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Etiqueta: FECON

Día Nacional de los Parques Nacionales: parques de papel inundados de amenazas

Mauricio Álvarez Mora*

 

No hay mucho que celebrar pero si mucho que reclamar, denunciar y accionar. Así se podría resumir este 24 de agosto, Día de los Parques Nacionales, día supuestamente festivo, que tradicionalmente ha sido conmemorado por las autoridades con la firma de alguna nueva Área Protegida.

Dos hechos marcarán esta celebración 2016: un recurso de amparo acogido en días recientes, y que la fecha coincide con el ingreso en prisión del guardaparques Mauricio Steller, quien fue condenado por sucesos que se dan día a día y de manera silenciosa en los Parques Nacionales. A esto se le suman una larga lista de amenazas directas, o en forma de leyes y proyectos, que están sucediendo hoy, y que afectan la integridad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

El recurso de amparo acogido, pretende exigir la información y confirmación del estado paupérrimo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, exigir cuentas en los manejos de los fondos generados por los Parques Nacionales y exigir derechos básicos para el trabajo de los guardaparques. La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo, expediente Nº 16-010216-0007-CO, interpuesto por Mario Andrés Boza Loría, FECON, SITRAMINAE, entre otros. El amparo se refiere a la violación de los derechos fundamentales de las y los guardaparques; y la transgresión del derecho fundamental a un ambiente sano, por omisión y negligencia del Estado costarricense en la toma de medidas efectivas para proteger y desarrollar el sistema de parques nacionales. El amparo recurre al Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda, Ministro de Salud, Contralora General de La Republica y Director General del Servicio Civil (ver recurso amparo).

Un Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas (el total existente de áreas es 171), cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 áreas silvestre protegidas no se cuenta con recursos materiales para cumplir con acciones de control y protección.

En otras palabras, con base en los datos de la Contraloría, el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” pues han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección alguna y mucho menos con administración. Por ejemplo el Parque Internacional La Amistad que cuenta con casi 200 mil hectáreas, y está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con 1 guardaparques.

Desde 1998 no se ha creado ninguna plaza de guardaparques, pero además los que se pensionan o renuncian no son sustituidos y esto produce reducciones de entre 50% y 70% de guardaparques en algunas Áreas Protegidas.

Mientras los guardaparques son sometidos a pésimas condiciones y ningún incentivo para su duro trabajo, el Estado Costarricense, la economía nacional, y el sector turístico cabalgan sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sólo en el 2015, el ingreso de ecoturistas superó el millón cuatrocientos mil personas, generando beneficios cercanos a los dos billones de dólares. Por ejemplo, gracias al Parque Nacional Manuel Antonio, el 80% de la población del cantón de Aguirre vive de la actividad turística, generada alrededor del Área Protegida. En el Parque Nacional Marino Ballena, el 90% de la economía las comunidades depende del ecoturismo.

A la cárcel por hacer su trabajo. Así se puede definir la condena ratificada en días recientes por un juzgado de casación con lo cual el guardaparques Mauricio Steller estará 12 años en la cárcel. En este caso el sistema judicial favoreció a los victimarios de las tortugas, y no a Steller, quien fue condenado a partir del testimonio de hueveros, dejando vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles (FECON, 25-8- 2015). Por este motivo FECON pidió el indulto del guardaparque condenado (FECON, 1-9-2015).

Lista de amenazas. En vez de procurar revertir este contexto más bien lo profundizamos, consumiendo a cuentagotas el patrimonio con una serie de políticas, propuestas, proyectos y leyes que de ponerse en práctica terminarán con el sistema de conservación. Si se hace un repaso por este laberinto de eventos en que nos meten los poderes Legislativo y Ejecutivo, podemos reconocer la crisis en la que nos encontramos:

  1. La ley 9373 de moratoria en zonas especiales, señalada como inconstitucional por parte de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (FECON, 15-7-2016).
  2. Una comisión legislativa trató de votar a escondidas un texto sustitutivo para Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233) contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del Presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas (FECON, 29-6-2016).
  3. La Ruta 257 al Megapuerto destruyó y redujo parte del Humedal Cariari en Moín. La Trocha Fronteriza se trazó en un Área Protegida (FECON, 11-7-2016).
  4. Para generalizar y legalizar estos casos como la Trocha o Ruta 257, el Presidente Solís y el MOPT presentaron un proyecto (exp. N º 19.899) que daría autorización de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegida (FECON, 10-8-2016).
  5. La ley nº 9205 sobre la titulación de propiedad JAPDEVA desafecta áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y ocho zonas más, para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados. Ésta ley se encuentra actualmente impugnada por FECON Y SITRAMINAE (FECON, 8-4-2014).
  6. En Guanacaste, SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte del sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras.
  7. La expansión de los monocultivos, específicamente de piña, está cercando y acabando con Caño Negro y áreas de amortiguamiento, así como el Parque Internacional La Amistad del lado del Pacifico Sur. La feroz expansión de Palma también ha alcanzado al Parque Nacional Manuel Antonio, y recientemente se denunció la siembra dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado (FECON, 13-2-16).
  8. Este gobierno abandonó la iniciativa de crear un Área Protegida en Playa Moín. Por el contrario, con la Ruta 257 se abrió la puerta a la destrucción e industrialización, deshonrando la causa por la cual Jairo Mora fue asesinado (FECON, 30-3-16).

Estos son claros ejemplos de que existe una intención de deteriorar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica, de ir comiéndose de a poquitos y a mordiscos lo que ha costado tres generaciones de ahorro en recursos naturales en este país, y que de paso nos ha dado el prestigio ambiental mundial, hoy también en entredicho. Por ello, ecologistas y guardaparques consideran que no hay nada que celebrar y mucho que denunciar.

 

*Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales, UCR, presidencia@feconcr.org

 

Imagen tomada de la página oficial de FECON.

Información enviada a SURCOS Digital por FECON.

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Comunidades bribris de Talamanca piden ser territorio libre de REDD+

Zuiri Méndez y Henry Picado (*)

declaratoria territorio bribri
Foto: cortesía Red de Coordinación en Biodiversidad/Kioskos Socioambientales.

Casi 400 personas provenientes de 23 comunidades bribris se reunieron en Suretka el pasado viernes 1 de julio para evocar la lucha por la defensa del territorio de su ancestro Pa Blu Presbere, asesinado el 4 de julio de 1710.

Esta conmemoración se realiza año tras año como símbolo de lucha contra la invasión española. En esta ocasión se tenía previsto presentar públicamente la Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD+.

Esta declaratoria es un mecanismo construido por las comunidades para defenderse ante la avanzada del proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) sobre el territorio indígena. En marzo del 2016 el gobierno dio por terminadas las etapas de información y preconsulta para la estrategia REDD, sin que las comunidades Bribris aprobaran este proceso.

REDD+ es un proyecto impulsado en Costa Rica por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Al mismo tiempo el Banco Mundial recauda fondos públicos y privados internacionalmente para financiar REDD+ como mecanismo de compensación de las emisiones de carbono. Este mecanismo permite que las industrias paguen permisos para contaminar, y que los causantes de la deforestación a gran escala, como la tala industrial, la expansión de monocultivos, los mega-proyectos de infraestructura, la minería, las grandes represas hidroeléctricas y, sobre todo, la agricultura industrial que se expande hacia los bosques, continúen sin restricciones.

En el territorio Bribri, las comunidades argumentan que REDD+ no sólo es una falsa solución al cambio climático, REDD+ también representa una grave amenaza para las comunidades que dependen de los bosques, ya que limitan su uso tradicional basado en el cultivo itinerante, la recolección, prácticas de subsistencia que han realizado las comunidades indígenas por siglos.

A la presentación de la Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD+, asistieron casi 400 personas. Fue en las instalaciones de Asociación de Desarrollo Indígena Bribri (ADITIBRI) en Suretka. Se contabilizó la participación de integrantes de las comunidades de Kachabli, Amubli, Katsi, Dururpe, Soki, Alto Coen, Alto Urén, Alto Dúriñak, Arenal, Sepecue, Kloma, Suretka, Meleruk, Tsuiri, Watsi, Bajo Coen, Mojoncito, Yorkin, Kekoldi y Kórbita, además de la comunidad cabecar Orochico.

No son nuevos los rechazos por parte de indígenas. Desde el 2010 son múltiples las denuncias públicas de las comunidades anunciando que el proceso de REDD+ no era de buena fe; ni representaba una consulta previa, libre e informada.

Algunos de los hechos más importantes son:

  • el 29 de agosto del 2014 más de 300 personas cuestionaron ante todo el gabinete del MINAE el proceder y las implicaciones de REDD+;
  • en diciembre del 2014 presentaron su caso en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza en Perú;
  • el 15 de octubre del 2015 más de 400 personas fueron a casa presidencial en Zapote para solicitar al presidente Luis Guillermo Solís que terminaran las negociaciones en territorio Bribri.

Según denuncian las comunidades adversas al proyecto ninguna de estas acciones fueron tomadas en cuenta por el gobierno. En este sentido señalan que estas omisiones son antidemocráticas y violatorias de los derechos indígenas. Por eso integrantes de comunidades de Talamanca decidieron construir participativamente la declaratoria, visitando 15 comunidades del territorio y recolectando más de 300 firmas, para presentarlas al resto de comunidades del territorio el viernes 1 de julio ante la asamblea de la ADITIBRI.

La declaratoria firmada concluye de la siguiente manera:

“[…] Rechazamos cualquier protocolo de consulta, formulada con mediadores culturales, red de asociaciones, Asociación de Desarrollo Integral u otros, en participación con FONAFIFO y MINAE, ya que no contempla un proceso de buena fe, figuras tradicionales y conocimiento de los pueblos indígenas involucrados, violentando evidentemente el espíritu del convenio 169.

[…] No aceptamos los cambios de REDD+, a “REDD+ indígena” u cualquier otro nombre, ya que atropella los derechos de los pueblos en todo el proceso.

Por lo tanto, conscientemente:

Haciendo uso a nuestro derecho de la propia consulta decidimos rechazar el proyecto REDD+, su protocolo de consulta, como cualquier modificación del nombre del proyecto y declaramos el Territorio Bribri de Talamanca libre de REDD+, de la presente fecha en adelante.”

La junta directiva de la ADITIBRI fue convocada en pleno, pero no se apersonaron el número suficiente de representantes, por lo que no hubo quórum. El presidente de la asociación se comprometió a darle seguimiento a esta petitoria. Las comunidades esperan una respuesta pronta de la ADITIBRI al respecto.

(*) Este artículo fue escrito por Zuiri Méndez, de Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica y Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad.

 

También lea:

Acuerdo de París sobre Cambio Climático: Ecologistas piden respetar la Declaratoria Bribri

 

Información e imagen tomadas para SURCOS Digital de http://www.vocesnuestras.org/

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Acuerdo de París sobre Cambio Climático: Ecologistas piden respetar la Declaratoria Bribri

Hoy se podría votar Acuerdo de París sobre Cambio Climático

Ecologistas piden respetar la Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD

Tanto Coecoceiba Amigos de la Tierra y FECON solicitaron respeto a la declaratoria histórica del pueblo Bribri de Talamanca de rechazar la “estrategia indígena a nivel nacional REDD+” que se promueve en el país como una falsa solución al cambio climático contenida en las contribuciones a la mitigación y políticas nacionales.

La declaración del pueblo Bribri es un ejercicio inédito de autodeterminación en respuesta a 8 años de avance, sin trasparencia ni consulta, por parte de diferentes gobiernos centrales, que han repartido en consultorías, talleres y estudios más de $6.7 millones de dólares para lograr convencer a los indígenas de vender sus bosques bajo el discurso de la mitigación del cambio climático [Ver informe].

REDD+ es un negocio para las consultorías: en total el gobierno de Costa Rica giró durante el proceso de creación de estrategia $121,500.00 dólares y $734,233 dólares entregados a ADI’s (Asociación de Desarrollo Indígena) para que comunicaran la estrategia (oficio DG-OF-062-2016). Sin embargo las comunidades del territorio Bribri desconocen del tema. En total el gobierno ha gastado 855,733.39 dólares en la estrategia con los territorios indígenas y a pesar de esto a las comunidades indígenas no tienen acceso cotidiano a la información.

La declaratoria que rechaza REDD+ por parte de los pueblos indígenas Bribris fue elaborada entre marzo y junio de 2016 en más de 15 comunidades del territorio, en espacios auto-organizados bajo su propio idioma y firmada por más de 300 personas. La declaratoria es contundente: “Haciendo uso a nuestro derecho de la propia consulta decidimos rechazar el proyecto REDD+, su protocolo de consulta, como cualquier modificación del nombre del proyecto y declaramos el territorio Bribri de Talamanca libre de REDD+, de la presente fecha en adelante.” Para los firmantes: “El cuido de los bosques es un derecho y deber de toda persona e institucionalidad, para el pueblo Bribri el uso de recursos naturales en medicina, vivienda, educación, espiritualidad y en la vida en toda su complejidad, son concepciones culturales y tradicionales”.

La declaratoria es producto de un largo conflicto donde las comunidades Bribris vienen rechazando que se avance en el proceso sin una consulta previa, a pesar de las negociaciones y ofrecimientos, sin tener claro las implicaciones de estos “negocios climáticos” (Ver cronología del conflicto).

¿El acuerdo de la COP 21 de París es una solución o un fraude?

Tanto la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como el acuerdo final resultado de la última reunión en París, son una farsa, que no propone medidas reales, profundas y legalmente vinculantes para enfrentar el cambio climático, como ha señalado COECOCEIBA Amigos de la Tierra Costa Rica, advirtiendo que el deterioro ambiental, causado por las emisiones de gases que generan principalmente los países industrializados, no disminuirá si no se toman medidas mucho más radicales.

El mismo acuerdo de París lo reconoce en el punto diecisiete del capítulo dos. Dice lo siguiente: “Observa con preocupación que los niveles estimados de las emisiones segregadas de gases de efecto invernadero en 2025 y 2030 resultantes de las contribuciones previstas… no son compatibles con los escenarios de dos grados centígrados”. O sea, las reducciones previstas determinadas a nivel nacional (INDCs por su acrónimo en inglés), que representan el aporte que cada país estaría en capacidad de hacer a un nuevo régimen climático global post 2020, no son suficientes para evitar un escenario de aumento de la temperatura de dos grados. Ya llegamos a un aumento de un grado centígrado promedio, con las consecuencias ambientales y sociales que esto traerá.

Oilwatch internacional señala que para lograr esto y para que en el 2100 no lleguemos a un máximo de dos grados centígrados de aumento de temperatura a nivel mundial promedio, deberíamos dejar en el subsuelo al menos las dos terceras partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón.

Para el caso de Costa Rica la farsa resulta muy clara, ya que la política de Costa Rica ha permitido que este año aumentara en un 6% la importación de combustibles, importación y quema de combustibles y sesenta mil vehículos más en las calles, mientras que nuestra matriz energética depende en un 70 % de petróleo (el 60% lo consume el sector transporte) y el consumo total representa una factura petrolera del 4,5% del PIB. La contradicción con el mito “Costa Rica es un país de energías limpias” fue señalado en el Informe Estado de la Nación (2012). Esto no es sostenible ni renovable.

Además ha instrumentalizado mecanismos para que el sector financiero siga obteniendo mayores beneficios que les permitirá vender productos o servicios bajo una máscara verde. Es el ejemplo de la política de Carbono Neutralidad para el año 2021, de la estrategia REDD y un incipiente pero en camino Mercado de Carbono (es de los primeros en un país en desarrollo como Costa Rica) y el cual sería el espacio donde se podrá comprar y vender créditos de carbono, que podrán ser utilizados por las empresas para compensar sus actividades contaminantes.

Es de trascendental importancia implementar acciones para combatir el cambio climático, incluyendo a las comunidades campesinas y Pueblos Indígenas para construir una visión crítica común para que sean los propios actores quienes tomen las decisiones sobre lo que puede o no pasar en su territorio, y apoyar propuestas para la defensa y la recuperación de los bienes comunes, que impliquen el respeto de los derechos de estas comunidades.

 

Informes: Mariana Porras, Coecoceiba Amigos de la Tierra, tel. 8302 2360, mariana@coecoceiba.org y Mauricio Álvarez, FECON, tel. 88709165, presidencia@feconcr.org

Declaratoria del Territorio Bribri http://www.feconcr.org/doc/Territorio%20bribri%20libre%20de%20redd%2B.pdf

Cronología del conflicto por Redd+ http://www.feconcr.org/doc/CronologiaREDD%2BCR.pdf

 

-También lea:

Día pueblos indígenas: Por la autonomía y la autodeterminación en la defensa del Territorio

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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El Día Mundial de Guardaparques: 107 funcionarios muertos en un año

El Día Mundial de Guardaparques- conmemorado cada 31 julio– honra a los guardaparques de todo el mundo que han sido heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en los últimos 12 meses son 107 guardaparques fallecidos en diferente países del orbe, la mayoría asesinados por cazadores furtivos ( ver lista).

FECON denuncia que «a las y los guardaparques se les violentan sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable, a una vivienda digna, a la alimentación y a la educación. Además no se les suministra el equipo y los materiales necesarios para que protejan su vida de los peligros de su trabajo, haciéndolos más vulnerables a perder la vida en el cumplimiento de su deber”, afirmó Mauricio Álvarez Mora presidente de la Federación Ecologista.

Nuestro sistema de parques nacionales resguarda nuestra biodiversidad y es la principal atracción turística del país, representa uno de los bienes comunes más valiosos de Costa Rica, genera más de dos mil seiscientos millones de dólares al año, superando así las divisas que producen las exportaciones de piña, banano y café juntas. Además sus ingresos son constantes y no es para menos si representan uno de los principales atractivos para los dos millones y medio de turistas que nos visitan al año.

Sin embargo, a pesar de esta impresionante solvencia, resulta sorprendente que hoy faltan entre 1200 y 600 guardaparques como mínimo, lo cual hace que estos tesoros sean «saqueados» sin la menor regulación por caza, extracción de madera y minería ilegales. Por falta de guardaparques un 37,5% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y no son pocas las grandes áreas que cuentan con sólo uno o dos guardaparques, lo que equivale a que no haya protección, La falta de protección es particularmente seria en los Parques Nacionales Isla del Coco, Corcovado, Braulio Carrillo, La Amistad, Palo Verde y Carara.

Mientras los guardaparques que hacen cumplir su trabajo y defender el patrimonio natural se enfrentan un sistema judicial que se ahoga en las aguas de la impunidad ¿cómo justificar que el sistema favorezca a los victimarios de las tortugas y no a sus defensores? que es exactamente lo que ha sucedido con la condenatoria de un guardaparques Mauricio Steller a partir del testimonio de hueveros, dejando vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles. En Costa Rica se criminaliza su gestión en vez de estimularla y se deja en libertad a destructores del medio ambiente y asesinos, en lugar de hacerles pagar su deuda ( FECON, 25-8- 2015).

El caso de Steller no es el único. “Los oreros tiene más derechos que un guardaparques” así resumen los guardaparques la situación de Parque Nacional Corcovado, quienes recuerdan cuando hace algunos años una fiscal interpuso una medida cautelar a favor de los oreros dentro del Parque Nacional Corcovado y en contra de 14 guardaparques de manera que no pudieran patrullar armados y por tanto dejar “a la libre” a los oreros ( Ver más).

La FECON ha denunciado muchos casos donde corren riesgos y amenazas los guardaparques que hoy por suerte no integran esta terrible lista de 107 defensores de áreas protegidas que se recuerda el día de hoy, pero por el contexto y antecedentes en cualquier momento se puede ingresar en este fatídico listado ( Ver más).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página oficial de FECON.

Información enviada a SURCOS Digital por FECON.

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Estrategia Nacional de Biodiversidad sin comunidades

Pronunciamiento de la Federación Conservacionista (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)

Una nueva política y estrategia para el manejo de la biodiversidad recién fue aprobada por el Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad (CONAGEBIO) del MINAE, a pesar de las observaciones y críticas del sector ecologista que en repetidas ocasiones señaló que desde el inicio carece de consulta y trabajo conjunto con las comunidades campesinas e indígenas, así como de organizaciones comunitarias y civiles.

La importancia de la consulta civil en la gestión de la diversidad radica en que son precisamente estas comunidades rurales e indígenas las que mantienen una relación directa con la dinámica de la biodiversidad que está fuera de las áreas protegidas. Sectores comunitarios y ecologistas consideran que la gestión la «esa» biodiversidad y los conflictos por su uso y destrucción no fue la prioridad del proceso oficial de creación de esta nueva política estatal.

FECON y la RCB consideran que estos instrumentos son “enlatados” definidos con base en directrices internacionales desde su visión, misión y metas, en la práctica no parten de la realidad y conocimiento de comunidades que protegen la biodiversidad en una interacción con ella para sostener la vida en fincas campesinas, territorios indígenas y comunidades urbanas y rurales, que a su vez están inmersos en conflictos por la expansión de monocultivos, minería, transgénicos, contaminación, urbanización no planificada, entre otros y las propuestas que desarrollan al respecto, no son un componente sustantivo de estos documentos aprobados como política estatal.

La falta de participación de dichos procesos se pretendió enmendar “discutiendo” en talleres breves un documento complejo, para afirmar, sin respaldo real alguno, que “el proceso fue altamente participativo”. Sin los actores que conviven con la biodiversidad realmente involucrados, es casi imposible que estos documentos no sean otra consultoría superficial más.

Otra de las críticas desde los sectores ambientalistas a estos instrumentos es que están cruzados por la visión neoliberal que aborda la biodiversidad y los beneficios ambientales que genera como mercancías, es decir la llamada “economía verde”.

Tampoco fue prioridad dentro de esta política incluir según el pronunciamiento ecologista “las amenazas para la biodiversidad relacionadas con tecnologías, como la manipulación genética y la biología sintética, los sistemas de propiedad intelectual restrictivos y su papel en la apropiación privada de la biodiversidad, la producción corporativa de alimentos, y la preponderancia de los tratados comerciales y de propiedad intelectual (como el Tratado de Budapest y la UPOV) sobre los acuerdos y políticas socioambientales”.

Sobre el tema de transgénicos los ecologistas reiteraron “que su convivencia con formas de producción sustentables y agroecológicas es imposible, como se ha documentado a nivel mundial (ver https://goo.gl/uM3tk1), por lo que una protección efectiva de la biodiversidad debería contemplar la prohibición o al menos una sólida moratoria para la liberación de transgénicos en nuestros campos”.

Pronunciamiento completo en:

http://www.feconcr.org/doc/biodiversidad/PronunciamientoFECONRCBxENB.pdf

Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad sobre la propuesta de política y plan estratégico nacionales de biodiversidad 2014-20201, el 13 de julio de 2014. goo.gl/f0J6rb

Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Conservacionista (FECON) sobre la propuesta de Política Nacional de Biodiversidad 2014-2020, el 9 de marzo de 2015. goo.gl/yhb5hC

Observaciones al documento final de la “Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030” (PNB) y al borrador de la” Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y su Plan de Acción” (2016), el 30 de marzo de 2016. goo.gl/Ft6P03

fecon rcb

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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FECON: Nueva ley de moratoria a desalojos es inconstitucional y es retroceso ambiental

Presentarán acción legal en los próximos días

 

Dos distintos dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa evidencian que es inconstitucional la nueva Ley 9373, que se firmó la semana pasada aprobada bajo el expediente legislativo 19.139. Esta ley suspende durante 24 meses desalojos a personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado.

