Este martes 13 de setiembre a las 5:00 p.m. se realizará el Conversatorio “A 6 meses de la muerte de Berta Cáceres”, con Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos, Amigos de la Tierra México.
La actividad será llevada a cabo en la Casa de Ejercicios Espirituales Claretianos, contiguo a la Iglesia de Ladrillo, San Francisco, Guadalupe y organizada por Coecoceiba AT y FECON.
Enviado a SURCOS Digital por Alejandra Porras Rozas.
En la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más «sobreconcesiones» para la agroindustria. A esto se suma la sequía, que castiga a los que menos tienen y a los ecosistemas.
En ese contexto SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, para hacer el embalse Río Piedras y seguir el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre y seguir con el «mal desarrollo» que aumenta día con día la pobreza, el despojo y la expulsión de sus habitantes.
En esta reserva se encuentran siete hábitats diferentes como: bosque deciduo (bosque seco), que ocupa un 70% de la reserva, así como el bosque ribereño. Éste último forma una franja a lo largo de los ríos y quebradas, es siempre verde, se considera el más denso y diverso del área y es especialmente rico en avispas solitarias. La sabana cubierta con pastos, está salpicada por árboles. Además, según el SINAC, posee bosque tropical seco con 240 especies de árboles, decenas de mamíferos, gran número de reptiles, peces y se observan 280 especies de aves.
Para proteger esta riqueza de más de 2.645.71 hectáreas, el área cuenta con dos guardaparques. El administrador de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, ante la carencia de guardaparques y para paliar las necesidades de protección, debe realizar patrullajes en conjunto con guardaparques del Parque Nacional Palo Verde. Recientemente, en uno de estos patrullajes, lograron ubicar indicios de un destazadero de venados. Los cazadores, luego de haber matado a por lo menos ocho especímenes en una sola noche, los habían destazado, dejando sólo las cabezas, las patas y los restos de vísceras.
Lomas de Barbudal es de gran importancia. Es parte de los humedales del Parque Nacional Palo Verde que fueron declarados desde 1991 como ecosistemas de importancia mundial y por ello fueron designados Sitios Ramsar. La Convención de Ramsar es un tratado internacional enfocado en la conservación y uso racional de los humedales. Este humedal es reconocido como uno de los sitios más importantes del mundo por ser un área de anidación, refugio y alimentación de aves acuáticas residentes y migratorias.
El embalse en Río Piedras es un proyecto viejo, diseñado para riego, que en el pasado fue descartado y engavetado, por ser inviable. Ahora quieren aprovechar las necesidades provocadas por la sequía para tratar de revivir un proyecto que corresponde a otras condiciones ecológicas y sociales del pasado. Fue diseñado bajo la lógica, actualmente superada, de que el agua se “desperdicia” si llega al mar y que es inagotable y que no existen los ciclos ecológicos de nutrientes o acuáticos. Seguir pensando así es vivir en la ignorancia del pasado donde nos desconectamos de los ciclos de la tierra, y es no tener conciencia de los cambios que se necesitan frente a las nuevas condiciones ecológicas del cambio climático.
Este proyecto es para riego, básicamente, e implicaría 400 kilómetros de acueductos para llevar esa agua a los monocultivos de destino, con bombeo y plantas de potabilización. Por su planificación centralizada lograría quitarle el control y la administración del agua, a las comunidades, las cuales son abastecidas predominantemente por Acueductos comunales (ASADAS).
La inversión del Estado es inicialmente de unos 500 millones de dólares, para darle el 80% del agua obtenida a los grandes propietarios, para regar sus fincas, que pagarían un «canon de agua» de 3 colones por metro cubico (m3), cuando los pobladores verán encarecerse sus facturas a más de 600 colones por el mismo m3, a pesar de que en el discurso y la justificación se dice que «la prioridad es el consumo humano».
El riego es el gran consumidor de agua (más de 60%) y el gran derrochador, pues usa mayoritariamente canales de tierra y sistema de inundación de parcelas, y podría ahorrar el 80% del caudal, entubando y usando riego por goteo.
Estos megaproyectos planteados, en lugar de solucionar problemas, propician conflictos socio-ambientales e injusticia hídrica. Se suman a este modelo de saqueo desenfrenado para beneficio de la agroindustria.
Ya están de mal ejemplo los casos del Río Tempisque y otros ríos, «sobreconcesionados» en el tanto se ha autorizado la extracción de agua más allá del nivel del su cauda. Es decir, se legaliza la posibilidad de secarlos, al no partir de la realidad del caudal actual de estas cuencas, pasando por encima de los usos prioritarios como el agua para el consumo y la vida misma del río. (FECON, 25-5-16).
Para solventar las condiciones de crisis del agua que vive la provincia de Guanacaste se crea una Mesa de Trabajo, donde a pesar de presentar y exponer una propuestas al Presidente de la República (ver propuestas), el jerarca del MINAE nos excluye a los sectores sociales y ambientales. Ni siquiera mediante un recurso de amparo presentado por la Confraternidad Guanacasteca se quiso incluir a estos sectores en la famosa mesa, pues el interés era legitimar con los empresarios turísticos y grandes intereses agroindustriales, megaproyectos de infraestructura que tienen gran impacto y cuestionamiento socio ambiental.
