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Etiqueta: explotación laboral

¡La jornada de 12 horas es un retroceso histórico para la población trabajadora costarricense!

James Porras López
ANEP Joven

¡Pensar en la jornada de 12 horas mejoraría la calidad de vida de las personas trabajadoras, simplemente es una mentira más de un sistema excluyente y explotador!

El filósofo español George Santayana dijo en su libro «La razón en el sentido común». La famosa frase que hoy en día, cuadra perfectamente lo que está sucediendo en nuestro país:

«Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla»

En el año 1934, la huelga bananera en la zona Atlántica de nuestro país, se llevó la lucha por condiciones laborales dignas, por una disminución de la jornada (jornada de 8 horas), por un aumento salarial real, por descanso digno y derecho a la vivienda para las personas trabajadoras. -algo que hoy nuevamente permea nuestra país-

Esto se ve muy bien reflejado en el libro que escribió el famoso escritor costarricense Carlos Luis Fallas (CALUFA) en su célebre libro Mamita Yunai en el cual, entre otras cosas escribió:

«Los días eran un suplicio. Doce, catorce horas bajo el sol o la lluvia, con la espalda hecha pedazos y el estómago vacío.

¿Descanso? Eso era para los gringos.»

Hoy, que existan no solo personas diputadas de la provincia de Limón qué apoyen esta propuesta de reforma, sino, también líderes comunales y gobiernos locales de la región Atlántica y de otras regiones de nuestro país, es bofetear y dar la espalda a la lucha que hicieron nuestros antepasados por condiciones laborales dignas (8 horas)

Es que sí, la jornada de 8 horas se instaura, con el fin de dividir el día en partes iguales y donde la persona trabajadora, no deje de ser persona. Es decir, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de recreación (24 horas del día) una perfecta armonía con el descanso, el trabajo y el compartir familiar.

Algunos diputados que hoy impulsan este proyecto de ley, han indicado en el parlamento algunas aseveraciones como las siguientes:

-Que las empresas se verán afectadas por el no tener la posibilidad de trabajar de forma continua. FALSO, el código de trabajo permite trabajar 24 horas seguidas, con jornadas diurnas, mixtas y nocturnas.

-Que existirá más tiempo familiar- FALSO, el proyecto no garantiza que las familias puedan decidir cuáles son los días libres que podrán optar con la jornada de 12 horas.

-Solo tendré que trabajar 4 días y descansar 3, cierto, más sin embargo si usamos un poco la razón, sabemos que duramos por lo menos una hora o más alistándonos (bañándonos, alistando almuerzos etc.) y por lo menos en algunos pocos privilegiados (1 hora en desplazamiento a su centro de trabajo) es decir, tendrían que estar despiertos y activos más de 14 o 15 horas del día ¿y el tiempo en familia y el tiempo de dormir dónde queda?

Aprobar está jornada, solo beneficiaría a las grandes empresas, ya que tener dos bloques de trabajadores, quitará la posibilidad de contratar 3 personas y les quitará la obligación del pago de la hora extra y la clase trabajadora, explotada y cansada de una jornada laboral extensa.

Volver a aumentar la jornada laboral, significa un retroceso de más de 90 años que como población joven y trabajadora, no debemos permitir.

¡No a la jornada de 12 horas

¡No a la explotación laboral!

La juventud no negociará su dignidad: contra las jornadas 4×3

Elian Xavier Jiménez Campos – ANEP Joven
Heredia, 2 de julio de 2025

El proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante 4 días a la semana no es progreso. Es retroceso. Es explotación maquillada de “modernización”. Es la cristalización de un modelo que pone el capital por encima de la vida, especialmente la vida de quienes trabajamos desde jóvenes, en condiciones cada vez más precarias y desprotegidas.

Quienes impulsan este proyecto hablan de libertad, de conciliación de tiempos, de “opciones”. Pero en la práctica, para la mayoría de las personas jóvenes, mujeres y personas trabajadoras de sectores populares, la jornada 4×3 no es una elección. Es una trampa. “Trabajar 12 horas al día no es libertad, es desgaste físico, emocional y mental”, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus estudios sobre salud ocupacional y fatiga laboral [1].

En Costa Rica, donde las condiciones laborales ya son desiguales y el desempleo juvenil se mantiene alto, esta reforma profundizará la precariedad. Según datos del INEC (2024), más del 36% de las personas jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad o subempleo [2]. Sumado a esto, más del 60% de quienes ocupan empleos de servicios y comercio son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.

Desde ANEP Joven lo decimos sin rodeos: este proyecto es una forma de violencia interseccional, porque afecta con más fuerza a quienes ya enfrentan múltiples opresiones. Las mujeres trabajadoras no solo tendrían que cumplir jornadas extenuantes, sino seguir asumiendo las tareas domésticas no remuneradas. “La sobrecarga laboral es una forma estructural de desigualdad de género”, afirma ONU Mujeres en su informe sobre trabajo y cuidados [3]. Las personas jóvenes verían reducida su capacidad de estudiar, organizarse o simplemente vivir. Los sectores más empobrecidos quedarían atrapados en un ciclo de cansancio y dependencia económica.

¿Quién gana con las jornadas 4×3? Las grandes empresas que podrán reducir costos, exigir más y pagar menos. ¿Quién pierde? La mayoría de las personas trabajadoras que no tienen opción.

La jornada de 8 horas no es una ocurrencia. Es el resultado de décadas de lucha sindical internacional. “Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de vida” no es solo un lema, es una defensa mínima del equilibrio entre el trabajo y la dignidad humana. Renunciar a eso es renunciar a la historia de conquistas obreras que nos ha sostenido.

Desde la juventud organizada, no estamos dispuestas a ceder lo irrenunciable. Porque no queremos sobrevivir, queremos vivir. Estudiar, amar, crear, participar, descansar. Porque el tiempo libre también es un derecho, como lo reconocen el artículo 58 de la Constitución Política de Costa Rica y múltiples convenios de la OIT.

Hoy decimos con fuerza:

  • No nos moverán con falsas promesas.

  • No cederemos lo que le pertenece al pueblo trabajador.

  • No aceptaremos una ley que normaliza la explotación.

Las juventudes de Costa Rica no negocian su dignidad.

[1]Organización Internacional del Trabajo. (2022). Las largas jornadas laborales y su impacto en la salud y seguridad. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_842310/lang–es/index.htm

[2]Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2024). Encuesta continua de empleo 2024. https://www.inec.cr/encuesta-continua-de-empleo

[3]ONU Mujeres. (2019). El trabajo de cuidados y su relación con la desigualdad de género. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/06/infographic-care-work-and-gender-equality

FRENASAPP organiza encuentro con personas afectadas por la producción piñera con el fin de conocer y tomar acciones frente a las problemáticas

El 30 y 31 de mayo de 2025 el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) realizó un encuentro con diferentes organizaciones, sindicatos y asociaciones de la Zona Norte, Zona Sur y el Caribe Norte para imaginar un futuro más allá de la piña.