En el primer dictamen del 5 de marzo de 2014, se indica que el entonces proyecto de ley violentaba entre otras cosas la interdicción de la arbitrariedad, la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica y también la tutela efectiva de los bienes demaniales y su correlativa potestad reivindicatoria, la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la protección ambiental, la no regresión y progresividad en materia ambiental y la separación de poderes. En un segundo informe emitido el 7 de diciembre de 2015, se reiteró que la mayoría de señalamientos con respecto al proyecto de ley no fueron tomados en cuenta.

Cuando el Frente Amplio quiso visibilizar la inconstitucionalidad y regresión ambiental del proyecto mediante una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV, contó con el apoyo de tres diputados del PAC, sin embargo al ver el revuelo del bipartidismo PLN-PUSC en contra de la consulta sobre la constitucionalidad de la ley, sacaron sus firmas para terminar siendo cómplices de este retroceso en materia ambiental en el país. Además, en términos políticos, este es un grave antecedente pues el PUSC y el PLN lograron “torcer la mano” de tres diputados del PAC bajo la amenaza de entorpecer, más aún, las agendas fiscales. El nivel de la discusión y argumentación por parte de estos partidos políticos fue tan bajo que el diputado liberacionista de la provincia de Limón, Danny Hayling, cuyos intereses están vinculados a los negocios de transportes de tierra y mar, recurrió a frases como “pacto satánico” para calificar la intención de hacer la consulta constitucional.

Para los ecologistas esta forma de legislar es populismo, pues se utiliza la pobreza y la desesperación de habitantes de estas zonas para atentar contra el ambiente y legalizar megaproyectos y sus intereses, es además un derroche de recursos y tiempo sumando los millones que implica el salario de los diputados y los recursos técnicos, para que se venga abajo no sólo el proyecto si no la esperanza de una solución más beneficiosa para el ambiente y las personas.

Para el presidente de FECON, Mauricio Álvarez “al texto de ley poco le falta incluir un transitorio que diga no nos importa el ambiente”. Y agrega que “esto significa que todos los megaproyectos que han ido usurpando las zonas especiales, se legalicen por dos años. Serán intocables por ley” enfatizó.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot aseguró que “Afortunadamente, la Sala Constitucional ha sido constante en los criterios sobre situaciones similares (esperamos que ahora no vaya a cambiar) como la milla fronteriza, la Zona Marítimo Terrestre e incluso, otra moratoria exactamente igual a ésta, señalando la regresión ambiental, la imposibilidad de adquirir derechos tras la invasión de bienes del dominio público, entre otros aspectos. En la misma línea se ha pronunciado la Procuraduría General de la República, que ha indicado la violación del Estado de proteger los bienes públicos que se materializaría con la aprobación de este proyecto de ley”.

*Informes: http://www.feconcr.org/doc/zonas%20especiales/ Mauricio Alvarez M, presidente FECON.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de FECON.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Aclaración sobre “premio” de FAO sobre pesca ilegal

Lo que expresamente se está premiando es la adhesión a un tratado que vendría a combatir la pesca ilegal en el futuro. Se premió en total a los 34 partes firmantes del llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, las cuales representan a un total de 61 países (incluidos los de la Unión Europea).

Nuestro país está lejos de ser reconocido en la lucha por la pesca ilegal pues:

  • En 6 años pasamos del puesto 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016 en el índice de Salud de los Océanos, y mientras descendemos 95 puestos, el MAG por medio de INCOPESCA es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón, y como si faltara más hoy se insiste en un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16).
  • En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, que es incapaz de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681. El Ministerio de Agricultura reconoce que de las reglas emitidas desde el 2014 para la pesca de palangre, a la fecha son pocas las que se cumplen. Según consigna una nota del Diario Extra del 25 Febrero, 2016: para la protección del atún y especies afines, el MAG reconoce que no hay capacidad para ejecutar las acciones dispuestas en el decreto debido a la lejanía y escaso personal. Otro que punto en el que no hay cumplimiento es en el establecimiento de dispositivos de control satelital en las embarcaciones nacionales de palangre, que pescan atún, corvina, tiburón, entre otras especies. No obstante, estas continúan recibiendo el combustible a un precio preferencial. Combustible que se usa para pescar ilegal en la isla del Coco y para trasegar droga.
  • Además para aumentar la vergüenza mundial la aleta de tiburón martillo exportada pudo ser pescada ilegalmente en la Isla del Coco y con combustible subsidiado. Así lo denuncio la Federación Ecologista en marzo del año pasado (FECON, 11-3-15). Esta paradoja se hace especialmente grosera cuando se constata que quienes en el SINAC han autorizado la exportación de las aletas son quienes no logran proveer a los guardaparques de Isla del Coco de los medios necesarios para lograr meter a la cárcel a quienes violan las leyes que resguardan este sitio patrimonio mundial de la Humanidad. Tampoco hay que olvidar que estas embarcaciones han recibido o reciben aún subsidios para combustible del INCOPESCA lo cual es un doble premio a estas malas conductas de este sector pesquero que nada tiene que ver con la pesca artesanal.
  • Según la FAO, Costa Rica figura entre los mayores exportadores de aletas de tiburón. Entre 2008 y 2011, el país exportó más de 300 toneladas anuales. Desde el punto de vista ecológico, los datos de la FAO (2014) significan que la matanza de tiburones en el país (solo para exportar sus aletas) puede haber llegado –utilizando números conservadores y considerando solo el dato de las 300 toneladas anuales–a 660.000 tiburones al año. (Estado de la Nación, 2015)
  • El ministro del MAG es el responsable político de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15).
  • Este gobierno es responsable además solicitar el aumento 7000 toneladas adicionales de atún que se sobrexplota y se regala en nuestras aguas. (Semanario Universidad, 19 -7- 2014). Según denunció el biólogo Enrique Ramírez Guier la falta de políticas y manejo de las pesquerías, que ha llevado a una caída en el 50% de los desembarcos de productos pesqueros en los últimos 10 años. Mientras esto ocurre, la flota internacional de cerco atunero se ha llevado aproximadamente 25.000 toneladas de atún al año con un valor de mercado de $70 millones (atún de enlatado) y un valor potencial (atún fresco) para la pesca con anzuelo para pescadores nacionales de $250 millones, pagando esa flota solo el 0,6% del valor potencial del atún que se llevan a otros puertos( Ver articulo completo).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://feconcr.org/

