Mientras se desarrolla una nueva cumbre de los Países BRICS — el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a nuevos miembros como Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos —asistimos a un cambio geopolítico de gran envergadura: el mundo ya no gira exclusivamente en torno al eje Washington-Bruselas y América Latina vuelve a tener voz propia, esta vez con el protagonismo de Brasil y de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha insistido en la necesidad de construir un orden multipolar, menos dependiente del dólar y más justo para los países del Sur Global.
En este contexto, la pregunta obvia que muchos nos hacemos es: ¿dónde está Chile?, ¿cuál será su posición?
Una oportunidad perdida
En tanto muchos países latinoamericanos se acercan o, al menos, observan con interés el desarrollo del bloque BRICS+, Chile se mantiene tímidamente al margen. No hay señales claras de interés o acercamiento, ningún gesto hacia esta nueva arquitectura económica alternativa. Al contrario, la política exterior del gobierno de Gabriel Boric ha dado muestras de una incomodidad abierta con ciertos actores del BRICS, particularmente con Rusia, pero también con China – nuestro principal socio comercial, con un intercambio superior a los 65.000 millones de dólares anuales.
Esta distancia no es neutra ni accidental. El propio presidente Boric ha insistido, en más de una ocasión, en condenar sin matices la política exterior de la Federación Rusa, alineándose con el discurso de la OTAN y de los países del G7. En foros multilaterales, ha optado por repetir la narrativa occidental sin aportar una mirada crítica o latinoamericana al conflicto. Esta posición lo ha ido distanciando no solo de Rusia, sino también de aliados como Lula, quien ha permanentemente abogado por una salida negociada a la guerra en Ucrania, sin dobles estándares.
El discurso de Trump y el bloque anti-BRICS
En paralelo, voces como las de Donald Trump —y sectores conservadores de EE.UU.— insisten en atacar al BRICS como una amenaza directa al dominio económico norteamericano. Temen que la desdolarización y el fortalecimiento del comercio en monedas locales reduzcan la influencia de Washington. En esa lógica, cualquier acercamiento latinoamericano a los BRICS es visto como traición o peligro, y no muchos se atreverían a hacer enojar al gran hermano del norte.
Chile, al no tomar una postura clara y soberana, termina orbitando en torno a ese discurso anti-BRICS. Una estrategia miope que no solo aleja al país de nuevas oportunidades de inversión e intercambio comercial, sino que también reduce su margen de autonomía política.
¿Por qué para Chile es importante el BRICS?
El bloque BRICS representa más del 40% de la población mundial y un porcentaje creciente del PIB global. En un escenario internacional donde los países del Sur buscan mayor soberanía energética, alimentaria y tecnológica, el BRICS se consolida como una plataforma de colaboración Sur-Sur con enormes beneficios.
Algunos datos duros para entender su importancia: en 2024, los países BRICS superaron por primera vez al G7 en participación del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA): 32.1% frente al 29.9% del G7, según datos del FMI; China representa el 18.6% del PIB global (PPA), seguida por India (7.4%) y Brasil (2.3%). Estos tres países, junto con Rusia y Sudáfrica, lideran el crecimiento económico del Sur Global y en términos de comercio, los BRICS controlan más del 30% de las exportaciones de productos agrícolas, más del 40% del petróleo mundial (con la incorporación de nuevos miembros) y gran parte de los minerales estratégicos como el litio, cobre, coltán y tierras raras.
Brasil y Lula: liderazgo desde el Sur
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha devuelto a Brasil su peso diplomático y económico global. Bajo su liderazgo, el país ha promovido el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) —el “banco de los BRICS”— que ya ha financiado proyectos por más de 32.000 millones de dólares en infraestructura, energía y tecnología en países del Sur. Brasil también ha impulsado el comercio en monedas locales (particularmente yuan, rupia y real) como medida para reducir la dependencia del dólar, un paso clave para blindar a las economías emergentes frente a crisis externas y sanciones unilaterales.
¿Por qué Chile no forma parte de ese esfuerzo? ¿Por qué seguimos atados a los dictados del Departamento de Estado norteamericano mientras el mundo avanza hacia una reconfiguración multipolar? Aliarse con los BRICS no significa romper con Occidente, sí implica diversificar las alianzas estratégicas, pensar desde América Latina, desde nuestras necesidades y nuestras prioridades.