En las actividades, donde también participaron miembros de la Universidad de Costa Rica y la Universidad para la Paz, se hizo un análisis en conjunto sobre la situación problemática que vive cada territorio a causa del monocultivo y la expansión del mismo. Aunado a ello, se construyeron acciones y estrategias conjuntas para incidir políticamente y enfrentar la contaminación ambiental y el abuso de los derechos humanos en las plantaciones.

Del mismo modo, se presentaron alternativas de agroecología y turismo rural frente a la piña.

Investigaciones demuestran, con evidencia empírica, violaciones a los derechos humanos en piñeras de Costa Rica

Las consecuencias negativas, para las zonas aledañas, del monocultivo en condiciones de explotación no son nuevas. En noviembre de 2022, la organización no gubernamental (ONG) Oxfam de Alemania publicó una investigación que confirmó que existen violaciones a derechos humanos y laborales en la agroindustria de piña en Costa Rica.

Resaltan que encontraron casos de explotación laboral, salarios que están por debajo de una remuneración digna, problemas de contaminación con químicos e incluso que existían represalias contra los trabajadores que deciden sindicalizarse o exigir sus derechos.

Tim Zahn, asesor político de Oxfam Alemania, manifestó que no es algo nuevo, pues en el pasado ya se han comprobado estos hechos y se mantienen las mismas irregularidades. Consideran que existe un doble discurso, cuando la industria asegura que cumple con una política de responsabilidad social empresarial, que incluye el respeto al medio ambiente y los derechos laborales; sin embargo, en la práctica no se cumplen estas disposiciones.

El asunto es si los consumidores alemanes saben que el banano y la piña que consumen es producto de explotación laboral. Los investigadores de Oxfam, señalaron que las empresas que venden en Alemania estos productos cuentan con certificaciones de cumplimiento y respeto de los derechos humanos (un tema muy cuestionado), y que deberían saber que entrará en vigor una nueva ley que exige a los grandes supermercados respetar los derechos humanos y laborales.

Hay que visibilizar la problemática”

Entre las personas que participaron de estas actividades existió un consenso: el de comunicar y difundir la situación problemática que está ocurriendo en cada una de las zonas a causa del monocultivo de piña para encontrar soluciones a esta.

“A mí me parece que estos temas hay que darlos a conocer, no solamente a nivel nacional, porque sabemos que las autoridades encargadas de tutelar los derechos de las personas afectadas de las diferentes formas por la violación de los derechos humanos de las piñeras, se hacen de la vista gorda, prácticamente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, diferentes instituciones no tienen ni tan siquiera las condiciones mínimas ni el poder político, prácticamente son un cascarón decimos nosotros, por lo menos yo puedo decir que están pintados en una pared y no tienen la más mínima voluntad.

Esto hay que llevarlo a nivel internacional para que se dé a conocer, principalmente en los países donde se está consumiendo la piña y otra agricultura como el banano. Ahí se pueden tomar medidas para que se exija a las empresas y países productores a que se respeten los derechos humanos. También unirnos más las comunidades, las organizaciones sociales, sindicatos para que juntos creemos un músculo social que podamos trabajar fuerte en la defensa de los derechos humanos”, mencionó Didier Leitón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (SITRAP).

Por su parte, refiriéndose a la relación entre las agencias de cooperación internacional y las corporaciones, Madeline Kiser y Óscar Beita Quesada, representantes del Movimiento Ríos Vivos, el Frente Nacional de Lucha y FRENASAPP resaltan:

“Del Monte, junto con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, se han formado una alianza. Y esa alianza ha cerrado espacios de conversación sobre qué sigue con la piña y por qué ya no podemos más con este modelo de cosecha y necesitamos otras opciones. Entonces el problema mayor es no poder tener la conversación que más urge.

En este momento creemos que es importante promover el diálogo directo con esas compañías, con esas corporaciones, el diálogo directo con los tomadores de decisiones que nos están llevando en esa dirección. El país tenía muchas cosas excelentes, todavía las tiene y todavía están ahí, pero cada vez están siendo decimadas las instituciones. Pensamos que el diálogo también hay que llevarlo a múltiples espacios internacionales y nacionales para que nos demos cuenta de que el país siempre se vende como un país verde. Y sí es un país verde, tiene muchas maravillas y todo, pero también tiene muchos problemas y desastres ambientales que se están creciendo y creciendo cada vez más. Hay que comenzar a desafiar este modelo que tienen que ser las cooperaciones que controlan la política de las cuencas”.

Este modelo de producción piñera intensivo a gran escala ha generado numerosos problemas socioambientales en la Zona norte, el Caribe Norte y Zona sur del país, según denunciaron las personas participantes. Las precarias condiciones labores, las afectaciones a la salud por el uso de agrotóxicos, malas prácticas de fumigación y la contaminación de fuentes agua figuran como las problemáticas más recurrentes.

“La problemática más grande que tenemos es la expansión piñera. Hasta la fecha tenemos 590 hectáreas que están rodeando el pueblo nuestro en Las Brisas de Upala. Vivimos entre piña 24/7.

Es difícil porque hemos estado tratando de meter recursos de amparo y otras acciones legales para que se termine lo que son los agroquímicos, los riegos aéreos y todo esto que afecta demasiado a la población, no contamos con la seguridad completa que se debería, porque la salud es lo principal en la zona y parece que las empresas, como que no están de acuerdo”, enfatizó Grace Serrano, quien forma parte de la Organización Preservando Ecosistemas, ubicada en la Zona Norte, en el cantón de Upala.

La revista académica AMBIENTICO de la Universidad Nacional de Costa Rica, señaló en uno de sus artículos que la producción piñera, tal y cómo se organiza por parte de las empresas transnacionales, genera altos efectos negativos que no se controlan y afectan de forma directa a la comunidad debido a la degradación de los recursos naturales.

Uno de ellos es la gran cantidad de agroquímicos que se utilizan; los cuales terminan contaminando fuentes de agua cercanas a las plantaciones; el mal manejo del suelo donde no hay control de erosión y reduce la capa fértil. Esto termina disminuyendo la capacidad del ecosistema de autorregularse e irrumpen la vida de las especies de flora y fauna.

Francisco: el Papa de los trabajadores, los migrantes y los marginados

Frank Ulloa Royo

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

El Papa Francisco ha sido una de las figuras más influyentes en la defensa de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los trabajadores y migrantes. Su visión se ha centrado en la justicia social y en la dignidad del trabajo, llamando a la Iglesia a ser un refugio para los más vulnerables. Sin embargo, dentro de la misma institución eclesiástica, sus ideas sobre el trabajo y los derechos laborales no siempre han sido plenamente acogidas.

En Costa Rica, la Iglesia ha promovido el solidarismo a través de instituciones como la escuela Juan XXIII, lo que ha generado tensiones con los sindicatos tradicionales. A pesar de que el Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza la importancia de la justicia social y la dignidad del trabajo, la falta de una postura clara en favor de los sindicatos y los derechos laborales podría interpretarse como un pecado de omisión. Francisco ha insistido en que la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la explotación y el sufrimiento humano.

