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Etiqueta: extrema derecha

Un orden mundial turbulento

Gilberto Lopes
San José, 29 de octubre de 2026

Europa está enojada

Europa está enojada. Los alquileres se disparan. Los precios de la energía suben, el crecimiento se estanca, los intereses de la deuda ahogan a Francia, Italia, España, Grecia; los fondos destinados a escuelas, viviendas, a compensar a los agricultores afectados por la sequía se utilizan para pagar a los acreedores. Así comienza un artículo sobre “El peligroso invierno del descontento en Europa”, publicado por la página “Politico” el pasado 22 de octubre.

Anton Jäger, autor de Hyperpolitics, dice en el New York Times que “Europa está en llamas”. Y advierte que esto va a seguir. Es la crisis postergada del capitalismo democrático, había advertido el sociólogo alemán Wolfgang Streeck.

Es la misma Europa de las protestas estudiantiles, de una Europa que se debate, incierta, sobre su futuro; la misma que dice prepararse para una guerra contra Rusia que podría declararse antes del 2030. Como sabemos, una guerra como esa arrastraría a todo el mundo. Y duraría “muy poco”, como lo advirtió el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov.

Europa se retuerce, incómoda, en la camisa de fuerza en que parece haberse convertido un mundo en el que ya no se acomoda como antes. Quizás precisamente por haberse amputado una parte esencial, la de la Rusia europea, por donde circulaba la energía que la alimentaba.

Hoy, lejos de cualquier integración, predomina, de nuevo, la idea de imponer una derrota estratégica a una Rusia ajena y enemiga, algo que ya no era posible en el siglo pasado. ¿Tampoco lo es hoy algún nuevo tipo de acercamiento? Trato de acercarme a esa reflexión, pieza clave de un ajedrez cuyo tablero político se extiende al norte, sur, al este y al oeste.

Europa destina ahora miles de millones de euros a la industria de esa guerra. Esa es –desde mi punto de vista– la extrema derecha europea: la de la guerra. Como lo era la del siglo pasado.

Un orden mundial turbulento

La configuración de un nuevo orden mundial se desarrolla de manera sumamente turbulenta y espontánea. Mientras la potencia hegemónica busca preservar su hegemonía, nuevos países reivindican espacios en el escenario internacional, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en el Foro de Valdai, el pasado 1 de octubre.

Como ya es tradición, Putin pasó revista al escenario internacional en el Foro, que se celebra anualmente entre septiembre y octubre. Este año no fue la excepción. Entre su intervención y el debate posterior –una vasta sesión de preguntas y respuestas entre Putin y los participantes de cerca de 40 naciones– la sesión duró más de cuatro horas.

Evitar consecuencias irreparables

El debate se enfocó en los cambios políticos de nuestra época. La configuración de un nuevo orden mundial que calificó de “inevitable”. Nada está predeterminado, dijo Putin. El desarrollo puede orientarse en diferentes direcciones. Las principales potencias del mundo poseen armas en sus arsenales capaces de destruir toda forma de vida, de reducir la Tierra a un estado catastrófico. ¿Podemos garantizar que estas armas nunca se utilizarán? “Por supuesto que no”.

Pese a que los conflictos internacionales serán una característica de los próximos años, a medida que el mundo se aleje de la hegemonía occidental la situación mejorará gradualmente, dando lugar –en su opinión– “a un orden internacional multipolar más estable, democrático y libre”.

Es una visión optimista que el mismo Putin sabe no estar garantizada. Lograrlo implica adoptar una serie de medidas prácticas para “impedir que la humanidad sea empujada al límite de su supervivencia y a evitar consecuencias irreparables”.

La guerra de Ucrania

Es imposible detenerse aquí en los detalles de la larga exposición del presidente ruso, que está publicada íntegramente, en inglés, en la página del Kremlin.

Nos referiremos, aunque brevemente también, a otros dos temas: la guerra de Ucrania y el fin de la Unión Soviética.

Putin se refiere a las razones de Rusia para ir a la guerra. Soy consciente –afirma– “de que algunos miembros de la comunidad de expertos podrían preguntarse por qué Rusia inició la guerra mientras hablaba de paz”.

Su punto de vista –difícilmente tomado en cuenta por la prensa occidental–, es que Rusia ni quería la guerra, ni fue quien la inició. Ucrania debería “haberse abstenido de fomentar un nacionalismo agresivo y la rusofobia para convertirla en una herramienta de lucha contra Rusia”. “No se debería haber elaborado planes para crear campos de concentración destinados a la población de Donbás y Crimea. No se debería haber pasado por encima de personas desarmadas con tanques, ni haberlas atacado con misiles y bombardeos aéreos, ni haberlas quemado vivas simplemente por ser rusas. Nos empujaron a este límite de manera consciente e intencionada”.

Un punto de vista que se podrá discutir, pero que debe tomarse en cuenta si se pretende entender el conflicto y buscar soluciones.

Putin toca también otro tema, relacionado con el anterior, muy relevante y polémico: el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.

La OTAN no debería haber integrado nuestros territorios históricos en su espacio militar, ni haber planeado el establecimiento de bases allí. Recordó las palabras de Egon Bahr, dirigente socialdemócrata alemán, que ya en 1990 expresaba preocupación ante la posibilidad de que los sectores más agresivos de la OTAN no estuvieran interesados en buscar la cooperación paneuropea, una vez concluida la Guerra Fría. Disuelta la URSS, “las fuerzas predominantes en Occidente, tal como Bahr temía, mostraron poco o ningún interés en promover la cooperación paneuropea”.

Putin no menciona al diplomático norteamericano, George Kennan, embajador en la URSS durante unos meses en 1952, al final del período de Stalin –que lo declaró non grato–, cuya visión era muy similar a la de Bahr en esta materia. Es un diplomático a cuya obra me he referido ya en otras oportunidades. Estrechamente vinculado a la política de la Guerra Fría, Kennan advirtió que la ampliación de la OTAN durante el gobierno de Clinton, en 1999, con la incorporación de Polonia, Hungría y la República Checa, no iba a ser recibida por los rusos de una manera “sabia, ni moderada”. “El decidido compromiso de nuestro gobierno para empujar la expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas es el mayor error de todo el período posterior a la Guerra Fría”, aseguró Kennan.

Los líderes occidentales buscaron remodelar el mundo a su conveniencia y apropiarse de una parte —preferiblemente de una gran parte— del legado soviético. Ahora podemos ver el resultado, afirmó Putin. Desde su punto de vista, resulta evidente el papel tan destructivo que significó el colapso del sistema estatal soviético hace 35 años. No solo para el destino de la Unión Soviética, sino también para la estabilidad mundial a largo plazo.

En 2020 Putin acusó a Occidente de no hacer nada por cumplir las promesas de no ampliar la OTAN. Afirmó que el apoyo al golpe de 2014 en Ucrania y la pretensión de incorporarla a la OTAN era el mayor foco de tensión con Rusia.

“Acciones unilaterales, frecuentemente ilegítimas no han resuelto problema alguno”, había advertido Putin. Ya en 2007, en un discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin advirtió contra la idea de un mundo unipolar. Respondiendo una pregunta sobre la expansión de la OTAN, recordó que esa era una alianza militar y política. “¿Para qué necesita poner infraestructura militar en nuestras fronteras durante su expansión?”, se preguntó.

Una mentalidad militar

En los últimos años, la amenaza rusa se ha transformado en argumento para justificar crecientes gastos en materia de defensa de los países europeos.

En la visión del presidente francés, Emmanuel Macron, Rusia ha tomado una decisión estratégica: la de volver a ser una potencia imperial, de avanzar allí donde percibe debilidad. No deja de ser una afirmación contradictoria, cuando vemos los hechos. La frase sugiere la disposición rusa de seguir hacia el oeste si no encuentra resistencia. Pero no fue Rusia la que avanzó hacia el oeste. Reaccionó muchos años después de que Occidente avanzara sus tropas hasta la frontera rusa, desatando una ofensiva a lo largo de su frontera con Ucrania, después de diversas advertencias sobre lo inaceptable que resultaba eso para la seguridad de Rusia.

Siempre me ha parecido importante, para analizar estos hechos, considerar que Rusia está peleando en su frontera. El ancho del territorio de Donetsk, que Rusia ha reivindicado como parte de su territorio, es de unos 190 km. No parece tener fundamento el temor de Macron, ni el de otros líderes de Occidente, sobre una ambiciosa restauración imperial, ni un plan de avance de Moscú hacia el oeste. Ni siquiera hay capacidad militar para eso.

Macron, en todo caso, no está solo. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wesley Streeting, advirtió que su país debe estar preparado para un escenario de guerra en mil días, argumentando que los enemigos de Londres podrían estar en posición de atacar el país para 2030. Naturalmente, se refería a Rusia.

En enero de 2025 el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a los países del bloque a adoptar una «mentalidad militar». Cuando asumí el cargo, el año pasado, “advertí de que lo que está ocurriendo en Ucrania también podría ocurrir en los países aliados». Para Rutte, el peligro ruso no terminará cuando acabe la guerra de Ucrania.

Una maligna zona gris

A principios de octubre Rutte se refirió a una “maligna zona gris”, donde Rusia libra una llamada “guerra híbrida” contra los países de la OTAN. Se trata de una serie de actos de naturaleza muy diversa, desde incidentes militares hasta informaciones de prensa, con los que Rusia los amenazaría. Actos que, sin embargo, no justificarían la convocatoria del artículo 5 del tratado, mediante el cual todos los países miembros de la OTAN deben acudir en apoyo de cualquier otro, atacado por una potencia extranjera.

El lunes, 12 de octubre, el comandante aliado supremo de la OTAN, el general norteamericano Alexus Grynkewich, presentó el plan “Theory of Victory” para hacer frente a la guerra con Rusia, basado en tres principios: bloquear, desgastar y destruir. Lo presentó en el Foro de Seguridad de Varsovia, que convoca anualmente a algunas de las voces más dispuestas a preparar Europa para la guerra. Un foro que, según Moscú, coquetea abiertamente con el autoengaño de desmembrar a Rusia.

Aunque la OTAN no ve una confrontación militar con Rusia como “inminente o inevitable”, Grynkewich estimó prudente anunciar su plan, considerando “los sabotajes, los incendios provocados, los ciberataques y la desinformación rusas”.

Este año, en un documento de 87 páginas el Foro propuso términos equivalentes a una rendición rusa para poner fin a la guerra de Ucrania: sanciones permanentes, pago de reparaciones, incorporación de Ucrania a la OTAN…

Los riesgos de una guerra preventiva

El 17 de octubre la página rusa RT publicó un largo artículo firmado por el “experto militar” Dmitry Kornev. Kornev decía que la estrategia definida en la “Theory of Victory”, era una “receta para el desastre”.

Si bien no se trata de ninguna estrategia muy nueva, el documento agrega algo importante: una fecha. En 2030 Rusia estará lista para atacar Europa. En realidad, dice Kornev, Rusia no tiene ni los hombres ni los recursos para atacar la OTAN, “a menos que esté dispuesta a un ataque suicida”.

Pero al estimar una fecha para esa preparación se corre el riesgo de desatar una guerra preventiva. Si esperamos, el adversario estará mejor preparado; si atacamos podemos evitar un riesgo mayor.

Se trata, naturalmente, de una lógica peligrosa y quienes se están preparando para esa fecha no son los rusos, sino la OTAN y sus miembros. Se trata de una “situación complicada”, dijo el ministro de Defensa ruso. «La OTAN, la UE y el régimen de Kiev han venido escalando» su preparación militar. Si en 2030 están preparados, ¿podrán sentirse tentados a atacar?, se pregunta Kornev.

Como ya señalé, me parece que esas fuerzas son hoy las más peligrosas para el mundo, las que representan la extrema derecha europea. Las mismas que ya intentaron dos veces, en el siglo pasado, desmembrar Rusia (o la Unión Soviética). No se puede descartar, viendo el escenario europeo, que lo intenten de nuevo. La diferencia es que, en el siglo pasado, no existían todavía las armas nucleares. Las “no armas”, las “armas inútiles”, como las calificó el diplomático norteamericano George Kennan, hombre clave en la época de la Guerra Fría.

La guerra y la extrema derecha europea

Con Europa preparándose para una guerra (que, de ocurrir, no podrá ser más que nuclear) me parece que la extrema derecha europea es la comprometida con esa política. Tanto con financiar y armar Ucrania como con la política de rearme europeo, vinculada a los anuncios de una próxima guerra con Rusia. Hoy eso se expresa en la Comisión Europea, en el Parlamento europeo, en la OTAN y en todos sus países miembros.

Desde ese punto de vista, no hay nada a la derecha de Ursula von der Leyen, ni de la vicepresidenta Kaja Kallas, exprimera ministra de Estonia, hoy a cargo de la política exterior de la Comisión; ni del Comisario de Defensa, Andrius Kubilius, exprimer ministro de Lituania, representantes de la posición más virulenta antirrusa en Europa, junto con los polacos del liberal Tusk. Tampoco hay nada a la derecha de la fracción conservadora mayoritaria en el Parlamento Europeo, que preside la maltesa Roberta Metsola.

Es su compromiso con la guerra; la ausencia de iniciativas diplomáticas para resolver el conflicto; la apuesta por infligir una derrota estratégica a los rusos; el creciente gasto militar, indispensable (pero inútil) para ese intento; los reiterados llamados a prepararse para la guerra lo que caracteriza una extrema derecha europea. Una política que amenaza con llevar el mundo a una tercera (¿y última?) guerra.

Los dirigentes de los países bálticos, la Polonia de Donald Tusk, los gobernantes de Inglaterra o Alemania son algunas de las voces que se oyen con frecuencia advirtiendo de la posibilidad de un ataque ruso. Reiteran su disposición de apoyar a Ucrania, de hacer “todo lo necesario” para la derrota rusa.

Esos tambores de guerra no dejan oír voz alguna a favor de un acuerdo de paz que tome en cuenta las demandas de seguridad de las diversas partes, incluyendo las rusas.

¿El momento de la paz?

El pasado 16 de octubre, en reunión del Consejo Europeo, el presidente António Costa, socialista portugués, dio una breve declaración, acompañado de Zelensky y de von der Leyen. ¿Qué dijo? “Nuestro mensaje para el presidente Zelenski es muy sencillo. El apoyo de la Unión Europea a Ucrania sigue siendo tan fuerte como siempre”. “Es el momento de incrementar nuestro apoyo. De incrementar la presión”. “Es el momento de la paz”.

¿Cuál paz? Una paz entendida como el resultado de mayores presiones sobre Rusia. ¿Funcionará? ¿Ha funcionado en estos casi cinco años de guerra?

Europa sigue apostando a la posibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia, un objetivo difícil de imaginar. O, quizás de forma más realista, tratan de impedir un triunfo total de Moscú, incluyendo el control de Crimea, de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, y los territorios de Jersón y Zaporiyia, anexados en septiembre del 2022. Según fuentes rusas, Lugansk estaría controlada totalmente, mientras que, en Donetsk, cerca de 17% permanece bajo control ucraniano. Fuentes cercanas a Kiev reducen el área bajo control ruso en Donetsk a 70%. En Jersón y Zaporiyia el control sería de 75% del territorio, y no incluye la capital de ninguna de las dos regiones.

Martin Schulz, socialdemócrata alemán, presidente del parlamento europeo entre 2012 y 2017 y hoy presidente de la Fundación Friedrich Ebert, defendió el apoyo a Ucrania, en entrevista publicada en la página española Agenda Pública. “Tenemos que impedir que Rusia termine ganando porque nosotros dejemos de apoyar a Ucrania”, afirmó.

Schulz estima que Rusia no va a ganar y Ucrania no va a perder. Lo que no queda claro es lo que considera “ganar”. Parece ser que se refiere a la imposibilidad de que Rusia ocupe toda Ucrania. Algo que Moscú ciertamente no está en condiciones de lograr, ni se ha propuesto. Pero Schulz reconoce que Ucrania ya está dividida, y que no “existe ahora la posibilidad militar de recuperar Donetsk y Lugansk”.

Le preocupa que la CDU termine por pactar con lo que los alemanes llaman la “extrema derecha”, la AfD. Estima que, si sigue ese camino, se derrumbará. Prefiere que pacte con el SPD, como el gobierno actual, encabezado por el canciller Merz, empeñado en transformar el ejército alemán en “el más poderoso de Europa” y de prepararse para la guerra contra Rusia.

El jefe de la agencia de inteligencia exterior alemana (BND), Martin Jäger, estima que su país corre el riesgo de verse envuelto en un conflicto violento con Rusia. Schulz, por lo menos, habla de la necesidad del diálogo con Rusia.

El canciller alemán ha sido una de las voces decididas en la apuesta por la derrota de Rusia. El 4 de octubre, de visita a Kiev, reiteró que si no la paraban, la maquinaria de guerra de Moscú, tarde o temprano, se volvería contra ellos. Dicho por el jefe de gobierno de un país que ya se lanzó dos veces contra Rusia y que se alista para una eventual tercera guerra.

Putin ha reiterado que Rusia no tiene planes de atacar ningún país de Europa. Pero más importante que esas declaraciones –a las que se puede o no dar credibilidad– me parece el hecho de que es difícil encontrar razones para un ataque de ese tipo, que Rusia tampoco está en condiciones militares de realizar. Dirigentes como el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, o el mismo secretario general de la OTAN reconocen no haber evidencias de que Rusia se esté preparando para atacar el territorio de la OTAN.

La voz del fascismo europeo

Ucrania busca con urgencia recursos para la guerra. A mediados de octubre, la Comisión Europea apuraba los trámites para encontrar los 70 mil millones de euros extras que Kiev solicitó para financiar su presupuesto del 2027.

Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, propone usar los más de 300 mil millones de euros rusos congelados en la banca europea para eso. Elabora una sofisticada argumentación para justificar el uso de los recursos rusos, que hasta ahora la UE no ha aceptado, pese a que en agosto pasado Suecia, Holanda, Polonia y España presentaron una propuesta para discutir nuevamente el caso. No es algo sencillo. Ni siquiera los nazis lo hicieron en su guerra del siglo pasado.