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Ruta 257 destruyó 69 hectáreas de Humedal Cariari en Moín

  • Cortaron 1399 árboles y afectaron 88,16 hectáreas de humedales
  • Se habría transgredido la Convención Ramsar

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin3

La semana pasada se denunció el alto costo y posible tráfico de influencias en la construcción de la Ruta 257 hacia la megaterminal de Moín, pero este sobrecosto fue justificado por el Gobierno como recursos necesarios para la supuesta protección del Humedal Cariari, que en todo caso nunca debió haberse puesto en peligro puesto que se pudieron haber usado otros accesos más baratos o con menos impactos, incluso la calle pública a Moín.

FECON ha sostenido que para reducir el humedal habría sido necesario que existiera una ley especial y no un decreto de interés nacional (N° 38172 -MINAE-MOPT) sin mayor análisis, como lo hicieron en este caso. Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13).

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin

Este criterio fue compartido por los abogados de SETENA pues consideraron que el proyecto significa la mutilación del área protegida, requiriendo de una ley especial hecha con base en la ley forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción. Todos estos criterios fueron obviados por los responsables de SETENA y la administración del MINAE del anterior gobierno y fue avalado por la actual administración.

El especialista en impacto ambiental y ex director de SETENA Allan Astorga-Gättgens, se cuestiona porqué el costo tan alto si la carretera ya está trazada en lastre y está en uso hace casi dos años y agrega que «si se dice que es dinero para disminuir el daño ambiental, hay que decir que, lamentablemente, el daño (irreversible) ya fue hecho desde que se metieron los tractores en el humedal Cariari y se hizo el trazo de la vía». Además para Astorga «una simple vista a la imagen de Google Earth para esa zona deja ver, con claridad, que había otras alternativas, menos impactantes para el ambiente y posiblemente más barata».

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin2

En abril de 2014 el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la medida cautelar que ordenaba al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) del Minae, no autorizar la tala de árboles en el Humedal Cariari, una de las razones fue que se construiría con medidas ambientales para evitar el daño ambiental. Esto no sucedió, como es visible se hizo una calle en lastre sin el mayor cuidado y partiendo en dos el humedal mediante la carretera y significó al menos la tala de 1399 árboles, según la SETENA.

En diciembre del 2013 la SETENA denegó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentado por el CONAVI, y le solicitó un anexo al EIA. En esa resolución aducía que la ruta “se desarrolla en un área de cobertura boscosa importante, por lo que los impactos del proyecto sobre esta son de importancia alta, pues será necesaria la tala de árboles en el derecho de vía”, sin embargo de manera casi automática en febrero del 2014 la SETENA aprobó la viabilidad ambiental al proyecto.

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin4

El Humedal Cariari tiene una extensión de 786 hectáreas y fue creado por vía de decreto en 1994 (N° 23253 -MIRENEM). Este abarca desde la desembocadura del Río Moín en la Bahía Moín y el límite del Parque Nacional Tortuguero. La zona contiene una gran riqueza marina y valiosos ecosistemas que conforman el humedal Caribe Norte.

Sobre el mismo Humedal a escasos metros de la carretera, se rechazó al proyecto de Marina Moín. La Procuraduría General de la República resolvió la nulidad absoluta contra la Marina de Moín porque la viabilidad otorgada por SETENA afectaría el Humedal Cariari (resolución C-161-2013); al ser una zona protegida contravendría lo dispuesto por la Convención Ramsar, así como lo contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre otras normas.

El humedal además recibe un impacto quizás irreversible durante la etapa de construcción por los casi 200 camiones diarios, que por 24 meses en promedio, ingresarán por esta carretera por los 137.000 viajes de transporte de material para el relleno del puerto. Una vez que el proyecto entre en operación, este impacto continuaría con cientos de contenedores diarios, además de que las áreas de protección del humedal y la playa de Moín se terminarían convirtiendo en zonas de comercios y servicios. Además del megapuerto, esta carretera facilitará unos 9 megaproyectos por más de 4983.3 millones de dólares que se planifican o se amplían en Moín (Ver más).

*Para más información consultar con Mauricio Alvarez M, presidente FECON.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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MAG: enemigo del ambiente 2014-2016

Para la FECON en el mes del ambiente hubiésemos querido destacar lo positivo del gobierno del cambio, pero lo cierto es que pesa más en la balanza poner en evidencia el maquillaje verde que predomina.

Toca señalar que en estos dos años de gobierno, la gestión del Ministro de Agricultura ha sido enemiga del ambiente y de los intereses del país, tanto que sería mejor llamarle “Ministro de la Agroindustria Transnacional” en el tanto que:

El MAG ha buscado desregular, aún más, el registro de agroquímicos, incluso tratando de excluir al Ministerio de Salud y MINAE. Ha sido una constante en su gestión, a pesar de la violencia contra las comunidades y la naturaleza intrínseca a estos modelos de agroindustria «siguen casados» con sus cámaras. En este lamentable matrimonio «secuestraron» la posibilidad de tener una nueva ley del agua y su recompensa es ser descalificados públicamente (Diario Extra, 4-5-2016)

Como si no fuéramos el país que más consume plaguicidas en el mundo, este ministro firmó el Decreto N° 39461 que facilita, aún más, la importación de agroquímicos y su formulación en suelo nacional para ser exportados. Este negociazo aprobado a mediados de febrero, nos podría convertir en una fábrica de venenos para exportar con todos los riesgos que esto implica, tal y como ya sucedió con el desastre de FERTICA (FECON, 4-5-16) y para rematar, en un régimen de zona franca, sin exigir mayor pago de impuestos, todo esto ¡en plena crisis fiscal!

