«Dicen que se dice» que Francisco Gamboa ya habría sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, por su beligerancia política, siendo funcionario público con prohibición, en la «marcha» contra el fiscal general, coorganizada por el grupo de Mayuli Ortega y Boris Sevir.
Pero en lo que no ha sido inhabilitado, es en ofrecer torpes declaraciones, esta vez relacionadas con el que sería, el futuro partido y candidatochavista, para las elecciones a celebrarse en poco más de seis meses. En radio Columbia, con doña Evelyn Fachler, se enredó ante preguntas sencillas, que andan por ahí flotando. Tanto, que, en dos platos, dejó la impresión de que su Partido Pueblo Soberano, será el escogido por Pilar Cisneros, para representar a las huestes chavistas. Ante la pregunta del para qué tantos partidos chavistas, inscritos para las elecciones del 2026, entre dientes dio a entender, que cuando la Pilar escoja a Pueblo Soberano, en el mismo acto, se presentará la fórmula presidencial, bajo su bandera. Ante esa «muy democrática» acción, los otros, los no designados, los que se arrodillan ante Chaves, se tendrán que meter en su soberano paraguas, plegándose, disciplinadamente, a su agrupación.
La orden ejecutiva, es que ¡todos, sin excepción, sin chistar, sin derecho a reclamar, apoyen los candidatos a presidente, vicepresidentes, y diputaciones, de Pueblo Soberano, que anunciará Cisneros.
Aunque no lo dijo (pues no se lo preguntaron) el mensaje de Gamboa es claro: los otros, los que no fuesen ungidos por la bendición pagana de la Pilar, participarían en la contienda electoral, pero ¡sin proponer candidatos!
El ministro de Justicia, Gerald Campos, para evitarle al Estado, el gasto inútil de tiempo del Congreso, y, consecuentemente, de recursos financieros, renunció a su inmunidad, para ser procesado judicialmente, como ciudadano común sin privilegios odiosos. Por otro lado, la diputada oficialista Pilar Cisneros, adelantó que, si en el caso de la llamada «estructura paralela» de financiamiento electoral, por la que se le acusa y a otros seis funcionarios, la Corte Suprema de Justicia, solicitara a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad, ella, gustosa, renunciaría a la misma, por las mismas razones consideradas por don Gerald. Meses antes, la expresidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, dio un mal ejemplo, pues, ante un muy delicado proceso en su contra, que afecta las finanzas de la CCSS, más bien corrió para que el presidente Chaves, la nombrara en el puesto de ministra de Planificación (para el que no cumple con los requisitos), para adquirir la inmunidad que no tenía. Es decir, hizo lo contrario a lo hecho por el ministro de Justicia, y lo anunciado por la diputada Cisneros.
En el caso que nos ocupa, al presidente se le acusa de haber facilitado, directamente, un pago, presuntamente a la medida, para favorecer a un asesor muy particular, aprovechándose de su alto cargo, incurriendo así en el delito penal de concusión.
Se trata de un proceso inédito, pues jamás antes, la Corte Plena del Poder Judicial, había tramitado algo semejante, y sucede a menos de un año del término de su gestión gubernamental. Por ello, de discutirse en el Congreso de la República, el caso podría hacerse más grande cada día, en virtud de la ya iniciada campaña electoral, por lo cual trastornaría, aún más, el ambiente de paz que demanda el país, ya muy golpeado por los casos de narcotráfico. Por ello creemos, que por prudencia, el señor presidente Rodrigo Chaves, debería considerar inteligentemente, las alternativas que se le ofrecen: 1. Seguir el camino de renunciar a la inmunidad, que ha marcado dignamente el ministro Gerald Campos, y acorde con lo manifestado por la diputada Pilar Cisneros, o, 2. El seguido por la ahora ministra inmune, Marta Esquivel.
