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SEC: La verdad sobre la Convención Colectiva del MEP

Escrito en 30/10/2020. Publicado en Trabajo.

LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL MEP

La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.

La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.

Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.

Imagen ilustrativa.

Urge reforma al capítulo constitucional de las garantías sociales

Escrito en 08/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ricardo Araya Montero

Ante la práctica anti democrática de los jerarcas que gobiernan de no dialogar con buena fe y buscando eficacia del proceso que cierre puertas a eventuales burlas, urge una reforma al capítulo constitucional de las Garantías Sociales: un articulado que homologue el procedimiento del conflicto económico social y la negociación colectiva laboral y que en caso de movimientos cívicos locales o nacionales, obligue a los jerarcas a negociar un pliego de peticiones firmado por las organizaciones beligerantes, y a partir de esa NEGOCIACIÓN VERDADERA levantar acuerdos e inscribirlos en los tribunales para su seguimiento, y eventual proceso sancionatorio en caso de incumplimientos.

Si logramos esto UNIDO a una profunda reforma electoral, perfeccionamos la poquita democracia que tenemos, nos coloca en la pro-actividad estratégica, le da sentido transformador a nuestras propuestas, en vez de estar haciendo llamados vacíos a la defensa del «maltrechísimo Estado de Derecho» (que no niego que hay que defenderlo, pero críticamente) pues éste que no le llega ni a los talones al Estado democrático popular que siempre hemos propuesto como alternativa a la democracia burguesa.

El Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, traidor, preso y libre

Escrito en 30/09/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Dr. Calderón Guardia, como cariñosamente se le recuerda y trata, es una de las figuras políticas y de los líderes políticos nacionales, que tendrá una presencia en el imaginario colectivo de manera imborrable.

A él se asocian la fundación de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, Casas para los trabajadores mediante el Programa de las Casas Baratas, tierra para los campesinos, en esa década que todavía habían tierras para entregar para procesos de colonización, lo que el Partido Comunista de Costa Rica había impulsado a principios de esa década, hacia el norte del Valle Central, políticas de precios fijos para los productos agrícolas, protección a las industrias cafetalera, azucarera y tabacalera, impulso a las cooperativas agrícolas, restablecimiento de la enseñanza religiosa en los colegios y escuelas, el arreglo de límites con Panamá y el amojonamiento de la frontera con Panamá, la derogatoria de las Leyes Liberales, la creación del Conservatorio Nacional de Música, el Código de Educación, el impulso a la organización de una gran cantidad de Colegios Profesionales, el Código Sanitario, la pavimentación de San José, el Muelle del estero de Puntarenas, la planta eléctrica de Liberia, la construcción del Estadio Nacional en La Sabana, el sistema de cloacas en la ciudad de Heredia, pozos de agua potable en Guanacaste y una cantidad de otras obras de carácter infraestructural que podría citar en kilómetros de carreteras, edificios escolares y públicos, en unidades sanitarias, cañerías.

Del mismo modo participó, valientemente, del lado de los aliados en la II Guerra Mundial, enfrentando al Eje Nazi Fascista con su solidaridad y declaratoria de guerra a Alemania, Japón e Italia.

Como el gran líder que fue participó de una alianza política como nunca la Historia Nacional había conocido, de su Gobierno, la Iglesia Católica y el Partido Comunista para poder impulsar, en su parte final, las grandes reformas sociales y laborales, que han contribuido a darle estabilidad, salud, progreso a la economía y producción nacional, y al pueblo costarricense.

La Obra del Gobierno del Dr. Calderón Guardia está grabada, de manera indeleble, en el corazón y la mente de todos los costarricenses, de manera genética. Cada costarricense que hoy nace y estudia hasta los niveles universitarios, tiene la presencia del Dr. Calderón Guardia acompañándolo en su salud y en sus estudios, y en la protección de sus Derechos Laborales y Sociales. Esto nadie lo puede borrar ni ignorar, aunque algunos hoy, incluso de lo que queda de su propio partido, o quienes se identifican con su figura, porque son calderonistas solo de etiqueta, quieran desdibujar, disminuir y debilitar, con sus actos legislativos y políticos, y con su silencio partidario, del Partido Político que le reivindica.

Los sucesos acaecidos después de 1944, y hasta la guerra civil de 1948, motivados, entre otras justificaciones, en los procesos electorales, y la forma cómo se realizaban en esa época, y por reacción contra las Reformas Sociales aprobadas, en vigencia y empezando a andar, condujo a una crisis política que desembocó en una acción política contra el final del Gobierno de Teodoro Picado Michalski, la nulidad de las elecciones de Otilio Ulate, y el levantamiento militar de José Figueres, que culminó en su triunfo político militar, y en el Golpe de Estado que le impuso a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había realizado la Guerra Civil, para quedarse gobernando, a la fuerza, Gobierno de Facto, por casi dos años, hasta que le entregó el Gobierno al Presidente electo en 1948.

La Obra de Figueres en este gobierno también tiene su mérito institucional. Entre otras cosas no tocó la Reforma Social y Laboral aprobada en 1943, y la desarrolló institucionalmente.

La tensión del año 48 condujo a un intento de los calderonistas, de actuar contra el Gobierno de Facto, en diciembre de 1948, desde Nicaragua, para lo que no había condiciones políticas, militares ni de apoyo interno o externo. La Junta de Gobierno aprovechó la situación para realizar el asesinato del Codo del Diablo, matando varios líderes comunistas que tenía presos en Limón, para advertir a los comunistas que si acompañaban en esa aventura militar a los calderonistas, a todos los comunistas que tenían presos les iba a ocurrir igual suerte. El Partido Vanguardia Popular, como ya se llamaba el Partido Comunista, no estaba de acuerdo con este intento militar. Esto motivó que la Junta Fundadora de la Segunda República declarara al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en diciembre de 1948, Traidor a la Patria, por Decreto Ejecutivo, por Decreto Ley, que la Junta realizaba.

Los Decretos Ley que la Junta hizo durante su tiempo de Gobierno, 8 mayo 1948 – 7 noviembre de 1949, al terminar su período y entregar el Poder a Otilio Ulate, en sus últimos actos, la Asamblea Nacional Constituyente que cesó sus funciones el 7 de noviembre de 1949, avaló todos los Decretos Ley de la Junta, entre ellos, obviamente el de Traición a la Patria que le habían hecho al Dr. Calderón Guardia.

Luego, en el primer Gobierno Constitucional de Figueres, 1953-1958, de nuevo, en 1955, se intentó, otra vez desde Nicaragua, invadir el país, por parte de calderonistas, para derrocar a Figueres, movimiento que fracasó, y a cuyos detenidos se les indultó, por un arreglo político que se hizo con el mismo Presidente José Figueres.

En 1970 en el segundo Gobierno Constitucional de José Figueres se declaró Benemérito de la Patria al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en cuyo gobierno también falleció. Todavía los odios y pasiones de la guerra civil eran encendidos, pero hay que reconocer que Figueres hacía un esfuerzo porque se superaran. Así lo hizo en las placas que puso en los monumentos que levantó para conmemorar el 25 aniversario de la Guerra Civil, reconociendo en ellos a los caídos de los dos bandos.

El Benemeritazgo de hecho borraba y superaba la declaratoria de Traidor que se le había hecho.

El actual Presidente de la Asamblea Legislativa puso su empeño en que por acuerdo legislativo, por Ley de la República, fuera eliminado aquel Decreto Ley de Traidor, lo que se hizo el lunes pasado, en primer debate legislativo, por la totalidad de los diputados presentes.

Se reafirmó así lo que la Declaratoria de Benemeritazgo ya había hecho.

Aun así, con su Benemeritazgo, siempre hubo una mano maléfica, de odios ancestrales o viscerales, contra el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Cuando se terminó de construir en 1969, e inaugurado en 1970, el Hospital México, al frente de la instalación, en una plaza que tiene, se puso un Monumento al Dr. Calderón Guardia, con una figura de una pirámide invertida, en cuyo centro de colocó una efigie, una escultura de buen tamaño, del Dr. Calderón Guardia, pieza monumental que en uno de sus lados tenía una abertura para ver al Dr. Calderón Guardia, pero en esa abertura pusieron una reja. Así daba la sensación de que tenían preso, en una celda en exhibición, al Dr. Calderón Guardia.

¿Quién hizo eso de esa manera? ¿Quién actúo como carcelero del Dr. Calderón Guardia? ¿O quien dio la orden de poner la reja para que aparentara estar preso? La verdad es que no sé. Si lo supiera lo diría en este comentario.

Cuando Rafael Ángel Calderón Fournier, en ejercicio de la Presidencia inauguró la Plaza de las Garantías Sociales, frente al edificio sur de la Caja Costarricense del Seguro Social, trasladó la imagen de su padre a esa Plaza, rindiéndole el honor de exhibirlo de cuerpo entero, sin jaula o celda alguna. De hecho lo liberó de aquella patraña que le habían hecho.

También en su gobierno falleció el Presidente Figueres, y bajo su Gobierno también se le dio el Benemeritazgo de la Patria. Con ello se sellaron los resabios de resentimientos políticos y se restañaron las heridas aún existentes de 1948.

Hoy la figura del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia está allí, más cerca del pueblo. A él se le han sumado acompañándolo los otros dos Beneméritos de la Patria, que contribuyeron a la aprobación de la Gran Reforma Social y Laboral de Costa Rica, de su Gobierno, con sus bustos, Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista o Vanguardia Popular, y recientemente Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Arzobispo y Jefe de la Iglesia Católica.

