Conforme se fue comprendiendo la decisiva defensa de la soberanía nacional que ejerciera don Rodrigo Carazo frente al Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Reagan y los inescrupulosos banqueros internacionales, fue creciendo la admiración por el expresidente.
Su patriotismo fue ejemplar y su dignidad jamás fue cuestionada. Se le reconoció el mérito de ser el mejor expresidente, el más respetado, el más admirado, el más consecuente.
La ovación de muchos minutos que recibiera en un Teatro Nacional que se hiciera pequeño, para acompañarlo a recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional, fue cual desagravio del pueblo que le admiró y le sigue extrañando.
En ese momento, no se trató de partidarios de algún partido político de la »gradería de sol», sino el del pueblo informado y consecuente que sabe diferenciar, lo que es un presidente populista y demagogo, de un estadista con alma patriótica.
Hoy, al vivir el cogobierno Chaves-Cisneros, irrespetuoso de la institucionalidad democrática, y del digno pueblo que trabaja por Costa Rica, más que nunca estamos urgidos de su ejemplo.
Por más de 200 años, las sociedades civilizadas han avanzado, no sin obstáculos, por el camino del respeto a la dignidad de los privados de libertad. La abolición de la pena de muerte, en 1882, gran legado de don Tomás Guardia a los costarricenses y al mundo, es la mejor expresión, de esa tarea de supremo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, también, la inhumana tortura, para infringir sufrimiento, o cualquier otro tipo de maltrato inconcebible, incluido el encarcelamiento injusto, conque se degrada a la persona, han dejado de tener cabida en sociedades que se dicen civilizadas.
No en vano, a los costarricenses todavía nos avergüenza, las situaciones descritas por José León Sánchez, en su novela «LA ISLA DE LOS HOMBRES SOLOS», que tanto impactara entre los costarricenses, cuando se publicara hace más de medio siglo, en la cual José León describe, como testigo, la situación que se vivía en la antigua prisión existente isla San Lucas.
Pero, por dicha, han pasado los años, y con ellos se han venido estableciendo principios convencionales en el marco de la ONU, que, junto a decisiones internas de Estados, como Costa Rica, han permitido avanzar por el sendero correcto, hacia el respeto de los derechos de los que cumplen sanciones penales. «Donde las leyes permiten que un hombre, en determinados casos, deje de ser una persona para convertirse en una cosa, no existe libertad», describió Beccaria, jurista italiano del siglo XVIII, de gran influencia en la modernización del derecho penal europeo.
En los «Principios básicos para el tratamiento de los reclusos», (ONU 1990), explícitamente se establece, el deber de crear «condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles, que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país, y les permita contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio«.
Tenemos los costarricenses, leyes pertinentes y un ejemplar «Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional«, emitido en la administración de don Luis Guillermo Solís, que recoge el espíritu y letra de la legislación pertinente al caso que nos ocupa. Por ejemplo, se estipula que «Las condiciones de vida de la persona privada de libertad, deberán tener como referencia, la vida en libertad«. Para su inserción social, el Estado «tomará las medidas necesarias a efecto de poder ofrecer a las personas, educación, cultura, formación profesional, trabajo, salud, deporte, arte, y cualquier otra cosa que tenga el mismo fin«. Asimismo, se ha de implementar «un modelo de formación integral, garante de los derechos humanos, que les posibiliten la inserción social«, para lo cual se ha de generar, «una oferta educativa, formativa, productiva y laboral, que estimule el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas… para su vida en libertad«. Ello con la finalidad de realizar «un proceso de acompañamiento individual y grupal a las personas privadas de libertad, que desarrollen actividades ocupacionales«.
En términos generales, se busca que las actividades de formación, ocupación y capacitación, «sean parte esencial del plan de ejecución de la pena y tendrán como finalidad, adquirir y fortalecer destrezas y hábitos positivos… que favorezcan la inclusión social… y un proyecto de vida sin delinquir«.
Ante lo anotado, no entendemos cómo, el presidente Chaves y la co-gobernante Cisneros, hasta gastaron recursos del Estado, para anunciar como un éxito del gobierno, el haber desautorizado el funcionamiento de un par de pequeñas pulperías, administradas por adultos mayores, en sendas cárceles. Pulperías (ellos les llaman «comisariatos», otros «supermercados») que, debidamente autorizadas por el ministro de Justicia (aunque lo obligaron luego «a quitarse»), funcionaban, con grandes limitaciones, en las prisiones.
Aprovechando que se trata de una población vulnerable, privada del ejercicio de varios derechos en razón de sentencias judiciales, mayormente despreciada por los habitantes, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo consideró un «éxito» detener su operación, pues «no pagan impuestos ni la luz», dijo el dúo Chaves-Cisneros. Acción que demuestra ausencia de sensibilidad y solidaridad cristiana, además del usual desconocimiento de la legislación, nacional e internacional.
El hecho de que, en países como El Salvador, no rijan reglas similares, no ha de ser motivo para retroceder tan violentamente, en un campo en el cual los costarricenses hemos avanzado tan significativamente. Por ello, esperamos que, en virtud de recursos de amparo presentados a favor de los privados de libertad, afectados como artesanales empresarios, y como particular clientela, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de acogerlos, emitan un voto razonado tal, que vaya permeado de una motivación educativa, donde se reafirmen los principios básicos, que el Chaves y la Cisneros, están desechando, como parte de su demagógica propaganda, de hombre fuerte y mujer de hierro.
Sobre el presupuesto general de la República, la Constitución Política establece en el artículo 177, que, «la preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo», el que «será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa» (Art. 178). Luego, el proceso continúa al interior del Congreso de la República, indicándose que, dentro de las «Atribuciones de la Asamblea Legislativa» (Art. 121, inciso 11), está la de «dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República».
Por lo anotado, pareciese un sinsentido jurídico, inconstitucional, (¡otro!), la pretensión del Chaves, a través de la diputada Cisneros, y una decena de diputados oficialistas y evangélicos, de que la Sala Constitucional, en el «día menos pensado», resuelva ordenar a los señores diputados, NO cubrir sensibles partidas presupuestarias deficitarias, en áreas fundamentales, como educación universitaria, educación básica, cultura, seguridad, infraestructura vial, Becas Avancemos, trasporte de escolares en zonas rurales, colegios científicos, tren a Paraíso, plazas para la Fiscalía y Migración, carretera a San Carlos, Editorial Costa Rica…, con parte de los dineros presupuestados para abonar a la gigantesca y creciente, deuda del Estado.
De prosperar semejante acción ante la Sala IV, matizada como «consulta», la Asamblea Legislativa, ya no podría, ejercer la suprema atribución democrática, de dictar los presupuestos, que le son sometidos para su conocimiento, por el Poder Ejecutivo, dándosele a éste, un poder cercano al que ejercen ciertas dictaduras centroamericanas. ¡Nuestro límpido cielo a veces no es tal!
Cuando se piensa que ya no hay más ocurrencias burocráticas en el horizonte del Estado costarricense, lamentablemente no hay que esperar mucho para percatarse del error de esa percepción. Hoy veremos otro ejemplo.
Resulta que, en su afán de destruir la visionaria, magnífica, ¡y muy modificada Ley de Aguas!, que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, hace 82 años, regresa otro mal proyecto de ley, que, como resabio de las anteriores propuestas, avanza, con cierto sigilo, en la Asamblea Legislativa, como si no tuviera importancia. Sin que la mayoría de los señores diputados, se estén percatando de las consecuencias que tendría una posible aprobación, de la iniciativa que está procesándose en comisión, éste avanza, gracias quizá a la buena fe de sus proponentes, y de los que son indiferentes, pues, seguramente, les habrán comentado, que es un buen proyecto, moderno, extraordinario, y muy necesario para sustituir “la vieja ley” de 1942, que ya cumplió su vida terrenal. Que el agua, su agua, nuestra agua, la de nuestros hijos, requiere, una “gestión integrada”, que no se explica cómo funcionaría.
Sobresale en dicho proyecto, como principal objetivo, la creación de un nuevo organismo gubernamental, que absorbería, como un papel secante, fundamentales funciones del AyA, como la gobernabilidaddel recurso hídrico, y, las que, ejecuta, gracias a su realidad natural e institucional, como órgano ejecutor y rector del sector agua, que, además, tiene la capacidad constitucional de delegar, en las ejemplares ASADAS, dicha gobernabilidad, para el abastecimiento de agua potable en comunidades rurales. Asociaciones que, en la versión original del proyecto, se habrían convertido en concesionarias, con las consecuencias inconstitucionales que se vislumbraban.
Las responsabilidades del AyA, han sido puestas en práctica, desde que, en 1961, el presidente Mario Echandi Jiménez, promoviera su creación como Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA), en un momento histórico en que el país, experimentaba una severa crisis de abastecimiento de agua potable, en los crecientes centros urbanos, y que hoy hemos de seguir aplaudiendo.
En la más reciente propuesta, de las varias que han pasado por el Congreso, aunque se debilita, no se propone desaparecer el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con sus más de 4.000 funcionarios, profesionales especialistas, técnicos calificados, operarios de diversos oficios, administrativos que atienden, entre otros, las responsabilidades, relacionadas con “Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en el ejercicio que el Estado tiene sobre ellas”, tal y como lo concibieran los legisladores en 1961. Para don Mario Echandi, la creación del SNAA, sustentada en la Ley de Aguas del doctor Calderón Guardia, era «la medida de mayor trascendencia nacionalen favor de la salud pública durante los últimos cincuenta años”. Y por ello, consecuentemente, se gestionaron los préstamos internacionales que permitieran su urgente estructuración, pues el compromiso nacional y el interés por dotar al país de agua de buena calidad para consumo humano, servida a domicilio, demandaba una buena dosis de entrega, en momentos en que los gobiernos locales, y otros ciudadanos, estaban lejos de tener la capacidad de garantizar tan fundamental servicio público.
La trascendencia de ese acto gubernamental, hoy se ha de valorar, a partir de lo avanzado, y los logros alcanzados, pues, a diferencia de otros países, la gran mayoría de los costarricenses, ¡todavía!, podemos tomar agua del grifo, con la seguridad de que su calidad y cantidad adecuadas, son una meta irrenunciable.