Al momento de escribir este comentario, el mismo día de la decisión de los señores magistrados, no conocemos lo decidido por Chaves…
Es innecesario recordar que la CCSS sufre de un déficit presupuestario que está teniendo terribles consecuencias, especialmente, para los “Ciudadanos de Oro” que inevitablemente acuden a sus hospitales y clínicas. Las camas y demás espacios del sistema de salud de la Caja, son ocupados en más del 65% por venerables ancianitos. Casi no hay familia que no haya sufrido, por las condiciones en que, por escasez de recursos, los abuelitos y abuelitas han tenido que engrosar listas de espera para un tratamiento médico, y a veces, pasar dos o tres días en condiciones incómodas, impropias, dolorosas, sin poder salir de salas de emergencia, por falta de espacio en salones, también inadecuados, y con grandes limitaciones en el número de médicos, enfermeros, asistentes. Espacios, por cierto, diseñados para pacientes más jóvenes con mayores facilidades de movilidad, como la altura de las camas y las instalaciones de aseo. Muchos hemos sufrido al ver cómo ha habido necesidad de «amarrarlos» de sus camas, ante la insuficiencia de personal que los pudiesen atender las 24 horas. Faltan medicamentos y equipos, y adecuados.
Ancianos que después de haber entregado heroicamente su vida, a los hijos que cuidaron desde el día de su nacimiento, hoy solo Dios los puede proteger, de cualquier hospitalización por enfermedad grave, que los haga pasar por indescriptibles penalidades.
Y es que, por más amor aportado por el personal de salud, no tiene nuestro buen sistema hospitalario de la Caja, respuestas viables para enfrentar los cambios demográficos que aceleradamente han envejecido nuestra población. Cada día son más los «Ciudadanos de Oro», así como las enfermedades inherentes a su edad, a los que les ha llegado el momento de recibir el amor y protección que demandan y merecen.
Hoy no alcanza el dinero y la situación se agravará en pocos años, cuando tal población mayor de 65 años superará, la cifra de 1.000.000, lo que nos hace vislumbrar una situación desesperante, dolorosa, inmerecida, que se profundizará inevitablemente… ¡Si no hacemos lo correcto hoy! Y lo correcto es buscar cómo enfrentar con medidas concretas, ese angustiante problema nacional. Indudablemente el más importante que hemos de solucionar como proyecto país.
Pero ¿Cómo enfrentarlo si no tenemos recursos?, se estará preguntando usted; pues resulta que sí contamos con recursos financieros suficientes para esa magna tarea. Y los tenemos en un pequeñito espacio de nuestro territorio. En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, donde los costarricenses tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir unos US$2.500 millones en una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de solo tres toneladas de oro (lejos de las cien o más que se extraen en algunas minas en Latinoamérica), que estuvimos a punto de perder si se hubiera ejecutado una atropellada concesión. Y, muy importante, podemos hacerlo ahora sin necesidad de reformar el Código de Minería, porque al ser el mismo Estado el que haría la explotación, no requiere (sería una insensatez) que se le otorgue una concesión (que están prohibidas) cual, si se tratara de un ente privado, que sí las requiere.
Ante la urgencia, hacemos un llamado para que se vea nuestro oro de crucitas, como una solución complementaria, al déficit financiero de la Caja, la cual, como consecuencia directa, también tendría más recursos para enfrentar las inhumanas listas de espera, y el atribulado régimen de pensiones.
Rogamos pues, para que la idea del sistema hospitalario integral que hemos llamado “Hospital del Oro” sea valorada. Se trata de que la CCSS diga ¡presente, aquí estamos!, y se disponga a buscar respuestas a las necesidades que le aquejan, no solo en los 1045 EBAIS que, igualmente, ya ven superada su capacidad de atención primaria, sino también en todos los hospitales que, por lo general, no tienen espacios adaptados para acoger, al más importante sector de pacientes. “Ciudadanos de Oro” que aparte de las 140 camas del magnífico Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, no queda más que atenderlos, bajo condiciones inadecuadas en hospitales diseñados para pacientes más jóvenes, de un amplio rango de edades, donde no encontramos salas especializadas para los abuelitos y abuelitas, que presentan conocidas necesidades especiales, pero que son acogidos en centros de salud, que presentan facilidades materiales que impiden incluso, el pleno cumplimiento de la Ley Nº7600.