Sybiha estima que el uso de los dineros rusos “podría traer resultados tangibles e inmediatos, fortaleciendo Ucrania en el frente de batalla y acercando la paz”. ¿Otra vez la paz? ¿Como decía Costa? ¿Como estiman los alemanes? ¿Como proponen Suecia, Holanda, Polonia y España, tres países particularmente agresivos en este escenario, al que se suma la España de Sánchez?

En todo caso, no nos explican cómo se dará ese fortalecimiento de Ucrania en el campo de batalla, donde, aunque lentamente, las fuerzas rusas siguen avanzando. Ni como ese eventual fortalecimiento llevará a la paz. Me parece que eso difícilmente conducirá a la paz. Por el contrario, es la voz del fascismo europeo, de la extrema derecha, la voz de una guerra que se va adueñando del escenario político europeo. Es la idea de Tusk, expresada en el Foro de Seguridad de Varsovia: es la hora de que todo Occidente muestre a Rusia y a Putin que estamos listos para una política de disuasión aplicando medidas aún más duras.

¿Más duras? ¿Hasta la guerra? ¿Medidas como las que anunció el primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, cuyo parlamento removió de la constitución la prohibición de que, en su territorio, existan armas de destrucción masiva? Para Sinkevičius “no se trata de una escalada, sino de disuasión”.

Eso no tiene sentido. Como ya dije alguna vez, si el mundo civilizado no los detiene, esa Europa nos llevará de nuevo a la guerra. Solo que esta será otra guerra….

La guerra de desinformación

En conferencia de prensa celebrada con Sinkevičius, Rutte sugirió hacer caso a Grynkewich, que había sugerido culpar a Rusia de cualquier incidente, ya sea que estuvieran seguros, o “casi seguros”, de que era culpable de los ataques híbridos. Las denuncias podían servir –en su opinión– como instrumento de disuasión ante cualquier eventual amenaza rusa.

Al día siguiente, la presidenta de Moldavia –un país con poco más de 1.200 km de fronteras terrestre y fluvial con Ucrania– Maia Sandu, afirmó que armas rusas utilizadas en un ataque a Ucrania habían violado el espacio aéreo de su país y explotado en su territorio.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb –al que hoy consideran un posible representante europeo para negociaciones con Moscú– advirtió a España que Moscú podría intervenir en su campaña electoral de noviembre, con algún acto de sabotaje o guerra de desinformación.

Europa acusa a Rusia de una guerra de desinformación, mientras Moscú acusa a Europa de promover una histeria antirrusa, una campaña de la que se encargarían sus dirigentes políticos y sus medios de prensa. Se trata de una campaña antirrusa de la que participan prácticamente todos los medios de prensa importantes de Europa (y de Estados Unidos).

El lunes 28 de septiembre la corresponsal en Berlín del diario La Vanguardia, de Barcelona, María Paz López, publicó una nota sobre la creciente amenaza rusa contra Europa.

La nota asegura que “emerge la convicción de que los ataques híbridos rusos a países europeos … no solo aumentarán en su forma ya habitual de sabotajes, incursiones de drones, incendios intencionados, ciberataques y campañas de desinformación, sino que ampliarán su alcance y su naturaleza”.

“El incidente clave que ha consolidado esta nueva percepción es el fallido atentado con drones explosivos del 4 de agosto contra un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig, que el gobierno alemán ha atribuido oficialmente a Rusia”, afirmó.

El 2 de octubre (cuatro días después del artículo de María Paz) Politico, medio alemán del grupo conservador Axel Springer, publicaba una nota sobre ese incidente que merece ser leída con detenimiento.

La nota dice lo siguiente: “El 4 de agosto, un dron impactó contra el ala de una aeronave ucraniana en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, y cayó sobre la plataforma. Sujeto a la parte inferior llevaba un recipiente metálico cargado de explosivos. El artefacto permaneció intacto”. “Esto proporcionó a los investigadores algo inusualmente valioso: la bomba en sí”. El que los explosivos no hayan detonado fue particularmente importante, pues permitió a los investigadores alemanes tener una visión más clara de lo que estimaban “una campaña rusa de ataques más amplia”.

Ese es un incidente ampliamente reproducido por la prensa europea, sin que el gobierno alemán haya presentado pruebas que lo vinculen claramente a Moscú. Cualquier periodista con un mínimo de experiencia entendería que los detalles de esa historia, relatados por Politico, hacen indispensable una investigación cuidadosa antes de dar por buena la versión oficial.

Un arma de guerra

La prensa europea hace mucho no hace periodismo en lo que se refiere a la guerra de Ucrania. En realidad, se ha transformado en un arma de guerra.

La nota de María Paz, en La Vanguardia, hace un recorrido por diversos puntos de vista europeos sobre esa “guerra híbrida”, comenzando por el primer ministro polaco Donald Tusk quien, el 17 de septiembre, presentó al parlamento polaco informes de inteligencia advirtiendo de “posibles ataques, en las próximas semanas, contra países de la OTAN, empezando por Polonia”.

En esos días el servicio de inteligencia de Dinamarca publicó un informe que advertía contra el “riesgo bajo, pero creciente” de que el Kremlin lance “un ataque militar limitado contra uno o varios países de la OTAN fronterizos con Rusia”, también recogido por la periodista de La Vanguardia. Ninguno de esos ataques ha ocurrido, ni la periodista se sintió obligada a pedir aclaraciones que dieran sustento a esas afirmaciones.

Ese mismo 1 de octubre el periodista Javier Cuesta, corresponsal de El País en Moscú, derivaba del discurso de Putin en Valdai una amenaza a Europa con una guerra nuclear. Putin había dicho que, en caso de un ataque europeo, Rusia respondería. “El punto de no retorno puede llegar muy rápidamente y de forma inesperada para todos”, dijo el presidente ruso. Además, agregó: “Independientemente del panorama general del próximo año, lamentablemente es muy probable que los conflictos internacionales continúen”. Lo que Cuesta interpretó como que Putin daba por hecho que “la invasión de Ucrania se extenderá a lo largo de 2027”.

Derecha, ultraderecha, fascismo

Claudi Pérez, exdirector adjunto de El País y hoy corresponsal político y económico del diario español, se sumó a la reflexión de la llamada “guerra híbrida”, en un artículo titulado “Escalada de amenazas en las fronteras de Europa”, publicado el pasado 5 de septiembre.

“Un ciclo electoral que medirá la marea ultra en el Este de Alemania y en Escandinavia, en Polonia y en Italia, en España y en Francia. Sobre todo en Francia”, afirma.

Quizás el más llamativo es el ciclo alemán, donde la AfD –un partido que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania (BfV) clasifica como “una organización de extrema derecha confirmada”– acaba de hacerse del gobierno del estado federal de Sajonia-Anhalt. Europa se asusta con el surgimiento de esa extrema derecha.

El artículo está construido con declaraciones de diversos intelectuales europeos y norteamericanos, comenzando por el búlgaro Ivan Krastev, a quien Pérez describe como “uno de los intelectuales más brillantes en estos tiempos de venganza y fundamentalismo”. La “urgencia apocalíptica” de los fascistas hace un siglo se ha sustituido con la actual “urgencia revolucionaria” de los posfascistas.

Me cuesta entender las urgencias señaladas por Pérez, tanto la “apocalíptica” como la “revolucionaria”. Del mismo modo, me resulta extraña la calificación de los tiempos actuales como de “venganza y fundamentalismo”. En el mundo de Pérez, “Rusia está aquejada de una nostalgia posimperial extremadamente virulenta” (ya lo había dicho Macron). A China la ve con “profundos problemas económicos y demográficos” y especula que empieza a “coquetear con el expansionismo en el mar de China y tal vez en Taiwán”. Tal vez…

Pero su verdadero quebradero de cabeza es Putin. Fracasado en la guerra, en la política y en la economía, al presidente ruso le quedan “cuatro vías de escalada”: la guerra convencional; el uso (improbable, asegura) de armas nucleares tácticas; un ataque a territorio de la OTAN (también improbable); y una guerra híbrida, a la que se refiere con más detalles en el artículo Luis Simón, director e investigador principal de la Oficina del Real Instituto Elcano, de Bruselas.

El episodio mayor es, nuevamente, el “ataque fallido con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig”. El incidente del dron de Leipzig es “palabras mayores”, en opinión de Pérez, a quien le parece que fue “tranquilizadora” la respuesta de Bruselas a este incidente; y la reacción alemana, “impecable”. Se refiere, naturalmente, a la forma como presentaron el caso, atribuyéndolo a Rusia y escalando las sanciones.

Opinan, además, en el artículo de Pérez, la historiadora Margaret MacMillan; Javier Solana, el español exjefe de la OTAN; el académico canadiense Michael Ignatieff, y otros más. Muchos más. Entre ellos Dan Hamilton, exalto cargo del Departamento de Estado, quien nos asegura que “Rusia es una potencia revanchista y lo va a seguir siendo».

Un país que, en opinión de Benjamin Schmitt, analista de seguridad de la Universidad de Pennsylvania, “libra una guerra contra Europa, contra una Unión Europea que “no es consciente de que está en guerra”.

Eso dicho pese al “Plan para el rearme de Europa”, por unos 800 mil millones de euros, anunciado por von der Leyen, al que ya nos referimos, anunciado en marzo 2025. Los países de la OTAN ya estaban desplazando activamente sus tropas hacia las fronteras rusas en el marco de ejercicios y programas específicos. En agosto, el Financial Times informó que las fábricas de armamento en Europa se estaban expandiendo a un ritmo tres veces superior al de tiempos de paz, ocupando más de siete millones de metros cuadrados de nuevos desarrollos industriales. Un «rearme a una escala histórica».

Así en la paz como en la guerra

Si los tambores de guerra no dejan oír las voces de otros proyectos, tengo la impresión de que tampoco hay ninguna tratando de hacerse oír. Esa peligrosa posición de una extrema derecha guerrerista ha arrastrado a prácticamente todas las fuerzas políticas europeas, incluyendo a socialdemócratas, en Dinamarca, a los países nórdicos y a los bálticos, a Macron y a otros políticos franceses, como Raphaël Glucksmann, candidato del socialismo francés a la presidencia de la República y, de diferentes maneras, a los antiguos países del mundo socialista.

Incluso el socialista español Pedro Sánchez se ha sumado a las voces de apoyo a Ucrania, aunque se haya negado a atender la exigencia de Trump de aumentar su presupuesto militar al 5% del PIB. En plena campaña electoral española, no se oye ninguna voz sugerir alguna iniciativa de paz en Europa. ¡Una tragedia! Pero, naturalmente, no es lo mismo un Pedro Sánchez, que un Friedrich Merz. O un Donald Tusk. O un Andy Burnham.

Pedro Sánchez –que sí tiene a su derecha fuerzas bien identificadas– tampoco ha sabido proponer una visión que incorpore Rusia a Europa. Es ya una vieja y olvidada propuesta la de restaurar un mundo político desde Portugal hasta los Urales. Una Europa que incluya la Rusia europea, que es, además, la puerta de entrada más natural al Asia central. Sugerida algún día por de Gaulle, esta propuesta terminó siendo sustituida por un proyecto distinto: el avance de la OTAN hacia el este, que tanto Bahr como Kennan temían.

Falta equilibrio en el análisis

Me parece que falta equilibrio en el análisis. Hace ya unos 30 años que la OTAN inició su avance hacia el este, hasta llegar a las fronteras rusas. El mayor error de la política exterior de Washington del período posterior a la Guerra Fría, en opinión del diplomático norteamericano George Kennan.

No se oye a los políticos europeos poner atención a los reclamos rusos de seguridad ante esos avances. En medio de los preparativos de guerra, el 27 de octubre el presidente finlandés y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, conversaron con Putin por teléfono. La conversación fue recibida con desconfianza por otros países europeos, con aprobación por Zelensky y con cautela por la portavoz de la Comisión Europea. Para el politólogo ruso, Pável Selezniov, el principal objetivo de Bruselas no es facilitar una solución negociada al conflicto, sino frenar cualquier acuerdo que lo haga posible. Rusia aseguró que la conversación no había aportado nada distinto a la conocida posición europea.

Pero Stubb defendió, en una ocasión anterior, la necesidad de mantener la cabeza fría y advirtió contra una mentalidad de guerra, que haría casi imposible imaginar la paz. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, en el Foro de Seguridad de Varsovia, evitó la dicotomía entre la victoria total o rendición de Ucrania. Europa quiere sentarse en la mesa de negociaciones de paz. A la que, el portavoz del gobierno ruso recuerda, no han sido invitados.

Ahora que Rusia decidió responder con una operación militar a las amenazas en sus fronteras, las voces en Occidente apuntan a los riesgos contra la seguridad de Europa, sin que asuman ninguna responsabilidad por el origen de esa amenaza. Sobre esas bases no será posible un acuerdo para poner fin a la guerra, menos imaginar la paz. Me parece esperanzador pensar que, a su debido tiempo, aparecerá algún político europeo capaz de proponer una negociación que tome en cuenta los intereses legítimos de seguridad de todas las partes.

Sería útil también que alguna prensa europea asumiera una posición parecida. Por ahora, esa gran prensa está más comprometida con una guerra, cuyas responsabilidades contribuyen a atribuir solamente a la contraparte.

La izquierda y la derecha en la política global

Juan Huaylupo

Catedrático. Docente e investigador. Jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica

Los gobiernos contemporáneos han adoptado un estilo particular cuando los gobernados critican, protestan y hacen manifestaciones contra la actuación estatal que atenta contra el interés social. Por ello, los etiquetan de izquierdistas, por cierto, un apelativo poco original, pero descriptivo y contradictorio, pues precisamente reafirman su cotidianidad contra las mayorías trabajadoras de la sociedad.

La calificación de izquierdistas rememora cómo se ubicaban físicamente las posiciones políticas con respecto del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en la Francia revolucionaria de 1789, pues a su derecha estaban los nobles, el clero y los conservadores que defendían la monarquía y el veto absoluto de Luis XVI, mientras que a su izquierda se ubicaban los burgueses de ese entonces, los comerciantes, los sectores populares y los revolucionarios (jacobinos), que pretendían limitar el poder del rey y la eliminación del veto absoluto. En el siglo XIX, la división persistía, los conservadores monárquicos y la Iglesia católica eran de la derecha política, mientras que la izquierda eran los que proclamaban el establecimiento de la república, el crecimiento del liberalismo económico y la defensa de los trabajadores y su organicidad.

Las derechas desde su denominación original hasta el presente se han identificado con las ideas más retrógradas y las prácticas contra los excluidos. Así, en el siglo XX la derecha conservando su trayectoria regresiva, ha estado asociada con el crecimiento de la clase explotadora propietaria del capital, con los efectos de la Segunda Guerra Mundial promovió la violencia política (Guerra Fría) contra la diversidad política y organicidad de los trabajadores e impulsó la industria de la guerra.

La izquierda en el XX apoyaba la consolidación de la clase obrera y la formación de sindicatos y de partidos progresistas que gestaron el derecho laboral, que aún supervive, como la jornada de ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de vida personal. Asimismo, lograron establecer sistemas de jubilación, seguros de desempleo, invalidez y de accidentes laborales, igualdad entre las personas, así como la formalización del derecho a huelga, de sindicalización y de negociación laboral, como también el derecho a vacaciones pagadas, los aguinaldos, salud y sufragio universal, así como en las movilizaciones y protestas conquistaron reivindicaciones –como la vivienda popular, educación pública gratuita y universal– que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de las familias pobres y necesitadas.

Asimismo, fueron los izquierdistas quienes con sus luchas conquistaron el derecho al voto, la igualdad social y laboral que revolucionaron las relaciones laborales y la institucionalidad global, que aún los trabajadores e izquierdistas defienden con denuedo.

En este siglo XXI, la derecha violenta la independencia de los poderes del Estado para centralizar, concentrar e intentar privatizar el poder político, a la vez que pretenden desde dentro desaparecer el Estado Social e imponer el totalitarismo fascista. Un proyecto que está destruyendo la democracia electoral con fraudes, la manipulación de leyes y engaños con troles y granjas de bots, así como apoya o es indiferente ante los genocidios contra pueblos en el mundo, que concesiona o privatiza los recursos nacionales para los consorcios empresariales mundiales y empeña la soberanía nacional y su futuro a un imperio, que se cree dueño absoluto de nuestra Latinoamérica.

La defensa y la restauración democrática, así como el respeto por los derechos ciudadanos, la soberanía nacional y la conservación del medio ambiente, son tareas necesarias y urgentes de la ciudadana y de la izquierda, como también lo son el enfrentamiento ante la privatización financiera de la jubilación de los trabajadores, contra el cierre y liquidación de las instituciones públicas y la revaloración ciudadana de los principios constitucionales violentados.

El calificativo de izquierdistas y derechistas, en este breve y simple recuento histórico, es evidencia de que las derechas políticas están conformadas por los poseedores de las riquezas y poderes de un sistema económico, social y jurídico que los amparan, a la vez empobrecen a los empobrecidos que desprecian y liquidan.

En la perspectiva del poder y los privilegios que brinda la explotación del trabajo y la apropiación de recursos de los subalternos por los propietarios del capital, en alianza con el imperio, las derechas pretenden eternizar el dominio contra las sociedades, proceso que solo garantiza el enfrentamiento clasista y la polarización social. El odio clasista de la derecha nunca podrá eliminar a los subalternos, porque de ellos depende su bienestar y riqueza privada. Es absurda, estúpida y distópica la ilusión imperialista de ser el amo y esclavizar a los trabajadores del mundo, como también es la pretensión de superar las capacidades de subsistencia, resistencia y de defensa de los subalternos.

La conformación histórica del Estado costarricense fue un proceso de unidad política de izquierda y derecha, que posibilitó la eliminación del ejército, la construcción de una sociedad democrática y pionera en derechos sociales, donde el capital no antagonizaba contra la subsistencia, la vida ni la sociedad. La expansión del poder imperial en la segunda mitad del siglo pasado paralizó dicho proceso con la agresiva intromisión política norteamericana, las ambiciones de los conglomerados empresariales y los entes financieros del sistema iniciaron la degradación política, económica y social de lo construido social e históricamente por los costarricenses.

La derecha es quien liquida los resquicios del Estado de Bienestar en Costa Rica, la gorgona Medusa, es la servidora en el poder regresivo, la que amenaza a quienes la observan y critican para petrificarlos en su nueva cárcel. La derecha es torpe y ciega que abusa con su séquito e imagina representar a un salvaje jaguar contra la historia y futuro costarricense. Pretender degradar a quienes luchan por el bien común, el bienestar y el progreso para todos, es una muestra fehaciente de la caótica incapacidad y torpeza de la derecha y sus servidores.

