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El abogado ambientalista Álvaro Sagot cuestiona la falta de participación ciudadana en la aprobación de la viabilidad ambiental y advierte sobre los riesgos para un río clave para la biodiversidad y el abastecimiento de agua en la Península de Nicoya (ver video).

Cóbano, Puntarenas. La Sala Constitucional admitió la semana pasada un recurso de amparo relacionado con la viabilidad ambiental otorgada a un proyecto de extracción de arena y otros materiales en el cauce del río Arío, en Cóbano, y ordenó una medida cautelar que obliga a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a mantenerse especialmente vigilante para evitar posibles daños ambientales en el cauce del río y su biodiversidad.

Para el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien acompaña el proceso presentado junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, la decisión constituye un hecho particularmente relevante, debido a que la autoridad ambiental había rechazado previamente los cuestionamientos planteados por la comunidad.

“La sala constitucional admite recursos de amparo y ordena como un asunto asombroso -porque normalmente no se otorgan medidas cautelares- otorga una medida cautelar y le ordena a SETENA que tiene que mantenerse sumamente vigilante de que no se vayan a dar daños ambientales en el cauce del río Arío ni en la biodiversidad”, señaló Sagot.

El abogado considera que la decisión abre una oportunidad para revisar aspectos fundamentales relacionados con el derecho de participación y de información en materia ambiental.

“Esperemos que se observe de buena manera todo lo que tiene que ver con el derecho de participación y el derecho de información en materia ambiental”, manifestó.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Sagot y las organizaciones comunitarias se relaciona con la forma en que se evaluó el componente social del proyecto durante el proceso de viabilidad ambiental.

Según explicó el abogado, la valoración social del proyecto habría sido sustentada únicamente mediante entrevistas a una persona: “En el componente social únicamente se avaló todo el proyecto con entrevistas de una sola persona, nada más, para que ustedes se imaginen cómo anda el derecho de participación y el derecho de información en materia ambiental”.

Sagot cuestiona además que, cuando la comunidad manifestó su oposición ante SETENA, la respuesta de la institución fue que los reclamos habían sido planteados de manera tardía, debido a que la viabilidad ambiental ya había sido otorgada. Para el abogado, esta situación resulta especialmente preocupante porque restringiría la posibilidad de que las comunidades participen efectivamente en decisiones que pueden afectar directamente sus territorios y recursos naturales.

Un río estratégico para la Península de Nicoya. La preocupación de las organizaciones no se limita al proyecto extractivo. El río Arío constituye un ecosistema de alta importancia ecológica y se encuentra en una zona particularmente vulnerable por la creciente presión sobre el recurso hídrico.

El río está ubicado aproximadamente a 240 metros del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caleta-Arío, forma parte del Corredor Biológico Peninsular y mantiene una estrecha relación ecológica con ecosistemas de manglar, estuarios y ambientes marino-costeros.

En el río y sus alrededores se encuentran especies como camarones, peces y nutrias, mientras que su desembocadura se encuentra vinculada a ecosistemas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad.

“Debe saberse que el río Arío es rico en biodiversidad, hay camarones, hay nutrias, hay peces por supuesto”, recordó Sagot.

Las organizaciones comunitarias advierten además que la cuenca tiene una importancia estratégica para la seguridad hídrica de la Península de Nicoya. El río y su entorno se encuentran relacionados con zonas de captación y campos de pozos utilizados para el abastecimiento de agua potable de comunidades y actividades turísticas de la zona.

Entre las localidades que dependen de este sistema hídrico se encuentran Malpaís, Santa Teresa, Playa Hermosa y Manzanillo, en una región que enfrenta crecientes presiones por la sequía, el aumento de la demanda de agua y los efectos del cambio climático.

Sagot cuestionó que estos elementos no hayan tenido, a su juicio, el peso necesario durante la evaluación ambiental: “Nada de esto importó, no interesó el proceso de escasez hídrica, el estrés hídrico que estamos viviendo con el fenómeno del Niño, el cambio climático, nada de ello.”

La preocupación por el proyecto forma parte de un conflicto más amplio. Esta solicitud de extracción en el río Arío es una de muchas otras solicitudes mineras planteadas el ecosistema, lo que ha generado una creciente movilización de organizaciones y comunidades.

La Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), junto con organizaciones ambientales y vecinos de Cóbano, ha impulsado campañas de sensibilización, recolección de firmas, acciones legales y otras iniciativas para defender la cuenca del río Arío. El COVIRENA Cabo Blanco–Arío también ha participado en las acciones de defensa del territorio y del ecosistema.

La comunidad ha sostenido que la discusión no puede reducirse únicamente a la extracción de materiales, pues lo que está en juego es la protección de una cuenca estratégica para el agua, la biodiversidad y las comunidades de la Península de Nicoya.

Antecedentes. El 12 de noviembre de 2025, Álvaro Sagot, junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, solicitó la nulidad de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de extracción en el cauce del río Arío. Entre los argumentos planteados se encuentra la necesidad de analizar el caso desde el marco de la emergencia climática y los derechos humanos, incluyendo los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambiental.

Posteriormente se presentó este recurso de amparo relacionado con el procedimiento de otorgamiento de la viabilidad ambiental y con la protección constitucional del derecho al agua, la vida y un ambiente sano. Ahora, la admisión del recurso por parte de la Sala Constitucional y la medida cautelar dirigida a SETENA colocan nuevamente la protección del río Arío en el centro de la discusión.

Para Sagot, el caso también representa una oportunidad para reafirmar el alcance de los derechos de participación e información ambiental reconocidos por la jurisprudencia constitucional costarricense.

“Estamos ante situaciones que no deberían estar ocurriendo en Costa Rica, donde se supone que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, existe un derecho de participación ciudadana y un derecho de información ciudadana en materia ambiental”, concluyó.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.