Para un proyecto tan urgente y necesario, los expertos en salud que tenemos en Costa Rica harían los planes que mejor consideren adecuados en el marco de la CCSS y el Ministerio de Salud. Quizá, podrían pensar en adecuar los centros de atención primaria y hospitales de toda categoría, para que cuenten con secciones especializadas para esos ciudadanos, mediante ampliaciones, o quizá en la construcción de otros hospitales regionales de geriatría o incluso, en uno central de especialidades médicas, para la atención de enfermedades predominantes en ese venerado sector de población. No se trata de un hospital, sino de un sistema hospitalario, donde también se habrá de considerar modestas facilidades, para familiares que, desde regiones alejadas, han de estar asistiendo a sus abuelitos internados, lejos de sus casas.
Asimismo, no es despreciable el beneficio colateral que obtendría la Caja, al dedicar esa fuente extraordinaria de recursos para atender exclusivamente a las personas de la tercera edad. Las hoy interminables “listas de espera” que como consecuencia de la escasez financiera y de especialistas, provocan desazón en miles de pacientes y sus familiares, también se verían disminuidas conforme más y más ciudadanos mayores vayan siendo atendidos en los espacios diseñados para ellos. Así, en poco tiempo, alrededor de un 65% de los espacios, equipos, medicamentos, exámenes de laboratorio, consulta externa, cirugías, etcétera, que hoy son compartidos con otros pacientes, se irán liberando, y, por ende, la Caja contará con mucho mejores condiciones para el cumplimiento de su abnegada labor. ¡Todos salimos ganando!
Por lo resumido, estamos convencidos que, el noble pueblo de Costa Rica tiene la formidable oportunidad, de dejar un legado histórico de inmensas repercusiones, para futuras generaciones, como lo fue hace más de seis décadas, el Hospital Nacional de Niños, cuando la situación demográfica era diametralmente opuesta, y, como lo es quizá, el de los tres grandes reformadores sociales de la Costa Rica de los años 40.
Para alcanzar ese logro, estamos urgidos de la decisión política que no puede esperar. Y es que, no existe ningún otro país en donde la riqueza mineral de su subsuelo, perteneciente a toda la comunidad como bien demanial, se dedique a la atención de sus “Ciudadanos de Oro”, de los que más lo necesitan y, más importante, de los que lo merecen. ¿Acaso podría pretenderse un mejor aprovechamiento de la riqueza de ese mineral localizado en Crucitas, antes de que, por azar político, se le asigne otro destino menos beneficioso para Costa Rica?
¡Unamos pues voluntades, para hacer realidad el formidable sistema hospitalario llamado “Hospital del Oro”! que, obviamente, se desarrollaría guardando estricta atención a las particularidades ambientales, que conlleva un proyecto de minería como el que habremos de hacer realidad para los costarricenses. Proyecto indiscutiblemente, urgente, razonable, único, y más importante, posible, si nos lo proponemos.
Por último, y de gran importancia, ha de anotarse que, desde el instante en que los funcionarios gubernamentales, inicien las primeras acciones conducentes a la ejecución del proyecto, se acabaría el impune robo de nuestro oro y los problemas ambientales que se están dando, en ese yacimiento..
Hace tan solo dos meses, el presidente Chaves se declaró contrario a la Agenda de la ONU que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible -conocida como Agenda 2030- y hasta le quitó el financiamiento.
Ahora, del 9 al 13 de este mes, gracias a que se ofreció a copresidir, junto al presidente Macron de Francia, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), se verá en esa función en pro del ambiente.
¿Pero saben qué? Como a él no le importa saber «ni donde está parado», sino «exhibir su figura», desconoce que la conferencia se ha convocado para reafirmar el Objetivo 14, sobre la conservación de los océanos, ¡de la Agenda 2030! De la misma que él rechaza.
Resulta que, como los representantes oficiales de las 60 naciones participantes conocen su posición en contra del eje principal de la reunión, para los costarricenses es motivo de vergüenza que los mandatarios allí reunidos sin duda vayan a comentar, discretamente, que quien se ofreció a presidir la cumbre es, en realidad, un opositor a la Agenda 2030, que fuere aprobada en forma unánime en la Asamblea General de la ONU, con la presencia del venerado Papa Francisco.
La suspensión del abastecimiento del agua potable en Paraíso de Cartago es algo más que un conflicto, inadmisible, entre dos instituciones públicas, con funcionarios nombrados para servir.
¡No! Es una muestra de una irracionalidad que no debe permitirse.
La Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia, principalmente, deberían actuar oportunamente, para evitar que los responsables del abastecimiento del agua potable, ¡por la justificación que sea!, incumplan con su deber, de garantizar, que el acceso al agua, en cantidad y calidad adecuadas, es un Derecho Humano así reconocido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Los habitantes de Paraíso, entre ellos niños y ancianos vulnerables, no pueden ser víctimas de funcionarios insensibles de dos incompetentes instituciones.
Aunque los acuerdos del TLC y demás normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), son desdeñados por Donald Trump, ahora el gobierno estadounidense nos dice lo siguiente: «¡Para que les anulemos el arancel del 10%, a los productos que ustedes exportan hacia EE.UU. (que el Chaves pensó no se ejecutaría, a cambio del campo de concentración de migrantes en suelo costarricense), tienen que aceptar lo siguiente!». Pero eso sí, ¡sin chistar!
1°. Que tanto el ICE como el INS, no pueden gozar de ninguna ventaja, como instituciones estatales sin fines de lucro, cuando se trata de licitaciones en telecomunicaciones, tecnologías de la información y seguros, en que participen empresas gringas, que sí lucran, por lo que sus ofertas, necesariamente son más altas, aunque gocen de «trato nacional».
2° Que, pese a que los paperos ticos la están pasando muy mal, por los altos costos de producción, Washington exige que se le ponga una alfombra roja, al ingreso de papas estadounidenses, que, piensan, no pueden faltar acompañando sus hamburguesas.
3° Que, igualmente, los huevos, mariscos, y la leche y sus derivados, sean recibidos con música de fanfarria.
4° Que se establezcan, permisos fitosanitarios de importación, más ágiles (léase laxos), para sus productos vegetales.
5° Que, quizá, como hay muchos estadounidenses radicados en suelo tico, a los que les gusta, uno que otro whiskyto, que no se cobre impuesto a licores gringos con más del 30 % de alcohol.
6° Y, que Costa Rica, impida el uso de software sin licencia, y detenga la piratería en línea.
A propósito de las negociaciones que EE.UU. quiere concluir el mes entrante, los eventualmente afectados, le piden al Ministerio de Comercio Exterior, que, considere que Costa Rica, tiene particularidades relevantes, que les restan competitividad, tales como el alto costo de la electricidad, el alto valor artificial del colón con respecto al dólar, las fundamentales cargas sociales, la deficiente infraestructura vial y portuaria, y la ausencia de mecanismos modernos de contratación, que les ponen en una condición de desventaja, frente a productores subvencionados.
Habrá pues, que esperar para saber si fueron capaces de hacer una buena negociación, patriótica, digna, y cuáles serán las consecuencias de la misma.
«Oye tico, amigo, no creas en los que andan asustando con ese cuento. No ha sucedido desde 1931, al término de la dictadura de Carlos Ibáñez, y, desde entonces, las Fuerzas Armadas, han jurado respetar la Constitución y las leyes, y eso no va a cambiar», nos decían, convencidos en que así sería.
El presidente Salvador Allende, había sido electo democráticamente el 3 de noviembre de 1970, y, aunque trataron de impedir que ejerciera el mandato del pueblo, estaba en su despacho, en el Palacio de La Moneda, cumpliéndole al pueblo chileno, lo que esperaba de él.
Corría el año de 1973, y en marzo, la oficialista Unidad Popular, aumentó, como mala noticia para la derecha conspiradora, el apoyo electoral, al lograr que el 44 % de los votos favorables, impidiera que los grupos unidos de oposición, encabezados por la Democracia Cristiana (29 %), alcanzaran los ⅔ de los votos, necesarios para destituir al presidente Allende.
Pues bien, a partir de ese momento, la CIA, por orden de Richard Nixon, convencidos de la fuerza electoral del presidente socialista, activó sus contactos con ciertos generales, y, muy importante, con líderes políticos de derecha, principalmente, que «jugando» de demócratas, ejercían una influencia importante entre los civiles.