Pues, resulta, que, hay quienes piensan, que esa compleja tarea encomendada al AyA, sin que medie, ningún informe técnico, riguroso, participativo y coordinado con sus departamentos de planificación, jurídicos y de ejecución, se le debe trasladar a un nuevo aparato burocrático que se estaría creando en el marco del MINAE, para que, desde él, se ejerza, nada menos, que la gobernabilidad del agua de todos los costarricenses, que hoy cumple el AyA, como misión suprema.
¡No se preocupen!, dicen los que así piensan, pues ya el MINAE tiene una Dirección de Agua, que se encarga de otorgar permisos de uso y concesiones, para personas físicas y jurídicas, de carácter privado, y que, con “unos ajustes presupuestarios”, podría asumir funciones trascendentales que definen al AyA.
Ante ello, soslayan que el Ministerio de Ambiente, con escaso presupuesto e inmensas obligaciones sin atender, como, por ejemplo, el pago de gran parte de las tierras, sobre las cuales se ha sustentado el conjunto de áreas de conservación que tanto prestigia a Costa Rica, tiene posibilidad cero, de aumentar significativamente su presupuesto general, que, más bien, vemos disminuir, año con año, pese a las responsabilidades crecientes que conllevan sus funciones, en pro del desarrollo sostenible.
Pese a que la planilla de la Dirección de Agua ronda los 40 funcionarios, incluyendo choferes, conserjes, mensajeros, recepcionistas, solo seis cumplen funciones de «gestión de proyectos de desarrollo hídrico«. Y, aún, así, se propone que sobre esa tambaleante “estructura”, se edifique la pomposa Dirección Nacional de Aguas (DINA), que cumpliría funciones que hoy se ejecutan en el AyA. Ello, sin tener un estudio cuidadoso, acerca de la requerida inversión financiera, que, como es usual en este tipo de proyectos, no se ha estimado formalmente. Así las cosas, la gobernabilidad del agua, quedaría en manos de un organismo, que, al día de hoy, no ha sido objeto de un proceso riguroso de planificación, tal y como se puede corroborar fácilmente.
Pero, hay algo más, y quizá más ocurrente. Resulta que, hacia esa misma Dirección Nacional de Aguas (DINA), sin pensarlo mucho y sin mayor estudio, también se incorporarían funciones que hoy, con un calificado recurso humano profesional y técnico, se ha venido ejecutando en el Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), creado durante la administración de don Luis Alberto Monge en 1983.
Los proponentes del proyecto de creación de la DINA, desdeñan que el conocimiento que se tiene en Costa Rica, acerca de esas formaciones hidrogeológicas que conocemos como acuíferos subterráneos, se ha desarrollado, en o alrededor, del Senara. Labor silenciosa, pero constante, de mucha rigurosidad científica, que ha permitido localizar los acuíferos en todo el país, estimar sus caudales, conocer su compleja geología, determinar su vulnerabilidad, dictar medidas de protección, con la fundamental misión, de garantizar a los habitantes de todo el país, el uso sostenible de esas fuentes de agua, que garantizan el abastecimiento de agua potable de la mejor calidad.
Para el debido cumplimiento de esas insustituibles obligaciones, el Senara cuenta con más de 136 funcionarios, entre los cuales se cuenta, cerca de un centenar de profesionales y técnicos, que ya han vivido, con cierta desazón, los tortuosos caminos, por donde caminan los recurrentes proyectos, que buscan derogar la visionaria Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia, quitarle al AyA la suprema función de gobernar el agua potable, y, realizar las funciones que, sobre la aguas subterráneas, cumple a cabalidad el Senara. Algo así, como un terremoto institucional en el sector agua.
Años atrás, enfrentados a la realidad de no contar con los especialistas, que hoy laboran para el Senara, hasta propusieron que los mismos, se trasladaren a la DINA, que estaría por crearse. Ante el rechazo manifiesto que se recibió como respuesta, se optó por desistir de esa ocurrencia, pero, contrario a la lógica más elemental, se ha seguido adelante con la necedad de que, en la DINA, se abran las plazas para la contratación de los recursos humanos imprescindibles, y se financie la adquisición de materiales y equipos, como del Senara, para poder cumplir con las tareas que… hoy cumplen los experimentados funcionarios del Senara. ¿Verdad que no tiene sentido?
Bajo esa premisa, se establece en dicho proyecto de ley (Nº 23.511, Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico) que la DINA, cual espejo del Senara, se encargaría de “realizar las investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas a nivel nacional, así como las prácticas de mejoramiento, conservación y protección para el uso sostenible del agua, tanto superficial como subterráneo”. Además, tendría que “Desarrollar el monitoreo y la clasificación en cantidad y calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y realizar los estudios de vulnerabilidad de los acuíferos, así como la delimitación de las áreas de recarga y descarga de aguas subterráneas”. Y, cual si se tratara de aspectos no cubiertos actualmente, por el organismo del Estado especializado en la materia, se anota que la DINA tendría que “Elaborar los estudios respectivos y proponer al ministro de Ambiente y Energía ladeclaratoria de áreas de recarga acuífera de protección absoluta”, así como, “Realizar investigaciones y estudios técnicos-científicos en aguas subterráneas, pluviales y superficiales con fines de exploración, explotación, inyección artificial e investigación científica y técnica de acuíferos, protección y aprovechamiento sostenible”.
Así, cual, si el Estado estuviere enfrentando un vacío, en la administración, investigación, dictado de directrices, regulaciones, etc., sobre el manejo de las aguas superficiales y subterráneas, el proyecto de ley propone duplicar en el organismo que estaría por crearse, las responsabilidades que, por ley, corresponde cumplir, tanto al AyA, como al Senara. Propuesta que se hace, en momentos en que, como sabemos, es imprudente, asumir extraordinarios compromisos presupuestarios, relacionados con una nueva instancia estatal, que ejecutaría, funciones que ya realiza eficientemente, el Estado.
Sí hay algo que no se puede, ni se debe, ocultar. Aparte de los problemas de gestión en el AyA, que se han venido profundizando, con el correr de los últimos 12 o 15 años, vemos, que sus «aguas se han contaminado», con elementos salidos del privatizador Banco Mundial. Ejemplo relevante, aquél que considera al «agua como un bien económico«, y no como «un bien social», traído a Costa Rica, por funcionarios ubicados estratégicamente, en el MINAE y el AyA, indebidamente vinculados a la GWP-BM (Global Water Partnership). Personas que han hecho creer, principalmente, a algunos legisladores, que la Ley de Aguas, la ley de Creación del AyA y la ley de Creación del Senara, son los tres pecados capitales, que han hecho imposible el trabajo eficiente de los jerarcas del AyA.
Que el hecho de perder, por fugas desde sus cañerías, agua para más de dos millones de personas, o que no se hubiera construido el proyecto Orosi 2, o aprovechado parte de las aguas que se pierden en el balneario Ojo de Agua, o ejecutado un eficiente proyecto de hidrómetros, que permita el cobro justo del agua en condominios, es causado por esas leyes citadas, que, cabe reseñar, han obstaculizado, hasta ahora, procesos de privatización, que los costarricenses no queremos.
Se conoce que han corrido dólares, por manos de «consultores», encargados de la redacción apresurada de las varias propuestas de nueva Ley de Aguas, que, como la actual, pese a sus deficiencias, se propone imponer en nuestra Patria. Trabajos pagados, sin reflexionar, acerca de las onerosas consecuencias financieras, que tendría su aprobación, y, el retroceso que provocaría, una interesada administración de la mayor riqueza natural de Costa Rica. En fin, se trata de un capricho recurrente, que tendría un costo indeterminado para las finanzas públicas, y para el bienestar de los habitantes, que es preciso detener.
Que se están robando el oro de los costarricenses, allá cerca de la frontera norte, es cierto. Que el daño ambiental iniciado hace más de una década, es, no solo una irreversible triste realidad, es igualmente cierto. Que hay muchas personas honestamente interesadas, en detener el saqueo y la destrucción, ambos provocados por los ladrones, que actúan impunemente en esa zona remota, es evidente. Que algunos han visto en los señores diputados, una esperanza de solución, aunque ésta nos luce innecesaria como tarea legislativa, es igualmente verdad. Que existe una prohibición expresa en el Código de Minería, que impide otorgar concesiones a mineras privadas, para aprovechamiento de la riqueza aurífera, con la técnica de cielo abierto, es bien conocido. Que, posiblemente, sin esa barrera legal, hace unos años ya habríamos visto, cómo empresas extranjeras habrían iniciado la extracción de esa riqueza, para su propio beneficio, es innegable.
Ante ello, hace unos ocho años, hemos compartido con diversos grupos y personas, la propuesta de aprovechar en una década, alrededor de US$2.300 millones, del oro nacional, localizado en el yacimiento de Crucitas, para beneficio de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente, para la atención sanitaria de los Ciudadanos de Oro, que hoy lamentablemente, la Caja, por su situación financiera, no puede atender, como lo merecen. Abuelitos y abuelitas, que por el problema demográfico que estamos viviendo en Costa Rica, ya hoy ocupan más del 65 % de los espacios de atención, en hospitales y clínicas, si es que logran superar las inhumanas listas de espera. Ancianos que van aumentando aceleradamente en números, y que, requieren de una acción efectiva, dirigida a su atención en todo el país, de Osa a Barra del Colorado, de Nicoya a Talamanca, de Puriscal a Pococí, de San Carlos a Cartago, de San José a Liberia. En fin, por todo el territorio nacional, a partir de una visión solidaria, muy costarricense.