Este megaproyecto Embalse Las Piedras, se está desarrollando para subsidiar a la agroindustria y el megaturismo. Es la negación misma del cambio climático. Es no aceptar lo que vemos, año con año, en aumento de temperaturas y sequías.
Tendría más sentido invertir estos recursos y tiempo en una transición a un modelo económico y social adaptado a esta realidad ecológica que no se puede revertir solo con infraestructura. Hay que ir abandonando las actividades económicas como la ganadería extensiva, la mega agroindustria y el megaturismo que no han servido para mejorar la vida de la gente, sino que han agotado la base de recursos estratégicos para otros modelos productivos más sostenible y basados en la realidad ecológica de la región. Traería más bienestar a largo plazo financiar esta transición y no seguir invirtiendo en un modelo productivo insostenible porque el momento de colapso no se podrá retrasa, por más subsidio que se haga de la infraestructura financiada por el Estado.
Por todo esto:
Rechazamos que se creen más zonas de sacrificio en nuestras Áreas Protegidas, no permitiremos y punto. En su lugar proponemos que la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se proteja como un bien estratégico frente al cambio climático y la crisis socio ambiental que reina en la provincia de Guanacaste.
La regla de la Convención RAMSAR es que los Humedales de Importancia Internacional deben mantener su designación como sitio Ramsar, y que su extensión inicial completa debe mantener su designación. Solo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse la posibilidad de modificar la extensión inicial de un humedal de la Lista.
Por lo que, en el caso de reducir la Reserva Lomas de Barbudal, parte del humedal categoría Ramsar, para un proyecto de riego maquillado de otros usos, viola a todas luces la legislación ambiental costarricense: el principio de no regresión del derecho ambiental, el principio Precautorio (Indubio Pro Natura), y resulta absolutamente contradictoria con el Artículo 50 de la Constitución Política- el derecho a un ambiente sano, que pretende que la sociedad costarricense cuente con espacios de biodiversidad y ecosistemas que compensen las actividades humanas que se realizan en el resto del territorio nacional en zonas que permiten usos del suelo distintos de la conservación.
¿Que proponemos?
Medir y controlar los caudales permitidos y utilizados. Según el Informe Estado de la Nación, en Costa Rica se explota y extrae, el doble del volumen concesionado de agua. Sólo con poner en orden y control, esa sobre explotación, tendríamos un 50% más agua en ríos, nacientes y mantos acuíferos, con un costo mucho más bajo.- Hay que realizar y/o hacer público un inventario y ubicación de los pozos profundos existentes de forma ilegal y los legalizados. Tener documentación de todas las concesiones otorgadas de los ríos así como sus caudales, en toda la provincia.
Crear mayor Justicia Hídrica. La mayoría del agua se le regala a unos pocos, grandes finqueros. Según Decreto N* 32.868-MINAE “el uso de agua para riego… pagará 12 centavos de colón por metros cúbico si es de fuente superficial y 16 centavos por colón por m3 si es de pozo.” El riego usa el 60% del agua y sólo el 5% es para consumo humano. Por eso falta el agua en Guanacaste. Entonces proponemos cobrar como se debe y dejar de subsidiar la injustica reformando o reformando el decreto Nº 32868-MINAE de 2005, que define el “Canon por concepto de aprovechamiento de aguas”. Deben fijarse tarifas apropiadas para el canon de concesiones de agua, según su fuente, según su uso y según el volumen de cada concesión.
Elaborar y aplicar un Plan URGENTE para conservación de acuíferos en peligro de salinización, contaminación o sobreexplotación. Implementar técnicas de siembra de agua a nivel micro y macro donde sea posible, considerando factores de riesgo. Conservación de bosques y siembra de árboles en zonas de protección y recargas acuíferas. No podemos olvidar la relación directa entre bosques y recurso acuífero.
La gran ventaja de estas alternativas, es que las aguas, que se ahorran con ella, quedan repartidas en las diversas fuentes existentes por toda la zona de Guanacaste, al alcance de las ASADAS, comunidades y ecosistemas de la provincia. Es un modelo sostenible en el largo plazo, en cantidad y calidad. Los acuíferos además, son más aptos para ser usados para consumo humano, prioridad social, legal y económica.
Federación Ecologista (FECON), setiembre 2016.
Informes Gadi Amit, Confraternidad Guanacaste: Tel 26720238 o 88268216
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.youtube.com
No hay mucho que celebrar pero si mucho que reclamar, denunciar y accionar. Así se podría resumir este 24 de agosto, Día de los Parques Nacionales, día supuestamente festivo, que tradicionalmente ha sido conmemorado por las autoridades con la firma de alguna nueva Área Protegida.
