Debate Académico con candidatos a la presidencia de la República
Elecciones 2018
Semana de las Ciencias Sociales-UNA
Foro académico de análisis del primer debate académico UNA: Elecciones 2018
Académicos de la UNA valoran el desempeño de candidatos a la presidencia de la República de Costa Rica en el Primer Debate Académico, organizado en la Semana de las Ciencias Sociales, por la Facultad de Ciencias Sociales, la Federación de Estudiantes-FEUNA, la Vicerrectoría de Investigación y el CANAL UCR.
Este miércoles 18 de octubre de 2017, se llevó a cabo el primer debate académico “UNA: Elecciones 2018”, con los candidatos: Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Edgardo Araya Sibaja del Partido Frente Amplio (PFA) y Antonio Álvarez Desanti del Partido Liberación Nacional (PLN). Este debate tuvo lugar en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional-Campus Omar Dengo.
Posterior al Debate que duró dos horas treinta minutos, tuvo lugar el Foro Académico de análisis con el objetivo de contrastar lo expuesto en el Debate y brindar una visión más analítica y crítica, para dar un valor agregado a la presentación hecha por los candidatos a la presidencia de la República de Costa Rica.
La periodista y politóloga M. SC. Marcela Piedra Durán del Canal UCR y el periodista Lic. Gerardo Zamora Bolaños de la Universidad Nacional-UNA, fueron los encargados de conducir esta actividad. Para el análisis académico se contó con la presencia de los especialistas: M.Sc. Carlos Carranza, académico de la Escuela de Sociología -UNA, M.Sc. José Manuel Núñez, académico de la Escuela de Administración-EDA-UNA y Allison Quintanilla representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA).
El primer análisis consistió en valorar la utilización del lenguaje no verbal de los candidatos. Al respecto, José Núñez señaló que una primera impresión es la empatía con la cual los candidatos se dirigen al público que en su mayoría son estudiantes, por su parte Carlos Carranza indicó un elemento de coincidencia en el cambio de la tonalidad del discurso de los candidatos al mencionar que es el año de la UNA por la vida el Diálogo y la Paz, esto porque el lenguaje se modifica al ser un escenario distinto dentro de la academia y con aras de ser reproducido en distintos medios a lo que agregó que: “el manejo escénico no se hace para un día sino que en campaña electoral se hace a mediano plazo para construir un yo y una representación del partido al que se pertenece”.
También, Allison Quintanilla mencionó de manera general, la preocupación de que solo asistieron candidatos hombres de los partidos, pues en algunas ocasiones esto puede delimitar los discursos masculinizados y hetero normativos en los espacios de debate y discusión de políticas públicas, educación pública y programas de gobierno.
De acuerdo a lo antes expuesto Carlos Carranza mencionó que el tema de mujer, pero no visto como definición ideológica sino un tema de distribución del ingreso, de equidad, de relación con el ambiente con alternativas para mujer no estuvo presente en el debate, en segunda instancia comentó que en el caso de los candidatos, no tuvieron una posición tan definida para el inicio de esta campaña, pues en términos reales uno no gasta las baterías en el primer debate, este apenas es un pre-inicio y hay que esperar los números de las encuestas para contar con referencias más fuertes.
La periodista Marcela Piedra se refirió al candidato Álvarez Desanti, en relación a la pregunta sobre el tema de sexualidad en donde el candidato plantea que no tiene un manejo técnico acerca de ello, entonces: “¿qué valoración se puede hacer a eso? ¿Es un planteamiento desde la humildad o una debilidad?”
En respuesta, la señorita Allison Quintanilla, comentó la importancia de tener claro cuáles son las políticas públicas en un eventual gobierno del candidato liberacionista en todo sentido, pues las personas que aspiran a la presidencia deberían tener claro cuáles son los factores de riesgo, de análisis y de situaciones que enfrenta el país en el que la educación sexual debería ser un tema de análisis y de agenda de los candidatos.
José Manuel enfatizó que el bloque de educación se concentró en la temática sexual y esto fue lo que generó la contradicción, pues Antonio Álvarez fue cuidadoso siendo su propuesta más conservadora, Carlos Alvarado contó con una posición pro-gobierno, por lo tanto cree que el candidato que sacó ventaja fue Edgardo Araya, siendo el único que dijo que la educación sexual habría que considerarla en un contexto para la vida y que tenía que establecerse no solo el ámbito de la educación sexual sino el de salud, productividad entre otros.
Por otro lado, en el bloque de economía y desarrollo social, fueron preguntas distintas para cada candidato, por tanto, don Carlos Carranza hace alusión a que el tema de déficit fiscal no fue abordado por ninguno de los candidatos de forma clara, de ahí la necesidad de tratar el tema económico en aspectos de: “reforma, obras estratégicas y repensar los planes de desarrollo nacional a corto, mediano y largo plazo”.
