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Etiqueta: geopolítica tecnológica

La ética como arquitectura del poder: China propone una nueva gobernanza mundial para la IA

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Claudia Aranda / pressenza

El nuevo Plan de Acción sobre la Gobernanza Ética Internacional de la Inteligencia Artificial, presentado en Shanghái durante la Conferencia Mundial de IA 2026, trasciende ampliamente el ámbito tecnológico. Constituye una propuesta para definir quién establecerá las normas del desarrollo de la inteligencia artificial durante las próximas décadas y refleja una concepción distinta del orden internacional, del papel del Estado y del lugar que deben ocupar los países en desarrollo en la revolución tecnológica.

Durante décadas, la geopolítica estuvo determinada por el control de territorios, recursos naturales, rutas marítimas o capacidad militar. En el siglo XXI, esos factores continúan siendo decisivos, pero sobre ellos emerge una nueva dimensión del poder: la capacidad para desarrollar, entrenar, regular y gobernar la inteligencia artificial.

No se trata únicamente de quién construye los modelos más avanzados o fabrica los chips más sofisticados. La disputa también gira en torno a quién escribirá las reglas que definirán el funcionamiento de esa tecnología para el resto del planeta.

Con ese propósito, China presentó el 17 de julio de 2026, durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada en Shanghái, un Plan de Acción sobre la Gobernanza Ética Internacional de la Inteligencia Artificial. El documento fue elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Industria y Tecnología Informática y se enmarca explícitamente en el Pacto para el Futuro y el Pacto Digital Global aprobados por las Naciones Unidas.

La decisión no es casual. Mientras buena parte del debate internacional continúa concentrándose en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, Pekín intenta situar otra discusión en el centro del escenario: la construcción de una arquitectura internacional para gobernar la inteligencia artificial antes de que su desarrollo supere definitivamente la capacidad de regulación de los Estados.

La diferencia es profunda. Para China, la inteligencia artificial no constituye únicamente una industria estratégica ni un mercado de enorme valor económico. Es una infraestructura civilizatoria destinada a transformar la producción, la educación, la medicina, la investigación científica, la administración pública, las finanzas, el transporte, la seguridad y prácticamente todas las actividades humanas. Precisamente por ello sostiene que su desarrollo no puede quedar determinado exclusivamente por intereses comerciales o por la competencia entre empresas, sino que requiere una gobernanza capaz de proteger el bien público global.

Desde esta perspectiva, la ética deja de ser un conjunto de principios abstractos y se convierte en una tecnología política. Gobernar éticamente la inteligencia artificial significa decidir cómo será diseñada, quién asumirá responsabilidades cuando produzca daños, qué riesgos serán aceptables y quién participará en la definición de esas reglas.

Uno de los conceptos centrales del plan consiste en establecer una gobernanza durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. La expresión puede parecer técnica, pero representa un cambio importante respecto de los enfoques tradicionales. En lugar de supervisar únicamente los productos terminados, la propuesta plantea incorporar mecanismos de evaluación desde el origen mismo de cada sistema. Ello comprende la obtención de datos, los procesos de entrenamiento, el diseño de los modelos, las pruebas de seguridad, su implementación, las actualizaciones posteriores e incluso su eventual retiro cuando un sistema genere riesgos que ya no puedan ser controlados.

En la práctica, ello supone que la responsabilidad deja de concentrarse exclusivamente en el usuario final. Los desarrolladores, los proveedores de datos, las empresas tecnológicas, las instituciones de investigación y los organismos reguladores comparten obligaciones durante todo el proceso de construcción tecnológica. La inteligencia artificial deja así de entenderse como un simple producto comercial para convertirse en una cadena completa de responsabilidades.

Otro eje fundamental consiste en clasificar los riesgos según categorías y niveles. La lógica es relativamente sencilla: no toda inteligencia artificial posee el mismo potencial de daño. Un modelo utilizado para traducir documentos no presenta los mismos riesgos que un sistema capaz de intervenir en infraestructuras energéticas, procesos financieros, diagnósticos médicos o decisiones militares. En consecuencia, el plan propone que las obligaciones regulatorias sean proporcionales al impacto potencial de cada aplicación, evitando tanto la ausencia de controles como prohibiciones generales que podrían obstaculizar la innovación.