En su mensaje a la Conferencia Internacional del Trabajo en 2021, el Papa afirmó: «Busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva, y que promueva el bien común, una base que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación.»

Asimismo, en un Encuentro Internacional de Organizaciones Sindicales, instó a los dirigentes gremiales a actuar con solidaridad y justicia, diciendo: «Sindicato es una palabra bella que proviene del griego dikein (hacer justicia), y syn (juntos). Por favor, hagan justicia juntos, pero en solidaridad con todos los marginados.»

El contexto actual refuerza la relevancia de su mensaje. La crisis migratoria en América Latina y el Caribe ha sido un tema central en su discurso, instando a la Iglesia a trabajar activamente en la protección de los derechos de los migrantes. En Costa Rica, la Conferencia Episcopal ha abordado la problemática migratoria, destacando la necesidad de una respuesta humanitaria y pastoral ante el creciente flujo de personas en tránsito.

La deuda social de la Iglesia con los sindicatos y los trabajadores sigue siendo un tema de debate. Francisco ha dejado en evidencia la necesidad de una mayor coherencia entre la doctrina social de la Iglesia y su acción concreta. En este contexto, su mensaje sigue siendo un llamado urgente a la justicia, la solidaridad y la acción colectiva.

Una Iglesia encerrada en sus templos o en salida hacia los marginados

El legado del Papa Francisco trasciende su tiempo en la Iglesia y se convierte en un desafío para las nuevas generaciones de católicos. Su indignación ante una Iglesia encerrada en sus templos, alejada de los más necesitados, fue una constante en su pontificado. Francisco no solo predicó la necesidad de salir a las periferias, sino que exigió una acción concreta, una Iglesia que no se limite a la comodidad de sus estructuras, sino que se ensucie las manos en el servicio a los marginados.

«Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades» (Evangelii Gaudium, 2013). Con estas palabras, dejó claro que la misión de la Iglesia no es la autoconservación, sino la entrega total a quienes sufren.

Su fallecimiento marca el fin de un papado que sacudió las estructuras tradicionales y desafió a los fieles a vivir el Evangelio con autenticidad. La crisis migratoria, la explotación laboral y la indiferencia ante el sufrimiento humano fueron temas que abordó con firmeza, instando a la Iglesia a no permanecer en silencio. En Costa Rica y en el mundo, su mensaje sigue resonando como un llamado urgente a la acción.

Ahora, la responsabilidad recae en la nueva generación de católicos. ¿Responderán al desafío de Francisco? ¿Serán capaces de construir una Iglesia que no solo hable de justicia, sino que la practique? Su legado no es solo un recuerdo, sino una tarea pendiente. La Iglesia debe decidir si sigue encerrada en sus templos o si finalmente sale a buscar al necesitado, como él lo pidió.

El fundamento ideológico de la jornada laboral esclavista 4-3

Vladimir de la Cruz

El 31 de mayo de 1978, el Editorial del Suplemento El Industrial, publicado en el periódico La Nación afirmó entre muchas otras cosas lo siguiente: «El trabajo no es, como creen algunos, una maldición, sino la única ideología que, en cualquier sistema político, salva a un país, forja su desarrollo y le permite alcanzar elevadas metas… no admite sucedáneo… es la única arma de progreso… es un acto de liberación… es una forma de plegaria a Dios. Es una condición del hombre y nadie puede escapar de ella… Ninguna ideología puede sustituir al trabajo, duro y tesonero… Hay que encender la mística del trabajo…que no es sino sentido del tiempo… aprovechado al máximo, a plenitud… Es necesario reducir los días feriados…al mínimo, a los necesarios, para que el resto sea un poema continuo al trabajo, que es la única forma de salir del subdesarrollo”.

Desde entonces, los días feriados los han dio reduciendo, eliminando. Igualmente los han ido moviendo de sus fechas originales a celebrarse o tenerse para disfrute los viernes y los lunes.

Para el próximo año ya están moviéndolos para los lunes. Así se correrán, ya aprobados en Comisión Legislativa, debilitándoles la fecha original de su celebración, desnaturalizándoles, desnudándoles de sus ropajes festivos el viernes 11 de abril la Gran Batalla de Rivas, que la pasan al lunes 14, la del jueves 1 de mayo, día Internacional de los Trabajadores y Rendición de William Walker, que es lo que lo hace feriado desde 1858, al lunes 5 de mayo. Las fechas del viernes 25 de julio, de la Agregación o Anexión de Nicoya a Costa Rica; la del sábado 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, de la Patrona Nacional; la del viernes 15 de agosto, día de la Madre; la del domingo 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente y de Fundación de la República, la diputada del gobierno, Pilar Cisneros, quiso pasarlas al lunes siguiente de esas fecha, pero no se lo aprobaron en la Asamblea Legislativa. Queda todavía la discusión en el Plenario Legislativo, donde se mueven otros intereses, así como los otros diputados, de los otros partidos, que le sirven de alfombra y felpudo al Gobierno del Jaguar.

Se puede apreciar la importancia histórica de las fechas, que se van dejando vacías en su celebración escolar y colegial, como en el plano nacional, todo bajo la mentalidad mercantilista, poco patriótica, y comercial de justificar esos trasados de fecha con la intención de favorecer el turismo nacional, según dicen, para que los costarricenses tengan la posibilidad de disfrutar de tres días seguidos de “vacación”. Los turistas extranjeros nada tienen que ver con esas fechas. Les da igual cualquier fecha que ya tienen para disfrutar sus vacaciones en Costa Rica. Ninguno de ellos está pensando ni sabiendo que les están moviendo fechas patrias y efemérides nacionales para venderles el paquete de los tres días para vacacionar. Ese es el fraude más grande con el que tratan de engañar para cambiar la celebración de las fechas en el día que les corresponden.

Efectivamente el trabajo, como ideología, en nuestro medio es una forma de dominación social, justificada cotidianamente en la prensa, la radio, la televisión; en la escuela y en el proceso educativo en general.

En el proceso religioso también se acentúa esta forma de dominación, social, cual es: trabajar, duro y tesoneramente, pero no para provecho propio, sino para beneficio del dueño de las empresas, fábricas, fincas o, plantaciones; es decir, trabajar duro para beneficio del dueño de los medios de producción que son absolutamente privados en Costa Rica.

Todo ese trabajo duro, tesonero, místico a cambio de un salario, que no corresponde, como lo sienten todos los días los costarricenses, al costo real de la vida, puesto que los salarios se mueven por escalera mientras los precios de los bienes y productos de la canasta básica viajan en ascensor, al tiempo que los salarios e ingresos básicos de las personas y trabajadores están congelados desde hace cinco años, elevándose los mismos para el próximo año al valor de una coca cola o una caja de cigarros, por mes.

Efectivamente, el trabajo es una forma de dominación social en tanto es el instrumento mediante el cual el dueño de la fuerza de trabajo (el empresario, el industrial, el terrateniente, el patrono de cualquier actividad económica) usa para enriquecerse, para producir riqueza, productos que llevan en ellos el salario del trabajador y un valor agregado que hace que los trabajadores, que producen esos productos, la mayor parte de las veces ni siquiera puedan comprar, adquirir o consumir lo que ellos mismos producen. Extraña contradicción.