Conclusión
La política exterior de Gabriel Boric muestra una profunda contradicción: se proclama progresista, pero actúa subordinada a los intereses de la potencia hegemónica, adoptando una postura rígida y hostil hacia la Federación Rusa, incluso en foros donde la mayoría de los países latinoamericanos apuestan por la neutralidad y el diálogo. Mientras tanto, Lula, desde Brasil, lidera una visión alternativa para América Latina y el mundo. Chile no puede seguir perdiendo el tren de la historia. Aliarse con los BRICS es apostar por la soberanía, el desarrollo autónomo y la dignidad regional. La pregunta ya no es si debemos unirnos, sino cuándo despertaremos, esperando que ese tren no se haya alejado definitivamente para nosotros.
En los últimos meses, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha adoptado un discurso cada vez más distante de Estados Unidos, particularmente como respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Frente al anuncio de aranceles universales de entre un 10% y 20% (incluyendo un 10% adicional para Brasil), Lula declaró: “Responderemos a todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo” y anunció que Brasil adoptará “todas las medidas posibles” en defensa de sus trabajadores y empresas.
Posteriormente, durante la Cumbre de la CELAC en Tegucigalpa (abril 2025), Lula instó a los países de América Latina y el Caribe a unirse “para enfrentar aranceles arbitrarios” y recuperar el espíritu de integración regional a través de un mecanismo común. También subrayó que Brasil buscará negociar primero con el objetivo de priorizar el diálogo, pero reiteró que respondería con reciprocidad si no se alcanzaban acuerdos, esperamos justos y ecuánimes.
Apoyos regionales y marco institucional
En Tegucigalpa, líderes como la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Colombia Gustavo Petro, respaldaron públicamente la propuesta de Lula. De hecho, Sheinbaum propuso una “Cumbre por el Bienestar Económico Regional” y llamó a reforzar el comercio intrarregional. Todos coincidieron en la urgencia de fortalecer la integración como respuesta estratégica al proteccionismo global y a las decisiones unilaterales de Estados Unidos que podrían desestabilizar la economía y la política internacional.
Además, Lula presentó la idea de colaborar en una candidatura conjunta latinoamericana para la Secretaría General de la ONU, usando la diplomacia multilateral como palanca para elevar la influencia regional conjunta.
La agenda BRICS: invitación a Chile
En paralelo, Lula extendió también una invitación directa al presidente de Chile Gabriel Boric para participar en la próxima cumbre BRICS+, que se celebrará en Brasil el 6 y 7 de julio de 2025. Este llamado viene acompañado de la intención de que Chile, bajo el liderazgo de Boric, se incorpore oficialmente al bloque, lo que implicaría un desafío a la hegemonía norteamericana.
Los BRICS están compuestos actualmente por once países: sus 5 miembros originales – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – y seis 9 miembros admitidos en 2024-2025: Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Boric ha aceptado asistir como invitado, lo que generó una inmediata respuesta negativa, tanto en la oposición como en algunas fuerzas oficialistas. A pesar de que los BRICS son un foro de carácter económico, la crítica a la participación de Chile en la reunión se centró en razones políticas, como la participación de Rusia e Irán en el encuentro. Sin embargo, lo más probable es que a la base de tanta reticencia se encuentre el temor de hacer enojar a nuestro gran hermano del norte.
¿Qué podría haber de malo en tratar de integrar una organización que busca reducir la dependencia del dólar estadounidense y promover un orden mundial multipolar? Para nosotros claramente nada, considerando que hoy los países de los BRICS representan a unos 3.300 millones de personas, más del 40% de la población mundial y que juntas, las economías alcanzan aproximadamente el 37% del producto interior bruto mundial y que ahí participa uno de nuestros principales socios comerciales como los es China.
En los últimos años los BRICS han ampliados sus esfuerzos de cooperación en áreas como la seguridad, el desarrollo económico, los intercambios culturales hasta proyectos humanitarios, gracias también a la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) como alternativa al Banco Mundial.
