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Etiqueta: financiamiento universitario

FESITRAES rechaza propuesta de 0% para el FEES 2027 y llama a movilización nacional

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) advirtió, en un pronunciamiento titulado “En defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)”, que la propuesta del Gobierno de fijar en 0% el incremento del FEES para 2027 constituye un congelamiento presupuestario con efectos reales de recorte. La organización sostiene que esta medida compromete el funcionamiento de las universidades públicas, las becas estudiantiles, la regionalización, la investigación y las condiciones laborales del sector universitario.

El documento señala que no se trata de una discusión meramente técnica, sino de una decisión política que debilita uno de los pilares del desarrollo social y económico del país. Según FESITRAES, mantener sin crecimiento el FEES en un contexto de aumento de costos y mayor demanda estudiantil implica retrocesos para el acceso a la educación superior pública, especialmente para sectores históricamente excluidos.

Cuestionamiento al argumento de la “inflación negativa”

La federación rechaza la justificación oficial basada en una supuesta “inflación negativa”, al considerar que se trata de un pretexto para encubrir un recorte presupuestario. El pronunciamiento recuerda que gastos esenciales como infraestructura, servicios, tecnología, investigación, salarios y becas no disminuyen automáticamente, por lo que un 0% nominal no representa una mejora real para las universidades.

Defensa de la autonomía universitaria

Otro de los ejes del documento es la denuncia de intentos por condicionar el financiamiento universitario mediante criterios externos como empleabilidad, áreas prioritarias o indicadores definidos fuera del sistema universitario. FESITRAES afirma que esto abre la puerta al control político de las universidades públicas y vulnera su autonomía. En ese sentido, insiste en que el financiamiento de la educación superior pública es una obligación constitucional del Estado y no una concesión sujeta a condicionamientos discrecionales.

Críticas a CONARE y llamado a una estrategia distinta

La organización también cuestiona la estrategia seguida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), al considerar insuficiente confiar exclusivamente en la negociación técnica o en la vía judicial. A juicio de FESITRAES, los antecedentes recientes muestran incumplimientos gubernamentales y limitaciones en esas rutas, por lo que se requiere liderazgo político, articulación social y una respuesta más firme y unitaria.

Propuesta de Frente Universitario de Lucha

Ante este escenario, la federación convoca a estudiantes, personas trabajadoras universitarias, movimientos sociales y comunidades a organizar un Frente Universitario de Lucha en Defensa de la Educación Pública, capaz de enfrentar no solo la negociación del FEES 2027, sino una política sostenida de debilitamiento de la educación pública en todos sus niveles. Además, plantea impulsar una gran movilización nacional en defensa del FEES.

El FEES no se negocia a la baja”

En el cierre del documento, FESITRAES sostiene que aceptar la propuesta del 0% significaría validar una política de retroceso y abrir la puerta a recortes mayores en el futuro. Por ello, llama a la unidad, la organización y la lucha en defensa de la universidad pública, afirmando que el futuro de la educación superior se define en la coyuntura actual.

FEES: más allá del porcentaje, una disputa por legitimidad y financiamiento real

Por: Tiryth María Vindas Campos
Estudiante Universidad de Costa Rica

El debate sobre el financiamiento universitario en Costa Rica no puede reducirse a la discusión coyuntural de un posible 0% de aumento al FEES, sino que debe entenderse como parte de una tendencia sostenida de deterioro relativo. Aunque en términos nominales el presupuesto ha seguido creciendo —por ejemplo, un 2% en 2025 y un 1% en 2026—, distintos análisis muestran que estos incrementos han sido insuficientes para compensar la inflación, lo que implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo del sistema universitario.

Este punto es central: el problema no es únicamente si el aumento es 0%, 1% o 2%, sino que el financiamiento real de las universidades públicas se ha venido erosionando. Bajo esta lógica, aceptar incrementos marginales o nulos refuerza una narrativa peligrosa: que las universidades pueden sostener su funcionamiento con recursos cada vez más limitados.