Los productores directos no son dueños de lo que producen; ni siquiera lo pueden adquirir. Pero los no productores directos, los patronos, no solo son dueños del producto del trabajo de los hombres que lo producen, sino que también se enriquecen, cada vez más con ese trabajo y con ese producto.

El trabajo es la forma directa de explotación de unos, los patronos, sobre otros, los trabajadores. En este sentido el trabajo es la quinta esencia de la ideología en una sociedad como la nuestra, basada en la explotación de amplias masas de trabajadores a cambio de un mísero salario, que en el mejor de los casos apenas satisface las necesidades mínimas de subsistencia del trabajador.

Por ello también avanza en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, conservando de esa manera las 48 horas semanales que establece la Constitución Política y el Código de Trabajo, como jornadas legales y constitucionales en el país, diciendo, a la vez que los tres días que no se trabajará serán para el mayor disfrute, descanso y bienestar de la familia y de los trabajadores.

Desde el primero de noviembre hasta el 31 de enero del próximo año, inician las Sesiones Extraordinarias del Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, cuando el Poder Legislativo solo conoce para sus respectivos trámites, los proyectos de ley que el presidente y sus ministros envían a la discusión y eventual aprobación parlamentaria. En la Agenda presentada está este proyecto de ley de las jornadas de trabajo esclavista, que no han podido justificar, con pelos y señales, de cuáles empresas en particular las necesitan, cuando la tendencia internacional y europea es bajar las jornadas semanales de 48 y 40 horas a semanas de 36 y 35 horas sin disminuir los salarios.

El interés de aprobar estas jornadas en este período es para que no se queden para los meses siguientes a febrero del 2025 porque es el año preparatorio de las elecciones de febrero del 2026. En ese año, en la Asamblea Legislativa no deben discutirse temas como éste porque pueden influir en el proceso electoral, en los partidos políticos, especialmente en los que están en la Asamblea Legislativa, que por esta discusión podrían aumentar sus diputados en el 2026.

Esta forma de relación social, a través del trabajo, todos los días se justifica, se legitima, se moraliza. La explotación del trabajo asalariado se eleva a rango de distinción honorífica. Honor para el patrón que logra mayores riquezas a cuenta del trabajo asalariado.

Honor para el trabajador, que sin protestar, produce mayor riqueza a su patrón.

Honor a aquel que trabajando aún a sacrificio de días feriados ayuda a producir más riqueza, pero no para él; para su patrón.

Honor para aquellos patronos que aparentan distribuir o compartir parte de sus ganancias con sus asalariados.

El párrafo e ideas del Editorial arriba transcritas, de 1978, que sigue teniendo vigencia, son parte de ese bagaje ideológico mediante el cual cotidianamente se le hace ver al trabajador la necesidad de que debe trabajar más. Por eso están tratando de meter la jornada esclavista de las 12 horas diarias. Los diputados representantes y quienes justifican este proyecto de ley, no se esconden en su defensa para afirmar que el objetivo de esa ley de la jornada 4-3 es para bajar los costos de operación de trabajo, de lo que se les paga a los trabajadores por su trabajo, porque se homogeniza la jornada de ocho a doce horas, evitando pagar horas extras, rebajando de hecho el salario y los ingresos de los trabajadores.

Curiosamente los hechos de la vida real no les dicen lo mismo a los trabajadores: trabajan más; posiblemente producen más; dan más ganancia al patrón pero les alcanza menos el salario, el dinero.

El trabajo aquí actúa como ideología en cuanto justifica, legitima, moraliza, la explotación social, el enriquecimiento de la sociedad (de los ricos, no de los pobres); en cuanto se es más hombre en tanto más y mejor se trabaja; se está más cerca de Dios en tanto más obediente, más resignada y se trabaja de forma más sacrificada (condición supuesta para ganar el cielo). La Iglesia, especialmente la católica débilmente se ha pronunciado en este aspecto, haciéndole el juego a los esclavistas laborales del siglo XXI. Las otras iglesias, que incluso tienen representantes legislativos, están interesadas en ese proyecto por el significado económico que les puede resultar a ellas, por la cuotas obligatorias que les imponen de afiliación a los trabajadores.

Y, todavía, se pretende hacer creer que a más trabajo más rápido salimos del subdesarrollo. Si esto fuera así hace algunos años hubieran abolido los días feriados, hubieran establecido la jornada de 18 horas diarias, sin días de descanso y, por supuesto, tampoco hubieran aumentado los salarios.

Frente a esta explotación directa los trabajadores han reaccionado históricamente de distintas formas. Cuando no tenían conciencia de quién era realmente quien los explotaba, no viendo al patrón en ello, reaccionaron contra las máquinas, las destruyeron; incendiaron sus medios de producción en el campo y desarrollaron otras formas de lucha semejante. Cuando descubrieron que quien los explotaba no era la máquina ni los medios de producción en sí mismos, se organizaron para luchar contra esa explotación que organizadamente se ejercía contra ellos por parte de toda la clase capitalista; de los patrones. Así surgieron los Sindicatos y, Ligas de Obreros, como organismos de autodefensa, en el campo de las relaciones laborales, de los trabajadores, tanto a nivel nacional como internacional, porque el sistema laboral opera a nivel internacional, más en tiempos como los que vivimos de la globalización y la mayor internacionalización por los bloques económicos, los tratados de libre comercio la inserción de nuevas empresas de nuevas tecnologías en los diferentes países, especialmente donde la mano de obra sea más barata.

El país lo que trata de promoverse, con esta ley, es como un país atrayente de empresas porque se les ofrece una mano de obra barata. De allí que no sea tan casual la destrucción del aparato educativo que se mantiene por este gobierno, la expulsión de miles de estudiantes del proceso educativo, la eliminación de las becas estudiantiles, la eliminación de los comedores escolares y de los subsidios al transporte estudiantil. De la misma manera la reducción del presupuesto nacional para la educación pública y para las universidades estatales.

Esta lucha de los trabajadores se orientó desde el siglo XIX a mejorar, el salario, las condiciones de trabajo y las jornadas. En ella la huelga, los paros, los conflictos, convenciones etc., fueron parte de los instrumentos de lucha, destacándose en esto la pelea por la legislación social y laboral, lo que en Costa Ria se materializó con la gran Reforma Social en el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1943, de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, fortalecidas bajo el gobierno de José Figueres, cuando presidió la Junta de Gobierno en 1948-1949, y en los gobiernos que siguieron que ampliaron y consolidaron aquellas reformas de 1943. Hoy los partidos herederos de esas Reformas, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, han traicionado su memoria y su herencia política e histórica. Se han puesto en contra de los trabajadores modificando negativamente toda esa legislación laboral, especialmente y la legislación social por añadidura. Especialmente se ha puesto violento contra la Reforma Social el partido Unidad Social Cristiana y sus diputados, que parecen más de la guarida del Jaguar, que representantes populares, que defiendan sus derechos, los del pueblo trabajador.