Se trató en el análisis de conocer las diferencias de los candidatos en el bloque de salud pública y ambiente. Por lo que, José Manuel comparte que hicieron falta menciones de alternativas factibles para guiar la salud pública (por ejemplo roles de gobiernos locales en intervención), además, Carlos Carranza comentó que el tema salud no se puede reducir a la Caja Costarricense de Seguro Social-CCSS, incluso que no se señalaron los elementos de la sostenibilidad de los sistemas y regímenes de bienestar (pensiones) incluso, no hubo una discusión ambiental total de parte de los candidatos, faltó discutir cómo mejorar en la parte urbana el tratamiento ambiental y la posición en minería, acotó Carranza.
Como parte del análisis se coincide que en la dimensión de seguridad ciudadana, ninguno de los tres candidatos habló de una política de prevención y planes a corto plazo, pues en el tema de seguridad tocaron “la ley y lo normado”. En este sentido, de acuerdo con Carlos Carranza hace falta una política que inserte a los jóvenes que no trabajan ni estudian a las dinámicas sociales; también que seguridad significa crear nuevas condiciones en la educación básica desde prescolar hasta la universitaria para mejorar las formas de convivencia ciudadana.
De acuerdo a los planteamientos de Derechos Humanos, según Carranza faltó poner sobre la mesa el tema de la población adulta mayor, el empleo de las personas mayores a 45 años y la regionalidad, y según Allison Quintanilla el tema de las poblaciones vulnerables debe ser considerado desde la visión de políticas públicas.
Además del CANAL UCR que fue parte de la organización y la transmisión del Foro, CANAL 13-SINART emitió la actividad en sus medios de comunicación en formato Streaming por Internet.
Cabe mencionar en la conexión Streaming los siguientes datos:
1300 visualizaciones de la transmisión en vivo del Debate.
194 personas en vivo conectados simultáneamente.
Además de otros países del mundo las siguientes se conectaron a la emisión las siguientes cantidades de personas: USA 32 personas, México 12, Holanda 8, Colombia 5, Alemania 4
Rep dominicana 4, España 4, Austria 3, Perú 3, Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 2 cada país. En Suecia, Australia, Bolivia, Dinamarca, indonesia, Qatar, Venezuela 1 persona en cada lugar.Y en Costa Rica 1200 personas-
El próximo debate se llevará a cabo el martes 31 de octubre de 2017 a las 2.00 de la tarde y será transmitido por CANAL UCR por las siguientes frecuencias:
En la tarde del pasado 23 de octubre, tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «Foro: explotación piñera en Costa Rica«, organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública. Participaron a la actividad Mauricio Álvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON), Nicolás Boeglin (Facultad de Derecho, UCR) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningún expositor. Al tratarse de un foro sobre un tema que amerita desde muchos años un debate público con las autoridades, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que algunos denominan el «dulce orgullo» de Costa Rica, otros, una «vergüenza nacional«.
Fotografía del foro. Escuela de Salud Pública, 2017.
La salud pública ante las sustancias químicas usadas para producir la piña «Sweet Gold» o MD2
Como recientemente confirmado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada «Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio» de junio del 2017).
En algunas de las intervenciones, se especificó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña «Sweet Gold» o MD2 en Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat: esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raíz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada «Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations«). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, 10 años después, Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.
Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres.
Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada «Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo» (sitio oficial de la UCR, 2013).
El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre «prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio«). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuanta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y porqué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.
En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:
«85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production«.
En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.
Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde el 2007, es de notar el carácter urgente con el que la Experta Independiente de Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algún tipo de regulación para restringir y limitar su uso.
Finalmente, es de señalar que en en mayo del 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán: la excepción la constituyen los cultivos de piña y de banano (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.
Foto de cultivo de piña en Costa Rica extraída de artículo de prensa titulado «Piña tica está a un paso para ser exportada a China» (El Financiero, 2017).
Un vehemente llamado de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2008 desoído por las autoridades costarricenses
Ante la serie de daños reportados y la actitud complaciente de las autoridades, el Consejo Universitario de la UCR había adoptado un pronunciamiento en diciembre del 2008, exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña en Costa Rica hasta tanto no se reforzaran las capacidades técnicas y fiscalizadoras del Estado (véase texto completo del pronunciamiento). En la parte final, el Consejo Universitario declara:
Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país«.
Características de algunas componentes químicos usados en las plantaciones de piña, extraída de esta nota de una científica británica de junio del 2017 titulada «Phasing Out Highly Hazardous Pesticides in Costa Rica» (Pesticide Action Network, UK).
Pese a provenir de la máxima instancia de la UCR, las autoridades de la administración 2006-2010 hicieron caso omiso a estas advertencias, al igual que las de la administración 2010-2014 y las actuales que iniciaron su gestión en mayo del 2014. La legislación ambiental vigente en Costa Rica fue «adaptada» para favorecer la expansión de la piña: en el año 2009, fue la Secretaría Técnica Nacional para el Ambiente (SETENA) la que adoptó un instrumento – siempre vigente al 2017 – que exime a las piñeras de la presentación previa y obligatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA): leemos en este artículo del 2011 titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» y suscrito por un Ex Secretario General de la SETENA que:
«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.