Dos hechos marcarán esta celebración 2016: un recurso de amparo acogido en días recientes, y que la fecha coincide con el ingreso en prisión del guardaparques Mauricio Steller, quien fue condenado por sucesos que se dan día a día y de manera silenciosa en los Parques Nacionales. A esto se le suman una larga lista de amenazas directas, o en forma de leyes y proyectos, que están sucediendo hoy, y que afectan la integridad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
El recurso de amparo acogido, pretende exigir la información y confirmación del estado paupérrimo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, exigir cuentas en los manejos de los fondos generados por los Parques Nacionales y exigir derechos básicos para el trabajo de los guardaparques. La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo, expediente Nº 16-010216-0007-CO, interpuesto por Mario Andrés Boza Loría, FECON, SITRAMINAE, entre otros. El amparo se refiere a la violación de los derechos fundamentales de las y los guardaparques; y la transgresión del derecho fundamental a un ambiente sano, por omisión y negligencia del Estado costarricense en la toma de medidas efectivas para proteger y desarrollar el sistema de parques nacionales. El amparo recurre al Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda, Ministro de Salud, Contralora General de La Republica y Director General del Servicio Civil (ver recurso amparo).
Un Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas (el total existente de áreas es 171), cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 áreas silvestre protegidas no se cuenta con recursos materiales para cumplir con acciones de control y protección.
En otras palabras, con base en los datos de la Contraloría, el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” pues han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección alguna y mucho menos con administración. Por ejemplo el Parque Internacional La Amistad que cuenta con casi 200 mil hectáreas, y está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con 1 guardaparques.
Desde 1998 no se ha creado ninguna plaza de guardaparques, pero además los que se pensionan o renuncian no son sustituidos y esto produce reducciones de entre 50% y 70% de guardaparques en algunas Áreas Protegidas.
Mientras los guardaparques son sometidos a pésimas condiciones y ningún incentivo para su duro trabajo, el Estado Costarricense, la economía nacional, y el sector turístico cabalgan sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sólo en el 2015, el ingreso de ecoturistas superó el millón cuatrocientos mil personas, generando beneficios cercanos a los dos billones de dólares. Por ejemplo, gracias al Parque Nacional Manuel Antonio, el 80% de la población del cantón de Aguirre vive de la actividad turística, generada alrededor del Área Protegida. En el Parque Nacional Marino Ballena, el 90% de la economía las comunidades depende del ecoturismo.
A la cárcel por hacer su trabajo. Así se puede definir la condena ratificada en días recientes por un juzgado de casación con lo cual el guardaparques Mauricio Steller estará 12 años en la cárcel. En este caso el sistema judicial favoreció a los victimarios de las tortugas, y no a Steller, quien fue condenado a partir del testimonio de hueveros, dejando vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles (FECON, 25-8- 2015). Por este motivo FECON pidió el indulto del guardaparque condenado (FECON, 1-9-2015).
Lista de amenazas. En vez de procurar revertir este contexto más bien lo profundizamos, consumiendo a cuentagotas el patrimonio con una serie de políticas, propuestas, proyectos y leyes que de ponerse en práctica terminarán con el sistema de conservación. Si se hace un repaso por este laberinto de eventos en que nos meten los poderes Legislativo y Ejecutivo, podemos reconocer la crisis en la que nos encontramos:
La ley 9373 de moratoria en zonas especiales, señalada como inconstitucional por parte de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (FECON, 15-7-2016).
Una comisión legislativa trató de votar a escondidas un texto sustitutivo para Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233) contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del Presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas (FECON, 29-6-2016).
La Ruta 257 al Megapuerto destruyó y redujo parte del Humedal Cariari en Moín. La Trocha Fronteriza se trazó en un Área Protegida (FECON, 11-7-2016).
Para generalizar y legalizar estos casos como la Trocha o Ruta 257, el Presidente Solís y el MOPT presentaron un proyecto (exp. N º 19.899) que daría autorización de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegida (FECON, 10-8-2016).
La ley nº 9205 sobre la titulación de propiedad JAPDEVA desafecta áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y ocho zonas más, para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados. Ésta ley se encuentra actualmente impugnada por FECON Y SITRAMINAE (FECON, 8-4-2014).
En Guanacaste, SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte del sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras.
La expansión de los monocultivos, específicamente de piña, está cercando y acabando con Caño Negro y áreas de amortiguamiento, así como el Parque Internacional La Amistad del lado del Pacifico Sur. La feroz expansión de Palma también ha alcanzado al Parque Nacional Manuel Antonio, y recientemente se denunció la siembra dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado (FECON, 13-2-16).
Este gobierno abandonó la iniciativa de crear un Área Protegida en Playa Moín. Por el contrario, con la Ruta 257 se abrió la puerta a la destrucción e industrialización, deshonrando la causa por la cual Jairo Mora fue asesinado (FECON, 30-3-16).
Estos son claros ejemplos de que existe una intención de deteriorar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica, de ir comiéndose de a poquitos y a mordiscos lo que ha costado tres generaciones de ahorro en recursos naturales en este país, y que de paso nos ha dado el prestigio ambiental mundial, hoy también en entredicho. Por ello, ecologistas y guardaparques consideran que no hay nada que celebrar y mucho que denunciar.
Foto: cortesía Red de Coordinación en Biodiversidad/Kioskos Socioambientales.
Casi 400 personas provenientes de 23 comunidades bribris se reunieron en Suretka el pasado viernes 1 de julio para evocar la lucha por la defensa del territorio de su ancestro Pa Blu Presbere, asesinado el 4 de julio de 1710.
Esta conmemoración se realiza año tras año como símbolo de lucha contra la invasión española. En esta ocasión se tenía previsto presentar públicamente la Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD+.
Esta declaratoria es un mecanismo construido por las comunidades para defenderse ante la avanzada del proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) sobre el territorio indígena. En marzo del 2016 el gobierno dio por terminadas las etapas de información y preconsulta para la estrategia REDD, sin que las comunidades Bribris aprobaran este proceso.
REDD+ es un proyecto impulsado en Costa Rica por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Al mismo tiempo el Banco Mundial recauda fondos públicos y privados internacionalmente para financiar REDD+ como mecanismo de compensación de las emisiones de carbono. Este mecanismo permite que las industrias paguen permisos para contaminar, y que los causantes de la deforestación a gran escala, como la tala industrial, la expansión de monocultivos, los mega-proyectos de infraestructura, la minería, las grandes represas hidroeléctricas y, sobre todo, la agricultura industrial que se expande hacia los bosques, continúen sin restricciones.
En el territorio Bribri, las comunidades argumentan que REDD+ no sólo es una falsa solución al cambio climático, REDD+ también representa una grave amenaza para las comunidades que dependen de los bosques, ya que limitan su uso tradicional basado en el cultivo itinerante, la recolección, prácticas de subsistencia que han realizado las comunidades indígenas por siglos.
A la presentación de la Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD+, asistieron casi 400 personas. Fue en las instalaciones de Asociación de Desarrollo Indígena Bribri (ADITIBRI) en Suretka. Se contabilizó la participación de integrantes de las comunidades de Kachabli, Amubli, Katsi, Dururpe, Soki, Alto Coen, Alto Urén, Alto Dúriñak, Arenal, Sepecue, Kloma, Suretka, Meleruk, Tsuiri, Watsi, Bajo Coen, Mojoncito, Yorkin, Kekoldi y Kórbita, además de la comunidad cabecar Orochico.
No son nuevos los rechazos por parte de indígenas. Desde el 2010 son múltiples las denuncias públicas de las comunidades anunciando que el proceso de REDD+ no era de buena fe; ni representaba una consulta previa, libre e informada.
Algunos de los hechos más importantes son:
el 29 de agosto del 2014 más de 300 personas cuestionaron ante todo el gabinete del MINAE el proceder y las implicaciones de REDD+;
en diciembre del 2014 presentaron su caso en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza en Perú;
el 15 de octubre del 2015 más de 400 personas fueron a casa presidencial en Zapote para solicitar al presidente Luis Guillermo Solís que terminaran las negociaciones en territorio Bribri.
Según denuncian las comunidades adversas al proyecto ninguna de estas acciones fueron tomadas en cuenta por el gobierno. En este sentido señalan que estas omisiones son antidemocráticas y violatorias de los derechos indígenas. Por eso integrantes de comunidades de Talamanca decidieron construir participativamente la declaratoria, visitando 15 comunidades del territorio y recolectando más de 300 firmas, para presentarlas al resto de comunidades del territorio el viernes 1 de julio ante la asamblea de la ADITIBRI.
La declaratoria firmada concluye de la siguiente manera:
“[…] Rechazamos cualquier protocolo de consulta, formulada con mediadores culturales, red de asociaciones, Asociación de Desarrollo Integral u otros, en participación con FONAFIFO y MINAE, ya que no contempla un proceso de buena fe, figuras tradicionales y conocimiento de los pueblos indígenas involucrados, violentando evidentemente el espíritu del convenio 169.
[…] No aceptamos los cambios de REDD+, a “REDD+ indígena” u cualquier otro nombre, ya que atropella los derechos de los pueblos en todo el proceso.
Por lo tanto, conscientemente:
Haciendo uso a nuestro derecho de la propia consulta decidimos rechazar el proyecto REDD+, su protocolo de consulta, como cualquier modificación del nombre del proyecto y declaramos el Territorio Bribri de Talamanca libre de REDD+, de la presente fecha en adelante.”
La junta directiva de la ADITIBRI fue convocada en pleno, pero no se apersonaron el número suficiente de representantes, por lo que no hubo quórum. El presidente de la asociación se comprometió a darle seguimiento a esta petitoria. Las comunidades esperan una respuesta pronta de la ADITIBRI al respecto.
(*) Este artículo fue escrito por Zuiri Méndez, de Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica y Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
Hoy se podría votar Acuerdo de París sobre Cambio Climático
Ecologistas piden respetar la Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD
Tanto Coecoceiba Amigos de la Tierra y FECON solicitaron respeto a la declaratoria histórica del pueblo Bribri de Talamanca de rechazar la “estrategia indígena a nivel nacional REDD+” que se promueve en el país como una falsa solución al cambio climático contenida en las contribuciones a la mitigación y políticas nacionales.
La declaración del pueblo Bribri es un ejercicio inédito de autodeterminación en respuesta a 8 años de avance, sin trasparencia ni consulta, por parte de diferentes gobiernos centrales, que han repartido en consultorías, talleres y estudios más de $6.7 millones de dólares para lograr convencer a los indígenas de vender sus bosques bajo el discurso de la mitigación del cambio climático [Ver informe].
REDD+ es un negocio para las consultorías: en total el gobierno de Costa Rica giró durante el proceso de creación de estrategia $121,500.00 dólares y $734,233 dólares entregados a ADI’s (Asociación de Desarrollo Indígena) para que comunicaran la estrategia (oficio DG-OF-062-2016). Sin embargo las comunidades del territorio Bribri desconocen del tema. En total el gobierno ha gastado 855,733.39 dólares en la estrategia con los territorios indígenas y a pesar de esto a las comunidades indígenas no tienen acceso cotidiano a la información.
La declaratoria que rechaza REDD+ por parte de los pueblos indígenas Bribris fue elaborada entre marzo y junio de 2016 en más de 15 comunidades del territorio, en espacios auto-organizados bajo su propio idioma y firmada por más de 300 personas. La declaratoria es contundente: “Haciendo uso a nuestro derecho de la propia consulta decidimos rechazar el proyecto REDD+, su protocolo de consulta, como cualquier modificación del nombre del proyecto y declaramos el territorio Bribri de Talamanca libre de REDD+, de la presente fecha en adelante.” Para los firmantes: “El cuido de los bosques es un derecho y deber de toda persona e institucionalidad, para el pueblo Bribri el uso de recursos naturales en medicina, vivienda, educación, espiritualidad y en la vida en toda su complejidad, son concepciones culturales y tradicionales”.
La declaratoria es producto de un largo conflicto donde las comunidades Bribris vienen rechazando que se avance en el proceso sin una consulta previa, a pesar de las negociaciones y ofrecimientos, sin tener claro las implicaciones de estos “negocios climáticos” (Ver cronología del conflicto).
¿El acuerdo de la COP 21 de París es una solución o un fraude?
Tanto la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como el acuerdo final resultado de la última reunión en París, son una farsa, que no propone medidas reales, profundas y legalmente vinculantes para enfrentar el cambio climático, como ha señalado COECOCEIBA Amigos de la Tierra Costa Rica, advirtiendo que el deterioro ambiental, causado por las emisiones de gases que generan principalmente los países industrializados, no disminuirá si no se toman medidas mucho más radicales.
El mismo acuerdo de París lo reconoce en el punto diecisiete del capítulo dos. Dice lo siguiente: “Observa con preocupación que los niveles estimados de las emisiones segregadas de gases de efecto invernadero en 2025 y 2030 resultantes de las contribuciones previstas… no son compatibles con los escenarios de dos grados centígrados”. O sea, las reducciones previstas determinadas a nivel nacional (INDCs por su acrónimo en inglés), que representan el aporte que cada país estaría en capacidad de hacer a un nuevo régimen climático global post 2020, no son suficientes para evitar un escenario de aumento de la temperatura de dos grados. Ya llegamos a un aumento de un grado centígrado promedio, con las consecuencias ambientales y sociales que esto traerá.
Oilwatch internacional señala que para lograr esto y para que en el 2100 no lleguemos a un máximo de dos grados centígrados de aumento de temperatura a nivel mundial promedio, deberíamos dejar en el subsuelo al menos las dos terceras partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón.
Para el caso de Costa Rica la farsa resulta muy clara, ya que la política de Costa Rica ha permitido que este año aumentara en un 6% la importación de combustibles, importación y quema de combustibles y sesenta mil vehículos más en las calles, mientras que nuestra matriz energética depende en un 70 % de petróleo (el 60% lo consume el sector transporte) y el consumo total representa una factura petrolera del 4,5% del PIB. La contradicción con el mito “Costa Rica es un país de energías limpias” fue señalado en el Informe Estado de la Nación (2012). Esto no es sostenible ni renovable.
Además ha instrumentalizado mecanismos para que el sector financiero siga obteniendo mayores beneficios que les permitirá vender productos o servicios bajo una máscara verde. Es el ejemplo de la política de Carbono Neutralidad para el año 2021, de la estrategia REDD y un incipiente pero en camino Mercado de Carbono (es de los primeros en un país en desarrollo como Costa Rica) y el cual sería el espacio donde se podrá comprar y vender créditos de carbono, que podrán ser utilizados por las empresas para compensar sus actividades contaminantes.
Es de trascendental importancia implementar acciones para combatir el cambio climático, incluyendo a las comunidades campesinas y Pueblos Indígenas para construir una visión crítica común para que sean los propios actores quienes tomen las decisiones sobre lo que puede o no pasar en su territorio, y apoyar propuestas para la defensa y la recuperación de los bienes comunes, que impliquen el respeto de los derechos de estas comunidades.
El Día Mundial de Guardaparques- conmemorado cada 31 julio– honra a los guardaparques de todo el mundo que han sido heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en los últimos 12 meses son 107 guardaparques fallecidos en diferente países del orbe, la mayoría asesinados por cazadores furtivos ( ver lista).
FECON denuncia que «a las y los guardaparques se les violentan sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable, a una vivienda digna, a la alimentación y a la educación. Además no se les suministra el equipo y los materiales necesarios para que protejan su vida de los peligros de su trabajo, haciéndolos más vulnerables a perder la vida en el cumplimiento de su deber”, afirmó Mauricio Álvarez Mora presidente de la Federación Ecologista.