Los trabajadores en su historia de lucha descubrieron que aun haciendo huelgas toda la vida, su situación de clase no iba a cambiar, aunque mejoraran sus condiciones de vida y de trabajo: seguirían siendo al fin y al cabo una clase explotada, sometida a la dictadura de clase ejercida por los patronos a través del Estado, por más libre y democrático que se llamara y por más libertades que proclamara en el papel. El presidente de la República, el Jaguar mayor de Zapote, ha acusado a esos dos partidos que han ejercido gobiernos desde 1953, que han sido antros de dictadores y tiranos al servicio de camarillas de gobierno que han ejercido sus poderes en contra el pueblo costarricense. Por ello, el Jaguar se presenta como el presidente que quiere gobernar en favor del pueblo, pero que no puede hacerlo porque esos partidos lo tienen atrapado e inmovilizado institucionalmente.

Los trabajadores en sus luchas, desde el siglo XIX hicieron surgir también las organizaciones políticas, los partidos de la clase obrera, que abrieron la perspectiva de cambiar la situación de clase explotada, llevando a la clase obrera y trabajadora al poder y aboliendo toda forma de explotación social, de tal manera «que los expropiadores (de trabajo, los patronos) fueran expropiados”. Solo así, señalaban los dirigentes políticos de la clase trabajadora, realmente se podría alcanzar una situación de justicia social, de felicidad social. Solo en esta perspectiva el trabajo sería un acto de liberación, cuando lo producido estuviera al alcance de quienes lo producen y cuando el valor de lo producido regresara a quienes lo producen en obras de beneficio social; se reinvirtiera en más y mejor educación, vivienda, salud, recreación y descanso real. La jornada esclavista que se presentó a trámite legislativo no producirá ese beneficio social, ni un mayor bienestar de vida para los trabajadores y sus familias. Esa jornada conducirá inevitablemente a debilitar la integración familiar y a la familia como fundamento de la sociedad.

La justicia social no «es fruto del trabajo» sino de la organización social del trabajo, de tal manera que en ella no haya explotación del hombre por el hombre.

La justicia social como Derecho es el resultado de la lucha de la clase obrera y trabajadora, del campo y de la ciudad, y no «una invención legal» ni una dádiva de las clases gobernantes.

La vagancia no es una forma de la lucha contra la explotación del hombre por el hombre. La lucha social, obrera y laboral conduce a eliminar a los parásitos, a los que viven de la explotación de los trabajadores a los expropiadores de trabajo, a los patronos como clase, que se aprovechan de la organización del trabajo asalariado explotado. Así fue planteado por los grandes lideres históricos de la clase trabajadora y sus luchas. Esta sí es una bandera de reivindicación social. Es una bandera para el período electoral que se avecina, desde hoy, en la Asamblea Legislativa.

De la misma manera que los empresarios, los patronos, los industriales llaman a elevar la mística del trabajo, con más trabajo concentrado diario, la clase obrera, trabajadora, del campo y de las ciudades, debe llamar a elevar la mística de la organización obrera y laboral, la organización sindical y partidaria; a elevar su nivel de lucha, de movilización, de agitación.

Si los representantes parlamentarios de los ricos dicen a trabajar los días feriados, porque les cuesta millones a su economía; que los trabajen ellos, ¿por qué los trabajadores deben aumentar más, con más trabajo, las arcas millonarias de los ricos o del Estado, que no los representa?

A la consigna de la clase gobernante de más trabajo la clase obrera y trabajadora costarricense debe oponer la de más organización, más lucha contra la explotación y contra el subdesarrollo social en que la quieren poner a vivir.

Compartido con SURCOS por el autor.

Nuevamente condenan a Mamita Yunai

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Chiquita Brands, la heredera de la United Fruit Co., fue condenada en Florida por violación a los derechos humanos, por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia quienes masacraban a pueblos enteros solo por el hecho de considerarlos enemigos de la derecha.

Entre 1997 y 2004 Chiquita financió y puso a su disposición su infraestructura para ejecutar estas acciones. En los libros de contabilidad se registró que Chiquita pactó con las Autodefensas Unidas, un grupo terrorista, para pagarle $0,30 por cada caja de banano exportada de Colombia. Recordemos que la historia de esta empresa, de la United Fruit Co., está llena de explotación, represión, golpes de estado y crímenes por toda la región bananera del Caribe.

Chiquita fue condenada por cargos criminales, penalmente, como empresa ya que en EEUU las compañías o personas jurídicas pueden ser condenadas penalmente. Además, le impusieron una multa de $25 millones por esos hechos, sin contemplar aún el multimillonario pago que tendrá que hacer a los familiares de los miles de víctimas.

Chiquita ha sido condenada por apoyo a grupos terroristas; la sentencia manifiesta que prestaba sus puertos a las Autodefensas para que recibiera armas y exportara droga.

Lo que Chiquita ha cometido -según se afirma en medios internacionales- es un crimen contra la Humanidad.

Chiquita es la más grande multinacional de producción y exportación de banano del mundo. Es una multinacional que tiene una presencia fundamental en Costa Rica, al ser el primer exportador de banano del país, con extensas plantaciones y pagando salarios que hace que Limón sea la provincia más pobre el país.

Se han presentado más de 3 mil demandas por indemnización contra Chiquita en EEUU y recientemente, el pasado 10 de junio, se ha producido la primera resolución condenando a la empresa a indemnizar a 8 familias víctimas de la AUC con la suma de $38,7 millones de dólares. Esta es solo la primera resolución contra Chiquita por haber financiado al grupo terrorista AUC mediante pagos y prestarse para el comercio de armas y narcóticos.

Hay que tener presente este nuevo hecho, que Chiquita fue condenada criminalmente, porque ella es un agente importante en la vida cotidiana del costarricense.

Pan y Circo

Marlin Óscar Ávila
1 de junio, 2024
Honduras

Marlin Óscar Ávila.

Este sábado vimos en las pantallas al equipo Borussia Dormond jugando contra el Real Madrid.

90 mil personas llenaron el estadio. El Real Madrid ganó el «Champions League» por décimo quinta vez

Mientras tanto la industria de las armas para las guerras en medio Oriente y en Ucrania no se da abasto en satisfacer la demanda comercial, aun cuando es la juventud de varios países la convertida en carne de cañón por los políticos de Kiev, Washington, París, Londres, y Moscú, en actitud defensiva, con un occidente hartado de ruso/fobia.

Nosotros, gozamos del partido, comiendo pizza de la buena.

Es bueno saber que nuestra región, donde hubo guerras y mucha juventud muerta, en los ochenta, ahora podemos vivir en una relativa paz.

Nuestra población trabajadora, aun cuando obtiene raquíticos ingresos, pues no llegan al mínimo establecido para obtener los 30 productos de la canasta básica, la clase trabajadora tiene libertad de organizarse, sin embargo, no lo hace como debiera. Es evidente que está paralizada sin exigir que se cumpla con lo establecido en las leyes y convenios internacionales.