Ante esas muy resumidas circunstancias, amigos democristianos, académicos de la Universidad de Chile, casi todos los días, se frotaban las manos, mientras decían a viva voz, «¡VIENE EL GOLPE!». Manifestaciones que, este costarricense, acostumbrado a vivir en una nación sin ejército, sin fuerzas armadas, sin soldados, por un lado, no lo creía posible, y por otro no lograba entenderlo, pues el sistema electoral chileno, gozaba de muy buena salud. ¿Por qué un Golpe de Estado, si se avanzaba hacia una nueva elección general?, pensaba confundido, en los tiempos libres, que, robaba a los estudios de doctorado en la Universidad de Chile.
Pero así no pensaban los golpistas, pues se corría «el riesgo» de que, al pueblo chileno, se le siguieran dando derechos, que, por mucho tiempo, se les habían negado, y que, estaban afectando sus negocios.
Así, después de una sublevación de un coronel, al mando de una unidad capitalina de tanques del ejército, realizada el 29 de junio de 1973, percibimos que la cosa era seria. El tal coronel, sintiéndose héroe, sacó los tanques, y con ellos, ordenó disparar sobre el Palacio de La Moneda, la vulnerable casa presidencial, mientras exigía la rendición del Dr. Allende, quien, ciertamente no estaba allí, en el momento del ataque.
Al mes siguiente, en julio, continuó la campaña de rumores, noticias falsas, arengas, acompañada por sabotajes y las muy bien financiadas, con dólares americanos, acciones golpistas. Por otro lado, también estaban, los que negaban firmemente, la posibilidad de que se sublevaran, las Fuerzas Armadas, entonces comandadas conjuntamente, por el señor presidente Allende y el fiel general Arturo Prats.
Por ello, se reiteraba, que los militares chilenos, no eran golpistas…, que esa amenaza, era irreal. El resto de la dramática, y muy sangrienta historia, es bien conocida. Los miles de asesinados, torturados y expulsados de su Patria, son parte del doloroso recuerdo, que sigue oprimiendo los pechos de los sobrevivientes.
Lo traemos a colación, pues, creemos, que como lección no debe desdeñarse, por los que vivimos en democracia, donde se respeta la Constitución Política, y la separación de poderes. Y muy especialmente, por los jóvenes que no se imaginan, lo que es sobrevivir, bajo las órdenes de un dictador, pero que, muy ligeramente, dicen «preferir» vivir así, antes de respirar los aires democráticos, que vivimos en Costa Rica.
Y es aquí, al igual que en Chile, quizá porque lo sufrimos personalmente, vemos señales, emitidas por el díscolo presidente Rodrigo Chaves, que parecen evidenciar la perversa aspiración, por, eventualmente, estructurar una dictadura similar en Costa Rica, salpicada por el narcotráfico.
«¡Que eso es imposible, que nuestra Carta Magna es el blindaje que protege nuestra democracia, que aquí no hay ejército!», se argumenta, por los que respetamos los principios democráticos más valiosos.
Pero, lo cierto, es que no debemos desdeñar, los ataques soeces a la institucionalidad democrática, mientras aumentan los actos de corrupción en la CCSS, en el MOPT, en el INS, en el ICE, en la Comisión de Emergencias… con escándalos, en que el presidente y otros, aparecen involucrados. Por ejemplo, una oscura contratación directa en el ICE, con la empresa estadounidense marca CISCO, por US$ 160 millones, el sobreprecio por unos ¢1.000 millones para el mantenimiento de una pista de aterrizaje, la gigantesca cifra, alrededor de una forzada contratación de cooperativas de Salud, y la prisión de más de US$35 millones, que no se sustenta siquiera en un proyecto que la justifique, y que proponen construir, usando el mañoso mecanismo, que ha provocado el escándalo alrededor de la reparación de la pista en el aeropuerto Daniel Oduber.
Tenemos claro, que hoy, no es necesario ejecutar un Golpe de Estado («pronunciamiento militar” decía el asesino Pinochet) para entronizar un dictador, existen otras formas, aunque la existencia de un ejército, lo haría, obviamente, más fácil.
