorado no solamente desde la perspectiva comercial, sino también considerando sus posibles consecuencias sociales, ambientales, económicas y en materia de derechos humanos.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la UCR se encuentra que el tratado carece de un capítulo específico sobre derechos humanos y de cláusulas democráticas, así como de mecanismos que permitan evaluar los riesgos derivados de las actividades económicas promovidas por el acuerdo cuando estas puedan afectar territorios, comunidades o bienes naturales.

El análisis universitario también identifica vacíos en materia de protección ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana. El tratado no incorpora un capítulo ambiental ni mecanismos específicos para que la ciudadanía pueda denunciar eventuales incumplimientos de la legislación ambiental, lo que, según el criterio analizado, representa una regresión en materia de gobernanza y acceso a la justicia ambiental.

El Consejo Universitario considera que el intercambio comercial con Israel representa actualmente una porción relativamente reducida del comercio exterior costarricense, por lo que la discusión sobre el tratado debe incorporar criterios relacionados con el desarrollo sostenible, la agricultura, la salud pública y otros compromisos internacionales.

El análisis también identifica asimetrías importantes en el acceso a los mercados. Mientras Israel consolida buena parte de un acceso que ya tenía libre de aranceles, Costa Rica realiza una apertura arancelaria significativamente mayor. Además, una parte importante de la oferta agrícola costarricense con potencial exportador quedó excluida o sometida a contingentes arancelarios.

El criterio señala asimismo carencias en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión, servicios y mecanismos para garantizar un acceso efectivo de las empresas costarricenses al mercado israelí. También advierte sobre la ausencia de mecanismos suficientes para proteger intereses nacionales relacionados con biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional.

Para la Universidad, estas condiciones deben ser analizadas a la luz del principio de que la política comercial del país debe ser coherente con sus principios constitucionales, el derecho internacional, el interés público y las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.

Derechos humanos y territorios ocupados

Uno de los elementos centrales del criterio universitario es la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos al análisis de los acuerdos comerciales.

El documento recomienda valorar disposiciones que permitan identificar el origen territorial de los bienes objeto del intercambio y establecer procesos de debida diligencia, de manera que las actividades económicas promovidas por el acuerdo no contribuyan directa o indirectamente al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a la consolidación de situaciones contrarias al derecho internacional.

La UCR señala, además, que los costos ambientales y sociales de determinadas actividades económicas pueden recaer de manera desproporcionada sobre poblaciones o territorios ambientalmente frágiles, mientras que los beneficios pueden concentrarse en empresas exportadoras, zonas francas y sectores altamente tecnificados.

El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario recomienda formalmente a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente N.° 25.542, con base en los argumentos desarrollados en el análisis universitario.

Con esta posición, la UCR reafirma la importancia de que las decisiones sobre política comercial sean analizadas desde una perspectiva integral, considerando no solamente los posibles beneficios económicos, sino también sus implicaciones para los derechos humanos, la protección ambiental, la soberanía alimentaria, el bienestar social, la participación ciudadana y el cumplimiento del derecho internacional.

Puede descargar el informe desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Propuesta-Proyecto-de-Ley-CU-99-2026.pdf

Información enviada por el Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica