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Etiqueta: financiamiento educativo

Defensoría: Fragilidad financiera en Juntas Administrativas amenaza equidad en la educación

Escrito en . Publicado en Educación.

La Defensoría de los Habitantes afirma que el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas —pilares de la gestión operativa del sistema educativo— presenta una marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo. Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, lo que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y al aumento en la matrícula escolar. Esta realidad ha generado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.

El análisis de la Defensoría muestra que en 2024 un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que mientras algunos centros educativos pueden financiar adecuadamente la alimentación, infraestructura y programas extracurriculares; otros apenas logran sostener servicios mínimos. Esta polarización presupuestaria se traduce en oportunidades desiguales para niñas, niños y adolescentes según su lugar de origen, condición socioeconómica o pertenencia cultural.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas. En el período 2019–2024, dicho fondo pasó de ₡94.303 millones a ₡40.617 millones, una reducción del 56,9%, lo que ha limitado severamente la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a apenas ₡41.321 en 2024, evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo y una clara vulneración al principio de igualdad de condiciones.

La Defensoría también advierte que la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), uno de los principales mecanismos para garantizar el derecho a la

alimentación y la permanencia en el sistema educativo, presenta una brecha estructural: solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando especialmente a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial. En términos de derechos humanos, esta situación representa una violación directa del derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.

Asimismo, la Defensoría señala una insuficiencia crítica en infraestructura educativa, pues entre 2019 y 2022 los recursos destinados a este rubro se redujeron más de un 50%, y aunque en 2024 se registró un repunte, persisten riesgos de ejecución y desigualdades en la capacidad técnica de las Juntas para gestionar obras. A esta fragilidad se suman los recortes en arte, cultura y deporte, los cuales reflejan un retroceso en la educación integral y en la protección de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia.

El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria y la desigual capacidad de gestión local han trasladado a las comunidades educativas una carga desproporcionada. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, una cifra que refleja el esfuerzo extraordinario de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales. Este escenario, sin embargo, vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública consagrado en la Constitución Política.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas. La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes, sin discriminación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría alerta: Desigualdades se profundizan en la educación pública

Escrito en . Publicado en Educación, Portada.

Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.

La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.

La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la

desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.

La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.

Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.

Comunicación Defensoría de los Habitantes

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

Escrito en . Publicado en Elecciones.

En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

Organizaciones sindicales convocan a manifestación este 26 de noviembre

Escrito en . Publicado en Derechos.

APSE, ANDE, Magisterio en Acción y otras organizaciones del sector educación y del movimiento sindical costarricense convocan a una manifestación nacional este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m., con salida desde el Parque de la Merced y rumbo al Ministerio de Hacienda. (Ver al final la actualización al jueves 20 de noviembre de la organizaciones que convocan).

La convocatoria se realiza en un contexto marcado por el deterioro salarial, el congelamiento de pensiones del régimen transitorio de reparto, la ausencia de diálogo social y el incumplimiento de compromisos históricos de financiamiento para la educación pública.

Ejes de lucha:

Las organizaciones convocantes destacan cuatro demandas centrales:

✔️ 1. Convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del sector público

Exigen restablecer el espacio formal de diálogo para definir ajustes salariales, suspendido por el Gobierno.

✔️ 2. Incremento salarial justo y digno

Señalan que el poder adquisitivo del salario público se ha deteriorado durante varios años consecutivos, afectando las condiciones económicas de miles de familias trabajadoras.

✔️ 3. Cumplimiento del 8% del PIB para la educación pública

Recuerdan que es un mandato legal y constitucional garantizar este financiamiento, cuya ejecución plena es fundamental para la calidad y equidad del sistema educativo.

✔️ 4. Convocatoria y aprobación del proyecto de ley 24.353

Esta iniciativa permitiría descongelar las pensiones del régimen transitorio de reparto (RTR, Ley 2248 y Ley 7268), que llevan cinco años sin ajustes por costo de vida.

🗓 Detalles de la manifestación

📅 Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025
⏰ Hora: 9:00 a.m.
📍 Punto de partida: Parque de la Merced
📍 Destino: Ministerio de Hacienda

La acción colectiva busca defender derechos laborales, fortalecer la institucionalidad educativa y exigir condiciones dignas para el personal del sector público.

ACODEHU saluda al SEC en su LVI Asamblea Nacional Ordinaria

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, martes 18 de noviembre de 2025

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU, felicita al SEC en un momento histórico, crítico de la Educación Pública, debido a la irresponsabilidad de los últimos gobiernos de turno, que han incurrido en un ataque sistemático a la educación pública, a la salud, la seguridad social, la seguridad alimentaria y a las diferentes instituciones estatales, quien otrora han sido las responsables de la ejecución de las políticas públicas y del cumplimiento de los derechos humanos en este país y pilares del Estado Social de Derecho.

El SEC es el sindicato que desde su inicio (fundado el 17 de julio de 1969) asumió el papel histórico de la defensa de la Educación Pública y en ese contexto la protección y defensa de los Derechos Laborales del Magisterio Nacional; además de la ejecución y tareas en la protección de los centros educativos, la población estudiantil y los recursos que financian la educación pública.

Las denuncias de las y los trabajadores del SEC, han puesto en evidencia la violación de sus Derechos Humanos y las afectaciones directas contra la población estudiantil, profesional y el pueblo en general.

Nos sumamos al llamado de la dirigencia, sus estructuras y sus afiliadas(os), en defensa de la educación pública del pueblo costarricense. Para ello reafirmamos su destacada labor en protección del financiamiento de la educación nacional de conformidad con el mandato y lo estipulado por la Constitución Política del 8% del PIB.

El artículo de la Constitución Política de Costa Rica que estipula el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública; es el Artículo 78. Este artículo establece que el gasto público en educación estatal, incluida la superior, no puede ser inferior al 8% anual del PIB. Esta reforma se consolidó en 2011, aumentando el porcentaje que antes era del 6%.

La Educación Pública de calidad dignifica a los pueblos y consolida la democracia. Sin educación no hay democracia. La educación no es un gasto, es una inversión para darle sostenibilidad al Estado Nacional.

Con muestras profundas de respeto y solidaridad,

Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta – ACODEHU

JUPEMA denuncia que gobierno no incluyó en presupuesto recursos suficientes para Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio

Escrito en . Publicado en Trabajo.

MEP contempló recursos insuficientes en el presupuesto 2024 y 2025 para el pago de las cuotas patronales y estatales al fondo del RCC. JUPEMA, en su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de sus afiliados, alerta e informa:

-⁠Según los cálculos realizados por el Departamento Financiero de JUPEMA, el MEP enfrenta un hueco financiero de ₡41.674 millones, en el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el ejercicio económico 2025, esto para cubrir los montos correspondientes a las cuotas patronales y estatales del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), tanto de montos adeudados de años anteriores, como de lo correspondiente al 2025, afectando a más de 112 mil trabajadores de la educación, quienes no verán en su estado de cotización el registro de estas cuotas mientras que el MEP esté en mora.

-⁠El MEP incumplió el acuerdo negociado en marzo de 2024, para el pago de deudas del año 2023, ya que canceló 10 mil millones de colones con recursos de este año, por lo que estos recursos deberían haberse reintegrado al presupuesto 2024 o sumado al presupuesto 2025, no concretando ninguna acción, lo que significa que cada día la deuda irá en aumento.

-⁠La Ministra de Educación no responde a las solicitudes de audiencia para abordar este. y otros temas de interés para JUPEMA en beneficio de nuestra afiliación.

-⁠JUPEMA realizó una denuncia pública ante los medios de comunicación de esta situación y solicita a los Diputados exigir al MEP y al Ministerio de Hacienda una solución inmediata para garantizar la seguridad social de los trabajadores de la educación.

JUPEMA vela por los intereses de sus afiliados y exige responsabilidad en el pago de los recursos adeudados.