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El triunfo de Laura Fernández: expresión de las desigualdades regionales o la rebelión de las regiones periféricas

Escrito en . Publicado en Elecciones.

German Masís

Apenas el lunes un día después de las elecciones, una publicación sobre la distribución del voto para los candidatos Álvaro Ramos y Laura Fernández, en los diferentes cantones del país, señaló que el primero tuvo un mayor porcentaje de votos en los cantones de la Gran Area metropolitana (GAM), tradicionalmente los de mejor índice de desarrollo y la segunda en los cantones de las regiones periféricas, los de peor índice de desarrollo.

Los cantones que apoyaron mayoritariamente a Ramos fueron, Santa Ana, Belén, Escazú, Montes de Oca, Heredia Central, Santo Domingo, San Pablo, Curridabat, San Rafael y Flores, todos de la GAM. Mientras que, a Fernández, la apoyaron mayoritariamente los cantones de Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota, todos de las regiones periféricas.

Esta diferenciación en la votación de los cantones de la GAM y de las regiones periféricas, por uno u otro candidato, no es casual y responde a una correlación entre la participación en el desarrollo económico, las desigualdades regiones y la vinculación a diferentes propuestas políticas, en unas asociadas a los partidos tradicionales y su concentración en la GAM y en otras ligadas a partidos que han prometido reivindicar las regiones periféricas, por lo general más pobres, desiguales y con menores oportunidades de desarrollo.

Durante varios años, mediante diversos artículos publicados en SURCOS hemos venido poniendo en evidencia las desigualdades regionales a través de la referencia a la distribución de la producción por cantón, a los índices de competitividad, de desarrollo humano, desarrollo social, de pobreza y desigualdad, mostrando dinámicas socioeconómicas desiguales que se han profundizado durante décadas y que hoy parecen estar en la base de la inclinación política de la población de los cantones de ambas regiones y en particular en la búsqueda de opciones políticas diferentes por parte de los habitantes de las regiones periféricas, que explican el apoyo brindado a los partidos Renovación en el año 2018, Progreso Social Democrático en 2022 y ahora a el Pueblo Soberano.

En abril del año 2023, en un artículo denominado la “Distribución de la producción por cantón: el mapa de las desigualdades territoriales”, indicábamos a partir de la presentación por el Banco Central de las cifras del Producto Interno Bruto Cantonal de Costa Rica que éste análisis permite confirmar que los cantones ubicados dentro de la GAM aportan la mayor proporción a la producción y las exportaciones del país, mientras que los cantones pertenecientes a las provincias y regiones periféricas, por el contrario tienen una escasa participación en éstas.

Así en la distribución del PIB, es claro el comportamiento de concentración de los cantones de la GAM, ya que 9 de los cantones con el índice más alto, corresponden a la zona central del país, ellos son San José, Belén, Escazú, Heredia, Santa Ana, Montes de Oca, Alajuela, Cartago y Flores y sólo Liberia es el único fuera de la GAM.

Mientras, de los 10 cantones con el PIB más bajo, 7 son de las regiones periféricas, a saber, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Buenos Aires, Hojancha, La Cruz, incluyendo a Acosta, y sólo 3 cantones en la periferia de la GAM, Oreamuno, Alajuelita y Aserrí.

Por su parte, el comportamiento de las exportaciones, también sigue el mismo patrón de concentración de la producción, ya que de los 10 cantones que aportan una mayor proporción, 8 son parte de la GAM, entre ellos, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión y sólo 2, Pococí y Puntarenas, pertenecen a las regiones periféricas.

Contrariamente, los 10 cantones que tienen un menor aporte a las exportaciones están vinculados a las regiones periféricas, tales como, Alvarado, Osa, San Mateo, León Cortés, Los Chiles, Talamanca, Dota, Nandayure, Hojancha y Turrubares. (BCCR,2023)

Este análisis, reafirmaba el fenómeno de la concentración de la actividad económica del país en las 4 provincias que conforman la GAM y en los cantones que la integran, el cual ya se había presentado con motivo de la actualización de la Matriz Insumo-Producto en el 2021. En este otro aporte se esclareció que La producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites y se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Por su parte, el comercio está presente en casi todo el país, mientras el transporte está dominado por San José y Alajuela y la administración pública está altamente concentrada en el centro del país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Por su parte, los servicios se encuentran concentrados en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Tibás y Escazú de la GAM. Sólo en San Carlos y Pérez Zeledón, existen algún desarrollo de los servicios en las regiones Periféricas.

Mientras que las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). La agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas.

La problemática social y económica que ha caracterizado a las regiones periféricas, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación y los servicios públicos.

Este es el mapa del desarrollo económico y el escenario de la desigual social del país, entre los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal, la institucionalidad gubernamental y la concentración de la riqueza y los territorios rurales, costeros y fronterizos de empleos precarios, limitados servicios y mala distribución de la riqueza, expresión de la existencia de dos Costa Ricas.

A su vez, se observaba que existe una correlación entre la participación entre la participación en la producción y el desarrollo económico y el nivel de desarrollo humano de los cantones y regiones del país. En el año 2021, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal revelaba cómo los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano. Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

A su vez entre los 25 cantones con los indicadores bajos de IDH-D, a los 10 anteriores se suman Sarapiquí, Turrubares, Osa, Upala, Guácimo, Golfito, Nandayure, Río Cuarto, Turrialba, Corredores, Guatuso, Siquirres, Quepos, Pococí y Acosta, 7 son costeros, 8 son fronterizos y 10 son rurales y de ellos por provincias, 6 son de Puntarenas, 5 de Limón, 5 de San José, 4 de Alajuela, 3 de Guanacaste, 1 de Heredia y 1 de Cartago.

En este panorama del desarrollo humano cantonal, a la tradicional apreciación sobre los cantones costeros y fronterizos como los que ostentan los peores indicadores de DH, se debe agregar la participación de los cantones rurales ubicados en la periferia de la GAM, como León Cortés, Tarrazú y Dota de la provincia de San José entre los 10 de más bajos indicadores, junto a Hojancha de Guanacaste y entre los 25 mencionados en el IDH-D, se suman los cantones rurales de Acosta y Turrubares en San José, Pococí, Guácimo y Siquirres de Limón, Río Cuarto de Alajuela, Sarapiquí de Heredia y Turrialba de Cartago.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, que se incluyó por primera vez en este Atlas, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales.

En esa oportunidad se agregaba, que estos cantones costeros, fronterizos y rurales, no sólo se encuentran en buena medida excluidos y marginados del desarrollo nacional y de la acción del Estado, sino que también lo están del sistema político.