El documento también introduce la idea de una gobernanza ágil. China reconoce que la velocidad del desarrollo tecnológico supera ampliamente los tiempos tradicionales de producción legislativa. Una ley puede requerir años de discusión parlamentaria, mientras que un modelo de inteligencia artificial puede evolucionar en cuestión de meses o incluso semanas. Frente a esa realidad, propone mecanismos regulatorios capaces de actualizarse continuamente mediante normas técnicas, evaluación permanente y coordinación institucional. La regulación deja de concebirse como un texto inmóvil para transformarse en un proceso dinámico.

Otro aspecto especialmente significativo es el fortalecimiento de un ecosistema colaborativo. En el enfoque chino, la inteligencia artificial no constituye una actividad exclusiva de grandes corporaciones tecnológicas. Universidades, laboratorios públicos, centros de investigación, industrias manufactureras, desarrolladores de código abierto, organismos internacionales y gobiernos forman parte de una misma cadena de innovación. Esa visión responde a una característica histórica del modelo chino de desarrollo, donde la planificación estatal busca coordinar capacidades provenientes de distintos sectores para acelerar la innovación tecnológica.

En este contexto adquiere especial relevancia el impulso a la investigación sobre explicabilidad, privacidad y mitigación de sesgos. La llamada «explicabilidad» intenta responder una de las preguntas más complejas de la inteligencia artificial contemporánea: ¿es posible comprender cómo un modelo llegó a una determinada conclusión? A medida que los sistemas adquieren mayor complejidad, muchas de sus decisiones funcionan como una auténtica «caja negra». El plan considera prioritario desarrollar tecnologías capaces de hacer comprensibles esos procesos internos, fortaleciendo simultáneamente la protección de datos personales y la reducción de discriminaciones algorítmicas.

Llama igualmente la atención el respaldo explícito al intercambio tecnológico y al desarrollo de código abierto en aquellas áreas relacionadas con la seguridad, la transparencia y la explicabilidad. En un contexto internacional marcado por restricciones comerciales, controles de exportación y creciente competencia tecnológica, esta posición busca proyectar una imagen de cooperación científica internacional y facilitar que países con menores capacidades tecnológicas puedan participar en el desarrollo de herramientas avanzadas.

El plan también incorpora un componente social que trasciende la ingeniería. Propone integrar la educación ética científica y tecnológica dentro del sistema educativo nacional, proteger específicamente a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y reducir la brecha digital. Desde la perspectiva china, la inteligencia artificial no debe profundizar desigualdades existentes, sino convertirse en una herramienta para ampliar las capacidades de desarrollo humano.

Quizás el elemento más relevante desde una perspectiva geopolítica sea la insistencia en fortalecer la cooperación con los países en desarrollo. El documento plantea ampliar capacidades regulatorias, compartir experiencias institucionales y facilitar el acceso a conocimientos técnicos para que la gobernanza de la inteligencia artificial no quede concentrada en un reducido número de economías avanzadas. Esa orientación se encuentra estrechamente vinculada con otras iniciativas impulsadas por China durante la última década, como la Franja y la Ruta, la Iniciativa para el Desarrollo Global y la creciente cooperación tecnológica con Asia, África y América Latina.

Este enfoque contrasta con la trayectoria seguida por Estados Unidos. Aunque Washington también ha desarrollado iniciativas regulatorias y reconoce la necesidad de abordar riesgos asociados a la inteligencia artificial, históricamente ha otorgado un papel predominante al dinamismo del sector privado y a la preservación de su liderazgo tecnológico. Las grandes empresas han desempeñado un papel central en el desarrollo de los modelos más avanzados, mientras que las políticas públicas han combinado regulación, incentivos a la innovación y medidas orientadas a proteger capacidades estratégicas, como los controles a la exportación de semiconductores de alto rendimiento.

China propone una aproximación diferente. Considera que la gobernanza internacional no debe construirse únicamente alrededor de la competencia tecnológica, sino mediante mecanismos multilaterales que permitan establecer normas compartidas para el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, la regulación no constituye un obstáculo para la innovación, sino una condición necesaria para que ésta pueda sostenerse de manera estable y generar beneficios distribuidos de forma más amplia.

