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Etiqueta: FECON

Dirigente indígena busca justicia y soberanía en el Territorio Indígena de Terraba: NO PH Diquís

  • Acción de inconstitucionalidad

 

FECON, 10 de julio 2018. Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 18-005745-0007-CO el dirigente indígena Asdrubal Rivera Villanueva busca llevar justicia y soberanía al Territorio Indígena de Terraba.

Esta acción está planteada en contra del Decreto Ejecutivo Nº 34312 que da conveniencia nacional e interés público a los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, así como a sus obras de transmisión, desprotegiendo de esta forma parte del territorio indígena que cuenta con una protección legal superior. Este decreto pretende igualar los terrenos indígenas con cualquier otro terreno forestal, a pesar de la diferenciación legal existente.

El espíritu de la Ley No. 6172, del 16 de noviembre de 1977, se basa en que los territorios indígenas únicamente habiten personas indígenas. Por eso en su artículo 2°, párrafo segundo, las declara de propiedad de las comunidades indígenas, y después, en su artículo 3°, además de decir que son inalienables, imprescriptibles e intransferibles, claramente dispone que son exclusivas para aquellas comunidades indígenas. El artículo 3° prohíbe a no indígenas alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estos territorios, y declara absolutamente nulo todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas. Confirmado por la Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administración se trata de propiedades inalienables (TCA Sección Previa sentencia 138-2013). En este mismo sentido el artículo 4° indica que los territorios serán regidos por los indígenas, “en sus estructuras comunitarias tradicionales”. Esto excluye la posibilidad de que personas no indígenas puedan hacerlo.

Por otro lado el artículo 7° de esta ley pone en evidencia que estamos frente a un régimen jurídico de protección especial para los terrenos forestales dentro de territorios indígenas. Estos deben mantener su aptitud forestal. Así las cosas, resulta inaplicable al efecto la excepción establecida en el artículo 34 y 19.b, pues hay una ley especial que establece una categoría de protección más elevada. La intención de modificar el uso de suelo de estas zonas haciendo una represa hidroeléctrica, es incompatible con el mandato legal de mantener la vocación de bosque. Es evidente que sustituir los ecosistemas en cuestión por un proyecto hidroeléctrico, hace materialmente imposible que se conserve la naturaleza forestal del terreno.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional es posible autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales decretando de conveniencia nacional dicho proyecto (Voto 13100-2010 y Voto 13622). Esta declaratoria de conveniencia nacional y de interés público tiene como requisito justificar que el impacto ambiental se amortiguaría por el beneficio social a la población afectada. Pero en el Decreto no existe ningún apartado que desarrolle el alcance del impacto ambiental y por el contrario en su artículo Nº 6 le da a la Secretaría Técnica Ambiental un plazo de 5 meses para la determinación de la viabilidad ambiental.

Se lesiona puntualmente el Artículo 50 de la Constitución Política porque de él se deriva la aplicación del principio precautorio, que dice que en caso de certeza científica sobre el impacto ambiental de un proyecto el Estado debe de resolver a favor de la naturaleza. En este caso el Decreto en su artículo 6 admite que no tiene conocimiento del impacto ambiental de proyecto Diquis y aun así le otorga conveniencia nacional, a pesar de que evidentemente, sin una evaluación ambiental, el impacto ambiental se desconoce.

Si la dimensión ambiental no se tiene clara ¿cómo sabe el Poder Ejecutivo que el costo del proyecto se justifica con los beneficios? Es imposible saberlo si aún no se conoce el costo ambiental y cultural.

Hace una semana vimos con alegría como se inauguraba un nuevo u-suré en el Territorio Indígena de Cabagra (VocesNuestas, 9-7-2018) después de que dos manos criminales habían quemado esta estructura años atrás. El u-suré representa para la cultura bribri el orden del universo y la conexión con Sibú. Una represa hidroeléctrica sobre tierras indígenas sagradas vendría a significar otro ataque directo contra estos pueblos que luchan por que lo dejen vivir en paz.

 

Información 8760 9800.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por FECON.

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Embalse de Río Piedras y la politiquería de alto impacto ambiental

  • Amenaza sísmica del embalse no ha sido estudiada
  • Compensación de biodiversidad no está garantizada
  • Desobedecerían a la Contraloría General de la República debido a ausencia de Estudio Ambiental Estratégico
  • Existen alternativas para abastecer de agua Guanacaste

 

Los 48 diputados que votaron a favor de la vía rápida a un proyecto de ley que pretende desafectar las 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Acción realizada sin sustento técnico suficiente y obviando la normativa nacional referente Áreas Silvestres Protegidas, evaluación de riesgo y ambiental. El proyecto de ley contenido en el Expediente n.º 20.465 pretende también compensar el bosque a inundarse con fincas vecinas cubiertas por potreros y pocos arboles dispersos.

