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Desarrollo humano cantonal: bajos niveles en costas y fronteras y relación con violencia y vulnerabilidad a desastres

Desarrollo humano cantonal: bajos niveles de desarrollo humano en las costas y fronteras y su relación con la violencia y la vulnerabilidad a los desastres

German Masís

Los nuevos resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2024, elaborado por el PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, nuevamente refleja condiciones desiguales para las costas y fronteras.

En este informe del Atlas, el análisis provincial revela que los cantones fronterizos de Costa Rica están más rezagados en términos de desarrollo humano y que los cantones de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón se sitúan en su mayoría por debajo del promedio nacional.

Entre los principales hallazgos de este informe, los cantones con menor desarrollo humano fueron Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota y 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).

Los cantones que completan los 25 cantones con el IDH más bajo, además de los mencionados son, Corredores, Osa, Limón, León Cortés, Garabito, Parrita, Nandayure, Montes de Oro, Sarapiquí, Upala, Hojancha, Golfito, Pococí, Acosta y Tarrazú.

Al ajustar el IDH por desigualdad (IDH-D), 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).

Por su parte, los 25 cantones con el IDH ajustado por Desigualdad son; Talamanca, Hojancha, los Chiles, León Cortés, Guatuso, la Cruz, Guácimo, Sarapiquí, Corredores, San mateo, Upala, Garabito, Dota, Golfito, Limón, Acosta, Cañas, Puntarenas, Montes de Oro y Siquirres, más los 5 antes mencionados.

En relación con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), a pesar de la disminución general de la pobreza multidimensional, solo dos cantones se consideran con una pobreza muy baja (Montes de Oca y Flores) y uno con una pobreza muy alta (Los Chiles).

Aproximadamente el 10% de la población vive en cantones con alta o muy alta pobreza multidimensional. La mayoría de los cantones clasificados con un IPM alto o muy alto se encuentran en zonas fronterizas (seis de once), tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur. (ElPaís.cr,1-11-2024)

En esta ocasión, el informe del Atlas de Desarrollo Humano profundiza en la correlación ente el desarrollo humano, la desigualdad, la pobreza y la violencia, estableciendo que el menor desarrollo humano, la alta desigualdad y la pobreza suponen situaciones de vulnerabilidad por escasas o menores capacidades personales y comunitarias, así como más precaria o débil presencia institucional.

Pero esta no es una relación unidireccional, debido a que la violencia afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política.

Se señala, que una persona en situación de pobreza, viviendo en contextos empobrecidos, se encuentra en condiciones que restringen el ejercicio pleno de sus derechos y libertades y lo colocan en una situación de vulnerabilidad frente a diversas situaciones, entre ellas la violencia y el delito. Las situaciones prolongadas de pobreza por definición implican insuficiente, ineficiente o ausente acciones del Estado, es decir, servicios inexistentes o de baja calidad con nula o débil presencia institucional.

Igualmente, indica que a menor Desarrollo Humano mayores son las violencias contra las mujeres. Así los cantones de Corredores, Osa y Los Chiles tienen Índices de Desarrollo Humano Cantonal medio, Osa el Índice de Desarrollo Humano Cantonal Ajustado por Desigualdad más bajo, y Los Chiles, en ellos el Índice de Desigualdad de Género Cantonal presenta una alta desigualdad.

En estos cantones, las desigualdades económicas y sociales son exponenciales respecto del resto del país, lo que coloca a las mujeres a una mayor exposición frente a las violencias: la pobreza estructural, el uso cotidiano de armas, las dinámicas del crimen organizado, la violencia crónica y la ausencia y/o debilidad de las respuestas institucionales, entre otros aspectos, refuerzan procesos violentos que afectan en forma diferenciada la vida de las mujeres, niñas y adolescentes e identidades sexo-genéricas en sus territorios como así también en sus experiencias de movilidad humana, justo en dos de los cantones fronterizos (Corredores y Los Chiles).

La solución de un problema multicausal como la inseguridad ciudadana o la violencia en el ámbito de las comunidades pasa por atender oportuna y efectivamente los factores de riesgo que la propician, es crucial fortalecer estrategias de prevención, especialmente para personas y comunidades en riesgo inmediato de verse vinculados a la violencia interpersonal.

Así mismo, es fundamental una fuerte y permanente presencia institucional que incluya, entre otras cosas, la mejora de la oferta educativa, incluyendo la infraestructura y el acceso a la tecnología; el desarrollo de capacidades para la empleabilidad, la generación de oportunidades de empleo y la creación y habilitación de espacios públicos, con participación comprometida de los gobiernos locales y las instituciones nacionales.

De la misma forma, el impacto de eventos destructivos, incluso si no llegan a un nivel de desastre pueden convertirse en un factor de incremento de la pobreza debido a sus efectos sobre la producción, la infraestructura pública y servicios, así como sobre los medios de vida y bienes de las personas en un territorio. Está claro además que las comunidades en situación de pobreza suelen estar más expuestas a estos embates y sufrir efectos mayores debido a una alta exposición a las amenazas, la falta de infraestructura adecuada, viviendas seguras y menor capacidad para recuperarse de las consecuencias, que pueden llegar a ser de muy largo plazo.

Los efectos mayores de los eventos de este período se han dado en zonas cercanas a la frontera norte y sur, y que además son cantones con bajos IDH. En este sentido es importante resaltar como un problema estructural el hecho de que los cantones del territorio Norte-Norte, Upala, Los Chiles y Guatuso presentan una importante recurrencia de eventos casi anual, generando una acumulación de daños y pérdidas en periodos tan cortos que no dan oportunidad para una recuperación, reactivación y mejora de los indicadores de desarrollo.

El informe concluye, que cuando el desarrollo humano no es suficiente o se deteriora, nos encontramos frente a una distorsión que constituye uno de los factores subyacentes para explicar la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales, los niveles territoriales de desarrollo humano por debajo del promedio nacional, presentan altas manifestaciones de violencia, delito y destrucción en los hogares y comunidades de las zonas costeras y fronterizas. (PNUD, AtlasdeDesarrolloHumanoCantonal,2024).