Los Tres, hoy, luceros inapagables en lo mejor de la conciencia nacional y en la Galería de los Hombres Ilustres que han contribuido a tener el país que disfrutamos de progreso social, de democracia robusta y sólida, de sociedad más justa y próspera.

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Escrito en 29/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.

Comunicado del Colectivo Semilla Ramonense – MANIFIESTO ANTI-NEOLIBERAL

Escrito en 23/07/2020. Publicado en Análisis, Comunidad.

SAN RAMÓN, 22 DE JULIO 2020

Estamos presenciando en nuestra Costa Rica, la arremetida más violenta del neoliberalismo contra la clase trabajadora.

Después de la aprobación del PLAN FISCAL, contundente golpe de los sectores gobernantes a las mayorías costarricenses, el Gobierno y la UCCAEP se han abalanzado ferozmente hacia la consolidación del modelo neoliberal.

La llegada del COVID-19 encontró la economía del país en un estado ultra-crítico y la está terminando de destruir porque el Gobierno, la UCAEP, la oligarquía nacional y transnacional se están aprovechando agresivamente de la crisis sanitaria.

Es decir, están utilizando la crisis sanitaria, para destruir lo que el país había avanzado desde la aprobación de las Garantías Sociales y el desarrollo del Estado Social, para más bien fortalecer el modelo neoliberal de los últimos cuarenta años.

Las condiciones de las personas que viven del trabajo, de los sectores informales, de la clase media, del campesino pequeño y medio, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano empresario en general, están siendo reducidas a la pobreza. Aquellos que están en situación de pobreza, están siendo reducidos a la miseria.

Nuestro Colectivo Político hace un llamado al Pueblo en general a organizarse para la defensa de sus intereses de clase, y a las organizaciones sindicales y populares, de toda índole a formar una férrea UNIDAD ANTI-NEOLIBERAL. Llamamos a cerrar filas conjuntamente contra la UCCAEP, su Gobierno y sus Diputados, pues todas las organizaciones y el pueblo en general deben comprender que sólo una fuerte y amplia unidad popular puede frenar el avance neoliberal que galopa sobre la pandemia. Es hora de hacer a un lado las diferencias para sumar fuerzas en torno a las coincidencias.

Convocamos a unirnos a la CARAVANA SINDICAL y POPULAR REGIONALIZADA, a realizarse este jueves 23 de julio durante la mañana, así como a las diversas formas de manifestaciones populares que se continúen realizando en esta dirección.

El MARTILLO, aplicado en la crisis sanitaria, nuestros gobernantes lo han convertido en un MARTILLAZO VIOLENTO, descargado sobre la precaria economía de la mayoría de los costarricenses para continuar en su danza neoliberal enriquecedora.

¡NO MÁS MARTILLO CONTRA LOS POBRES!
¡CON LA BOCA TAPADA, PERO JAMÁS CALLADA!
¡NO MÁS ACUMULACIÓN DE RIQUEZA A COSTA DE LA POBREZA!
¡OCCIDENTE POR UN FRENTE NACIONAL UNITARIO ANTI-NEOLIBERAL¡

El mundo unilateral de la UCCAEP

Escrito en 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

La Unión de Cámaras del sector empresarial (UCCAEP) ha ofrecido al país “Un pacto por el empleo”.

Tema tan vasto, puede ser abordado de muchas maneras, desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es que incluya garantías de empleos decentes, estímulo a la organización de los trabajadores, mejoras de las garantías sociales. En fin, ideas creativas para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses, simples trabajadores.

Pero no. La propuesta de la UCCAEP no se aparta un milímetro de los intereses estrictos del “sector empresarial privado”, sin pretensión alguna de reconocer que el país es diverso, o de pensar que el sector más rico difícilmente podrá vivir en paz con un sector más pobre cada vez más distante y con perspectivas empobrecedoras.

Los miembros de la UCCAEP se atribuyen el título de “sector productivo”. Y llaman a sus empleados “colaboradores”. Lo cierto es que el sector productivo costarricense es mucho más amplio que el conformado por las empresas de la UCCAEP. Sin trabajadores esas empresas no existirían y su capital ni siquiera sería capital. El mundo puede seguir viviendo sin ese capital. Lo han demostrado el Estado, o las cooperativas.

Ese capital ni siquiera ha sido capaz de dar una vida digna a sus trabajadores. Si en Costa Rica ha habido una paz relativa –si la comparamos con países de la región–, es por un nivel de servicios públicos que le garantizan a una parte importante de la población condiciones de vida muy superiores a las que ofrece el sector privado, incluyendo salarios, garantías sociales y servicios públicos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, desde la educación hasta la salud.

Es el sector público el que los garantiza, no el sector privado.

Ya se que no lo hace de forma perfecta. Es como la vida misma, llena de problemas. Pero hay que arreglarlos, no destruirlos (o venderlos. Son tan buenos negocios que, en realidad, sueñan con comprarlos).

Servicios que, por cierto, se han venido deteriorando en la misma medida en que se van privatizando.

Citan las normas de la OCDE, a la que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por incorporarnos. Muestran con orgullo que nos sumamos a México, Chile y Colombia, los tres únicos países latinoamericanos que pertenecen a la organización. ¡México, Chile y Colombia!

Hay que pensar un poco. ¿De qué les ha servido a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos pertenecer a la OCDE? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos parezcamos a México, a Chile o a Colombia? Estos dos últimos, países cuyo orden político ha sido construido sobre la base de la violencia más brutal, gracias a la que se ha construido también un brutal sistema de concentración de la riqueza. A los que tenemos mucho que enseñar y de los que tenemos poco que aprender.

Naturalmente, ¡no es ese el camino! ¡No debe ser ese nuestro camino!

Pero es a ese camino por el que nos empuja el gobierno.

Los resultados de estos proyectos son ya evidentes ¡Y desastrosos!

Es una tristeza que el gobierno pretenda llevarnos por ahí. Tristeza y falta de visión. Mezquindad.

¡Hay que resistir!

También las empresas de UCCAEP dependen del Estado. Mientras más grandes, más dependen de los recursos y de las garantías que les da el Estado. Desde las constructoras hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta los seguros, desde la salud hasta la educación. Todas dependen del Estado.

El documento de la UCCAEP no es más que un largo listado de demandas al Estado. Algunas, demandas de francos privilegios. Las podríamos agrupar en dos tipos de demandas:

Demandas de beneficios directos para el sector

lo que se refiere a créditos disponibles en el Sistema Financiero Nacional,
mayores beneficios en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa,
amnistía para las cargas sociales y ambientales, una “actualización” de las jornadas laborales que “permita jornadas excepcionales”,
reforzar las medidas de seguridad,
readecuar la deuda de los productores (supongo que se refieren a las deudas con la banca pública),
un “plan para mejorar las posibilidades del sector productivo” (¿?),
reducir las tarifas eléctricas para la producción,
mayores garantías para el sector privado en los procesos de contratación del sector público,
permitir la exploración y explotación del gas natural,
avances en el proceso de ampliación de energía por el sector privado (ya particularmente leonino a favor de ese sector),
privatización del sector de generación de electricidad, incluyendo cerrar el departamento de grandes proyectos hidroeléctricos del ICE,
poner a disposición del sector privado mano de obra especializada y barata mediante el proceso de educación dual,
transformar el Conesup para adecuarlos a las demandas de las universidades privadas,
y avanzar en las alianzas público-privadas para la construcción de los planes reguladores.

Readecuación de lo público en función de los intereses del sector privado

la mejoría de le eficiencia operativa del ICE y de Recope,
“medidas que disminuyan el costo de la formalidad”,
la venta de activos del Estado (que sueñan con comprar),
aplicación “estricta” de la regla fiscal,
reducir el gasto público (para aumentar los recursos a la disposición privada),
mayores controles a las universidades públicas,
reforzar la inversión pública en centro de desarrollo turístico, tercerización de servicios,
erradicar lo que llaman “asedio ambiental”,
una ley de empleo público,
frenar la participación “ilegal y desleal” del ICE en obras,
atender la demanda empresarial en el reparto del uso del agua,
una nueva ley de aduanas “en consenso con los interese del sector privado”,
rechazar mayores regulaciones del sistema de etiquetado frontal de alimentos.

La visión de país de la UCCAEP se resume en eso: mientras mejor les vaya a ellos, ¡pues así le irá al país! La experiencia de décadas recientes, en las que se extendió por casi todo el mundo la idea neoliberal de que privatizando y enriqueciendo a los más ricos terminaría por rebalsar riqueza para los más pobres, finalmente terminó por mostrar que tenía patas muy cortas. Efectivamente aumentó de forma notable la riqueza y, al mismo tiempo, la concentración de la riqueza hasta niveles inimaginables, generando tensiones de todo tipo que han terminado por estallar.

La realidad del Covid 19 nos muestra claramente las contradicciones entre el interés privado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Mientras empresarios de la piña, del banano o de la yuca se saltan medidas necesarias para controlar la expansión de la pandemia con el fin de incrementar sus ganancias mediante contrataciones de trabajadores en condiciones precarias, el Estado debe adoptar nuevas medidas e incrementar sus gastos para evitar la expansión de la pandemia al resto del país.

El texto de la UCCAEP deja en evidencia la falta de visión de país. O nos ofrece la visión de un país pensado para tan pocos, que no podemos dejar de señalar el sin sentido de la propuesta y lo inconveniente que sería avanzar por ese camino, en la construcción del mediocre y mezquino mundo que nos propone la UCCAEP.