Sin embargo, la evidencia institucional indica lo contrario. El FEES financia un sistema que en 2026 supera los ₡593 mil millones, destinado a sostener funciones sustantivas como docencia, investigación y acción social en cinco universidades públicas.  Reducir su crecimiento real implica tensionar directamente estas funciones, afectando la formación de profesionales, la generación de conocimiento y los servicios que el sistema universitario presta al país.

En el plano político, la coyuntura es particularmente compleja. La negociación del FEES ha mostrado un aumento en la conflictividad —como ocurrió en 2025, cuando la Asamblea Legislativa tuvo que intervenir ante la falta de acuerdo— y en 2026 parte de escenarios fiscales restrictivos, incluso con referencias a inflación cercana a cero.  Esto reduce significativamente el margen de maniobra de las universidades en la negociación.

No obstante, cualquier estrategia de defensa del FEES enfrenta un límite estructural: la legitimidad social. Las tensiones internas, cuestionamientos públicos y percepciones de ineficiencia debilitan la capacidad de las universidades para posicionar su demanda como un interés país. En ese sentido, sostener una defensa puramente institucional del presupuesto resulta insuficiente.

Por ello, el desafío no es solo financiero, sino político: reconstruir legitimidad para sostener la demanda presupuestaria. Esto implica abrir un diálogo más directo con la sociedad, transparentar debilidades y explicar con claridad qué está en juego cuando se reduce el financiamiento universitario.

El escenario actual combina tres elementos:

1. Deterioro real del financiamiento, pese a aumentos nominales.

2. Condiciones políticas más restrictivas para la negociación.

3. Déficit de legitimidad que limita la capacidad de presión.

Sin abordar estos tres niveles de forma simultánea, la discusión sobre el FEES —sea 0% o cualquier otra cifra— seguirá resolviéndose en desventaja para el sistema universitario público.

Llamado a defender a las universidades públicas

Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Política

Defensa de las Universidades Públicas de Costa Rica. Llamamiento a la unidad de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y las organizaciones sociales.

El Instituto Sindical de Formación Política manifiesta su más firme respaldo a las universidades públicas de Costa Rica, pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática, justa y con movilidad social ascendente. Ante el persistente desfinanciamiento y los ataques a la autonomía universitaria, es nuestro deber recordar las obligaciones constitucionales del Estado costarricense y convocar a la acción colectiva.

Sobre las obligaciones del Estado

La educación superior pública es un derecho humano irrenunciable. El Estado tiene las siguientes obligaciones ineludibles, consagradas en el artículo 84 de la Constitución Política y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional:

1. Garantizar la autonomía universitaria como condición para el libre pensamiento crítico, la investigación científica y la acción social.

2. Asignar un financiamiento suficiente, periódico y oportuno a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que permita el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.

3. Respetar el patrimonio propio de las universidades, absteniéndose de recortes unilaterales o condicionamientos políticos que afecten su quehacer.

4. Asegurar la gratuidad y la equidad en el acceso, la permanencia y la graduación, como mecanismos de justicia social y democratización del conocimiento.

El incumplimiento sistemático de estas obligaciones —evidenciado en negociaciones del FEES marcadas por la confrontación, el rezago presupuestario y la falta de visión de Estado— constituye una amenaza directa al modelo de desarrollo costarricense.

Llamamiento a la conformación de un frente de lucha

Ante la gravedad de la situación, el Instituto Sindical de Formación Política hace un llamado urgente a:

  • Las federaciones estudiantiles (FEUCR, FEUNA, FEUTEC, FEUNA, y todas las representaciones de las sedes regionales y colegios universitarios).

  • Las organizaciones sociales y comunales (asociaciones de desarrollo, frentes de vivienda, grupos ecologistas, movimientos de mujeres, diversidades, pueblos indígenas y campesinos).

