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Rodrigo Campos Hernández

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar: lenguaje, poder y soberanía en el hemisferio. A propósito del discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles del 5 de marzo de 2026.¹

1. Introducción: cuando el lenguaje reorganiza la realidad¹

El discurso que aquí se analiza fue pronunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos en el marco de una convocatoria impulsada por el presidente Donald Trump en Florida, en la que participaron diversos presidentes y ministros de seguridad de América Latina y el Caribe.

El encuentro tenía como objetivo articular una estrategia regional de seguridad —incluido el denominado “Escudo de las Américas”— orientada a fortalecer la lucha contra los carteles y otras amenazas transnacionales.

El contexto no es menor. Se trata de un momento de reconfiguración geopolítica, en el que se redefinen alianzas, amenazas y marcos de acción en el hemisferio. El emisor habla desde una posición de poder estatal con capacidad de incidir materialmente en la región, mientras que los receptores —autoridades políticas y de seguridad— son potenciales traductores institucionales de ese discurso.

En este punto, una pregunta resulta inevitable: ¿qué sentido tiene realizar un análisis de este tipo?

La interrogante no es menor. A primera vista, podría parecer que se trata de un ejercicio meramente interpretativo, sin consecuencias prácticas inmediatas. Sin embargo, en contextos como el actual, los discursos no son simples declaraciones. Funcionan como dispositivos que orientan decisiones, legitiman políticas y delimitan lo que aparece como posible o necesario.

Analizar un discurso de esta naturaleza no es, por tanto, un ejercicio teórico abstracto. Es una forma de intervenir críticamente en las condiciones mismas en que se toman decisiones públicas.

Para América Latina, esta cuestión adquiere una relevancia particular. Históricamente, la región ha sido escenario de múltiples formas de influencia externa, muchas de ellas justificadas precisamente a través de narrativas que apelan a la seguridad, el orden o la estabilidad. En ese sentido, comprender cómo se construyen esas narrativas permite también reconocer sus implicaciones políticas.

En el caso de Costa Rica, el análisis resulta especialmente significativo. Se trata de un país cuya tradición política se ha construido en torno a la institucionalidad democrática, el derecho internacional y la ausencia de fuerzas armadas. La incorporación acrítica de marcos discursivos que privilegian la lógica de seguridad militarizada no es un movimiento neutro: puede implicar transformaciones profundas en la forma en que se conciben la seguridad, la soberanía y el papel del Estado.

Hay discursos que no necesitan exagerar para ser efectivos. Les basta con organizar cuidadosamente el lenguaje. No se imponen por la fuerza de sus afirmaciones, sino por la forma en que seleccionan, ordenan y silencian. En consecuencia, este trabajo parte de una hipótesis: “la eficacia del discurso analizado no radica en su contenido explícito, sino en su arquitectura semántica”.

Debemos tener claro, entonces, que hay discursos que no solo buscan persuadir: buscan reorganizar el mapa mental desde el cual una sociedad decide qué teme, qué tolera y qué está dispuesta a aceptar en nombre del orden. El discurso de Pete Hegseth pertenece a esa clase de discursos.

Su relevancia no radica únicamente en sus afirmaciones explícitas, sino en algo más profundo: en la forma en que articula una nueva gramática política para el hemisferio. Bajo el lenguaje de la seguridad, la cooperación y la defensa, se perfila una reconfiguración de las relaciones entre Estados que merece ser examinada con cuidado. Es en este sentido, que este trabajo propone una lectura distinta: no centrada en la reacción inmediata, sino en el análisis de las estructuras semánticas y discursivas que sostienen el mensaje.

2. Enfoque metodológico

El análisis se inscribe en el campo del análisis crítico del discurso. No se trata de determinar si el texto es verdadero o falso, sino de identificar: a. los nudos semánticos que organizan su coherencia, b. las operaciones lingüísticas que permiten su funcionamiento, c. los desplazamientos conceptuales que produce, d. y los silencios estructurales que lo hacen posible. En consecuencia, se procedió mediante: a. Identificación de unidades discursivas clave, b. análisis de su textura lingüística, c. reconstrucción de efectos de sentido, d. identificación de ausencias significativas y e. la confrontación con referentes empíricos

3. Nudos semánticos del discurso

Cuadro 1. Síntesis estructural

3.1 El sujeto que desaparece

Cuando el texto habla de “nativos de distintos estados actuando juntos por primera vez” (traducción libre del autor), no utiliza términos como “ciudadanos” o “pueblo”. La elección no es menor. La palabra “nativos”, en este contexto, remite más a origen, pertenencia y arraigo que a ciudadanía política moderna. El desplazamiento es claro: del sujeto jurídico al sujeto identitario. La comunidad deja de aparecer como una construcción política deliberativa y pasa a ser un cuerpo orgánico, definido por herencia y destino compartido. En este sentido, el sujeto del discurso no es el ciudadano deliberante, sino la comunidad cohesionada frente a la amenaza.