Algunas consideraciones a propósito del dictamen legislativo sobre el FEES

Escrito en 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

***Luis Muñoz Varela*[1]**

Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ha presentado en estos días un dictamen sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el que se ponen en cuestión la dotación de presupuestos por parte del Estado a las universidades públicas y las funciones sustantivas que estas instituciones desempeñan, así como la validez y los alcances de la autonomía universitaria.

Es pertinente hacer al respecto algunas observaciones puntuales en relación con aspectos que se indican en el documento de dictamen y que derivan en distorsiones o en aseveraciones sin fundamento acerca del quehacer académico y del desempeño de las universidades públicas.

El análisis que aquí se presenta, se coloca en negrita lo señalado en el documento y de seguido se elaboran y presentan los respectivos comentarios.

“Los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión Especial Investigadora suscribimos el presente informe luego de realizar el análisis de la normativa vigente, la información que trascendió en prensa, manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior.”
a) La normativa vigente en relación con las universidades públicas y su financiación es clara y se basa en la legalidad y legitimidad del Estado Social de Derecho y en la Constitución Política.
b) La comisión interrogó a dirigentes de las federaciones de estudiantes y a rectores, representantes del CONARE y del Programa Estado de la Nación, así como a autoridades de gobierno. En ningún momento ha habido consulta a “la ciudadanía en general”, o al menos así no consta en el documento. A su vez, los medios de prensa citados en el documento tienen una línea editorial claramente hostil a las universidades públicas. En el trabajo de interrogación realizado por la comisión, además de ser densamente tendencioso y también agresivo, hay una sensible carencia de fuentes básicas de información, que den cuenta de manera veraz acerca del quehacer académico de las universidades públicas, de la forma en que hacen uso de los recursos que reciben del Estado por medio del FEES, de su gestión financiera e institucional, así como de todas las actividades académica y proyectos que estas instituciones llevan a cabo en docencia, investigación y acción social.
“Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cuál este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior.”

El legislador constituyente consideró necesario y prudente establecer la autonomía universitaria dándole rango constitucional expreso, a fin de asegurar que las universidades públicas no se vieran expuestas al arbitrio circunstancial de las decisiones de los gobiernos de turno ni de otros poderes que podrían estar interesados en intervenir y afectar el desempeño de estas instituciones. Así, la universidad pública quedó establecida como una institución de Estado, no como una entidad dependiente del gobierno central ni de ningún otro poder del Estado. Así, por tanto, carece de toda validez y no se justifica la pretensión de la “Comisión” por tener “participación directa en el futuro” de la educación superior. Lo mismo el futuro como el presente de la educación superior pública es un asunto que, por disposición constitucional definida en la autonomía universitaria, le compete única y exclusivamente a las comunidades universitarias y a las autoridades académicas de las universidades públicas.

“Las universidades públicas no son parte del Plan Nacional de Desarrollo, esto provoca distorsiones y hace perder potencial a las políticas públicas y a los objetivos de desarrollo que establece el país.”

Las universidades públicas, a través de la docencia, la investigación y la acción social, contribuyen no solo a fortalecer las políticas públicas, sino también a proponer políticas públicas que sean de beneficio para la mejora del bienestar de la sociedad costarricense en general. Por su propia naturaleza académica y por las actividades que desarrolla, la universidad pública no puede quedar atada a las regulaciones de los planes nacionales de desarrollo, que suelen ser cortoplacistas y que responden siempre a los intereses políticos de cada nuevo gobierno. Son múltiples los proyectos que, dentro de las funciones de investigación y de acción social, la universidad pública lleva a cabo en una gran diversidad de comunidades del país y en conjunto con variados sectores productivos, los cuales contribuyen de manera sustantiva al desarrollo nacional y, también, a dar sustentación concreta a los objetivos de un desarrolla nacional bajo una perspectiva de Proyecto País. Si la universidad pública quedara atada y encajonada en los planes nacionales de desarrollo, mucha de esta labor se vería limitada, restringida, liquidada.

“[…] un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto.”

De múltiples maneras, tanto las instituciones del Estado como el “sector privado” se han beneficiado siempre de la labor que llevan a cabo y de los servicios que prestan las universidades públicas. Por su parte, “la mejora de la estructura productiva” pasa por definir y desarrollar políticas públicas que atiendan de manera integral a todos los distintos sectores productivos. No se trata únicamente de la estructura productiva vinculada a la inversión extranjera directa ni a la agroindustria a gran escala ni al sector industrial vinculado al mercado de la globalización corporativa.

La sociedad necesita que las universidades públicas, haciendo uso de la autonomía que les asiste, puedan realizar sus propios diagnósticos sobre las necesidades de formación profesional y de generación de conocimiento que el país requiere para promover e incentivar el fortalecimiento de la estructura productiva en todos sus diversos ámbitos de actividad. La universidad pública debe mantener su autonomía para discernir por sí misma cuáles son las necesidades de atención prioritaria y, en su lugar, buscar el desarrollo de las vinculaciones institucionales e interinstitucionales que corresponda.

Esta es una dinámica que las universidades públicas han desarrollado desde siempre. Son bien conocidas las coordinaciones de colaboración que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica han mantenido con instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre muchas otras. Relaciones de apoyo y de colaboración que en una proporción elevada han ido en un solo sentido, es decir, sin que haya existido mayor reciprocidad por parte de las instituciones beneficiadas. Las funciones sustantivas de la universidad están al servicio de dichos apoyos y colaboraciones, todo lo cual se encuentra debidamente documentado

Todas las unidades académicas de la universidad han participado de estas relaciones de coordinación con las instituciones del Estado, con las comunidades, con asociaciones y colectivos del sector productivo. Son múltiples las acciones desplegadas por la universidad desde la investigación y la acción social para dar apoyo al sector productivo y mejorar la estructura productiva del país.

En el momento actual, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, esta disposición colaborativa de parte de las universidades públicas se expresa, entre otras acciones, por la relación establecida entre el Instituto Clodomiro Picado de la UCR y las autoridades del sistema nacional de salud, para hacer investigación y elaborar un medicamento que permita atender con eficacia a las personas que resultan enfermas por el contagio del virus. En medio de la pandemia y cuando la universidad se encuentra sin actividad presencial en sus instalaciones, la planta de investigación del Instituto Clodomiro Picado no para de trabajar en la búsqueda del medicamento que pueda servir para curar a las personas contagiadas.

“Por su trascendencia y alto valor estratégico para el progreso del país, hay que plantear la posibilidad de una diversificación de los destinos de los recursos públicos que financian la investigación. El monopolio de la inversión en investigación con fondos públicos y privados en las universidades públicas requiere análisis y debate.”

La investigación en las universidades públicas responde a una visión integral y estratégica del bienestar nacional en los diferentes ámbitos del conocimiento, no a requerimientos específicos de carácter sectorial. La investigación en la universidad, tal como ya se indicó en el punto anterior, ha sido diversa y ha estado al servicio de muy diversos sectores productivos e institucionales.

Desde su propio quehacer de investigación y también desde la acción social, la universidad pública aporta al país y a la sociedad costarricense en general, manteniendo su independencia y autonomía y abarcando todos los campos del conocimiento. Esto es de sustantiva importancia, a efecto de no descuidar ningún ámbito y que, a su vez, la investigación no se sectorialice ni se restrinja a las demandas, por ejemplo, de un determinado “sector privado”.

Tampoco sería conveniente que las universidades queden obligadas a buscar financiamiento privado para realizar investigación. Esto significaría la privatización de la investigación y su puesta al servicio de intereses específicos, corporativos, que muy poco o nada tienen que ver con la búsqueda del bienestar social colectivo. En la medida que esto ocurra, la universidad pierde su esencia y la investigación deja de servir como un elemento de “valor estratégico para el progreso del país”.

“LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

“El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía.”

Este título es inexplicable e inconcebible; una afirmación carente de toda veracidad. La sociedad en su conjunto, las instituciones del Estado, el sector privado y una gran variedad de organizaciones civiles se han beneficiado y se benefician constantemente del valor público que representa el quehacer académico de la universidad en sus funciones de docencia, investigación y acción social. Es inaudito no reconocer los servicios que aporta la universidad en términos de valor público para la sociedad. No se puede decir, tal como se afirma en este titular, que las universidades públicas solo se dedican a hacer labor de enseñanza.

[…] por eso creemos que es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido.”

En este documento se hace énfasis en que las universidades públicas deben incrementar la matrícula y además diferenciar el valor de los aranceles, de manera que el estudiantado proveniente de familias adineradas pague más.

Reducir salarios a fin de trasladar mayor volumen de recursos a la investigación. En este aspecto, la comisión legislativa no se da por enterada de que para hacer investigación se necesita tener una formación académica sólida y que esta formación no se logra sino a través de toda una experiencia acumulada. Se requieren condiciones adecuadas para lograrlo, dentro de las cuales está contar con un salario decente que permita la adquisición de material bibliográfico, el acceso a fuentes de información en internet y otras. Por otra parte, en la medida que en la universidad pública la investigación es con mucha frecuencia parte del quehacer académico, que no se reduce éste exclusivamente a la docencia, plantear una ley de empleo público que vendría a precarizar las condiciones de trabajo en la universidad, esto no significaría otra cosa más que un serio y muy peligroso debilitamiento de la investigación.

“[…] hay un sistema de educación universitaria que va creciendo, la expansión en general es positiva, pero los énfasis en que se están produciendo, graduando los estudiantes, no necesariamente son los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita.”