La información de la participación electoral de la población de estos cantones y los niveles de abstencionismo lo confirman; en estos cantones con el IDH-D más bajo y el IPM alto, la participación política en el 2018 fue muy baja, en donde Talamanca y Golfito apenas tuvo el 50%, Corredores, Osa y La Cruz con el 51%, Buenos Aires y Garabito con el 52%, Los Chiles con un 53%, Matina, Limón y Quepos con 54%, Coto Brus y Upala con el 55%.

Se decía que la democracia económica y política tiene una deuda con estos cantones de las regiones periféricas. La expresión referida a la existencia de dos Costa Ricas sigue vigente, hay “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel,F., 2021,p.222).

En otro de los informes, el del Índice de Competitividad Nacional, se exponía que sólo 12 cantones ubicados en la GAM poseían condiciones excepcionales para el desarrollo económico, coincidiendo con los cantones mencionados al inicio. Mientras que en el resto del país la situación es muy distinta, un total de 48 cantones (el 59% del total) todos ubicados en las provincias costeras y fronterizas, apenas tenían condiciones de competitividad, que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

El estudio referido del ICN, revelaba que las barreras que explican las brechas de competitividad entre las regiones eran muy variadas, pero que una de las más importantes es la educación, la publicación señalaba que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria.

También indicaba que, en los cantones peor evaluados, también existían explicaciones relacionadas con el acceso a servicios básicos, como agua potable o electricidad, la inversión en servicios básicos era cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente.

Por su parte, según ese informe, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso, era uno de los factores más determinantes en los bajos niveles de competitividad entre los cantones fuera de la GAM.

El informe del Estado de la Nación del 2022, señaló entre sus principales hallazgos, la mayor desigualdad, un retroceso en equidad y un país partido. Afirmó que, en la última década, el país profundizó los rezagos sociales y económicos, hay una parte de la población que goza de mucho bienestar, mientras que un grupo cada vez más numeroso está excluido de servicios esenciales, como educación, trabajo y empleo de calidad.

Pues esa condición desigual entre la GAM y las regiones periféricas se ha expresado una vez más en las urnas electorales, varios análisis sobre el resultado de las elecciones han argumentado que el trasfondo de este triunfo oficialista es una transformación profunda de la cultura política costarricense, de la ampliación de las brechas territoriales, entre el área metropolitana y las zonas periféricas, el deterioro de la movilidad social, el desgaste de los partidos tradicionales y la asociación persistente entre política y corrupción.

Jaime Ordóñez, uno de los analistas, describió el mapa del resultado electoral como la existencia de “dos Costa Rica”, en San José e incluso en provincias fue muy pareja, con excepción de Cartago que la gana la oposición, pero este triunfo holgado de Fernández viene de las zonas costeras, sectores históricamente más olvidadas y más pobres, que acumulan esta molestia histórica (France 24,4-2-2026), fue la rebelión de las regiones periféricas.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

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German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo titulado “No es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

“es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

Escrito en . Publicado en Elecciones.

German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.

El Pacto por la Producción Agropecuaria debe divulgarse y debatirse a nivel nacional

Escrito en . Publicado en Alimentación.

German Masís

Este 10 de noviembre se realizó un conversatorio Sobre el Pacto por la Producción Agropecuaria, organizado por la Asociación Madre Tierra en el Centro de Cultura de España en barrio Escalante, con la participación de José Oviedo, miembro de las organizaciones agrícolas y del grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, proponentes del Pacto, de la investigadora Eva Carazo y de personas vinculadas a madre Tierra, productores agrícolas y académicos interesados en la problemática agraria del país.

El representante de las organizaciones que elaboraron el Pacto y secretario general de la UNAG, José Oviedo, realizó una presentación de los aspectos principales y prioritarios de la propuesta de política agrícola, que incluyen:

1.Defender la producción nacional, frente a los procesos de apertura comercial y la integración a bloques económicos que la amenazan.

2.Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación, la investigación y la digitalización

3.Enfrentar el cambio climático y generar herramientas de adaptación a éste

4.Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria, como el empleo, la salud y la distribución de la riqueza

5.Fortalecer el mercado nacional agropecuario, acortar la cadena de comercialización y fortalecer las alternativas de comercialización directas, justas y transparentes

6.Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria, con la promoción de buenas prácticas, manejo e higiene y el fortalecimiento de los controles fitosanitarios

7.Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y garantizar los servicios financieros a los agricultores

8.Crear una política integral de seguros agropecuarios accesibles, para el establecimiento de un seguro agropecuario que permita el acceso efectivo a los seguros frente a los desastres

9.Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el medio ambiente y un enfoque de agricultura sostenible baja en emisiones y ligada al uso y protección del suelo, la biodiversidad y el agua.

10.Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.

Luego de la presentación del Pacto, algunos de los asistentes efectuaron comentarios y aportes que es importante rescatar y destacar.

Eva Carazo señaló que este planteamiento de las organizaciones debe ubicarse en el marco de las luchas históricas y las reivindicaciones estratégicas de los actores y las organizaciones del agro y del abandono de las políticas públicas de la actividad agropecuaria, porque la propuesta del Pacto tiene una serie de antecedentes de luchas, propuestas y movilizaciones que es necesario mencionar y valorar a luz de la coyuntura actual. Para ello, sería necesario que la propuesta incluya un apartado de introducción y justificación que brinde un breve marco histórico y estratégico adecuado, que le dé mayor respaldo y validez al planteamiento actual y que exponga con claridad las carencias y limitaciones de la política agrícola actual y la gestión de la institucionalidad del sector agropecuario para resolver los problemas estructurales del agro costarricense.

Como mencionó otro de los asistentes, es importante también inscribir este planteamiento en el debate sobre el modelo de desarrollo económico vigente en el país, un modelo aperturista y de liberalización económica, que ha impulsado una economía de los servicios, la manufactura avanzada y la inversión extranjera, que ha relegado sistemáticamente la actividad agropecuaria desde hace 4 décadas a un lugar de abandono y exclusión, pese a su papel todavía en la producción agroalimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y en la generación de empleo e ingresos para la población rural.

En ese sentido apunta el análisis del investigador y académico universitario, el economista Francisco Esquivel, en su libro Estructura Productiva en Costa Rica: una alternativa de crecimiento, el cual analiza los diferentes modelos de desarrollo de las últimas décadas y en ellos el papel de la agricultura en el desarrollo económico del país y que en una propuesta renovada plantea una estrategia de desarrollo que reinserta al agro como uno de los motores del desarrollo futuro del país. De ahí que es de gran valor, vincular la presentación del Pacto por la Producción Agropecuaria, al debate sobre un nuevo Modelo de desarrollo nacional y a una Estrategia de reposicionamiento de la actividad agropecuaria en este nuevo modelo.