Ello explica, entre muchos otros, el escándalo que provocó una viabilidad ambiental para más de 600 hectáreas de piña en la Zona Sur de Costa Rica aprobada en diciembre del 2016 (véase texto de la resolución) con base en el formulario más sencillo que tiene la SETENA: el formulario D-1 (véase nota de prensa sobre la revocación de los permisos por parte de la misma SETENA ante la movilización de las organizaciones sociales y la indignación causada). En este caso además, se evidenció la total desprotección de los vestigios arqueológicos que significa un D-1 (véase nota de prensa). No debe ser la primera vez que una viabilidad ambiental es dada en una zona con vestigios de alto valor arqueológico, por lo que es muy probable que gran parte del patrimonio arqueológico haya sido removido en el caso de piñeras situadas en otras zonas. Sobre el alcance extremadamente limitado del D-1, remitimos al lector al artículo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, titulado: «¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?».
A casi 10 años, este pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR se mantiene de una sorprendente actualidad, que viene a confirmar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido a nivel cantonal: los cantones piñeros se mantienen con los peores índices en Costa Rica. Según se indica en este artículo de Alexa Obando Campos sobre los cantones piñeros de la Zona Norte, en el caso de Guatuso y Los Chiles, el IDH se desmejoró notablemente (véase tabla ubicada al final).
En el caso del cantón de Los Chiles, una cuestionable decisión de la Sala Constitucional en agosto del 2016 anuló una moratoria municipal por cinco años y causó una profunda indignación de muchos (véase nota de prensa): unos pocos meses después (febrero del 2017), la Sala Constitucional abriría un peligroso precedente, al declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). Con ambas decisiones, la Sala procede a una peligrosa deriva regresiva.
Foto extraída de nota titulada «Toxic pesticides on Costa Ricas plantations» (Swedwatch, 2012).
Los informes del Estado de la Nación, año tras año desde el 2008, incluyen referencias a los daños y al aumento de las denuncias que provoca la piña en Costa Rica, así como a algunas extrañezas que, salvo error de nuestra parte, no parecieran haber causado sonrojo alguno por parte de las autoridades mencionadas ni mucho menos generado explicación alguna. Por ejemplo, con relación a las comunidades de El Cairo y MIlano en Siquirres, se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que:
“En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
Una cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña
A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quiénes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la mosca de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.
En este nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).
Según datos de la UNCTAD (véase informe), el mercado mundial de la piña se reparte (cifras al 2014) de la siguiente manera, en la que destaca la posición privilegiada de Costa Rica (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, extraídas de la tabla 3. «Top ten fresh pineapple exporter countries, tonnes, 2014«, p. 13):
En el 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero titulado «Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas» ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.
Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña inició en el 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especialde la Revista Ambientico(UNA) del 2008 se lee que:
«Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1.200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida» (p.3)
Empleos generados por la actividad piñera y discurso oficial
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen («inhumane conditions which prevail«) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado «Sweet fruit, bitter truth«).
Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede en parte explicarlo).
De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los «miles» de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) están debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas refieren a la ausencia de datos duros: en el 2009, mientras CANAPEP refería a 23.000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior referían a 7.000 puestos generados por la piña. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).
El discurso oficial se ha mantenido desde el 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo del 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por ex profesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En el 2016, se leyó por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica que:
«se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)
(Véase nota del Semanario Universidad titulada «Moratoria piñera es deuda del gobierno«).
En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véasenota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos en Costa Rica:
“Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
A modo de conclusión: un nuevo foro al que no asisten quiénes promueven la piña de exportación
Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue la tónica (véase, a modo de ejemplo entre muchos, esta nota sobre un foro realizado por la UCR para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial). El video del foro realizado por la Escuela de Salud Pública está disponible desde ya en su integralidad en este enlace de YouTube.
En un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?«, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe (véase texto completo del artículo):
«El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental«.
Breve selección de artículos de opinión / notas / tesis recientes sobre el impacto social y ambiental de la piña de exportación (MD2 o Sweet Gold) en Costa Rica disponibles en la red:
ACOSTA PEREIRA E. (2008), «La Producción Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón«, Universidad EARTH. Texto de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, disponible aquí.
AGENCIA EFE (2017); «Miles de hectáreas de ecosistemas arrasadas por industria piña en Costa Rica«, Texto publicado en Diario Extra (costa Rica), y disponible aquí.
ARAYA J. (2017), «Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2017), «Piña vs. Agua: el costo del sacrificio ambiental», Página Abierta (Suplemento de opinión, DiarioExtra). Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2011), “La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña”, La Nación. Texto disponible aquí.
BOEGLIN N. (2015), “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Texto disponible aquí.
CORDOBA J. y AGUERO M. (2015)»Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!”, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
FERNANDEZ E. (2013), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«, Revista HAL, Texto disponible aquí.
NAVAS V. (2017), «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, Suplemento Ojo al Clima. Texto disponible aquí.
OBANDO A. (2017), «Las múltiples realidades de la piña«, Revista VACIO. Texto disponible aquí.
OBANDO CAMPOS A. (2017), «El Estado detrás de la piña: el desarrollo de los monocultivos de exportación en la Región Huetar Norte de Costa Rica«, Universidad de Costa Rica (UCR). Texto disponible aquí.
POMAREDA F. (2015), «5-year moratorium proposed on pineapple production in Costa Rica«, The Tico Times. Texto disponible aquí
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El programa Kioscos Socioambientales promueve que las mismas comunidades sean las encargadas de revitalizar sus saberes para el cuido de bienes comunes, metodología aplicada en el proyecto de Agroecología, que se ejecuta en Guacimal, Puntarenas. Foto cortesía Kioscos Socioambientales.
El personal destacado en ese programa y estudiantes que participan en los proyectos que coordina analizaron los aspectos conceptual, funcional y estructural de la Acción Social universitaria.
El propósito fue dibujar un mapa con posibles rutas para mejorar la Acción Social (AS), con propuestas a una integración efectiva con los pilares de la docencia y la investigación en el quehacer cotidiano de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para Mauricio Álvarez Mora, docente coordinador de Kioscos Socioambientales, “en este momento hay deudas de la universidad pública para intervenir nuevas problemáticas más complejas, como el trabajo con minorías y poblaciones vulnerabilizadas por pertenecer a minorías o migrantes. Es importante reivindicar algún grado de irreverencia en los espacios de AS en el sentido que el mandato último de la universidad es la transformación social; y eso implica ir un paso adelante”.
Cambios significativos en AS
Para José Antonio Mora Calderón, docente y coordinador de proyectos en Palmar Sur, Puntarenas, el Foro de Acción Social es un espacio muy positivo “para reflexionar sobre temas que damos por sentados en la universidad. Espero que estas discusiones tengan una real incidencia en la política universitaria. Nosotros desde la VAS observamos en los últimos años una burocratización, tenemos que repartir nuestros tiempos entre labores administrativas, con las docentes y de investigación para la AS”.
En ese sentido, Zuiri Méndez Benavides, también docente y coordinadora de un proyecto de Agroecología en Guacimal de Puntarenas, consideró que la VAS debe generar cambios en la forma de gestionar los proyectos y convertirse en “espacio de comunidades de aprendizaje, donde no los separen por sus componentes de extensión docente, cultural o trabajo comunal. Más bien, recomendó, que se unan bajo el mirada de los ejes temáticos que trabajamos, como por ejemplo población, juventud, cultura”, remarcó Méndez.
El Foro de Acción Social está generando insumos para mejorar el vínculo sociedad-universidad. Mediante los proyectos del programa Kioscos Ambientales, los docentes, estudiantes y personas de las comunidades se unen en dinámicas participativas para construir alternativas locales, solidarias e inclusivas. Foto Eduardo Muñoz.
“Hagamos encuentros permanentes de evaluación colectiva en los que la administración propicie debates y genere espacios de intercambio metodológico, en los que las comunidades tengan un rol importante para definir si un proyecto de AS se abre, si les parece pertinente o de su interés”, agregó Méndez.
Por su parte, Juan José Álvarez Hidalgo, estudiante de sociología y asistente de proyectos, expresó que “la administración tiene que encargarse de ver la universidad como un espacio abierto donde se pueda ingresar a discutir temas y encontrar apoyo para aportar con las problemáticas que viven las comunidades. Para mejorar no se debe quedar solo con una reflexión en cierto momento del año, sino que el cambio es un proceso permanente a partir del diálogo universidad-comunidades”.
Además, Valeria Montoya Tabash, de la carrera de Antropología y quien realiza una asistencia en este programa, agradeció la existencia de esta iniciativa, ya que “ Kioscos Socioambientales es un espacio de formación que genera muchos retos al pensar la AS en varios sentidos. Es una oportunidad de formación, se aprende de esos vínculos que se generan en las comunidades a la par de la docencia y la investigación. Desde el trabajo comunal se articula profesores, estudiantes, comunidades, investigación”.
Álvarez Hidalgo concluyó que “desde mi entrada a Kioscos Socioambientales noté que los saberes salen de las comunidades, no es la universidad sola. Se pueden hacer estas articulaciones en un proceso de horizontalidad; la pregunta que me viene a la mente es para quién es la universidad, creo que es para toda Costa Rica”.
La actividad finalizó con una plenaria en la que expusieron los aportes de los grupos de trabajo. Las propuestas serán compartidos en el Espacio de puesta en común de aportes de los Encuentros comunitarios, a realizarse los días 26 y 27 de octubre próximos en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación.
Esos días las unidades académicas identificarán temas prioritarios en AS, así como puntos de consenso y nudos problemáticos en torno a los tres ejes del Foro de Acción Social.
Alternativas colectivas para las comunidades
Fortalecimiento de organizaciones rurales comunitarias mediante procesos que permitan la construcción colectiva de alternativas frente a conflictos socio-ambientales.
Esto a partir de seis proyectos de Acción Social, un proyecto de Investigación y una Cátedra; manteniendo vínculos formales con distintas unidades académicas, sedes, institutos y centros de investigación de la Universidad de Costa Rica.
Desde su creación, ha acompañado procesos socioeducativos con distintos grupos campesinos que defienden sus territorios frente a la construcción de megaproyectos extractivistas, como grandes cadenas hoteleras, marinas, monocultivos como la piña, proyectos hidroeléctricos, aeropuertos, así como iniciativas de despojo que amenazan la autonomía indígena. Actualmente, articula su trabajo con grupos comunitarios en las zonas sur y norte y en el territorio Bribri de Talamanca.
Proyecto de ley modifica los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para llevar agua de riego y consumo humano a Santa Cruz, Carillo y Nicoya
La Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica y el Grupo de Política y Legislación Forestal invita al “Foro Agua en Guanacaste: en busca de una solución”, el próximo 23 de octubre de 1 p.m. a 4 p.m. en al Auditorio D3-01.
Con la participación de Sr. Gadi Amit, Representante Confraternidad Guanacasteca; Ing. Juan Arguedas Chaverri, Asesor Asamblea Legislativa de Costa Rica; Ph.D. Nicolás Boeglin, Profesor-Investigador, Facultad de Derecho, UCR; Ing. Marvin Coto Hernández, Director de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, SENARA.
La Universidad de Costa Rica invita este lunes 23 de octubre a la 1 p.m. al foro: «Explotación piñera en Costa Rica«, en el Auditorio de la Escuela de Salud Pública, UCR.
En un ambiente lúdico y en medio de un franco intercambio de ideas unas 75 personas protagonizaron una jornada fructífera que concluyó con una serie de recomendaciones de parte de pobladores y representantes de organizaciones comunitarias hacia las autoridades universitarias, recogidas en un informe por las organizadores del encuentro.
El encuentro inició con una actividad rompehielos para crear una dinámica colaborativa entre las personas asistentes.
Según la profesora Steffany Forester Delgado, coordinadora de la actividad, la finalidad del encuentro fue que habitantes de la zona y sus colectivos sociales conocieran “más a fondo a las universidades. Además de esto, familiarizar a las comunidades ajenas, o que no han estado tan cercanas a la institución con la universidad, para crear un sentido de pertenencia con la institución. Finalmente y no menos importante, le da la posibilidad a la universidad de conocer a las poblaciones, conocer sus necesidades y sus fortalezas”.
La magister Gloriana Rodríguez-Corrales, co-coordinadora de la actividad, dio la bienvenida y motivó a las personas a representar con mímica algún aspecto relevante que distingue a sus comunidades. Posteriormente, con un espectáculo de títeres se les planteó como punto de reflexión si la universidad ha sido un apoyo importante en su cotidianidad y qué tipo de trabajo ha realizado hasta el momento la Universidad de Costa Rica (UCR) en sus comunidades.
Las actividades lúdicas previas a las mesas de trabajo contribuyeron a fomentar la creatividad para lograr exposiciones creativas a la audiencia.
Al concluir el trabajo del día, además de la exposición de ideas, cada grupo creó un estribillo que resumía sus aspiraciones para que su relación con la UCR fuera aún más provechosa en el futuro.
En la actividad participaron habitantes de las comunidades de Guacimal, Paquera, Monteverde, Isla Cedros, Sabana Bonita, Isla Chira, Miramar, Orotina, Cóbano, Esparzol, Santa Elena y Fray Casiano. Asimismo, representantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Cuerpo de Paz, Red Interinstitucional pro Puntarenas, Municipalidad de Esparza y el Centro Cívico Jacó.
Este encuentro comunitario analizó los componentes conceptual y funcional de la Acción Social. Previamente, el pasado 17 de agosto se abordó el aspecto estructural con el personal de la sede.
Líderes comunitarios pusieron a disposición de la UCR sus saberes, infraestructuras y sitios de alojamiento para personal y estudiantes.
Aportes comunitarios. Las personas participantes externaron al personal universitario que es necesario crear formas de difusión más efectivas para que las comunidades se enteren de las actividades que organiza la sede.
De la misma forma, pidieron mayor involucramiento de los liderazgos comunales en el diseño de proyectos para toda la zona pacífica del país. En ese sentido, la mayoría coincidió en que el aporte de las comunidades a los proyectos son sus conocimientos, como el arte de la pesca, al ser ésta una gran área costera.