Algunos cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 que, aunque no son nuevos, deberían preocuparnos

German Masís Morales

La reciente Encuesta Nacional Agropecuaria elaborada por el INEC para el año 2023, tiene entre sus principales revelaciones un descenso significativo en el área sembrada de los cultivos anuales con respecto al año 2022 y un descenso menor en los cultivos permanentes entre los dos años. Son en total, más de 27 mil hectáreas (27.556), 21.454 has en cultivos anuales y 6.102 has, de área dedicada a la producción agrícola, que debiera generar preocupación en los sectores y organizaciones vinculados a la actividad agrícola, en las autoridades del sector y en general en la población que depende de esas actividades.

El descenso en el área dedicada a los cultivos anuales es provocado principalmente por el descenso en el área de producción de arroz y en menor medida en las áreas de maíz y papá en el último año, En cuanto a los cultivos permanentes, el descenso en el área se dio sobre todo en las áreas de producción café, banano, caña y plátano.

Los cambios en el área y producción de arroz entre el año 2022 y 2023, son realmente agudos y determinantes, ya que el área pasó de 33.586 has en el primer año a 13.770 has y una producción de 145.302 Toneladas a 63.518 ton.

En el caso del maíz, la variación fue un área de 7.175 has a 5.149 has entre los años, mientras que la producción tuvo más bien un repunte de 10.246 ton. A 11.157 ton. En papa, la variación es importante en el área, pasando de 2.912 has en 2022 a 1.686 en el 2023 y también en lo que respecta a la producción, pasando de 48.171 ton a 37.528 ton.

En otros cultivos anuales, como el frijol, hubo un aumento del área y de la producción entre los dos años, pasando de 8.653 has a 9.074 has y de 10.246 ton a 11.157 ton., la yuca que pasó de 7.084 has a 7693 ton y la producción de 78.275 ton a 86.354 ton, también hay una variación en el cultivo de ñampí de 596 has a 1162 has y en la producción de 8.047 ton a 11.139 ton. Entre el 2022 y el 2023.

En los cultivos permanentes, el café tuvo una variación importante entre el 2022 y 2023, pasando de un área de 77.352 has a 74.000 has y en producción de 436.473 ton a 416.215 ton, mientras que en banano el área pasó de 48.369 has a 47.766 has y en la producción si tuvo un ligero repunte de 2,397.933 ton a 2,439.825 ton, por su parte la caña de azúcar tuvo una reducción en el área pasando de 57.006 has a 56.619 has y en la producción una reducción de 3,366 ton a 3,191.449 ton, también en la producción de plátano hubo una reducción en el área pasando de 10.697 has a 8.774 has, aunque la producción fue similar en los dos años, con 72.083 ton y 72.877 ton en ambos años.

En el mango y la naranja, también ocurrió un descenso del área entre el 2022 y el 2023, pasando de 6.217 has a 5.637 has el primero y de13.220 has a 12.847 has el segundo, en tanto en la producción la variación fue significativa, pasando de 30.187 ton a 24.583 ton el mango y de 289.564 ton a 174.626 ton la naranja. El palmito fue otro cultivo que se redujo un poco el área y la producción, pasando de 3.231 has a 3.200 has y de 3.203 ton a 2.883 ton entre los dos años.

Sólo los cultivos de palma aceitera y de chayote tuvieron un aumento en el área y la producción, el primero más en el área, pasando de 68.288 has a 69.398 has que en la producción que fue similar de 1,1040.239 ton a 1,109.441 ton, y de 407 has a 444 has el área y de 28.990 ton a 39.785 ton el segundo.

Lo dijimos el año anterior, con respecto al análisis comparativo de la Encuesta Nacional Agrícola de 2022 y del 2020 y lo reiteramos ahora con relación al análisis de la ENA del 2023 con relación al 2022, con diferencias en el área sembrada y en la producción de las actividades analizadas, de 19.816 has y de 81.764 toneladas en arroz, de 2.026 has en maíz, de 1.226 has en yuca en los cultivos anuales y de 3.352 has y 20.258 toneladas en café, de 603 has en banano y de 1.933 has en plátano y de 387 has en caña, estas variaciones en la producción agrícola, debiera llamar la atención de las autoridades del sector agropecuario, de las organizaciones y de los consumidores.

Esta reducción en el área y en algunos casos también en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre el uso de las tierras y su utilización en otras actividades en algunas regiones periféricas del país, sobre el empleo agrícola y la salida de productores de la actividad y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que en algunas de ellas podríamos estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación(como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol) o al aumento en el ingreso ilegal de productos(como ha ocurrido con la cebolla y la papa).

Las razones de la reducción de las áreas sembradas en el 2022 eran atribuidas a los fenómenos de la pandemia y el aumento de los precios de los insumos agrícolas, como se mencionó en un artículo anterior (Alterdes.com,2022), pero la tendencia actual hacia la reducción de las áreas y la producción puede deberse al deterioro estructural de la actividad agrícola, que se viene reflejando constantemente en las ediciones de la Encuesta agropecuaria.

Si se compararan las cifras de áreas sembradas del 2023, igual que en el 2022 y el 2020, con las del censo agropecuario del 2012, se podría confirmar la tendencia de mediano plazo en la reducción de las áreas en la mayoría de las actividades, poniendo en evidencia que la producción agroalimentaria, en especial para el mercado interno, presenta un deterioro irreversible, por la dedicación de las áreas a otras actividades económicas(turismo, inmobiliario) en algunas zonas del país y por la baja inversión en las actividades agropecuarias y/o la disminución de la asistencia tecnológica hacia ellas.

Dijimos hace un año que, abandonar más la producción agroalimentaria nacional no es posible, y constatar la ausencia de políticas adecuadas para el fortalecimiento del sector es un ejercicio sencillo, pero ¿qué estamos haciendo para rescatar la producción agrícola?

Imagen: INEC

El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector

German Masís

Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el cambio climático señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente los desafíos del sistema alimentario.

El informe afirma, que, si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Agrega que, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes concluye que, si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió también, determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa

Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.

En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes, comunicado, febrero 2024)

En concordancia con el análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.

El presidente de la Cámara mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan. 

Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.

Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.

También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024).

Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024).

La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.

Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.

No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.

Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.

A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.

Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever dictámenes poco favorables a su aprobación.

Estos proyectos particulares, aunque no proponen transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.

Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.

En la situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, esa propuesta señalaba que:

La mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.

Además, esa agricultura se ve amenazada por:

-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados

-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos

-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.

En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la economía nacional.

Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta de políticas eran:

  1. Mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
  2. Democratizar el acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
  3. Promover la innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
  4. Mejorar la gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
  5. Fomentar la Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias

6.Formular un proyecto de ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas Agrícolas,octubre 2014)

Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.

Debemos cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.

El país y sus regiones eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.

Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos. 

La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores (fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.

Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.

Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.

Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.

Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.

Imagen ilustrativa, UCR.

La competitividad de los cantones de Costa Rica: entre las desigualdades crónicas, las particularidades y los avances del desarrollo territorial costarricense

German Masís

En diciembre anterior se presentó el III informe de Competitividad Nacional 2023 elaborado por el Consejo para la Promoción de la Competitividad. El . (ICN) del que se basa el informe, tiene el objetivo de mostrar de forma resumida, a través de un indicador sintético, el nivel de competitividad de los cantones de Costa Rica, mediante la interacción de seis pilares que, de forma conjunta, aproximan el concepto de competitividad. Estos son: Instituciones, Infraestructura, Adopción de las tecnologías de información y comunicación, Salud, Habilidades y competencias, y Dinamismo de mercados.

El desempeño de los 82 cantones del país, en los pilares y dimensiones de la competitividad, revela en buena medida el nivel desarrollo de cada cantón y la dinámica social, educativa, económica, productiva y ambiental de cada uno de ellos, generando una expectativa sobre el nivel de competitividad general y particular que tiene el cantón en que cada persona reside.

En el año 2021 había sido fue presentado el I Informe de Competitividad Nacional, donde solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), poseían condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se podían calificar como competentes.

La situación era muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tenían condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidenciaba una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021)

El estudio referido del INC revelaba que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones eran muy variadas, una de las más importantes es la educación. La publicación señalaba que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional.

También indicaba que, en caso de los cantones peor evaluados, también existían explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad. La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, era cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado

Por su parte, según aquel el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso era uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses. (Alterdes.com,2022)

En el informe de Competitividad del 2023, también 12 de los 82 cantones, aproximadamente el 7% (6 cantones) muestran un desempeño altamente competente en materia de competitividad, y otros 16 cantones (20%) exhiben un nivel competente, por lo que en general, un total de 22 cantones del país lideran el ranquin con niveles de competitividad bastante elevados.

Otros 27 cantones se clasifican dentro de la categoría de emergentes, es decir, cantones que tienen buen nivel de desempeño en algunos pilares y dimensiones, pero bajo nivel en muchos otros, lo que les da una gran ventana de posibilidades de crecimiento y mejora.

Finalmente, 20 cantones fueron clasificados en la categoría de desempeño limitado, debido a que exhiben bajos niveles de competitividad en la mayoría de sus dimensiones, y otros 13 se ubican en la parte más baja del ranking, con un desempeño deficiente o extremadamente bajas puntuaciones obtenidas en todas sus dimensiones y pilares.

Los cantones con menor nivel de competitividad fueron Talamanca, Matina, Los Chiles, Garabito, Guatuso y Coto Brus, Corredores, Río Cuarto, Upala, La Cruz, Turrubares, Sarapiquí y Parrita, con las puntuaciones más bajas, lo que los ubica en la categoría de desempeño “Deficiente” La mayoría de los cantones con desempeño limitado o deficiente forman parte de los cantones costeros y fronterizos.

Por provincias y regiones, de los cantones con desempeño limitado, 6 son de Puntarenas, 4 de Guanacaste, 4 de San José, 3 de Limón, 2 de Cartago y 1 de Alajuela y por regiones, 7 son del pacífico central, 4 de la región Chorotega, 3 de la zona de los Santos y 1 de la Central Sur de San José, 3 de la Huetar Atlántica, y 2 de Cartago y del sector oriental de la región Central.

Entre los cantones considerados deficientes, 4 son de Puntarenas y del Pacífico Central y Sur, 3 de Alajuela y la región Huetar Norte, 2 de Limón y la Huetar Atlántica, 1 de Heredia y otro de Alajuela en la región Huetar Norte, 1 de Guanacaste y la región Chorotega norte, 1 de San José en la región Central Sur.

Al descomponer cada uno de los pilares y dimensiones, los ránquines arrojan ordenamientos distintos de los cantones, según los distintos pilares y las dimensiones que los conforman. De esta manera, según los resultados del ICN, en el pilar 1 de las instituciones, San Carlos, Tarrazú y Esparza se encuentran en los primeros 10 lugares, llamando la atención Tarrazú, por ser un cantón con un desempeño limitado en el índice general, pero que se ubica entre los 10 mejores en el pilar de instituciones. Esto obedece al buen puntaje que tiene el cantón en seguridad y trámites ágiles (en ambos indicadores tiene el cuarto mejor resultado entre los 82 cantones).

En la dimensión de seguridad, los 10 cantones menos expuestos a situaciones delictivas, que amenazan la seguridad de sus habitantes y sus empresas, son: Acosta, Nandayure, Dota, Tarrazú, León Cortés Castro, Zarcero, Paraíso, Vázquez de Coronado, Alvarado y Hojancha, la mayoría de las provincias y regiones periféricas.

Mientras en la misma dimensión, los cantones más inseguros (expuestos a delitos como homicidios, asaltos, robos, hurtos, tacha y robo de vehículos) son: Garabito (el que afronta la peor situación), Quepos, San José, Parrita, Osa, Matina, Talamanca, Orotina, Turrubares y Limón. Cuatro de estos cantones están ubicados en Puntarenas y tres en Limón y todos (excepto San José) tienen desempeño limitado o deficiente en el indicador general de competitividad, lo cual muestra que tienen debilidades para generar oportunidades para su población. Los resultados indican que las costas y fronteras afrontan mayores problemas de seguridad.

En la dimensión de capital social, que incluye la participación en elecciones nacionales y municipales, Dota mantiene el primer lugar, a pesar de ubicarse con una competitividad limitada, igual que Tarrazú con igual condición se ubica en los 10 primeros en esta dimensión.

La dimensión trámites ágiles, que mide tiempos de respuesta de las Municipalidades a las demandas de servicios, este año la lidera Osa, un cantón con desempeño limitado en el índice general, mientras que San Carlos, Tarrazú, Esparza, Bagaces, Pococí y Nandayure, están entre los 10 primeros.

Mientras que la dimensión de transparencia municipal la lideran Pococí, Talamanca y Los Chiles, donde llama la atención la situación de Talamanca y Los Chiles, cantones que se ubican entre los últimos lugares del Índice de Competitividad Nacional (puestos 80 y 82), pero destacan en transparencia municipal.

En transformación digital, que se refiere al uso de las tecnologías de información para mejorar los servicios públicos, San Carlos, Limón, Turrialba, Esparza y Puriscal, ubicados fuera de la GAM se ubican entre los 10 primeros.

Situación diferente ocurre en el pilar 2 de infraestructura, donde 9 de los cantones mejor calificados son de la GAM y sólo San Carlos está fuera de ella. Por su parte, de los 10 cantones con más rezagos en infraestructura, todos están fuera de la GAM y 9 son costeros o fronterizos: Corredores, Talamanca, Los Chiles, Coto Brus, Puntarenas, Nandayure, Sarapiquí, Abangares, León Cortés Castro (el único no costero o fronterizo) y Upala

En la dimensión de conectividad vial la que mide los factores de desplazamiento vial por carretera, son cantones, en su mayoría fuera de la GAM, los que se ubican en los primeros lugares: Turrubares, que tiene la menor densidad en población, seguido por San Mateo, Mora, Cañas, Puriscal, Poás, San Ramón, Naranjo, Valverde Vega y Aserrí.

La dimensión de acceso a servicios públicos (incluye acceso a agua potable, electricidad, eliminación de excretas y eliminación de basura), en la que dominan los cantones de las provincias centrales, hay seis cantones con puntuaciones muy bajas (promedio de 70): Talamanca (el más bajo), Los Chiles, Buenos Aires y Upala. En particular, en Talamanca, son poco más de la mitad de los hogares los que tienen acceso a agua potable y sólo el 80% cuenta con acceso a electricidad.

En cuanto a la dimensión de acceso a servicios municipales (inversión en sitios públicos como parques y salones comunales y aseo de vías) destacan con mejor puntuación los cantones de Aserrí, Nicoya, San Carlos, Buenos Aires, Cañas y Turrialba de fuera de la GAM.

En el pilar 3 de la adopción de las tecnologías de información y comunicación a lo interno de los territorios costarricenses; es evidente un patrón de adentro hacia afuera, muy influenciado por el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país, y que, por la alta concentración de la demanda en el centro del territorio nacional, lo que ha generado una oferta desigual entre los cantones. El cantón que encabeza el pilar es Montes de Oca, seguido de San Pablo, Alajuela y Escazú y en los últimos lugares se encuentran Río Cuarto, Los Chiles, Guatuso y Talamanca.

En la dimensión de redes de datos móviles (internet móvil) Osa, Oreamuno, Tibás, San Mateo y Montes de Oca encabezan los primeros lugares y los más rezagados son Río Cuarto, Guatuso, Buenos Aires, Talamanca y Nandayure.

La dimensión redes de voz móviles (telefonía móvil) es la que muestra los niveles promedio de desempeño más alto, en comparación con las otras cuatro dimensiones de este pilar, y el mejor resultado lo tiene el cantón de Sarapiquí, seguido por Guácimo, Alajuela, Matina y Liberia y en los últimos lugares se encuentran: Río Cuarto, Coto Brus, Turrubares y Upala.

En redes fijas, que muestran el acceso a Internet, la situación es muy distinta, no solo porque el despliegue aún sigue en niveles bajos, sino también porque se concentra en mayor medida en la región Central. Los servicios de internet de banda ancha fija en las viviendas con respecto al total de viviendas del cantón muestran tasas mayores en aquellos ubicados en la Región Central, liderado por Alajuela, Escazú, Heredia, San José, Santa Ana y Goicoechea. En los últimos lugares están Río Cuarto, Alvarado, Los Chiles y Valverde Vega.

En la dimensión de acceso a tecnologías de información y comunicación en los hogares (incluye acceso a internet y presencia de dispositivos para acceso dentro del hogar, tanto celulares como computadoras) lideran los cantones heredianos de Barva, con un puntaje de 72,8; San Pablo, Heredia y San Isidro y en el otro extremo se ubica Talamanca con un puntaje de 32,7. Por ejemplo, mientras que en Barva el 70% de los hogares tiene acceso a Internet, en Los Chiles es apenas el 15% y mientras que en San Pablo el 59% de los hogares tiene computadora, en Talamanca es apenas el 5,5%.

Una dimensión muy importante es el acceso a las tecnologías de información y comunicación dentro del sistema educativo. Son los centros educativos de Montes de Oca, San Pablo, San Isidro, Barva y Escazú los que tienen un alto porcentaje de estudiantes con acceso a internet y computadoras en los centros educativos. En el otro extremo se encuentran los estudiantes de Río Cuarto (de último), Montes de Oro, Talamanca, Matina y Siquirres.

Los cantones con peores condiciones en materia de telecomunicaciones y acceso a dispositivos tecnológicos se caracterizan por el bajo nivel de despliegue de redes fijas de internet, que ha impactado el nivel de acceso al servicio de internet en hogares y centros educativos de esos cantones

En el cuarto pilar de la Salud, los resultados del ICN 2023 muestran que los cantones con puntuaciones más altas son: Montes de Oca, Hojancha, San Pablo, Atenas y Belén. Mientras que los cantones con menores puntajes en este pilar / dimensión son: Matina (de último), Dota, Garabito, Talamanca y Limón.