En otra de las intervenciones, se señaló que no basta la presentación del Pacto a los candidatos y candidatas a la Presidencia, que fue suscrito por algunos de ellos, si no tratar de hacer visible y divulgar la propuesta entre los consumidores y la población en general, haciendo énfasis en que el partido ligado al Poder ejecutivo y que busca la continuidad en las próximas elecciones, ha destruido la agricultura nacional, por su apoyo a los intereses de ciertos sectores, como los importadores y su indiferencia ante las demandas justas de los sectores productivos agrícolas. Así mismo, si hubiera segunda ronda electoral, solicitar un compromiso público o carta de compromiso de los candidatos y partidos que la alcancen, con la implementación y ejecución de los 10 aspectos del Pacto, a riesgo de no recibir el apoyo electoral de los agricultores del país.

Igualmente en las presentaciones del Pacto, según otro asistente, es necesario no sólo señalar los aspectos principales, si no también abrir el debate a algunos de los temas específicos, como el desarrollo tecnológico, la dependencia de insumos externos y el papel del INTA y la investigación universitaria, el del financiamiento limitado a la actividad agropecuaria, pese a la existencia del sistema de Banca para el Desarrollo y otros recursos disponibles para los productores, el tema del Comercio agropecuario y la necesidad de transformación de entidades como el CENADA y los Mercados regionales y el de porqué no existe un programa de seguros agrícolas accesible.

Finalmente, es fundamental que la propuesta del Pacto por la Producción agropecuaria, sea divulgado y discutido en las regiones periféricas y los cantones fronterizos, costeros y rurales, procurando hacerles llegar la propuesta y organizar debates locales mediante la participación de las organizaciones agrícolas, asociaciones de productores, cooperativas y centros agrícolas; esta labor podría coordinarse con las sedes regionales de las Universidades, ONGs e instancias del sector agropecuario o los consejos regionales de desarrollo, con la colaboración de Madre Tierra.

En la imagen de cabecera se aprecia, al centro al Msc Roberto Salom Echeverría coordinador de la actividad, a su izquierda José Oviedo Chaves dirigente del sector agropecuario, y a la derecha Eva Carazo Vargas, investigadora del tema agropecuario. En la siguiente foto se puede ver parte de la asistencia a la actividad.

La más profunda crisis del agro en la historia reciente: actividades y sectores en lucha por la sobrevivencia

Escrito en . Publicado en Alimentación, Derechos.

German Masís

En los últimos seis meses han proliferado en los medios de comunicación noticias sobre la profunda crisis que vive el sector agropecuario, poniendo a prueba la sobrevivencia y la resiliencia de los productores y sus organizaciones y en uno de los períodos en que el Gobierno se ha convertido tanto por su acción como por su inacción en elemento desencadenante del deterioro de la actividad agropecuaria.

Titulares como los siguientes, evidencian la coyuntura crítica:

-Productores de arroz se movilizan en defensa del proyecto FONARROZ

-Producción del sector bananero costarricense para exportación bajó un 20% al inicio de este año

-En plena bonanza mundial productores nacionales de café reciben pérdidas por el tipo de cambio bajo

-Productores de cebolla denuncian ante el MEIC que supermercados están etiquetando cebolla importada como nacional

-Esto es una fiesta, es una piñata, es una cosa rarísima, dice productor sobre importación masiva de cebolla

-Empresario agroexportador: caía del tipo de cambio ha llevado a empresas al límite

-Cebolleros ahogados por el impacto de las importaciones

-Agricultores están vendiendo en 200 el kilo de cebolla aunque les cuesta 420 producirlo, piden ayuda al Gobierno y los Diputados

-Producción agropecuaria nacional acumula 7 meses de caída en medio de políticas adversas del gobierno

-Recesión en el sector agro de Costa Rica, vamos para una crisis aguda

-Sector agropecuario asegura que aumento de arancel de EEUU golpeará a productores

-Costa Rica negocia tratado sin consultar al agro: “nos arriesgamos a una avalancha de importaciones”, según organizaciones agrícolas

-Productores de leche denuncia indignante flexibilización a favor de exportadores lácteos de EEUU

-Gobierno y Banco central esconden la realidad del sector agro en Costa Rica denuncian en el día del agricultor

-Importación de papa autorizada por el Gobierno afectará a productores nacionales

-Banco Central sugiere importar papa y tomate

-Datos lo demuestran, políticas del gobierno deprimen la actividad agrícola

-Impacto del cambio climático provocaría pérdidas en cosecha de café por C 11.500 millones en la zona de los Santos

-Cambio climático podría reducir en un 60% el área para la producción de banano

-Productores de aguacate celebran fallo que frena importaciones sin controles

-74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años

Aunque el sector agropecuario ha transitado por otros períodos difíciles en los últimos 40 años, como en 1986 con las movilizaciones frente a la Agricultura de Cambio, la de las organizaciones agrícolas en 1992 frente a la salida definitiva del CNP de la comercialización de granos, o la de las mismas organizaciones en1997 frente al retiro de profesionales del MAG por la movilidad laboral y la reducción del presupuesto del MAG, que profundizaba el desmantelamiento de las instituciones del sector agropecuario, en los últimos meses hemos asistido al deterioro de las condiciones de producción y comercialización de actividades productivas no sólo para el mercado interno, sino también para la exportación.

En circunstancias probablemente inéditas, en el período reciente confluyen una serie de factores estructurales como las limitaciones tecnológicas y de capital de los pequeños productores, el aumento de los costos de producción, los problemas de comercialización tanto en los mercados tradicionales como en la relación con las cadenas de supermercados, la limitada asistencia tecnológica de las instituciones públicas dada su escasez de recursos, sin olvidar los efectos del cambio climático, junto a factores coyunturales, como la promoción de las importaciones agrícolas, la reducción de controles a la importación, la permanencia de altas tasa de interés, la sobrevaluación del tipo de cambio y la posible incorporación a la Alianza del Pacífico.

Mientras ese escenario se ha ido configurando, el Gobierno continúa con su política de acciones puntuales de modernización de la actividad agrícola, entre las que se encuentran:

-MAG e INA impulsan modernización del agro con capacitación en drones

-INA capacita a productores en buenas prácticas agrícolas en todo el país

-MAG y SENARA impulsan un proyecto de riego en la zona de Cartago

Con ocasión de un nuevo conversatorio con los candidatos presidenciales, “Sobre el Sector Agropecuario Nacional: por la seguridad y soberanía alimentaria costarricense”, cabe preguntarse acerca de los resultados de los foros con los candidatos a la presidencia para las elecciones del 2022 y del 2018 y podríamos apuntar que en estos se hicieron planteamientos dispersos y muy generales, que no apuntaban a una transformación de la actividad agropecuaria a nivel tecnológico, comercial, financiero, de seguridad alimentaria y que no revertía el abandono de los productores que se dedican a la producción para el mercado interno.