Una cosa que sobre sale es amenaza sísmica que tiene el proyecto. En el folio 567 del expediente legislativo de dicho proyecto de ley destaca la posibilidad de que la presa se rompa debido a presencia de fallas técnicas. En su el inciso 1.4.1.5 habla que la cortina de concreto que sostendría el embalse está bajo amenaza sísmica tipo III. Lo cual recomienda análisis exhaustivos previos. Análisis que están ausentes y de no hacerse de forma responsable pondría en riesgo incuso vidas humanas y la inversión de aproximadamente USD$500 millones.

Lo anterior se refiere a sólo uno de una serie de análisis previos que se deberían de hacer. Por ejemplo demostrar que es el único lugar dónde se puede hacer y no existen alternativas. Se encuentra entre los pocos datos publicados del proyecto la posibilidad de compensar el área inundada con otras fincas que el SINAC adquirirá como concepto de compensación de biodiversidad con una inversión de 1500 millones de colones.

Para Isaac Rojas, miembro de CoecoCeiba Amigos de la Tierra: “la propuesta de compensación en biodiversidad es una idea poco conveniente en un país como Costa Rica, porque nadie puede asegurar que una ceiba que esté a 100 metros entre sí pueda compensar la una a la otra.”

Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar, pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes sin tener estudios técnicos y científicos para apoyarse para tomar esta decisión.

El Dr. Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica ha manifestado que: “…las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán en su abundancia original en un área de compensación. Porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias para garantizar su redoblamiento. No se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en Lomas de Barbudal. Diferencias drásticas en la calidad del hábitat, especialmente en el grado de alteración humana de los ecosistemas, que se detectaron entre Lomas de Barbudal y la Finca Asetrek (finca a adquirir par a compensar), no se equilibran con el aumento del área de esta última”.

Este proyecto de embalse comprendería 850 hectáreas; un canal de 55 kilómetros; un planta hidroeléctrica; entre otra obras se trata de un Programa o Plan y no de un simple «proyecto». Por tal razón el camino a seguir sería la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicando los principios de Participación, Información y Transparencia y con la participación de todos los sectores relacionados.

Para Álvaro Sagot, experto en evaluación ambiental, manifestó que “…de debe hacer una evaluación previa para determinar si estratégicamente es viable y si lo es bajo qué salvaguardas ambientales y sociales. Lo correcto es que después de la Evaluación Ambiental Estratégica se elabora el proyecto de ley correspondiente, pero como aquí siempre ponemos la carreta por delante de los bueyes, entonces, la ley debería decir que el Programa o Plan de Desarrollo en particular, queda sujeta dicha evaluación.”

Basado en el informe N. °DFOE-AE-IF-00008-2017 de junio de 2017 la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo implementarlo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación De Impacto Ambiental” el cual estipula la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país.

Además el proyecto de ley no pone en cuestión el uso irracional del agua en la provincia de Guanacaste. Para la organización Confraternidad Guanacasteca el gran consumidor del agua es el sector agrícola que gasta de forma irracional el 70% del recurso hídrico disponible en la provincia.

El sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy poca manos, pues empresas como Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón y CATSA, consumen unos 7.000 litros por segundo, cada una, lo que es el agua equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse que es de solo 20.000 l/s. Consideran que las empresas de la zona deben modernizar sus sistemas de riego, para no incidir con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en el nivel de vida de cada uno de los habitantes de este país.

Según Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca: “Hay alternativas. Sí las 3 empresas cañeras aquí mencionadas, aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s -que es la cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque-. La pequeña diferencia es, que no sería necesario construir el embalse en Rio Piedra. De esta forma el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones”.

Por tanto desde FECON consideramos que este proyecto de ley enviado a vía rápida por 48 diputados y diputadas representa un peligroso paso en falso en materia ambiental, económica y social.

 

Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza.

 

Información:

Henry Picado, teléfono 87609800

Jorge Lobo,teléfono 86868649

Gadi Amit: 88268216

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Enviado por FECON.

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Insistimos en la prohibición del Paraquat

  • Costa Rica tienen una deuda con la salud pública en materia de plaguicidas
  • Organizaciones solicitan se prohíba el Paraquat

 

Los intentos por parte del movimiento ecologista de prohibir el Paraquat han sido reiterados, básicamente buscamos que Costa Rica no siga siendo un basurero de tóxicos que no quieren en otros países (Fecon, 2-8-2018). El veneno conocido como “gramoxone” propiedad de la empresas Syngenta es cuestionado mundialmente en al menos 40 países donde no está permitido su uso, venta o transporte. La Unión Europea por ejemplo lo prohibió mediante un fallo del 2007 del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidades Europeas (T-229/04).