MAG y SENARA trabajan bajo la “ilógica” que considera que el agua que llega al mar es un desperdicio (ver la Diarioextra.com, 20-7-16 y larepublica.net 10-3-2016) y parten de la obsoleta premisa del agua como recurso inagotable, mientras que hasta niños y niños en la escuela saben que es un error superado de la ciencia occidental (porque nuestros pueblos originarios sí han tenido más claro los principios del ciclo hidrológico y el cuido del agua desde hace miles de años), pero parece que nuestros jerarcas reprobarían la primaria del siglo XXI, ¿sabrán que la tierra es redonda? Así, el papel de estas instituciones, en lugar de solucionar, han propiciado conflictos socio-ambientales cuando por ejemplo han promovido y ejecutado cuestionados proyectos de riego que no cuentan con suficientes estudios ni mayor participación o fiscalización ciudadana, poniendo en riesgo la naturaleza y comunidades enteras que dependen de ella. Tal es el caso de los conflictos en Guacimal , Santa Rosa y Aranjuecito de Puntarenas. Se suman a este modelo de saqueo desenfrenado para beneficio de la agroindustria, los casos del Río Tempisque y otros ríos, «sobreconcesionados» en el tanto se ha autorizado la extracción de agua más allá del nivel del su caudal, es decir se legaliza la posibilidad de secarlos, al no partir de la realidad del caudal actual de estas cuencas, pasando por encima de los usos prioritarios como el agua para el consumo y la vida misma del río. En el Río Lagarto se ha concesionado el 120% de su caudal para riego de piña, algodón transgénico y pastos para ganadería y en el caso del Río Guacimal su concesión alcanza el 125%, ambos son fuentes directas de acueductos comunales (FECON, 25-5-16).

Pero el caso de Guacimal no queda ahí, tanto el Ministro como SENARA, han actuado bajo la lógica de la persecución y han irrespetado la autonomía universitaria.Ambas instituciones enviaron cartas y realizaron una llamada a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica acusando al Programa Kioscos Socio Ambientales de realizar acciones “belicosas” y “parar obras» de un proyecto de riego en Guacimal de Puntarenas, que en realidad había sido suspendido por la Sala IV en dos ocasiones por ilegalidades(Semanario Universidad,14-3-16). Estos actos abonan a la criminalización de la acción socio ambiental y persecución de quienes abogan por el ambiente en nuestro país. Resulta desconcertante que, en 8 años que tiene este programa, sea la primera vez que recibe presiones de instituciones públicas, justo en esta administración de discurso progresista y con jerarcas que vienen de la academia.

Como si fuera poco, en la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más «sobreconcesiones» para la agroindustria. SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, para hacer el embalse Río Piedras y seguir el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre y seguir con el «mal desarrollo» que aumenta día con día la pobreza, el despojo y la expulsión de sus habitantes.

En lugar de honrar los compromisos del Gobierno de decretar la moratoria al cultivo extensivo de la piña ( PACto Ambiental en Acciones Estratégicas en Seguridad Ambiental” pág.3 y 13 y “Posición Gestión Integrada del Recurso Hídrico”) el MAG se ha convertido en su principal promotor de nuevos mercados en como China (Diarioextra.com, 20-9-14) al punto de cesar a Francisco Dall’Anese, exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado, con tal de eliminar cualquier obstáculo al negocio de la agroindustria piñera transnacional, cuyas millonarias ganancias no se quedan en el país y se dan a expensas de 12 mil personas tomando agua con sus agrovenenos, excepciones de impuestos y morosidad millonaria con la CCSS. Mientras, los campesinos son presa de la «asistencia técnica» de las transnacionales de agrovenenos, y el ministro además de concederle a los piñeros la cabeza de Dall’Anese, les ofreció nuevos inspectores y asistencia a este sector caracterizado por hacer lo que les da la gana con las leyes, el ambiente y los derechos de las comunidades. Todo esto con el apoyo del MAG que, en lugar de hacerlos cumplir la ley, anima una “Certificación Voluntaria de Buenas Prácticas Agrícolas” que son manuales de fantasías y ¿buenas? intenciones para no hacer nada.

El incumplimiento de las promesas de campaña no acaba, en el caso de los transgénicos, el ministro del MAG ha incumplido los dos acuerdos que firmó, con su puño y letra en campaña (¿su palabra no vale?). Por un lado, ha irrespetado los acuerdos municipales de rechazo a los cultivos transgénicos en sus territorios, por ejemplo en Chomes de Puntarenas se ha seguido cultivando algodón genéticamente modificado estos dos años, a pesar de su declaratoria libre de transgénicos. De igual manera se ha incumplido la promesa de un decreto ejecutivo para etiquetar alimentos con transgénicos. Además, representantes del MINAE y del MAG (entre ellos Dall’Anese que trabajó para la empresa DowAgrosciences) votaron a favor del cultivo de algodón transgénico por parte de DowAgrosciences. ¿Será que debió abstenerse el señor Dall’Anese de votar a favor de una transnacional con la cual trabajó?¿Será que tiene su espacio asegurado en Dow?. Además, lo hizo sin corregir el reglamento que permite las autorizaciones sobre transgénicos y que fue declarado parcialmente inconstitucional, un reglamento que el mismo ministro cuestionó en el caso de maíz transgénico, eso sí cuando era funcionario universitario.

El MAG es responsable de las llamadas quemas agrícolas controladas (QAC), autorizadas principalmente para monocultivo de caña, que generan gran impacto en la salud por contaminación con dioxinas y furanos de alto potencial cancerígeno. Pero resulta que las QAC sí se pueden salir de control y provocan incendios forestales, este año 45 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego, más de 4 mil fueron en áreas silvestres protegidas y la mayoría de estos desastres han sido en cantones cañeros. El MAG en lugar de apoyar las alternativas a la quema, año con año otorga los permisos para beneficiar a los grandes ingenios azucareros. Queda en evidencia una vez más, como sigue pesando más el beneficio de los intereses comerciales de unos pocos sobre la salud pública y bienestar ambiental. Mientras el MAG provoca incendios, el MINAE con pocos recursos los trata de controlar y el sistema de salud trata de atender las enfermedades bronco-respiratorias de cientos de comunidades afectadas, en medio de la implemente y recrudecida época seca guanacasteca.