El Chaves tico, piensa que, con discursos falsos, que invitan a la violencia, plenos de demagogia, que fomentan el fanatismo irracional, quizá se podría ejecutar, “usando” a nuestros respetados guardias civiles, ahora bajo un ministro que no despierta confianza. Por ello, para crear ese ambiente, hace uso de costosas campañas, financiadas, eso sí, con fondos públicos. Mensajes que promueven actos inconstitucionales, irrespetuosos del Código Electoral, con los que, el Chaves se imagina, sería posible, mover virtuales masas de personas, que podrían creer estar ante un «santo venerable», un dios pagano, que les dará educación, salud, pan, vestido, bien remunerados trabajos, etc., por lo cual hay que luchar a su lado, contra “los corruptos de todas las instituciones de gobierno, y los mandos medios que no dejan trabajar”, les dice.
Aunque hasta ahora, el presidente ha sido incapaz de movilizar al cardumen, que no le cuestiona la dirección que sigue su administración, ha de reconocerse que, sí está creando condiciones, en las cuales espera alcanzar, por vía de la manipulación y los votos, una calificada mayoría parlamentaria, que, como sus amigos dictadores Ortega y Bukele, pudiese hacer y deshacer, según sus perversas ideas. Sabe que, con una reforma a la Ley del Referendo, podría precipitar cambios profundos en la Constitución Política, según sus antojos, que provocarían el fin de nuestro sistema democrático, pues hasta un ejército podría crearse nuevamente.
En fin, cuando nos reiteran que no sería viable que sucediese algo así, inevitablemente, vienen a nuestra memoria, los sucesos sufridos por el pueblo chileno, donde, de un momento a otro, el cielo celeste se oscureció, el día en que, con sangre derramada, se escribieron órdenes que derogaron las leyes que le estorbaban a Pinochet, para así cometer sus diabólicas fechorías. Y se hizo, paradójicamente, mientras se avasallaba, también, a los Demócrata Cristianos, que habían favorecido el golpe de Estado. Lo sucedido en Chile, es una enseñanza a valorar, pues, algunos de los que desde posiciones de derecha apoyan esa desastrosa idea, también podrían sufrir las consecuencias de ser cómplices e indiferentes, por ambiciosos. Los escombros de las instituciones también podrían caer sobre ellos.
Pueden, deben, los jerarcas de RECOPE, tener siempre presente (¡ojalá en la sala de juntas y en la presidencia ejecutiva), mensajes con las tareas vitales que han de marcar su día a día. Entre ellas, no olvidar que el abastecimiento de todos los combustibles, ha de ser seguro, continuo, eficiente, en todo el país, sin excepción. Y, que la calidad de ellos ha de ser inmejorable, y con los mejores precios, como lo ha venido haciendo RECOPE, empresa estatal sin fines de lucro, de manera ordinaria.
Costa Rica, ha reafirmado en su estrategia para el desarrollo sostenible, que la seguridad energética, es fundamental para la estabilidad económica, el bienestar social y el cumplimiento sostenido, de derechos fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad, el transporte en todas sus formas, la producción industrial, la agricultura. En fin, para el desarrollo como un todo.
Al ser RECOPE, una sociedad anónima estatal, cuyas acciones son resguardadas por sus accionistas (el Consejo de Gobierno), reconocida como la empresa más grande y determinante del istmo centroamericano, que, entre otras cosas, colecta eficientemente para el Estado, tributos reunidos en el llamado “impuesto a los combustibles”, solo superado por la renta y el valor agregado, es fundamental que no se le contamine, con intereses empresariales privados, lucrativos, por definición.
Las propuestas de vender, el 100 % u otro porcentaje de sus acciones, o, las de ubicar su administración en el Ministerio de Ambiente, para, desde allí, alquilar su muy costosa y especializada infraestructura (muelle petrolero, tanques de almacenamiento, cientos de kilómetros de poliductos, estaciones de distribución mayorista, camiones cisternas…), como lo propusieran los exdiputados Otto Guevara y su compañera Natalia Díaz (Proyecto N° 17.888), con el pretexto de «abrir RECOPE«, a la competencia, alegando que era una empresa ineficiente, no soportó el examen público; era, sin duda, una pésima idea. Y lo sigue siendo, porque además de encarecer, inevitablemente, los combustibles, pondría en riesgo, la citada seguridad energética, que tanto hemos de valorar. O ideas sin sentido, como la «promesa» de campaña electoral de Eli Feinzaig, de convertir RECOPE, «en una pequeña oficina«.