Al igual que ocurrió en las ocasiones anteriores, las diversas organizaciones y entidades costarricenses señalarán las vulnerabilidades, amenazas y desafíos de la pequeña producción agrícola y de la seguridad alimentaria del país, pero pasará poco o casi nada, porque la actividad agrícola hace mucho dejó de ser una actividad económica estratégica y la movilización de recursos hacia esta actividad es secundaria.

Los agricultores del siglo XXI frente a su realidad y su problemática

Escrito en . Publicado en Alimentación, Derechos.

German Masís

El día de ayer en la columna de Opinión del periódico digital CR Hoy se publica un artículo titulado Los Agricultores del siglo XXI del académico Roberto Artavia, que es necesario comentar y aportar otros argumentos que expliquen adecuadamente la problemática en que se encuentran inmersos los agricultores pequeños y medianos desde hace varias décadas y el abandono de las políticas hacia este sector.

En su argumentación, el artículo aborda varios aspectos para explicar el tránsito hacia el Agricultor del siglo XXI, entre ellos la productividad, el papel de la inversión, la tecnología y el capital humano, la importancia que tienen las políticas, como algunas impulsadas en el pasado, el fortalecimiento de las instituciones y el advenimiento de la gran modernización tecnológica.

El artículo inicia haciendo mención a la baja productividad del sector, atribuyéndola primero a la baja productividad del trabajo agrícola, en relación con otras actividades económicas como la manufactura y los servicios y comparándola con la productividad agrícola lograda en otros países, comparaciones poco procedentes por las características de esas otras actividades y por políticas aplicadas en otros países como lo veremos más adelante.

Al respecto, hay que destacar que la prevalencia del aspecto de la productividad para explicar el desempeño de las actividades económicas, que es solo una de las variables determinantes del mismo, es insuficiente como lo han señalado diversos organismos incluyendo a la OCDE y que en este caso, se hace referencia principalmente a la productividad del trabajo, que en el sector agropecuario es muy heterogénea como lo menciona posteriormente el mismo autor, al comparar la productividad en las actividades de exportación y en de producción para el mercado interno, además que como es de conocimiento el análisis debe complementarse con la productividad por área productiva, fundamental en las actividades agropecuarias, que está también asociada a la escala de las unidades de producción: pequeña, mediana y grande, que tienen acceso y utilizan de manera diferenciada los factores de la producción.

Es importante también establecer adónde se originan las diferencias de productividad del trabajo y de las unidades de producción, el mismo autor adelanta que “en general las diferencias se deben a las inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano”, que hay que recordar que son distintas, ya que las empresas sobre todo las grandes pueden y las realizan con frecuencia con su propio capital, mientras que las pequeñas y medianas(en el agro y en las pymes de otras actividades) tienen dificultades para realizar o las realizan parcialmente debido a las limitaciones de recursos.

A su vez, las posibilidades de inversión para mejorar la productividad en el agro en los aspectos mencionados por el autor, en las unidades productivas micro y pequeñas, son limitadas, por lo que deben recurrir a las instituciones del Estado, quienes en otras épocas les han ayudado a mejorar la infraestructura, la tecnología y la capacidad del recurso humano y que en algunos países, como en los países desarrollados(Estados Unidos, Europa y Japón), disponen de amplios programas de ayudas o subsidios financiados por el Estado, como el Farm Bill y la política agrícola común de los primeros, apoyos que generan grandes diferencias de productividad, producción y competitividad de la agricultura entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

En el artículo se menciona dos momentos claves en el desarrollo económico y de la ampliación de las actividades productivas del país, interesa fundamentalmente referirse al segundo sobre la Administración Monge Álvarez, en la que, según el autor, “hizo de su gobierno la plataforma desde donde se diversificaron la producción y las exportaciones” y que en efecto fue el inicio de la política de promoción de exportaciones no tradicionales que se profundizó en la Administración siguiente. Agrega el autor, “políticas bien alineadas, como las minidevaluaciones del colón, inversiones selectivas en infraestructura, programas de capacitación y transferencia de tecnología, e iniciativas de crédito impulsaron un clima de inversiones propicio”.

Lo que no dice, es que en ese gobierno se inició el cambio en la actividad agrícola con el programa que se denominaba “Volvamos a la Tierra”, que significó el desestímulo progresivo de las actividades consideradas tradicionales y el estímulo de actividades no tradicionales para exportación, la desaparición de los programas nacionales por cultivo y el redireccionamiento de las políticas antes mencionadas y de los recursos técnico y financieros hacia las nuevas actividades.

Este cambio en la actividad agrícola, que fue ampliado en las Administraciones siguientes de Arias Sánchez, Calderón Fournier y Figueres Olsen, ligado a los programas de Ajuste estructural firmados con el Fondo Monetario Internacional, creó la diferenciación estructural entre la Agroexportación y la producción agrícola para el mercado interno, de la que se menciona poco en el artículo, pero que es crucial para explicar la situación actual del sector agropecuario.

Vale recordar que las políticas de esas Administraciones, junto al estímulo a las actividades no tradicionales de exportación, ejecutaron medidas dirigidas a desmantelar el esquema de apoyo institucional de transferencia tecnológica y de capacitación hacia los productores involucrados en las actividades agropecuarias consideradas tradicionales, que no eran otras que la producción de granos básicos, las hortalizas, los tubérculos y las frutas para consumo nacional, las cuales restringieron considerablemente la labor de las instituciones del sector: CNP, MAG, IDA, el SENARA y el PIMA y que las han llevado al bajo nivel de funcionamiento que presentan en la actualidad.

Lo anterior explica, la realidad que observa el autor, “los productores que tan amable y alegremente nos atienden en las ferias del agricultor tienen baja productividad, seguramente con algunas notables excepciones, lo que determina su ingreso y los condena a una vida dura, exigente y, muy probablemente, a la pobreza”. Lo paradójico es, que éstos productores amables, pero pobres, son los que proveen el 80% de la producción alimentaria nacional, garantizan cada semana la disponibilidad de alimentos a los consumidores de las ferias del agricultor y de los mercados locales y son los responsables directos de la seguridad alimentaria del país, pero han sido abandonados por las políticas agrícolas y por la institucionalidad del sector, que no dirige adecuadamente sus programas y acciones hacia este sector, por falta de recursos, escasez de personal técnico o simplemente por impulsar tecnologías modernas como el gobierno actual.