En el fondo, el debate excede ampliamente la tecnología. Lo que comienza a definirse es la arquitectura normativa del siglo XXI. Las reglas que hoy se establezcan determinarán quién controla los datos, quién fija los estándares internacionales, quién asume responsabilidades frente a los riesgos y quién participa en la distribución de los beneficios derivados de la inteligencia artificial.

El plan presentado en Shanghái refleja la voluntad de China de intervenir activamente en esa construcción. Más que responder a la competencia tecnológica inmediata, busca ocupar un espacio en la definición de las reglas del nuevo orden digital internacional. La discusión ya no gira únicamente en torno a quién desarrolla la inteligencia artificial más poderosa. La pregunta decisiva pasa a ser quién tendrá la capacidad de definir las normas bajo las cuales esa inteligencia transformará el mundo.

Fuentes:

Ministerio de Industria y Tecnología Informática de la República Popular China (MIIT). Comunicados oficiales sobre la Conferencia Mundial de IA 2026.

Xinhua News Agency. «Action Plan on International AI Ethical Governance», 17 de julio de 2026.

Naciones Unidas. Pacto para el Futuro y Pacto Digital Global, 2024.

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Global AI Governance Action Plan, 2025.

World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026. Discursos oficiales y documentos de la conferencia.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2026/07/la-etica-como-arquitectura-del-poder-china-propone-una-nueva-gobernanza-mundial-para-la-ia/

Imagen de IISI.

El gobierno de Rodrigo Chaves y el desempeño de KOLBI

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gerardo Fumero Paniagua

El Sector de Telecomunicaciones del ICE inició este gobierno con la promesa de «encender el 5G»; terminó, sin embargo, sin 5G, con uno de los peores conflictos de gobernanza de su vida institucional, con su marca Kolbi superada por la competencia por primera vez y con el nivel de ingresos de 15 años atrás.

Aunque prometió celeridad, el proceso 5G se estancó por decisiones políticas y técnicas. En primer lugar, se obligó al ICE a adquirir equipos de países miembros del Convenio de Budapest, alegando “razones de ciberseguridad”, lo cual excluyó a Huawei de la competencia, generando una batalla legal y diplomática que retrasó las licitaciones, elevó los costos y destrozó la planificación.

El Convenio de Budapest es una herramienta de derecho penal y procesal, no un estándar técnico, por lo que no garantiza seguridad técnica de ninguna red, y el 5G ni siquiera existía cuando se redactó, en el 2001. Es un tratado internacional que tipifica delitos y procedimientos, en aras de armonizar las leyes penales de los países miembros y promueve la cooperación para el intercambio de información entre los países que persiguen la ciberdelincuencia. La ciberseguridad del 5G depende de protocolos técnicos (3GPP, encriptación, etc.) pero no de leyes penales, así que el argumento del gobierno no tiene ningún fundamento técnico.

En segundo lugar, las licitaciones sufrieron múltiples apelaciones y declaratorias de «desierto» o anulaciones parciales, ante un proceso cuestionado y sin transparencia, que indispuso a muchos ingenieros honestos del ICE que debieron seguir órdenes absurdas.

Pero mientras toda esa batalla legal acontecía en el ICE, Liberty y Claro avanzaron con servicios 5G, dejándolo completamente rezagado. Ironía inconcebible, porque desde el año 2019 el ICE pudo haber implementado 5G actualizando la red 4G y 4.5G de Huawei; pero necesitaba dilucidar antes la disputa por el espectro radioeléctrico que le exigían devolver, lo cual retrasó la compra.

El gobierno de Chaves resolvió el conflicto entregando parte del espectro del ICE y de Racsa, y ya con esa definición el ICE comenzó negociaciones para hacer un «upgrade» a 5G, que era la ruta correcta, pues ya conocía los equipos, tenía el personal capacitado, repuestos y una relación comercial consolidada con Huawei. Además, hubiera pagado una fracción del costo de cambiar toda la red para instalar otra, y por supuesto habría mantenido un primerísimo lugar en el mercado, adelantándose a la competencia en brindar 5G.

Pero en vísperas de ese upgrade, en agosto del 2023, la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU. visitó Costa Rica y anunció una donación de $10 millones para ciberseguridad, expresando abiertamente su preocupación por la participación de China en infraestructura crítica -puertos y 5G-.

Días después, el 29 de agosto del 2023, Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden, para discutir temas de migración, economía y, fundamentalmente, seguridad digital. El 31 de agosto del 2023 Chaves firmó el Decreto de Ciberseguridad, No. 44196-MSP-MICITT y el 4 de septiembre del 2023 se publicó en La Gaceta y entonces ¡todo cambió! Las negociaciones con Huawei se terminaron y comenzó un calvario de desaciertos hasta la fecha.

A partir de entonces, se han cuestionado las múltiples reuniones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial y el MICITT, donde se habría diseñado la estrategia para favorecer a ciertos proveedores tecnológicos (Datasys-Cisco) con el argumento de la «seguridad nacional», lo cual no es otra cosa que una «intervención política» de una institución autónoma. En los últimos 4 años se le han adjudicado a ese proveedor $77 millones, en «contrataciones directa o procesos por excepción”.

La sumisión del ICE ha sido irresponsable y catastrófica. A inicios del 2025 su misma Auditoría Interna le advirtió que la Institución perdería competitividad total para el 2026, si no se desplegaba 5G. El resultado es que Kolbi, en el 2025 tuvo un ingreso de 533 mil millones de colones, equivalente a los ingresos del 2010, un retroceso de 15 años.

Concomitantemente, informes de la SUTEL, de diciembre del 2025, señalan que el ICE se ha quedado rezagado en la velocidad de descarga en 4G. Mientras Claro lidera ese indicador con 55 Mbps, Kölbi promedia apenas 36 Mbps y, mientras el ICE tenía un 71.8% de cobertura, -por debajo del 90% que exige el reglamento- Liberty tenía un 93%.

La gobernanza en el ICE -otra de sus debilidades- durante estos 4 años, ha sido una de las más conflictivas de su historia. La Auditoría Interna ha señalado nombramientos «a dedo» en la Gerencia de Telecomunicaciones y Jefaturas de División. Sin embargo, ante cualquier cuestionamiento, la administración central respondió no corrigiendo nada, sino cuestionado a la Auditoría y creando parálisis administrativa.

Consecuentemente, ha habido una altísima rotación en puestos clave, la Gerencia General estuvo ocupada por Luis Diego Abarca hasta el 2023, por Harold Cordero Villalobos hasta el 2026 y hoy la ejerce como recargo, el Presidente Ejecutivo, Marco Acuña Mora.

En la Gerencia de Telecomunicaciones la situación no ha sido diferente. En menos de 4 años ha habido tres jerarcas distintos: Mauricio Rojas Cartín, de enero 2020 a julio 2022, Luis Diego Abarca Fernández, de julio 2022 a mayo 2024, hasta llegar a la concentración de poder que hoy tenemos en la Presidencia Ejecutiva.

El impacto de todo este caos tiene gravísimas consecuencias principalmente en la proporción del mercado servido, en la calidad de los servicios móviles y en las finanzas. En relación con el Mercado, el ICE perdió el liderazgo a manos de Liberty, la cuota de mercado en pospago pasó de un 46% a un 35%. En relación con la Calidad, en el 2025 el ICE promediaba 36 Mbps en 4G, mientras Claro alcanzaba los 55 Mbps y la cobertura de Kolbi bajó del mínimo reglamentario. Y en relación con las Finanzas, los ingresos disminuyeron un 8% del 2022 al 2025.

El ICE mantuvo el liderazgo de los servicios móviles a pesar de la apertura del mercado, pero a este gobierno le cabe el honor de haberlo perdido, incluso para mediados de 2022, también perdió el liderazgo en los servicios de internet fijo.

La responsabilidad de esta debacle es en primer lugar, política, específicamente del Poder Ejecutivo y del MICITT. Dos hechos principales lo explican: 1) La decisión del gobierno de excluir a Huawei, lo que constituyó una barrera política que llevó a Kolbi a perder valiosos años frente a la competencia. 2) Las constantes reuniones en Casa Presidencial para dictar la «hoja de ruta» del 5G, erosionaron la independencia técnica del ICE, convirtiendo decisiones de ingeniería en decisiones políticas -corruptas-.

En segundo lugar, hay una responsabilidad administrativa que recae en la Presidencia Ejecutiva y las Gerencias del ICE. 1) La administración ha mantenido un conflicto abierto con la Auditoría Interna y en lugar de atender sus advertencias sobre la pérdida de competitividad, optó por cuestionar sus criterios. 2) El ICE perdió sus habilidades en gestión de proyectos, pues los múltiples fracasos en las licitaciones de 5G y la incapacidad de ejecutar inversiones a tiempo son responsabilidad directa de la Gerencia de Telecomunicaciones, la Gerencia General, la Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo.