Lula y la batalla digital: cómo la izquierda conquistó las redes y logró una remontada histórica en Brasil

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil no solo representó el regreso de la izquierda al gobierno de la principal economía latinoamericana. También marcó un punto de inflexión en la disputa política contemporánea: por primera vez, un proyecto progresista logró revertir una derrota electoral apoyándose en una estrategia digital capaz de competir con la hegemonía que la derecha había construido durante años en las redes sociales.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

La remontada de Lula sorprendió incluso a muchos de sus propios partidarios. Tras la primera vuelta, el escenario parecía favorable al bolsonarismo. La ventaja obtenida por la extrema derecha alimentó la percepción de que la izquierda volvía a enfrentarse a una derrota en el terreno donde más dificultades había mostrado durante la última década: el ecosistema digital.

Sin embargo, tres semanas después, Lula no solo logró revertir el resultado, sino que se convirtió en el primer candidato desde el retorno de la democracia brasileña capaz de perder una primera vuelta y terminar ganando la presidencia.

La elección de las plataformas digitales

El proceso electoral dejó una conclusión que muchos analistas consideran ineludible: la disputa política ya no se libra únicamente en los territorios, los partidos o los medios tradicionales. Las plataformas digitales se han convertido en el principal campo de batalla.

La campaña estuvo marcada por una intensa circulación de contenidos, operaciones de influencia y una creciente preocupación por la capacidad de las redes sociales para intervenir en los procesos democráticos.

Desde el entorno de Lula surgió incluso la idea de que será necesario avanzar hacia una regulación de estas plataformas para limitar la capacidad de actores externos de influir en las decisiones electorales mediante algoritmos, campañas coordinadas y la difusión masiva de desinformación.

André Janones y el “ejército virtual” de Lula

Uno de los nombres más citados tras la victoria fue el del diputado André Janones, convertido para muchos observadores en el arquitecto de la ofensiva digital que terminó inclinando la balanza electoral.

El llamado “ejército virtual de Lula” nació pocos días después de la primera vuelta. Organizado principalmente a través de WhatsApp, reunió a millones de seguidores y funcionó como una red de distribución de contenidos destinada a responder rápidamente a los mensajes de la derecha, posicionar tendencias, amplificar mensajes favorables a Lula y combatir informaciones falsas.

La tesis de Janones era sencilla: mientras la izquierda dedicaba esfuerzos a construir argumentos elaborados, la derecha dominaba la atención pública mediante formatos breves, emocionales y altamente adaptados a la lógica de las plataformas.

Según esta visión, la batalla política digital no consiste únicamente en convencer, sino primero en captar la atención. Solo quien logra ocupar el espacio mental de millones de personas puede aspirar después a persuadirlas.

Del discurso largo al lenguaje de las redes

Durante años, gran parte del progresismo latinoamericano reaccionó a las campañas digitales de la derecha mediante explicaciones extensas, análisis detallados y respuestas defensivas.

Janones sostuvo que ese enfoque resultaba insuficiente en un entorno gobernado por vídeos cortos, titulares impactantes y mensajes diseñados para provocar reacciones inmediatas.

La estrategia consistió entonces en abandonar la actitud defensiva y disputar cada espacio digital utilizando las mismas herramientas comunicativas que habían permitido a la derecha consolidar su influencia.

El objetivo era trasladar al mundo digital la capacidad comunicativa que Lula mantenía en el contacto directo con la ciudadanía.

Una remontada construida en las urnas

La comunicación digital fue importante, pero no explica por sí sola el resultado electoral.

La remontada se sustentó también en una extraordinaria movilización territorial y electoral.

En la primera vuelta, Bolsonaro había obtenido alrededor del 47% de los votos frente al 45% de Lula. La diferencia superaba los dos millones de sufragios. Sin embargo, en la segunda vuelta el líder del Partido de los Trabajadores consiguió una ventaja superior a los cuatro millones.

El cambio se explicó por tres factores fundamentales: la reducción de las ventajas bolsonaristas en grandes estados como São Paulo; el vuelco electoral en Minas Gerais, considerado tradicionalmente un estado clave para definir la presidencia; y la ampliación de la ventaja de Lula en el nordeste brasileño, su principal bastión electoral.

A ello se sumó un aumento significativo de la participación. Millones de ciudadanos que no habían acudido a votar en la primera vuelta participaron en la segunda, favoreciendo especialmente a Lula.

La combinación de movilización y comunicación

Las imágenes de las últimas semanas de campaña muestran una intensa movilización popular en calles, plazas y actos públicos.

La campaña petista no se limitó a convencer nuevos votantes. También logró reactivar a sectores de su propia base social que habían permanecido desmovilizados durante la primera vuelta.

La combinación entre organización territorial y ofensiva digital terminó generando una sinergia decisiva. Las redes ayudaban a difundir los mensajes, pero la presencia física en los barrios y ciudades transformó esos mensajes en participación electoral efectiva.

La reacción de la derecha mediática

Tras conocerse los resultados, sectores de la derecha política y mediática comenzaron a cuestionar la legitimidad del proceso electoral.

Diversos medios y figuras asociadas al bolsonarismo difundieron sospechas sobre un supuesto fraude, centrando sus críticas en la decisión de ampliar durante dos horas el horario de votación en algunas zonas afectadas por problemas logísticos y climáticos.

Sin embargo, los datos disponibles mostraron que la medida había sido solicitada por distintos actores políticos y avalada por las autoridades electorales competentes.

La narrativa del fraude recordó a episodios recientes en distintos países donde sectores de la extrema derecha reaccionaron ante derrotas electorales cuestionando las instituciones democráticas sin aportar pruebas concluyentes.

Paralelamente, surgieron advertencias sobre un supuesto colapso económico, la reacción negativa de los mercados y la incertidumbre política que generaría el regreso de Lula al poder.

Brasil y el equilibrio político latinoamericano

La importancia de la elección brasileña trasciende las fronteras nacionales. Brasil representa cerca de un tercio del producto interno bruto de América Latina y es el principal socio comercial de varios países de la región. Cualquier cambio en su orientación política repercute sobre las dinámicas económicas, diplomáticas y geopolíticas del continente.

La victoria de Lula fortalece una visión de política exterior orientada a la integración regional, la cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de espacios multilaterales como los BRICS y el Mercosur.

Su proyecto contrasta con las posiciones defendidas por el bolsonarismo, más alineadas con Washington y con una menor apuesta por los mecanismos de integración latinoamericana.

Una victoria con desafíos enormes

La victoria de Lula abre una nueva etapa política, pero también plantea desafíos considerables. El nuevo gobierno deberá convivir con un Congreso fragmentado y en muchos casos hostil, con importantes gobiernos estatales controlados por el bolsonarismo y con una sociedad profundamente polarizada.

Además, la disputa digital que marcó la campaña electoral está lejos de haber terminado. Las redes sociales seguirán siendo un espacio central de confrontación política, cultural e ideológica.

Lo ocurrido en Brasil deja una enseñanza para toda América Latina: la comunicación digital se ha convertido en un factor estratégico de primer orden. La victoria de Lula demuestra que la izquierda puede competir en ese terreno, pero también evidencia que las campañas del siglo XXI ya no se ganan únicamente con programas, estructuras partidarias o liderazgo político. Hoy también se deciden en algoritmos, plataformas y pantallas.

La elección brasileña de 2026 será recordada, probablemente, como la primera gran demostración de que una estrategia progresista bien articulada pudo disputar con éxito la hegemonía digital de la derecha y convertir esa batalla por la atención en una victoria electoral histórica.

Fuente: pódcast La Base (7×30), ‘Lula: remontada’, 26 de octubre de 2026”.

Antecedentes de la extrema derecha en la Costa Rica del siglo XXI – Algunos retos para la izquierda

Marielos Aguilar Hernández

Dra. Marielos Aguilar Hernández

Ponencia presentada al congreso internacional “El retorno del fascio y la respuesta proletaria”.

Introducción

Las repercusiones del fascismo europeo en la América Latina de los años treinta, no llegaron a causar un impacto tan fuerte en Costa Rica como sí ocurrió en otros países de la región, sobre todo en algunos del llamado Cono Sur. Ello, pese a que para entonces nuestro modelo liberal republicano comenzaba a mostrar cierto agotamiento, agravado con los efectos de la gran depresión económica de 1929.

Sin embargo, aquel ambiente internacional, tan favorable al autoritarismo, no dejó del todo indiferente al entonces presidente León Cortés Castro (1936-1940) frente al nazi fascismo europeo. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, llegó a cerrar nuestras fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos de origen judío, especialmente de aquellos que venían huyendo de los estragos autoritarios de la Europa Central.

Unos años antes se había fundado el Partido Comunista costarricense – en junio de 1931 – lo cual produjo la esperada reacción anticomunista de los gobiernos de turno, sin que pudiera llegarse a evitar, desde el seno del Estado, la participación sindical, electoral y parlamentaria de aquella primera generación de obreros y campesinos revolucionarios. Tan temprano como 1934, el Partido Comunista logró elegir sus primeros diputados en el Congreso Nacional, a la vez que dirigió uno de los más importantes movimientos huelguísticos de Centroamérica, la histórica Huelga Bananera de 1934.

La Guerra Civil costarricense de 1948 fue uno de los primeros conflictos bélicos de América Latina, producto del anticomunismo exacerbado al terminar la II Guerra Mundial. En el caso nuestro, esa polarización fue alimentada por las diferencias ideológicas entre las fuerzas caldero comunistas, en el poder entre 1940 y 1948, y los sectores socialdemócratas, alentados también por otros líderes conservadores de larga trayectoria.

Finalmente, aquella crisis terminó resolviéndose por medio de las armas, con la derrota de la alianza caldero comunista y el triunfo de las emergentes fuerzas socialdemócratas, teñidas éstas de un gran anticomunismo, alimentado por el ambiente de guerra fría promovido por Estados Unidos.

A pesar de lo anterior, nuestro país pudo marchar hacia la construcción de un Estado de Bienestar, encabezado por el nuevo Partido Liberación Nacional (PLN), fundado en 1951. Aquella modernización económica e institucional propició un mayor desarrollo material y humano, lo cual ubicó a Costa Rica en un lugar destacado dentro de las estadísticas de crecimiento y desarrollo a nivel regional.

Posteriormente, los cambios en la estrategia económica mundial derivados de la globalización económica de los años ochenta y, particularmente, del denominado Consenso de Washington, dieron cabida a una larga etapa de austeridad en la inversión social del Estado, acompañada de una serie de reformas estructurales que acabaron poco a poco con el Estado de bienestar costarricense, brotando visiblemente la pobreza y la miseria, especialmente en algunas zonas rurales del Valle Central, en los barrios marginales de las principales ciudades y en las regiones costeras del país, fenómeno que se ha venido agudizando hasta nuestros días.

En la actualidad, en medio de una sociedad muy desigual, la ciudadanía costarricense ha llegado a enfrentarse con una experiencia inédita: el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el debilitamiento del sistema democrático dirigido por gobiernos de estilo autoritario, que han perseguido a los medios de comunicación que no controlan, que recurren a los términos más peyorativos para descalificar a los sectores políticos que se le oponen, calificándolos de zurdos, comunistas, progres, etc. Además, el anterior presidente Rodrigo Chaves Robles y la actual presidenta, Laura Fernández Delgado, han impulsado una fuerte guerra ideológica contra los movimientos de la diversidad sexual, el feminismo y las organizaciones ecologistas. Desde esta perspectiva, se ha hecho más notoria la cercanía de la élite gobernante con otros regímenes neoconservadores de corte autoritario, como los de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Abelardo de la Espriella en Colombia o el del mismo Donald Trump en Estados Unidos.

El presente documento se sustenta en la lectura de varios autores dedicados al análisis del populismo y del posfascismo actual, cuyas obras aparecen en la bibliografía adjunta, así como en la revisión de una serie de artículos de revistas y periódicos sobre la problemática nacional en cuestión. Complementamos nuestra búsqueda con la revisión de algunas estadísticas institucionales para reconocer las diferencias sociales y regionales, en cuanto al apoyo político y electoral recibido por la actual extrema derecha en Costa Rica.

Algunos antecedentes

En los primeros años del siglo XXI, se anunciaron ciertos cambios en la estructura del Estado costarricense que no dejaron indiferente a la ciudadanía. El presidente socialcristiano, Miguel Ángel Rodríguez, decidió impulsar un proyecto de ley denominado Ley de Servicios Públicos y Telecomunicaciones. Ese proyecto contaba con el apoyo de los dos partidos mayoritarios – PLN y PUSC – producto de lo cual, a la larga, se fue gestando una profunda fractura entre las élites dirigentes de esos partidos y sus bases sociales.

En aquella coyuntura, comenzó a despertar en la conciencia popular la sospecha de un pacto bipartidista con el objeto de lograr la privatización de la energía eléctrica, pese al rechazo de las grandes mayorías. Según las encuestas del momento, al menos el 63% de las y los costarricenses estaba en desacuerdo con la apertura del mercado eléctrico (Menjívar, M. 2012). Desde su fundación, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido una institución tan arraigada en la identidad nacional que aquel proyecto de privatizarla supuso una prueba fundamental.

Finalmente, aunque ese proyecto fue aprobado en la Asamblea Legislativa a comienzos del año 2000, la oposición ciudadana fue determinante. Luego de llevarlo a consulta de la Sala Constitucional, ésta le encontró vicios de inconstitucionalidad a dicho proyecto y terminó declarándolo sin lugar, calmándose de momento la agitación nacional.

Sin embargo, lo más importante de aquella jornada de lucha, conocida popularmente como La huelga Nacional contra el Combo del ICE, fue la evidencia que dejó del debilitamiento general del bipartidismo costarricense. En adelante, se ha desencadenado un complejo proceso de reacomodo político, el cual se ha manifestado con el surgimiento de un numeroso grupo de nuevos partidos, la mayoría con una clara orientación conservadora, especialmente aquellos de tendencia neo pentecostal.

Poco tiempo después, cuando todavía se respiraba un ambiente de optimismo en la consciencia de los movimientos sociales costarricenses, se presentó un nuevo desafío: la discusión regional en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana.

A diferencia de los otros países de esta región, donde ese tratado fue aprobado en los estrados legislativos sin mayor problema, en Costa Rica la respuesta mayoritaria fue de un fuerte rechazo. Una vez más, el país se vio conmocionado por las intensas discusiones en los diversos ámbitos laborales, académicos y políticos, sobre las controversiales repercusiones que tendría el TLC para la economía y el bienestar de las grandes mayorías. En esas circunstancias, se agudizó la polarización entre las élites de los partidos tradicionales y los nuevos partidos políticos que recién comenzaban a surgir, especialmente, el Partido Acción Ciudadana (PAC), y el Partido Frente Amplio (FA), ambos opuestos a la firma del citado tratado.

Valga aclarar que el PAC, fundado en el 2000, reivindicaba los ideales de la histórica socialdemocracia costarricense, tratando de atraer a sus filas a ciertos sectores decepcionados con el PLN, mientras que el Frente Amplio, fundado en el 2004, comenzó a reunir en su seno a exmilitantes de los partidos de la izquierda costarricense, la cual también experimentaba su propia crisis: el Partido Comunista (PVP), el Partido Socialista (PS) y Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Aquel fue un período de un cierto auge organizativo, debido al desmembramiento de los partidos que habían dirigido los destinos del país por más de medio siglo. Se exacerbó, entonces, una movilidad nunca antes vista de líderes y militantes entre esas organizaciones y las nuevas alternativas que ofrecían el PAC y el FA. Comenzó a producirse una especie de reciclaje entre los liderazgos más destacados de los partidos tradicionales, especialmente hacia las filas del PAC, cuyos fundadores provenían, principalmente, de las huestes del PLN y del PUSC.

En un momento político tan convulso y ante la falta de consenso para la aprobación del TLC, la Asamblea Legislativa se vio obligada a recurrir, por primera vez en la historia costarricense, a la convocatoria de un referéndum. La preparación de éste conllevó una experiencia nacional muy interesante pues se convirtió en una coyuntura de intensas discusiones sobre esa cuestionada propuesta. Quizá, lo más destacado de aquel momento fue la gran participación de la mayoría de sectores de la sociedad costarricense opuestos a ese tratado: sindicatos públicos y privados, organizaciones estudiantiles de enseñanza secundaria y universitaria, colegios profesionales, asociaciones de educadores y comunidades urbanas y rurales, fenómeno que dio luz al surgimiento de los llamados Comités Patrióticos a lo largo y ancho del país, una novedosa forma de organización popular que, lastimosamente, no ha sido posible preservarla. En ellos se reunían vecinos, vecinas, educadores, estudiantes, comerciantes locales, representantes de la juventud, sectores organizados del catolicismo, representantes sindicales de las instituciones autónomas del Estado, etc.

El aporte más importante de aquellos Comités Patrióticos, convertidos en centros de estudio de la problemática nacional, fue ofrecerle a la ciudadanía la claridad ideológica necesaria para rechazar la firma del TLC con Estados Unidos. La consigna nacional llegó a ser una: ¡NO AL TLC!

En medio de aquellos días tan agitados, sucedió un acontecimiento que polarizó aún más el ambiente nacional. Trascendió a la luz pública el texto de un polémico memorándum, enviado al entonces presidente Oscar Arias Sánchez por parte de su vicepresidente, el abogado Kevin Casas Zamora, en el cual se recomendaba tomar una serie de medidas muy autoritarias – de corte fascista, podríamos decir – para obligar a la mayoría de los sectores más empobrecidos del país a apoyar con su voto al TLC.

En dicho memorándum se proponía, por ejemplo, aplicar un “chantaje” a los alcaldes del oficialismo liberacionista en las comunidades cantonales, haciéndoles ver que, si en su comunidad ganaba el NO al TLC, no recibirían más apoyo financiero para sus proyectos de mejoras comunitarias, perjudicando así sus aspiraciones personales de ascenso político, a menudo motivado por la conquista de una candidatura parlamentaria.

