La Contraloría General de la República (CGR) desmintió categóricamente las declaraciones del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, y del presidente de la República, quienes afirmaron que esta institución había obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.
En el oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025, enviado el 25 de setiembre al MAG, la CGR aclaró que:
El financiamiento estaba disponible desde 2020. El país contaba con un crédito externo de hasta $25 millones para adquirir e instalar escáneres. Sin embargo, en mayo de 2024 el propio Ministerio de Hacienda decidió no utilizar esos fondos, dejando sin financiamiento el proyecto.
Contratación irregular. En 2023 se pretendió adjudicar “a dedo” un contrato a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), para que actuara como intermediaria en la selección de empresas proveedoras. Este mecanismo habría impedido garantizar competencia, idoneidad y las mejores condiciones para el uso de recursos públicos.
Escáneres donados sin usar. Desde noviembre de 2024 el país cuenta con dos equipos donados, valorados en casi ₡1.900 millones, que permanecen guardados sin ser instalados ni utilizados.
Gestión deficiente. En marzo de 2025, la Contraloría concluyó que de los nueve puestos fronterizos del país, solo dos tenían equipos operativos, lo que provocó que el 73% de las mercancías que entraron o salieron del país en 2024 no fueran sometidas a control no intrusivo.
La CGR señaló que los retrasos y la inacción son consecuencia de decisiones de la propia Administración, no de la labor de fiscalización. “La falta de voluntad ha sido la verdadera causa de que los escáneres no se instalaran”, afirma el documento.
Finalmente, la institución llamó a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde, recordando que los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad y rendir cuentas.
Fuente: Contraloría General de la República. Oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025.
MSc.Lic.Bach. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria Titular Carreras ILE,PIT Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés Universidad Técnica Nacional, Sede El Roble Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos, Conciencia digital y fundamentos de la IA, Diplomada Internacional en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales Estudiante Carrera Derecho, Escritora. Líder Sindical, Científica Social, Consultora Empresarial apatriciaq@yahoo.com
La universidad pública costarricense se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo nacional, gracias a su aporte en docencia, investigación y extensión. Sin embargo, su construcción y sostenimiento no se explican únicamente desde la acción estatal o académica, sino también desde la participación activa de sindicatos y asociaciones gremiales que han defendido los derechos laborales, la autonomía universitaria y el financiamiento público.
En el Siglo XXI, marcado por transformaciones políticas, económicas y tecnológicas, el papel de los sindicatos universitarios se reconfigura y adquiere nuevos retos que trascienden lo laboral para insertarse en la defensa del modelo de educación superior pública.
Los sindicatos en la historia universitaria costarricense
El movimiento sindical universitario tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación de la Universidad de Costa Rica y posteriormente de las demás universidades estatales. Estas organizaciones nacieron en un contexto de lucha por condiciones dignas de trabajo y por el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Como señala Rojas (2015), los sindicatos han sido actores centrales en la configuración de una universidad pública con vocación democrática, plural y comprometida con el desarrollo social.
Defensa de la autonomía universitaria y del financiamiento público
En las últimas décadas, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se ha convertido en un espacio estratégico de incidencia sindical. Según Mora (2020), los sindicatos han sido determinantes en la defensa del financiamiento estatal frente a intentos de recortes presupuestarios, argumentando que la inversión en educación superior es una condición necesaria para la competitividad y la justicia social. Asimismo, han sostenido la importancia de la autonomía universitaria como garantía de libertad académica y gestión democrática.
Construcción de condiciones laborales y diálogo social
Los sindicatos han aportado a la construcción de la universidad pública costarricense mediante convenciones colectivas y mesas de diálogo que garantizan derechos como estabilidad laboral, equidad de género, salud ocupacional y capacitación continua. De acuerdo con Chacón (2018), estos procesos no solo han mejorado las condiciones de los trabajadores universitarios, sino que también han contribuido a una gobernanza institucional más inclusiva, en la que la voz de los trabajadores tiene un papel en la toma de decisiones.
Retos del Siglo XXI: innovación, ética y sostenibilidad
El contexto actual de globalización, digitalización y cambios en el mercado laboral plantea nuevos desafíos. Los sindicatos deben posicionarse como agentes que impulsen la capacitación en nuevas tecnologías, la investigación pertinente y la incorporación ética de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Además, deben evitar caer en prácticas corporativistas, recordando que su misión no se limita a la defensa de intereses particulares, sino a la construcción de una universidad que sirva al bien común (Vargas, 2021).
Dentro de ese contexto, los retos prioritarios de los sindicatos universitarios, específicamente en la Universidad Técnica Nacional, son:
Derechos laborales y condiciones de trabajo.
Negociar la primera convención colectiva de trabajo (CCT)
Defender la estabilidad laboral contra despidos injustificados o precarización
Promover mejoras en salarios, pluses, anualidades y pensiones
Velar por las condiciones seguras de trabajo (salud ocupacional, equipo adecuado)
Defensa de la educación superior pública
Reinvindicar el Fondo Especial para la Educación Superior ( FEES)
Participar en la discusión sobre el financiamiento universitario
Rechazar políticas de recorte presupuestario que afecten la calidad
Apoyar el acceso equitativo de estudiantes de bajos recursos
Políticas internas universitarias
Participar en órganos colegiados (Consejos Universitarios, Comisiones)
Defender la autonomía universitaria
Impulsar la transparencia en la gestión administrativa
Velar por criterios de contratación justos y meritocráticos
Bienestar y desarrollo del personal
Promover programas de capacitación y profesionalización.
Impulsar servicios de apoyo(guarderías, salud mental, recreación)
Fomentar equidad de género, no discriminación, no misoginia, no violencia, no acoso no hostigamiento laboral ni sexual y no persecusión y beligerencia sindical a los dirigentes dentro de la UTN.
Incidencia nacional y social
Alianzas con sindicatos de otras universidades y del sector público
Defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y derechos sociales.
Participación en movimientos nacionales contra reformas regresivas.
Impulso de agendas de sostenibilidad, inclusión y derechos humanos.
Campañas para fortalecer la autonomía universitaria frente a injerencias políticas.
Propuestas de teletrajo y horarios flexibles según la naturaleza de los puestos.
Defensa de régimen de pensiones del Magisterio Nacional
Conclusión
Los sindicatos en la universidad pública costarricense han sido y continúan siendo actores fundamentales en la defensa de la autonomía, el financiamiento y los derechos laborales. En el Siglo XXI, su papel se amplía hacia la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del pacto social que sustenta la educación superior pública. Su capacidad para adaptarse, dialogar y mantener un compromiso ético con el interés general determinará la vigencia y relevancia de la universidad pública como motor de desarrollo nacional.
Referencias
Chacón, L. (2018). El sindicalismo universitario en Costa Rica: aportes y desafíos. Editorial UCR.
Mora, J. (2020). Educación superior pública y financiamiento estatal en Costa Rica: debates contemporáneos. Revista de Ciencias Sociales, 170(2), 45-62.
Rojas, M. (2015). Autonomía universitaria y movimiento sindical en Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad Nacional.
Vargas, E. (2021). Universidad, sindicatos y futuro: desafíos del Siglo XXI. Revista Latinoamericana de Educación Superior, 12(3), 89-110.