El más reciente ataque, tiene que ver con la “movida” sospechosa del Poder Ejecutivo, quien pese a conocer el perfil ideológico, del economista Daniel Suchar, se le incorpora a su junta directiva, pese a ser un entusiasta privatizador, sin experiencia, además, en la función pública costarricense. Preocupante acto de Casa Presidencial, pues, ante el uso profuso, y enérgico, de la palabra oral, que le conocemos al amigo, podría suceder que lograre convencer al cuerpo colegiado, de la supuesta bondad de sus palabras, de sus “brillantes ideas”, y los pusiere a cavilar acerca, de las supuestas ventajas que tendría una «apertura» de RECOPE, de cara a la campaña electoral que ya se ha iniciado, donde, en algunos sectores de la ciudadanía, las propuestas demagógicas, populistas, divulgadas por Casa Presidencial, les sirven de alimento cotidiano.
Tal vez Chaves y Cisneros, otra vez mal asesorados por incompetentes y «obedientes» abogados, creen que, como lo han venido haciendo, por el mecanismo «gota gota», se puede decretar un Estado de Emergencia, con el único fin, de burlar los sanos mecanismos de control, que se derivan del texto de la Constitución Política.
Resulta que, la legislación contiene el mandato de que, para una declaratoria de Estado de Emergencia, la misma ha de ser real, no “jalada del pelo”, y se justifica, en situaciones en que la población sufre perturbación severa de la paz, provocada, por ejemplo, por un rompimiento sostenido del fundamental ordenamiento interno. Situación que, sea por pandemias como la del Covid-19, catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones, avalanchas y huracanes, amenazas de grupos insurgentes, atentados contra la soberanía nacional, interrupción prolongada e intencional de servicios públicos, como el transporte colectivo, el abastecimiento de agua potable, la distribución eléctrica, los servicios de salud, etcétera. O sea, en momentos de impactante calamidad nacional, evidentes y documentados, que, reflejan situaciones especialísimas, excepcionales, extremas, que impiden el funcionamiento normal del Estado como un todo, o, incluso, a nivel regional o comunal.
No se trata, por razones obvias, de un procedimiento político o burocrático, con el cual obviar la legalidad que nos rige, como un medio de «facilitar», por ejemplo, la ejecución de proyectos que el Poder Ejecutivo quisiera realizar en forma apresurada, y sin los controles anticorrupción. No, de eso no se trata.
Por tales razones, los decretos ejecutivos de emergencia que se emiten, derivados de previos acuerdos del Consejo de Gobierno, o, en algunos casos, de concejos municipales, no son suficientes en sí mismos. Para que tengan efecto, luego de la declaración de emergencia, es responsabilidad suprema de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, (CNE), elaborar un técnicamente bien fundamentado, Plan General de Emergencia, absolutamente apolítico, independiente, sustentado en la ciencia y la técnica, capaz de facilitar, una buena coordinación interinstitucional, sujeto, al igual que el decreto previo, a control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad plena.
Pues amigos, aunque, claramente el Poder Ejecutivo, ha abusado ilegalmente, de «declaratorias de emergencia«, injustificadas, con las cuales se han burlado controles de ley, en compras millonarias (según información del 29 de abril en el Semanario Universidad), eso no solo es intolerable, sino que asimismo, pone en entredicho, las actuaciones de la CNE y su presidente Alejandro Picado, que parece ser especialmente complaciente, con el ministro de Justicia Gerald Campos, quien en entrevistas en medios como Repretel y radio Columbia, indicó que el problema no son los recursos, sino “lo engorroso que en Costa Rica es, el proceso de licitación y la etapa previa”, por lo cual, ante una necesidad de, al menos un18% de espacios carcelarios, que, por definición, no cumple con el requisito de ser calificado como “hacinamiento”, junto al presidente, él está en la búsqueda de una ruta, ¡diferente a la jamás encontrada “ruta de la educación”!, que permita emitir un decreto ejecutivo, en que, la situación de necesidad de más espacios carcelarios, sea declarada como una emergencia.