Un factor que puede ser neutralizante es la evidente alianza entre las sindicales y el partido político gobernante Libre. Lo cual parece positivo para lograr un buen gobierno. Sin embargo, puede ocurrir una desventaja para el pueblo trabajador, cuando y si este trabajador organizado da prioridad a su partido e ignora los intereses de clase social a la que representa.

Todo gobierno debe lograr el beneficio de los diversos sectores sociales y económicos. Así es casi imposible que Libre satisfaga a la patronal sin afectar al empleado y viceversa.

Por eso es por lo que, para lograr los balances exigidos, mucho está en la capacidad de diálogo y negociación.

Sobre la mesa, siempre debe considerarse que hay actores externos muy poderosos. Particularmente las corporaciones internacionales del empresariado. Lógicamente, están aliadas a grandes potencias mundiales donde el mercado es un actor de primer orden.

El sindicalismo actual tiene nuevas exigencias. Así que su actuar debe estar a la altura de las nuevas circunstancias.

Por ejemplo, ahora se debe insertar en el conocimiento y manejo de los medios electrónicos. Solamente referirse a las comunicaciones, esenciales para la información y análisis actualizado, debe manejar bastante de los medios electrónicos. Ahora le es imprescindible, el manejo de la inteligencia artificial y la robótica.

Si no lo hace, las organizaciones patronales van a jugar con los obreros y campesinos. No solamente se burlarán, pero agudizarán su explotación al trabajador. Esto se vuelve esencial ahora, aunque no lo fuera hace una década.

Desde luego, el descanso y la diversión, por ejemplo, viendo un partido de fútbol clásico, no solamente es un derecho humano, es una necesidad para su salud, pero sin dejar la movilización y la reivindicación socio económica.

Así es que abogamos por el desarrollo integral de la sociedad en un ambiente de paz y armonía, defendiendo y luchando por los derechos de cada sector.

8 de marzo: ¡Tomamos las calles en defensa del aborto legal!

¡Contra el gobierno y los grupos antiderechos, contra la violencia machista, la represión y el ajuste neoliberal!

Conmemoramos el origen del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, el cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. En Costa Rica las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento en derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado, y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo al igual que cada año el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación.

Las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chaves, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el Judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres, víctimas de femicidio y familiares afectades donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han sido arrebatades.

Seguimos luchando por aborto legal, seguro y gratuito, por su despenalización y reivindicamos la consigna de educación sexual y salud pública para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En esta misma lucha, nos pronunciamos en contra de la violencia obstétrica y exigimos calidad de vida para las infancias y adolescencias, así como dignidad menstrual para todas las personas menstruantes y levantamos la lucha por los derechos de las personas seropositivas y contra el tabú que rodea al VIH debido a la discriminación.

Denunciamos la aprobación de recortes y ajustes neoliberales y antipopulares por parte de la Asamblea Legislativa en contra del bienestar de las mujeres, impulsadas y apoyadas desde el oficialismo junto con los demás partidos políticos tradicionales, grupos antiderechos, fundamentalistas religiosos, conservadores y ultraderechistas. A su vez la violencia política fomentada por este gobierno acosando sindicalistas, diputadas, cooperativistas y demás compañeras luchadoras. Es necesaria la aplicación de la Ley “10.235 “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” y su reglamento en todas las instancias, así como la aprobación de la reforma a dicha ley con proyecto de Ley 23443 “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política”.

Posicionamos que la crisis del agua en distintos sectores del país muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mayorías trabajadoras y populares. Apoyamos de forma solidaria a los Comités de vecinos y vecinas que defienden el derecho humano fundamental al agua potable.

En esta misma línea de políticas nacionales, instamos a las diputaciones a aprobar el proyecto de ley 20.970 “Ley para prohibir todas aquellas «terapias» dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida «curación» la orientación sexual o identidad de género de las personas”, apoyar el proyecto de ley 23.809 “Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex”. Abordando temáticas relacionadas al cupo laboral, educativo y estudiantil dirigido a personas trans y no binaries.

Rechazamos la provocación del Gobierno sobre su “intención” de desconocer la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como los ataques a la institucionalidad. Nos pronunciamos en contra de la reestructuración del INAMU sin plena consulta hacia la sociedad civil, de los nombramientos absurdos en el AyA, contra los recortes en educación y cultura, en vivienda e inversión social, y en salud. Demandamos: ¡que se paguen todas las deudas a la CCSS, incluida la del Gobierno!

En el país, los índices de pobreza y desempleo generan que las responsabilidades familiares recaigan sobre las mujeres, entre ellas se encuentran las adultas mayores asumiendo el cuido y labor doméstica. Rechazamos todo proyecto de ley que implique jornadas de 12 horas diarias, como el proyecto de ley 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, ya que implica mayor explotación laboral y la salida de mujeres de la fuerza laboral al no poder asumir las jornadas de trabajo.

Señalamos el reconocimiento de la inclusión del trabajo sexual como categoría ante la C.C.S.S., como un paso en el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales y demandamos acciones de protección estatal a quienes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia física y sexual.

Destacamos la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Además, de la violencia en contra de las comunidades indígenas por parte de personas usurpadoras de tierras. Exigimos al Estado medidas concretas para combatir el aumento de la deserción escolar en nuestras comunidades, resultado del abandono estatal y la falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales. También, que se aborde la situación de las poblaciones afro que se ven obligadas a involucrarse en organizaciones criminales para subsistir. Demandamos el fin de la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se reconozcan y valoren los aportes de las mujeres afro e indígenas a la sociedad, y que se promueva activamente su participación y liderazgo en todos los niveles.

Además, la lucha de las mujeres es por las que están dentro de una cárcel descontando una condena, las mujeres que acompañan a sus familiares privades de libertad, las que cuidan, y sostienen el tejido social de los barrios y comunidades más estigmatizados del país.

Marchamos porque las hembras no humanas conforman un sector que también es violentado y asesinado diariamente. El objetivo es acabar con el consumo, opresión y cosificación especista y sexista a la que pertenecen los cuerpos disidentes y hembras, logrando la liberación de todas las especies.

Al mismo tiempo, alzamos la voz en contra de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, por las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, asexuales, arrománticas, queer, trans y personas no binaries.

Manifestamos un apoyo a las mujeres centroamericanas que desafían regímenes autoritarios y represivos como los liderados por Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Exigimos la liberación de todas las personas encarceladas por la represión, mientras reconocemos y valoramos la contribución de las mujeres nicaragüenses migrantes a la sociedad costarricense, a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la xenofobia y el racismo.

Nos posicionamos firmemente en solidaridad internacional con las diversas luchas que enfrentan las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo. Por ello nos solidarizamos con la Marea Verde en Argentina que enfrenta el intento del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, de prohibir el aborto legal, una lucha histórica del movimiento feminista. Nos unimos con determinación a la Acción Global Feminista y al paro internacional del 8 de marzo, reconociendo la necesidad de unificar reclamos y denunciar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. Condenamos la ocupación y el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, que respalda el imperialismo estadounidense y europeo, y rechazamos la complicidad de jefes de Estado como Rodrigo Chaves en estos crímenes de guerra.