Por otra parte, los autores del citado memorándum del miedo, proponían estimular el temor en el seno de la clase trabajadora de cuatro formas distintas: a) miedo a la pérdida del empleo; b) miedo al ataque a las instituciones democráticas, haciendo ver que el movimiento del NO al TLC era un movimiento violento y desleal con la democracia; c) miedo a la injerencia de la izquierda extranjera en el movimiento del NO (particularmente, de parte de Cuba y de la entonces Nicaragua sandinista) para sembrar temor en los sectores sociales más humildes del país, que eran quienes más dudaban en apoyar con su voto al TLC. Por último, ese memorándum anunciaba el advenimiento de una crisis de gobernabilidad, en caso de que la administración Arias Sánchez fuera derrotada en aquella consulta popular, con las consiguientes consecuencias de inestabilidad económica y política en todo el país (Universidad, setiembre 13, 2007).

Faltando poco menos de un mes para la celebración de aquellas históricas votaciones, el memorándum del miedo encendió los ánimos: en las llamadas zonas francas, enclaves de capital extranjero, se comenzó a presionar a los trabajadores para llevarlos a votar en contra del TLC y se amenazaba a los sindicatos del sector privado con la implementación de desempleos masivos en caso de un triunfo del NO. Asimismo, la prensa al servicio de las cámaras empresariales intensificó sus publicaciones reproduciendo el “discurso del miedo” del gobierno de Arias Sánchez.

En ese contexto de temor generalizado, a pesar de aquel gran esfuerzo nacional, fue imposible evitar el triunfo de las cámaras patronales y de las grandes empresas estadounidenses establecidas en el país. El PLN en el poder, con Oscar Arias Sánchez como presidente, terminó experimentando un triunfo pírrico, pues el 51,6 % dijo sí y el 48,4% dijo no, con una abstención del 40% de la ciudadanía (Acta N.º 2944-E-2007. Tribunal Supremo de Elecciones).

En ese contexto, un profundo sentimiento de derrota nacional se apoderó de grandes sectores de la población, sentimiento que, en cierta medida, se ha extendido durante las últimas dos décadas, con las consiguientes secuelas políticas e ideológicas.

Pareciera comprensible que aquellos acontecimientos tan controversiales hayan marcado el rumbo político e ideológico del país hasta nuestros días. Los partidos tradicionales continuaron debilitándose a tal punto que han sido derrotados, continuamente, desde el año 2014. Una parte de sus militancias, en principio, decidieron trasladarse a las filas del PAC y otras han terminado engrosando a los partidos neo pentecostales inspirados en la Teología de la Prosperidad. Estos, como veremos más adelante, han sido los más favorecidos con aquella debacle histórica en la vida política costarricense.

  1. El surgimiento de nuevos partidos políticos

En un marco histórico de tanta incertidumbre nacional, fue el PAC la organización que, en primera instancia, recogió los principales dividendos políticos de aquella crisis, a pesar de que ese partido no significara una renovación ideológica más integral. Aquellos fueron tiempos de una gran incertidumbre pues los paradigmas históricos de cambio social brillaban por su ausencia. Lo único cierto fue el notable crecimiento de aquel nuevo partido, debido a su destacado desempeño durante las luchas contra el TLC. El PAC se convirtió, entonces, en una nueva esperanza para ciertos sectores de pensamiento reformista e, incluso, para un pequeño sector de la izquierda costarricense proveniente, en muchos casos, de los ámbitos universitarios y profesionales.

La rápida expansión del PAC contribuyó a marcar un antes y un después en la vida política nacional, logró ganar las elecciones en dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022), pero, finalmente, los resultados de su desempeño no fueron los esperados. La herencia de los partidos tradicionales en el seno del PAC se impuso y, a pesar de algunos esfuerzos, las cámaras patronales y las élites provenientes de los viejos partidos lograron mantener sus añejos métodos y estrategias para su beneficio.

Durante la primera administración del PAC, encabezado por el presidente Luis Guillermo Solís, quien se había desempeñado antes como un destacado militante del PLN, los destinos nacionales transcurrieron con cierto optimismo, sin grandes sobresaltos, en especial porque ese gobierno hizo algunos esfuerzos por cumplir los acuerdos pactados con las organizaciones sindicales para realizar reformas importantes al Código de Trabajo.

Sin embargo, en el segundo período de la gestión del PAC, en manos del presidente Carlos Alvarado Quesada, los sectores populares presenciaron, con gran asombro, cómo ese partido terminó llevando a la práctica medidas tan reaccionarias como una nueva reforma fiscal que lesionaba los intereses populares y, más grave aún, ilegalizó el derecho de huelga de los trabajadores del sector público (Ley No.9808, enero 2020. MTSS).

Valga aclarar que el sector público había sido el más organizado de la clase trabajadora costarricense y que, como resultado de esa nefasta medida, actualmente no puede recurrir a su derecho de huelga, lo cual ha redundado en una profunda crisis del sindicalismo estatal.

Por otra parte, el Frente Amplio, un partido que se ha definido como de izquierda democrática, fundado en octubre del 2004, se había convertido en otro gran protagonista en favor de las luchas contra el TLC. En realidad, el FA logró escalar a nivel nacional como el principal representante de los diversos sectores de la izquierda nacional y, desde entonces, ha mantenido su representación en la Asamblea Legislativa. En su seno convergieron sectores provenientes de los tradicionales partidos de la izquierda costarricense – el Partido Comunista y el Partido Socialista – sumándose también representantes de algunos movimientos sociales como el feminismo, el ambientalismo y el colectivo de la diversidad sexual, pero con escasa participación de los trabajadores organizados sindicalmente.

Sin embargo, el FA mantiene un perfil relativamente alto, en parte por la destacada lucha parlamentaria que ha protagonizado frente a las últimas dos administraciones de la extrema derecha, la del expresidente Rodrigo Chaves Robles y la de la presidenta en ejercicio, Laura Fernández Delgado.

  1. El auge de los partidos neo pentecostales en Costa Rica y el fortalecimiento de la extrema derecha

La problemática socio política arriba descrita quedaría incompleta si no nos referimos a uno de los fenómenos más sobresalientes en el panorama político costarricense de las últimas décadas. Hablamos de la notable expansión que han experimentado las nuevas corrientes religiosas evangélicas inspiradas en la Teología de la Prosperidad, llegadas desde Estados Unidos como una nueva estrategia de dominación hacia los países latinoamericanos.

La crisis paradigmática del Estado de Bienestar costarricense, sumada a las repercusiones del fracaso socialista de la antigua URSS, al finalizar la década del ochenta, también contribuyeron a promover una notable expansión de los movimientos religiosos neo pentecostales. Aquel vacío dejado por las propuestas social demócrata y socialista, pronto fue llenado con los mensajes mesiánicos de los llamados teólogos de la prosperidad.

Aunque los primeros cristianos protestantes habían arribado a Costa Rica desde el siglo XIX, fue en la pasada década del ochenta cuando llegaron nuevos evangelizadores desde Estados Unidos, la mayoría de orientación neo pentecostal. Ello fue posible, además, por el debilitamiento que ha venido sufriendo la Iglesia Católica, a pesar de que Costa Rica se define como un Estado confesional (Artículo 75, Constitución Política de CR). A la larga, esta disposición constitucional también ha venido a incidir en la expansión de la religiosidad neo conservadora en este país, con evidentes repercusiones en la expansión de la extrema derecha.

Un aspecto que debemos señalar son las diferencias entre los propósitos espirituales del protestantismo histórico y los del movimiento neo pentecostal, hoy extendido en algunos sectores de la sociedad costarricense. Mientras los primeros se han concentrado, principalmente, en sus tareas de adoctrinamiento espiritual, los segundos han propiciado la creación de grupos político-religiosos dispuestos no solo a evangelizar a las masas sino también a disputar el poder del Estado. Su filosofía, conocida como la Teología de la Prosperidad, consiste en una perspectiva religiosa que considera el bienestar económico personal, el éxito financiero y la buena salud física como bendiciones otorgadas por Dios a sus seguidores. Como señala una historiadora costarricense, se supone “… que de una buena relación con Dios se establece una prosperidad (terrenal) bendita”. (Ulloa, 2022, p.182). Lo anterior implica un cambio radical en los postulados cristianos porque desacredita la distinción entre autoridad civil y responsabilidad espiritual.

Todos esos cambios en el ámbito religioso coincidieron con el paulatino proceso de descomposición organizativa que afectó al histórico sistema de partidos políticos, incluyendo a los de la izquierda. Con respecto a ésta última, debemos de tener presente, además, las repercusiones de los conflictos armados de los años ochenta en el istmo centroamericano, especialmente en el PVP, el PS y el MRP. De una u otra forma, aquellos partidos se vieron involucrados en tales conflictos, en particular, en los de la revolución nicaragüense. Tengamos presente, además, que todo ello coincidió con el derrumbe de la revolución soviética y sus innumerables repercusiones mundiales.

En medio de aquella coyuntura tan cambiante, justo en 1986, apareció el primer partido confesional en Costa Rica denominado Alianza Nacional Cristiana (ANC), cuyos mensajes dejaban claro su propósito de impulsar “una renovación moral de la política” (Ulloa, op. cit p.152). En otros términos, se pretendía evangelizar también por medio de la participación política y electoral. Desde entonces, esos partidos han concentrado su energía en acercarse a otros sectores como son los hombres de negocios, los operadores políticos y, especialmente, con ciertos comunicadores de alto perfil nacional.

Toda aquella estrategia se proponía llevar adelante un proyecto transformador del panorama político y religioso del país. Comenzaron, entonces, a fortalecerse algunas corrientes políticas de nuevo tipo, cada vez más inclinadas hacia la extrema derecha, con un discurso que se teñía de anti comunismo, anti feminismo, anti ecologismo, en favor de la familia tradicional y, sobre todo, con un profundo odio hacia la diversidad sexual. Tales mensajes iban dirigidos con especial énfasis a los sectores sociales más empobrecidos, víctimas de la falta de mejores oportunidades laborales, de la reducción sistemática de los recursos para la educación, de la pauperización del sistema de salud pública y, en general, del achicamiento del papel social del Estado.

Es importante hacer notar que el derrumbe del partido comunista costarricense – Partido Vanguardia Popular – les permitió a los nuevos grupos evangélicos neo- conservadores llenar, en parte, el vacío organizativo dejado por el debilitamiento del tradicional sindicalismo agrícola. Este fenómeno se ha observado, más claramente, en las zonas donde ese partido tenía más presencia sindical como lo eran las zonas bananeras de las regiones costeras, tanto en el litoral atlántico como en el pacífico. La nueva propuesta para los trabajadores, de parte de aquellas sectas cristianas neo conservadoras, implicaba también dejar atrás los tradicionales instrumentos de lucha sindical que, según su discurso, tanto sufrimiento les había provocado. Así, las iglesias neo pentecostales comenzaron a “evangelizar” a los sectores más desposeídos del país, sumergidos en una gran confusión político-ideológica y en una crisis material y organizativa que los tomó por sorpresa.

Frente a ese nuevo fenómeno, la Iglesia Católica intentó ensayar su propia propuesta de organización laboral para reemplazar a los sindicatos, por medio de las llamadas asociaciones solidaristas, inspiradas en la doctrina social de la Iglesia Católica, desarrollada por el papa Juan XXIII. Así, el Movimiento Solidarista logró penetrar algunos sindicatos bananeros de la zona atlántica del país, pero su éxito fue muy relativo. La propia crisis del catolicismo también quedó manifiesta en aquellas circunstancias.

Para entonces, se hacía cada vez más palpable la presencia de las nuevas corrientes evangélicas, convertidas ahora en opciones político-religiosas, capaces de atraer a los sectores empobrecidos y de llenar sus iglesias de fieles que pronto llegarían a convertirse en militantes de sus dogmas mesiánicos. El paso siguiente consistió en hacer que aquellas primeras organizaciones neo pentecostales comenzaran a promover movilizaciones de masas para tomarse espacios públicos estratégicos desde donde lograron integrar el mensaje religioso y el discurso político, hablando de “exorcizar a la nación” para, supuestamente, combatir los grandes problemas de corrupción que aquejaban a nuestro país.

Simultáneamente, se fue creando una pequeña élite de supuestos pastores del evangelio, algunos de ellos provenientes de los mandos medios de los viejos partidos políticos y, otros, habían emigrado desde las carpas católicas. Ellos se encargaron de denunciar, desde púlpitos y plazas públicas, problemas nacionales tan graves como la malversación de fondos públicos y las distintas formas de abusos de poder de parte de las “élites” gobernantes. Se iniciaba así una especie de batalla político-espiritual protagonizada por amplios sectores de la sociedad. El paso siguiente sería la toma del poder del Estado (Ulloa, op. cit. p.156).

Aunque en las elecciones de 1986 se había inscrito el primer partido neo pentecostal – la ANC – no fue sino hasta el año 1998 cuando llegó, por primera vez, un diputado evangélico a la Asamblea Legislativa costarricense. Desde entonces, las organizaciones religiosas neo pentecostales han mantenido, ininterrumpidamente, su representación parlamentaria. Su momento de mayor auge electoral se dio en el año 2018, cuando lograron elegir, por medio del Partido Restauración Nacional (PRN), catorce diputados confesionales (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).

En las elecciones de febrero de 2018, Costa Rica fue testigo de una cruda realidad: los partidos tradicionales – PLN y PUSC – forjadores de los destinos nacionales de los últimos tres cuartos de siglo, habían quedado fuera del poder. Y lo más interesante, el PRN, cuyo candidato presidencial era Fabricio Alvarado Zamora, un conocido periodista, estaba ligado a uno de los movimientos confesionales más poderosos internacionalmente, el llamado Ministerio de Avance Misionero Mundial.

La mayor sorpresa en aquella contienda electoral fue el triunfo, en primera ronda, del candidato neo pentecostal Fabricio Alvarado, al obtener un 24,9% de los votos válidos. Era el resultado más alto, pero no suficiente para ser declarado presidente. Su contendor, Carlos Alvarado Quesada, candidato del PAC, quedó en segundo lugar con el 21,6% (TSE, elecciones, 1ª. Ronda, febrero de 2018). Sin embargo, este último se impuso en la segunda ronda con el 60% de los votos, gracias a una alianza transitoria entre las viejas bases del bipartidismo. Por su parte, el PRN obtuvo, finalmente, el 39% de los votos, una cifra muy considerable (TSE, elecciones, 2ª. Ronda, abril de 2018).

En todo caso, el neo pentecostalismo salió muy fortalecido de aquellas elecciones, pues logró elegir catorce de los cincuenta y siete diputados que conformarían la Asamblea Legislativa (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).

  1. Las elecciones de 2022. Rodrigo Chaves Robles presidente

Uno de los aspectos más sorprendentes del resultado electoral del año 2022 fue el triunfo de un candidato a quien la sociedad costarricense, prácticamente, desconocía. Rodrigo Chaves Robles había emigrado hacia Estados Unidos en los años ochenta, luego de fracasar en el intento de ingresar a Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica. Años después, logró graduarse en ese mismo campo en la Universidad Estatal de Ohio (Wikipedia, Curriculum R. Chaves R.)

Antes de regresar a su país de origen, Rodrigo Chaves había sido representante del Banco Mundial, por casi tres décadas, en varias regiones del mundo. Primero, había representado por algún tiempo a esa institución en Turquía y, luego, había sido asesor para el desarrollo del sector privado y financiero en Europa del Este y en Asia Central, luego del derrumbe del socialismo en esas regiones (Curriculum Ibidem).

Posteriormente, había regresado a América Latina, siempre como funcionario del Banco Mundial, con el objeto de emprender aquí la privatización del sector público, monitorear la macroeconomía y desarrollar las tecnologías de la información (Ibidem).

En el año 2013, de nuevo abandonó América Latina y se trasladó a Indonesia con el objeto de fortalecer la inversión privada en el sector energético y eliminar los subsidios a los combustibles en ese país (Ibidem).

Por problemas de acoso sexual a algunas de sus colaboradoras, en el año 2019 Chaves Robles fue sancionado en el Banco Mundial (La Nación, 19 oct. 2021). Coincidió con esa situación el llamado del presidente Carlos Alvarado Quesada – quien afirmó luego desconocer dicha denuncia – para que se hiciera cargo del Ministerio de Hacienda, en vista de que la anterior ministra había sido cuestionada por la Contraloría General de la República.

En ese cargo, Chaves Robles se desempeñó solo durante seis meses. Fueron varias las razones que obstaculizaron su buen desempeño con el gobierno de Alvarado Quesada. Pareciera que el desarraigo por tantos años de nuestro país y su larga trayectoria como funcionario del Banco Mundial, lo habían convertido en una especie de extranjero en su propia tierra, lo cual le impedía sopesar las verdaderas repercusiones nacionales de sus propuestas. Por ejemplo, la creación de un impuesto temporal a los salarios de más de 500.000 colones (unos 800 dólares), para auxiliar a los trabajadores desempleados durante la pandemia del COVID, fue muy mal recibida por los sectores más empobrecidos. Por otra parte, sus objeciones al sistema de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución pública encargada de atender la salud de toda la población, puso en evidencia su intención de iniciar la privatización de aquellos servicios, lo cual provocó una mayor inconformidad en el país con el gobierno de Alvarado.

No obstante, el clímax del conflicto llegó cuando Rodrigo Chaves, como ministro de Hacienda, se opuso a una ley aprobada en la Asamblea Legislativa para excluir a las municipalidades de la aplicación de una nueva regla fiscal, la Ley 9635, aprobada desde 2018. La ruptura definitiva se produjo cuando el presidente Alvarado se negó a vetar aquella ley. Así, su colaboración como ministro fue muy efímera, tan solo de seis meses, pero las repercusiones de su regreso a Costa Rica han sido muy serias y, peor aún, con una proyección temporal de larga duración.

Con el retorno de Chaves Robles a Costa Rica también comenzó a vislumbrarse la sombra de la extrema derecha internacional en nuestro país, y con su salida del gobierno de Carlos Alvarado así se comprobó. Comenzó a promover, más temprano que tarde, un nuevo movimiento político en el país, de fachada populista, que pronto fue bautizado como el chavismo costarricense.