Nuestro sistema de parques nacionales resguarda nuestra biodiversidad y es la principal atracción turística del país, representa uno de los bienes comunes más valiosos de Costa Rica, genera más de dos mil seiscientos millones de dólares al año, superando así las divisas que producen las exportaciones de piña, banano y café juntas. Además sus ingresos son constantes y no es para menos si representan uno de los principales atractivos para los dos millones y medio de turistas que nos visitan al año.
Sin embargo, a pesar de esta impresionante solvencia, resulta sorprendente que hoy faltan entre 1200 y 600 guardaparques como mínimo, lo cual hace que estos tesoros sean «saqueados» sin la menor regulación por caza, extracción de madera y minería ilegales. Por falta de guardaparques un 37,5% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y no son pocas las grandes áreas que cuentan con sólo uno o dos guardaparques, lo que equivale a que no haya protección, La falta de protección es particularmente seria en los Parques Nacionales Isla del Coco, Corcovado, Braulio Carrillo, La Amistad, Palo Verde y Carara.
Mientras los guardaparques que hacen cumplir su trabajo y defender el patrimonio natural se enfrentan un sistema judicial que se ahoga en las aguas de la impunidad ¿cómo justificar que el sistema favorezca a los victimarios de las tortugas y no a sus defensores? que es exactamente lo que ha sucedido con la condenatoria de un guardaparques Mauricio Steller a partir del testimonio de hueveros, dejando vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles. En Costa Rica se criminaliza su gestión en vez de estimularla y se deja en libertad a destructores del medio ambiente y asesinos, en lugar de hacerles pagar su deuda ( FECON, 25-8- 2015).
El caso de Steller no es el único. “Los oreros tiene más derechos que un guardaparques” así resumen los guardaparques la situación de Parque Nacional Corcovado, quienes recuerdan cuando hace algunos años una fiscal interpuso una medida cautelar a favor de los oreros dentro del Parque Nacional Corcovado y en contra de 14 guardaparques de manera que no pudieran patrullar armados y por tanto dejar “a la libre” a los oreros ( Ver más).
La FECON ha denunciado muchos casos donde corren riesgos y amenazas los guardaparques que hoy por suerte no integran esta terrible lista de 107 defensores de áreas protegidas que se recuerda el día de hoy, pero por el contexto y antecedentes en cualquier momento se puede ingresar en este fatídico listado ( Ver más).
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página oficial de FECON.
Pronunciamiento de la Federación Conservacionista (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
Una nueva política y estrategia para el manejo de la biodiversidad recién fue aprobada por el Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad (CONAGEBIO) del MINAE, a pesar de las observaciones y críticas del sector ecologista que en repetidas ocasiones señaló que desde el inicio carece de consulta y trabajo conjunto con las comunidades campesinas e indígenas, así como de organizaciones comunitarias y civiles.
La importancia de la consulta civil en la gestión de la diversidad radica en que son precisamente estas comunidades rurales e indígenas las que mantienen una relación directa con la dinámica de la biodiversidad que está fuera de las áreas protegidas. Sectores comunitarios y ecologistas consideran que la gestión la «esa» biodiversidad y los conflictos por su uso y destrucción no fue la prioridad del proceso oficial de creación de esta nueva política estatal.
FECON y la RCB consideran que estos instrumentos son “enlatados” definidos con base en directrices internacionales desde su visión, misión y metas, en la práctica no parten de la realidad y conocimiento de comunidades que protegen la biodiversidad en una interacción con ella para sostener la vida en fincas campesinas, territorios indígenas y comunidades urbanas y rurales, que a su vez están inmersos en conflictos por la expansión de monocultivos, minería, transgénicos, contaminación, urbanización no planificada, entre otros y las propuestas que desarrollan al respecto, no son un componente sustantivo de estos documentos aprobados como política estatal.
La falta de participación de dichos procesos se pretendió enmendar “discutiendo” en talleres breves un documento complejo, para afirmar, sin respaldo real alguno, que “el proceso fue altamente participativo”. Sin los actores que conviven con la biodiversidad realmente involucrados, es casi imposible que estos documentos no sean otra consultoría superficial más.
Otra de las críticas desde los sectores ambientalistas a estos instrumentos es que están cruzados por la visión neoliberal que aborda la biodiversidad y los beneficios ambientales que genera como mercancías, es decir la llamada “economía verde”.
Tampoco fue prioridad dentro de esta política incluir según el pronunciamiento ecologista “las amenazas para la biodiversidad relacionadas con tecnologías, como la manipulación genética y la biología sintética, los sistemas de propiedad intelectual restrictivos y su papel en la apropiación privada de la biodiversidad, la producción corporativa de alimentos, y la preponderancia de los tratados comerciales y de propiedad intelectual (como el Tratado de Budapest y la UPOV) sobre los acuerdos y políticas socioambientales”.
Sobre el tema de transgénicos los ecologistas reiteraron “que su convivencia con formas de producción sustentables y agroecológicas es imposible, como se ha documentado a nivel mundial (ver https://goo.gl/uM3tk1), por lo que una protección efectiva de la biodiversidad debería contemplar la prohibición o al menos una sólida moratoria para la liberación de transgénicos en nuestros campos”.
Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad sobre la propuesta de política y plan estratégico nacionales de biodiversidad 2014-20201, el 13 de julio de 2014. goo.gl/f0J6rb
Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Conservacionista (FECON) sobre la propuesta de Política Nacional de Biodiversidad 2014-2020, el 9 de marzo de 2015. goo.gl/yhb5hC
Observaciones al documento final de la “Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030” (PNB) y al borrador de la” Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y su Plan de Acción” (2016), el 30 de marzo de 2016. goo.gl/Ft6P03
Dos distintos dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa evidencian que es inconstitucional la nueva Ley 9373, que se firmó la semana pasada aprobada bajo el expediente legislativo 19.139. Esta ley suspende durante 24 meses desalojos a personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado.
En el primer dictamen del 5 de marzo de 2014, se indica que el entonces proyecto de ley violentaba entre otras cosas la interdicción de la arbitrariedad, la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica y también la tutela efectiva de los bienes demaniales y su correlativa potestad reivindicatoria, la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la protección ambiental, la no regresión y progresividad en materia ambiental y la separación de poderes. En un segundo informe emitido el 7 de diciembre de 2015, se reiteró que la mayoría de señalamientos con respecto al proyecto de ley no fueron tomados en cuenta.
Cuando el Frente Amplio quiso visibilizar la inconstitucionalidad y regresión ambiental del proyecto mediante una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV, contó con el apoyo de tres diputados del PAC, sin embargo al ver el revuelo del bipartidismo PLN-PUSC en contra de la consulta sobre la constitucionalidad de la ley, sacaron sus firmas para terminar siendo cómplices de este retroceso en materia ambiental en el país. Además, en términos políticos, este es un grave antecedente pues el PUSC y el PLN lograron “torcer la mano” de tres diputados del PAC bajo la amenaza de entorpecer, más aún, las agendas fiscales. El nivel de la discusión y argumentación por parte de estos partidos políticos fue tan bajo que el diputado liberacionista de la provincia de Limón, Danny Hayling, cuyos intereses están vinculados a los negocios de transportes de tierra y mar, recurrió a frases como “pacto satánico” para calificar la intención de hacer la consulta constitucional.
Para los ecologistas esta forma de legislar es populismo, pues se utiliza la pobreza y la desesperación de habitantes de estas zonas para atentar contra el ambiente y legalizar megaproyectos y sus intereses, es además un derroche de recursos y tiempo sumando los millones que implica el salario de los diputados y los recursos técnicos, para que se venga abajo no sólo el proyecto si no la esperanza de una solución más beneficiosa para el ambiente y las personas.
Para el presidente de FECON, Mauricio Álvarez “al texto de ley poco le falta incluir un transitorio que diga no nos importa el ambiente”. Y agrega que “esto significa que todos los megaproyectos que han ido usurpando las zonas especiales, se legalicen por dos años. Serán intocables por ley” enfatizó.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot aseguró que “Afortunadamente, la Sala Constitucional ha sido constante en los criterios sobre situaciones similares (esperamos que ahora no vaya a cambiar) como la milla fronteriza, la Zona Marítimo Terrestre e incluso, otra moratoria exactamente igual a ésta, señalando la regresión ambiental, la imposibilidad de adquirir derechos tras la invasión de bienes del dominio público, entre otros aspectos. En la misma línea se ha pronunciado la Procuraduría General de la República, que ha indicado la violación del Estado de proteger los bienes públicos que se materializaría con la aprobación de este proyecto de ley”.
Nuestro país está lejos de ser reconocido en la lucha por la pesca ilegal pues:
En 6 años pasamos del puesto 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016 en el índice de Salud de los Océanos, y mientras descendemos 95 puestos, el MAG por medio de INCOPESCA es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón, y como si faltara más hoy se insiste en un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16).
En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, que es incapaz de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681. El Ministerio de Agricultura reconoce que de las reglas emitidas desde el 2014 para la pesca de palangre, a la fecha son pocas las que se cumplen. Según consigna una nota del Diario Extra del 25 Febrero, 2016: para la protección del atún y especies afines, el MAG reconoce que no hay capacidad para ejecutar las acciones dispuestas en el decreto debido a la lejanía y escaso personal. Otro que punto en el que no hay cumplimiento es en el establecimiento de dispositivos de control satelital en las embarcaciones nacionales de palangre, que pescan atún, corvina, tiburón, entre otras especies. No obstante, estas continúan recibiendo el combustible a un precio preferencial. Combustible que se usa para pescar ilegal en la isla del Coco y para trasegar droga.
Además para aumentar la vergüenza mundial la aleta de tiburón martillo exportada pudo ser pescada ilegalmente en la Isla del Coco y con combustible subsidiado. Así lo denuncio la Federación Ecologista en marzo del año pasado (FECON, 11-3-15). Esta paradoja se hace especialmente grosera cuando se constata que quienes en el SINAC han autorizado la exportación de las aletas son quienes no logran proveer a los guardaparques de Isla del Coco de los medios necesarios para lograr meter a la cárcel a quienes violan las leyes que resguardan este sitio patrimonio mundial de la Humanidad. Tampoco hay que olvidar que estas embarcaciones han recibido o reciben aún subsidios para combustible del INCOPESCA lo cual es un doble premio a estas malas conductas de este sector pesquero que nada tiene que ver con la pesca artesanal.