Este 8M llamamos a todas las feministas y al movimiento amplio de mujeres en nuestras diversidades y pluralidades, y las personas LGBTIQA+ a marchar unides en defensa del aborto legal y contra todas las formas de opresión.

¡Solamente articulades hacemos frente al gobierno y los grupos antiderechos, machistas y neoliberales!

Imagen ilustrativa.

Ninguna empresa se va del país porque no se establezca la jornada de trabajo 4-3

Vladimir de la Cruz

Un argumento que se agitó durante la discusión forzada, apretada, exclusiva, durante varias semanas, que se dio en la Asamblea Legislativa, para conocer y “discutir” el Proyecto de Ley de las jornadas esclavistas y de sobre explotación laboral del siglo XIX, que se quieren establecer en Costa Rica, de 12 horas diarias, seguidas, por cuatro días, para un total de 48 horas semanales, es que muchas empresas, especialmente extranjeras, de las que están en zonas francas, se irían del país.

A este argumento de los diputados, representantes de los esclavistas laborales, se sumaron algunos grupos empresariales, con la misma canción.

Con el Fallo de la Sala Constitucional, rechazando el Proyecto de Ley, por razones de forma, de procedimiento legislativo, y no de fondo, que devuelve el expediente de la Ley a la Asamblea Legislativa, para un nuevo trámite, se han alzado voces lamentando este Fallo. Entre esas voces, la más desatinada fue la del mismo inquilino de Zapote, que llegó a afirmar que la empresa INTEL, estaba valorando retirarse del país.

Fue la empresa INTEL la que salió a decir públicamente que no se estaba yendo del país. El exabrupto del Presidente pudo perjudicar la imagen internacional de INTEL al señalar esa salida del país, y pudo causarle hasta un bajonazo en sus acciones en el movimiento de bolsas mundiales, por la inseguridad que esa salida puede producir en inversionistas. Ya INTEL, por otras razones, hace pocos años, debido a una reorganización mundial interna, había hecho movimientos de personal, afectando Costa Rica, pero sin intención de dejar el país, menos por una razón laboral como la de la jornada 4-3.

Cuando una empresa extranjera viene a Costa Rica, por su propia iniciativa, es porque estudia las condiciones del país, su seguridad jurídica y política; su estabilidad política, el nivel educativo nacional, la calidad de profesionales de educación superior que hay en el país, el bilingüismo de los profesionales y trabajadores que necesitan contratar, el Estado de Derecho existente, la no injerencia corrupta del Poder Ejecutivo, como sucede en otros países, con los inversionistas, que “algo” tienen que dar a quienes ocupan ciertos puestos públicos en la toma de decisiones de esta naturaleza, porque conocen la legislación laboral con que se van a regir sus relaciones de trabajo, y saben que las jornadas de trabajo son de 48 horas semanales, en la jornada diurna, a razón de turnos de 8 horas diarias; porque conocen las leyes que regulan las zonas francas y las ventajas que les dan a las empresas extranjeras en muchos sentidos. Nada de esto ignoran los inversionistas. Ni esperan que eso se cambie porque ellos llegan. Si ese ambiente nacional no les gusta, no vienen a invertir.

Si las empresas extranjeras son atraídas por las institucionales nacionales que se encargan de promover esa atracción de inversiones, son estas instituciones las que se encargan de informar de esas condiciones internas para esas inversiones. Son estas instituciones las que “enamoran” a los inversionistas con venir a Costa Rica. Así es como sucede. No vienen aquí bajo promesa alguna o insinuación de que les van a cambiar las leyes para favorecerlas en “algo más”, porque el cambio en las leyes no es tan fácil; porque no depende de una decisión del Poder Ejecutivo, sino de una reforma legislativa que tiene su trámite y puede resultar lento.

Cuando fui Embajador en Venezuela, procuré abrir el panorama de Costa Rica ante empresarios venezolanos para que vinieran al país, a invertir, hacer negocios o a comprar productos. En una ocasión, logré traer una delegación de poco más de 50 empresarios que se reunieron con distintos grupos empresariales, y hasta con el Presidente Oscar Arias. Las reuniones, a las que asistí, fueron muy importantes para mí. De ellas, me impactó que en las cámaras empresariales, con las que los empresarios venezolanos se reunieron, siempre, los miembros de las cámaras patronales nacionales, les enfatizaron en el Estado de Derecho existente en el país y, especialmente, en el cumplimiento de las leyes laborales y sociales que se debían atender y cumplir, en relación a jornadas, salarios, jornadas extras, vacaciones y condiciones generales de trabajo.

¿Por qué mentirle a la población con la idea de que se van las empresas extranjeras, y que van a dejar desempleados, si no se aprueba la jornada 4-3? ¿Por qué engañar y presionar sicológicamente a los diputados con este argumento, si no es real? Obviamente es perversa esta campaña publicitaria en esa dirección.

La prensa del país ha venido informando en los últimos meses de empresas que han reducido su personal de trabajo, lo que nada tiene que ver con no tener la jornada 4-3.

En la aprobación del Proyecto de Ley, que la Sala Constitucional rechazó, quedó claro que la jornada 4-3, de cuatro días, sustituía la jornada semanal de 48 horas, por lo que no era necesario pagar horas extras sobre las ocho horas diarias de trabajo que establece la Constitución Política. Este ha sido el quid, la esencia clave de esta Ley, rebajar el salario aumentando la jornada de trabajo.

Entendamos también que las supuestas empresas que tienen que trabajar 24 horas de trabajo continuas, con esta modalidad de trabajo de 4 días de 12 horas, tendrán que trabajar tres días más, de los siete semanales, con otros turnos de trabajadores, también de jornadas de 12 horas diarias. ¿o no es así?; ¿acaso también las empresas descansan esos tres días, trabajadas las jornadas de trabajo 4-3?

Los promotores de esta Ley del 4-3 dicen que se va a aumentar el empleo con esta ley. Los datos no son reales. Veámoslo de manera simple. Si una empresa necesita operar en su producción 24 horas continuas, con dos turnos de trabajo de 12 horas cada uno, contrata un número de empleados determinado para cada turno. Siempre será una contratación de trabajadores menor que si tuvieran que contratar para las mismas tareas a tres turnos de trabajadores. Si tuvieran que realizar tres turnos de 8 horas cada uno tienen que aumentar necesariamente su número de empleados, para cumplir con los tres turnos. Para el empleo nacional, sin ninguna duda, lo mejor son jornadas de ocho horas para promover más empleo y salarios para trabajadores. Esa es la realidad laboral. Así se produce más empleo y más trabajadores reciben un salario.

La tendencia internacional es rebajar la jornada de trabajo semanal a 36 horas, que en este caso se pueden trabajar a 9 horas diarias en cuatro días a la semana, como están haciendo algunos países europeos. En España, con el ascenso del nuevo gobierno, que se está formando en estos días, se está proponiendo esta jornada laboral, con un sustantivo aumento de salarios. En Italia, en el movimiento huelguístico que se está dando, está de por medio en las demandas de los trabajadores la rebaja de la jornada sin perjudicar el salario. En Francia ya operan jornadas de 35 y 36 horas semanales, sin rebajar salarios.