Pronto, Rodrigo Chaves comenzó a gestionar su candidatura presidencial, por medio de uno de los tantos partidos de reciente creación – partidos taxi se les ha llamado frecuentemente – los cuales habían comenzado a proliferar con la agonía del bipartidismo y la expansión de la corriente neo pentecostal. Así, en julio de 2021 se anunciaba, oficialmente, su candidatura a la presidencia de Costa Rica como candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), junto a veinticuatro candidatos más.

La política de alianzas del nuevo PPSD pronto dio sus frutos. El apoyo a la candidatura de Chaves Robles de parte de algunos sectores empresariales, especialmente de los importadores, y de algunos grupos evangélicos afines a la teología de la prosperidad, resultó esencial para que el chavismo adquiriera fuerza suficiente y alcanzara el segundo lugar en la primera ronda electoral, en febrero de 2022. Dos meses después, en la segunda ronda, Rodrigo Chaves resultaba electo presidente con el apoyo del 52,8% de los votos frente al 47,2% recibido por su opositor José María Figueres Olsen (TSE, elecciones 2ª. Ronda, abril 2022).

Estos resultados fueron posibles, además, gracias al arribo de un buen número de ex dirigentes del bipartidismo a las filas chavistas, quienes pusieron a su servicio toda su experiencia en el manejo partidario de los procesos electorales. No faltó, además, algún que otro académico o funcionario de la izquierda histórica que se pusiera al servicio del proyecto neoconservador de Rodrigo Chaves.

Aquellos hechos han marcado un antes y un después en la vida política costarricense. Desde entonces, se ha implantado un estilo de gobierno autocrático y confrontativo, marcadamente anticomunista y machista, propio de los líderes de la nueva derecha internacional. En ese sentido, la personalidad del presidente Chaves ha sido determinante. En la televisión alemana, por ejemplo, lo han definido como: “… una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia” (DW. Günther Maihold, 06/08/2026).

Ese complejo perfil del ahora expresidente Chaves, también se expresó en su reiterada confrontación con algunas instituciones públicas. En ese ámbito, quizá lo más preocupante fueron las amenazas de irrespeto a la división de poderes de la nación, especialmente respecto al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones (Lissidini, A. “Así nos ven desde Uruguay”. La Diaria, 3 de setiembre, 2026).

Por otra parte, no han faltado los conflictos con instituciones como la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, con la Contraloría General de la República, a la cual se ha tratado de despojar de sus funciones contraloras por medio de un proyecto que él mismo ha denominado Ley Jaguar (Telediario cr. 5 de junio, 2024).

No obstante, uno de los aspectos más delicados durante la administración de Chaves Robles fueron sus reiterados conflictos con los medios de comunicación. En un estudio realizado por el Programa de Libertad de expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, se constató que el 99% de las intervenciones del presidente Chaves en sus conferencias de prensa, tenían connotaciones negativas referidas a algunos medios nacionales de comunicación –prensa canalla denominaba a la mayoría – o con respecto a determinados periodistas (Universidad, 14 de julio, 2024).

Dicho estudio, realizado a dos años del inicio del gobierno de Chaves, demostró también que el 65, 5% de los entrevistados coincidía en señalar que la libertad de prensa en nuestro país estaba en peligro. Además, el 53% reconoció que existían limitaciones para la libre expresión (Ibidem). Subrayaba también el incremento general del discurso de odio a través de las redes sociales, todo lo cual estaba causando gran inestabilidad en el ambiente nacional.

También cabe subrayar que el expresidente Chaves Robles les ha declarado una guerra frontal a las universidades públicas, especialmente a la Universidad de Costa Rica. Sus armas principales han sido los recortes presupuestarios y, particularmente, el desprestigio promovido, desde sus conferencias de prensa, respecto al mundo del trabajo académico y de los intelectuales, en general.

En medio de un clima de tantos conflictos, la situación personal de Chaves es sumamente compleja. Actualmente, tiene más de cuarenta causas penales en los Tribunales de Justicia, relacionadas con acusaciones como: financiamiento ilícito de su pasada campaña presidencial, prevaricación, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, abuso de autoridad, legitimación de capitales, etc. (El financiero, 4 de julio, 2026).

Sin embargo, el apoyo recibido por las administraciones de Chaves y Fernández, por parte del capital nacional y transnacional, así como la estrecha alianza con gobiernos de su mismo modelo, como el de Nayib Bukele de El Salvador y, especialmente, con la actual administración estadounidense de Donald Trump, ha sido una de sus aparentes fortalezas. Casi al final de su período de gobierno, en el marco de una reunión de la Cumbre de las Américas, el presidente Chaves suscribió el Acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición multinacional de cooperación militar impulsada por el gobierno norteamericano para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio occidental. De manera que, aunque nuestro país no cuenta con un ejército desde el año 1948, hemos asumido compromisos militares de gran envergadura.

Por último, debemos señalar que la expansión del narcotráfico durante los últimos años en Costa Rica ha sido muy significativa. Pese a las medidas nacionales e internacionales para contrarrestarla, esa problemática no deja de expandirse, llegando a extender sus tentáculos hasta ciertas estructuras del Estado y de ciertos partidos políticos.

El propio partido en el poder, el PPSO, enfrenta actualmente serias denuncias por las relaciones de algunos de sus dirigentes con un supuesto lavador de dineros del narcotráfico, un ciudadano nacido en China y nacionalizado costarricense, el señor Goubin Tam Shang. Actualmente, éste espera en una cárcel costarricense para ser extraditado a Estados Unidos (CrHoy.com, 5 de octubre de 2026).

  1. Los comicios electorales de febrero de 2026. El continuismo chavista

Podríamos decir que la trayectoria política de la presidenta Laura Fernández, con tan solo cuarenta años de edad, en buena medida resume el recorrido político-ideológico de nuestro país durante las últimas décadas. Como estudiante de Ciencias Políticas de la UCR, comenzó a acercarse a ciertos círculos políticos del bipartidismo. Fue así como se convirtió en asistente en Casa Presidencial, durante la segunda administración del presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010), electo por el PLN. En esa ocasión, a ella le correspondió estar muy de cerca de la toma de decisiones sobre las cuestionadas estrategias de aquel gobierno para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue en aquella coyuntura, precisamente, cuando se elaboró el tristemente famoso Memorándum del Miedo, al cual nos referimos en páginas anteriores.

Posteriormente, fue contratada como funcionaria en el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), para trabajar en las tareas de la reforma del Estado, siguiendo las políticas dictadas por organismos internacionales en aquel momento.

Luego, alejada de las tiendas liberacionistas, se sumó al proyecto de un nuevo partido conservador denominado Alianza Demócrata Cristiana (ADC), dirigido por el exdiputado social cristiano Mario Redondo. A partir del año 2014, reelecto éste último como legislador, Laura Fernández se convirtió en su jefa de despacho en la Asamblea Legislativa, vitrina idónea desde donde comenzó a trazar su proyecto personal de ascenso político. En las siguientes elecciones, se convirtió en candidata a la primera vicepresidencia de ese mismo partido (ADC), sin resultados positivos, pero al retornar como funcionaria del MIDEPLAN le tocó coincidir con el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Así se fue gestando aquella particular alianza, la cual hoy día amenaza seriamente la estabilidad social y política de Costa Rica.

Cuando Rodrigo Chaves ganó la presidencia en abril del 2022, nombró a Fernández como ministra de Planificación, primero, y luego como ministra de la Presidencia. Los escalones hacia su candidatura presidencial comenzaban a perfilarse.

Por disposición constitucional, en Costa Rica no existe la reelección presidencial consecutiva, debe esperarse, al menos, un lapso de ocho años. Esa fue la razón que llevó al presidente Chaves a recurrir a su ministra de la Presidencia para que ocupara, transitoriamente, la silla presidencial. Así, en febrero del presente año, Laura Fernández resultó electa presidenta con un 48,3% de la votación, frente a un 33.4% recibido por el candidato del viejo PLN, el Dr. Álvaro Ramos (La Nación, 2 de febrero, 2026).

Habría que agregar un hecho relevante para que se dieran esos resultados tan favorables y fue el apoyo recibido por Fernández de parte del Foro Mi país, una organización que integra a la mayoría de las iglesias neo pentecostales costarricenses, el cual se comprometió, públicamente, a garantizar el voto de sus fieles por el PPSO (El MUNDO,15 de enero, 2026).

Actualmente, Costa Rica vive momentos de gran tensión política, pues el control que ejerce el “super ministro” en los diversos ámbitos del Estado, altera con frecuencia la vida política de nuestro país. Incluso, Fernández, sin que parezca que ese sea un rasgo distintivo de su personalidad, también recurre, a menudo, a un tono muy confrontativo y autoritario, al estilo de Chaves, utilizando un lenguaje tan grotesco que riñe con su apariencia de mujer refinada.

Pasemos ahora a observar los dos cuadros siguientes. Ambos pueden ilustrarnos las diferencias económicas, regionales y electorales, a partir de los resultados de las últimas elecciones, en las cuales resultó electa Laura Fernández. Así mismo, pueden sugerirnos algunas inferencias de interés.

CUADRO No. 1

Costa Rica. Resultados electorales por provincias.
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (resultados 1º. de febrero de 2026).

Si observamos el cuadro anterior, podemos notar que, con la excepción de la provincia de Cartago, el chavismo ganó las últimas elecciones en las restantes seis provincias. Además, donde más apoyo obtuvo fue en las provincias de las zonas costeras, donde se encuentran las zonas más empobrecidas de Costa Rica.

CUADRO No. 2

Costa Rica. Índice de pobreza por regiones de Costa Rica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Costa Rica, año 2025)

Por su parte, el cuadro No.2, nos muestra los porcentajes de pobreza distribuidos por las diferentes regiones del país. En este caso, debemos aclarar que a las regiones denominadas Chorotega, Pacífico Central y Brunca les corresponden, geográficamente, las dos provincias costeras del Pacífico que son Puntarenas y Guanacaste. Como se observa, ambas se encuentran entre las más empobrecidas del país, sin embargo, fueron dos de las provincias donde la candidata Laura Fernández recibió un mayor porcentaje de votos.

Por otra parte, la región Huetar Caribe, la cual coincide geográficamente con la provincia de Limón, siendo la más pobre de Costa Rica, fue donde el chavismo recibió la mayor cantidad de votos de todo el país.

Por su parte, la situación de las provincias de la zona central, según las cifras de ese cuadro, estuvo menos polarizada en las recientes elecciones, fenómeno que se explica, en buena medida, porque ésta ha sido la región más beneficiada con la redistribución de los recursos del Estado. Esto les ha deparado una mejor calidad en los servicios públicos – educación y salud, principalmente – por lo cual aquí se concentra la mayor parte de la clase media y profesional.

  1. Retos actuales para la izquierda costarricense

Resulta materialmente imposible abordar este complejo tema en pocos párrafos, de manera que haremos tan solo una enumeración de los aspectos que podrían ser tomados en cuenta si la izquierda costarricense se propone recuperar las bases sociales que, en otros momentos, les dieron sustento a sus luchas más relevantes.

Las organizaciones de la izquierda costarricense han experimentado una crisis de larga duración. Factores externos incidieron en ese fenómeno:

a) Su desgaste a lo largo de los años setenta y ochenta, acompañando a los grupos político-militares nicaragüenses y salvadoreños en sus luchas para la toma del poder. A la larga, el fracaso de esos proyectos históricos también ha venido a contribuir con el debilitamiento de las organizaciones de la izquierda nacional.

b) El derrumbe del socialismo en la antigua URSS a fines de la década del ochenta. En ese sentido, la organización más afectada, aunque no la única, resultó ser el Partido Comunista (PVP) al entrar en una etapa de decadencia ideológica y organizativa que pareciera irreversible.

c) Por efectos de dicha crisis, en el interior del país se dio un enorme debilitamiento del movimiento sindical del sector privado, especialmente en las áreas bananeras de las regiones periféricas del país. En este momento, como antes mencionamos, son esos los sectores geográficos donde se ha implantado con más éxito el movimiento religioso neo pentecostal. Así, las iglesias trataron de sustituir a las organizaciones sindicales como elementos de cohesión social, sin embargo, la estrategia para recuperar la organización política de esos sectores aún no parece visualizarse.

d) Otro aspecto de gran complejidad que comienza a percibirse, es la intervención del chavismo en algunas organizaciones sindicales del sector público, especialmente en el sector magisterial. Este fenómeno es el resultado de la cooptación, por parte del chavismo, de un sector de los empleados públicos, quienes también lo han apoyado electoralmente. Su discurso en contra de las “élites corruptas” ha resultado muy efectivo, en tanto le da sentido al resentimiento de los funcionarios del Estado por la pérdida de algunas de sus conquistas sociales esenciales, como su derecho a la huelga y el congelamiento de sus salarios.

e) El Frente Amplio está haciendo grandes esfuerzos, especialmente en el ámbito parlamentario, para recuperar el rol histórico de la izquierda costarricense. Sin embargo, sus esfuerzos de reorganización a nivel nacional aún no dan todos sus frutos. Su fortaleza se concentra en el Valle Central y disputarle el apoyo al chavismo en las regiones periféricas es uno de sus mayores retos.

  1. A manera de epílogo

El perjuicio del chavismo en nuestro país se puede constatar en diversos ámbitos. Por ejemplo, está contribuyendo a opacar la imagen internacional de la que, hasta hace poco, gozaba nuestro país como una democracia más abierta y madura con respecto a otros países latinoamericanos. En ella habíamos podido convivir, pacíficamente, diversas corrientes de pensamiento, credo y visiones de mundo.

Un segundo aspecto muy preocupante es la restricción a la libertad de expresión de algunos sectores de la oposición. Inclusive, las acciones coercitivas contra algunos comunicadores y opositores del chavismo han comenzado a trascender internacionalmente.

En los últimos tiempos han salido a la luz pública diversas denuncias de acoso policial en contra de algunos periodistas o activistas de la oposición. Inclusive, algunos comunicadores han decidido exiliarse en el extranjero para protegerse de eventuales agresiones de parte de activistas del chavismo y, particularmente, de los seguimientos policiales desde Casa Presidencial. Dos casos ilustran esa grave problemática, el de la activista Silvia Ziesing y el del comunicador Eric Sojo, director de la emisora Radio Zurquí. Ambos han recibido, incluso, amenazas de muerte de manera anónima. Por su parte, el cantante Kevin López – conocido como Kevlo – también ha tenido que acogerse a un programa especial de protección debido a sus publicaciones en las redes sociales con críticas hacia el chavismo (Universidad, 30/setiembre/2026).

Otro de los casos más conocidos es el de la comunicadora Stella Chinchilla quien ha sido denunciada, junto a otros comunicadores y activistas, ante la Fiscalía General de la República, como sospechosa de participar en un presunto plan para asesinar al ex presidente Rodrigo Chaves (Repretel/14 de enero/2026). Fue denunciada por la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS), adscrita a la Casa Presidencial, con base en seguimientos de supuestas conversaciones digitales. Chinchilla se ha distinguido en nuestro país por haber estado siempre ligada a la protesta social.

Sin embargo, ciertos sectores han dejado el temor de lado y han comenzado a manifestarse en contra de los abusos del chavismo. Hasta ahora, la respuesta más contundente ha sido una gran manifestación realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, en la ciudad capital. El objetivo principal fue expresar el descontento ciudadano por las intromisiones del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial, y, en general, contra el autoritarismo manifiesto desde la Casa Presidencial. Ese plantón se hizo extensivo a otras regiones del país y su gran éxito ha sido un estímulo para los movimientos opositores (www. La Teja.cr). Este ha sido uno de los primeros pasos, entre otros, que está impulsando la organización popular para promover nuevas movilizaciones en contra del autoritarismo que hoy amenaza a la sociedad costarricense.

Lo planteado en estas páginas constituye tan solo una primera aproximación para tratar de comprender cómo los fenómenos aquí señalados se han entrelazado para dar cabida al surgimiento de una nueva etapa en la historia costarricense. Ello, en un contexto internacional caracterizado por la hegemonía de la extrema derecha, o aún más, como señala el historiador Enzo Traverso, por el arribo del posfascismo del siglo XXI (Traverso, 2025).

Bibliografía

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Tesis

  • Ulloa Gómez, Mónica María. LA PARTICIPACIÓN EVANGÉLICA EN LA POLÍTICA COSTARRICENSE: EL CASO PENTECOSTAL Y NEOPENTECOSTAL

¿Qué es el chavismo?

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

El chavismo es un fenómeno político nuevo, distinto a todo lo anterior desde la guerra civil.

Es una irrupción, un quiebre en la política nacional respecto al pasado.

Es el fenómeno internacional del surgimiento de la extrema derecha, al estilo Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro y otros, cuyo carácter es combinar el neoliberalismo más extremo con restricciones importantes a la democracia. Esa es la nueva esencia política del fenómeno de la extrema derecha mundial.

Entre sus muchas nuevas características está la de aparecer como enemiga de las llamadas elites políticas tradicionales y el surgimiento de un lumpen político que se apodera del Gobierno y luego infecta todas las instituciones y poderes del Estado.

Ese fenómeno internacional que encabeza el trumpismo, en Costa Rica se llama chavismo.

Considerar al chavismo como la culminación o continuación del bipartidismo y el PAC puede ocultar el nuevo rostro del fascismo y del autoritarismo.

Estamos en presencia de un carácter o contenido político que se llama chavismo, distinto a todas las expresiones políticas anteriores dominantes.

Entenderlo como la continuación de las políticas pasadas puede conducir a equivocaciones tácticas y estratégicas. El chavismo es una concepción neofascista que rompe con la concepción política pasada.

Equivocarse en la definición y caracterización del chavismo como la expresión nacional de la extrema derecha internacional, neoliberal en extremo y antidemocrática por esencia, puede condicionar el accionar político.

Recordemos que lo primero es caracterizar el fenómeno político y luego actuar táctica y estratégicamente en correspondencia. Si nos equivocamos en lo primero, fallamos en lo demás.

Israel puede cambiar de gobierno. ¿Qué cambia para el pueblo palestino?

Las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre podrían poner fin a la larga era política de Benjamin Netanyahu. Pero, independientemente de quién gane, las expectativas palestinas de un cambio sustancial son muy limitadas, porque el problema no es quién gobierna Israel, sino el desplazamiento de todo su sistema político respecto de la cuestión palestina.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

Israel celebrará elecciones generales el próximo 27 de octubre. Buena parte de la atención internacional está concentrada en la posibilidad de que Benjamin Netanyahu pierda el poder después de haber dominado la política israelí durante buena parte de las últimas tres décadas.