De ahí que las soluciones que se proponen a veces frente a la situación del agro no son las apropiadas. En ese contexto, el autor señala que “En esto no hay ningún misterio. La alta productividad del campo pasa por la agricultura de precisión y en ambientes controlados; por la aplicación de tecnología a semillas, a la fertilidad y la irrigación de los campos, a nuevas plataformas de infraestructura productiva, tecnologías digitales aplicadas al mantenimiento y control de las plantaciones, la cosecha, la logística y la distribución y exportación de los productos”, de manera similar a la posición del actual Ministro de Agricultura, que promueve la agricultura de precisión, tecnología de drones, georreferenciación y sistemas de riego automatizados, para todos los agricultores, (Surcosdigital.com, julio 2025), sin importar la baja condición económica de los productores, que muchos no tienen asistencia técnica, que no tienen acceso al crédito, que sus costos de producción se han elevado y que las importaciones de productos afectan sus precios y sus ventas.

Pero según lo expuesto en el artículo incorporar esas tecnologías es relativamente fácil, “implica alinear las instituciones, los programas, el crédito, la infraestructura, las políticas económicas y el «contrato social» del sector, implica modernizar y enfocar algunas instituciones, como el MAG, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el INDER, y el mismo movimiento cooperativo”, o sea se trataría de revertir las políticas económicas y sectoriales de los últimos 40 años y sus efectos sobre la producción agroalimentaria para el mercado interno mediante una supuesta modernización y acción institucional que no parece tener sustento en la realidad actual.

La producción agrícola está en crisis y no podemos desconocer esa problemática, algunas actividades se encuentran en sus niveles mínimos de producción, como se ha revelado recientemente sobre la cebolla, cuya producción nacional ha disminuido mientras que las importaciones llegan a su punto más alto. Según la información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa.

Pero la cebolla no es el único cultivo cuya producción está bajando en Costa Rica. Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos. La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%. (Surcosdigital.com, abril-2025)

Finalmente, el documento cuestiona “¿por qué si en cada campaña electoral decimos que queremos acabar con la pobreza –en buena parte rural y agropecuaria– no tomamos las medidas necesarias para aumentar la productividad del campo a niveles que permita a los pequeños productores superar su situación?”. La respuesta según los argumentos expuestos antes es obvia, los pequeños productores no han podido superar esa situación, porque se dedican a la producción de alimentos para el mercado interno, actividad que no tiene estímulos como la exportación, ésta actividad está en manos de pequeños productores con poco acceso al capital y a la tecnología, que dependen de la asesoría técnica y de la transferencia tecnológica de las instituciones públicas que fueron desmanteladas técnica y financieramente hace muchos años, porque tienen que competir con importaciones baratas de otros países y porque los políticos y los gobiernos de turno no se han querido comprometer con una transformación de la producción interna y de la pequeña producción, aunque en campaña política prometan soluciones que nunca se cumplen.

Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Haciendo alusión a la parábola de la casa que se quema, mientras un miembro de la familia se encuentra jugando a las cartas, en esa circunstancia podemos ubicar lo ocurrido el sábado anterior en el programa Estado Nacional de canal 7, bajo el título “Importaciones aplastan al agro”, conducido por la periodista Lilliana Carranza y con la participación de Kevin Gómez de la Corporación Hortícola, del consultor Renzo Céspedes y del ministro de Agricultura Víctor Carvajal.

Según la justificación del panel, la presentadora argumenta que las importaciones de cebolla extranjera crecieron un 400%, mientras que en productos como papa, tomate y zanahoria, también se registraron aumentos significativos durante el año. Esta sobreoferta en el mercado ha golpeado duramente a los agricultores.

En un artículo anterior, denominado “La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos: el caso de la cebolla”, mencionamos que mientras las importaciones de cebolla llegan a su punto más alto, la producción nacional disminuye de manera alarmante, por lo que los productores reclaman que esta actividad va a desaparecer. Agregamos que esta actividad, se encuentra ya probablemente en los niveles mínimos a los que puede llegar.

Y ese es precisamente el debate al que el panel de Estado Nacional no logró apuntar adecuadamente al centrarse en el tema de la importaciones, que aunque es el factor desencadenante, no logra explicar la gravedad de la situación productiva, resultado de la reducción de las áreas de producción, la pérdida de áreas productivas, la salida de los agricultores de la actividad, la destrucción de empleos agrícolas y el deterioro de la condición socioeconómica de los agricultores y de las seguridad alimentaria del país.

Aunque los panelistas Gómez y Céspedes, hicieron lo posible por justificar la veracidad de las dimensiones de la importación de cebolla y su impacto sobre la reducción de los precios del producto y las pérdidas de los agricultores nacionales, el ministro de Agricultura hacía un esfuerzo por desacreditar las intervenciones de sus interlocutores y presentar lo que el Ministerio está impulsando por apoyar la producción hortícola, 3 años después del inicio de esta Administración.

En buena medida, quedó la sensación de que efectivamente ha habido un incremento de la importación de cebolla, motivado por las propias medidas que ha promovido el Gobierno, como el decreto de importación de cebolla y papa y la variación de los controles fitosanitarios de ingreso del producto, y también que el Ministro intentó evadir su responsabilidad en la adopción de dichas medidas y justificar que son inevitables ante la reducción de la producción nacional, resultado de las condiciones climáticas de final del año anterior y principios de este.

Sin embargo, en la discusión de las posiciones contrastantes sobre las importaciones, en donde una parte trata de demostrar la veracidad del hecho y el daño causado y la otra relativizar el hecho y su impacto, es difícil profundizar en las causas y en la evolución de la situación de esa actividad y de la producción agroalimentaria del país.

Exponíamos en el artículo antes mencionado, que la reducción de las áreas en la cebolla y otros cultivos, es una tendencia confirmada por los cambios en la Encuesta Nacional Agrícola de los últimos años, que pone en evidencia el deterioro de la actividad agrícola y el acercamiento a niveles de producción mínima en algunos cultivos.

Exponíamos que algunas actividades han llegado a peligrosos límites, cuyo descenso inminente, podría llevar al desabastecimiento de los productos, a la pérdida de capacidad productiva y de seguridad y soberanía alimentaria, a la salida de grandes grupos de productores, a su desempleo y empobrecimiento y cambio de uso de las tierras agrícolas, temas que debieran ponerse a la discusión con el ministro de Agricultura y otras autoridades del Gobierno, en un amplio debate nacional.

También decíamos que en los últimos meses la producción de cebolla, ha entrado en el círculo perverso de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, pérdidas de los agricultores, aumento de los precios al consumidor y elevadas ganancias de los importadores, en que han ingresado otras actividades como el arroz y la papa.

En la presentación del panel del programa citado, se afirma que los productores agrícolas viven una crisis, (…) porque no solo han tenido que luchar contra las afectaciones por el clima, el alto costos de los insumos y las limitaciones para acceder al crédito, sino además con la creciente amenaza de las importaciones masivas.