Oro que propiciaría, si nos lo proponemos, la estructuración de un sistema hospitalario, integral, que se iría desarrollando gracias a la participación de profesionales médicos, planificadores, sociólogos, demógrafos, ingenieros, arquitectos, ¡que existen en el país!, y que se encargarían del diseño de hospitales geriátricos regionales, vinculados en algunos casos a los existentes, para ir atendiendo la demanda de esa venerable población de compatriotas. Asimismo, en lo posible, los más de un millar de Ebais, que brindan su fundamental atención primaria en tantas comunidades, tendrían áreas nuevas, dedicadas a atención geriátrica. Asimismo, se piensa que quizá sería necesario, un hospital de especialidades médicas, como soporte deseable, según lo determinen los profesionales que se involucrarían en este proyecto país. Propuesta que, como consecuencia, liberaría la presión sobre las listas de espera, que tanto dolor, causan a los pacientes que son incluidas en ellas, ante la falta de recursos humanos y financieros.
Para su identidad, hemos propuesto que ese sistema hospitalario sea conocido como Hospital del Oro.
¡Claro que entendemos algunas reacciones, en contra de la explotación del yacimiento de oro en Crucitas!, principalmente al recordar lo sucedido, con el manejo indebido, que provocara el gran conflicto que nos movilizó a tantos compatriotas, hace más de diez años, y que desembocara en la prohibición legal, a otorgar concesiones para su explotación. Concesiones que el Estado, como tal, no tendría que solicitar, por tratarse de bienes demaniales, a disposición de sí mismo, de interés público.
Superada la página del conflicto, nuestra propuesta, no solo tiene otra motivación, sino que es diametralmente opuesta. La misma, 1. Mantiene la prohibición, existente a otorgar concesiones a empresas privadas. 2. Es el único yacimiento bien explorado, existente en Costa Rica, y que estaba a punto de iniciar los trabajos para explotarlo. 3. Industrias Infinito (canadiense) esperaba extraer de la roca, tres toneladas de oro, al año, como mina comparativamente pequeña, que es. En otros países, como México, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, se extraen más de cien toneladas anualmente. En el caso particular del vecino Nicaragua, los concesionarios, administran áreas, como es el caso de una sola concesión, cercanas al tamaño de Guanacaste, por lo cual dicha nación, ya se acerca a la exportación anual de oro, igual a US$1.000 millones. 4. En Costa Rica estamos hablando, de un área ambientalmente destrozada, donde no hay biodiversidad alguna que proteger, de menos de 1 km², de los 51.100 km² del país. Y, además, situado en una zona fronteriza remota, tan alejada, tan fuera de la vista de habitantes y visitantes, que, resulta, que hay menos distancia de la sede municipal de San Carlos, a la ciudad de San José, que, de allí, al sitio del yacimiento. 5. Como la mina es conocida, explorada al detalle desde hace años, el oro de la delgada capa superior está siendo robado, mientras otros se frotan las manos, esperando pasar a la siguiente etapa, que sería la de hacerse de ese oro, para su propio y egoísta beneficio, si se elimina del Código de Minería, la prohibición que hoy se los impide. 6. Es, muy clara la alternativa, entre dejar que extranjeros, y sus socios locales, nos arrebaten esa riqueza mineral, o aprovecharla para reforzar, significativamente, las finanzas de la Caja, que, por razones conocidas, renquea en la prestación de sus vitales servicios, precisamente, por la creciente deuda, sin aparente solución, del Poder Ejecutivo con ella. 7. Pensar, siquiera, que esa riqueza mineral, debidamente localizada, jamás va a ser extraída industrialmente, y que se va a mantener intocable, en ese pedacito del país, como pieza de museo, o como parte de un “monumento natural”, es un sueño. El potencial como “atractivo turístico”, de cualquier tipo, o de “investigación científica”, que se dice podría tener ese alejado sitio, es insustentable. El dilema, sencillo, en resumen, es que sea en beneficio de Costa Rica, o de empresarios privados, como únicos ganadores. 8. Por otro lado, la imagen ambientalista de la nación, no tendría por qué, verse afectada, pues el país mantendría el prestigioso sendero, donde ni la minería metálica a cielo abierto, ¡ni la explotación petrolera!, serían parte de su modelo de desarrollo. El aprovechamiento del oro del yacimiento de Crucitas, con sus particularidades únicas, y los muy loables objetivos anotados, sería solo una razonable excepción, en vista de las circunstancias especiales, si lo hace el Estado y con los fines como los propuestos. No existe en el mundo, algo similar.
Además de los puntos enumerados, finalmente hemos de anotar, que el costoso asunto de la delincuencia, que en Crucitas goza de un reino, se acabaría desde el instante en que los primeros funcionarios del Estado ingresen, con las debidas medidas de seguridad, a ejecutar las primeras acciones conducentes a la explotación del oro, que allí se realizaría. Es un asunto de lógica elemental.
Cisneros, Chaves y Nogui, en orden de mayor a menor jerarquía, responden a la indignación ciudadana, enterada de la póliza de la vergüenza, «justificando» que es para mejorar la acción gubernamental. Que los jefes de los ministerios, instituciones autónomas, entes «desconcertados», Y el presidente, requieren protección especial, de una póliza del centenario INS, ante demandas, muchas veces injustificadas.