Argumento recurrente de las instituciones del gobierno central. Sin embargo, “los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita” no son necesariamente los que están planteados en los planes nacionales de desarrollo. En estos planes hay interferencias de sectores y de intereses políticos que, en general, las universidades siempre han buscado evitar para no caer en una distorsión ni restricción de sus enunciados misionales. La universidad pública es una institución de la sociedad y para la sociedad. El papel histórico jugado por ellas es, en este sentido, fundamental como contribución al desarrollo del país y a la búsqueda de bienestar para la sociedad en general.

La formación profesional en carreras técnicas, ingenierías y otras, es naturalmente muy importante. Sin embargo, “los énfasis” de la formación universitaria no pueden quedar circunscritos a este tipo de carreras. La sociedad necesita contar con profesionales en todos los campos del saber. En el actual contexto de la crisis sanitaria, pasa a quedar en evidencia la necesidad de que, por ejemplo, las instituciones de salud cuenten con la labor de análisis y de asesoría que pueden brindar los profesionales en psicología social, para que ayuden a las autoridades de salud a prevenir y controlar posibles desencadenamientos de patologías psicológicas a raíz del confinamiento y también de la angustia por la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos, la incertidumbre que se proyecta hacia futuro y otros tantos factores que podrían estar generando tendencias de patologías psicológicas en la sociedad.

“[…] también hay un actor relevante que es el Conesup, quien vela por el tema de las universidades privadas; entonces, ahí, tanto el Estado de la Nación como OCDE nos han dicho que hay que mejorar en materia de la gobernanza para garantizar una mejor rectoría, en la medida de lo posible, que garantice mayor coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas.

No se puede equiparar el sistema universitario público con el sistema privado. Se trata de dos regímenes totalmente distintos. A lo sumo, lo que sí se puede hacer es que se exija y cumpla una evaluación de la calidad académica especialmente en las universidades privadas. La sociedad necesita que se le garantice que lo que las personas paguen a una universidad privada por los servicios de enseñanza sea, en efecto, de calidad.

Después de tres décadas en que da inicio en Costa Rica el auge de las universidades privadas es sabido que hasta la fecha la gran mayoría de ellas no rinden cuentas sobre la calidad académica de las titulaciones que están vendiendo. Una gran mayoría de ellas tampoco dan información sobre sus planes de estudio.

La “coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas” es una demanda ilusoria. Deja de lado que las universidades privadas responden a sus propios intereses de mercado y que para ellas no existe ninguna fiscalización por parte del Estado en relación con lo que hacen.

Las universidades públicas, con base en la autonomía institucional que les asiste, responde con su oferta académica a las necesidades de formación profesional y técnica que la sociedad necesita. Actualiza sus planes de estudio y cuando es necesario crea nuevas carreras. Esa es la institución universitaria que la sociedad necesita; una institución que orienta a la sociedad y que promueve e impulsa el desarrollo del país con equilibrios intersectoriales, con inclusión de los diversos sectores sociales y productivos y con pertinencia de la formación que proporciona.

Vinculación subordinada del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) con los planes nacionales de desarrollo:

“Poderles contar como socios estratégicos dentro de los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública y no únicamente, posteriormente, durante la Agenda Nacional de Cooperación o, también, poderles hacer partícipes, de una manera más directa, en el plan estratégico nacional, que esta visión de largo plazo, al 2050.”

Las universidades no pueden ni deben plegarse ni asociarse con los planes nacionales de desarrollo. Esto necesariamente implicaría dejar de lado o minimizar su autonomía e independencia para realizar análisis crítico de las propuestas del desarrollo nacional. Por disposición constitucional, en el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, esta institución tiene a su cargo analizar propuestas de política pública y proyectos de ley y dar su criterio. Esta es una forma en que la universidad contribuye a mejorar la orientación estratégica que tales políticas pueden tener para un desarrollo económico equilibrado y para la mejora del bienestar común en la sociedad.

Desde hace bastantes años, las políticas públicas asociadas a los planes de desarrollo han sido claramente lesivas para sectores específicos de la sociedad, por ejemplo, el sector agricultor. Los planes nacionales de desarrollo, como políticas de Estado, requieren del juicio crítico de un actor que no forme parte del gobierno central ni que esté asociado a este de manera subordinada. Para eso están las universidades públicas.

Por supuesto, las universidades públicas pueden ser y siempre han sido colaboradoras cuando se trata de desarrollar acciones en COORDINACIÓN con las distintas instituciones del Estado. Siempre ha existido una relación de sinergia entre el PLANES del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los planes nacionales de desarrollo. En vez de establecer rigideces y camisas de fuerza, la lógica de una administración pública propositiva y fructífera debería plantearse en términos de diversidad de actores institucionales.

“El Ministerio de Planificación y Política Económica como rector del empleo público no pretende entrometerse, si cabe la palabra, dentro de las regulaciones internas y la manera de administrarse de las universidades, lo que pretende es establecer lineamientos generales que lleven hacia la unicidad, la coherencia, hacia la sostenibilidad y hacia la excelencia.”

Lo que aquí se dice es totalmente contradictorio. Es como decir: “te vamos a establecer un marco rígido del cual no te podrás mover en ningún sentido, pero tenés plena libertad para hacer lo que querrás ahí dentro”. Bien se sabe que, en buena lid, las políticas públicas constituyen parámetros de proyección cuya ejecución debe ser evaluada, corregida y mejorada según sean los resultados de la evaluación. Entre las políticas públicas y las políticas institucionales de las universidades, según ya se ha indicado, existen necesariamente confluencias y sinergias. Las universidades pueden muy bien representar marcos de referencia para la evaluación de las políticas públicas.

En la medida que se les obligara a subordinarse a los planes nacionales de desarrollo y a las políticas de las instituciones del Estado, las universidades pasarían a convertirse en no otra cosa que en dependencias de esas instituciones. Consecuentemente, con ello ya habrían perdido toda posibilidad de tomar sus propias decisiones en materia de su oferta académica, de la definición de la investigación y de la prestación de los servicios de la acción social.

“[…] se pueda hacer un proceso de formulación conjunto porque las universidades también pueden aportar mucho con evidencia a tener mejores diseños de programas, de proyectos de inversión pública, pueden aportar a las fases de pre inversión, las fases de programación y pudiéramos hacer un único instrumento donde quizá en el largo plazo estén incorporados como responsables de algunos de los proyectos de inversión y los programas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública.”

No es necesario que Mideplan esté en el CONARE para que las universidades presten el tipo de asesorías que aquí se mencionan. Es interesante que se reconozca la capacidad que tienen las universidades para el diseño de programas y proyectos de inversión pública, pero que con mayor énfasis aún se demande la incorporación de Mideplan al CONARE.

Por lo dicho anteriormente sobre la condición de agente de análisis crítico de las universidades públicas, estas instituciones no debieran operar dentro de un instrumento único. Por otra parte, a propósito del “largo plazo”, diversos centros e institutos de investigación de las universidades han elaborado propuestas de largo plazo para atender problemas prioritarios del país; sin embargo, en una gran mayoría de casos las autoridades de gobierno no las han tomado en cuenta. No es de recibo insinuar que las universidades públicas operan en el marco del corto plazo y que se olvidan de tener una visión estratégica, con proyección de futuro, del desarrollo nacional. Es todo lo contrario.

“Algo que quiero destacar es que, en este periodo de nuestra gestión, de 2010 a 2018, la población estudiantil en el Tecnológico aumentó un 36% de 2011 a 2018, en diferentes programas que tenemos. Y quiero resaltar que, atendiendo las solicitudes de varios sectores productivos, el aumento más grande se dio en la carrera de Producción Industrial, un 69%, y en la carrera de Ingeniería en Computación con un 54% de aumento de la matrícula de primer ingreso.”

Desde su origen, el TEC es una institución universitaria especializada en ingenierías y carreras técnicas. Es decir, es una institución sectorializada que atiende las demandas de formación de sectores vinculados a la tecnología, la construcción, la agroindustria, tecnologías del medio ambiente, computación e informática. Nadie podría objetar nada al respecto. Pero de decir que es la “universidad del futuro” porque imparte las carreras que más demanda el mercado laboral es decir una evidente falacia. Significa privilegiar un sector del mercado laboral y dejar por fuera a los demás. Si se está hablando de una preocupación por el desarrollo nacional, no se puede dejar al margen la formación en educación, salud, ciencias sociales, artes y otras muchas carreras más.

“El TEC tiene una gama curricular de vital importancia para la atracción de inversiones, por lo que merece, sin duda, un mayor porcentaje del FEES, si el país quiere resolver a mediano y largo plazo el problema del desempleo.”

Está más que probado que la inversión extranjera directa no resuelve el problema del desempleo. Además, se trata de empresas de producción industrial o de maquilas que operan con privilegios fiscales y cuyo mercado laboral, por los niveles de organización tecnológica de sus procesos de producción, no constituyen fuentes de trabajo tan significativas según lo quiere hacer ver la Comisión.

Igual que muchas otras cosas que se afirman en el dictamen de la comisión, esta afirmación también es radicalmente falaz, tendenciosa y desconocedora del significado de la universidad pública y de los beneficios que ella aporta a la sociedad.

“La señora ministra tiene una alta cuota de responsabilidad y yo quiero, doña Giselle, que usted asuma un compromiso, no conmigo ni con doña Patricia, ni con los miembros de esa Comisión, sino con el país para detener estos borbollones de dinero que estamos destinando a salarios y que están condenando muy pronto a las universidades a desaparecer financieramente.”