Como corolario, expresa que el sector agrícola hace un llamado urgente para proteger la producción nacional, llamado que viene reiterándose desde hace varios años, en las marchas de agricultores del 2023 y en varios comunicados emitidos en los medios de comunicación el año anterior, llamado que ha sido ignorado por las autoridades del Ministerio de Agricultura y que en la actualidad debieran constituir un ultimátum a dichas autoridades que podría conducir a la paralización de la producción alimentaria nacional.

Así mientras que el agro se quema, por efecto de las importaciones y demás problemas de la pequeña producción hortícola, el ministro menciona los proyectos de riego, la agricultura 4.0 y transferencia de tecnología de punta, como el uso de drones, como si los productores y sus actividades no estuvieran a punto de ser abatidos por las llamas del mercado, la pérdida de cosechas y la escasa rentabilidad de sus actividades.

Los proyectos y las medidas mencionadas y otras incluidas en los informes anuales del MAG y en los informes anuales del presidente, debieran ser rechazadas de plano por las organizaciones agrícolas por su carácter paliativo y de bajo efecto en las condiciones de producción de los pequeños productores y hacerlo explícito en la actividades de discusión como la del sábado.

En plena campaña electoral, es necesario volver a poner la problemática agraria entre las prioridades máximas de la agenda política nacional, como se hiso hace 4 y 8 años, exigiendo propuestas y compromisos válidos de los diferentes líderes y grupos políticos, a condición de apoyar o rechazar algunas propuestas políticas y hasta la posibilidad de participar o no como sector en las próximas elecciones.

Los distritos y su nivel de desarrollo social, ¿adónde estamos en el mapa del desarrollo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Los de mayor desarrollo en la GAM y los del menor desarrollo en las regiones periféricas

German Masís

Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado cuál es el nivel desarrollo socioeconómico del distrito donde vivimos o del distrito donde nacimos o crecimos, pero la realidad del desarrollo de todos los distritos se revela en el Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN, con datos al 2023, el cual nos permite ubicar el nivel de desarrollo de cada distrito del país, de acuerdo con 6 dimensiones de análisis: la Económica, la Salud, la Educativa, la de Seguridad y la de Participación Electoral.

Esta calificación por dimensiones de los distritos, a su vez conduce a ubicarlos en quintiles de desarrollo, en donde el V indica una situación social muy buena, el IV una situación buena, el III una situación regular, el II una situación mala y el I una situación social muy mala.

De esta manera, se configura un mapa de los 483 distritos, en el que es posible conocer por provincia, cantón o región, en cuál quintil se encuentran las diferentes distritos, y cuál es su nivel desarrollo, dividiendo el país en 5 estratos o al menos en 3, los distritos que tienen una muy buena o buena situación social, los que tienen una situación apenas regular y las que tienen una situación mala o muy mala.

En consecuencia, podemos señalar los distritos que pertenecen al quintil V, de una situación muy buena, que como veremos se concentra casi exclusivamente en los distritos de los cantones de las 4 provincias que conforman la GAM, así los distritos de los cantones de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, Desamparados, Coronado, Curridabat, Moravia, Tibás y algunos de San José Centro, en la provincia de san José; los de Atenas, Palmares y algunos de Poás en Alajuela, el Cantón Central y La Unión en Cartago, Santo Domingo, San Rafael, Belén, San Joaquín, Barva, San Isidro y Heredia Centro. Esos son los distritos de mayor desarrollo social, desagregado en las mayores puntuaciones en Economía, Salud, Educación, Seguridad y Participación electoral de los cantones y provincias del país, siendo Heredia la provincia y sus cantones, los que tienen la mayor cantidad de distritos en el quintil V, de situación social muy buena. En total suman 94 distritos del quintil V, un 19% del total

En el quintil IV, de situación social buena, se encuentran la mayoría de los distritos de Desamparados, del cantón Central de San José, algunos de Goicoechea, Alajuelita y Puriscal en la provincia de San José, la mayoría de los del cantón central de Alajuela, de San Ramón, Grecia, Zarcero, Valverde Vega y algunos de naranjo en la provincia de Alajuela, la mayoría de los del cantón central de Cartago, de la Unión, de Alvarado y algunos de paraíso, en la provincia de Cartago, la mayoría de santa Bárbara y dos de Barva en la provincia de Heredia, la mayoría de los de Liberia, de Santa Cruz y algunos de Carrillo en la provincia de Guanacaste, algunos de Pococí en Limón, de San Carlos y de Pérez Zeledón.

En total son 96 distritos, un 19.8%, con una situación social buena, tanto de cantones de las provincias de la GAM, como incluyendo de cantones de guanacaste, como uno de Limón y las ciudades de San Carlos y Pérez Zeledón, fuera de la GAM, siendo que los cantones centrales de Alajuela, de Cartago, Desamparados, San Ramón, Grecia, Zarcero, Sarchí, Pacayas, Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, son los cantones en los que se concentran los distritos del quintil IV.

Tratando de determinar el conjunto de distritos que se ubican en los quintiles V y IV, es decir los de una situación muy buena y buena, podemos establecer que son 190 distritos o el 39% de los distritos del país, ubicados sobre todo en los cantones de la GAM y algunos de Guanacaste y algunas ciudades intermedias periféricas los que tienen esta condición en el país, ostentando el mayor desarrollo económico, el mayor nivel de salud, de educación, de seguridad y de participación electoral. Esta es la Costa Rica desarrollada, próspera y de mejor calidad de vida.

En el quintil III de una condición social regular, se encuentran varios distritos de Aserrí, Mora, algunos de Desamparados, Puriscal, Alajuelita y del cantón central de San José, varios del cantón Central de Alajuela, de San Ramón, de Naranjo, de San Carlos y algunos de Poás, Zarcero, San mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela, varios de Paraíso, de Oreamuno, de Jiménez, de la provincia de Cartago, la mayoría del cantón central de Puntarenas, varios de Nicoya, de Carrillo, de Cañas y Hojancha de Guanacaste, más Limón y Jiménez de Pococí en Limón. Son en total 97 distritos del quintil III, ubicados sobre todo en varios cantones de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas, con una situación social regular. Es la Costa Rica de un desarrollo parcial e incompleto, que alcanza puntajes medios en una o dos de las dimensiones, ya sea en salud y educación, pero en las demás tienen un nivel desarrollo bajo, tanto a nivel económico, de seguridad y en participación electoral.