Al analizar los tres indicadores que conforman este pilar / dimensión, destacan altos puntajes de esperanza de vida en prácticamente todos los cantones. Dicha esperanza va desde 73,9 años en Garabito hasta 84,8 años en el cantón de San Mateo.

En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, destaca el caso de Dota con la mayor tasa (45,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos), le sigue León Cortés con 21,4. Estos cantones superan en gran medida el promedio de todos los cantones, que es de 9,1 por cada 1.000 nacidos. Por otro lado, cantones como La Cruz, Valverde Vega, Nandayure, Turrubares, San Isidro, Hojancha, Atenas, Tilarán, Mora, Belén y Esparza todos los nacidos sobrevivieron en el 2022.

El Quinto pilar: Habilidades y Competencias, los primeros 19 cantones con mejor puntuación pertenecen a la Región Central, encabezan la lista Montes de Oca, Heredia, Santo Domingo, Moravia y Belén. En general, el patrón de ubicación espacial muestra más cantones agrupados en las categorías de puntajes bajos y muy bajos, con tendencia a concentrarse en las zonas costeras y fronterizas

En los cantones que están en los primeros lugares, aun cuando estos cantones están mejor que otros, los resultados son pobres y preocupantes. Por ejemplo, en Montes de Oca, que es el cantón con mejor resultado en esta dimensión, los años de escolaridad promedio de la población adulta son 10,3; lo cual no alcanza ni para completar la secundaria y tiene apenas un poco más de la mitad de los adultos (el 54%) con la secundaria concluida.

En el otro extremo se encuentra Los Chiles, con una población adulta con apenas 5,6 años de escolaridad en promedio, (ni siquiera alcanza para completar la primaria) y con apenas el 14,4% de su población adulta con secundaria concluida. Los años de escolaridad promedio de los 82 cantones son de 7,7; muy bajo para un país de renta media como Costa Rica.

La dimensión de habilidades técnicas evalúa el grado de disponibilidad de técnicos graduados en las áreas de tecnologías de información y comunicación, turismo, inglés, y otros campos de las ramas técnicas. Es importante destacar que son 5 cantones, fuera de la GAM, los que lideran esta dimensión: León Cortés Castro, (que además tiene desempeño limitado), Liberia, Naranjo, Limón y Puntarenas.

Caso contrario ocurre con la dimensión de habilidades en ciencia y tecnología, en esta dimensión los primeros lugares corresponden a cantones de la GAM: Montes de Oca, San Pablo, Flores, Moravia y Atenas. En esta dimensión, los cantones de la GAM tienen una puntuación que casi duplica a los que están fuera de la GAM (49,8 puntos contra 29,4 puntos).

En la dimensión de cobertura educativa, llama la atención que dominan los cantones fuera de GAM: Turrubares, Nandayure, Buenos Aires, Mora (el único de la GAM en el top 10), Zarcero, Acosta, Jiménez, Tilarán, León Cortés Castro y Nicoya, al tener tasas brutas de escolaridad muy altas y mantener una proporción relativamente baja de alumnos por maestro. En el otro extremo se encuentran Alajuelita (de último), Goicoechea, Garabito, Tibás y San Rafael.

Por su parte el Sexto pilar: Dinamismo de mercados, que analiza el dinamismo de mercados incluye las relaciones comerciales entre cantones y tiene varias dimensiones; al separar este pilar por dimensiones, los cantones con mejores puntajes en encadenamientos productivos son San José, Escazú, Santa Ana, Liberia y Belén. En el otro extremo se encuentran: León Cortés Castro (de último), Jiménez, Turrubares, Alvarado y Hojancha.

El Informe Estado de la Nación, del 2021 había identificado el caso de Liberia, Pérez Zeledón, Pococí y San Carlos como polos regionales fuera de la GAM, pues estos cantones tienen los valores más altos, entre los cantones fuera de la GAM, en la métrica de intermediación en la red intercantonal.

En la dimensión de producción dominan igualmente en los primeros lugares los cantones de la GAM: San José, Alajuela, Heredia, Belén, Escazú, Cartago, Santa Ana, Montes de Oca; sin embargo, también destacan dos cantones fuera de la GAM: Liberia y San Carlos. En los últimos lugares de esta dimensión se encuentran Hojancha y Turrubares.

El Programa Estado de La Nación llamó la atención de que San José, Heredia, Alajuela y Cartago concentran la mayor parte de la producción del país (44,6%), en un artículo publicado en marzo del 2022, lo cual evidencia la importancia de impulsar la producción fuera de la GAM. En la dimensión exportación de bienes el que lidera es el cantón central de Alajuela, seguido por Heredia, Belén, Cartago y San Carlos. En el otro extremo hay cantones de los cuales no se producen bienes para vender en el extranjero: Turrubares, Alajuelita, León Cortes Castro, San Mateo, Santa Cruz, Golfito, San Rafael, Zarcero, Hojancha, Aserrí y Tilarán.

En el sector constructivo, que mide el nivel de crecimiento de esta rama de la actividad económica, los cantones con mayor puntaje este año son: San Pablo, Carrillo, Escazú, Aserrí, Los Chiles, Grecia, Cañas, Puntarenas, San Rafael y Garabito. Llama la atención el caso de Los Chiles, un cantón con desempeño deficiente, pero destaca en el crecimiento de la construcción de industrias, así como Carrillo, Cañas, Puntarenas y Garabito. Los cantones con poco dinamismo en la construcción son: Turrubares (de último), Matina, Puriscal y Jiménez.

 En la dimensión sector eléctrico, que aproxima la calidad de los servicios de electricidad, así como el costo de estos, los mejores puntajes corresponden a cantones de Cartago y Heredia: Oreamuno, Alvarado, Paraíso, Cartago, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Flores y Heredia.

En el otro extremo de la dimensión sector eléctrico, se encuentran cantones con menores niveles de desempeño en competitividad como: Acosta (de último), Mora, Dota, León Cortés Castro, Aserrí, Quepos, Tarrazú, Guatuso, Talamanca y Parrita. Todos estos tienen desempeño limitado o deficiente y 8 están fuera de la GAM.

