La Asociación de Jubilados en Acción (AJA) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por no responder dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con la existencia y estado del fondo económico destinado a las pensiones del Magisterio Nacional.
El recurso, interpuesto el pasado 11 de junio de 2025 por el sociólogo y presidente de la AJA, Miguel Sobrado Chaves, denuncia la violación del derecho de petición y pronta respuesta, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y regulado por la Ley N° 9097, que obliga a la Administración Pública a responder en un plazo máximo de diez días hábiles.
El documento plantea tres temas dirigidas al ministro: si el fondo fue creado, ¿cuál es su estado actual?, o en caso de no haberse constituido, ¿qué ocurrió con los recursos recolectados mediante cuotas obreras, patronales y estatales entre 1958 y 1991? A pesar de haber sido recibida la solicitud el 3 de mayo, el Ministerio no respondió dentro del plazo, lo que motivó la acción legal.
Además, desde la AJA se recuerda que el Estado tenía la obligación de constituir un fondo con los aportes de maestras y profesores activos durante ese periodo, pero que, según han denunciado en múltiples espacios, el fondo nunca se creó, y los recursos fueron utilizados para otros fines presupuestarios. Esta omisión histórica constituye, para la organización, un grave incumplimiento legal y ético, que explica por qué el pago de las pensiones se carga hoy directamente al presupuesto nacional.
Como se expone en el artículo de SURCOS publicado en marzo pasado, titulado La verdad sobre las jubilaciones del magisterio nacional, los jubilados han cotizado por más de 30 años con tasas más altas que el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social y enfrentan actualmente cuestionamientos públicos que, expone la AJA, no reconocen su historial de contribuciones ni la responsabilidad estatal en el incumplimiento del fondo.
En su escrito ante la Sala Constitucional, Sobrado solicita que el Ministerio de Hacienda responda las preguntas planteadas y brinde información clara, detallada y verificable sobre el manejo de los fondos. La acción se enmarca en un contexto de creciente discusión pública sobre el financiamiento y la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, así como sobre las reformas planteadas por distintos sectores políticos.
Chile es un país de soñadores, por eso tal vez muchos teníamos la esperanza de que cuando – finalmente – se aprobara la reforma de pensiones, se acabaría ese gigante y millonario mal que ha empobrecido la vejez de los chilenos y chilenas, o sea, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Exacto, era una esperanza, en la que creímos como promesa de campaña de Gabriel Boric.
El sistema creado a principios de los años 80 por los Chicago Boys, a quien la dictadura civil y militar de Pinochet les abrió las puertas para que convirtieran a Chile en un campo de pruebas de la economía liberal de mercado. Un sistema impuesto a punta de pistola, marketing y mentiras. Sin alternativas, los trabajadores y trabajadoras tuvieron que decir adiós al sistema de reparto y lanzarse al vacío sin red ni colchón que amortizara el golpe.
Con José Piñera como ministro del trabajo, en noviembre de 1980 se promulgó el Decreto Ley 3.500, que estableció el nuevo sistema de pensiones en Chile, el que entró en vigencia en mayo de 1981. Dato curioso, esta nueva ley de pensiones eximió la incorporación al sistema de los integrantes de fuerzas militares y otros funcionarios estatales, quienes hasta el día de hoy reciben al jubilarse 3,3 veces más que un civil chileno, en gran parte a cargo del Estado.
Otro dato que hace doler el estómago es el que encontramos en una columna de opinión de 2019 publicada en cooperativa.cl por el diputado Gabriel Ascencio quien señalaba que “entre 2011-2015 este sistema privilegiado le significó al Estado un gasto de 3,8 billones, equivalente a más de 5 mil millones de dólares. Entre estos beneficiados se encuentran 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuesta al Estado $1.200 millones anuales”.
Aunque suponíamos que, con esta reforma, las AFP y sus norteamericanos dueños iban a ir desapareciendo, el resultado final nos alejó de nuestro sueño, y pasaremos a un sistema previsional mixto, ¡ni chicha ni limoná!
De vuelta a la realidad
Volviendo al presente, los controladores de las aseguradoras de fondos de pensiones de Estados Unidos – que agrupa a las compañías Principal (AFP Cuprum), Metlife (AFP Povida) y Prudential (AFP Habitat) – pusieron el grito en el cielo al darse cuenta de que la reforma se aprobaría y enviaron una carta al Presidente Boric señalando que la reforma “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”, advirtiendo sutilmente que podríamos tener conflictos económicos y diplomáticos.
La reforma fue aprobada y la amenazante carta se fue enfriando en un silencio sin comentarios. ¿Qué pasó?, ¿qué cambio en unas cuantas horas?, podríamos pensar que al final, suma y resta, la reforma de las pensiones fue bastante positiva para las AFP y de gritar al lobo al lobo, pasaron a seguir pastoreando tranquilamente sus rebaños.