Como señalaba en su columna en El Mostrador Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, “La pertenencia a los BRICS no debe ser interpretada como una renuncia a nuestras alianzas tradicionales, sino como una expansión necesaria de nuestros horizontes estratégicos. Es el paso lógico para una nación que aspira a ser un actor relevante en la construcción de un mundo más equitativo y próspero. Es imperativo que abracemos esta oportunidad con visión y determinación” y frente a las dudas por la participación de Chile en un foro en que hay una diversidad de regímenes políticos, afirma que “nuestra Constitución, al igual que la brasileña, establece la defensa de la paz y la solución pacífica de conflictos como principios rectores de nuestra política exterior. Al promover la cooperación económica y la búsqueda de un orden multipolar, estamos contribuyendo a un ambiente internacional menos propenso a conflictos, lo que, indirectamente, redunda en beneficios para la situación de los derechos humanos a nivel mundial”.
Creemos que ese debería ser el camino que debemos recorrer. Por qué cerrarnos una puerta que podría abrirnos nuevos espacios para fortalecer la voz del Sur Global, por qué cerrarnos una puerta que podría permitirnos un crecimiento más equilibrado y justo, menos dependiente de un socio, tantas veces caprichoso.
El ascenso del proteccionismo estadounidense, bajo el argumento de “hacer a América grande otra vez”, ha derivado en medidas arancelarias que amenazan las cadenas de valor globales. La reacción de gobiernos como el de Lula muestra que el unilateralismo de Washington puede ser percibido como una amenaza a la paz económica global: “La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen ganadores”
Estas políticas son vistas también como un vestigio de una mentalidad bélica —“un país promotor de la guerra mundial” en términos simbólicos—, donde la imposición comercial refleja un retorno a disputas de poder no solo económicas, sino geopolíticas. Frente a ello, la respuesta latinoamericana se enmarca en una estrategia de defensa colectiva, reafirmación soberana y construcción de espacios de diálogo multilateral, justamente para resguardar la estabilidad y autonomía regional. Por eso esperamos que Chile aproveche esta oportunidad, y no cierre sus puertas antes presiones y opiniones que parecen no tener en cuenta los desafíos globales que estamos enfrentando.
Miguel Sobrado y Juan José Rojas , Catedrático Universidad Autónoma de Chapingo
Nuestra América, en este momento de cambios acelerados en el panorama mundial, está viviendo intensos procesos de transformación que, en algunos casos resultan difusos y hasta regresivos y, en otros, se trata de experiencias alentadoras de autogestión social y de fortalecimiento institucional que es preciso complementar. En cualquier caso, es imprescindible abordar tales fenómenos como expresiones de un todo continental, y saber aprender de ellos liberándonos de valoraciones y esquemas del siglo XX que han mutado en nuestra época, adquiriendo por su aplicación práctica una connotación muy alejada de su significado inicial.
Empecemos por analizar en lo profundo el caso de Milei en la Argentina donde la mayoría de los votantes, más que otorgarles un respaldo a sus propuestas, votaron con desesperación contra un sistema clientelista manejado por “punteros” que, en vez de crear ciudadanía, negociaban los votos de los “rebaños locales” ante los políticos depredadores. Así, un país de los más ricos del continente, que llegó a perfilarse incluso como potencia regional, pasó a un estado de postración con una tasa de pobreza que rebasaba el 40% y una inflación superior al 100%. Bajo este contexto, tanto tirios como troyanos, responsables del desastre, no ofrecían una alternativa creíble para los electores.
De tal forma que cuando apareció el espectáculo de Milei con una sierra ofreciendo acabar de raíz con estos males cerrando instituciones y dolarizando la economía, la mayoría electoral desesperada se cobijó en sus brazos sin analizar las consecuencias que tendría para ellos mismos la aplicación de su programa económico.
Dicho en otras palabras, votaron contra el clientelismo y los privilegios de grupos enquistados en el gobierno para servirse de su posición y no para servir a la población que es el verdadero y único cliente que financia sus salarios. Partidos que, en nombre de las necesidades reales de los trabajadores, al llegar al poder, a menudo, les daban la espalda con grandes negociados para sus dirigentes y hasta los maltratan en las ventanillas y en la calidad del servicio. Por eso, por su práctica oportunista, los eslóganes populistas perdieron credibilidad y terminaron siendo rechazados como palabras gastadas.