Para los palestinos, sin embargo, se trata de qué pueden esperar de un cambio de gobierno en cuanto al rumbo en la política israelí hacia Palestina. Las reacciones provenientes del campo palestino están marcadas por el escepticismo y la prudencia. No porque las elecciones sean irrelevantes, sino porque existe la percepción de que las principales fuerzas políticas israelíes comparten posiciones fundamentales sobre seguridad, asentamientos y rechazo a la creación de un Estado palestino independiente.

En otras palabras, Netanyahu puede perder sin que desaparezca el consenso político que se ha construido alrededor de la cuestión palestina. Las diferencias entre Netanyahu y sus principales adversarios son importantes en asuntos como la democracia israelí, la relación entre religión y Estado, el servicio militar de los sectores ultraortodoxos, la corrupción y el funcionamiento de las instituciones, pero esas diferencias se reducen considerablemente cuando se habla de Palestina.

Reuters señalaba el 22 de octubre que tanto Netanyahu como su principal rival, el exjefe militar Gadi Eisenkot, se oponen actualmente a la creación de un Estado palestino independiente. Ambos defienden además que Israel conserve el control último de seguridad sobre el territorio situado entre el río Jordán y el Mediterráneo.

La coincidencia no termina allí. Naftali Bennett, otro de los dirigentes importantes de la oposición, también rechaza un Estado palestino y la evacuación de los asentamientos. De esta manera, aunque los adversarios de Netanyahu prometen un nuevo comienzo para Israel, en asuntos centrales de seguridad y territorio comparten posiciones que limitan las expectativas palestinas de un cambio fundamental.

Esta percepción explica buena parte del escepticismo expresado por dirigentes y analistas palestinos durante la campaña: si cambia el gobierno pero permanecen las premisas fundamentales de la política hacia Palestina, el cambio electoral puede ser importante para Israel sin ser decisivo para los palestinos.

La paz ha desaparecido del centro de la campaña

Quizá uno de los datos más reveladores de estas elecciones sea precisamente aquello de lo que casi no se habla. Durante los años noventa, el conflicto palestino-israelí y la posibilidad de alcanzar la paz dividían profundamente a la sociedad israelí. Tres décadas después, la situación es muy diferente.

Un análisis publicado por The Jerusalem Post señala que la paz está prácticamente ausente de la campaña electoral de 2026. Pocos candidatos ofrecen una visión sobre las futuras relaciones con los palestinos y mucho menos un camino para resolver políticamente el conflicto. Según datos del Peace Index de la Universidad de Tel Aviv citados por ese medio, apenas un 29% de la población judía israelí apoyaba en julio alguna forma de negociación con la Autoridad Palestina. El dato resulta significativo porque permite comprender que el problema no puede atribuirse exclusivamente a Netanyahu.

La derecha israelí no solamente ha ganado elecciones. Durante las últimas décadas consiguió desplazar hacia la derecha una parte considerable del sentido común político del país. Posiciones que hace treinta años pertenecían fundamentalmente a la derecha nacionalista —el rechazo de un Estado palestino, la expansión de los asentamientos y el mantenimiento indefinido del control militar sobre los territorios ocupados— han penetrado progresivamente en el centro político.

Un examen reciente de las votaciones de la Knesset muestra que, en varias decisiones relacionadas con Palestina, partidos de oposición han coincidido con la derecha gobernante en asuntos como el rechazo de la estatalidad palestina y medidas contra la UNRWA. Por eso Netanyahu podría perder las elecciones y, sin embargo, sobrevivirle buena parte del paradigma político que contribuyó a consolidar.

Los palestinos saben que los matices existen

Pero sería un error concluir que para los palestinos «da lo mismo» quién gane. Las diferencias entre un gobierno y otro pueden tener consecuencias concretas y, en determinados casos, decisivas para la vida cotidiana.

Un gobierno menos dependiente de la extrema derecha podría contener la expansión de determinados asentamientos, reducir la tolerancia hacia la violencia de los colonos y abrir algunos espacios políticos hoy cerrados. Para una comunidad palestina amenazada por la confiscación de sus tierras, para una familia expuesta a la violencia de los colonos o para quienes intentan permanecer en sus viviendas, esas diferencias no son menores.

La socióloga palestina Areej Sabbagh-Khoury plantea precisamente esta distinción: las elecciones difícilmente transformarán por sí mismas la naturaleza fundamental del sistema, pero los diferentes gobiernos sí pueden modificar las condiciones en las que los palestinos viven, se organizan, protestan, defienden sus instituciones y permanecen en su tierra. Por eso el escepticismo palestino no debe confundirse con indiferencia. Una elección puede no producir emancipación y, sin embargo, ampliar o reducir las posibilidades de resistencia.

Gaza: la seguridad israelí sigue ocupando el centro, mientras sigue el genocidio

Las diferencias entre los principales candidatos se estrechan todavía más cuando se observa Gaza. Netanyahu y Eisenkot coinciden en que las fuerzas israelíes no deben retirarse completamente mientras Hamás no sea desarmado y ambos contemplan recurrir nuevamente a la fuerza militar para conseguirlo.

Eisenkot propone que Hamás deje de gobernar Gaza en un plazo de 18 meses, ya sea mediante el marco impulsado por Estados Unidos o mediante acciones militares. Así, la discusión electoral se concentra fundamentalmente en cómo garantizar la seguridad israelí y quién puede hacerlo mejor, mientras ocupa un lugar mucho menor la cuestión del derecho del pueblo palestino a decidir soberanamente su propio futuro. Esta es una de las principales limitaciones de las elecciones vistas desde Palestina.

Más allá de Netanyahu

Durante demasiado tiempo la política israelí hacia Palestina se ha explicado fundamentalmente a partir de la personalidad de Netanyahu y de su alianza con la extrema derecha. Esa explicación ya resulta insuficiente.

Netanyahu ha sido una figura decisiva en la derechización de Israel, pero las posiciones que representa han penetrado mucho más profundamente en la sociedad y en el sistema político.

Por eso la permanencia de Netanyahu no es la preocupación palestina. La cuestión fundamental es si alguna de las fuerzas con posibilidades reales de gobernar está dispuesta a modificar las condiciones estructurales que han hecho posible la ocupación, la expansión de los asentamientos y la fragmentación territorial palestina.

Hasta ahora, la respuesta parece ser negativa. La posibilidad de terminar con la ocupación, desmontar los asentamientos y reconocer plenamente el derecho palestino a la autodeterminación prácticamente ha desaparecido del horizonte inmediato de las principales fuerzas con posibilidades de gobernar.

¿Qué cambia entonces para Palestina? Puede cambiar mucho en el terreno concreto y muy poco en el terreno estructural. Puede cambiar el primer ministro. Puede desaparecer del gobierno la extrema derecha más radical. Puede disminuir la tolerancia hacia la violencia de los colonos. Pueden abrirse espacios políticos hoy cerrados. Pueden modificarse las condiciones de vida y de resistencia de miles de palestinos.

Todo eso importa, pero mientras permanezcan la ocupación, la expansión territorial de los asentamientos, la fragmentación de Cisjordania, los ataques cotidianos contra Gaza y la negativa a reconocer efectivamente el derecho palestino a la autodeterminación, la cuestión fundamental seguirá sin resolverse y por eso el escepticismo que llega desde Palestina está más que fundamentado.

Las elecciones del 27 de octubre pueden ser históricas para Israel y producir una modificación importante en su vida política. Pero para el pueblo palestino la pregunta decisiva no es simplemente quién gana las elecciones, sino qué proyecto político está dispuesto a reconocerlo como sujeto de derechos, como pueblo y como protagonista de su propio futuro.

El verdadero cambio para Palestina comenzaría cuando la autodeterminación palestina dejara de ser una cuestión marginal o una concesión negociable y pasara a constituir un principio fundamental de cualquier proyecto político para el futuro de la región.

Imagen: Un niño palestino y un soldado israelí frente al muro israelí en Cisjordania. Foto de Justin McIntosh / Wikimedia Commons.

Las afirmaciones y datos utilizados en este artículo se sustentan en las siguientes fuentes periodísticas, académicas y de investigación:

Referencias:

* Obeid, Lina, & Uriel-Beeri, Tamar. (22 de octubre de 2026). How would a Netanyahu election loss change Israel’s policies toward the Palestinians? Reuters.

* Eglash, Ruth. (22 de octubre de 2026). The Palestinian issue once defined Israeli elections. Now no one’s talking about it. Jewish Telegraphic Agency (JTA). Reproducido por The Jerusalem Post.

* Rosler, Nimrod, & Yakter, Alon. (julio de 2026). Peace Index July 2026. Tel Aviv University, The Peace Index Project.

* Sabbagh-Khoury, Areej. (12 de agosto de 2026). Amid genocide, Palestinian participation in Israel’s elections must be reimagined. +972 Magazine.

* Graham-Harrison, Emma. (18 de octubre de 2026). There’s a lot of racism, a lot of hatred: Far right gains predicted as Israel heads to the polls. The Guardian.

IX Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico analizará la crisis mundial y el ataque a la democracia y los derechos humanos

Del 27 al 29 de octubre, en la Universidad Nacional, con transmisión en directo por el canal de YouTube del IDESPO.

El Grupo de Pensamiento Crítico (GPC) y el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina de México, convocan al IX Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico. Este año el lema es “Crisis mundial y ataque a la democracia y los derechos humanos: la antiutopía de la violencia y la destrucción”. El encuentro se realizará del 27 al 29 de octubre de 2026 en el Auditorio Franz J. Hinkelammert, la antigua Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, en Heredia. Las sesiones se transmitirán en directo por el canal de YouTube del IDESPO: https://www.youtube.com/@idespouna1975

El GPC fue fundado en 2007 por Franz J. Hinkelammert. Según la convocatoria, desde entonces ha buscado generar “argumentos, narrativas, estrategias y alternativas para sustentar las resistencias y los proyectos emancipatorios”. Sus encuentros internacionales han sido, durante casi dos décadas, un foro de diálogo a partir del instrumental teórico, metodológico y ético aportado por Hinkelammert.

Una crisis civilizatoria

La convocatoria advierte sobre “la progresiva pero veloz constitución de una crisis civilizatoria deshumanizante, antidemocrática e irracionalista”. Según el texto, esa tendencia apareció primero en el proyecto neoliberal de totalización del mercado y, más recientemente, en el ascenso de las extremas derechas a nivel mundial. Los organizadores las describen como un proyecto que “busca el dominio totalitario sobre todas las fuentes de la vida: el trabajo, la naturaleza y la espiritualidad del ser humano”.

En lo político, el texto señala un vaciamiento de la democracia. Cita a Hinkelammert, quien advirtió que se agudiza “un conflicto entre la democracia como mecanismo del poder y la democracia como lugar de la defensa de los derechos humanos”. La convocatoria sostiene que en diversos países del continente se ha venido “sucumbiendo a la fascinación de las ultraderechas”, con proyectos “aparentemente anti-establishment y libertarios, que vuelven a enquistar en el poder a los viejos y los nuevos grupos hegemónicos ligados al capital transnacional”, en “un retroceso alarmante de la vigencia de los derechos humanos, de las conquistas populares y profundamente antiecológico”.

Los organizadores ubican esta ofensiva en una crisis estructural del capitalismo que se arrastra desde la década de 1970, y en los límites que dejó en evidencia la crisis de 2007-2009. Señalan que el escenario político internacional “se ha vuelto particularmente sombrío”: “Asistimos al imparable genocidio en Gaza y el Líbano, donde la población civil es sometida a un castigo colectivo que viola todas las normas del derecho internacional humanitario”. Mencionan también el silenciamiento de las hambrunas y los desplazamientos masivos en Sudán, la crisis humanitaria y de seguridad en Haití y “la ya alargada guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”. Afirman que la administración Trump “ha intensificado su guerra contra Irán y Venezuela, profundizando las sanciones económicas que equivalen a un asedio contra pueblos enteros”, al tiempo que “mantiene y recrudece la asfixia contra Cuba, cuyo pueblo soporta un bloqueo genocida”. Para los organizadores, estas agresiones “forman parte de una estrategia global de dominación que combina la violencia militar directa con la guerra económica, el saqueo de recursos y la imposición de un nuevo orden autoritario”.

Ejes de discusión

El encuentro se organizará en torno a cuatro ejes:

  1. El análisis de las tendencias actuales del capitalismo: bajo crecimiento, inflación, financiarización, concentración de la riqueza y la respuesta de las ultraderechas como proyectos de restauración conservadora.

  2. El vaciamiento de la democracia, la instrumentalización de los derechos humanos por los proyectos dominantes y la construcción de nuevas narrativas emancipadoras.

  3. Las tendencias neofascistas y militaristas, la guerra cultural, la desinformación y la voluntad de exterminio como mecanismos de disciplinamiento social.

  4. La construcción de nuevos mitos emancipatorios, narrativas, estrategias de resistencia y proyectos transformadores desde los movimientos sociales, feministas, ecologistas, sindicales y populares, “en la búsqueda de una civilización para el cuidado de la vida”.

Programa

Martes 27 de octubre: Crisis mundial y reconfiguración del orden capitalista

  • 9:00 a. m.: apertura, inauguración del Auditorio Franz J. Hinkelammert e inicio de las sesiones plenarias.

  • 10:15 a. m.: conferencia inaugural. “El termidor de la Modernidad y el ascenso mundial de la extrema derecha neofascista: una mirada apremiante pero esperanzadora a la luz del pensamiento crítico de Franz Hinkelammert”, Henry Mora (Costa Rica).

  • 11:15 a. m.: “Vigencia de la dialéctica del desarrollo desigual de Hinkelammert ante la crisis mundial del siglo XXI”, Hugo Herrera (México).

  • 2:00 p. m. (virtual): “Límites trascendentales de la sustentabilidad. El Espacio Analítico Alternativo como herramienta heurística”, David Orlando Ramírez (Colombia-México).

  • 3:15 p. m.: “Crisis actual del capitalismo y su reconfiguración desde la ultraderecha; una explicación desde lo estructural”, William Hughes (Panamá).

  • 4:15 p. m.: “Trump sigue la herencia de intervenciones en América Latina”, Lilia Solano (Colombia).

  • 6:00 p. m.: presentación del libro Franz Josef Hinkelammert: pensamiento esperanzado, Carlos Molina (El Salvador).

Miércoles 28 de octubre: Ataque a la democracia y los derechos humanos / La antiutopía de la violencia y la destrucción

  • 9:00 a. m.: “La crisis civilizatoria y la utopía de la dominación total”, Jorge Vergara (Chile).

  • 10:30 a. m. (virtual): “Democracia y derechos humanos: discernimientos desde nuestra América en defensa de las humanidades”, Yamandú Acosta (Uruguay).

  • 11:30 a. m.: “Del pensamiento único al no pensamiento: desafíos a las descomposiciones neoliberales desde América Latina”, John Carlos Pumacaya (Perú-Colombia).

  • 2:00 p. m.: “Lo sagrado frente a lo santo y la inversión de los valores éticos en el mundo contemporáneo”, Jung Mo Sung (Brasil).

  • 3:15 p. m.: “El Caribe como zona de paz o frontera de imperio. La paradoja del asesinato es suicidio en contexto”, Maydi Estrada Bayona (Cuba).

  • 4:15 p. m. (virtual): “Deseo, violencia y mito”, Carlos Asselborn (Argentina).

  • 6:00 p. m.: “Voces y paisajes”, conversatorio sobre la coyuntura política en América Latina.

Jueves 29 de octubre: Alternativas para la vida

  • 9:00 a. m.: “Totalitarismo y religión. El surgimiento de la crítica de la religión en la Doctrina Social de la Iglesia”, José Fernando Castrillón (Colombia).

  • 10:30 a. m.: “Militancia y conversión: comunidades de vida y espiritualidad de la acción”, Carlos Molina (El Salvador).

  • 11:30 a. m.: “Rebelión juvenil en Colombia, una apuesta por la vida”, Carlos Angarita (Colombia).

  • 2:00 p. m.: “Para la reconstrucción de una democracia futura. Aportes de la filosofía latinoamericana contemporánea: A. Roig, E. Dussel, F. J. Hinkelammert”, Estela Fernández (Argentina).

  • 3:15 p. m. (virtual): “Enrique Dussel: marxismo crítico del Sur, descolonialización y transmodernidad”, Jorge Zúñiga (México).

  • 4:15 p. m.: “Utopía y revolución. La posibilidad de otro mundo”, Yohanka León del Río (Cuba).

  • 6:00 p. m.: clausura.

El encuentro será principalmente presencial, con mesas de discusión en las que expondrán integrantes de la red del GPC y que se abrirán a la discusión colectiva. Algunas conferencias serán virtuales, porque parte de sus integrantes no pueden viajar a Costa Rica. Además, habrá sesiones de trabajo con colectivos y organizaciones sociales, actividades culturales y un homenaje a Franz J. Hinkelammert. Está previsto publicar las ponencias en 2027, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Contacto: norman.solorzano.alfaro@una.ac.cr

La vida en disputa: democracia, poder y resistencias en el 2026

Rodrigo Campos Hernández

Rodrigo H. Campos Hernández

¿Qué relación puede existir entre estudiantes franceses que reclaman condiciones dignas para estudiar, personas que se movilizan en España por el derecho a la vivienda, jóvenes que rechazan la militarización de su futuro y productores costarricenses que defienden sus posibilidades de subsistencia? ¿Qué conecta esas luchas con la solidaridad hacia Palestina, la defensa de la universidad pública y la exigencia de que los gobiernos respeten las decisiones judiciales?

No estamos necesariamente ante un movimiento internacional coordinado. Tampoco sus protagonistas comparten una misma interpretación del mundo. Sin embargo, la diversidad de las demandas permite reconocer una preocupación común: la creciente dificultad para sostener una vida digna y participar efectivamente en las decisiones que la condicionan.

Esta es una lectura de coyuntura. Su propósito es identificar relaciones entre acontecimientos que suelen presentarse como noticias separadas. La hipótesis que propongo es que atravesamos una crisis de la democracia liberal en la que confluyen el deterioro de las condiciones materiales de existencia, el fortalecimiento de proyectos autoritarios y una reorganización conflictiva del poder mundial.

