La Red de Mujeres Rurales, Tinamaste, Pr Economía Solidaria y Feminismo, Coordinadora de Lucha contra los Feminicidios y la Impunidad, invitan este martes 23 de noviembre, a las 5:00 p.m a unirse por medio de Google Meet con el enlace meet.google.com/dnk-jnkk-peo por la lucha de los derechos de las mujeres indígenas ante la violencia racista, patriarcal y neoliberal.
El pasado miércoles 10 de noviembre, en las Jornadas de Investigación del Programa de Posgrado Centroamericano en Sociología, se presentó una serie de discusiones en torno a los siguientes ejes temáticos:
Reproducción de la desigualdad social y educación
Las ponencias expuestas fueron:
En el enlace adjunto encontraran la transmisión completa https://fb.watch/9djrE6OqDi/
Derechos humanos y desigualdades de género en la implementación de normas jurídicas
En ese espacio, se expusieron las ponencias:
En el enlace adjunto encontraran la transmisión completa https://fb.watch/9djvAkZ0J_/
Compartido con SURCOS por Nancy Piedra Guillén.
SURCOS comparte la siguiente información:
JUSTICIA ESTATAL BUSCA DEJAR EN IMPUNIDAD FEMINICIDIO DE KEYLA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
La narcodictadura de Juan Orlando Hernández en Honduras vuelve a ser el centro de atención de las organizaciones de Derechos Humanos en todo el mundo, por la flagrante arbitrariedad contraria al derecho y a la justicia, debido a la sentencia dictada en el caso del feminicidio de la joven Keyla Martínez Rodríguez en la Unidad Departamental N°10 de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, el domingo 7 de febrero del 2021. Keyla tenía 26 años, era estudiante de enfermería al servicio de su comunidad. Menos de tres horas después de su detención fue asesinada en dicha unidad policial. El policía Jarold Rolando Perdomo Sarmiento quien, aprovechándose de su posición de poder por su condición de género, agredió, torturó y asesinó a Keyla Martínez Rodríguez, en complicidad con otros policías.
Denunciamos que el pasado 11 de septiembre, en la Corte de Apelaciones del Departamento de Comayagua, los jueces Rubén Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero y Omar Bonilla declararon parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, a cargo de los abogados Nolvia Judith Montoya y Samuel Elías Aguilar Sauceda, en la cual se modificó la tipificación inicial del delito, pasando de “Femicidio agravado” a “Homicidio simple”. Dejamos constancia de que estos jueces han sido investigados ante denuncia por los delitos de actuaciones al margen de la ley, abuso de autoridad y prevaricato según expediente No.1539903415-18 del Coordinador de la Fiscalía Regional de Comayagua.
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, este procedimiento legal es muy grave y obedece a una clara intención de reducir la pena carcelaria que debería dictarse contra dicho feminicida y así, cohesionar aún más la política de impunidad e inmunidad impuesta por el régimen de Juan Orlando Hernández (JOH).
Es preocupante que el Poder Judicial del Estado de Honduras haya hecho caso omiso a recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) (10-02-2021) quienes afirman: “…que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por lo tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas” y que “las investigaciones deben orientarse a identificar no solo los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella.” El feminicidio de Keyla Martínez es el primer caso en Honduras tipificado según este Protocolo.
Destacamos que según postulados del Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, este proceso penal es una clara violación a los Derechos Humanos de las mujeres.
Por lo tanto, lanzamos esta ALERTA INTERNACIONAL y hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, feministas y personas a nivel nacional e internacional, para denunciar al Poder Judicial de Honduras por la evidente mediatización de la justicia y la parcialidad demostrada en el feminicidio de Keyla Martínez Rodríguez, perpetrado por el estado de Honduras. A la vez, instamos a articularnos en nuevas acciones de solidaridad y denuncia. Así mismo, exigimos al gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández que detenga todas las acciones de hostigamiento, intimidación y amenazas contra familiares de Keyla, por parte de entidades oficiales y extraoficiales.
Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.
Las Américas, 7 de julio de 2021-Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL, organización internacional que ha acompañado la Causa Berta Cáceres de la mano del COPINH, las familias y organizaciones de la sociedad civil, nos sumamos al reconocimiento del fallo condenatorio contra David Castillo, como un paso contundente hacia la justicia por el asesinato de la lideresa lenca, Berta Cáceres y una esperanza en la lucha contra la impunidad en Honduras.
El proceso realizado contra Castillo por la coautoría del asesinato sienta un precedente contundente: se devela la existencia de estructuras de poder que buscan mantener en la impunidad este y otros casos de graves violaciones a derechos humanos contra personas defensoras, pueblos y comunidades enteras. Esta victoria colectiva es un paso más en la obtención de verdad y justicia, pero la lucha sigue por el reconocimiento de todas las personas culpables involucradas en el feminicidio de Berta Cáceres; nos mantendremos vigilantes.
Reconocemos la lucha incansable del COPINH y la familia de Berta Cáceres por confrontar las adversidades en este camino hacia la justicia, en un contexto violento y riesgoso para la defensa por los derechos humanos. Gracias por colectivizar este proceso que representa también esperanza para quienes se niegan a sucumbir a la corrupción y al olvido.
Reafirmamos nuestro compromiso de acompañarles en este andar por la digna búsqueda de justicia para Berta y para los pueblos. Sabemos que aún queda mucho camino por andar.
Con y por ustedes, seguimos; por las mujeres defensoras, por el pueblo lenca y por la sociedad hondureña. Hay esperanza, otro mundo es posible.
Imagen cabecera tomada de es.wikipedia.org
Compartido con SURCOS por CEJIL.
“Quienes mueren por la vida no pueden llamarse muertos”, frase que Víctor Jara plasmó con sus manos, corazón y cuerdas y hoy retrotraemos como pueblos hermanos en homenaje a Berta Cáceres. Nos unimos a estos corazones llenos de rabia convertida en alegría frente la declaración de DAVID CASTILLO COMO CULPABLE y CO-AUTOR del ASESINATO de BERTA CÁCERES el 2 de mayo de 2016. Victoria de los pueblos indígenas y del mundo como un primer paso en la búsqueda de verdadera justicia para Berta y tantas mujeres y hombres que han sido víctimas de los grupos de poder por la defensa del agua, de la tierra y de cada elemento de la madre Tierra. A la vez, necesitamos destacar que hoy se cumplen 12 años de haber sido vilmente asesinado el joven Isis Obed Murillo por defender a su pueblo (Julio 2009).
La condena será oficializada el próximo 3 de agosto donde puede ser sentenciado entre 20 a 25 años de cárcel. Necesitamos tener presente que a pesar del fallo aún quedan en libertad una parte importante de los autores intelectuales, siendo David Castillo es exdirectivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA). Nos referimos a la familia Atala, una de las más poderosas y con intereses económicos claros en el proyecto energético DESA ubicado en una parte de los ríos sagrados del Pueblo Lenca.
El fallo de hoy deja abierto el caso, por lo que exigimos justo y necesario que los integrantes de esta familia Atala sean puestos a disposición del poder judicial hondureño para que finalmente Berta, su familia y los pueblos del mundo podamos ver que su asesinato no quedó en la impunidad ni se resolvió con justicia a medias.
Ratificamos la falta de voluntad de la institucionalidad hondureña, por lo que tenemos la certeza que sin presión nacional e internacional este fallo no se hubiera dictado, donde COPINH, junto al movimiento social y popular hondureño, han jugado un papel fundamental durante todo el proceso.
Saludamos con un abrazo fraterno y solidario a compañeras de diversas organizaciones y colectivas que desde hace tres meses montaron el Campamento Feminista ¡Viva Berta!, frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, quienes dejaron tareas y diversas responsabilidades colocando en primer lugar la lucha por justicia impidiendo que sus voces sean silenciadas e invisibilizadas.
FAMILIA ATALA DEBE SER PROCESADA JUDICIALMENTE
EXIGIMOS QUE EL 3 DE AGOSTO SE CONCRETE VERDADERA JUSTICIA PARA BERTA
¡NI PERDÓN NI OLVIDO!
Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.
En el enlace que compartimos se expone un resumen de los resultados del estudio realizado sobre los feminicidios en la subregión compuesta por México, Centroamérica y República Dominicana. En dicha investigación se muestran los datos sobre en la condición de este tipo de violencia contra las mujeres.
De acuerdo con este estudio, Guatemala es el país con el porcentaje más alto de feminicidios, se menciona que por cada millón de mujeres se producen 42.10 feminicidios, es decir un 28. 74%, mientras que El Salvador representa el 16.72%, Nicaragua el 13.03 %, México el 9.94%, Honduras un 9.80%, Panamá el 9.78%, República Dominicana un 8.76% y Costa Rica un 4.73%
Para ampliar más la discusión sobre este tema se les invita a acceder al artículo completo publicado por la Internacional de los Servicios Públicos.
Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez León.
SURCOS comparte la siguiente petición:
El día sábado 6 de febrero de 2021, a las 11:40 pm la joven estudiante universitaria Keyla Patricia Martínez Rodríguez de 26 años, fue capturada por oficiales de la Policía Nacional Preventiva, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras, por desacato del toque de queda impuesto por el gobierno para «prevenir» contagios de la Covid-19.
A las 2:55 am del día domingo 7 de febrero Keyla es ingresada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde certifican ausencia de signos vitales. Durante la mañana de ese mismo día el Subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras, Jefe de la Unidad Departamental de Policía Nº10 del Departamento de Intibucá (UNIDAD POLICIAL DONDE KEYLA FUE ASESINADA), en conferencia de prensa afirmó que horas después de haber sido encarcelada, durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció.
En contradicción a lo expresado en el comunicado oficial de la Policía leído por Subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras, el vocero del Ministerio Público declaró que la causa de la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, según el informe preliminar de medicina legal se establece que la muerte de Keyla fue un homicidio y no un suicidio, como lo expresó el subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Derasa. Cómo lo han manifestado algunos medios de comunicación el cuerpo presentaba numerosas lesiones.
Este feminicidio ocurrido dentro de las celdas de la Policía Nacional Preventiva se da en el segundo país con mayor tasa de feminicidios en América Latina, en un contexto histórico de violencias sistemáticas, estructurales, patriarcales, capitalistas y colonialistas contra las mujeres y el pueblo en general.
Ante esto, exigimos al Ministerio Público y a las instancias respectivas:
1. Una investigación rigurosa y transparente que conduzca a una efectiva aclaración de los hechos en torno al feminicidio de Keyla y con carácter de urgencia.
2. Que se apliquen las penas más altas para estos delitos a la totalidad de las personas implicadas en este feminicidio, tanto a los autores materiales, intelectuales, cómplices y quienes han intentado encubrir y manipular los hechos y/o pruebas.
3. La entrega inmediata, a sus familiares y personas acreditadas, del dictamen médico legal que contiene detalles precisos de lo acontecido en las últimas horas de vida de Keyla. Así mismo, toda documentación vinculante a este repudiable hecho.
4. Desarrollo del proceso de investigación conforme lo establece la legislación nacional e internacional, de tal manera que se garantice que no quedará bajo la impunidad.
5. Que se les aplique las medidas cautelares correspondientes a las personas implicadas en este feminicidio, como separación inmediata de sus cargos de la función pública, prisión preventiva, prohibición de acercarse a las víctimas de este suceso, entre otras.
6. Que el Estado de Honduras se haga responsable de resarcir los daños de imposible reparación a la familia de Keyla.
Adjuntamos el siguiente enlace para firmar la petición:
https://www.change.org/p/ministerio-p%C3%BAblico-hondure%C3%B1o-justicia-para-keyla-mart%C3%ADnez-asesinada-bajo-custodia-policial-en-honduras?utm_content=cl_sharecopy_27318802_es-419%3A2&recruiter=1180420531&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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