Podría ser; en la de menos. Pero ¡ese no es el punto en discusión! Lo injustificable, ilegal, abusivo, desvergonzado, es que, todos los que pagamos impuestos, incluyendo a la olvidada señora de Purral, tengamos que financiar los ¢248 millones anuales, que cuesta la póliza, para que, especialmente el Chaves, cuente con un seguro con el cual enfrentar procesos judiciales, que no corresponde al Estado pagar.
Si quiere cubrirse de eventuales demandas personales y sus consecuencias, pues que busque a sus conocidos en el INS, y contrate con ellos, ¡con su plata!, las pólizas que más le convengan.
La oferta de la excelente aseguradora del Estado, la misma que los tres citados arriba quieren vender, es amplia y atractiva. Aparte de que, si se faja a gobernar bien, acorde con las leyes que nos rigen, seguramente no tendría necesidad, de buscar cómo protegerse las espaldas.
A piratas, como el inglés Francis Drake, que saqueó ciudades y asaltó buques en altamar, la reina les otorgaba un certificado, conocido como «patente de corso«, que les garantizaba impunidad por los crímenes que cometieran.
Así, cualquier delito, cualquier condena, era cubierto por el reino. Cinco siglos después, en el país «pura vida», un gobernante, con 50 demandas encima, ordenó comprar al Instituto Nacional de Seguros, una «patente de corso», a la tica.
La idea es que, con un carísimo seguro del INS, en caso de seguir incumpliendo las leyes, no tenga que preocuparse, si fuese condenado a pagar sumas millonarias, en ejecución de sentencias.
Dicha «patente», comprada en más de ¢248 millones, ¡pagada con plata del pueblo!, no solo sería una invitación a delinquir, sino que obligaría a la empresa de seguros a que, si Chaves y sus súbditos del gabinete, tuviesen que cancelar, por ejemplo, los mil millones de colones, pagados de más, para arreglar la pista de un aeropuerto, eso tendría que ser pagado por el pueblo, a través del INS.
¡Verdad que ni al pirata Drake se le habría ocurrido algo semejante!
Es menester reflexionar, en estos días de tanto desbarajuste provocado por acciones antidemocráticas gubernamentales, que matizan la realidad nacional. Comentar que, planeada desde el Poder Ejecutivo, se desarrolla una estrategia propagandística populista, demagógica, perversa, que atrapa a incautos, en la que el Chaves se presenta como un «súper héroe» nacido del tugurio, en combate cuerpo a cuerpo contra los corruptos, que invita a que lo sigan cual cabeza de un cardumen.
Y es que, a año y medio de finalizar la administración, incapaz de mostrar siquiera, algunas pequeñas cosas buenas, se ha optado por reforzar una «campaña electoral», similar a la desarrollada en la segunda ronda que lo hizo presidente. Por ahí iba su intención de usar la figura del referendo, y, también, los anuncios de promesas, que, sabe muy bien, jamás se van a ejecutar, como son, luchar contra la criminal evasión de impuestos, fortalecer el Seguro Social, llevar bienestar a las ciudades costeras para liberar a sus habitantes de la tentación de buscar ingresos económicos en el narcotráfico, de fortalecer la seguridad ciudadana y acabar con los asesinatos cotidianos, de reafirmar compromisos con el ambiente, de garantizar el eficaz abastecimiento de agua potable…
Promesas y más promesas, que, bien divulgadas, y anunciadas con megáfonos, levantan la esperanza de un pueblo desvalido, que, al no poder superar su pobreza, a veces, extrema, quisieran creerle como último recurso. Pueblo que, dichosamente, poco a poco, parece ir despertando de su letargo.
Pues bien, como parte de esa nada sutil estrategia de campaña, una administración que se dice obstaculizada por caros principios democráticos, como la separación y respeto entre los poderes de la República, y por las instituciones de control del gasto público, ahora promueve la presencia de un cuestionado presidente centroamericano, con la intención de que éste le ayude en su vigente «campaña electoral», presentándolo como un ejemplo demócrata a seguir. Por ello, porque se viene ese incómodo acontecimiento, es pertinente mirar hacia la esencia del gobierno de Nayib Bukele, el ahora colaborador electoral de Rodrigo Chaves.
Al ponerle la lupa, la imagen captada, muestra a alguien que ha demostrado, un total menosprecio por las normas jurídicas salvadoreñas, como, por ejemplo, su menosprecio a la Constitución Política, conque fue electo la primera vez, síntoma evidente, de una deriva autoritaria, aplicada en el pequeño país hermano. Un caso grave es el de su forzada candidatura a la reelección presidencial. Resulta que la Constitución de 1983, prohíbe la reelección inmediata, y dicha prohibición había sido reafirmada por un fallo del 2.014. Sin embargo, gracias a una circunstancial mayoría absoluta, obtenida en las elecciones legislativas de febrero de 2.021, Nayib alteró las reglas constitucionales, gracias a una serie de maniobras alejadas de la legalidad. Cuando su sumisa Asamblea Legislativa, aprobó reemplazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, le abrió camino a ejercer, una dictadura maquillada de democracia. De este modo, sus «piezas» judiciales resolvieron en el 2.021, que el presidente en ejercicio podía postularse legalmente para el cargo, si se alejaba del poder, un tiempito (seis meses) antes de las elecciones, como simuló hacerlo en el papel, para cumplir con ese fraudulento requisito.