Desconoce la evidencia que aporta este mismo documento, que al final presenta la lista de las personas que cuentan con los mayores salarios en las universidades públicas. Habría que decir cuántas personas en las universidades tienen un salario mayor a 4 millones de colones y qué proporción de la planta docente y administrativa representan esas personas. Este documento es solo un rosario de falsedades que se asumen como argumento para buscar la destrucción de las universidades públicas.

“En el caso en particular de lo que don Marcelo llama privilegios, usted estaría de acuerdo con la frase de don Marcelo que son los privilegios los que podrían acabar con la autonomía universitaria, específicamente ese tema.”

El término privilegios se convierte en una muletilla vacía que sirve como arma de destrucción masiva, a la vez que obvia los intereses de la sociedad por contar con la educación superior pública y con los servicios de investigación y de acción social que las universidades públicas proporcionan. El foco de ataque son la UCR y la UNA. Las otras universidades públicas “hacen mucho con poco” y, además, el ITCR ya fue declarado en el documento como “la universidad del futuro”.

“La OCDE, hoy habría reunión, pero no puedo estar en dos partes a la vez, la OCDE en el informe del año 2018 señala que las universidades estatales tienen pocos incentivos para responder a las necesidades del mercado laboral, potenciar los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y mejorar la representatividad en el acceso a la educación superior.”

El enfoque de mercado por encima de la visión integral de la formación profesional universitaria. Restringir la visión del quehacer formativo de la universidad a las carreras que respondan “a las necesidades del mercado laboral” significa no solo cercenar el cuerpo académico de la universidad, sino también direccionar la formación universitaria hacia carreras que responden a un determinado sector del mercado laboral; el sector precisamente vinculado a la economía de capitalismo corporativo transnacional y el que representan las empresas nacionales inscritas en la dinámica de la globalización neoliberal. En este sentido, cuando se habla de fortalecer la oferta de educación superior en las regiones, de lo que se está hablando es de algo muy difuso, en la medida en que de lo que se trata es de habilitar fuerza de trabajo técnica en las regiones para ser empleada por ese mercado laboral corporativo, pero no en recuperar ni potenciar las capacidades productivas locales para promover el desarrollo y el bienestar social local a partir de las propias particularidades productivas de las regiones.

Un reclamo generalizado y evidenciado en esta Comisión es que las universidades se han enfocado en desarrollar únicamente el GAM, lo que ha desembocado en que únicamente las empresas de zonas francas que generan empleo de altísimo nivel estén interesadas únicamente en desarrollarse dentro del GAM.

Ahora entonces ya sí lo dijeron: de lo que se trata es de invertir en el fortalecimiento de la oferta de educación superior técnica en las regiones para habilitar fuerza de trabajo que permita desconcentrar de la zona urbana de la GAM a las empresas de zonas francas. Es lo dicho anteriormente: lo que interesa no es la educación superior en las regiones para estimular y dar soporte al desarrollo local, sino para habilitar fuerza de trabajo técnica para las empresas de inversión extranjera directa y también para las empresas nacionales vinculadas a la economía de la globalización neoliberal.

“Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto.”

¿Con qué criterio académico y de planificación prospectiva las diputadas y los diputados le podrían decir a las universidades cuáles carreras impartir y cuáles no? Por tal razón, hay que eliminar o debilitar la autonomía universitaria en la Constitución para que sean las personas integrantes de una comisión legislativa quienes les indiquen a las universidades públicas cuáles carreras impartir y cuáles no.

“Algo en lo que hemos coincidido los legisladores, y lo hemos venido confirmando a través de las diferentes audiencias, es la urgencia de cambiar los criterios de distribución del FEES, de manera que no respondan a un criterio costumbrista, sino más bien a criterios técnicos, que reconozcan el cumplimiento de indicadores efectivos y, además de ello, que puedan traducirse en metas y mediciones, de manera que se premie con mayor monto del FEES a las universidades que efectivamente están cumpliendo con sus proyectos y metas, las cuales deben traducirse en mayores cupos, investigaciones, infraestructura e inversión en las regiones.”

La Universidad que cumpla con los indicadores que los señores diputados determinen, esa universidad será “premiada” y, así, cada vez que se entreguen los fondos del FEES, la distribución podrá variar en función del cumplimiento de esos indicadores. Es decir, ya no se trata únicamente de condicionar la entrega de los recursos del FEES a la reducción de personal (administrativo, se ha dicho) y a la rebaja de los salarios en las universidades, sino también que los diputados se atribuyen la facultad de realizar la correspondiente distribución del presupuesto, de conformidad con sus decisiones políticas. Y es por eso entonces que se hace necesario subordinar la autonomía universitaria a las decisiones económicas en materia de aprobación de presupuestos nacionales para la educación superior pública.

“Es importante para estos diputados y diputadas que en esa mesa de trabajo se puedan definir mecanismos que le permitan a la Asamblea una visión integral, una perspectiva integral, sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto nacional de la República. Introducir en la discusión y aprobación de recursos a las universidades vía FEES, el tema de los recursos, producto del superávit que mantienen las universidades.”

De nuevo, uno de los aspectos medulares en que recalca este documento es la intervención, fiscalización y determinación política externa, efectuada de manera cruzada entre el poder ejecutivo y el legislativo, de la disposición y organización de los presupuestos por parte de las universidades. De esta manera, las rectorías de las universidades pasarían a ser no más que empleadas al mando de los poderes ejecutivo y legislativo. Y aún así afirman en este documento que lo que buscan es mejorar el desempeño de las universidades y no afectar los alcances de la autonomía universitaria.

“La diputada Yorleny León ha sido enfática en que el Planes debe evaluarse por un tercero, y dicha propuesta fue acogida por esta Comisión, dado que es Conare quien lo realiza y, además, es quien lo evalúa; por ende, la evaluación no es realmente objetiva, pues es un “yo con yo” tal como lo ha dicho reiteradamente la señora León. Y su posición fue compartida por la Contraloría General de la República.”

Una vez más, interferencia política externa sobre las decisiones de política y de inversión de las universidades públicas. Tal como se puede ver a lo largo de todo el documento, la aprobación del FEES estaría supeditada a la intervención de las decisiones políticas externas en materia de desarrollo institucional, definición de programas de inversión, costo de los aranceles, oferta académica y gestión de la investigación.

“El sistema de acreditación también golpea con más dureza a las regiones, es por ello vital que exista una forma más acelerada y barata de poder acreditar más carreras en zonas rurales, con el objetivo de bajar las brechas y esto es de suma importancia para realizar mejoras de fondo en la educación, porque tal como fue dicho por representantes de Sinaes:”

Esta indicación inentendible refleja muy bien el nulo o muy bajo nivel de comprensión que tienen las personas integrantes de la comisión acerca de lo que es una universidad pública. Imagina esta gente que las universidades son como una especie de planta industrial donde se fabrican profesionales y también paquetes de objetos tecnológicos.

[1] Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica.

Sanabria, Calderón y Figueres

Escrito en 11/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Historia Nacional del siglo XX ha reconocido a algunas figuras políticas como esenciales para la vida nacional, por el papel que marcaron y por las acciones que llevaron a cabo en el ejercicio de sus funciones y mandatos institucionales y constitucionales.

Tres de estos personajes, curiosamente fallecieron en el mes de junio. En su orden, Víctor Manuel Sanabria Martínez, el gran Obispo de Costa Rica de la década de 1940, hasta su muerte acaecida el 8 de junio de 1952, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el Gran Presidente Reformador Social de Costa Rica, a quien se le atribuye por su gestión de gobierno, y por el compromiso por él adquirido, el gran gestor de la promulgación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, lo que comúnmente se llama Reformas Sociales, quien también falleció un 9 de junio de 1970, y José Figueres Ferrer, quien llegó a ser considerado a finales del Siglo XX, como el político más importante del siglo XX costarricense, no solo por las grandes iniciativas que impulsó desde la Junta de Gobierno, durante el período 1948-1949, sino por el rumbo que le imprimió con ellas al país en la segunda mitad del siglo XX, quien también falleció un 8 de junio de 1990.

Víctor Manuel Sanabria Martínez asumió el Arzobispado nacional pocos días antes de que el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumiera la Presidencia en 1940. Fueron, en ese sentido como dos rieles de la misma línea de tren. Se desarrollaron juntos, compartiendo valores de formación espiritual religiosa, católicos y de gran sensibilidad social los dos.

Sanabria quizá el más brillante de los Obispos nacionales del Siglo XX, de gran cultura, investigador histórico de la Iglesia en Costa Rica. A él le debemos importantes obras sobre la presencia de la Iglesia Católica, y algunos de sus Obispos en el país, así como una Obra clave para entender el significado de la Patrona Nacional, de la Virgen de los Ángeles, en el imaginario colectivo y su arraigada presencia en el ADN nacional.

Anticomunista profundo antes de 1942 Sanabria tenía como objetivo ampliar los horizontes de la Iglesia Católica, restringidos por las Reformas Liberales de 1882 y 1884. Pactó, con el Gobierno de León Cortés, el apoyo a la candidatura presidencial, en 1939, del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia con el compromiso de la derogatoria de las leyes liberales. El Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, en su primer año, 1940, bajo la dirección del Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, procedió a derogar los decretos y limitaciones que tenía la Iglesia Católica derivadas de aquellas reformas liberales, y en cumplimiento del apoyo de la Iglesia a su candidatura presidencial.

Su Obispado en Alajuela, y su ascenso al Arzobispado Nacional, se produjo al calor del arranque de la II Guerra Mundial, en 1939, Guerra que duró hasta 1945, provocando una escisión mundial alrededor de la lucha antifascista que se provocó con esa guerra. La crisis económico social de la guerra repercutió en el país, con mayor fuerza en 1941.