Según la FAO, Costa Rica figura entre los mayores exportadores de aletas de tiburón. Entre 2008 y 2011, el país exportó más de 300 toneladas anuales. Desde el punto de vista ecológico, los datos de la FAO (2014) significan que la matanza de tiburones en el país (solo para exportar sus aletas) puede haber llegado –utilizando números conservadores y considerando solo el dato de las 300 toneladas anuales–a 660.000 tiburones al año. (Estado de la Nación, 2015)
El ministro del MAG es el responsable político de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15).
Este gobierno es responsable además solicitar el aumento 7000 toneladas adicionales de atún que se sobrexplota y se regala en nuestras aguas. (Semanario Universidad, 19 -7- 2014). Según denunció el biólogo Enrique Ramírez Guier la falta de políticas y manejo de las pesquerías, que ha llevado a una caída en el 50% de los desembarcos de productos pesqueros en los últimos 10 años. Mientras esto ocurre, la flota internacional de cerco atunero se ha llevado aproximadamente 25.000 toneladas de atún al año con un valor de mercado de $70 millones (atún de enlatado) y un valor potencial (atún fresco) para la pesca con anzuelo para pescadores nacionales de $250 millones, pagando esa flota solo el 0,6% del valor potencial del atún que se llevan a otros puertos( Ver articulo completo).
Cortaron 1399 árboles y afectaron 88,16 hectáreas de humedales
Se habría transgredido la Convención Ramsar
La semana pasada se denunció el alto costo y posible tráfico de influencias en la construcción de la Ruta 257 hacia la megaterminal de Moín, pero este sobrecosto fue justificado por el Gobierno como recursos necesarios para la supuesta protección del Humedal Cariari, que en todo caso nunca debió haberse puesto en peligro puesto que se pudieron haber usado otros accesos más baratos o con menos impactos, incluso la calle pública a Moín.
FECON ha sostenido que para reducir el humedal habría sido necesario que existiera una ley especial y no un decreto de interés nacional (N° 38172 -MINAE-MOPT) sin mayor análisis, como lo hicieron en este caso. Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13).
Este criterio fue compartido por los abogados de SETENA pues consideraron que el proyecto significa la mutilación del área protegida, requiriendo de una ley especial hecha con base en la ley forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción. Todos estos criterios fueron obviados por los responsables de SETENA y la administración del MINAE del anterior gobierno y fue avalado por la actual administración.
El especialista en impacto ambiental y ex director de SETENA Allan Astorga-Gättgens, se cuestiona porqué el costo tan alto si la carretera ya está trazada en lastre y está en uso hace casi dos años y agrega que «si se dice que es dinero para disminuir el daño ambiental, hay que decir que, lamentablemente, el daño (irreversible) ya fue hecho desde que se metieron los tractores en el humedal Cariari y se hizo el trazo de la vía». Además para Astorga «una simple vista a la imagen de Google Earth para esa zona deja ver, con claridad, que había otras alternativas, menos impactantes para el ambiente y posiblemente más barata».
En abril de 2014 el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la medida cautelar que ordenaba al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) del Minae, no autorizar la tala de árboles en el Humedal Cariari, una de las razones fue que se construiría con medidas ambientales para evitar el daño ambiental. Esto no sucedió, como es visible se hizo una calle en lastre sin el mayor cuidado y partiendo en dos el humedal mediante la carretera y significó al menos la tala de 1399 árboles, según la SETENA.
En diciembre del 2013 la SETENA denegó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentado por el CONAVI, y le solicitó un anexo al EIA. En esa resolución aducía que la ruta “se desarrolla en un área de cobertura boscosa importante, por lo que los impactos del proyecto sobre esta son de importancia alta, pues será necesaria la tala de árboles en el derecho de vía”, sin embargo de manera casi automática en febrero del 2014 la SETENA aprobó la viabilidad ambiental al proyecto.
El Humedal Cariari tiene una extensión de 786 hectáreas y fue creado por vía de decreto en 1994 (N° 23253 -MIRENEM). Este abarca desde la desembocadura del Río Moín en la Bahía Moín y el límite del Parque Nacional Tortuguero. La zona contiene una gran riqueza marina y valiosos ecosistemas que conforman el humedal Caribe Norte.
Sobre el mismo Humedal a escasos metros de la carretera, se rechazó al proyecto de Marina Moín. La Procuraduría General de la República resolvió la nulidad absoluta contra la Marina de Moín porque la viabilidad otorgada por SETENA afectaría el Humedal Cariari (resolución C-161-2013); al ser una zona protegida contravendría lo dispuesto por la Convención Ramsar, así como lo contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre otras normas.
El humedal además recibe un impacto quizás irreversible durante la etapa de construcción por los casi 200 camiones diarios, que por 24 meses en promedio, ingresarán por esta carretera por los 137.000 viajes de transporte de material para el relleno del puerto. Una vez que el proyecto entre en operación, este impacto continuaría con cientos de contenedores diarios, además de que las áreas de protección del humedal y la playa de Moín se terminarían convirtiendo en zonas de comercios y servicios. Además del megapuerto, esta carretera facilitará unos 9 megaproyectos por más de 4983.3 millones de dólares que se planifican o se amplían en Moín (Ver más).
*Para más información consultar con Mauricio Alvarez M, presidente FECON.