En el 2023, en los 13.177 espacios, se resguardaban 15.600 prisioneros, por lo cual, se hace necesario ubicar 2.423 personas, en nuevos espacios, para así, mejorar las condiciones de los privados de libertad, en general, objetivo en el cual, todos los ciudadanos estamos de acuerdo, pues sus condenas se refieren exclusivamente, a sus derechos de vivir en libertad, pero no a otros derechos humanos fundamentales, como son las condiciones de calidad de vida, en que, han de cumplir sus penas.
Para el Poder Ejecutivo, su objetivo es evitar que cualquier proyecto relacionado con la construcción, dicen, de una “mega cárcel” que costaría unos ¢20.000 millones, tenga que superar controles legislativos, como ocurriría con un préstamo, o por un estricto refrendo de la Contraloría General de la República, pues, estiman, sería la única forma de que se pudiese construir la nueva prisión, ojalá antes de que finalice la administración Chaves Roble, sin que medien, procesos de licitación, y se puedan otorgar contratos a discreción, dejando de lado permisos ya establecidos como requisitos.
Situación que toma especial relevancia, ante lo dicho por el, un tanto torpe, ministro de Justicia y Paz, quien, al referirse al anuncio de la cárcel que pudiere servir para atender necesidades por unos cuantos años, ¡»cantó sin guitarra«!, al manifestar lo anotado arriba. Opción «jalada del pelo», por donde quiera mirársele, pues incumple el espíritu y filosofía de la legislación pertinente, sobre los Planes Generales de Emergencia, y específicamente, al considerar que no se tiene todavía con un formal proceso de planificación, como es deber de una buena administración, que, quizá, pudiese justificar aplicar la Ley Nº 8488, que regula explícitamente la materia de emergencias. Máxime que se trataría de una labor ordinaria, como es la construcción y operación de prisiones, tal y como se ejecutara durante la administración Alvarado Quesada, que, bajo la orientación de la exministra de Justicia, doña Fiorella Salazar, vio la construcción del Centro de Atención Integral Terrazas, con 1.200 espacios, y otros 1.000 espacios, en otros centros penitenciarios ya existentes, sin innecesaria alharaca.
Llegó 2 horas tarde a La Reforma, no permitió que la prensa convocada lo acompañara al interior, ni que se tomaran fotos y videos, y Casa Presidencial, solo divulgó unas breves imágenes, donde es abucheado e insultado, por privados de libertad, pero en el lugar anunció la construcción en seis meses, como adelanto a su informe de logros, de una megacárcel, como la del dictador Bukele. Sin embargo, sabemos, y para eso no hay que ser clarividente, que es otro proyecto que jamás se realizará.
Que es un cuento más, como «Ciudad Gobierno», como la autopista hacia Limón con pasos a desnivel, como «Agua para Guanacaste», como el vital proyecto de abastecimiento de agua potable «Orosi 2», como el aprovechamiento nocturno de agua para Alajuelita, los Hatillos y Pavas, desde el balneario de Ojo de Agua, como el aeropuerto internacional en Westfalia, Limón, como el aeropuerto moderno para el Pacífico Sur, como la carretera de Barranca a Cañas, como la carretera de San Ramón a San Carlos, como el aprovechamiento, por parte del Estado, del yacimiento de oro en Crucitas, donde se mantiene el desastre ambiental y la robadera, como el muy necesario ferrocarril urbano en el área metropolitana, como la reparación urgente de cientos de puentes, que en cualquier momento colapsan, como el fortalecimiento de la seguridad, para evitar el ingreso de cocaína, por la frontera sur, los litorales del sur de Limón y Puntarenas, y decenas de aeropuertos clandestinos… no tan clandestinos, como la construcción de un centenar de EBAIS que están haciendo falta, como la construcción y reparación a profundidad, de varios cientos de escuelas, ya con órdenes sanitarias de funcionamiento.
En fin, se podrían seguir aumentando a la lista de promesas demagógicas, otras «obras», como la ocurrente cárcel, que no cuenta ni con una mínima planificación, ni con financiamiento, ni con estudios de suelo, ni con tiempo. Si esta breve lista le podría ser útil, para su discurso ante el Primer Poder de la República, con gusto le autorizamos a copiarla.