Los grupos de trabajo coincidieron en que la carencia de opciones de capacitación técnica es una de las principales necesidades. Las asociaciones de mujeres de Paquera y Cóbano explicaron a la audiencia que la falta de oportunidades para la juventud de la zona incide en el bajo ingreso a las universidades y que ante la falta de formación técnica las opciones laborales son ocupadas por residentes del área metropolitana del país.
La profesora María José Quesada explicó a las personas participantes los temas de discusión del encuentro comunitario. Foto cortesía SRP.
En términos educativos, se solicitó apoyo para que la Universidad, mediante alianzas interinstitucionales inicie un proyecto de alfabetización básica, como primer paso para proseguir capacitando en otros temas y fomentar liderazgos.
En contraparte, representantes comunitarios de Guacimal, Paquera y Cóbano mostraron su anuencia a facilitar infraestructura y alojamiento al personal universitario y estudiantil participantes en futuros proyectos.
Se sumaron a ese ofrecimiento otras personas de Monteverde y Esparza hicieron eco de estos ofrecimientos de capital humano, infraestructura y mucho entusiasmo para asumir responsabilidades en los proyectos de Acción Social que se diseñan entre la UCR y sus comunidades.
Una de las conclusiones generales fue que la universidad trabaje en conjunto con otras entidades, como las municipalidades, la Fuerza Pública y ministerios de Educación Pública y Salud para el diseño de los proyectos futuros, en aras del bien común de la ciudadanía del Pacífico costarricense.
Las personas participantes en el foro sobre acción social en la Sede del Pacífico resaltaron que el aporte de las comunidades costeras a los proyectos universitarios son sus conocimientos, como por ejemplo el arte de la pesca (foto archivo ODI, UCR).
Como parte del Foro de Acción Social: La inter-acción Universidad- Sociedad: propuestas y desafíos a cien años de la Reforma de Córdoba, el pasado 7 de setiembre la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó el Encuentro comunitario a nivel regional para reflexionar en torno a la Acción Social.
En un ambiente lúdico y en medio de un franco intercambio de ideas, unas 75 personas protagonizaron una jornada fructífera que concluyó con una serie de recomendaciones de parte de pobladores y representantes de organizaciones comunitarias hacia las autoridades universitarias, recogidas en un informe por las organizadores del encuentro.
Según la profesora Steffany Forester Delgado, coordinadora de la actividad, la finalidad del encuentro fue que habitantes de la zona y sus colectivos sociales conocieran “más a fondo a las universidades. Además de esto, familiarizar a las comunidades ajenas, o que no han estado tan cercanas a la institución con la universidad, para crear un sentido de pertenencia con la institución. Finalmente y no menos importante, le da la posibilidad a la universidad de conocer a las poblaciones, conocer sus necesidades y sus fortalezas”.
La magister Gloriana Rodríguez-Corrales, co-coordinadora de la actividad, dio la bienvenida y motivó a las personas a representar con mímica algún aspecto relevante que distingue a sus comunidades. Posteriormente, con un espectáculo de títeres se les planteó como punto de reflexión si la universidad ha sido un apoyo importante en su cotidianidad y qué tipo de trabajo ha realizado hasta el momento la UCR en sus comunidades.
Al concluir el trabajo del día, además de la exposición de ideas, cada grupo creó un estribillo que resumía sus aspiraciones para que su relación con la UCR fuera aún más provechosa en el futuro.
En la actividad participaron habitantes de las comunidades de Guacimal, Paquera, Monteverde, Isla Cedros, Sabana Bonita, Isla Chira, Miramar, Orotina, Cóbano, Esparzol, Santa Elena y Fray Casiano. Asimismo, representantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Cuerpo de Paz, Red Interinstitucional pro Puntarenas, Municipalidad de Esparza y el Centro Cívico Jacó.
Este encuentro comunitario analizó los componentes conceptual y funcional de la Acción Social. Previamente, el pasado 17 de agosto se abordó el aspecto estructural con el personal de la Sede.
Representantes de algunas comunidades del Pacífico Central, personal universitario y estudiantes analizaron la acción social de la UCR en sus poblados.
Aportes comunitarios
Las personas participantes externaron al personal universitario que es necesario crear formas de difusión más efectivas para que las comunidades se enteren de las actividades que organiza la Sede.
De la misma forma, pidieron mayor involucramiento de los liderazgos comunales en el diseño de proyectos para toda la zona pacífica del país. En ese sentido, la mayoría coincidió en que el aporte de las comunidades a los proyectos son sus conocimientos, como el arte de la pesca, al ser dicha zona una gran área costera.
Los grupos de trabajo coincidieron en que la carencia de opciones de capacitación técnica es una de las principales necesidades. Las asociaciones de mujeres de Paquera y Cóbano explicaron a la audiencia que la falta de oportunidades para la juventud de la zona incide en el bajo ingreso a las universidades y que ante la falta de formación técnica las opciones laborales son ocupadas por residentes del área metropolitana del país.
