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Etiqueta: FECON

Gobierno excluye a FECON de Comisión de SETENA

Un nuevo decreto (DecretoN°40505), sin ninguna consulta, cambia la representación que ostentaba formalmente FECON al seno de una Comisión Adscrita al MINAE constituida para fortalecer el rol de SETENA, señalando ahora que los grupos ambientales serán representados por una “ONG” estableciendo una especie de “representación genérica”.

Nos referimos a la Comisión Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta que fue conformada en 2005 (N° 32631-MINAE) para “dar apoyo a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental mediante en el desarrollo y modernización de los instrumentos técnicos y procedimientos del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del país” (art. 1). Esta Comisión Mixta, estaba formada por instituciones del Estado, ONG, colegios profesionales, consultores, cámaras del sector productivo y FECON como entes de la sociedad vinculados a la gestión de la SETENA.

El nuevo decreto que ha expulsado a FECON en dicha comisión nos obliga a señalar que:

  • Es evidente en este caso que el gobierno no soporta la crítica y prefiere atraer a organizaciones más favorable a sus intenciones y, tal como cualquiera de los anteriores gobiernos se cobra la beligerancia con que hemos actuado exigiendo el cumplimiento de su propio instrumento de campaña, el Pacto Ambiental, en temas como incineración, expansión piñera, agroquímicos, semillas y transgénicos.
  • Significa otro grave retroceso y es lamentable que suceda después de insistir tanto que reactivar dicha comisión de SETENA para sacarla del destino de inoperancia e irregularidades que empuja a posiciones extremas sentenciado candidatos en el actual proceso electoral, máxime cuando es claro que lo único que ha hecho este gobierno en SETENA, es equivocarse.
  • Sorprende que sobreviviéramos a los tres gobiernos anteriores del “bipartidismo” donde era evidente un mayor malestar por nuestra presencia y logramos permanecer a pesar de varios cambios en la conformación de dicha Comisión. Es sintomático que sea en este gobierno de “Acción Ciudadana” y con un Pacto Ambiental firmado en campaña, que se actúe con este revanchismo, inmadurez y mediocridad política y decida hacer “al menos algo” a escasos meses de terminar la administración.
  • La gramática utilizada en el nuevo decreto demuestra un retroceso en la comprensión de los sanos intereses estatales que refrendan a la participación pública, señalando más las mismas debilidades de la participación que las fortalezas de una gobernanza democrática de los bienes comunes. La gramática utilizada no sólo significa un retroceso en la comprensión de la participación en materia ambiental a inicios de la década de los 90 del siglo anterior, sino que aleja al menos una década más el cumplimiento del Principio 10 de la Cumbre de la Tierra.
  • Si bien comprendemos que tan biodiversa es Costa Rica como diverso es su movimiento socioambiental y a eso debe la riqueza de sus conquistas, sería muy simplista, erróneo y peligroso afirmar que una sola organización o red representa su totalidad. Sin embargo, la FECON tiene 28 años de trabajo. Los logros de sus organizaciones hablan por sí solos. Representamos una fracción institucionalizada del movimiento ambiental y tiene un carácter consultivo para instancias de Estado y representación por ley en la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad y en la Comisión Técnica Nacional Asesora en Bioseguridad.

Antecedentes

A pesar de que la Comisión es de tipo consultivo y por tanto sus decisiones no tienen carácter vinculante, esta fue “congelada” en el gobierno de Arias (2006-2010) pero si sesionó en el mandato de Laura Chichilla, cuando se reactivó gracias al acuerdo 149 -2012- MINAET-Presidencia donde se nombró los representantes de todos los sectores. Para ese momento por la FECON fue ratificado como propietario el Dr. Jorge Lobo y como suplente la Lic. Heidy Murillo. En ambos gobiernos, sin embargo, se prefirió mantener una intervención política sobre SETENA que engrosó el cúmulo de fracasos e irregularidades y nunca lograron las ofertas electorales de la reforma estructural necesaria para que esta institución sea funcional y cumpla su mandato.