En cuanto al quintil II, de una baja situación social, en éste se encuentra la mayoría de los cantones de León Cortés, de Pérez Zeledón, de Turrialba, de San Carlos y del cantón central de Puntarenas y varios de San Ramón, de Esparza, de Quepos y de Corredores de Puntarenas, de Tilarán, Bagaces, Nandayure y Hojancha de Guanacaste, así como de Pococí, Siquirres y Guácimo en Limón. En total suman 98 distritos del quintil II, generalmente ubicados en las provincias periféricas de Puntarenas, Guanacaste y Limón, junto a varios de los cantones de León Cortés, Turrialba y San Ramón.

Finalmente, en el quintil I, de muy mala situación social, se ubican la mayoría de los distritos de Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto de Alajuela, la Cruz de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de Puntarenas, Matina, Talamanca y Siquirres de Limón, y algunos de León Cortés, Tarrazú, Dota, Acosta y Turrubares de San José, Turrialba, el cantón central de Puntarenas y Golfito, Cañas y Abangares de Guanacaste.

Son 98 distritos, un 20% del total, predominantemente de las regiones periféricas y de las zonas aledañas a San José, como los Santos y la Central Sur de cantones, que en su conjunto conforman distritos costeros, fronterizos y rurales. Los distritos de los quintiles I y II, de una condición mala y muy mala, suman 196 y representan el 40.5% de la totalidad de distritos del país, en donde las calificaciones de las dimensiones son en general bajas, expresadas en bajos niveles de desarrollo económico, de salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que en ellos la participación electoral suele ser la más baja del país.

Estos dos segmentos, representan la Costa Rica, poco desarrollada, con grandes limitaciones, ubicada en las costas y las fronteras y abandonada por la acción estatal, asociada a los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y desarrollo humano de las regiones y del país como lo hemos mencionado en artículos anteriores.

¿Ahora son tres Costa Ricas, la de situación social alta, media y la más baja, a cuál perteneces?

De los cafetales a las tecnologías avanzadas: el cambio de actividad económica en el sector oeste de Cartago

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El sector oeste de la provincia de Cartago, que hoy alberga la Zona Franca la Lima, siempre estuvo ligado a la actividad productiva del país, pero lo que hoy son pujantes fábricas dedicadas a la producción de insumos médicos y otras industrias de capital externo, en otro momento fue asiento de fincas cafetaleras y ganaderas en poder de empresarios nacionales.

Según un reportaje reciente publicado en el periódico digital el Mundo, en 10 años la zona Franca La Lima (ZFLL), se consolidó como uno de los motores del desarrollo económico de la región de Cartago, dedicado al sector de ciencias de la vida y manufactura avanzada, a partir de la confianza que han depositado las compañías globales en este parque empresarial que posee una infraestructura de clase mundial, una robusta red de talento humano y un entorno operativo comprometido con la sostenibilidad y la innovación.

El reportaje, menciona que en estos 10 años, logró atraer inversiones por más de USD $1.186 millones, generó más de 8.500 empleos directos, desarrolló 257.000 metros cuadrados en infraestructura de clase mundial, y se posicionó como un epicentro de innovación, tecnología y sostenibilidad. Lo que inició como una visión ambiciosa de desarrollo industrial en Cartago, se tradujo en un parque empresarial que hoy aloja 17 compañías multinacionales de 6 países distintos.

Este parque exportó USD $0,4 millones en 2014, y 10 años después acumula USD $4.577 millones en ese mismo rubro. Solo en 2024, ZFLL generó USD$1.478 millones en exportaciones (lo que equivale al 7.3% de las exportaciones de bienes de todo el país), y proyecta duplicar su impacto en los próximos años.

Se menciona que esta zona franca ha evolucionado hacia algo mucho más grande que infraestructura, ya que se ha constituido en una plataforma de crecimiento para empresas líderes, un punto de atracción de talento altamente capacitado y un referente de cómo la sostenibilidad puede integrarse a la operación con excelencia. Este parque ha demostrado que es posible competir a nivel global desde Cartago, con altos estándares, un ecosistema articulado y un modelo que apuesta por el bienestar y la innovación

Según el artículo, la ubicación estratégica de esta zona franca no sólo responde a criterios geográficos, sino también a una clara ventaja competitiva: su cercanía con uno de los ecosistemas de talento más sólidos del país. Cartago se ha consolidado como un epicentro de mano de obra de primer nivel, gracias a la presencia de universidades de prestigio, como el Instituto Tecnológico, colegios técnicos como el COVAO y centros de formación parauniversitaria como el INA que impulsan el desarrollo de profesionales especializados, que están alineados con los requerimientos de la manufactura avanzada y con la tecnología.

Se afirma que Cartago ofrece condiciones únicas: una ubicación estratégica, centros educativos de excelencia, mano de obra altamente calificada y una profunda conexión entre la academia y la industria

Y es que la estrategia del parque ha estado centrada en atraer empresas con alto valor agregado, pero también en conectar esas oportunidades con el talento local. El 85% de la fuerza laboral del parque proviene de la provincia de Cartago.

Durante el 2025, las empresas instaladas en La Lima proyectan la generación de 1.500 nuevos empleos directos, una cifra que reafirma el crecimiento sostenido del parque, Con una proyección de más de 15.000 empleos directos cuando alcance su máxima capacidad.

Finalmente, la empresa desarrolladora de la zona franca, reconoce el impacto que ésta ha tenido en la economía de este sector y de la provincia de Cartago, en vista que la inversión realizada, ha estado dirigida a invertir en el bienestar de las comunidades, en la generación de empleo de calidad y en el impulso de sectores clave de la industria y de la tecnología. (Elmundo.cr,29-4-2025)

Pero, frente a la consolidación del parque empresarial de la Lima, nos preguntamos a qué se dedicaba esta área geográfica y si en el pasado este sector de Cartago, estaba integrado a la producción y a la economía nacional, como sucede ahora, reuniendo a grandes empresas que generan inversión, empleo y aporte a las exportaciones.

Es bueno recordar que desde inicios del siglo XX y en mayor medida a mediados del siglo pasado y por espacio de varias décadas, esta área geográfica estuvo dedicada a la producción agropecuaria, especialmente a las actividades cafetaleras y ganadera, con participación también en la producción de granos y de caña de azúcar.

En fincas de gran extensión, como las de Mariano Guardia, los Piza y otras más al sur de la ubicación actual de la zona Franca la Lima y en los terrenos que ocupa actualmente el Parque industrial de Cartago, fincas de otros empresarios como René Picado y José Joaquín Peralta, representaban la principal actividad económica de este sector, perteneciente en parte al distrito de Guadalupe y a la Lima de Taras de Cartago.