Pero en Costa Rica el Paraquat está entre los plaguicidas con más volumen de ingrediente activo importado (Estado de la Nación, 2010) a pesar ser considerado un plaguicida de “Extrema peligrosidad” (Barvo, 2015).

Destaca que en Costa Rica el gramuxon es un plaguicida con estadísticas alarmantes por ejemplo el Centro Nacional de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reporta entre los años 2013 y 2015 un total de 353 intoxicaciones por Paraquat. Este agro tóxico está entre las primeras tres causantes de intoxicaciones por plaguicidas según la CCSS. Por otro lado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre el 20 de agosto de 2015 y el 12 de marzo de 2017, se reportó un total de 47 casos de autopsias en los que se determinó como causa de muerte el uso indebido del plaguicida Paraquat.

En setiembre de 2017 el Ministerio de Salud puso en consulta pública en el Sistema de Control Previo una propuesta para que mediante decreto ejecutivo se prohíba a nivel nacional el agrotóxico 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilio, de nombre común Paraquat y sus sales. Extrañamente el 25 de octubre lo saca de consulta pública en esta misma plataforma.

Ante consultas de la Federación Ecologista y la Red de Coordinación en Biodiversdad sobre los criterios técnicos por los cuales se retiró de consulta el Director de Asuntos Jurídicos mencionó que fue por que “era necesario conversar sobre el tema con el ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía”. El pasado 20 de abril mediante el oficio DAJ-CB-727-2018 el Ministerio de Salud vuelve ponerlo en consulta pública.

Estos vaivenes son conocidos en América Latina, por ejemplo en Brasil en setiembre de 2017 se emitió la prohibición de este agrotóxico pero la empresa Syngenta está ejerciendo presión para que esta medida sea revertida (RapAL, 18-11-18). Es por esto que no nos extraña intereses ocultos estén presionando a Costa Rica para que no se prohíba el Paraquat, a pasar se sus consecuencias ambientales y sociales.

Por tanto, la Federación Para la Conservación de la Naturaleza y La Red de Coordinación en Biodiversidad solicitamos de forma pública la firma del Decreto de Prohibición del Paraquat contemplado en el oficio DAJ-SM-1464-2017 del Ministerio de Salud.

DAJ-SM-1464-2017_Decreto_Paraquat-sinDIQUA-_última_versión-1

 

Enviado por FECON.

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Veintidós desafíos ambientales para el nuevo gobierno

FECON-23 de abril 2018

El pasado 22 de abril, Día de la Tierra, ecologistas le entregaron al Presidente Electo, Carlos Alvarado Quesada, una carta con veintidós desafíos ambientales que tiene el país al inicio de su mandato. (Ver adjunto al final de este texto).

La Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) en el documento apunta que “nuestra iniciativa viene de la mano con la labor de fiscalización que siempre hemos hecho, y mantendremos, de la gestión gubernamental de cualquier partido político”.

Uno de los sustentos jurídicos que resalta esta agrupación para solicitar el dialogo directo con el presidente y su futuro gabinete es la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre «Medio Ambiente y Derechos Humanos» de Corte lnteramericana de Derechos Humanos -ClDH- que entre otros temas señala el deber del Estado de “garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, y- garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente”.

Entre los temas señalados en la carta destacan: fortalecer las Áreas Silvestres Protegidas; moratoria a la expansión del monocultivo de la piña; detener la minería ilegal en Crucitas; la prohibición de los agroquímicos Paraquat y el Glifosato; la promoción de una matriz energética amigable con el ambiente y la gente; descartar todos los proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas en particular el PH Diquis; el etiquetado Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en productos para consumo humano y animal; el fortalecimiento de la Secretaría Técnica Ambiental; la necesidad de una nueva ley de aguas bajo los principios de participación ciudadana, resguarde el Derecho Humano al Agua y de dominio público; que considere los ecosistemas como usuarios de agua y que lo proteja como un servicio público no privatizable; entre otros.

FECON es una federación de grupos ecologistas a nivel nacional, tiene una experiencia de trabajo y conocimiento del país, desde hace casi 30 años.

Información y contacto al teléfono: 8760 9800

 

FINAL Carta CAQ desafios ambientales FECON

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.i-ambiente.es

Enviado por Fecon, información e incidencia ecologista.

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Fecon: Candidatos presidenciales prometen represar más ríos

  • 14 de marzo Día Internacional Contra las Represas
  • Promesas de campaña ponen en riesgo ríos y cuencas del país

 

Datos del Informe del Estado del Ambiente presentado por el Ministerio de Ambiente y Energía revelan que la extracción de agua superficial para uso hidráulico ha crecido en los últimos 10 años 535% (MINAE, 2018). Eso quiere decir que captamos cinco veces más agua de los ríos para producción hidroeléctrica que en la década pasada de los ríos. Para el año 2015 se contabilizan 14.258.200 metros cúbicos captados, lo que representa el 88% del total de líquido sacado de los ríos es usado para producir electricidad. El otro 10% lo usamos para todo lo demás: consumo humano, agricultura, industria, turismo, comercio, entre otros.

Este crecimiento de la explotación de los ríos hace que comunidades de todo el país estén muy preocupadas porque ahora muchos afluentes ni siquiera llegan al mar en verano, o incluso vemos el Río Grande de Térraba se esté secando. Sólo en la Zona Sur se reportan más de 110 concesiones de agua para riego en las fincas de la compañía piñera PINDECO.

Pero además en la Federación Ecologista estamos sumamente preocupados por los compromisos que el Candidato del Partido Restauración Nacional ha asumido en los últimos días ante la Cámara de Industrias. Preocupa que en la campaña electoral, y propiamente en la segunda vuelta, se hable de aumentar el tope de cogeneración eléctrica privada del 15% actual hasta un 40% (Monumental, 5-3-2018). Es decir mayor cantidad de empresas privadas represarían más ríos según los planes del candidato fundamentalista-cristiano. Consideramos esta propuesta es una clara amenaza para la vida de los ríos de nuestro país y para la naturaleza en general.

Por otro lado, el candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, asume compromisos con una parte del sector empresarial que está empujando proyectos tan cuestionados como el acueducto Coco-Ocotal y el proyecto de Ley Expediente Nº 20465 Lomas de Barbudal, que pretende represar el Río Piedras y el uso de los ríos para las ganancias de unos pocos. Hablamos del nombramiento del señor Andre Garnier como futuro Ministro de Coordinación con el Sector Privado.

En este 14 de marzo se conmemora el Día Internacional en Defensa de los Ríos y Contra las Represas y hacemos un llamado a la opinión pública par que demos un debate en torno a nuestro recurso hídrico de forma responsable e informada, ya que, en general, un tema tan transcendental como lo es el ambiental ha estado desdibujado y ausente en esta campaña.

Al mismo tiempo celebramos la valiente lucha de todas las comunidades en defensa de sus ríos, en particular la lucha por la defensa del Río San Rafael, donde la comunidad se enfrentó a la mega empresa H. Solís S.A. que pretendía represar dicho río y reducir su caudal a un 5%.

Las comunidades aledañas a este río y el Movimiento Ríos Vivos han resistido y evitado hasta el momento que el gobierno emita decreto de conveniencia nacional que requiere dicho proyecto. Han apelado además la Viabilidad Ambiental en SETENA,y la autorización que emitió la ARESEP, y la legalidad de los usos de suelo de la Municipalidad de Peréz Zeledón.

En este día saludamos a los pueblos libres que defienden sus ríos. ¡Ríos para la vida, no para la muerte!

Federación para la Conservación de la Naturaleza. FECON-14 de marzo 2017.

 

Enviado por Henry Picado.

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Ampliación de la Ruta 32: Presidente Solís inaugurará deforestación, vida silvestre en peligro

  • FECON-27 de febrero 2018

 

El próximo 5 de marzo Luis Guillermo Solís Rivera inaugurará una deforestación de 157Ha sobre la cual se construirá la ampliación de la Ruta 32 (Nación, 24-2-2018). Nuestra sorpresa es que ningún mandatario costarricense se ha propuesto inaugurar una tala; es como inaugurar la contaminación de un río o de una mina a cielo abierto. Lamentablemente no se dice que este tipo de megaproyectos como una autopista impacta 30 veces más área que la propia carretera. En materia ambiental estamos hablando de una carretera que compromete el recurso hídrico, la vida silvestre y la vida de las comunidades aledañas.

La ampliación de la carretera tendrá una magnitud de 107 km de largo, cuatro carriles, 36 puentes, 23 puentes peatonales, 176 bahías para autobuses, 26.160 metros lineales de ciclovía y drenajes (CONAVI, sin fecha). Este proyecto, financiado, diseñado y gestionado por la República Popular de China (FECON, 17-2-2015), tendrá un costo estimado de 450 millones de dólares; poco más de dos millones de colones cada metro lineal de carretera. En la Federación Ecologista nos preguntamos: ¿Una autopista de esas características es necesaria para el país? ¿Existen otras alternativas a este proyecto caro, destructor, contaminante y desactualizado? ¿Qué experiencia previa nos puede revelar qué pasará con este megaproyecto?

Es preciso decir que la densidad geográfica de la red vial en Costa Rica es entre cuatro y seis veces superior a la de México y a la del resto de Centroamérica respectivamente (XII Informe Estado de la Nación). El Estado de la Región del 2013 reporta a Costa Rica como el país de Centroamérica con la red vial más extensa y de mayor densidad: Existen 0.78 km de carreteras y caminos por cada km cuadrado de territorio Estado de la Región (2013).

En FECON queremos refrescar la memoria sobre la construcción de autopistas. La ampliación de la carretera Cañas-Liberia es una experiencia previa de ampliación de vías nacionales por presiones de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, también llamado Proyecto Mesoamérica (TicoTimes, 2014), una obra que significó la ampliación a lo largo de 50Km y que ha dejado varias enseñanzas sobre todo en términos de impacto sobre la vida de las comunidades aledañas y la vida silvestre cercana.

Hablamos de cientos de pequeños negocios a la orilla de la carretera, que quebraron al hacerse casi inaccesibles en una vía donde los autos van a velocidades extremadamente altas como para poder frenar; de casas invadidas por el ruido y el polvo; y de niños/as que no pueden salir ni al frente de su casa, entre otros impactos sociales. Una encuesta realizada después de la construcción de la autopista Cañas-Liberia reporta que el 60% de los vecinos de la carretera califica a esta autopista como innecesaria y que no trajo ningún aspecto positivo a sus vidas (Pomareda, 2014).

En cuanto a vida silvestre se refiere, en la vía Cañas-Liberia se constaran animales atropellados a pesar de los “pasos de fauna”. Se reportan al menos cinco individuos atropellados por kilómetro lineal y para el año 2014 un promedio de más de dos manigordos murieron por mes, atropellados en carreteras del país. En un periodo de cinco meses se reportaron 455 animales atropellados, de 45 especies distintas sólo en dicha autopista. (Pomareda, 2014).

Propiamente sobre la ampliación de la Ruta 32, la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas le ha exigido a Costa Rica adecuarse a sus estándares incluidos en el “Proyecto Mesoamérica” (CONAVI 2012). Es decir, los mismos con los que se construyó la vía Cañas-Liberia, con la particularidad de que la Ruta 32 es la que reporta más atropellos de animales (Panthera, 2015). Entre marzo y octubre de 2014, se registraron 1.028 atropellos en 94,9 kilómetros (km). Es decir, en promedio, en la ruta 32 hubo 10 incidentes con animales silvestres por cada kilómetro, entre el cruce hacia Río Frío y Moín (Nación, 2015).

La ampliación de la Ruta 32 creará una megacarretera que pasará muy cerca de ocho Áreas Silvestres Protegidas, las cuales incluyen dos Parques Nacionales (Braulio Carrillo y Barbilla) y dos Reservas Forestales (Cordillera Volcánica Central y Río Pacuare). Además, pasaría muy cerca de la importante Zona Protectora Cuenca del Río Siquirres y de los Acuíferos Guácimo y Pococí. Se verán afectadas también las Reservas Forestales cercanas, como Río Dantas, Limoncito (mixto), del Tigre y Escalera de Mono (Artavia, 2015).

Quizás lo más preocupante para la vida silvestre es que la ampliación de la Ruta 32 atravesará tres corredores biológicos (Cordillera a Cordillera; Guácimo; Zona de Protección Guácimo y Pococí). y corta cinco rutas de conectividad propuestas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras cinco que pasan muy cerca de la Ruta 32 (Artavia, 2015). Es importante mencionar que un tramo de esta carretera atraviesa una de las “Unidades de Conservación del Jaguar”, identificadas por la organización Panthera (2010), la cual es vital para lograr la conectividad de la “Iniciativa del Corredor del Jaguar” dentro del país y con Nicaragua y Panamá.

Desde la Federación para la Conservación de la Naturaleza hemos manifestado desde el inicio nuestra oposición a este proyecto por considerarlo un riesgo para la naturaleza, las poblaciones aledañas y las finanzas públicas. Se ha demostrado que este proyecto viola el principio precautorio bajo el cual se rige nuestro ordenamiento legal ambiental. Sumado a esto hemos demostrado el riesgo a los acuíferos comunitarios más importantes del Caribe (FECON, 17-2-2015) y que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra se ha realizado de forma apresurada y con deficiencias (FECON, 14-10-16). Este es un proyecto que no beneficia a la población costarricense, sino que empeorará la crisis fiscal y amenazará la vida silvestre de la zona del Caribe.

Una solución al transporte de carga eficiente, ambientalmente viable y que respondería a la necesidad del país para descongestionar las calles es un tren eléctrico de carga (FECON, 17-2-2015).

 

Henry Picado Cerdas

Presidente

Federación Para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Teléfono: 87609800

 

Bibliografía:

Artavia, 2015. Identificación y caracterización de cruces de fauna silvestre en la sección de la ampliación de la carretera nacional Ruta 32, Limón, Costa Rica. CATIE http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/handle/11554/7083

Panthera. 2010. Iniciativa del Corredor del Jaguar: Creando un paso seguro para los jaguares en el presente y hacia el futuro. Nueva York, Estados Unidos.

Panthera, 2015. Programa de Monitoreo de Mamieros Medianos y Grandes en el Subsector Barbilla-Destierrro / Paso del Jaguar. http://pantheracostarica.org/wp-content/uploads/docs/Panthera_Actividad_1_ProgramaMonitoreo_Informe_4FINALv1_CR-T1086.pdf

Nación, 2015. 1.000 animales murieron en ruta a Limón el año pasado. https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/1-000-animales-murieron-en-ruta-a-limon-el-ano-pasado/4MVJSZBC4BCOHHW6AEOFDO7PXU/story/

Areválo, E. Pomareda, E. (2014) Impacto de la Carretera Interamericana Norte: resultados preliminares-

https://es.slideshare.net/ViasVidaSilvestre/impacto-de-la-carretera-interamericana-norte-resultados-preliminares-esmeralda-arevalo

Pomareda, F. (2014) Guanacaste: ¿Para quién el verdadero beneficio de la ampliación de la carretera? http://fpomareda.blogspot.com/2014/07/guanacaste-para-quien-el-verdadero.html?m=1

Estado de la Nación (2016) Principales hallazgos del capítulo “Hacia una red vial moderna y eficiente. opciones y desafíos prácticos”

https://www.estadonacion.or.cr/files/prensa/informe-XII/cap6_especial_12.pdf

CONAVI. Alcance De Las Obras Incluidas En El Proyecto De La Ruta 32, Cruce Ruta 4 -LIMÓN http://www.conavi.go.cr/wps/wcm/connect/543e445f-7471-4940-91da-25f2700e1a2d/Alcance+del+Proyecto+R4-Lim%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES

 

*Imagen tomada de www.feconcr.org

Enviado por FECON.

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Costa Rica importó más de 31 millones de kilogramos de residuos peligrosos durante el 2017

Durante el año 2017 empresas costarricenses importaron 31.971.645 Kg de residuos peligrosos (Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos – SIGREP, 2017) incumpliendo no sólo la Ley 8839 “Ley Para la Gestión Integral de Residuos”, sino también el convenio de Basilea. Entre los residuos peligrosos se encuentran aceites lubricantes usados, baterías de plomo ácido, material textil con impurezas nocivas, lodos de tratamientos de aguas residuales industriales, y aceites combustibles contaminados, que implicarían riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de los ecosistemas.

La Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) denuncia que el Ministerio de Salud busca ahora modificar el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos (Decreto 37788-S-MINAE), y legalizar así la importación de estos residuos altamente peligrosos. Sin embargo, el Ministerio de Salud permite de forma ilegal la importación de residuos peligrosos desde 2012.

Mediante la promulgación de la Ley 8839, en 2010 se deroga el artículo 70 de la Ley Orgánica del Ambiente, que indicaba que la única excepción para importación de residuos eran aquellos para valorización. Es decir, a partir de ese momento Costa Rica se volvió destino de residuos, convirtiéndose en importador de basura.

La FECON y Hacia Basura Cero estudió el borrador del “Reglamento para la clasificación y el manejo de residuos peligrosos”, y la derogatoria del actual Decreto Ejecutivo N° 37788-S-MINAE del 15 de febrero del 2013 “Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos”, publicado en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Dicho decreto se encuentra en consulta pública hasta el 21 de febrero de 2018.p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Liberation Serif», «Times New Roman», serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Noto Sans CJK SC Regular»; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans»; font-size: 12pt; }a:link { }

La modificación que busca hacer el Ministerio de Salud implicaría cambiar la aplicación de la la Ley 8839 y posiblemente incumplir el Convenio de Basilea, tanto por el contenido, como por la falta de participación ciudadana. Dicho Convenio, suscrito por el Estado de Costa Rica mediante decreto ejecutivo N° 23927 del 13 de diciembre de 1994, señala que “todo Estado tiene el derecho soberano de prohibir la entrada o la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos en su territorio».

El Ministerio de Salud argumenta que el cambio es necesario para adecuarse a exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El Ministerio señala que las definiciones que se pretenden cambiar no son conformes con los procedimientos establecidos en el Convenio de Basilea (Sobre Control Fronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación) y que ahora es necesario modificarlas para adecuarlas a las exigencias de la OCDE en su documento del 2001. Esto demandaría que la Asamblea Legislativa haga un análisis a fondo del Convenio de Basilea y del documento Decisión C (2001)107 de la OCDE.