En términos educativos, se solicitó apoyo para que la Universidad, mediante alianzas interinstitucionales inicie un proyecto de alfabetización básica, como primer paso para proseguir capacitando en otros temas y fomentar liderazgos.
En contraparte, representantes comunitarios de Guacimal, Paquera y Cóbano mostraron su anuencia a facilitar infraestructura y alojamiento al personal universitario y estudiantil participantes en futuros proyectos.
Se sumaron a ese ofrecimiento otras personas de Monteverde y Esparza hicieron eco de estos ofrecimientos de capital humano, infraestructura y mucho entusiasmo para asumir responsabilidades en los proyectos de Acción Social que se diseñan entre la UCR y sus comunidades.
Una de las conclusiones generales fue que la universidad trabaje en conjunto con otras entidades, como las municipalidades, la Fuerza Pública y ministerios de Educación Pública y Salud para el diseño de los proyectos futuros, en aras del bien común de la ciudadanía del Pacífico costarricense.
Marjorie Jiménez, Vicerrectora de Acción Social, piensa que los conocimientos que poseen las comunidades enriquecen el quehacer universitario en todos los sentidos. Foto archivo ODI, UCR.
“Estamos planteando una forma diferente de hacer la acción social (AS), una manera distinta del vínculo de la UCR con las comunidades, para reivindicar el conocimiento de las comunidades, que es igual de importante que aquel que se genera en las aulas y laboratorios científicos”, aseguró la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), al referirse al Foro de Acción Social: La inter-acción Universidad- Sociedad: propuestas y desafíos a cien años de la Reforma de Córdoba.
Entre los objetivos del foro está la realización de propuestas concretas en las dimensiones conceptual, funcional y estructural de la AS de la UCR frente a los desafíos del siglo XXI. A partir de éstas, definir los cambios que se requieran en la normativa institucional para ponerlos en práctica.
El vínculo Universidad-sociedad se basa en una relación de apoyo a las necesidades detectadas por las mismas comunidades, en un diálogo horizontal de saberes. Foto archivo VAS, UCR.
En este diálogo reflexivo, crítico y propositivo están participando estudiantes, personal docente y administrativo de las unidades académicas y representantes de comunidades y organizaciones civiles.
Según la vicerrectora Jiménez, este intercambio enriquecerá la AS, la docencia y la investigación de la UCR, y revaloriza los procesos creativos y los conocimientos que existen fuera de las aulas y laboratorios universitarios. En este aspecto, la vicerrectora hizo clara alusión al concepto de ecología de saberes, propuesto por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, quien visitará la UCR en abril del 2018 para el cierre de este gran foro institucional.
El fomento de la creatividad en poblaciones infantiles y juveniles es parte intrínseca de los proyectos de la VAS. En la imagen aparece el profesor Carlos Rubio, coordinador del TC-503 “La animación y la promoción de la lectura por medio del uso de la biblioteca”. Foto archivo VAS, UCR.
“Defendemos la AS que se hace desde las comunidades, en comunión y participación con ellas. Queremos favorecer la AS dirigida a pueblos que no han tenido voz, y que han sido excluidos de las oportunidades. Por eso, rescatamos aquella AS que centra sus acciones en lo humano y no solo aquella que centra su labor en la dimensión lucrativa”, acotó la jerarca.
Diálogo horizontal. La vicerrectora Marjorie Jiménez Castro afirmó que el pensamiento de la Lic. María Eugenia Dengo Obregón, primera vicerrectora de Acción Social, sigue vigente en la esencia universitaria.
Dengo abogaba por trascender la proyección externa y el concepto de extensión universitaria. Ella creía que el objetivo de la UCR es “trabajar de cara a la sociedad en labor recíproca de dar y recibir y de enriquecerse continuamente”, comentó Jiménez Castro.
Al respecto, la vicerrectora explicó que en la UCR la escogencia misma del término de acción social, en vez de extensión marcó esa diferencia. “La idea de extender y cobijar puede resultar gratificante; sin embargo, tiene una carga negativa. Significa que la universidad ve en los otros objetos que debe civilizar, llenar de luz mientras que propaga su conocimiento generado en los olimpos universitarios”.
La VAS tiene inscritos variedad de proyectos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje en escuelas y colegios estatales, como el TC-501 que crea materiales didácticos en inglés, acordes a las necesidades de los centros educativos involucrados. Foto cortesía TC-501.
La vicerrectora Jiménez, afirmó que en la UCR coexisten formas de concebir el vínculo Universidad-sociedad, contrastes con los que se conviven en muchas universidades estatales de América Latina.
Por ello, Jiménez destacó que el Foro de Acción Social es “una oportunidad para volver sobre los puntos de encuentro y de desencuentro. Los Encuentros comunitarios y de reflexión que se están realizando en las sedes y recintos nos permiten aprender de los proyectos, sus metodologías, del acercamiento a las comunidades, del desafío que tenemos todos de mantener una universidad inclusiva y trascender constantemente las fronteras de la comunidad universitaria”.