En la dimensión del sector laboral, los 18 cantones con mayor puntaje en el sector laboral son de la GAM y de la Región Central: San Pablo, Tibás, Montes de Oca, Escazú, Barva, Santa Ana, Santo Domingo, Heredia, Belén, Goicoechea, Flores, San Rafael, La Unión, San José, Alajuelita, Desamparados y Curridabat; mientras que los 27 cantones que están en los últimos lugares están fuera de la GAM y tienen menores desempeños en competitividad.

No obstante, al separar por indicadores hay resultados que llaman la atención. Por ejemplo, el desempleo promedio entre cantones fue de 13,6% según los datos del SINIRUBE del año 2022, oscilando entre 8,4% en Acosta y 19,3% en Garabito (Garabito tiene también la cuarta tasa de homicidios más alta) y es similar en la GAM (13,2%) y fuera de la GAM (13,8%). La brecha es mayor si son cantones costeros o fronterizos (15,1%) que si no lo son (12,7%).

Los cantones con mayor porcentaje de personas desempleadas, que han estado en esa condición por más de un año, hay cantones altamente competentes como Santa Ana, de nuevo destaca Garabito, Escazú, Moravia y Vázquez de Coronado. Por otro lado, los cantones con menor porcentaje de personas desempleadas de alta duración son: Alvarado, Montes de Oro, San Pablo y León Cortés Castro. En estabilidad en el empleo, que es el porcentaje de personas ocupadas que cuentan con trabajos permanentes o por tiempo indefinido, lo lidera Montes de Oca (el cantón con mayor escolaridad de la población adulta), Santa Ana y Barva, y en los últimos lugares se encuentran Talamanca, Los Chiles y Guatuso.

En brecha de género en empleo, cantidad de mujeres con empleo por cada 10 hombres con empleo, destaca que la brecha está en todos los cantones. El promedio por cantón es de 6,5 y oscila entre 8,3 en Goicoechea y 4,2 en Guatuso. Así Guatuso, Buenos Aires, Los Chiles y León Cortés, las mujeres tienen la mitad de las posibilidades que los hombres de conseguir empleo.

Los resultados en la dimensión de sostenibilidad del Índice Competitividad nacional 2023, muestran varios resultados generales que llaman la atención: el primero es que no hay un patrón tan marcado centro periferia como en otros indicadores en la dimensión de compromiso con la sostenibilidad, aunque sí hay diferencias. En general, los cantones de la GAM tienen mejor puntuación (46,6 en esta dimensión en el ICN 2023) que los que se ubican fuera de la GAM (40,2).

Sin embargo, hay cantones en la costa pacífica, como Golfito, Osa, Quepos, Hojancha, Nicoya y Santa Cruz, con puntuaciones altas. En la costa Atlántica son menos los cantones con puntuaciones altas, destaca Siquirres.

A Santo Domingo, que es el cantón mejor calificado en esta dimensión, le siguen Santa Ana, León Cortés, Golfito, Belén, San Isidro, Curridabat, Hojancha, Esparza y La Unión. En estos 10 primeros lugares, 6 cantones son de la GAM (Gran Área Metropolitana).

Hay cantones que tienen puntajes muy bajos, como Guatuso, que apenas tiene un 1 de 100. A Guatuso le siguen en los 10 últimos lugares: Valverde Vega, Alajuelita, Puntarenas, Talamanca, La Cruz, Río Cuarto, Buenos Aires, Dota y Mora. En esta lista dominan los cantones fuera de la GAM (8 de 10).

El tercer resultado general llamativo es que entre los 20 cantones que más mejoraron en esta dimensión respecto al resultado del índice 2022, 15 están ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana. Destacan entre los que registraron mayores mejoras: Parrita, Hojancha, Guácimo, Paraíso y Tarrazú.

En el aprovechamiento de residuos recolectados los puntajes son bajos, pero el que logra la mayor nota es el cantón de Nandayure con un 44 de 100 y llama la atención que otros de los cantones que han hecho mejor esta tarea respecto a los demás son Río Cuarto, Buenos Aires, San Isidro y Alvarado, estos cantones tienen la característica de que aprovechan 17% o más de los residuos.

En inversión per cápita en protección del medio ambiente, el cantón de Paraíso, con un monto de ₡35.524 se aleja en buena medida de todos los demás. El que le sigue es Santa Cruz, con una inversión por persona de ₡6.853. El monto promedio es de ₡1.374. Llama la atención que los cantones de Escazú, Montes de Oro y Nandayure no contaron con recursos ejecutados en esta partida, según información de la CGR. En este indicador hay una brecha importante entre los cantones de la GAM (₡2.198) y fuera de la GAM (₡920).

En hogares con acceso a agua potable, aunque el país, en general, tiene resultados positivos, todavía hay brechas importantes en su territorio. Hay cantones, como San Isidro o Curridabat donde un 97% de los hogares tienen acceso a ese servicio y otros como Talamanca y Dota donde el servicio lo reciben poco más de la mitad de los hogares (57% y 59% de los hogares, respectivamente).

En el ICN 2023, si algo puede constatarse con respecto a la versión del 2021, es una mejora en los niveles de competitividad de muchos cantones, dado que 42 tuvieron un incremento significativo en su nivel de puntuación con respecto al año anterior.

Este listado lo encabeza el cantón de León Cortés, que creció 7,5 puntos al pasar de 46,6 a 54,2 puntos con respecto a la edición anterior. De seguido, los cantones de Turrubares, Golfito, La Cruz y Guácimo completan la lista de los primeros 5 cantones que tuvieron mayor crecimiento absoluto en su resultado de competitividad del año 2022 al 2023, todos ellos cantones fuera de la GAM.

Los datos muestran que 20 de los 82 cantones tuvieron mejoras significativas en la puntuación del Pilar de Instituciones; 18 crecieron de manera sustancial en el Pilar de Infraestructura; 12 lo hicieron en el Pilar de Salud y 44 en el pilar de Habilidades y Competencias. Pero sin lugar a duda, el principal potenciador de los niveles de competitividad en el país fue el Pilar de Adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación, ya que 81 de los 82 cantones crecieron uno o más puntos en este pilar

El pilar de Adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación es el que más aportó a la mejora de la competitividad, y es de hecho el único en el que todas sus dimensiones aportaron de forma significativa a la mejora de la competitividad.