Ejecutada esa maniobra, se postuló nuevamente. Asimismo, procedió a acabar con los vitales entes contralores, dándole vía libre a la corrupción galopante, donde su familia, por cierto, juega un papel determinante.
El enfrentamiento con los pandilleros expulsados de los EE.UU., que acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de gravísimas acusaciones, lanzadas al basurero, después de la destitución del fiscal general, cerrándose así la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas. El enfrentamiento con los pandilleros, que expulsados de los EE.UU. (desde donde 2,5 millones de salvadoreños, con remesas anuales de US$8.000 millones, sostienen la economía de su país) acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de acusaciones, muy serias. Sin embargo, después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones amistosas del gobierno con los líderes de las pandillas, truncando un enjuiciamiento oficial sobre el caso, que, por supuesto, empañaba «el único logro» exhibido por Nayib, pese a la gran indignación, nacional e internacional, por las violaciones de derechos humanos, relacionadas con las detenciones arbitrarias de más de 73.000 personas, muchas inocentes, sin contar con el fundamental debido proceso. Pero era tanta la delincuencia, que el pueblo salvadoreño apoyó abrumadoramente las drásticas medidas oficiales, convirtiendo, por ello, a Nayib, en el líder más popular de América Latina, debido a la disminución de las tasas de violencia y homicidios, aunque obedecieran a acciones ilegales por él propiciadas.
El “estado de emergencia” que siguió al aumento de la violencia de las pandillas, le dio a su gobierno, como sucediera antes con la pandemia del Covid 19, un camino libre, bien oscuro, tenebroso, para las irregularidades y la corrupción. El resultado fue una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una total ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, al eliminarse las restricciones legales sobre el manejo de fondos del Estado. Hasta hoy, dicho «estado de emergencia» se ha prorrogado 22 veces (la última vez en enero de 2024), por lo cual, la pareja corrupción e impunidad, viven una eterna luna de miel. Por ejemplo, se desconocen los déficits presupuestarios crónicos, pese a las remesas que representan el 28 % del PIB, pues se publican pocos datos sobre la composición exacta del presupuesto del Estado. Por ello, pese a que se asignan cifras gigantescas para «seguridad», la supervisión de las finanzas públicas es prácticamente inexistente.
Y como era previsible, como resultado de la cobertura crítica sobre la corrupción y las políticas públicas, vino el ataque a la prensa independiente. Los periodistas han sufrido la autocensura, al enfrentarse a la intimidación y las agresiones. Otros fueron obligados a abandonar el país, como el medio El Faro, que, habiendo informado sobre la corrupción institucional de El Salvador durante décadas, hubo de salir del país, para trabajar digitalmente desde Costa Rica. De hecho, Departamento de Estado de EE.UU., ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, por lo que muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personajes corruptos y enemigos de la democracia.
Así, con el Poder Legislativo bajo su control total, el Poder Judicial manejado por sus fieles partidarios y el Poder Ejecutivo concentrado en su figura, con un círculo de confianza formado por hermanos y leales servidores, Nayib logró un poder indiscutible en El Salvador, que, por lo conocido, está muy lejos de merecer levantar un estandarte democrático, aunque sí, el de una dictadura que busca entronizarse por muchos años, cuando pise suelo patrio.
Preguntamos, ¿A de ser un modelo ejemplar para los costarricenses? ¿Se justifica honrarlo con una invitación a visitar las sedes de los tres poderes de la República? ¿Su amistad con el presidente Chaves, estará por encima de los principios democráticos, que movilizan a muchos compatriotas? ¿Qué beneficios obtendría nuestra Patria, con su visita oficial, aparte de, supuestamente, ayudar con la «campaña electoral» adelantada, que se desarrolla desde nuestra Casa Presidencial? Finalmente, ¿Será que Chaves aspira a gobernar como su admirado dictador?
Para nosotros, las respuestas son obvias, como también lo es, que repudiamos su inoportuna presencia en Costa Rica.
¿Con qué argumentos razonables, se pretende disminuir un área para conservación de la naturaleza, de medio kilómetro cuadrado, rodeada de un desorden citadino?
Cuando el desordenado desarrollo urbano, demanda un «estate quieto», en ese camino destructivo que nos agobia, lo peor que pueden hacer autoridades del Poder Ejecutivo, es ignorar el clamor de comunidades, en defensa del ambiente. Si, el expresidente don Abel Pacheco, declaró, hace 22 años, la «Paz con la Naturaleza«, en la cumbre ambiental de la ONU, en Suráfrica, es un sinsentido, irrespetar ese compromiso, planetario y nacional, cuando a nuestros niños y jóvenes, se les enseña la importancia de proteger el planeta.