En su artículo 34 la Ley 8839 (del 16 de noviembre de 2011) prohíbe la importación de residuos peligrosos. La propuesta del Ministerio de Salud está ignorando está prohibición y el decreto (siendo un instrumento de menor rango jurídico) no puede contradecir la Ley 8839 ni al derecho soberano dado en el convenio de Basilea de prohibir la entrada o eliminación de desechos peligrosos.

Además, la Procuraduría General de la República (OJ-082-2011 del 16 de noviembre del 2011) se ha pronunciado sobre la modificación al artículo 35 de la Ley 8839, con la cual se pretendía incluir la autorización de “la importación de residuos de manejo especial”; ya que actualmente dicho artículo sólo permite importar residuos ordinarios.

La Procuraduría fue clara en señalar que: “la iniciativa de ley conllevaría una aparente contradicción interna, cual es permitir la importación de residuos de manejo especial, que por definición implican “riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la calidad del ecosistema (Art. 6 de la Ley 8839) siempre y cuando se determine que no ponen en peligro la salud y el ambiente (Art. 35 de la misma ley).

En el decreto propuesto y que se encuentra en consulta pública hasta el 21 de febrero de 2018, Ministerio de Salud elimina del artículo 14 la prohibición de la importación de residuos peligrosos en el territorio nacional. Esto lo hace pasándole por encima a la Ley 8839 (acto ilegal) con la justificación de que el Convenio de Basilea es superior a la ley nacional (interpretación errada del convenio).

Desde la federación de organizaciones ecologistas pensamos urgente prohibir nuevamente la importación la importación de residuos peligrosos al país.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Información enviada por Henry Picado Cerdas.

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Incineración de bromacil: peor la cura que la enfermedad

La propuesta del gobierno de incinerar el cargamento de 4200 Kg de bromacil- ilegalmente importado por la empresa Agricenter S.A.– causa más preocupación debido a la temeraria idea de incinerarlo como si fuera mariguana.

La quema de más de 4 toneladas de este herbicida a base de bromo provocaría la liberación al ambiente de cantidades aún no conocidas de compuestos orgánicos persistentes(COPs). Contaminantes caracterizados por ser muy difíciles de eliminar o degradar. Esta acción irresponsable causaría un daño irreparable por ser particular catalogadas como persistentes.

Los COPs son sustancias conocidas por ser altamente bioacumulables que se alojan en los tejidos grasos de los seres vivos pudiendo acumularse con forme se asciende en la cadena trófica. Son altamente tóxicos y tienen capacidad para extenderse a largas distancias por medio de la atmósfera. Sumado a esto, se violaría el Convenio de Estocolmo, firmado por Costa Rica, el cual regula la liberación de este tipo de sustancias.

Según expertos el movimiento Hacia Basura Cero la incineración de bromacil podría causar la parecencia de dibenzo p-dioxinas polibromadas (PBDDs según las siglas en inglés) y los dibenzofuranos (PBDFs según las siglas en inglés), sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo los cuales de ser liberados al ambiente serían altamente peligrosos para la población.

Ante este inminente riesgo para la Federación Ecologista es importante conocer:

  • Sistemas de control de emisiones atmosféricas (ciclones, precipitaderos electrostáticos, quemadores de gases, sistemas de captura de sustancias, lavadores);
  • Prueba de quemado. Es importante que se indique que laboratorio existe acreditado en el país para la realización de una prueba de quemado de un Plaguicida Altamente Peligrosocomo el bromacil;
  • Tipo de acta de incineración que será utilizada y mecanismo de distribución de la misma a las partes interesadas, incluyendo a FECON y vecinos de la planta de incineración;

Las declaraciones de Felipe Arauz Ministro de Agricultura y Ganadería y de Servicio Fitosanitario del Estado de incinerar las 4.200kg de Bromacil y su sal de litio no sólo es temeraria sino irresponsable sin dar a conocer las medidas técnicas bajo la cual se hará dicha eliminación de los plaguicidas.

Ver adjunto para más información.

 

Información:

Fabian Pacheco: 8826 2270

Henry Picado: 87609800

 

Enviado por FECON.

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Ecologistas denuncian importación de agroquímico prohibido

Mediante una carta pública la Federación Ecologista le pide al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís; al Ministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz y a Marco Vinicio Jiménez del Servicio Fitosanitario del Estado explicaciones sobre la importación ilegal del herbicida Bromacil. Agroquímico prohibido por el decreto número 40423-MAG-MINAE-S del 5 de junio de 2017.

Los ecologistas presentaron copia del oficio AE-011-2018 del Departamento de Agroquímico y Equipos del SFE donde certifica la autorización de importación de 4200 kg de Bromacil y su sal de litio bajo el nombre de BROMATEL80W el día 13 de noviembre del 2017 realizado por la empresa AGRICENTER SA (3-101-301429) desde China.

Ante esto Fabián Pacheco alegó: “¿Qué está pasando en el MAG y el en SFE? ¿Cómo es posible que desde lo interno del Ministerio de Agricultura se desacate un decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe la entrada de Bromacil a Costa Rica?”

Según la carta de la Federación Ecologista “… la compañía importadora del agrotóxico Agriceter S.A. hicieron lo que les dio la gana con el apoyo de funcionarios públicos a pesar de que el decreto dice claramente que a partir de la fecha de su publicación queda prohibida la importación de Bromacil. Desde la Federación Ecologista queremos saber ¿quiénes se benefician directamente del desacato de este Decreto Ejecutivo? Poniendo en riesgo la salud de comunidades enteras tal y como ha demostrado en los últimos análisis del donde se demuestra que acueductos en Pital de San Carlos siguen saliendo con presencia de Bromacil en el agua. Según explica Fernando Ramírez del IRET de la UNA la cantidad de Bromacil importado en desacato al decreto señalado alcanza para aplicar más de 1000 hectáreas de cultivo”.

Henry Picado de la Fecon afirmó que: “la Federación Ecologista exigimos se investigue a lo interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se lleven los procesos disciplinarios respectivos. Un decreto del Ejecutivo no se interpreta para ver si se cumple o no, Un decreto del Poder Ejecutivo se acata y punto”.

FABIAN PACHECO FEDERACION ECOLOGISTA

prohibicion bromacil

 

Información:

Fabián Pacheco, Teléfono: 88262270

Henry Picado, Teléfono 87609800

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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Ecologistas realizan asamblea anual en medio de campaña de odio

Este sábado miles de eco-terrorista costarricenses clasificaron su basura, pero no sólo eso, una peligrosa señora denunció una tala ilegal cerca de su casa; también se reportan sospechosas brigadas reforestadoras por todo el país; además unos cuanto violentos que decidieron dejar de usar plástico en sus compras e incluso algunos periódicos locales denunciaron que varias eco-terroristas recogieron animales silvestres atropellados para curarlos.

Por su lado político adscritos a varios partidos aseguran que -de quedar electos presidentes- pondrán al servicio de las cámaras empresariales cientos de topadoras para arrancar bosque enteros; para luego rociar con miles de fumigadoras millones de litros de poderosos herbicidas. Esto con el propósito de poner fin a las acciones de peligrosos eco-terroristas que han protegido el bosque tropical. Incluso uno de los candidatos mencionó, en una de sus conferencias de prensa, que buscará instaurar un Estado confesional petrolero el cual funcionará con el carbón natural que se pueda sacar de cerro Chirripó, la Barra del Colorado y la Península de Osa.

Lejos de ser una fábula, la contienda política nos ha dado la sorpresa de abandonar debates urgentes para dar paso en varios momentos a transformarse en campaña de odio contra quienes se dedican a cuidar el ambiente. Paradójicamente asistimos a denuncias tan graves como es que 5000 personas vieron contaminada su agua con el herbicida bromacil en Veracruz y Pital de San Carlos. Al mismo tiempo candidatos a la presidencia no entienden en absoluto la protección de la naturaleza y lo que ha significado en este país las luchas ecologistas.

En medio de ese clima de odio hoy 20 de enero la Federación Ecologista (FECON) celebró su asamblea anual. Representantes de 15 organizaciones formales en representación de sus movimientos sociales y muchos más grupos organizados en comunidades de todas las regiones del país, se reunieron en San José para definir agendas de articulación ante las innumerables agresiones que enfrentan las comunidades y la naturaleza, debido a prácticas irresponsables de crecimiento económico.

Para Juan Ariaga de la Cooperativa Sol de Vida -organización dedicada a la energía solar- mencionó que “esta campaña de odio es preocupante y que tenemos que visibilizar la gente que recicla, que reforesta, que cuida la semilla. Ampliar el concepto de ecologistas. Destacar que los ecologista no somos grupos de chancletudos”.

Para la Asociación de Mujeres de África de Guácimo de Limón, doña Clemencia… “En un país de ecologistas, somos nosotras las que enfrentamos la destrucción trabajando con lo que tenemos. Tenemos fincas educativas, hacemos reforestaciones, charlas en colegios, denuncias legales… trabajamos sin un cinco y los hacemos porque somos ecologistas”.

Desde la FECON reivindicamos el sentirse ecologista y rechazamos el discurso de odio infundado desde la ignorancia y la mala fe. Hacemos un llamado a ser vigilantes. Las personas que defendemos la naturaleza debemos denunciar cualquier acción de violencia contra nuestras organizaciones o integrantes de los mismos.

Sábado, 20 de enero 2018. San José, Costa Rica.

 

Información: Henry Picado Cerdas, teléfono 8760 9800

 

Enviado por FECON.

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