Estas fincas en estos distritos eran parte de una extensa zona agropecuaria conformada según el censo agropecuario de 1963, por cerca de 147 fincas en Guadalupe, con una extensión de 3.196 manzanas y 101 fincas con una extensión de 3.408 manzanas en San Nicolás, que se extendían hasta Coris al suroeste y colindaban con los montes de la Carpintera al oeste, su barrera natural. (INEC, Censo Agropecuario 1963, pag.3)

Esas fincas como dijimos se dedicaban a la producción de café, de ganado, de caña de azúcar y de granos, muchas de ellas eran grandes extensiones, de más de 50 y hasta 600 manzanas, en poder de empresarios agrícolas de San José y Cartago, que no vivían en la finca, pero que las visitaban casi semanalmente, y que por lo general contrataban administradores y mandadores, que si vivían en las fincas o en sus alrededores.

Es posible recordar la calle de tierra que daba acceso a la entrada de las fincas de Guardia y Piza, (que en la actualidad es casi la misma que da acceso a la zona Franca), que llegaba hasta las entrada de las fincas que estaban próximas entre ellas, resguardadas por grandes portones de hierro, que daban acceso a callejones que cruzaban las fincas y a las casas de los administradores.

Aunque es difícil establecer cuántas fincas se dedicaban a cada cultivo en los distritos mencionados en esos años, es posible determinar que en el cantón central de Cartago, que los incluye, había según el Censo del 63, más de 500 fincas de café y cerca de 600 fincas dedicadas a la actividad ganadera, de todos los tamaños.

Cartago, era una provincia eminentemente agrícola y cafetalera, así como sus cantones y distritos, era la tercera provincia más productora del país y el cantón central de Cartago, al que pertenecen los distritos mencionados, producía el 17% de la producción de la provincia y era gran generador de empleo agrícola.

Se estima, según el mismo Censo, que se generaban 7.357 empleos permanentes y temporales de trabajadores agrícolas o jornaleros en el cantón central de Cartago, de los cuales, 849 eran de Guadalupe, 555 de San Nicolás, 583 de Tobosi y 3.010 de Corralillo, es decir la actividad agropecuaria era la principal fuente de empleo para la población de estos distritos. (INEC, Censo agropecuario de 1963, pag.279)

A pesar de que la información del censo de 1963 no permite determinar el aporte de la producción de café y la ganadería a la economía nacional y el valor de las exportaciones que salían de esa zona de Cartago, es posible establecer la estrecha relación de esas actividades con la generación de empleo e ingresos para las familias de la época, ya que las labores permanentes de las fincas y las temporales (como los recolectores de café) atraían la mayor parte de la mano de obra cartaginesa.

Pese a que se trata de actividades económicas distintas antes y ahora, podríamos señalar que, en la misma área geográfica, hace más de 60 años, la producción en las fincas agropecuarias ocupaba esas tierras y generaba cerca del 90% del empleo, que ahora ocupa la manufactura avanzada de las empresas de la zona Franca de la Lima, las cuales generan el 85% del empleo de los distritos del cantón central de Cartago.

A través de los años, el sector oeste de Cartago ha sido una zona estratégica para la economía regional y nacional y representa la transición de la Costa Rica agrícola y rural del siglo XX, a la Costa Rica industrial y tecnológica del siglo XXI.

Imagen: La actividad agrícola cede terreno ante la tecnología.

Una nueva regionalización del país: un proceso que debe ser bien direccionado y muy participativo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

German Masís

La semana anterior el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) dio a conocer la firma del contrato para generar el “Estudio de regionalización que responda a los retos actuales que enfrenta Costa Rica en materia de planificación, gestión del desarrollo regional y ordenamiento territorial”.

Según la información “Su propósito es construir una propuesta técnica renovada para delimitar regiones, subregiones, cantones y distritos, que sirva como herramienta operativa del Sistema Nacional de Planificación.

La labor estará a cargo de la empresa GeoAdaptive que laborará en alianza técnica y estratégica con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI).

De acuerdo con la ministra de Planificación, “Una regionalización moderna y basada en evidencia permitirá cerrar brechas históricas y asegurar un desarrollo más justo y equilibrado para todas las regiones del país”.

La justificación del estudio se origina en que, la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

“El estudio permitirá fortalecer la coordinación entre instituciones en todos los niveles —nacional, regional y local—, facilitando una planificación más eficaz, evaluaciones más precisas y una participación ciudadana más activa. Además, brindará herramientas para caracterizar adecuadamente cada región, haciendo posible una intervención pública más contextualizada y pertinente”, agrega MIDEPLAN.

Aduce que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, “para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes”.

Se indica además que el estudio de regionalización, está muy relacionada con la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, aprobada en el 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática.(El observador.com,18-5-25)

El año anterior con motivo del anuncio del estudio de regionalización habíamos mencionado en un artículo denominado Los cambios en la regionalización del país; hacia un remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial sostenible, que la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, debe considerar algunos aspectos importantes:

1.Debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, sociodemográfico, cultural y económico-productivo, sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geo-sociohistórica de los territorios regionales.

2. Es imperativo introducir un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

3.Los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

4.Dado que varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que el desarrollo regional del país es un desarrollo desigual e inequitativo, resultado de la concentración de los recursos, la inversión y de la actividad económica, es fundamental que el análisis de la nueva propuesta territorial tenga como objetivo estratégico revertir las desigualdades regionales y avanzar hacia una organización territorial más equitativa y sostenible.

5. De ahí que es fundamental proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus ciudades más desarrolladas y las zonas rurales.

6.Por lo anterior se requiere sustentar la reorganización territorial en una caracterización profunda de los recursos naturales, humanos, institucionales, infraestructurales de los territorios de las distintas zonas geográficas, así como en los indicadores productivos, de desarrollo social, de desarrollo humano, de desarrollo rural y de competitividad existentes para los cantones y regiones, que permita establecer las particularidades, articulaciones y niveles de desarrollo de las distintas áreas geográficas.

7.El abordaje de este nuevo ordenamiento territorial debe suponer una perspectiva de desarrollo auto-centrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados intervengan y definan las acciones necesarias para el replanteamiento de las regiones y sus territorios.

8.En consecuencia, la ejecución del estudio de regionalización y la propuesta de reordenamiento territorial, debe implicar una consulta amplia a los actores territoriales y las comunidades, tanto en la elaboración de los diagnósticos-caracterizaciones regionales, como en la discusión de las propuestas de reorganización territorial resultantes.

9.La conformación de las nuevos espacios territoriales, debe obedecer a características históricas, físicas, culturales y de dinámica productiva, que permita lograr mayor cohesión e interacción de la población en los territorios, una mejor distribución y gestión de los recursos y una mayor representación política.

10.De esta manera, los nuevos espacios territoriales, deben redefinir la cobertura de las provincias actuales, la pertenencia apropiada de algunos cantones y la conformación de nuevas regiones más homogéneas y congruentes, que darán lugar a una regionalización más precisa y ajustada a las condiciones del siglo XXI