  • Las organizaciones sindicales del sector público y privado (educación, salud, construcción, agroindustria, servicios, entre otros).

Debemos constituir un Frente de Lucha Nacional en Defensa de la Educación Superior Pública, con los siguientes ejes de acción:

1. Unidad orgánica y programática: Construir una plataforma común que vincule la defensa del FEES con la lucha por el empleo digno, los servicios públicos de calidad y el rechazo a los tratados de libre comercio que mercantilizan la educación.

2. Movilización sostenida: Realizar asambleas, marchas, cadenas humanas, paros estudiantiles y jornadas de visibilización en todo el territorio nacional.

3. Incidencia política y jurídica: Exigir a la Asamblea Legislativa el cumplimiento del Estado de derecho y, de ser necesario, recurrir a instancias internacionales de derechos humanos por la violación del derecho a la educación.

4. Campaña de comunicación popular: Desplegar una estrategia en redes sociales, medios comunitarios y espacios de base para desmontar los discursos que pretenden criminalizar la lucha universitaria y justificar los recortes.

Conclusión

La defensa de las universidades públicas no es un asunto exclusivo de académicos o estudiantes; es una causa de toda la clase trabajadora, de las comunidades y de los sectores populares. Sin universidades públicas fuertes, no hay formación de profesionales críticos, no hay investigación al servicio del pueblo, no hay extensión social que transforme realidades.

Desde el Instituto Sindical de Formación Política, asumimos el compromiso de convocar, organizar y acompañar este frente de lucha. Invitamos a todas las fuerzas vivas del país a sumarse. El futuro de Costa Rica se decide hoy en las aulas, los laboratorios, los territorios indígenas y las calles.

¡Por la defensa del FEES, por el respeto a la autonomía, por la unidad de los que luchan!

SIUNED alerta sobre recortes presupuestarios que amenazan a la universidad pública

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) advirtió sobre los riesgos que enfrentan las universidades públicas ante políticas de recorte presupuestario que, según señala la organización, debilitan el financiamiento estatal y ponen en riesgo el cumplimiento de su misión social.

En un documento difundido por el sindicato, se señala que la universidad pública costarricense ha sido históricamente un pilar fundamental para el desarrollo del país, tanto por su aporte al conocimiento como por su papel en la democratización del acceso a la educación superior. Desde esta perspectiva, el sindicato sostiene que las medidas de reducción presupuestaria amenazan directamente ese modelo.

El pronunciamiento plantea que las universidades públicas no solo forman profesionales, sino que también desarrollan investigación científica, extensión universitaria y múltiples proyectos que benefician a comunidades de todo el país. Por ello, el debilitamiento del financiamiento público tendría impactos directos en la capacidad de estas instituciones para cumplir con esas funciones.

SIUNED advierte que los recortes no deben analizarse únicamente como decisiones administrativas o fiscales, sino como medidas que afectan el acceso a la educación superior, especialmente para sectores sociales que históricamente han encontrado en las universidades públicas una vía de movilidad social.

El sindicato también destaca que la educación superior pública constituye una inversión estratégica para el país. En su criterio, reducir los recursos destinados a este sector compromete la posibilidad de fortalecer el conocimiento, la innovación y la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Asimismo, el pronunciamiento señala que la universidad pública cumple un papel central en la construcción de pensamiento crítico, la promoción de la cultura y el debate democrático. Desde esta perspectiva, las políticas de austeridad aplicadas a la educación superior podrían debilitar una de las instituciones fundamentales para la vida democrática del país.

Ante esta situación, SIUNED hace un llamado a la sociedad costarricense a reflexionar sobre la importancia de defender la universidad pública como bien común. El sindicato plantea que garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para preservar su aporte al desarrollo social, científico y cultural de Costa Rica.

El documento concluye que la defensa de la universidad pública no es únicamente una demanda del sector universitario, sino una responsabilidad colectiva orientada a asegurar que la educación superior continúe siendo un derecho accesible y un motor de desarrollo para el país.