En 6 años pasamos del puesto 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016 en el índice de Salud de los Océanos, y mientras descendemos 95 puestos, el MAG por medio de INCOPESCA es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón, y como si faltara más hoy se insiste en un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16). En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, que es incapaz de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681 y siguen alcahueteando la pesca ilegal en la Isla del Coco (FECON, 11-3-15) El ministro del MAG es el responsable político de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15)

Como si no hubiesen problemas fuera de las áreas protegidas, hoy el monocultivo de la palma ocupa cientos de hectáreas de humedales dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, bajo políticas de incentivo a la agroindustria de exportación, que significa el 60% de la producción nacional según la FAO (2012) lo cual ya de por sí pone en peligro nuestra soberanía alimentaria (FECON, 13-2-16).

El MAG está a favor de la privatización de las semillas. Así como quiso imponer una ley de semillas a la medida de las transnacionales(FECON,10-8-15), proyecto de 2008 hecho en función del TLC-EEUU cuya agenda de implementación favorece la privatización de las semillas(FECON,27-8-15), hoy celebra en el Informe del Presidente de la República y Ministros, (Tomo I, Pág. 19) que en la Oficina Nacional de Semillas (ONS), se otorgaron tres derechos de obtentor en el marco de la Ley de Obtenciones Vegetales, N°8631. Esta ley fue aprobada con total oposición del movimiento ecologista y miles de firmas solicitando un referendo. Otorgar Derechos de Obtentor, es privatizar las semillas.

Como no dejar de señalar la incapacidad de revertir las políticas que siguen poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias donde ya la mayoría de granos son importados, tal es el caso de la totalidad del maíz amarillo, que además en su mayoría es transgénico, o el caso de los frijoles importados de China. Es el colmo del sinsentido que en el país de «los labriegos sencillos» se tenga en crisis a los frijoleros que año con año ven como se llenan nuestros mercados con frijoles asiáticos más baratos y de menor calidad.

Así, los hechos señalados en este recuento nos hablan de una gestión del MAG que no ha sido cambio sino continuismo de la anterior administración, pero peor aún, con un ministerio cerrado herméticamente sin el menor interés de participación o rendición de cuentas.

Por todo lo anterior, FECON señala la gestión del Ministro del MAG como anti ambiental, sin participación ciudadana y sin cumplir sus compromisos adquiridos en campaña política.

Además, FECON apunta el franco retroceso ambiental de las decisiones gubernamentales y por su sistemática acción contra la naturaleza, lo declara enemigo del ambiente 2014 – 2016 y solicita replantear su proyecto político.

Si bien pareciera imposible detener la inercia de un modelo agroexportador que supera nuestras fronteras, que impone un comercio transnacional extractivo a un país sumamente dependiente, el MAG tiene el apoyo de todo un país ecologista si toma decisiones valientes cuya meta sea dinamizar nuestra economía protegiendo nuestra seguridad alimentaria con base en el estímulo de nuestra agricultura y comercio justo y local, y para esto no hay otra vía posible que no implique poner en valor, en todas sus dimensiones, la salud ambiental del país, la verdadera esencia de este país y si se quiere ver desde una óptica mercantilista, nuestra verdadera gallina de los huevos de oro. Quedan dos años para revertir y aprovechar esta oportunidad, talvez la única.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada del video Río Acapulco seco por proyecto de riego en Puntarenas.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Diversas organizaciones se pronuncian contra Reglamento de Registro de Plaguicidas

Pronunciamiento

Plaguicidas (2)

COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica, sumamos nuestra voz a la del Bloque Verde, FECON, UNAG, Cámara de Apicultores, MAOCO, Feria Verde y muchas otras organizaciones más y nos oponemos a la eventual aprobación del reglamento RTCR 484:2016.

Creemos que es perjudicial disminuir las competencias de los Ministerios de Salud y de Ambiente en el registro de plaguicidas. De esta forma se disminuye controles y competencias esenciales para velar por el Derecho Humano a la Salud y al de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Si existe mayor control y mayor efectividad en el mismo, podríamos ayudar a que exista menos gasto en la Caja Costarricense de Seguridad Social porque habría menores impactos en la salud humana. Lo mismo sucedería con el ambiente y con varios de sus bienes, algunos de los cuales son utilizados como parte de nuestra alimentación. Hoy nuestro país es uno de los mayores consumidores de plaguicidas del mundo, sus impactos son más que notorios en nuestra vida cotidiana y no creemos prudente continuar promoviéndoles.

En el fondo, debemos fortalecer un tipo de agricultura y producción basados en el menor uso de plaguicidas. Este tipo de agricultura ya está sucediendo en el país y lo hace desde hace mucho. Es un tipo de agricultura basado en la producción familiar, en pequeñas parcelas, en asocio a la diversidad agrícola, de la mano con el conocimiento tradicional y el académico, que brinda una alimentación saludable al país. Este tipo de producción además ayuda a fortalecer los derechos de agricultores y agricultoras así como de pueblos indígenas y comunidades locales según la Convención en Diversidad Biológica y diversos procesos que la FAO lleva adelante.

No hay que seguir promoviendo y defendiendo con acciones como la aprobación de este reglamento, una producción basada en el monocultivo a gran escala, creador de nuevas plagas que solamente nos genera mayor dependencia en corporaciones que buscan solamente aumentar su lucro.

Creemos, como lo sostiene la UNAG que “Queremos seguir con este legado de la agricultura a nuestras generaciones, pero no podemos olvidar que con nuestras acciones forjamos el futuro de nuestros hijos y nietos queremos una Costa Rica productiva pero que esa producción no cause efectos negativos en nosotros ni en nuestras generaciones.”

 

Enviado a SURCOS Digital por COECOCEIBA.

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