Por otra parte, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de los canales del viejo sistema clientelista instaurado por el PRI desde el siglo pasado y pese a la existencia de conflictos serios de violencia en algunos estados y municipios, ha sabido cumplir con las expectativas de la población trasladando los recursos que antes eran saqueados por los presidentes y ministros y la red de funcionarios que se servían en cascada de sus privilegios, a los ancianos con pensiones débiles o carentes de pensión, así como a estudiantes de escasos recursos económicos para que no abandonen sus estudios. Con estos recursos, sin recurrir a nuevos endeudamientos, ha recuperado las empresas petroleras y energéticas y ha impulsado la construcción de grandes obras de infraestructura que contribuyen a la ampliación del mercado nacional. Todo ello, le ha permitido conseguir logros políticos importantes que han acrecentado su autoridad y prestigio. Con sus locuciones mañaneras ha logrado un gran éxito, como ejemplo continental, al neutralizar a los medios tradicionales al servicio de la oligarquía. El prestigio de su gobierno es tal que, a unos meses de cumplirse el sexenio, su partido Morena tiene una posición privilegiada frente a las nuevas elecciones.
No obstante, algunos de sus proyectos estratégicos, como el tren maya y el corredor interoceánico, han provocado afectaciones graves al medio ambiente; la inseguridad pública persiste y se torna incontrolable en diversos puntos del territorio nacional; pero, quizás, su déficit principal se manifiesta en el escaso fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales han sido desplazadas de la agenda pública por un estatismo asfixiante. El balance global arroja así un panorama de claro-oscuros que amerita ser reforzado en sus aspectos positivos mediante un ejercicio autocrítico y un replanteamiento de los ejes centrales en los que debe basarse el proceso de transformación.
Bukele, en El Salvador, ha logrado con energía, frente al terror de las maras, restituir la autoridad del Estado y la seguridad de la ciudadanía. Un primer paso muy importante, que debe complementarse con una política educativa y de capacitación empresarial que les abra nuevos horizontes a los jóvenes. De igual forma, debe insistirse en que el restablecimiento del orden público no debe implicar el sacrificio de los derechos humanos y mucho menos convertirse en una justificación para alentar la concentración del poder en pocas manos y la legitimación de prácticas autoritarias que pongan en entredicho el régimen democrático.
Lula en Brasil, ha retomado con firmeza las riendas del Estado, deterioradas severamente por la administración de Bolsonaro y, apartándose de las prácticas clientelares, está incorporando a los excluidos, a través de los poderes locales, en la formulación e implementación de políticas sociales redistributivas e integradoras. Junto con ello, las inversiones públicas en los sectores industriales y agrarios, bajo una perspectiva de largo alcance, están modificando el perfil de la economía brasileña y desatando su potencialidad a fin de desempeñar un papel cada vez más protagónico en el nuevo mundo multipolar.
Petro en Colombia se ha enfrascado en la paz total, en un contexto donde sus iniciativas son saboteadas, tanto en el parlamento y en el ámbito del poder judicial, como por las acciones bélicas impulsadas por los grupos de interés enemigos de la paz. Sin duda, está avanzando, aunque lentamente, en otras reformas que le pueden dar dividendos políticos que fortalezcan su autoridad, como la reforma educativa, la de salud y la de pensiones.
En Chile, Gabriel Boric, ha sufrido, en parte por su maximalismo, lo embates de una derecha que ha saboteado la reforma constitucional y que tiene suficiente fuerza en el parlamento para postergar sus iniciativas que podrían enriquecer su autoridad y capacidad de maniobra y avance.
En suma, tal como se puede apreciar en este ligero esbozo, en los diferentes países de América Latina hay material suficiente para aprender de lo que está sucediendo en nuestro continente, pero aún hace falta dejar de lado la visión fragmentada por país y los conceptos que identifican como progresistas a estructuras “populares” clientelistas, manipuladas por intereses corruptos de grupo. En su lugar hay que impulsar una estrategia política acumulativa del cambio que forme ciudadanos educados y capacitados alrededor de organizaciones autónomas, de tipo comunal, asociativo y solidario.
Con motivo de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el Gobierno de ese país le entregó una medalla conmemorativa a la Universidad de Costa Rica por ser una de las instituciones costarricenses que acogieron a chilenos y chilenas en el periodo de exilio forzado y, de esta manera, generar una oportunidad para su desarrollo profesional, académico y personal. Foto: Embajada de Chile.