Estados Unidos hasta diciembre de 1941 no había ingresado formalmente a la Guerra del lado de los aliados que luchaban contra Hitler y lo que él significaba. Ingresa a la guerra obligadamente cuando en diciembre de 1941 sus bases militares, en Hawai, son atacadas por los japoneses, aliados de Hitler en lo que se llamó el Eje Totalitario nazi fascista. Este ataque motivó que el presidente Roosevelt solicitara el apoyo solidario de las naciones latinoamericanas para, con ese apoyo, presionar al Congreso de los Estados Unidos en decidir ingresar a la Guerra, al lado de los aliados.

Así el Gobierno de Calderón Guardia declaró la guerra y rompió relaciones diplomáticas con Japón, Italia y Alemania, en los primeros días de diciembre de 1941, situación que le provocó, a la vez, una ruptura con León Cortés y lo que él representaba políticamente, y con el sector económico alemán nacional, que era muy poderoso en las actividades económicas del café y la caña de azúcar especialmente. Hasta un intento de Golpe de Estado se intentó contra su gobierno, que no se llevó a cabo, facilitando las condiciones para la alianza que realizaría su gobierno con el Partido Comunista de Costa Rica, que le daría el apoyo para terminar sus dos años de gobierno que le faltaban, a condición de impulsar las llamadas Reformas Sociales y el Código de Trabajo.

El Dr. Calderón Guardia impulsaba desde inicios de su gobierno la apertura de la Universidad de Costa Rica y la fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social, y otras iniciativas sociales importantes.

El Dr. Calderón Guardia había llegado al Congreso de la República en 1934, el mismo año en que fueron electos los dos primeros diputados comunistas, Manuel Mora Valverde y Efraín Jiménez Guerrero, donde empezaron a desarrollar una amistad y respeto político profundo. Efraín Jiménez, incluso se pasó a las filas del calderonismo, a inicios de la década del 40, para impulsar, apoyar y dirigir una parte de las políticas sociales del gobierno.

La cercanía del Partido Comunista con el Gobierno pasó por la consulta obligada a la Iglesia Católica, por parte del Mandatario, y se inició, de esa manera un proceso de conversaciones, entre el Partido Comunista, el gobierno de Calderón Guardia y la Iglesia Católica, dirigida por Sanabria, entre 1942 y mediados de 1943, que culminaron con los sucesos de junio de 1943, cuando se producen cambios políticos trascendentes en la Historia, de ese momento, y en la Historia Nacional.

En junio de 1943 el Partido Comunista cambia de nombre a Vanguardia Popular, condición que había puesto el Obispo para apoyar la alianza, de que cambiara de nombre. Por su parte la Iglesia reconocía públicamente que los católicos podían ingresar a “la nueva organización sin cargo de conciencia alguna”, no era pecado ser comunista ni ser miembro de ese Partido. Los comunistas igualmente reconocían que las Garantías sociales que estaban en proceso de aprobarse, en este mes de junio, tenían inspiración socialcristiana. Los comunistas aceptaban también que la Iglesia impulsara otra organización sindical nacional, la Confederación de Trabajadores Costarricenses Rerum Novarum, paralela a la existente de los comunistas, Confederación de Trabajadores de Costa Rica, y además le cedieran un campo de la representación que tenía, de dos miembros, en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Monseñor Sanabria venía, desde inicios de la década del 40 y antes del Pacto del 43, preparando dos sacerdotes, hermanos ellos, Benjamín y Santiago Núñez Vargas, en el campo del sindicalismo y el cooperativismo, donde el Partido Comunista tenía mucha influencia y un papel hegemónico en esos días.

La lucha antifascista en el país había caldeado los ánimos. El Gobierno había tomado una serie de medidas represivas contra alemanes, italianos, japoneses, y los considerados “quinta columnistas”, había desarrollado campos de concentración, expulsión de alemanes a Estados Unidos, a campos de concentración allá, intervención de bienes, había establecido, por la ley de migración de 1941, restricciones de estadía y tránsito nacional a más de 15 grupos étnico raciales.

La oposición política al Gobierno la asumía principalmente León Cortés, y en paralelo el grupo representativo de las clases medias emergentes, en ese momento, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales y la Revista Surco, a cuyo alrededor se gesta el Partido Social Demócrata y su periódico homónimo.

Situaciones internas provocaron mucha tensión que hicieron surgir a un joven empresario, José Figueres Ferrer, como un gran opositor, que fue expulsado del país, convirtiéndolo de esa manera en el líder potencial, que llegó a ser.

Figueres en el extranjero, en México, se vincula a grupos de demócratas de Centroamérica y el Caribe, que impulsaban restablecer democracias allí donde había tiranías, dictaduras y satrapías, gobiernos antidemocráticos y autoritarios.

Para Figueres las elecciones de 1944, que fueron cuestionadas, hicieron que Teodoro Picado presidente electo, lo fuera como resultado de un supuesto fraude, y por ello su gobierno era ilegítimo, por lo que había que derrocarlo. León Cortés que había sido “burlado” en esas elecciones era partidario de la lucha política y no militar para cambiar el gobierno. Igual lo era Otilio Ulate, que planteaban ir a las elecciones de 1948 y si en ellas volvía a repetirse el fraude, entonces sí se debía acudir al expediente militar. Figueres partidario de la lucha insurreccional se somete a Ulate, a la muerte de León Cortes en 1946, y prepara las armas para 1948.

El gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia salía victorioso con la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales en la Constitución y del Código de Trabajo. Su alianza con el Partido Vanguardia Popular lo lleva a una coalición política, el Bloque de la Victoria, para impulsar la candidatura de Teodoro Picado en 1944, que resulta triunfante, aunque cuestionado en su gane.

El Gobierno de Teodoro fue difícil. Hasta 1945 la II Guerra Mundial se mantuvo. Al término de la Guerra, con el cambio de escenario político y geopolítico europeo y mundial, los aliados se disuelven e Inglaterra, con Churchill, impulsa el nuevo escenario de la Guerra Fría. En América Latina se producen iguales cambios, que culminan con las políticas de Truman y del Plan Clayton, así como la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de 1948.

La alianza de los comunistas con el Gobierno de Picado fue débil, a pesar de la Reforma Tributaria y el Código electoral que se impulsó en 1946. Rafael Ángel Calderón Guardia estuvo fuera del país durante 1945 y 1946, fortaleciendo sus estudios de médico.

La tensión política hacia 1948 se había agudizado. Otilio Ulate encabezaba las fuerzas opositoras hacia la elección. Figueres preparaba las armas y su contingente armado en sus fincas. Los comunistas y calderonistas iban separados electoralmente. Rafael Ángel Calderón impone su candidatura hacia la reelección. Se producen las elecciones, que se cuestionan y se anulan por el Congreso, que podía hacerlo, lo que resulta en el detonante del conflicto armado que cubre al país durante un mes, entre marzo y abril de 1948. Figueres en armas poco a poco va infligiendo derrotas al Gobierno y a las fuerzas armadas, con gran apoyo de los comunistas, hasta que con el dominio de todo el país, y establecido en Cartago, para evitar la Gran Batalla de San José, que se sabía que iba a ser sangrienta, se impuso la sensatez de buscar una salida política, que se logró con las Conversaciones en Ochomogo entre los líderes de las fuerzas combatientes, José Figueres y Benjamín Núñez y Manuel Mora y Carlos Luis Fallas, que fueron quienes se reunieron esa noche. El resultado de la reunión de la suspensión del conflicto militar se firmó en la Embajada de México, con asistencia de miembros del Cuerpo Diplomático. Rafael Ángel Calderón salió para Nicaragua, Teodoro Picado dejó la presidencia a su Designado Presidencial, Santos León Herrera, que debía entregar el gobierno de Otilio Ulate el 8 de mayo. Figueres se impuso finalmente sobre Otilio Ulate, negándole el poder de inmediato y comprometiéndose a entregárselo una vez que él hubiera gobernado, a partir del 8 de mayo, cuando estableció su Gobierno de Facto, bajo la dirección de su denominada Junta Fundadora de la Segunda República, a quien se le entregó el Gobierno.

En este Gobierno Figueres impulsa una serie de reformas institucionales que van a marcar profundamente el desarrollo de la Costa Rica a partir de ese momento.

Figueres convoca a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente que redacta la actual Constitución Política, mantiene y amplía ligeramente el capítulo de las Garantías Sociales, mantiene el Código de Trabajo, nacionaliza la Banca, nacionaliza los recursos hidroenergéticos y hace fundar el ICE, proscribe al Partido Comunista y a Vanguardia Popular, reprime duramente a los gobiernistas partidarios de Calderón y de Picado, como a los miembros del Partido Vanguardia Popular, expulsa a la fuerza a dirigentes políticos, produce un exilio político costarricense, en su gobierno se produce el crimen del Codo del Diablo, y, en diciembre de 1948, al entregar al Cuartel Bella Vista a la Universidad se simboliza también la decisión de abolir el Ejército como institución permanente.

Al terminar la labor la Asamblea Constituyente el 7 de noviembre de 1949 también cesa su gobierno, entregándoselo a Otilio Ulate para su período constitucional, para lo cual también había convocado a elecciones de diputados para integrar los tres poderes públicos al ascenso de Otilio Ulate a la Presidencia.

Durante este período Monseñor Sanabria se había mantenido firme en sus alianzas históricas de 1943. Incluso se enfrentó a la Junta de Gobierno en un acto en la Iglesia Catedral.