La vida como problema político

La educación, la vivienda, la salud y la alimentación constituyen las condiciones materiales de la ciudadanía. Su deterioro tiene consecuencias democráticas: una persona absorbida por la incertidumbre de dónde vivirá, cómo se alimentará o si podrá continuar estudiando dispone de menos recursos para intervenir en la vida pública.

Las movilizaciones estudiantiles francesas expresan esa relación. Los reclamos por personal docente, infraestructura y condiciones educativas cuestionan la distancia entre las promesas de igualdad y las oportunidades concretas para construir un futuro. La incorporación de estudiantes de secundaria resulta especialmente significativa: quienes apenas comienzan a ejercer su ciudadanía están señalando las insuficiencias de la sociedad a la que se les pide integrarse.

En España, las protestas por la vivienda y la indignación ante el fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su hogar, colocan otra dimensión del conflicto: la distancia entre el reconocimiento del derecho a una vivienda y las condiciones efectivas para permanecer en ella. Su historia se convirtió en un símbolo de una inseguridad compartida por muchas otras personas.

La pregunta que atraviesa estos acontecimientos es profundamente política: ¿qué significa pertenecer a una democracia cuando los medios necesarios para vivir quedan fuera del alcance de una parte de su población?

Cuando la respuesta es la represión

La protesta constituye una forma de participación democrática. Permite hacer visibles necesidades que los procedimientos ordinarios no han atendido y disputar decisiones que afectan a sectores excluidos de su elaboración.

Por eso, la respuesta represiva merece ocupar el centro del análisis. En Francia, las noticias sobre gases, detenciones y denuncias de violencia contra estudiantes muestran que el conflicto comprende también la manera en que el poder enfrenta a quienes cuestionan sus prioridades.

No toda intervención policial tiene el mismo carácter. Pero cuando las demandas pasan a segundo plano y sus protagonistas son tratados principalmente como amenazas al orden, se produce una inversión: quienes denuncian una situación intolerable terminan convertidos en el problema que debe controlarse.

La democracia pierde sustancia cuando reconoce formalmente el derecho a expresarse, pero encarece su ejercicio mediante intimidación, estigmatización o violencia. El conflicto social puede revelar fallas institucionales; la represión puede profundizarlas al cerrar las posibilidades de una respuesta negociada.

La extrema derecha y la administración del malestar

Esta coyuntura adquiere otra dimensión cuando se examina el avance de las derechas radicales. Su fuerza política se alimenta de frustraciones reales: inseguridad, precariedad, desconfianza y sensación de abandono. Su eficacia consiste, en parte, en ofrecer una interpretación de esas experiencias y señalar responsables.

Migrantes, sindicatos, feminismos, universidades y organismos de derechos humanos pueden aparecer entonces como enemigos de una comunidad supuestamente amenazada. La promesa de restauración del orden permite desplazar la discusión sobre las estructuras que producen desigualdad hacia la persecución de actores presentados como culpables.

Las variantes nacionales importan. Algunas fuerzas promueven recortes y privatizaciones; otras ofrecen protección social selectiva, reservada a quienes consideran miembros legítimos de la nación. En ambos casos debemos preguntar qué ocurre con la universalidad de los derechos y con la posición de quienes quedan excluidos.

Tampoco el deterioro comenzó con el ascenso reciente de estas fuerzas. Gobiernos de distintas orientaciones contribuyeron al desgaste de las protecciones sociales y de la representación política. Reconocer esa responsabilidad permite comprender el terreno sobre el que crece la extrema derecha, sin borrar las diferencias entre proyectos ni atribuir a todos los gobiernos una intención idéntica.

La particularidad autoritaria aparece cuando el malestar se utiliza para concentrar poder y debilitar las herramientas con las que la ciudadanía podría exigir una distribución distinta de recursos, riesgos y oportunidades.

Vaciar la democracia desde sus instituciones

La degradación democrática puede desarrollarse mediante procedimientos formalmente institucionales. Una mayoría electoral puede presentarse como autorización para deslegitimar tribunales, restringir autonomías o excluir interlocutores incómodos.

Bajo ese razonamiento, la victoria en las urnas deja de ser un mandato limitado y se convierte en una pretensión de dominio sobre el Estado. Los controles aparecen como obstáculos; la oposición, como sabotaje; la protesta, como amenaza.

Aquí radica una contradicción decisiva: se invoca la democracia para debilitar las condiciones que permiten ejercerla. Pueden mantenerse elecciones y organismos públicos mientras disminuye la capacidad efectiva de la población para controlar a quienes gobiernan.

Sin embargo, las instituciones conservan diferencias y conflictos internos. Un tribunal que limita al Ejecutivo, una universidad que produce conocimiento crítico o una organización que defiende derechos muestran que el Estado y la sociedad siguen siendo terrenos en disputa. Defender esas capacidades forma parte de la resistencia al vaciamiento democrático.

Costa Rica: representación, sustento y pensamiento crítico

Los acontecimientos costarricenses permiten observar varias expresiones de esta tensión.

La controversia por la incorporación de Rocío Alfaro como representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS afecta la participación de un sector social en una institución fundamental. La información publicada recoge una orden de la Sala Constitucional y la denuncia posterior de incumplimiento del plazo por parte del Gobierno. El problema político es evidente: una garantía pierde eficacia cuando su cumplimiento puede postergarse hasta neutralizar la representación que debía proteger.

Las movilizaciones agropecuarias frente a Casa Presidencial, por su parte, colocan en discusión los efectos de la eventual adhesión al Acuerdo Transpacífico. Además de las diferencias sobre sus consecuencias económicas, aparece el reclamo por la participación de quienes enfrentarían esos efectos. La deliberación democrática exige que las personas afectadas puedan incidir en las decisiones y conocer cómo se distribuirán sus beneficios y costos.

El señalamiento de supuesto adoctrinamiento de izquierda en las universidades públicas introduce otra dimensión. Según información periodística, una diputada oficialista pidió investigar el aparente financiamiento estatal de proyectos de esa orientación. Se trata de una acusación política que requiere pruebas, no de una descripción acreditada del trabajo universitario.

Fiscalizar recursos públicos es una obligación legítima. Convertir la orientación ideológica atribuida a una institución en motivo de sospecha abre, en cambio, la posibilidad de usar esa fiscalización como instrumento de disciplinamiento.

Una universidad debe permitir estudiar y discutir el marxismo, el liberalismo, el conservadurismo y cualquier otra tradición mediante argumentos y evidencia. Conocer una corriente no equivale a adherirse a ella. El adoctrinamiento comienza donde se impide preguntar, contrastar y disentir.

La autonomía tampoco exime de rendir cuentas. Protege la posibilidad de investigar y enseñar sin someter el conocimiento a la conveniencia del gobierno de turno. Cuando el pensamiento crítico se presenta como peligro, la discusión presupuestaria puede transformarse en una disputa sobre quién tiene derecho a interpretar la realidad.

En ese mismo ámbito de circulación de ideas se ubica la cancelación de las funciones del documental Naza en Cinema San Pedro. La retirada está documentada; atribuirla concluyentemente a presiones diplomáticas requiere evidencia adicional. El episodio permite, en todo caso, preguntar por las condiciones que favorecen o restringen el acceso del público a obras políticamente incómodas.

Un orden mundial en disputa

Estas tensiones ocurren en un escenario de competencia entre centros de poder. La erosión relativa de la hegemonía estadounidense y el avance de la multipolaridad modifican alianzas, dependencias y márgenes de actuación.

Multipolaridad y multilateralismo son procesos diferentes. La existencia de varias potencias no garantiza cooperación, respeto por el derecho internacional ni democratización. Puede ampliar las opciones de algunos países y, simultáneamente, intensificar disputas por recursos, mercados y territorios.

En ese contexto, la seguridad y la competencia internacional pueden convertirse en argumentos para exigir sacrificios internos. La cuestión democrática consiste en determinar quién define esas prioridades y quién soporta sus consecuencias.

La tensión entre el reconocimiento a Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y las presiones estadounidenses sobre la Corte Penal Internacional ilustra la disputa por la eficacia de los límites jurídicos frente al poder. La universalidad de los derechos pierde credibilidad cuando su exigencia depende de quién sea el responsable de vulnerarlos.

También desde esta perspectiva, las movilizaciones electorales brasileñas pueden interpretarse como algo más que adhesión a una candidatura. Para sectores que apoyan a Lula, está en juego el rechazo al proyecto representado por Flávio Bolsonaro. Reconocer esa diferencia no exige ignorar las contradicciones del gobierno ni renunciar a cuestionarlo.

La promesa de salvación y las políticas contra la vida

Cabe aquí una digresión teológica. El apocalipsis puede pensarse, en su sentido de revelación, como una imagen de aquello que una crisis deja al descubierto.

Desde esa perspectiva, conviene interrogar los discursos que prometen salvar la civilización, la nación o la familia mientras aceptan que determinadas poblaciones carguen con abandono, exclusión o violencia. La pregunta se dirige a sus consecuencias y a las prioridades que las justifican.

Llamar “anti vida” a una política exige precisar su contenido: decisiones que deterioran las condiciones para vivir, trasladan daños evitables a los sectores más vulnerables o subordinan derechos fundamentales a la protección de privilegios.

La contradicción resulta especialmente visible cuando esos proyectos se presentan como defensores de valores cristianos. Su pretensión moral debe confrontarse con el trato que proponen para las personas pobres, extranjeras, disidentes o afectadas por la guerra. Esta crítica se dirige a la instrumentalización del lenguaje religioso y reconoce que también existen comunidades creyentes comprometidas con la solidaridad y la justicia.

La metáfora del anticristo podría expresar esa inversión: una promesa de salvación cuyo cumplimiento exige sacrificar a otros. Su valor crítico reside en revelar esa contradicción, sin convertir la discusión política en una clasificación de enemigos proféticos.

Resistir también es producir democracia

Las movilizaciones descritas no garantizan una transformación emancipadora. Pueden dispersarse, ser reprimidas o quedar atrapadas en respuestas que reproduzcan la exclusión. La indignación no tiene un destino político asegurado.

Sin embargo, permiten reconocer una disputa que atraviesa esta coyuntura: amplios sectores se resisten a aceptar que su educación, vivienda, sustento o existencia constituyan el costo inevitable de decisiones en las que apenas participan.

La crisis democrática se profundiza cuando la incapacidad para garantizar una vida digna se convierte en oportunidad para concentrar poder y restringir la capacidad de exigirla. Frente a ello, defender la democracia supone proteger libertades y controles institucionales, ampliar la participación y transformar las condiciones materiales que vuelven desiguales a quienes formalmente son ciudadanos iguales.

El desafío consiste en reconocer vínculos entre luchas distintas sin borrar sus particularidades. La defensa de una escuela, de una vivienda, de la producción agrícola o de la libertad de pensamiento puede encontrarse en una exigencia compartida: que la organización de la sociedad responda a las necesidades de quienes la sostienen.

Una democracia debe poder ser interpelada y transformada por esas personas. Cuando les exige silencio y sacrificios mientras protege privilegios, son precisamente quienes protestan los que vuelven a plantear su pregunta fundamental: ¿para quién y para qué se ejerce el poder?

Después de la Segunda República: Neoliberalismo, hegemonía y la disputa por el futuro de Costa Rica

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Rodrigo Campos Hernández

Hay cifras que informan y cifras que obligan a pensar. El 64 % de valoración positiva que registra la presidenta Laura Fernández en la encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) pertenece a la segunda categoría.

No se trata de una encuesta improvisada en redes sociales ni de una medición contaminada por granjas de bots. El estudio entrevistó a 994 personas adultas mediante una muestra aleatoria de telefonía celular, con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. El resultado es contundente: 64 % califica positivamente la gestión presidencial, 25 % negativamente y 11 % mantiene una valoración neutra. Cuando se pregunta directamente si se respalda al Gobierno, la cifra alcanza el 69 %.

El dato resulta todavía más interesante por el momento en que se produce. Costa Rica atraviesa una seria discusión sobre seguridad y crimen organizado, tensiones alrededor del presupuesto público, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y un ambiente político crecientemente confrontativo. A pesar de ello, la popularidad presidencial permanece elevada.

La reacción más sencilla sería preguntarse: ¿cómo es posible que tanta gente no vea lo que está ocurriendo?

Quizá esa sea la pregunta equivocada.

Tal vez no estamos frente a personas incapaces de ver la realidad. Quizá estamos frente a personas que observan la misma realidad, pero han aprendido a interpretarla mediante categorías diferentes.

Y si esto es así, el problema deja de ser electoral.

Se convierte en un problema de hegemonía.

No necesariamente se vota contra los propios intereses

Desde cierta izquierda se ha repetido durante décadas una afirmación aparentemente evidente: “la clase trabajadora vota contra sus propios intereses”.

Pero esa frase contiene una trampa: Presupone que nosotros conocemos los intereses de las personas mejor que ellas mismas.

El trabajador que respalda a Laura Fernández puede estar votando exactamente de acuerdo con los intereses que ha aprendido históricamente a reconocer como propios: quiere pagar menos impuestos, quiere seguridad, considera injusto que el Estado “mantenga vagos”, desea eliminar “privilegios”, aspira a emprender, quiere que los empleados públicos trabajen, quiere delincuentes encarcelados y quiere, finalmente, que “dejen gobernar”.

Ese mismo trabajador posiblemente utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social, envía a sus hijos a la educación pública, espera que alguno pueda ingresar a una universidad estatal, utiliza infraestructura financiada colectivamente y espera recibir una pensión cuando llegue a la vejez.

No necesariamente experimenta contradicción alguna entre ambas cosas.

Porque esos elementos no están articulados políticamente como un sistema.

Ahí está la hegemonía.

Antonio Gramsci comprendió tempranamente que ninguna clase puede gobernar de manera estable recurriendo exclusivamente a la coerción. Necesita conseguir que una determinada interpretación del mundo aparezca como razonable, natural y hasta evidente.

Mucho después, Stuart Hall analizaría el neoliberalismo precisamente desde esa dimensión cultural. Su éxito no dependió solamente de privatizaciones, apertura comercial o disciplina fiscal. Dependió también de construir sujetos capaces de reconocerse dentro de sus categorías.

La hegemonía no consiste en convencer al explotado de que disfrute su explotación.

Consiste en conseguir que interprete su experiencia mediante categorías funcionales al orden existente.

El neoliberalismo también ocurrió dentro de nosotros

“El pobre es pobre porque quiere”.

“Hay trabajo para quien realmente quiere trabajar”.

“Sea su propio jefe”.

“Todo depende de su actitud”.

“Cambie usted y el mundo cambiará”.

Estas expresiones parecen inocentes. Incluso pueden resultar motivadoras. Pero detrás de ellas existe una profunda transformación cultural.

El desempleo deja de relacionarse con la estructura económica y comienza a explicarse mediante falta de iniciativa personal. La pobreza deja de ser una relación social y se convierte en fracaso individual. La precariedad laboral se transforma en falta de emprendimiento. El éxito demuestra mérito; el fracaso revela insuficiencia personal.

El sujeto colectivo se fragmenta.

Ya no somos trabajadores insertos en determinadas relaciones de producción. Somos emprendedores, colaboradores, consumidores, usuarios y contribuyentes.

Una persona puede pertenecer objetivamente a la clase trabajadora y subjetivamente imaginarse completamente fuera de ella.

Quizá por eso uno de los mayores triunfos del neoliberalismo costarricense no ocurrió en el Ministerio de Hacienda.

Ocurrió en nuestras cabezas.

Y ese triunfo cultural ayuda a explicar una paradoja fundamental: personas que dependen materialmente de instituciones públicas pueden apoyar proyectos que pretenden reducirlas.

No necesariamente han sido engañadas.

Han aprendido a imaginar su bienestar como resultado fundamentalmente individual.

Esto no comenzó con Rodrigo Chaves

Responsabilizar al chavismo de haber inventado todo aquello que hoy preocupa sería históricamente cómodo.

También sería falso.

La transformación del Estado costarricense comenzó mucho antes.

La crisis económica de comienzos de los años ochenta abrió el camino a programas de estabilización y ajuste estructural. A partir de entonces comenzó una transformación progresiva del modelo de desarrollo: apertura comercial, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera, disciplina fiscal, transformación institucional y redefinición de las funciones económicas y sociales del Estado.

PLN y PUSC participaron, con diferencias, conflictos y ritmos distintos, en ese proceso. Posteriormente también lo hicieron las administraciones del PAC.

Decir esto no significa afirmar que todos los gobiernos hayan sido iguales. Las diferencias importan.

Pero las continuidades también.

Y existe un episodio reciente particularmente revelador.

Rodrigo Chaves no ingresó inicialmente a la política costarricense como dirigente antisistema ni como enemigo de las élites que posteriormente denunciaría.

Después de 27 años trabajando en el Banco Mundial, fue nombrado ministro de Hacienda por Carlos Alvarado en noviembre de 2019. El comunicado oficial de Presidencia estableció entre sus tareas continuar la consolidación fiscal, sanear las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto.

El dato merece ser recordado.

Chaves entró al Estado costarricense no para romper con el proceso de transformación económica existente, sino para administrar una de sus dimensiones fundamentales.

Eso obliga a formular una hipótesis incómoda: ¿y si el chavismo no representa la ruptura con el neoliberalismo costarricense, sino su mutación política?

Cuando el consenso deja de ser suficiente

Durante cuatro décadas las transformaciones económicas avanzaron mediante negociaciones, reformas parciales, pactos, resistencias sociales y límites institucionales.

El resultado fue contradictorio.

El Estado social sobrevivió, pero no permaneció intacto.

Sobrevivieron la CCSS, las universidades públicas, instituciones autónomas, derechos laborales y una determinada concepción de ciudadanía social.

Simultáneamente avanzaron la mercantilización, la disciplina fiscal, la desigualdad, la precarización laboral y una creciente deslegitimación cultural de lo público.

Quizá el chavismo haya identificado algo que los reformadores anteriores no pudieron resolver completamente: el obstáculo pendiente ya no es solamente económico. Es político y cultural.

Laura Fernández ha denominado “Tercera República” al proceso político que pretende impulsar y ha hablado de transformaciones profundas.

Conviene tomar esas palabras en serio, aunque nuestra interpretación no tenga por qué coincidir con la del Gobierno.