3.2 La soberanía que se redefine

El discurso afirma que la región debe estar compuesta por “naciones soberanas fuertes” (traducción libre del autor). Sin embargo, esa afirmación convive con la definición del hemisferio como espacio de interés estratégico de Estados Unidos. Aquí no hay una negación explícita de la soberanía. Hay una operación más sutil: Se mantiene como término, pero se redefine en su contenido, de manera que la soberanía se afirma pero dentro de un marco previamente delimitado. No desaparece, pero se condiciona.

3.3 Inclusión y jerarquía

El texto apela a fórmulas como “nuestra nación y las suyas” y a la idea de “poner a América, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar” (traducción libre del autor). Tampoco esta inclusión no es neutral. Los Estados Unidos se presenta simultáneamente como parte del conjunto y como su punto de referencia, ya que habla desde el hemisferio, pero también lo organiza. De esta manera, la inclusión retórica encubre una asimetría estructural.

3.4 La militarización del lenguaje

Expresiones como “paz mediante la fuerza” y la necesidad de restaurar un “ethos del guerrero” (traducción libre del autor) introducen una forma específica de comprender el orden político. Los problemas sociales se traducen en términos bélicos. Y en este desplazamiento ocurre algo decisivo: Desaparece el lenguaje civil del conflicto (salud pública, prevención, institucionalidad o desarrollo social). Si todo es guerra, lo que no es guerra deja de ser visible.

3.5 El enemigo como construcción total

El uso de categorías como “narco-comunismo” (traducción libre del autor) no describe una realidad empírica precisa. Funciona como una hibridación semántica que fusiona: crimen, ideología y amenaza externa que produce un enemigo sin límites claros. Y cuando el enemigo es total, la respuesta tiende a justificarse como igualmente total.

3.6 Victimización y excepcionalidad

El discurso presenta un escenario de asedio: crimen organizado, migración incontrolada, drogas y amenazas externas. Esto permite una operación estructural: la acción se presenta como defensa y la expansión como necesidad donde la posición de víctima habilita la excepcionalidad.

4. Lo que el discurso no dice

Cuadro 2. Lo dicho y lo insinuado

El análisis de estas ausencias permite observar que el discurso no solo organiza lo que se dice, sino también lo que queda fuera del campo de lo pensable. Desaparece el ciudadano como sujeto político central. Se diluye la complejidad social de los fenómenos. Se omiten antecedentes históricos relevantes y se reduce el campo de respuestas posibles. En conjunto, estos silencios no constituyen omisiones accidentales. Son condiciones estructurales del discurso.

5. Confrontación con la realidad

Al contrastar el discurso con referentes empíricos, emergen tensiones que permiten matizar sus presupuestos centrales.

En primer lugar, la idea de que la militarización constituye una respuesta eficaz frente a fenómenos como el narcotráfico no encuentra respaldo concluyente en la experiencia regional. Tras décadas de “guerra contra las drogas”, particularmente en países como Colombia, los enfoques centrados en la interdicción, la erradicación forzada y la cooperación militar no han logrado resolver el problema estructural de la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Por el contrario, diversos análisis señalan la persistencia —e incluso reconfiguración— de estas economías ilícitas, a pesar de la intensificación de la presencia militar y de seguridad en la región.

En esa misma línea, la instalación de infraestructura y cooperación militar extranjera no ha demostrado efectos sostenidos en la reducción de la violencia o del tráfico de drogas. El caso de la base de Manta en Ecuador, operativa durante una década como parte de la estrategia regional antidrogas, no produjo mejoras significativas en los indicadores de seguridad, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de este tipo de medidas.

En segundo lugar, las categorías empleadas en el discurso —como aquellas que combinan fenómenos distintos bajo denominaciones unificadas— tienden a simplificar realidades complejas. La experiencia histórica muestra que los fenómenos asociados al narcotráfico, la violencia y la conflictividad social responden a dinámicas económicas, políticas y territoriales diversas, que difícilmente pueden ser abordadas mediante enfoques homogéneos.

Finalmente, la idea de una cooperación hemisférica simétrica también encuentra límites en la trayectoria histórica de la región. Diversos episodios evidencian relaciones marcadas por asimetrías estructurales, en las que la política exterior y de seguridad de Estados Unidos ha incidido de manera determinante en los procesos internos de los países latinoamericanos.

El caso del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962 —considerado el más prolongado de la historia contemporánea— constituye un ejemplo paradigmático de relaciones estructuralmente asimétricas, con efectos sostenidos sobre la economía y la vida cotidiana en la isla.

A ello se suma una serie de intervenciones políticas y militares a lo largo del siglo XX que han incidido directamente en los procesos internos de diversos países latinoamericanos. Casos ampliamente documentados, como el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o el de Salvador Allende en Chile (1973), así como el respaldo a regímenes autoritarios en el Cono Sur durante las décadas de 1960 y 1970, evidencian una constante en la política hemisférica: la disposición a intervenir en contextos considerados estratégicos.