Manuel Mora y otros dirigentes y miembros del Partido Vanguardia Popular salieron al exilio. Otros permanecieron en prisión varios meses.

Restituido el proceso constitucional Figueres organizó el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de 1951, convirtiéndose desde entonces, hasta hoy, en la organización política electoral que más veces ha ejercido el Gobierno desde 1953, nueves veces de 17 gobiernos. De allí, que en los gobiernos de Liberación Nacional se le diera el impulso institucional a las Reformas Sociales del 43, a las Garantías Sociales de la Constitución, y al fortalecimiento de las instituciones que al calor de esas reformas iban surgiendo y desarrollando la democracia social y económica del país.

Hacia 1958 Rafael Ángel Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde se encuentran de nuevo en Costa Rica, en tiendas políticas distintas. Calderón Guardia electo sin asumir la diputación en 1958, fue candidato a la presidencia en 1962. Hacia 1966 logró contribuir al impulso de la coalición política que llevó a la Presidencia de la República a José Joaquín Trejos Fernández, quien le nombró Embajador en México durante dos años. A su regreso falleció el 9 de junio de 1970 en el ejercicio del primer gobierno constitucional de Figueres. Monseñor Sanabria ya había fallecido el 8 de junio de 1952.

Figueres generosamente empezó a reconocer en su primer gobierno constitucional, 1970-1974, que quienes se habían enfrentado en la guerra civil de 1948, lo habían hecho peleando cada uno por lo que consideraba sagrado defender, las garantías sociales que se veían amenazadas y la pureza y defensa del sufragio.

A asumir la presidencia Figueres en 1970 se habían producido algunos cambios políticos, resultantes de las relaciones económicas que empezaban a establecerse con la Unión Soviética y otros países socialistas. Eso hizo posible que se lograra inscribir un partido político de izquierda, el Partido Acción Socialista, que llevó a la Asamblea Legislativa a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz, y con ello se abriera el espacio democrático electoral en el país.

A la muerte de Calderón, en el gobierno de Figueres, se presentó el proyecto de ley para Declarar Benemérito de la Patria a Calderón Guardia, lo que se hizo a pocos días antes de dejar el gobierno José Figueres. Durante el año 1973, al cumplirse el 25 aniversario de la Guerra Civil Figueres inauguró algunos monumentos alusivos a esos episodios bélicos con placas alusivas a “los caídos de los dos bandos”, tratando de restaurar heridas que todavía sangraban en la sociedad y comunidad nacional. El Benemeritazgo de Calderón era parte de este esfuerzo.

Años más tarde, en 1990, José Figueres fallece justo a pocos días de asumir la Presidencia el hijo del Dr. Calderón, Rafael Ángel Calderón Fournier, el 8 de junio de 1990. Sus honras fúnebres quizá fueron las más grandes que se le hayan hecho a algún Jefe de Estado o presidente de la República. Había un gran reconocimiento nacional a la figura política de don Pepe, como cariñosamente se le llamaba y trataba. El balance histórico de sus gestiones se traducía en inmensa cantidad de instituciones, además de la ya dichas, creación del IMAS, de la Dirección de Adaptación Social, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, de la Guardia Rural, de la Compañía Nacional de Teatro, del CONAI; de RECOPE, del SENARA, de INFOCOOP, de la Orquesta Sinfónica Nacional, del voto a los 18 años, del CONICIT, de la universalización del Seguro Social, de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países socialistas y muchas obras más de gobierno, muchos méritos que condujo a que ese mismo año de su fallecimiento, el 12 de noviembre, bajo el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier se le declara Benemérito de la Patria.

El círculo de la historia se había cerrado. Don Pepe enterró a Rafael Ángel Calderón Guardia y en su gobierno se le declaró Benemérito y Rafael Ángel Caderón Fournier enterró a don Pepe y en su gobierno se le declaró Benemérito. El Gobierno de Mario Echandi en 1959 declaró Benemérito de la Patria a Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

Sirva este día para recordar a estos tres ilustres costarricenses que tuvieron el destino de fallecer en el mes de junio, los tres, en días similares, dos el 8 y uno 9 de junio.

Garantías Sociales, Código de Trabajo, Reformas Liberales, Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social, Junta Fundadora de la Segunda República, Codo del Diablo.

Informe legislativo del FEES y autonomía universitaria – hoy en Radio Universidad

Escrito en 10/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.

Este miércoles vamos a estar analizando las propuestas de este informe y sus implicaciones en la autonomía universitaria, con la participación de la doctora Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y de Ana Catalina Chavez Arias, presidenta de la FEUCR.

Será a las 5 de la tarde por los 96,7 fm de Radio Universidad.

Invitan: Escuela de Ciencias Políticas UCR y Kioscos Socioambientales

La Caja Costarricense del Seguro Social, los orígenes de una institución estratégica en el país

Escrito en 30/04/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Vladimir de la Cruz

Fue en 1941, el 1 de mayo, cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en su informe constitucional al Congreso de la República, anunció que se proponía enviar al Congreso “uno o varios proyectos de ley tendientes a establecer los seguros sociales. Ellos constituyen, dijo, un verdadero progreso para nuestro régimen democrático, y serán un instrumento de paz social, ya que tienden a corregir situaciones injustas en que se encuentra colocada la masa que depende de su trabajo para vivir… la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte, son las causas constantes del desamparo de muchos costarricenses; y si el Estado no se decide a establecer un verdadero sistema de previsión, no hará más que socavar sus cimientos, ya que ninguna sociedad puede fundarse en la injusticia… un sistema de seguridad social que considero benéfico e indispensable para Costa Rica”.

Al asumir la presidencia de la República el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, preocupado por el establecimiento de los seguros sociales en el país, envió a Chile a su gran colaborador, el Dr. Guillermo Padilla Castro con la “delicada misión de realizar los estudios preliminares a su establecimiento…” El Dr. Calderón Guardia, sobre el estudio e informe del Dr. Padilla Castro formuló el proyecto de ley para la implantación de los seguros sociales en nuestro país y lo envió al Congreso el 14 de julio de 1941.

El 1º de noviembre 1941, por Ley Nº 17, se creó la Caja Costarricense de Seguro Social destinada a aplicar el Seguro Social Obligatorio y a incrementar el voluntario; el obligatorio contemplaba cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez prematura, vejez, muerte y paro involuntario; y comportaba además una participación de las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad. El 7 de enero de 1942 se reglamentó esta ley para darle verdadera autonomía y para poder desarrollar su cometido.

En 1942, manifestó el Dr. Calderón Guardia, al Congreso que se le daba altura al Seguro Social, “un esfuerzo en beneficio de la clase trabajadora”; que emprendía “la magna obra del Seguro Social”, que mediante la colaboración (del Congreso) podía llevarla al “terreno de las realizaciones prácticas”. “Así el Seguro Social es ya, dijo el Dr. Calderón Guardia una realidad en Costa Rica. Tomamos, de la legislación chilena su estructura general adaptándola a las particulares circunstancias de nuestro medio; luego la experiencia irá modelando la obra hasta llegar a convertirla… en una de las instituciones más imprescindibles del país”.

El 28 de agosto de 1942 se promulgó el Reglamento No. 8, como un instrumento preparatorio de iniciación de los seguros.

El 1 de setiembre de 1942 empezó el sistema de cobros de las cuotas establecidas para su mantenimiento, de patronos, obreros, empleados públicos y particulares.

En aquel momento la Seguridad Social solo cubría a los trabajadores directos. Se señaló claramente que cuando la situación lo permitiera la seguridad social protegería a los cónyuges, protegiéndose a la mujer trabajadora y sus hijos independientemente de si estaba casada o no.

Ese 1 de setiembre de 1942 se estableció la obligación de los patronos de empadronar a todos los trabajadores en la Caja Costarricense del Seguro Social, y de enviar sus planillas de empleo.

El 28 de marzo de 1943 el Dr. Calderón Guardia informaba al país que casi el 20% de los asegurados ya habían recibido servicios, “auxilios médicos”, de la seguridad social, subsidios del 50% y una cantidad detallada de las atenciones brindadas en atención y en hospitalización.

El 1º de mayo de 1943 el Dr. Calderón Guardia, de nuevo ante el Congreso, se refirió al Seguro Social, creado por el imperativo de la época, que exige “reorganizar la colectividad sobre la base del equilibrio entre las fuerzas productoras y los centros directores de la sociedad, única forma de asegurar una paz estable, una convivencia armónica y una cooperación constructiva de todos los sectores del esfuerzo humano, hacia un futuro de fraternidad y de verdadero progreso moral y material”.

Afirmó, el Dr. Calderón Guardia, que el Seguro Social “es obra de muchas décadas de ingentes esfuerzos, estudios y observaciones, para ir modelando paulatinamente el organismo político”.

Aquí reconocía el Dr. Calderón Guardia la experiencia y la tradición internacional de los orígenes de la Seguridad Social, cuando a finales del Siglo XIX, en Alemania se desarrolló esta Seguridad Social, como una necesidad para el proceso industrial, de velar por la salud de los trabajadores y garantizar y asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo.

Igualmente, reconocía, sin mencionarlo, que bajo la Dictadura de Federico Tinoco, en la Asamblea Constituyente de 1917, se había establecido el Artículo 10, por iniciativa del diputado Alejandro Alvarado Quirós, de dictar leyes sobre el trabajo, de acuerdo a las necesidades del país, aplicándose las mismas a empleados, obreros, jornaleros y sirvientes.