Porque la pregunta relevante no es qué significa retóricamente “Tercera República”.

La pregunta es qué transformaciones materiales podrían terminar asociándose con ella.

Y aquí podemos formular una hipótesis provisional: podríamos estar frente al intento de culminar una transformación neoliberal mediante una nueva forma política: un Estado económicamente menos universalista, políticamente más ejecutivo y penalmente más fuerte.

Un Estado selectivamente fuerte

Nicos Poulantzas introdujo hacia el final de su obra la categoría de “estatismo autoritario” para describir transformaciones de las democracias capitalistas caracterizadas por el fortalecimiento del Ejecutivo, la pérdida de capacidad de determinadas mediaciones políticas y una creciente concentración de decisiones estatales.

No estamos afirmando que la Costa Rica actual corresponda mecánicamente a aquella categoría.

Las categorías sirven para pensar, no para sustituir la realidad.

Pero Poulantzas permite cuestionar una asociación particularmente engañosa: neoliberalismo no significa necesariamente Estado débil, puede significar Estado selectivamente fuerte.

Menos Estado para redistribuir.

Más Estado para disciplinar.

Menos universalidad social.

Más disciplina fiscal.

Menor capacidad colectiva de negociación.

Mayor capacidad administrativa.

Menos protección.

Más control.

Menos bienestar.

Más seguridad.

El aparente “Estado mínimo” puede convertirse entonces en un Estado extraordinariamente fuerte precisamente allí donde necesita garantizar orden.

Y aquí la seguridad adquiere una función política fundamental.

El miedo no necesita enemigos imaginarios

El crimen organizado existe.

Los homicidios existen.

El narcotráfico existe.

La inseguridad ciudadana existe.

Negarlo sería absurdo.

Precisamente porque la amenaza es real, no resulta necesario inventarla.

Lo políticamente relevante es cómo esa amenaza se interpreta, se jerarquiza y se convierte en argumento para determinadas soluciones.

La encuesta del CIEP ofrece una pista formidable.

Entre las acciones gubernamentales mencionadas positivamente, seguridad y lucha contra el crimen representan 24,3 % y sistema penitenciario 23,1 %. Juntas concentran 47,4 % de las menciones positivas.

El apoyo posee entonces un relato extraordinariamente sencillo: seguridad, cárcel, orden.

El descontento, en cambio, aparece fragmentado entre numerosas preocupaciones.

Aquí debemos proceder cuidadosamente.

No existe evidencia suficiente para afirmar que el Gobierno esté produciendo deliberadamente una crisis de seguridad con el objetivo posterior de justificar medidas excepcionales.

Afirmarlo significaría sustituir investigación por sospecha.

Pero existe otra hipótesis más sólida.

Una crisis real puede convertirse en una estructura de oportunidad política para legitimar transformaciones que, fuera de esa crisis, resultarían mucho más difíciles de aceptar.

No hace falta conspiración. Hace falta oportunidad.

La pedagogía de la excepcionalidad

Si la inseguridad permanece como preocupación fundamental; si determinadas instituciones encargadas de combatirla son representadas como ineficientes; si jueces, fiscales, diputados o controles constitucionales comienzan a aparecer como obstáculos; si simultáneamente se fortalecen las políticas penitenciarias y entran en la discusión pública nuevas formas de cooperación internacional en seguridad, la frontera entre lo normal y lo excepcional comienza lentamente a desplazarse.

La propia presidenta ha declarado que determinadas operaciones terrestres estadounidenses podrían resultar beneficiosas frente al crimen transnacional, aunque también ha aclarado que no existe actualmente una operación concreta y que cualquier ingreso requeriría autorización legislativa.

Precisamente por eso el punto no consiste en anunciar tropas estadounidenses recorriendo mañana las calles costarricenses. Sería irresponsable. El fenómeno interesante es otro: algo que anteriormente habría parecido políticamente extraordinario ha ingresado en el campo de las posibilidades discutibles.

Y una sociedad comienza a transformarse mucho antes de que cambien sus leyes. Comienza a transformarse cuando cambia aquello que considera razonable.

“No nos dejan gobernar”

Otro dato del CIEP adquiere entonces una importancia enorme: El 75 % considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández. Entre quienes perciben obstáculos, las principales menciones recaen sobre la Asamblea Legislativa y sus diputaciones, con 35 %, y los partidos de oposición, con 33 %.

El conflicto institucional puede entonces dejar de funcionar como costo político. Puede convertirse en prueba de autenticidad. “Si todos se oponen al Gobierno, debe ser porque está tocando intereses”.

La universidad critica: forma parte del sistema.

El Poder Judicial protesta: defiende privilegios.

Los sindicatos se movilizan: protegen intereses particulares.

Los partidos se oponen: no dejan gobernar.

La evidencia contraria termina confirmando la narrativa.

Ernesto Laclau estudió precisamente cómo demandas heterogéneas pueden articularse mediante la construcción de una frontera política que separa “el pueblo” de aquellos representados como responsables de impedir la satisfacción de sus demandas.

Entonces el 64 % deja de ser únicamente un indicador de popularidad. Comienza a mostrarnos una posible reorganización del sentido común.

No existe una sola clase dominante

Llegados a este punto sería tentador preguntar quién está detrás de todo esto.

La pregunta puede conducirnos nuevamente a una simplificación.

No existe “la clase dominante” como un sujeto homogéneo reunido alrededor de una mesa.

Poulantzas insistió en comprender el Estado como condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase.

Capital financiero, exportador, comercial, inmobiliario, turístico, empresas transnacionales, sectores vinculados a zonas francas y empresariado nacional no poseen intereses perfectamente idénticos.

Algunas de esas fracciones pueden compartir objetivos como disciplina fiscal, apertura económica, reducción de determinadas cargas o flexibilización y simultáneamente rechazar inseguridad jurídica, enfrentamiento con los tribunales, imprevisibilidad administrativa o excesiva concentración personalista del poder.

Aquí aparece una contradicción importante: las élites tradicionales pueden rechazar las formas del chavismo mientras comparten partes importantes de su horizonte económico.

Eso permite comprender también por qué fuerzas políticas que participaron históricamente en transformaciones económicas de orientación semejante pueden enfrentarse hoy al Gobierno.

Quizá una parte de la disputa no enfrente neoliberalismo contra Estado social. Podría enfrentar: neoliberalismo institucionalizado frente a neoliberalismo plebiscitario y securitario.

El primero reforma negociando con las mediaciones existentes. El segundo puede comenzar a considerar esas mediaciones precisamente como el problema.

¿Terminar lo que comenzó en los ochenta?

Aquí nuestra hipótesis adquiere su forma más provocadora.

El chavismo podría no haber llegado para destruir el proceso iniciado durante los años ochenta.

Podría haber llegado convencido de que finalmente puede culminarlo, no porque exista necesariamente un plan maestro elaborado hace cuarenta años. Los procesos históricos no funcionan así.

Gobiernos cambian. Intereses cambian. Fracciones de clase compiten. Existen resistencias, retrocesos, improvisaciones y contingencias. Pero una dirección estructural puede sobrevivir a quienes inicialmente la impulsaron, y puede encontrar, décadas después, una forma política más adecuada para profundizarse.

En ese sentido, la “Tercera República” podría terminar significando algo mucho más profundo que un cambio de gobierno. Podría expresar la tentativa de sustituir definitivamente el pacto social que, con todas sus contradicciones, estructuró la Costa Rica posterior a 1949.

La incómoda posición de la izquierda

Aquí el análisis debe dirigirse también hacia quienes nos ubicamos en la izquierda.

Defender la independencia judicial, las libertades públicas, la división de poderes, las universidades públicas y los controles constitucionales resulta indispensable. Pero defender la democracia liberal no obliga a convertirla en horizonte último de emancipación humana.

Podemos defender elecciones libres y preguntar simultáneamente cuánta democracia existe dentro de una empresa.

Podemos defender el Estado de derecho y preguntar qué libertad material posee quien debe aceptar condiciones laborales precarias para sobrevivir.

Podemos defender igualdad jurídica y preguntarnos qué igualdad política real existe cuando la riqueza se concentra extraordinariamente.

El problema aparece cuando la defensa democrática reúne al Frente Amplio con PLN, sectores provenientes del PAC y otras fuerzas sin que resulte suficientemente visible dónde termina la alianza táctica para defender instituciones y dónde comienza el proyecto alternativo de la izquierda.

Porque el chavismo obtiene entonces gratuitamente la imagen que necesita:

“ellos”: Partidos tradicionales, izquierda, sindicatos, universidades, instituciones y “privilegiados”.

Frente a: “nosotros”: El pueblo al que no dejan gobernar.

Cuando la izquierda conserva y la derecha promete transformar

Aquí aparece quizá la inversión política más inquietante de todas.

La izquierda defiende la CCSS.

Defiende las universidades.

Defiende derechos laborales.

Defiende convenciones colectivas.

Defiende pensiones.

Defiende instituciones públicas.

Y tiene razones históricas poderosas para hacerlo.

Pero defender conquistas no equivale todavía a construir futuro.

Mientras tanto, la derecha habla de: cambio, ruptura, transformación, refundación, Tercera República.

La paradoja resulta brutal: la izquierda corre el riesgo de convertirse en la fuerza conservadora de la Segunda República mientras la derecha se apropia del lenguaje revolucionario.

El Frente Amplio posee propuestas programáticas diferentes. Negarlo sería intelectualmente deshonesto. Pero un programa no constituye hegemonía.

Una alternativa contrahegemónica necesita organización social, presencia territorial, comunidades, sindicatos renovados, movimientos sociales, jóvenes, intelectuales orgánicos, producción cultural, pedagogía política y una imagen del futuro capaz de convertirse en deseo colectivo. No basta escribir la sociedad que queremos. Hay que conseguir que millones de personas quieran vivir en ella.

El vacío dejado por la izquierda

Y aquí Costa Rica deja de ser excepcional.

La reciente victoria de Alternative für Deutschland (AfD) en Sajonia-Anhalt, Alemania, donde obtuvo cerca del 44 % de los votos, debería obligarnos a pensar.

No porque Costa Rica y Alemania sean sociedades equivalentes. No lo son. Sino porque determinadas fuerzas de extrema derecha parecen haber comprendido algo que buena parte de la izquierda perdió de vista: La política no consiste solamente en administrar intereses. También consiste en producir sentido.

Al trabajador precarizado le dicen: alguien te quitó aquello que merecías.

Al habitante de territorios abandonados: las élites se olvidaron de vos.

Al pequeño empresario: el Estado te asfixia.

Al ciudadano asustado: recuperaré el orden.

Y al conjunto:

“Vos no fracasaste. Te traicionaron”.

Podemos cuestionar esas respuestas, pero antes debemos comprender por qué encuentran receptores.

Cuando desapareció el otro futuro

La caída del llamado socialismo real entre 1989 y 1991 significó mucho más que una derrota geopolítica. Contribuyó a destruir un horizonte.

Durante buena parte del siglo XX, capitalismo y socialismo aparecieron —con todas sus variantes, horrores, conquistas y contradicciones— como futuros posibles.

Después de 1989 comenzó a consolidarse la idea de que el capitalismo no constituía una forma histórica de organizar la sociedad, sino prácticamente la única realidad imaginable.

China demuestra que las relaciones entre planificación, mercado, propiedad, tecnología y Estado pueden adoptar configuraciones distintas, aunque su trayectoria histórica sea singular y resulte imposible trasladarla mecánicamente a otras sociedades.

Cuba y Nicaragua obligan, desde experiencias completamente diferentes, a discutir también los límites de proyectos que se presentan como alternativas al capitalismo liberal. Ser socialista no debería exigir suspender nuestra capacidad crítica precisamente cuando analizamos experiencias realizadas en nombre del socialismo.

Mark Fisher denominó “realismo capitalista” a esa dificultad contemporánea para imaginar una organización social más allá del capitalismo.

Quizá allí resida una parte fundamental de nuestra crisis.

La izquierda no perdió solamente elecciones: Perdió, en buena medida, el monopolio sobre la idea de futuro.

Defender ya no alcanza

Durante demasiado tiempo las fuerzas progresistas han sido colocadas a la defensiva:

Defender la Caja.

Defender el FEES.

Defender salarios.

Defender pensiones.

Defender sindicatos.

Defender instituciones.

Defender la democracia.

Todo ello puede resultar indispensable.

Pero resistir solamente responde una pregunta: ¿qué no queremos perder? No responde la pregunta decisiva: ¿qué queremos construir?

Una izquierda transformadora no debería limitarse a defender condiciones laborales de quienes todavía conservan derechos. Debería universalizarlos.

No solamente defender buenas pensiones para quienes aún las tienen, sino garantizar una vejez digna para todos.

No solamente defender estabilidad en el empleo público, sino combatir la precarización laboral pública y privada.

No solamente defender las universidades estatales, sino convertir el acceso al conocimiento superior en un derecho material para las clases populares en todo el territorio.

No defender privilegios: Universalizar conquistas.

Ese pequeño desplazamiento cambia completamente la conversación: Convierte una reivindicación defensiva en proyecto político.

¿Qué viene después de la Segunda República?

Llegamos entonces a la pregunta que quizá debimos hacernos desde el principio.

La Segunda República fue una construcción histórica. No apareció naturalmente. Tampoco constituye el destino eterno de Costa Rica.

Construyó instituciones extraordinarias, amplió derechos y desarrolló mecanismos de integración social que marcaron profundamente nuestra historia. También produjo exclusiones, contradicciones y límites que no debemos romantizar. Pero el consenso que la sostuvo parece agotarse.

El chavismo ya ofrece una respuesta para aquello que debería venir después: La llama Tercera República.

Quienes no compartimos ese proyecto tendremos que hacer algo mucho más ambicioso que defender indefinidamente aquello que todavía sobrevive del anterior. Tendremos que imaginar nuestra propia respuesta.

¿Qué significaría una Costa Rica donde el aumento de productividad producido por inteligencia artificial y automatización se convierta en reducción del tiempo de trabajo y no en desempleo?

¿Por qué no discutir una jornada laboral de treinta horas?

¿Por qué no ampliar sustancialmente la propiedad cooperativa?

¿Por qué los trabajadores no deberían participar en las decisiones estratégicas de las empresas?

¿Por qué la vivienda debe funcionar fundamentalmente como mercancía?

¿Por qué los cuidados continúan siendo tratados como responsabilidad privada?

¿Por qué no pensar una banca pública deliberadamente orientada hacia una transformación productiva ecológica?

¿Por qué no discutir formas públicas y comunitarias de propiedad sobre determinadas infraestructuras tecnológicas y datos?

¿Por qué no construir una política de seguridad capaz de perseguir implacablemente al crimen organizado mientras combate simultáneamente desigualdad, exclusión educativa y abandono territorial?

¿Por qué la democracia debe detenerse en la puerta del lugar de trabajo?

Eso todavía no constituye un programa. Es algo anterior. Es recuperar el derecho a imaginar.

Recuperar el futuro

La crisis histórica de la izquierda no consiste solamente en perder elecciones. Consiste en haber perdido, durante demasiado tiempo, la capacidad de hacer deseable otra sociedad.

Mientras tanto, nuevas derechas han comprendido el vacío y están intentando ocuparlo.

Por eso nuestra tarea no puede reducirse a conservar aquello que todavía queda de la Segunda República.

Hay que volver a imaginar el futuro.

No sabemos todavía cómo llamar a esa nueva Costa Rica. Tampoco sabemos exactamente cómo construirla.

Pero una transformación auténticamente democrática, solidaria, socialista y ecológica tendrá que recuperar aquello que cuatro décadas de neoliberalismo consiguieron debilitar: la convicción de que los grandes problemas colectivos no se resuelven individualmente y de que una sociedad conserva el derecho democrático de decidir cómo organiza su economía, distribuye su riqueza, utiliza su tecnología y construye su vida en común.

Quizá una revolución del siglo XXI comience precisamente allí. No necesariamente tomando un palacio. Sino recuperando algo que parecía habernos sido arrebatado: la posibilidad de imaginar que las cosas pueden organizarse de otra manera.

Porque si nosotros no somos capaces de imaginar qué viene después de la Segunda República, otros ya lo están haciendo por nosotros. Y hasta le han puesto nombre:

Tercera República.

Referencias orientadoras

CIEP-UCR. (2026). Informe de resultados de la encuesta CIEP-UCR, septiembre de 2026. Universidad de Costa Rica.

Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra.

Gramsci, A. (1981-2000). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Hall, S. (2018). El largo camino de la renovación: el thatcherismo y la crisis de la izquierda. Lengua de Trapo.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Siglo XXI.

Sin tapujos: el lenguaje del odio y sus consecuencias para la democracia costarricense

José Luis Callaci.

José Luis Callaci

Las expresiones agraviantes de la máxima representante del Poder Político hacia los ciudadanos que no comparten sus puntos de vista o propuestas, al llamarles de manera despectiva “comunistas” en nada se diferencian de las utilizadas hoy por algunos otros representantes de la derecha latinoamericana, en la llanura o en gobierno (ver las recientes declaraciones del candidato de la extrema derecha en Colombia, el que se hace llamar “tigre” o el cotidiano lenguaje del gobernante argentino).

Es algo que genera odios y violencia, levanta muros y destroza esos puentes que con tanto esfuerzo fue construido por varias generaciones de costarricenses. Por eso no bastan los simples reclamos o pesares.

No es ignorancia ni torpeza sino algo mucho más grave. ¿Es una estrategia pensada minuciosamente y ordenada a quienes, por encima de ideologías, son parte del dominio del Poder situado al norte del Rio Bravo o Grande?

La práctica democrática de los costarricenses ha sido una constante a lo largo de la historia. Ello permitió construir un país emblemático de claros avances sociales y de sana convivencia en las diferencias.

Ese lenguaje -en una sociedad que decide hacerle un homenaje a un comunista al colocar su busto en un parque de la ciudad y nombrarlo Benemérito de la Patria y que el rostro de una comunista esté estampado en el billete de máxima nominación, solo a modo de ejemplo- representa un ultraje no solo a los comunistas sino a todo el pueblo costarricense.

Permitir que prosperen esos lenguajes y esas acciones agraviantes conducirá, si no se frenan a tiempo, a algo sumamente grave: que se sabe dónde comienza pero no dónde termina.