Influencia chilena en las aulas universitarias
El gobierno de Chile homenajeó a la UCR por acoger a parte de su población exiliada hace 50 años
“No hay mal que por bien no venga”…
…o para quienes son creyentes: “Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestra existencia”.
El golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende en 1973 pisoteó los derechos fundamentales de muchísimas personas y el régimen que se instauró persiguió a cuanta persona creyera como enemiga. Fue así como no pocos docentes universitarios se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana y, quienes se dedicaban a generar más oportunidades para la educación en zonas rurales, fueron asociados con ideas de izquierda, una mala palabra para las nuevas autoridades, motivo suficiente para ser encarcelado, en el mejor de los casos.
Esa situación obligó a gran cantidad de intelectuales, pensadores, artistas y personas dedicadas a la academia y a la investigación a emigrar fuera de Chile. A pesar de que las redes sociales como hoy se conocen estaban muy lejos de existir, Costa Rica se convirtió rápidamente en tendencia entre las familias que se vieron forzadas a huir, por ser un país sin ejército, con estabilidad política y buenas condiciones sociales.
Tan pronto comenzó el exilio, la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas a la comunidad desplazada en lo que pronto se convirtió en una simbiosis de mutuo beneficio: por un lado, quienes recién llegaban “con una mano atrás y otra adelante” lograron estabilidad laboral de forma inmediata y permanente y, por otra, la Universidad dio un salto cualitativo en la docencia y en la investigación en muchas disciplinas, gracias a la incorporación de personas con alta formación académica y amplia experiencia en sus áreas de conocimiento.
Uno de ellos es el filósofo y escritor Helio Gallardo Martínez, quien pronto se jubilará, luego de cinco décadas completas de ejercer la docencia y de estimular el pensamiento crítico en sus estudiantes. Al igual que la mayoría de sus coterráneos, Gallardo tuvo que salir apresuradamente de su país luego de que los militares cerraran la universidad en la que trabajaba al sur de Chile, vaciaran su cuenta de ahorros, lo encarcelaran por algunos días sin ninguna justificación y le dijeran a su padre que no podían garantizar la vida de su hijo, lo cual se interpretaba como una sentencia de muerte.
Fue así como, primero, se trasladó a la capital, pensando que ahí pasaría desapercibido. Sin embargo, al notar el miedo imperante en su círculo más cercano de amistades, decidió trasladarse a México, donde ya había una buena cantidad de migrantes chilenos. Gracias al apoyo económico de algunos conocidos, reunió el dinero para viajar primero a Costa Rica y, posteriormente, a México. No obstante, decidió no llegar hasta su destino final porque en el país centroamericano encontró las condiciones sociales con las que muchos soñaron con Allende en Chile.
Ya en suelo nacional, por poco tiempo se dedicó a vender libros y a cuidar casas de familias amigas, porque la Universidad de Costa Rica lo contrató como profesor en 1974, gracias a la intervención de los llamados “chilenoides”, entre los que destaca al escritor Isaac Felipe Azofeifa, quien había estudiado en Chile y guardaba un gran aprecio por el país suramericano y su gente.
“Al inicio se organizaron algunas reuniones a las que llegábamos unos 25 o 30 profesores chilenos que había contratado la Universidad de Costa Rica, la mayoría varones. Recuerdo que tomamos el acuerdo de no aspirar a ningún cargo porque ya era suficiente con que la Universidad nos diera trabajo. Pero muchos no cumplieron su palabra y, tan pronto terminó la reunión, salieron a postularse a puestos de dirección”, recuerda Gallardo entre risas.
La estabilidad que Gallardo encontró en Costa Rica sepultó sus intenciones de retornar clandestinamente a Chile y, poco a poco, fue arraigando su corazón a la nueva tierra que lo recibió. Su corazón rebosa de agradecimiento al recordar la generosidad de la UCR y sus autoridades, quienes siempre cuidaron de suplirle trabajo a él y a sus compatriotas exiliados. “Lo que más se puede resaltar es el agradecimiento de la recepción y el hecho de que para el 74 ya estábamos todos trabajando acá, cosa que en Chile no lo hubiéramos conseguido”, recalcó el escritor.