Finalmente, la vicerrectora Marjorie Jiménez concluyó diciendo que la AS toca las fibras del quehacer universitario y cuestiona continuamente el propio de concepto de Universidad.
Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.
En aras de alcanzar mayores niveles de paz social, con justicia y equidad en la cotidianidad universitaria y en todos sus ámbitos, las Universidades Públicas costarricenses adscritas al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) declararon el 2017 como el «Año de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz».
Como parte de esta declaratoria se han organizado una serie de actividades a lo largo del año en las universidades públicas de Costa Rica. Dadas las condiciones de violencia de diferente naturaleza que viven las sociedades centroamericanas, nos interesa también reflexionar sobre esas condiciones y escuchar los testimonios de personas de los diferentes países que están comprometidas con las luchas y movimientos por la justicia y el fin de la violencia.
El 19 de setiembre del año en curso, a las 3:00 p.m. tendrá lugar el Foro de Reflexión sobre los Hechos de Violencia en Centroamérica en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. En el documento adjunto encontrará información sobre las panelistas.
Las acciones que realiza la Universidad de Costa Rica (UCR) desde sus estudiantes, personal docente y administrativo, en materia de acción social, serán motivo de reflexión en el Foro de Acción Social, una serie de actividades que dieron inicio a partir de este mes y concluirán en abril del próximo año, a través de cinco fases.
La primera etapa está marcada por los encuentros comunitarios o de reflexión sobre la acción social en las diferentes unidades académicas, que se desarrollan entre agosto y setiembre. El objetivo de inicio es el de crear un diálogo de reflexión y propuestas sobre la acción social con miembros de la comunidad universitaria y personas provenientes de las comunidades donde la UCR realiza obras de impacto directo, con el fin de determinar la interacción universidad – sociedad en el futuro.
La segunda parte abarcará dos días – el 26 y 27 de octubre –, cuando se realizarán actividades para hacer una puesta en común del aporte de los encuentros comunitarios sobre la acción social, cuyo fin será analizar y discutir los resultados de la primera etapa.
En la tercera fase se efectuarán las Jornadas de reflexión y propuestas de acción, el 16 y 17 de noviembre, con el propósito de realizar planteamientos concretos de acción social frente a los desafíos del siglo XXI desde la normativa institucional.
La cuarta etapa se realizará dentro del marco de la Escuela de Verano de Extensión – Acción Social, del 10 al 27 de febrero del próximo año, donde se organizarán formaciones de docentes y estudiantes de universidades públicas latinoamericanas, en conjunto con algunas comunidades rurales y urbanas de Costa Rica, a través de una experiencia teórico práctica.
Por último, la quinta etapa coincidirá con la semana de conmemoración del Centenario de la Reforma de Córdoba, del 24 al 28 de abril de 2018, cuando se presentará la ruta a seguir de la UCR referente a la acción social, en el marco de estos 100 años de gran relevancia para la conformación de los valores que rigen la vida universitaria en toda la región latinoamericana.
Para la vicerrectora de Acción Social, M.Sc. Marjorie Jiménez, el foro propicia reflexiones sobre las nuevas formas de vinculación entre la universidad y la sociedad, de modo que la institución se evalúe desde lo interno para poder proyectarse mejor hacia afuera.
«Si bien la UCR ha avanzado mucho en su modelo de acción social, el cual es muy solidario, debemos analizar su reconceptualización. Nos interesa analizar la acción social de la universidad, la cual está no solo en manos de una vicerrectoría, sino que es responsabilidad de toda la institución el ponernos de acuerdo en las reglas y lineamientos para el futuro«, señaló la M.Sc. Jiménez.
La funcionaria de apoyo logístico de la VAS, M.Sc. Natalia Carballo, quien también es organizadora de esta actividad, rescató que la diversidad de la acción social en la universidad debe llevar a la institución a un diálogo interno y externo, de modo tal que permita establecer una conciencia clara de la situación actual y de los desafíos que se pueden presentar en el horizonte.
«Hay una teoría que es transversal sobre lo que queremos hacer en los foros, pero no queremos imponer nada. Los encuentros comunitarios posibilitarán el diálogo entre las unidades académicas y sus comunidades; cada área de conocimiento sabe cómo se acerca. Estas fases también incluyen el diálogo a lo interno de la universidad, porque también somos una comunidad«, infirió la M.Sc. Carballo.
Entre los temas novedosos que tocarán los foros destaca la interacción de la universidad con las comunidades virtuales, a través de la tecnología y el acceso a Internet, de manera que la universidad pueda utilizar los entornos digitales para realizar aproximaciones a esas poblaciones e interactuar con ellas y beneficiarlas.
Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría
Las comunidades con las que interactúa la institución, como la indígena de La Casona, en Coto Brus, serán indispensables para obtener una evaluación más clara del estado actual de la acción social en la universidad. Foto: Archivo / ODI, UCR.