La jornada de trabajo 4-3 está claro que no puede discutirse en la Asamblea Legislativa hasta que no se redacte totalmente la Sentencia de la Sala Constitucional, y que dicho Fallo sea recibido por la Asamblea, para su debido trámite. Eso significa que se devuelva el expediente, de este Proyecto de Ley, en su trámite hasta donde el Fallo determine y se vuela a reiniciar todo el proceso de discusión parlamentaria, que es casi empezar de nuevo.

Hay, sin embargo, iniciativas de los diputados que representan los intereses del Presidente de la República, que están considerando establecer un nuevo Proyecto de Ley de jornadas 4-3, que pueda ser más expedito y potable para su trámite y aprobación parlamentaria. De hecho, pareciera que renuncian a la posibilidad de revisar lo señalado por la Sala Constitucional y mantener abierto ese expediente. En su lugar, ven más fácil un nuevo Proyecto de Ley, corrigiendo lo que la Sala Constitucional haya recomendado, con lo cual reconocen que ese Proyecto rechazado por la Sala Constitucional no era el mejor, ni el oportuno, ni el necesario, que fue atropellado y descontextuado en su discusión.

El Presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha manifestado, claramente, que el Proyecto de la Jornada 4-3 puede convertirse, como lo señalé hace una semana en esta misma columna, en un proceso similar a la discusión del Tratado de Comercio con Estados Unidos, del 2006-2007, que se convirtió en una batalla campal costarricense, casi por dos años, entorpeciendo el accionar el gobierno de entonces; o como el combo del ICE, del año 2000, que fue similar en esas acciones de masas movilizadas. En este sentido, Rodrigo Arias ha llamado la atención, con la sensatez, prudencia y tacto, con que sabe actuar como Presidente Legislativo, que se debe buscar un acuerdo político, bien consensuado, en torno a esta discusión de la nueva jornada que se quiere imponer.

Entiende también Rodrigo Arias que el Proyecto no debe llegar al año 2025, por ser el año electoral nacional. Para él, ese acuerdo debe resolver el trámite de esta ley en el año 2024, el próximo.

Si los diputados, seguidores y defensores del Presidente de la República, esperan impulsar un Proyecto de Ley nuevo, sustitutivo del que rechazó la Sala Constitucional, para darle algún trámite preferencial, como el de dedicar todas las sesiones legislativas a esa discusión, con el llamado “trámite rápido”, tendrán que esperar los meses de mayo, junio y julio próximo, que tienen Sesiones Extraordinarias, donde el Presidente gobierna la agenda parlamentaria, con lo cual el Gobierno seguirá “sin hacer nada”.

Recordemos también, que en diciembre y enero próximo están, además del receso legislativo, de fin de año, las elecciones municipales que distraen a los diputados, por el apoyo que tienen que dar a sus candidatos municipales.

Por ahora, seguiremos esperando al Fallo totalmente redactado de la Sala Constitucional para analizarlo más cuidadosamente.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Encuesta destaca conocimiento de la población en trata de personas y migrantes

El Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), presentó los resultados de la encuesta nacional: “Percepción sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.

La encuesta se realizó en el Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del IDESPO, del 14 al 22 de abril 2023, abarcando una población de 910 personas, con un 3,2% de error de muestreo y un 95% de confianza. La muestra se ajusta por la no respuesta con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En esta ocasión el ajuste se realizó con la distribución por sexo, edad y educación de la ENAHO 2022.

“El objetivo de esta encuesta fue conocer las percepciones que tenía la población costarricense acerca del delito internacional de trata de personas, y de forma específica retratar las vías en que se acceso a dicho conocimiento, identificación de vulnerabilidades, características y finalmente relacionar cuáles factores estructurales inciden para que se den situaciones de trata de personas”, indicó la coordinadora del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del IDESPO, Dra. Cynthia Mora Izaguirre.

Dentro de los principales hallazgos, en cuanto a la trata de personas, se observó que gran parte de la población encuestada, 77,6% tiene una acertada percepción del concepto, el cual se definió como el comercio de personas para la explotación sexual y laboral e incluso para el tráfico de órganos. De la población encuestada el 16,9% no sabe qué es y lo confunde con otro concepto el 5,5%.

Por otra parte, la gran mayoría (87,2%) estuvo de acuerdo en que las personas con mayor riesgo a ser tratadas son los menores de edad; seguidos por las personas menores de 35 años (66,2%). Otros grupos poblaciones que se identificaron que también corren riesgo son los migrantes (89%), las personas con bajo nivel educativo (81,2%) y las desempleadas (73,4%). Y con respecto al sexo, se consideró que son las mujeres a quienes les afecta más esta situación con un 67,9%.

En el tema de acceso a la información sobre este delito, un 66,5% mencionó que sí ha tenido acceso a ella, y es la televisión el principal medio por el cual la gente se informa sobre esta temática (90,9%), seguido por las redes sociales (80,7%).

Los factores determinantes de la trata de personas mostraron que la población consultada es bastante pesimista y reconoce que en el país se dan diversas formas de explotación (doméstica, agrícola, infantil con fines sexuales, sexual por medio de redes de prostitución).

Los encuestados consideraron que hay una serie de situaciones que requieren atención urgente por parte del Gobierno de la República en el siguiente orden de relevancia: tráfico y venta de drogas, delincuencia organizada, inseguridad, violencia de cualquier tipo, pobreza, desempleo, personas que piden en las calles, migración de extranjeros, ofertas de trabajo engañosas, turismo sexual y trabajo infantil. Es decir, que más allá de la trata de personas, el país es propenso para que se cometa casi cualquier delito y es urgente que el gobierno intervenga ya que se considera que todos los días en Costa Rica se dan sucesos violentos, crimen organizado, tráfico de armas, coyotaje y trata de personas.

Otro dato importante, es que casi una cuarta parte de la población encuestada no tiene claro que es tráfico ilícito de migrantes o coyotaje, de estas personas, la mayoría lo confunde con el concepto de trata.

También, respecto al tema de los derechos humanos, se asocia más con igualdad y el respeto de los derechos de las personas y que se les garantice un mínimo de recursos para la subsistencia.

Por último, como conclusiones se recomienda volver a implementar campañas estatales, especialmente a la luz de un alto tráfico de personas atravesando nuestro país rumbo a los Estados Unidos, índices de desempleo e informalidad tan altos, hace imperativo que el Gobierno de la República invierta en posicionar el tema para su prevención y denuncia.

Además, es fundamental también el papel del Estado en cuanto a políticas públicas enfocadas a la prevención, así como de proveer y garantizar a las personas el acceso a una educación de calidad y mejores condiciones laborales, pues estos condicionantes sirvan para repeler los engaños de los que son objeto las personas por parte de los tratantes. La inversión social es la más poderosa herramienta que puede contribuir a luchar contra este flagelo.

Pueden ver la presentación completa aquí:

Compartimos el informe:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica