Pensiones en la CCSS: Junta Directiva sólo traslada respuesta de mandos medios y el Gobierno no paga
La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
1. El punto de partida: solicitud de reajuste
Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:
- Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
- Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
- Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.
La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.
2. La respuesta de la Gerencia de Pensiones
En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.
Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:
- El RNC es financiado totalmente por el Estado.
- La CCSS actúa como administradora.
- “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.
Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.
En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:
- Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
- Consideración de la Junta Directiva.
- Condiciones financieras favorables del régimen.
Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.
3. El acuerdo de la Junta Directiva
El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:
Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.
Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.
4. La crítica de la Auditoría Ciudadana
En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:
- La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
- Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
- No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:
- No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
- No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
- No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.
En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.
5. Dos ejes centrales del conflicto
Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:
a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC.
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.
b) La delegación en mandos medios.
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.
6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad
En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:
- El poder adquisitivo de personas pensionadas.
- La sostenibilidad financiera de los regímenes.
- La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
- El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.
El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.
La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- El punto de partida: solicitud de reajuste
Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:
- Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
- Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
- Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.
La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.
- La respuesta de la Gerencia de Pensiones
En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.
Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:
- El RNC es financiado totalmente por el Estado.
- La CCSS actúa como administradora.
- “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.
Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.
En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:
- Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
- Consideración de la Junta Directiva.
- Condiciones financieras favorables del régimen.
Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.
- El acuerdo de la Junta Directiva
El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:
Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.
Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.
- La crítica de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social
En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:
- La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
- Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
- No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:
- No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
- No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
- No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.
En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.
- Dos ejes centrales del conflicto
Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:
a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.
b) La delegación en mandos medios
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.
6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad
En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:
- El poder adquisitivo de personas pensionadas.
- La sostenibilidad financiera de los regímenes.
- La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
- El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.
El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.