Gallardo y su entonces esposa, Lilian Arriagada Morales, contribuyeron con la academia en el Centro Regional de San Ramón de la UCR (actual Sede de Occidente), al igual que Enrique Margery Peña y su esposa, Mafalda Bertoglia Richards, quienes lo hicieron desde la investigación de lenguas originarias costarricenses y la enseñanza de lenguas modernas, respectivamente. A estas dos parejas chilenas las recuerda muy bien Luis Fernando Arias Acuña, director del Centro Regional de San Ramón de la UCR entre 1973 y 1977.
“Llegar a San Ramón en aquella época era toda una epopeya, se tardaba muchísimo. Esa circunstancia, junto con la escasez de recursos, no convencía a la gente del Valle Central a trabajar en el Centro Regional. La mayoría éramos muy jóvenes y nos faltaba experiencia. Así que la llegada de los chilenos la vimos con muy buenos ojos, porque nos abría la oportunidad de consolidar y mejorar académicamente en un Centro Regional que estaba dando sus primeros pasos”, recordó Arias.
Y así fue. Helio, Lilian, Enrique y Mafalda invirtieron alma, vida y corazón en el incipiente proyecto de regionalización universitaria que había iniciado la Universidad de Costa Rica tan solo cinco años antes del golpe de Estado en Chile. A falta de una estructura y una normativa que definiera con claridad los objetivos de lo que posteriormente se llamó Centro Universitario de San Ramón, Arias tuvo en las dos parejas chilenas una asesoría de altísimo nivel para darle un norte a la primera sede regional de la UCR, en vista de que ambas ya contaban con amplia experiencia académica y de investigación en universidades chilenas de gran trayectoria.
“Nombré a Enrique Margery como coordinador de investigación porque esa era su pasión y tenía mucha experiencia de esa índole en el campo de la filología y la lingüística. Se interesó mucho en las lenguas originarias amerindias y creo que es la persona que más ha incursionado en ese campo, junto con Adolfo Constenla. Ambos hicieron de su quehacer un campo fenomenal, de crecimiento intelectual y una ayuda de conocimiento para el país de lo que son los ancestros filológicos de la gente originaria de Costa Rica”, resaltó el exdirector de la actual Sede de Occidente de la UCR.
La actividad también sirvió para inaugurar una exposición del pintor chileno Julio Escámez, quien también vivió su exilio en Costa Rica. De acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos, 50 personas de origen chileno han laborado para 35 distintas unidades dentro de la Universidad de Costa Rica desde 1997. Este número podría ser mayor si se incluyen a las personas que salieron del sistema antes de ese año. Foto: Embajada de Chile.
Adicionalmente, Margery y Bertoglia contribuyeron a concretar proyectos que pusieron a San Ramón en el radar de la educación superior costarricense, como un laboratorio de idiomas de última generación, el primer circuito cerrado de televisión, el mejoramiento de los laboratorios y adquisiciones estratégicas para la biblioteca.
Años más tarde y sin abandonar la docencia y la investigación, ambas parejas se trasladaron a ejercer otros cargos en la sede Rodrigo Facio de la UCR, donde coincidieron con otros exiliados chilenos, ya fuera como colegas o como estudiantes. Este fue el caso de Ximena del Río Urrutia, una chilena que arribó al país a sus 13 años, pocos meses antes del asalto al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile en 1973.
“Conocí a la gente chilena que llegó con el exilio hasta que entré a la U en el 76. Ahí conocí a Helio Gallardo y tuve profesores como Enrique Margery y Gastón Gainza, entre otros. Pero vino gente no solo de Letras, sino también de Ciencias Sociales, de Salud Pública, de Biología, de Teatro, de Danza. La mayoría de ellos ya eran profesores universitarios que les vino muy bien ser contratados por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad Nacional porque pudieron continuar desempeñándose en la academia. Prácticamente, en todas las áreas hay algún chileno de los setenta detrás que impulsó, que abrió y que tuvo un efecto positivo en la gente”, subrayó del Río.
La hoy profesora jubilada de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura considera que el cálido recibimiento que Costa Rica le dio a la comunidad chilena exiliada obedeció a una larga y positiva relación entre ambos países, vínculo que se ha mantenido en el tiempo y que ha permitido la llegada de nuevas generaciones de docentes a lo largo de cinco décadas, como el caso de Adrián Vergara Heidke, quien se radicó en el país por razones familiares entrado el siglo XXI y ahora se desempeña como docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura e investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas.