El irrespeto a los criterios técnico-económicos y una “administración dividida”, solo pueden conducir al fracaso. Los informes internos de la Auditoría del ICE revelaron datos alarmantes sobre la nefasta gestión de Marco Acuña Mora y su equipo: 1) Se estima que el valor de mercado de la marca Kölbi ha caído un 12% en este cuatrienio. 2) Cerca de $20 millones invertidos en equipos Huawei quedaron en bodegas debido a los cambios de criterio técnico (impuesto políticamente) por el Decreto de Ciberseguridad. Se trata de hardware y licencias de software destinados a la modernización de las redes 4G y la preparación para 5G, (Servidores y Nodos de Red, Tarjetas de Expansión y Antenas, y Licencias de Software). En contraste, el ICE ha tenido que realizar compras de emergencia y contrataciones directas (que hizo a Datasys-Cisco), para la red de transporte y seguridad, en aras de llenar los vacíos técnicos dejados por el equipo de Huawei que se le prohibió usar.

De nuevo, la respuesta de la administración del ICE no fue corregir los errores, ni enderezar la senda y mucho menos disminuir el servilismo, sino recortar el presupuesto y limitar el acceso de la Auditoría a los sistemas de datos, en un nuevo intento por silenciarla. Incluso el propio Poder Ejecutivo se tomó la molestia de presentar una denuncia penal contra Ana Sofía Machuca Flores, Jefe de la Auditoría y contra la empresa Huawei, denuncia que fue desestimada el 20 de abril del 2026, por el Juzgado de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.

En el interín han sucedido una serie de actos espurios: 1) Se cuestionan visitas de proveedores tecnológicos específicos a Casa Presidencial que no pasaron por los canales oficiales de la Proveeduría del ICE. 2) El gobierno mantuvo una presión constante sobre la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, para acelerar la adjudicación del espectro para 5G. Finalmente se le adjudicaron a Liberty y a Claro 20 MHz en la Banda de 700 Mhz, 50 MHz en la Banda de 2.3 GHz, 100 MHz en la Banda de 3.5 GHz y 400 MHz en la Banda de 2.6 GHz. 3) La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa ha evidenciado que el ICE no tenía un plan de negocios real para recuperar la inversión en 5G con el nuevo equipo; por supuesto, si le fue impuesto por el gobierno en término de días a la Presidencia Ejecutiva, que gustosa lo aceptó. 4) También se denunció en esa Comisión que el retraso -intencional o por impericia técnica- le ha costado al país un 0.5% del PIB por falta de conectividad de alta velocidad.

De modo que tal desastre solo puede ser responsabilidad, primeramente, de la jerarquía política: 1) El Poder Ejecutivo, por imponer un cerco tecnológico, el Decreto de Ciberseguridad, (en defensa de espurios intereses comerciales de allegados e inversionistas en su campaña política cuando el presidente fue candidato), sin medir el impacto financiero en el ICE y priorizando la geopolítica sobre la viabilidad de la Institución. 2) La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT, Paula Bogantes Zamora, quienes también firmaron dicho Decreto.

En segundo lugar, de la jerarquía administrativa del ICE: La Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y la Gerencia de Telecomunicaciones, que, siguiendo órdenes irracionales y financieramente suicidas, en vez de defender la autonomía técnica de la Institución, como les correspondía, se condujeron con sobrado servilismo y prefirieron entrar en un conflicto estéril con la Auditoría, que muy valientemente se atrevió -contra todo ellos-, a defender la Institución. Finalmente, la Gerencia de Telecomunicaciones se lució por su ineficiente ejecución de los carteles de licitación, que facilitaron constantes apelaciones y atrasos.

En resumen, en este cuatrienio Kolbi pasó de liderar el mercado móvil, con un 41% en el 2022, a un 37% en el 2025, dejó de percibir unos $120 millones en ingresos por servicios 5G, pasó de ser el referente de innovación a convertirse en un operador que «corre detrás» de la competencia -con Liberty liderando el mercado total con un 40.15%-, y con un nivel de ingresos de hace 15 años.