Ayudados por una reciente entrevista a Luis Mesina de la Coordinadora NO+AFP en Piensa Prensa, intentamos despejar esas dudas:
A pesar de que el Estado entregó a las AFP la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadores, el Estado sigue haciéndose cargo de un 88,12% de las jubilaciones de Chile, sí, leyó bien, casi el 89% del pago de las pensiones sale de los bolsillos de los chilenos y chilenas. ¿Y cómo es posible? Es posible y ahí está el gran negocio de las aseguradoras.
Del total de las pensiones en Chile, el Estado se hace cargo del bono por hijo, la Pensión Garantizada Universal (PGU), las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y del antiguo sistema de pensiones, equivalente al 88,12%; y del restante que pagan las AFP, el Estado aporta un 64% y claramente ahí está el negocio de las aseguradoras: capturar el salario de los trabajadores para destinarlo al sistema financiero, no para pagar pensiones.
Esta reforma les entregará aún más capital. Con el aumento de las cotizaciones, las AFP verán un incremento de un 45%, gradualmente, que se calcula alcanzará más de 6 mil millones de dólares, millones de dólares de ahorros de los trabajadores que irán directamente a las carteras de inversión.
Esta reforma no ha cambiado nada de fondo, al contrario, ha fortalecido el sistema de capitalización individual que se ha demostrado fracasado. Si algo bueno debiésemos encontrar, diríamos que se ha intentado mejorar las pensiones de las mujeres – discriminadas por el sistema – y asegurar el acceso a la PGU de quienes fueron víctimas de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura civil y militar de Pinochet, más allá, muy poco, lo que para quienes se declaraban gobierno de izquierda, es un triste resultado.
Triste también para los millones de chilenos y chilenas que seguirán viendo como el sueño de una vejez serena se aleja irremediablemente, egoísta para los millones de chilenos y chilenas que deberá seguir trabajando con sus espaldas cansadas y su pelo canoso porque no llegan a fin de mes, traicionero porque los intereses del capital extranjero pesan más que las necesidades de nuestro pueblo.
Nos queda claro que las advertencias de las empresas norteamericanas hacia la reforma previsional y sus posibles implicancias en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sólo fueron un voladero de luces para confundir a la gente, una maniobra efectiva que ya quedó al descubierto. No olviden el tuit del papá de las AFP, José Piñera del 30 de enero, “Larga vida al sistema de capitalización individual”. Lo que es bueno para ellos, no puede ser bueno para nosotros.
¿Qué nos queda por hacer? Informarnos, leer, aprender para que cada vez les sea más difícil actuar a espaldas del pueblo y por supuesto sumarnos al rechazo popular en la manifestación convocada por NO+AFP y otras organizaciones sociales el próximo 30 de marzo.
Fuentes:
Diario El Mercurio, 1 de febrero, cuerpo B pagina 6. Artículo: el veredicto extranjero sobre la reforma de pensiones en Chile.
El pasado 16 de octubre del 2024, la Asociación Jubilados en Acción solicitó al ministro de Hacienda, y al gobierno de la República, información acerca de los fondos que se debieron conformar con cuotas obreras patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.
Dicha información se requiere para determinar qué hizo el Estado con las cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, entre los periodos que van desde la promulgación de la Ley No 2248 (7 de setiembre de 1958) y la fecha de promulgación de la Ley No 7268 (14 de noviembre de 1991), a efecto de determinar la responsabilidad que corresponda.
A diferencia de los fondos individuales que pertenecen a cada afiliado, la reserva común se utiliza para cubrir riesgos o contingencias que afectan a todo el sistema, como una longevidad mayor a la esperada, ajustes por inflación, o desequilibrios actuariales en caso de que algunos participantes no acumulen los fondos necesarios para una jubilación digna. La función principal de esta reserva es estabilizar el sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo al actuar como un colchón financiero que permite absorber variaciones imprevistas en las proyecciones actuariales.
Como se indicó supra, el Estado incurrió durante 33 años en el grave incumplimiento de apropiarse de los fondos ahorrados por el personal magisterial y de algunos de los patronos como cuotas obreras y patronales, con el agravante de que no pagó los aportes como patrono en el caso del personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y no pagó tampoco, la cuota general que como Estado le correspondía aportar para todas las personas afiliadas a JUPEMA.
Por lo tanto, estas fueron las solicitudes concretas de información:
¿Qué hizo el Estado con las cuotas que pagamos las personas afiliadas a JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991 y que el Ministerio de Hacienda retuvo de nuestros salarios mensuales?
¿Dónde se depositaron las cuotas patronales y estatales pertenecientes al Fondo Económico de JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991?
¿A cuánto suman esas cotizaciones tripartitas pertenecientes al fondo económico de JUPEMA correspondientes al periodo de 33 años que van de 1958 a 1991?
¿Dónde se depositaron los intereses y rendimientos generados por la reserva económica común perteneciente al fondo de jubilaciones creado por la Ley 2248 del 7 de setiembre de 1958?
¿Existe un fondo económico o una previsión para que el Estado responda por esa obligación económica contraída con el personal del Magisterio mediante la Ley 2248 del 7 de septiembre de 1958?
Le invitamos a leer el documento completo, y enterarse de esta situación, la cual no está bien esclarecida, y no se comenta.