Para Vergara, la huella que han dejado sus compatriotas en la Universidad de Costa Rica le ha permitido gozar de un excelente recibimiento y acogida por parte de la comunidad nacional y universitaria. Sin embargo, también es consciente de la responsabilidad que ello implica al tener que honrar el legado de sus antecesores y verse en ellos como en un espejo.
“Eso lo obliga a uno a seguir los mismos pasos, a exigirse y a entregar. Algo que ellos hicieron, y que considero muy importante, fue entregar las cosas a Costa Rica: su conocimiento, su experiencia, su trabajo, no en una visión egoísta de aprovecharse personalmente de la oportunidad, sino de entregarse a la universidad, a los colegas, a los estudiantes y al país. Esa fue la medida que dejaron para quienes llegamos después”, enfatizó el investigador.
De aquel grupo inicial, Vergara resalta su pensamiento crítico, su energía y su proactividad en la generación de conocimiento y en la ejecución de proyectos novedosos. De acuerdo con el docente, estas características nutrieron y reforzaron el papel social y académico de la Universidad de Costa Rica.
Esa entrega total es la que María Bonilla Picado, exdirectora de la Escuela de Artes Dramáticas, recuerda de Sara Astica, actriz chilena de gran trayectoria que laboró como docente en esa misma Escuela. De ella, resalta que su talento siempre lo acompañaba con muchísimo trabajo, con una férrea disciplina y con un respeto absoluto al trabajo de actores, directores y diseñadores en el escenario, cosas que solo se pueden transmitir a los estudiantes mediante el ejemplo, con una práctica constante en cada ensayo, en cada clase, en cada función, en cada temporada.
“Era una mujer de una ética muy sólida y con una convicción ideológica, política y social importante. Ella entendía que hacíamos teatro también para comunicarnos, para expresar nuestras dudas sobre las cosas que estábamos viviendo, para rescatar hechos históricos, para denunciar problemáticas sociales y eso se lo transmitió y se lo aportó a los estudiantes, a sus compañeros y colegas”, apuntó Bonilla.
Y así como los casos aquí reseñados de Gallardo, Margery, Arriagada, Bertoglia, del Río, Vergara y Astica, existen muchísimos más que han dejado una huella profunda, más que en la academia y en la investigación, en el corazón de quienes tuvieron la suerte de conocerlos, porque más allá de generar conocimiento, se dedicaron a sembrar vida, con lo que sí dieron un golpe definitivo, pero un golpe a la muerte que en algún momento los asedió.
Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, recibió la medalla conmemorativa a nombre de toda la Institución. Foto: Embajada de Chile.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El primer proyecto ley de este nuevo gobierno va a buscar su aprobación al Congreso Nacional, donde debe ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como el Senado para que el Acuerdo de Escazú se ratifique y entre en vigencia en nuestro país.
Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que busca proteger a los activistas medioambientales. Es, además, jurídicamente vinculante.
“Ser parte de este acuerdo envía una fuerte señal, en la senda de una recuperación sostenible en el contexto de la crisis sanitaria y refuerza el compromiso de Chile con la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas”, aseguraron las autoridades que participaron del acto de firma del mensaje que acompaña al Acuerdo, realizado en La Moneda el día de ayer.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló: “Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y acceso a justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación contribuyendo a la protección del derecho de generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano. Reconoce además una relación explícita y necesaria entre medio ambiente y Derechos Humanos”, puntualizó.
En tanto, el Presidente Gabriel Boric confirmó que este es el primer proyecto de ley que su gobierno envía al Congreso. “Esto es relevante no solo porque somos un Gobierno que cumple sus compromisos, sino porque también da cuenta del sentido de urgencia con que entendemos la crisis climática”, dijo.
Fuente e imagen: (Imagen de Prensa Presidencia, Chile).
La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.
Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.
No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:
“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una «situación» democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)
A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.
Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.
El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.
El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).
El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.
Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.
El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.
En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.
El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.
El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.
Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.
La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.
Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.
El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.
Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.
Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.
El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).
El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.
La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.
Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.