Entre la lista de irregularidades están:

  1. Caso Crucitas: el complaciente y cuestionado trámite ambiental que realizó la SETENA donde esperan un nuevo juicio el exministro Roberto Dobles y varios funcionarios de la Secretaría;
  2. La Marina Moín donde se otorgó una viabilidad ambiental que afectaba un humedal (FECON, 03-9-2013).
  3. El caso de la fallida refinería: la revisión realizada en el trámite de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que llevó a cabo la SETENA para este proyecto pone en clara evidencia que esta Secretaría no ha actuado con objetividad y total neutralidad científica y técnica. Estos casos fueron llevados al ministerio público.
  4. Otras irregularidades se presentaron en el caso de torres y antenas de telefonía celular, así como el caso de P.H. Diquís, la evidente pérdida de autonomía técnica, las anomalías en trámites de diversos EIA de proyectos, la no reglamentación de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas (ver completa las denuncias en http://feconcr.org/doc/setena/reformarSETENA.pdf).

Ante ese panorama y atendiendo los compromisos de campaña del Pacto Ambiental del PAC, de Luis Guillermo Solís y de su Ministro, a tan solo cuatro días de ingresar la actual administración se lanzó un pronunciamiento de más de 20 organizaciones solicitando como “primer reto ambiental del Gobierno: reformar la SETENA”. La respuesta del gobierno fue un diálogo y nombrar transitoriamente a Mario Céspedes Pereira como Directo quien a la postre, se vio envuelto en una serie de denuncias por irregularidades (Telenoticias, 24-07-2017, Telenoticias, 25-07-2017 y Telenoticias 26-07-2017) y “salió directo” para el MOPT. La verdadera respuesta fue tirar la pelota para adelante.

Nuestro pedido mencionado a la administración Solís fue la renovación -por completo y de forma urgente- de la Comisión Plenaria de la SETENA, el cambio de Secretario General y la renovación completa de la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos. Al mismo tiempo, que se acelerara ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley para despolitizar esta Secretaría y darle autonomía técnica y financiera. Finalmente, los ecologistas demandamos, en aquel momento, que realicen investigaciones profundas por medio de auditorías externas para que se sienten responsabilidades y las sanciones correspondientes tras los casos denunciados, que demuestran una mala gestión dentro de esta institución (ver solicitud completa).

También solicitamos una reactivación de la Comisión Mixta de apoyo a SETENA, tal como lo planteaba el fracasado Pacto Ambiental, sin embargo el gobierno fijó su ruta en megaproyectos heredados de infraestructura enrumbándose hacia donde ya no cabe duda que llegamos: un des-gobierno en materia ambiental que maquilló pero continúa la agenda que venía de administraciones anteriores (FECON,03-05-2015). Para esto aprovechó y profundizó los procesos de desregulación ambiental y de inoperancia de SETENA, tratándolos de disfrazar como acciones participativas entre empresarios y burócratas (FECON, 26-2-2015).

Hemos solicitado en los últimos tres gobiernos la reactivación de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA y que sea en el seno de esta instancia, que se discuta la problemática actual, posibles soluciones o bien como mínimo se fijen las bases del diálogo y que no sea decidido unilateralmente por SETENA, tal como finalmente lo hizo el actual gobierno.

Ante la renuncia de Freddy Bolaños Céspedes a la Secretaria de SETENA en 2015 solicitamos nuevamente que se convocara a la Comisión Mixta para reformar la institución y que toda la Comisión Plenaria renuncie, fuimos críticos del ex secretario Bolaños (que sustituyó a Mario Céspedes) pues su única labor se limitó en aprobar proyectos polémicos como el Muelle de APM terminal, Ruta 257, Tajo Asunción y flexibilizar aún más los procedimientos para facilitarles a los desarrolladores sus proyectos en detrimento del ambiente y las comunidades. Además, señalamos en el comunicado que “Con el nuevo gobierno en SETENA no hubo ni asomo del “cambio” prometido frente a los poderosos intereses políticos y económicos que han intervenido, de manera permanente tanto en los anteriores como en el presente gobierno”(FECON, 10-9-2015).

Informes: Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Enviado por FECON.

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Proyecto de ley rompería y distorsiona el modelo de servicio público del agua

  • Proyecto convertiría acueductos comunitarios en entes privados
  • A pesar de la oposición de AYA,MINAE, UCR, ITEC, FECON y decenas de ASADAS

Este jueves pasado se dictamino el proyecto de “Autorización a las Cooperativas para Administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados” (expediente 19.941) con el cual abre el portillo para transformar asociaciones sin fines de lucro conocidas como ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados) en entes de carácter privado como lo son las cooperativas alejando la gestión comunitaria y participativa del agua como un derecho humano y de bien público.

Aunque el proyecto modificó la preocupación de la privatización que reclamaron muchos sectores- al señalar que se reinvertirían los dividendos de la prestación del servicio- el proyecto implica una distorsión o desigual competencia pues las cooperativas tienen mayores beneficios fiscales que AyA y las mismas ASADAS. Esto pues la ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179, en su artículo 6 les otorga privilegios como: exención del pago del impuesto territorial por 10 años, exención de todo impuesto o tasa, nacional o municipal, sobre los actos de formación, rebaja del cincuenta por ciento en los impuestos de papel sellado y Exención del pago de los impuestos de aduanas sobre las herramientas, materias primas, vehículos automotores de trabajo, maquinaria, piezas de repuesto, equipo y enseres de trabajo, medicinas, herbicidas, fertilizantes, sacos y cualesquiera otros medios de empaque, simientes, animales y cualesquiera otros artículos que importen para las actividades que les sean propias.

El artículo 21 proyecto dictaminado abre el portillo para que las ASADAS se transformen en cooperativas por lo que es previsible que se dé una migración total a esta figura más permeable a los intereses privados y comerciales que las ASADAS. Al mismo tiempo se crearía un súper sector con mayor poder y privilegios fiscales que el AyA.

Sería un “botín político” potencial de 1500 nuevas cooperativas, tres veces la cantidad de cooperativas existentes del país, que se sumarian a la guerra entre los sectores del PLN y el oficialismo que disputa el control del sector cooperativo y sus jugosos préstamos, dietas y puestos directivos.

Este proyecto fue sacado de la Comisión de Ambiente al recibir decenas de criterios en contra de ASADAS y fue dictaminado este jueves pasado por la Comisión de Economía Social donde se reformó parcialmente, pero sigue siendo rechazado operador el AYA y el rector MINAE, UCR, ASADAS, Universidades, sindicados y FECON.

Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS). Las ASADAS son asociaciones comunales que están al servicio de la comunidad, prestan un servicio al costo, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Funcionan con convenios de delegación con el operador o en coordinación y fiscalización del AYA. En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas.

Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper el modelo de prestación del servicio al sumar “un” nuevo operador, que provocaría multiplicidad de distorsiones y competencia desigual.

La experiencia de las cooperativas en la administración de un servicio público como electricidad está pringada de malos manejos sobre créditos para hidroeléctricas y por la pésima gestión socio ambiental de los proyectos hidroeléctricos en la zona norte.

Involucrar a las cooperativas transforma al agua -nuestro bien común más estratégico- en un mundo de negocios. Es poner en manos de empresas disfrazadas con trajes de la economía social solidaria, pero con un funcionamiento como cualquier otra empresa privada, nuestro bien más preciado.

El sector cooperativo hoy explota intensivamente el agua mediante las cooperativas agrícolas y las de producción eléctrica abriéndolos la posibilidad de controlar y definir este nuevo uso en función de otros donde funcionan claramente cómo empresas. Como apunto el Instituto Tecnológico de Costa Rica que después de una análisis del marco jurídico actual concluye que “El agua como recurso estaría en mayor disputa, dado la escasez que se puede presentar por el cambio climático” (ITEC, Sesión Ordinaria No. 2916).

También la de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, calificó la propuesta como una “loca” iniciativa pues considera que “la provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental…Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental” (Prensa Libre, 09 -6-2015).

FECON alerta a la ciudadanía sobre las consecuencias de perder el modelo de gestión comunitaria y los avances en políticas, reglamentos y mejoramiento de este importante sector que presta hoy el servicio público con una óptica participativa y democrática y por ello llamamos a los Diputados de la República a archivar esa iniciativa.

defensa agua

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.avina.net

Enviado a SURCOS por FECON.

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Los Chiles a la calle contra expansión de la piña

  • Según una investigación de la UCR la expansión se disparó con nuevas 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA

 

La Asociación Cívica de Los Chiles, pequeños ganaderos, maestros y otras organizaciones sociales del cantón convocaron a una manifestación el pasado martes 2 de mayo a las 7 a.m.

En julio del año pasado la Municipalidad de Los Chiles acodó una moratoria a expansión piñera ante la evidencia de impactos ambientales y sobre la salud humana. La moratoria contemplaba el cese por cinco años el otorgamiento de permisos, sin embargo, meses después La Sala Constitucional anuló esta moratoria piñera en Los Chiles lo cual es motivo de conflictos.

Según el Informe del Estado de la Nación 2012 los cultivos de piña “causan problemas directos por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”. En el caso de los Chiles este ha sido una de las razones de mayor conflicto con los pequeños ganaderos y el sector piñero.

La piña ya es el principal cultivo del cantón según la comparación de datos del Censo Nacional Agropecuario 1984 y 2014, pasó de sembrar yuca, frijol y maíz sobre todo por pequeños o mediados propietarios a convertirse en extensas fincas de piña en manos de grandes empresas. En 2014 el censo registró unas 3000 hectáreas de piña en los Chiles, pero esos datos han sido cuestionados tanto por una investigación de la UCR (Valverde et al., 2016) y por un reciente estudio del PNUD (MOCUPP, 2016).

La investigación de la UCR incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte (Valverde et al., 2016 Estado de la Nación N° 22) que evidenció la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Contacto en los Chiles: Freddy Arias 8492 3310

Los Chiles a la calle contra expansion de la pina

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Pérez Zeledón: primer cantón libre de herbicidas en áreas públicas y de interés en agroecología

Perez Zeledon primer canton libre de herbicidas4

El jueves 6 de abril, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón fue colmado por activistas de diversos movimientos como el agroecológico, cultural, ecologista y comunitario para solicitar que se diera un paso a favor de la agroecología y mejorar la salud ambiental del cantón. El objetivo fue logrado por medio de una Declaratoria Municipal que fue acordada ese mismo día en medio de auditorio lleno que celebró la decisión.

A partir de este acuerdo los sitios públicos que administra la Municipalidad de Pérez Zeledón, dejarán de usar herbicidas tan peligrosos como el glifosato que según estudios realizados desde el año 2000 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, dependiente de la OMS) tiene pruebas para que sea ingresado a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC).

Según la IARC puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin) además de daños en el ADN y en los cromosomas de las células humanas.

La intención de la declaratoria en Pérez Zeledón es que todas las personas puedan disfrutar de espacios públicos sin temor de ser expuestos a estos dañinos productos en parques, jardines, aceras, linderos, cementerios y otros sitios de administración municipal.

Roció Leitón de Huertos Escolares dijo «queremos que se declare el cantón libre de agroquímicos y fomentar todo lo que la agricultura orgánica desde nuestras casas, fincas, escuelas del municipio y todo el país».

Perez Zeledon primer canton libre de herbicidas
Foto del Concejo Municipal de Pérez Zeledón este jueves 6 de abril que fue colmado por activistas de diversos movimientos para solicitar que se diera un paso a favor de la agroecología y mejorar la salud ambiental del cantón.

Mientras Walter Elizondo de Coopeassa R.L. asegura que tienen “un área total de 700 Ha entre café, banano, piña, cítrica, tubérculos… recordemos que nuestros abuelos practicaban esta agricultura con poco impacto, la gente tiene que conocer que es una agricultura, sana, rentable y estable en sus precios estas razones” asegura que “es importante dar este importante paso para declarar el cantón agroecológico.”

A partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo, el Gobierno Local se compromete a promover e incentivar las formas de producción sostenibles y libres del uso de agrotóxicos. Además, el Gobierno Municipal, exhorta al Gobierno Central a desincentivar el uso de estos químicos para la agricultura.

Esta declaratoria Municipal tienes sustento en la Constitución Política, Código Municipal, Ley General de la Administración Pública, Convención de Río y Ley Orgánica del Ambiente, entre otras normas.

El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas como la Red de Coordinación en Biodiversidad que en diciembre pasado solicitó la medida a la UCR, también FECON, Bloqueverde y a nivel local de organizaciones campesinas como ASORGANICOS, COOPEASA, Asociación Montaña Verde, Vida Auténtica, PROBIOTI, Coalición Nacional contra la fumigación, productores y habitantes de Tinamastes.

Informes: Fabián Pacheco Agrobiólogo Ambiental y Ecologista, 88262270 o Mauricio Alvarez, presidente FECON, 88709165.

El país ha triplicado la compra de herbicidas en sólo hace 10 años. Datos del PROCOMER nos muestra la urgencia de adoptar medidas sobre el uso irresponsable de agrotóxicos en Costa Rica. (ver gráficos seguidos).

Perez Zeledon primer canton libre de herbicidas3

Enviado a SURCOS por FECON.

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Decreto de agrovenenos: Organismo Técnico advierte falta de consulta y posibles ilegalidades

  • Irregularidades están en estudio en la Sala Constitucional

 

No acaba la polémica con el paquete de decretos aprobados a inicio de año favor del sector de agrotóxicos por las irregularidades y la falta de consulta de uno de los decretos el N°39995 que se encuentra en tribunales por un recurso legal interpuesto por personas ecologistas y de la ciudadanía en general (ver más).

El decreto no fue consultado ni con los ministerios de Salud, Ambiente y Economía y tampoco con el órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que aseguró que su criterio no fue solicitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería ni por el Presidente de la República y por ello omitieron el procedimiento legal y establecido para la emisión de reglamentos, como el que ha sido recurrido en tribunales. Por tanto, el ORT señala que el proceso para decretar el reglamento pueda incurrir en ilegalidades.

Tanto las empresas interesadas y el MAG ha defendido el secretismo y la falta de transparencia mintiendo públicamente al asegurar que el decreto no es técnico para justificar la omisión. Al mismo tiempo han dicho que no se debió consultar a MINAE y Ministerio de Salud porque no es su competencia a pesar que el mismo decreto les crea potestades en el artículo 7.

La falta de consulta fue confirmada por el mismo Ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez el 19 de enero en La Prensa Libre y ese mismo día lo confirmó el jerarca del MEIC Welmer Ramos en el programa de Amelia Rueda.

La ORT consultada por el diputado Edgardo Araya que acompañó la presentación del amparo contra el decreto aseguró que: “La propuesta de reglamento no fue remitida formalmente a la ORT, de hecho este órgano tuvo conocimiento de la existencia de dicha regulación cuando fue publicada en la Gaceta” por lo tanto aseguraron que “la regulación en cuestión no cumplió con el proceso formal de emisión de reglamento técnico, tal como dispone la regulación vigente y en apego con las disposiciones del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial de Comercio contemplado en la ley 7475”.

La ORT acordó enviar una nota al MAG para informar que “el reglamento el 39995-MAG: Reglamento para la Actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados es un reglamento técnico y debió cumplir con el reglamento para la emisión de reglamentos técnicos, de conformidad con la ley 8279, el reglamentos de la ORT y otros decretos aplicables, ya que dicha medida podría generar acciones de ilegalidad en contra del citado reglamento, por tanto recomienda realizar un análisis de dicha reglamentación. De igual manera insta a cumplir con el procedimiento establecido para elaborar reglamentos técnicos” (resaltado es nuestro).

El Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del MEIC, encargado de coordinar con los respectivos ministerios la elaboración de sus reglamentos técnicos, de modo tal que su emisión permita efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del ambiente, de la seguridad, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados.

Informes: Fabián Pacheco Agrobiólogo Ambiental y Ecologista, 88262270 o Mauricio Alvarez, presidente FECON, 88709165

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Charla: Los retos ambientales en Costa Rica

Charla Los retos ambientales en Costa Rica

El viernes 31 de marzo se llevó a cabo en la Casa Claretiana en San Francisco de Goicoechea la charla “Los retos ambientales de Costa Rica”, cuyo expositor fue el presidente de FECON y geólogo ambientalista, Mauricio Álvarez.

 

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio.

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Política Nacional de Humedales: Hechos y no palabras

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

 

Hoy el gobierno presentó una política sobre los humedales en nuestro país para lo cual hizo una importante inversión de fondos públicos. ¿Qué propone? ¿Su protección? En este país necesitamos palabras respaldadas con hechos y no más letras muertas. ¿Qué acciones ha hecho el actual gobierno como antecedentes a esta normativa?

Desde el pasado 10 de agosto 2016 se le permite al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) autorizar la intervención en humedales para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. Esto sucedió por medio del decreto Nº 39838, firmado por el Ministro del MINAE y el Presidente de la República, publicado en la Gaceta (ALCANCE DIGITAL N° 140).

Este decreto ya es objeto de una acción de inconstitucionalidad en Sala IV presentada por el ambientalista y especialista Álvaro Sagot y Allan Astorga que fue coadyuvada por FECON.

El decreto tiene como beneficiarios a proyectos con nombre y apellido para las compañías constructoras, canal seco, empresas chinas y grandes empresas constructoras, que gozan de un monopolio de la construcción y mantenimiento de carreteras, el cual ha sido ratificado y legitimado por el actual gobierno.

Con el cuestionado decreto, este gobierno insiste en invadir con tractores las Áreas Silvestres Protegidas, con claros vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios de progresividad y de no regresión, pues se estarían restringiendo las áreas de Protección y Patrimonio Natural del Estado. Lo que evidencia este decreto es una tendencia a desregular y flexibilizar la legislación ambiental. También evidencia una severa contradicción entre la política pública respecto a las Áreas Protegidas y la necesidad de construir infraestructura.

Las acciones contra los humedales de la actual administración no se restringen a este caso, la Ruta 257 es otro ejemplo en el que se justificó la destrucción y reducción del humedal Cariari (FECON, 11-7-2016). También el caso de la ampliación de la Ruta 32, es ilustra esta contradicción. Aprobada en la actual administración, atropella la poca independencia y exhaustividad en las funciones de la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), al proponer una evaluación de impacto ambiental a la carrera y a la medida, aún sin conocer el diseño final de la obra. Esto debilita, flexibiliza, y hasta viola claramente el espíritu y la lógica de las normas de evaluación ambiental.

Las incoherencias en política pública no acaban ahí, porque el gobierno fue quien propuso otro proyecto de ley, cuyo objetivo es reducir y permitir la construcción de nuevas carreteras en Parques Nacionales. Se trata del proyecto N º 19.899 , que pretende reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). Se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro del MOPT (FECON, 17-2-15).

Los hechos hablan más que las intenciones que podría tener una nueva política. Desde el inicio este Gobierno antepuso la infraestructura y por ello ha privilegiado las desregulaciones, la flexibilidad y la protección de los proyectos privados por sobre la protección del patrimonio natural del pueblo de Costa Rica. La política de humedales llega muy tarde y al final del mandato, como pidiendo perdón por los pecados y en pleno año electoral; y con la certeza de que la siguiente administración emitirá una política distinta al respecto, nuevamente con los fondos públicos por los que tanto reclaman.

 

(*)Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR, presidencia@feconcr.org

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Se puso en evidencia miles de hectáreas de ecosistemas arrasados en Costa Rica por industria de la piña

Comunicado de Prensa

  • En 15 años taló 725000 árboles, un daño irreversible al país
  • Con estos datos hoy un consumidor en Europa o un supermercado en Estados Unidos por ejemplo, puede ver en línea cuánto bosque han talado las fincas de piña y cuestionar su compra, no solo por contaminación con agroquímicos del producto en sí y del agua en Costa Rica, si no por destrucción de ecosistemas

 

Nunca se logró interponer las denuncias pues ya “no había” pruebas, aunque las comunidades dieron testimonio de cómo, en tan sólo una noche, desaparecían bosques completos: árboles, vegetación diversa, animales de todo tipo -insectos, reptiles, mamíferos, aves, entre otros- enterrados en las llamadas “tumbas” de enterramiento de montaña.

Pero ahora con el SNIT, una reciente plataforma informática alimentada con imágenes satelitales de sistemas de información geográfica estatales y bases de datos oficiales del Estado costarricense, se evidencian las invasiones de bosques por parte de fincas piñeras sucedidas entre los años 2000 y 2015. La síntesis documental se puede observar en el sitio web del SNIT http://www.snitcr.go.cr/Visor/index , elaborado con la participación de diversas instituciones públicas.

Todo esto pone en duda informes y estudios anteriores, la plataforma arroja datos que apuntan a que entre los años 2000 y 2015 se dio una pérdida total de la cobertura forestal en paisajes productivos de piña de 5565.98ha. Estas pérdidas de cobertura forestal, regionalmente, se distribuyen de la siguiente manera: 3192.70ha en Región Huétar Norte, 545.26ha en Región Huétar Caribe, 1789.71ha en Región Brunca, 38.31ha en Región Pacífico Central.

Se puso en evidencia miles de hectareas de ecosistemas

El presidente de FECON aseguró que: “hoy se genera evidencia suficiente para clamar por la aplicación del Art. 57 de la Ley Forestal vigente que señala que: Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento”. Los datos de SNIT permiten ver que el 12% de los terrenos sembrados de piña se han hecho de manera ilegal al destruir zonas boscosas sin permisos.

Agregó el dirigente que “las comunidades y ecologistas tenemos razón en nuestra lucha contra la expansión piñera. Se ha comprobado que con la mayor impunidad e impacto socioambiental, la expansión descontrolada del monocultivo de la piña arrasa con nuestros bosques, nuestra agua, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades. Inclusive violando la legislación ambiental haciendo cambio de uso de Suelo (art.19 ley forestal), acción que está tipificada como delito penado con cárcel de un mes a tres años (art.61 Ley forestal). Lo anterior además evidencia que la mayoría de la actividad no ha contado con la fiscalización ambiental y los pocos estudios de impacto ambiental realizados no controlan los verdaderos impactos de esta expansión”.

Se puso en evidencia miles de hectareas de ecosistemas2

Las 5566 hectáreas de bosques arrasados por la expansión del cultivo de piña equivalen a un poco más que el área conjunta de los cantones de Goicochea, Montes de Oca y Tibás. Haciendo uso de los datos de parcelas forestales del ICE, el catedrático de la Escuela de Biología de la UCR, Jorge Lobo calculó que en esas 5566 hectáreas de bosque perdidas podrían haberse destruido un aproximado de 725000 árboles de diámetro mayor a 10cm.

Henry Picado Cerdas, de FRENASAPP, afirma que esperan que que el Ministerio Público abra procesos penales contra todas las fincas que cometieron delitos ambientales y “en el caso de ser necesario a los responsables ministeriales también”.

 

Contactos:

Ver mapas: http://www.snitcr.go.cr/Visor/index

Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165

Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Sala IV se trae abajo ley que disminuye áreas protegidas

  • Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”

 

Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.

La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.

La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.

Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).

El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.

Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.

Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.

Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.

Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.

FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Imagen tomada de http://www.feconcr.org

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Invasión masiva del Parque Nacional Corcovado

A menos de dos días de la visita del Presidente y del Ministro de Ambiente a inaugurar instalaciones millonarias, un grupo de aproximadamente 250 oreros ilegales se encuentra en proceso de invadir el parque por el sector conocido como los Patos, específicamente en Cerro de Oro.

Guardaparques de la zona que temieron represalias, informaron a Roberto Molina secretario del Sindicato de Guardaparques, que la invasión la movilizan decenas de camiones y buses hasta las inmediaciones del parque, mientras las altas autoridades brillan por su ausencia.

Invasion Parque nacional Corcovado2

Esta nueva ola de oreros ilegales se da justo luego de que ecologistas ganaran en la Sala IV un recurso para la protección efectiva del Parque Nacional Corcovado. La corte ordenó así, un plan que garantice la vigilancia de esta área ante la explotación de madera, la orería y la caza ( ver más).

Las inversiones que inauguró el gobierno es prueba fehaciente que aunque «la infraestructura se vista de seda el Parque desprotegido se queda» dijo el presidente de FECON, Mauricio Álvarez uno de los accionantes del recurso.

Están invadiendo el lugar catalogado como «el lugar biológicamente más intenso en la Tierra» y el «mejor parque del mundo». «Mientras tenemos un ministro siempre en viajes y la viceministra encargada está al servicio de las transaccionales de los transgénicos», prosiguió el presidente de FECON.

Invasion Parque nacional Corcovado3

Hay que sumarle a esta nueva invasión de 250 oreros, la amenaza por cacería, extracción maderera y la presencia permanente y tolerada de las autoridades de 400 oreros que están causando estragos con maquinaria cada vez más pesada como motobombas y dinamita en la mayoría de ríos dentro del lugar.

Si bien la Corte Constitucional ordenó a las autoridades respectivas «dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades ilegales de orería, caza, tala y robo de madera», al día de hoy no hay un plan concreto ni hemos visto intención de cumplir la resolución de la sala, cerró el presidente de FECON.

 

Informes: Roberto Molina, secretario de Sitraminae, 88037080 Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165.

 

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