En zonas de la Gran Área Metropolitana, en general, y específicamente hacia el oeste, la ausencia de efectivos planes de dirección urbanos, literalmente, arrinconan a sus habitantes, sin considerar sus necesidades fundamentales, su calidad de vida. Las más de 53 hectáreas que, generosamente legaran hace 49 años, para dedicarlas a la conservación, la pareja Lorne y Agnes Ross, han resistido, el ataque del cemento, las varillas de construcción, y el ingreso de maquinaria pesada, nos llaman a salir en su defensa, no solo por su ubicación, sino por sus características ecológicas. Además, los habitantes, también tienen derecho a respirar aire limpio, de vez en cuando, así como el derecho sagrado, de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en la Constitución.
Mientras la Cisneros, provoca el desperdicio de recursos financieros, al poner zancadillas al proyecto de ley para crear un parque natural, nacido desde la comunidad, para los costarricenses, nos atrevemos a sugerirle, que retire el medio centenar de vergonzosas mociones, lanzadas, con el fin exclusivo, de evitar la aprobación de dicha iniciativa. Como alternativa, la invitamos a propiciar, algo más urgente que su proyecto de construir una fuente circular, con tres imitaciones de volcanes, lanzando chorritos de agua, enmarcado en el arte kitsch, que como sabemos, es de reconocido mal gusto. En lugar de ello, hay algo que también tiene que ver con agua, y que clama por su auxilio. Nos referimos al laguito de La Sabana, que es ahora un barreal. Su agua podría captarse de un pozo, que no parece estar en los planes gubernamentales, pese a su importancia y viabilidad. Por ello, para la señora diputada, sería, una mucho mejor idea, rescatar lo que hace pocos años, era todavía, un gran atractivo del Parque Metropolitano. Todos estaríamos de su lado, apoyándola en una propuesta semejante, también relacionada con el agua, que ahora, de pronto, tanto le interesa.
En un Estado en que la administración del agua que hace el AyA, es una desdicha, lo que menos hace falta, son unas fuentes mecánicas, que, usualmente ha sido así, terminan en estado de abandono.
«Allá en la fuente, había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito», dice la canción de Cri Cri, cantada por generaciones; muy linda, de grandiosos recuerdos, pero para niños. En cambio, el proyecto de las fuentes de Cisneros, por las que ya se han gastado US$30.000, aunque quizá elevarán el ego de su proponente y del ministro Tattenbach, sin duda, de ejecutarse, se les recordarán como lo que son, una ocurrencia caprichosa, inconsecuente con la lucha en contra del cambio climático.
Como el yacimiento de oro en Crucitas, por muchas razones, es único, y muy bien conocido, desde hace años, la etapa de exploración (que el gobierno propone realizar) fue prácticamente ejecutada, por el concesionario canadiense que quería realizar su explotación. Lo que corresponde ahora, es proceder extraer el mineral, bajo el pleno cumplimiento de la legislación que nos rige.
Recordemos que, por aprobación unánime de la Asamblea Legislativa votada hace una década, en Costa Rica NO se pueden otorgar concesiones a corporaciones extranjeras, que, con o sin las extrañas «subastas», de que ahora se habla, eventualmente terminarían llevándose el oro, hacia el extranjero, con los mayores beneficios para ellos. Por tanto, los estimables señores diputados, aquellos dispuestos a escuchar, han de tener muy claro, que mientras esa prohibición legal no sea derogada, se garantiza que solo el Estado costarricense, que obviamente no tiene que “solicitarse” a sí mismo una concesión para explotarlo, tendría la potestad de aprovechar ese valioso recurso, para nuestro exclusivo beneficio.
Ante esas alternativas (oro para extranjeros o para nosotros) reafirmamos la urgencia de que, los US$2.300 millones, que, al menos, produciría su aprovechamiento por espacio de, al menos diez años, se orienten hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro atendidos por la CCSS.
Para ese razonable objetivo, reiteramos la divulgada propuesta del Hospital del Oro, consistente, en desarrollar un sistema hospitalario, de alcance nacional, que no debería esperar más.
Nuestros adultos mayores, que ocupan más del 65 % de los espacios en clínicas y hospitales, no merecen seguir recibiendo en clínicas y hospitales de la Caja, el inhumano maltrato, provocado por la escasez de recursos financieros, por muchos conocido y sufrido, donde las inaceptables listas de espera, y la falta de espacios hospitalarios, son reflejo parcial, de la acongojante situación, que, igualmente, enfrenta el personal hospitalario de la Caja, que clama por más recursos, financieros, materiales y humanos.
Si el gobierno tomara la decisión de explotar, tres toneladas de oro anualmente, se avanzaría por el camino correcto, por una inédita vía costarricense, de inmejorables beneficios, ¡sin tener que «abrir» el Código de Minería a oreros extranjeros! Además, instantáneamente, con el inicio de las labores, se resolverían los problemas ambientales y de delincuencia, que hoy reinan en la pequeña localidad fronteriza, donde hoy, por desdén y falta de visión administrativa, la riqueza mineral está siendo robada impunemente.
Se trata, en fin, de aprovechar solo 1 km² de los más de 51.000 km² del país, para el bienestar de las abuelitas y abuelitos, de hoy y del mañana, para los que el Estado, ante sus crecientes necesidades, no tiene soluciones. Gravísimos problemas de deficiente atención, que tanto sufrimiento genera, en ellos y sus familias.