En 1941, al dejar Luis Demetrio Tinoco, Ministro de Educación, la Universidad de Costa Rica, inaugurada y en marcha, Alejandro Alvarado Quirós pasó a ser su Primer Rector, como colaborador del Gobierno del Dr. Calderón Guardia que fue.

Estas leyes que proponía el diputado Alvarado Quirós, y también el diputado José Astúa Aguilar, en 1917, debían comprender: jornada máxima de ocho horas; obligatoriedad del descanso semanal; responsabilidad del empresario o patrono por los accidentes de trabajo y las enfermedades que adquieran los empleados o trabajadores como consecuencia del trabajo que realicen; donde se pedía también, obligar al patrono a pagar indemnización por estos riesgos; establecimiento de una junta de conciliación o arbitraje para dilucidar los conflictos obrero patronales, la que debería integrarse por igual número de representantes de los patronos, de los trabajadores y del Estado, que lo sería del Gobierno de la Provincia o su delegado.

Así quedó plasmado, en esa Constitución de 1917, el Artículo 10: “Es obligación del Estado velar por el bienestar de las clases trabajadoras, y para ello dictará las leyes necesarias; a falta de iniciativa social promoverá y en todo caso apoyará en la medida de sus recursos, las instituciones que tengan por objeto armonizar sobre bases de justicia las relaciones obrero patronales y las que tiendan a mejorar la situación económica de estos y a ampararlos en caso de enfermedad, vejez o accidente, paro de trabajo u otras circunstancias de desgracia independiente de su voluntad».

Al caer la dictadura, en junio de 1919, y al dejarse sin efecto su Constitución, y restablecerse la Constitución de 1871, no se rescató este Artículo 10, de manera constitucional, el que se cubrió de un silencio sepulcral informativamente en los años siguientes.

El Partido Reformista en su Programa de 1923 habló de la Ley de Accidentes de Trabajo, que la logró materializar en 1925, pero no de Seguros Sociales.

Aludía también el Dr. Calderón Guardia al impacto que le había producido, durante su estancia en Bélgica y en Europa, cuando se formaba como médico, el Código Social de Malinas, impulsado por el Cardenal Mercier, desde 1924, hasta su redacción final en 1927, recogiendo Mercier la tradición de los llamados católicos sociales, organizados en la Unión Internacional de Estudios Sociales, fundada en 1920, que se inspiraban en ese momento en la Encíclica Rerum Novarum, del 15 de mayo de 1891, del Papa León XIII, en aquel momento una respuesta al desarrollo del movimiento obrero y sindical internacional, y al desarrollo de los partidos y corrientes políticas socialistas, anarquistas y comunistas, y el Código Social de Malinas, como la Encíclica Quadragesimo Anno, de 15 de mayo de 1931, respondiendo a la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del movimiento comunista internacional y revolucionario que dicha Revolución había impulsado y fortalecido.

En el punto 11 del Capítulo IV del Código Social de Malinas se trata el tema de “salario, asignaciones familiares y seguros sociales”. Y, en el Segundo Apéndice que acompaña al Código, al final, se establece una “Declaración sobre la Seguridad Social”.

Al finalizar esta década, de 1920, con motivo de los efectos e impactos de la crisis mundial de 1929, y la gran desocupación que produjo, incluida en Costa Rica, donde surgieron sindicatos de desocupados, en los periódicos, bajo el seudónimo de “De Potter”, se publicaron una serie de artículos donde se planteaban temas sociales y laborales.

De Potter señaló la necesidad de atender la “protección del trabajo: sobre los niños empleados; tutela sanitaria de los niños; ley sobre los servicios médicos del trabajo; sobre la protección laboral de las mujeres; sobre el reposo dominical; ley de reposo semestral con goce de sueldo para todo trabajador; reglamento de inspección de los establecimientos peligrosos, insalubres e incómodos; sobre seguridad y salud de los obreros, reglamentación especial para cada industria”.

Escribió sobre accidentes de trabajo: “revisión de la actual ley que es copia de la española de 1900 y extensión de los beneficios a todo trabajador”, y, abordó el tema de las “pensiones de vejez, previsión, mutualistas; seguros de vejez contra la falta de trabajo, las enfermedades y la invalidez; ley de seguros de previsión de enfermedades y la invalidez; pensiones de vejez y retiro del trabajo; ley sobre las sociedades mutualistas y cooperativas pobres: ley sobre el fondo nacional de crisis; seguros contra la falta involuntaria de trabajo; ley de contrato colectivo de trabajo y colocación pública de trabajadores.” Igualmente se pronunció sobre la necesidad de establecer una ley “sobre la asociación de trabajadores: sindicatos, federaciones, gremios, etc. (ligas de resistencia)”.

En 1931, al fundarse el Partido Comunista de Costa Rica, y al publicar su Programa Mínimo, allí se establece, en el apartado referido a “Política de defensa y previsión social”, en el punto 2, la necesidad de establecer “seguros sociales a cargo del Estado, para la desocupación, accidentes del trabajo, enfermedades en general, vejez, maternidad, etc.”, recogiendo la tradición constitucional de 1917 y los planteamientos de De Potter, así como la necesidad de establecer “Leyes de organización sindical. Consagración expresa del «derecho de huelga».

El 13 de agosto de 1942, por Ley No. 189, se establecieron los Inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social y, el 22 de octubre de 1943 se dicta otra ley de creación de la CCSS, similar a la anterior. El 1 de enero de 1947 se emitió el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte.

En la reforma constitucional de las Garantías Sociales, aprobada en agosto y en vigencia a partir del 15 de setiembre de 1943, también se elevó a rango constitucional la existencia del régimen de seguros sociales, hasta hoy.

En esta preocupación del Seguro Social sumó, el Dr. Calderón Guardia, sus inquietudes sobre las Garantías Sociales, como Capítulo de la Constitución Política, en ese momento la de 1871, y el Código de Trabajo, ambas aprobadas en agosto de 1943.

Hoy hablamos de las Garantías Sociales, casi reduciéndolas al Seguro Social y al Código de Trabajo, y no al conjunto de artículos que están comprendidos en el Capítulo Constitucional de las Garantías Sociales.

Así, en términos amplios, considerando las Garantías Sociales, en ellas tenemos al Seguro Social, como concepto y como Institución, por los Artículos Constitucionales que se refieren a “seguros”, el Artículo 63 que dice “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación”, el Artículo 72, que establece que “El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo”, el Artículo 73, ya con la reforma constitucional de 1961, que expresamente señala que “se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales”, el Artículo 177, que establece que “para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.” … y el Artículo 177 transitorio, párrafo tercero, que indica que “la Caja Costarricense del Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años, contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional.”

A partir de aquel momento glorioso de su fundación, y de inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el curso del desarrollo histórico nacional hemos visto su desenvolvimiento, su consolidación y sus avatares.

En 1946, durante los meses de mayo y junio, se produjo, en el contexto político difícil que vivía la sociedad costarricense, altamente polarizada en progobiernistas y antigobiernistas, una huelga médica contra la intervención que hacía el Estado, por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el ejercicio de la medicina, hasta entonces en el sector privado.

Superada la huelga médica la Caja Costarricense del Seguro Social pasó las dificultades de la Guerra Civil de 1948 y de la Junta de Gobierno, saliendo de nuevo fortalecida al terminar la Junta de Gobierno y salir airosa en la Constitución Política de 1949.

Quedaba su desarrollo posterior. Los gobiernos que siguieron a la Junta de Gobierno inevitablemente fueron fortaleciendo a la Caja Costarricense del Seguro Social.

Las reformas que se hicieron a su ley y a su organización institucional, especialmente con las reformas hacia la universalización, hicieron que la Caja Costarricense del Seguro Social se convirtiera en uno de los pilares del modelo democrático nacional, de su seguridad y estabilidad social, y en uno de los más importantes instrumentos de la calidad de vida de los costarricenses, así como en uno los motores más importantes del desarrollo económico, productivo, social y político del país.

Los esfuerzos que se hicieron de preparación médica en el exterior, como los de la creación de la Facultad de Medicina, primero en la Universidad de Costa Rica, para la preparación de médicos en Costa Rica, junto con el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), que facilitó y estimuló la formación de especialistas, junto con las Facultades médicas que han surgido posteriormente, han hecho que la Medicina nacional sea hoy una Medicina de Primer Mundo, y así está reconocida.

El Ministerio de Salud, la hermana mayor de la Caja Costarricense de Seguro Social, tiene un peso enorme, desde el siglo XIX, con las políticas que se han impulsado en Salud Pública y, especialmente, desde la creación de la Secretaría de Higiene y de Salud Pública, en julio de 1922, y desde junio de 1927 cuando se estableció el actual Ministerio, como Secretaría de Salud Pública.

El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social hoy son los abanderados en la lucha contra la Pandemia del Coronavirus, así como lo han sido contra otras endemias, epidemias y pandemias que hemos tenido.

La Caja Costarricense del Seguro Social es hoy una institución sagrada, en la estructura del Estado costarricense, que hay que defenderla de las amenazas que constantemente la asedian, desde adentro y desde afuera, por debilitarla y por reducirle su papel estratégico en la atención de la salud de todos los costarricenses.

En lo inmediato nos queda apoyar, acatar y obedecer las directrices que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, dictan y trazan para este momento y a partir del 1 de mayo próximo, en la lucha nacional contra la expansión y por el control del Coronavirus COVID-19.

Foto de cabecera: primera sede de la CCSS.

Etiqueta: Garantías Sociales

Ricardo Araya Montero

Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

Gilberto Lopes

Luis Muñoz Varela[1]

Vladimir de la Cruz

***Luis Muñoz Varela*[1]**