El caso del escándalo Irán-Contra en la década de 1980 —que involucró operaciones encubiertas, financiamiento irregular y vínculos con redes ilícitas— constituye un ejemplo paradigmático de estas dinámicas complejas.

Más recientemente, episodios como la operación militar estadounidense en Venezuela en 2026 —que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro— evidencian el grado de conflictividad y unilateralidad que puede alcanzar la política hemisférica. La interpretación de estos hechos, sin embargo, forma parte de una disputa política y jurídica más amplia, lo que refuerza la necesidad de analizarlos críticamente.

Ahora bien, más que agotar el inventario de episodios históricos, lo relevante es advertir la regularidad de ciertas dinámicas. Las intervenciones, directas o indirectas, que han marcado la relación hemisférica no han producido, en términos generales, beneficios sostenidos para las sociedades latinoamericanas, sino que han tendido a favorecer intereses estratégicos externos y a reforzar estructuras de poder preexistentes.

Por otro lado, en un contexto global caracterizado por el desplazamiento progresivo del hegemonismo estadounidense hacia un escenario de mayor dispersión del poder, los intentos por reafirmar su influencia en el continente americano resultan, en términos estratégicos, comprensibles. Sin embargo, la forma en que dicha reafirmación se articula merece una lectura crítica.

En efecto, la apelación a la cooperación regional en materia de seguridad —particularmente en torno a la lucha contra los carteles de la droga— puede funcionar como un dispositivo de legitimación de estrategias que, en la práctica, reproducen relaciones asimétricas. La construcción de amenazas compartidas facilita la alineación política, pero también puede operar como mecanismo de reorganización del poder en el hemisferio.

Esta dinámica se vuelve especialmente problemática cuando se considera una tensión estructural difícil de soslayar: Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados de consumo de drogas a nivel global. En ese sentido, la persistencia del fenómeno no puede explicarse únicamente desde la oferta, ni resolverse exclusivamente mediante estrategias centradas en la intervención externa.

La ausencia de un abordaje integral que incluya las dinámicas internas de consumo introduce una disonancia que debilita la coherencia del discurso. En este marco, la lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de convertirse menos en una solución estructural y más en un eje discursivo que permite articular agendas de seguridad con efectos geopolíticos más amplios.

Esta tensión adquiere una dimensión aún más compleja si se consideran las prioridades en la asignación de recursos. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha destinado sumas multimillonarias al financiamiento de conflictos internacionales y al sostenimiento de alianzas estratégicas en distintos escenarios geopolíticos.

Al mismo tiempo, persisten en su propio territorio problemáticas sociales de gran magnitud, particularmente asociadas al consumo de opioides y drogas sintéticas, que han sido calificadas como una crisis de salud pública. A ello se suman niveles significativos de población en situación de calle y acceso desigual a servicios de salud y atención social.

Sin necesidad de establecer relaciones causales simplistas, la coexistencia de estas dos dimensiones introduce una pregunta relevante: ¿en qué medida las estrategias de seguridad proyectadas hacia el exterior se articulan con —o se desvinculan de— las problemáticas internas que contribuyen a sostener los fenómenos que se pretende combatir?

Plantear esta cuestión no implica desconocer la complejidad de los escenarios internacionales, sino advertir que la eficacia de cualquier estrategia hemisférica depende también de la coherencia entre sus dimensiones internas y externas.

No reconocer esta trayectoria en el contexto actual implicaría asumir el presente como si se tratara de un punto de partida neutral. Y ese, precisamente, es el riesgo: confundir la novedad del discurso con la ausencia de antecedentes. En ese sentido, el análisis no busca clausurar posibilidades, sino evitar una forma de ingenuidad que, históricamente, ha tenido costos significativos para la región.

6. Objeción: la racionalidad de la cooperación

Una objeción razonable podría formularse así: ¿qué tiene de problemático formar parte de una estructura hemisférica liderada por Estados Unidos, considerando los beneficios en comercio, cooperación, educación e intercambio cultural? La pregunta es válida, y precisamente por eso exige precisión. El problema no radica en la relación en sí misma, sino en su redefinición. Cuando la cooperación se formula en términos de seguridad estratégica, su naturaleza cambia: deja de ser relación entre iguales y adquiere una estructura jerárquica.

7. Conclusión

El riesgo no es la existencia de alianzas ni de cooperación internacional. El riesgo es la transformación silenciosa de esas relaciones en marcos donde ciertas categorías —seguridad, soberanía, cooperación— adquieren significados distintos sin ser discutidos. El desafío, entonces, no es rechazar ni aceptar de manera automática, sino comprender. Porque solo cuando se comprende cómo opera un discurso, se recupera la posibilidad de decidir frente a él.

Para Costa Rica, cuya tradición política se ha construido en torno a la paz, el derecho internacional y la institucionalidad democrática, este tipo de discursos plantea interrogantes relevantes. La adopción acrítica de una gramática de seguridad militarizada no es neutra. Puede implicar transformaciones en la forma en que se entienden la soberanía, la seguridad y el papel del Estado.