El acceso a servicios públicos mejoró en 38 cantones, movido principalmente por el aumento del acceso al servicio de eliminación de basura en 21 cantones (como León Cortés, Acosta, Puriscal, Turrubares, Sarapiquí y Talamanca), y un repunte en la cobertura de acceso a agua potable en 18 cantones (incluyendo Alvarado, Dota, Santa Bárbara y Osa).

El acceso a servicios públicos municipales mejoró en 19 cantones, debido a un aumento en la inversión en servicios sociales y complementarios, y también en la inversión en servicios educativos, culturales y deportivos, en al menos la quinta parte de los gobiernos locales. (CPC,III Informe de Competitividad Nacional 2023)

De esta manera, bajo el lema de Fortalecer la Competitividad de forma Sostenible de este III Informe, revela que frente a las profundas desigualdades en la competitividad de los cantones pertenecientes a la GAM y los de las regiones periféricas, existen particularidades de algunos cantones con un desempeño general limitado o deficiente que han podido avanzar en algunas dimensiones específicas, como el caso de Tarrazú a nivel institucional, Osa como líder en trámites rápidos, Dota en capital social, Talamanca y Los Chiles en transparencia municipal y Nicoya y Buenos Aires en servicios municipales.

Otros cantones destacan en otras dimensiones de la competitividad cantonal, como Garabito y San Mateo con la mayor esperanza de vida, La Cruz, Turrubares, Nandayure y Hojancha con las menores tasas de mortalidad infantil, mientras que León Cortes, Liberia, limón y Puntarenas lideran en habilidades técnicas y Turrubares, Nandayure, Buenos Aires, Acosta, León Cortés y Nicoya en cobertura educativa.

Finalmente, cantones como Golfito, Osa, Quepos, Hojancha, Nicoya y Santa Cruz tienen las puntuaciones más altas en la dimensión de sostenibilidad.

Este informe de Competitividad nacional, al igual que lo han hecho antes el de Competitividad cantonal de la Universidad de Costa Rica y el de la matriz insumo-producto del Banco Central, confirman que aunque la actividad económica, la producción y los servicios se encuentran en buena medida concentrados en las 4 provincias principales de la GAM y la mayoría de sus cantones, la institucionalidad regional y la gestión de las propias comunidades, ha permitido el avance promisorio de cantones pertenecientes a las regiones periféricas en algunas áreas específicas de la competitividad y del desarrollo, haciendo válido el desafío presente y futuro de procurar un desarrollo integral de los cantones, provincias y regiones periféricas.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, menos área productiva y menos producción en la mayoría de las actividades como tendencia

German Masís

Se revelaron los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada por el INEC en el año 2023, con datos correspondientes al ciclo productivo 2022, los cuales, para el lector poco interesado, puede que tengan poca relevancia. No obstante, para el ciudadano interesado en la situación actual y en el futuro de la actividad agropecuaria, debe revelar al menos una tendencia, que es hacia la reducción del área sembrada para casi todas las actividades y en algunas de ellas también en la producción obtenida en comparación con el año 2020, es decir en sólo 2 años.

En la ENA 2022, se establece que los granos básicos representan el 78.3% de los cultivos anuales de Costa Rica y que, si bien el café fue el cultivo permanente con la mayor extensión sembrada y cosechada, su producción no fue de las mayores de los cultivos permanentes, que corresponde a la caña de azúcar, al banano y la palma aceitera que en su conjunto alcanzaron el 88.6% de la producción de estos cultivos en el país, (INEC, Comunicado de prensa,2023). Entre los cultivos permanentes se encuentra también el cultivo de la piña, pero esta actividad no se incluye en la encuesta nacional.

Según la ENA, el año pasado se sembró de arroz 33.586.4 has, que es el 53.2% de los ochos cultivos anuales estudiados y se obtuvo una producción de 145.302,5 toneladas métricas (TM). Estas cifras reflejan que el arroz tuvo la mayor extensión sembrada, cosechada y la producción más alta de los cultivos anuales.

Sin embargo, comparando el área y la producción de arroz del año 2020 (encuesta nacional 2021), que fue de 38.112,7 hectáreas, hubo una reducción de casi 4 mil hectáreas entre el 2022 y el 2020, aunque en la producción que fue de 137.503,5 toneladas métricas en el 2020, si hubo un aumento de más de 7 mil TM. en el año 2022. Un dato importante es que en el 2020 se destinaba el 98,8 % de la producción a la industria y en el 2022 se destina el 83% de la producción nacional, como resultado del aumento progresivo del producto importado, situación que se va a profundizar con la Ruta del arroz, y la salida de una cantidad importante de productores de la actividad.

Con respecto al cultivo de frijol, el área sembrada en el 2022 fue de 8.653,3 has sembradas y una producción de 6.000,2 TM. Mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 9.452,3 hectáreas, 800 has más que en el último año y la producción obtenida fue de 5 308,4 toneladas métricas, un poco menor que la del 2022.

En cuanto al maíz, en el 2022 se sembraron 7.175,9 ha sembradas y se tuvo una producción de 10.246,1 TM., en tanto el área sembrada en 2020, fue de 8.376,2 hectáreas, es decir 1.200 has más que el 2022 y una a producción obtenida este año de 14.180,6 toneladas métricas, es decir cerca de 4 mil toneladas más en el 2020, resultado al parecer de un mayor rendimiento por hectárea.

Dentro de las raíces y tubérculos, destaca la yuca con un área sembrada de 7.084,4 ha y una producción de 78.275,6 TM. en el 2022, frente a un área de 11.161,1 hectáreas y una producción de 97.201,0 toneladas métricas en el 2020; que marca una diferencia de más de 4 mil has sembradas y de 18 mil toneladas de producto entre aquel año y el 2022.

En el caso de la papa se reportó para el 2022 un área de 2.912,4 ha, y una producción de 48.171,6 TM. para el 2022, en tanto para el 2020, el área sembrada fue de 2.816,3 hectáreas, y la producción obtenida fue de 47.619,3 toneladas métricas; con escasas diferencias entre un año y otro tanto en área como en producción.

Por su parte para la cebolla, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 reveló una extensión sembrada de 1.422,8 ha y una producción de 32.184,4 TM., mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 1.884,9 hectáreas y la producción obtenida fue de 36 546,3 toneladas métricas; con diferencias de más de 400 has y más de 4 mil TM entre uno y otro año.

Entre los cultivos permanentes, según los principales resultados de la ENA 2022, la caña tuvo un área sembrada 57.006,2 ha sembradas y una producción de 3,366.915,7, en tanto en 2020, el área sembrada fue de 60.750,0 hectáreas y la producción obtenida fue de 4, 194.596,7 toneladas métricas, con una diferencia que de más de 3.700 has sembradas.

Seguidamente, el banano con un área sembrada de 48.369,2 ha sembradas y la producción obtenida de 2.307 933,3 TM, cifras que eran mayores en el 2020, con el área sembrada de 54.783,6 hectáreas y la producción obtenida de 2,528.720,8 toneladas métricas. Es muy significativa la diferencia en el área sembrada entre uno y otro año, de más de 6 mil hectáreas.

Para el café, el área sembrada en 2022, según la ENA fue de 77.352,5 ha sembradas y una producción de 436.473,3 TM de producción, mientras que, en el 2020, el área sembrada fue de 80.210,3 hectáreas y la producción obtenida fue de 400.042,1 toneladas métricas, con una diferencia de más de 2.800 has sembradas en el 2020, aunque la producción es mayor en el 2022, probablemente por una mayor productividad de las plantaciones.

En cuanto a la palma aceitera, el área sembrada fue de 68.288,5 ha sembradas con una producción 1,040.239,3 TM en el 2022, frente al área sembrada de 72.898,1 hectáreas y una producción obtenida de 1,138.886,8 toneladas métricas en el 2020, cuya comparación revela un área sembrada mayor en este año de más de 2.600 has, con respecto al 2022.

El caso de la naranja, el área sembrada fue de 13.220,7 ha y la producción obtenida de 289.564,5 TM. el 2022, mientras en el 2020 el área sembrada de 13.354,1 hectáreas y la producción estimada fue de 258.234,3 toneladas métricas, con áreas y producciones muy similares en los dos años, así como en el volumen que se vende en el mercado interno que es entre un 27 y un 30%.

Respecto al mango, el área sembrada es de 6.217,4 ha área sembrada, y una producción 30.187,4 tm de producción para el 2022, en tanto para el 2020 el área sembrada fue de 7. 482,5 hectáreas y una producción obtenida fue de 23.812,1 toneladas métricas, registrando una diferencia de más de 1,200 has sembradas ese año, aunque se tuvo una producción menor en 2020, probablemente por un mayor rendimiento por hectárea.

Por su parte, el plátano presentó en el 2022, un área sembrada de 10.697,3 y una producción de 72.083,3 TM de producción, frente a un área sembrada de 10.860,3 hectáreas y una la producción obtenida de 84.412,8 toneladas métricas en el 2020, evidenciando áreas similares en ambos años, pero una producción mucho mayor en el 2020, de más de 12 mil TM.

Siguiendo el palmito, el área sembrada fue de 3.231,9 ha de sembradas y una producción de 3.203,3 TM de producción en el 2022, mientras que el área sembrada fue de 3.866,3 hectáreas y la producción fue de 3.218,6 toneladas métricas en el 2020, con una diferencia de más de 600 has sembradas, pero un volumen de producción similar, en el palmito también una parte pequeña se destina al mercado nacional.

Finalmente, el área sembrada de chayote fue 407,0 ha y la producción de 28.990,7 TM. en el 2022, en tanto en el 2020, el área sembrada fue de 493,6 hectáreas y la producción obtenida fue de 31.284,7 toneladas métricas, con una diferencia de más de 85 has sembradas y más de 2.200 TM. producidas en el 2020. (INEC, ENA,2022).

Las diferencias en el área sembrada y en menor medida en la producción de las actividades analizadas en la ENA, revelan con excepción de la papa y el plátano, descensos en el área sembrada, entre 6 mil has en el banano y 4 mil en el arroz, hasta 85 has en chayote y 800 en frijol, que debieran llamar la atención de las autoridades del sector agropecuario, de las organizaciones y de los consumidores.

Esta reducción en el área y en algunos casos en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, ya que en algunas de ellas podrían estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos productos alimentarios y un descenso mayor en éstas, llevaría al desabastecimiento y al aumento de la importación(como está ocurriendo con el arroz) o al ingreso ilegal de productos(como ha ocurrido algunos años con la cebolla).

Las razones de la reducción de las áreas sembradas en el 2022 podrían atribuirse a los fenómenos de la pandemia y el aumento de los precios de los insumos agrícolas, como se mencionó en un artículo anterior (Alterdes.com,2022), pero la tendencia hacia la reducción de las áreas ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria

Si se compararan las cifras de áreas sembradas y cosechadas del 2020 y el 2022 con las del censo agropecuario del 2012, se podría confirmar la tendencia de mediano plazo en la reducción de las áreas en la mayoría de las actividades, poniendo en evidencia que la producción agroalimentaria, en especial para el mercado interno, presenta un deterioro irreversible, por la dedicación de las áreas a otras actividades económicas(turismo, inmobiliario) en algunas zonas del país y por la baja inversión en las actividades agropecuarias y/o la disminución de la asistencia tecnológica hacia ellas.

Por la tendencia comprobada, la seguridad y la soberanía alimentaria del país está seriamente amenazada y no sólo porque se produce menos de los alimentos que los agricultores del país pueden producir, sino también porque en algunos productos se dedica y se consume una proporción menor en el mercado interno, porque se vende la totalidad de la producción al exterior y tiene que cubrirse el consumo nacional con producto importado.

Abandonar más la producción agroalimentaria nacional es difícil, pero que se formulen políticas adecuadas para el fortalecimiento del sector, a veces parece imposible.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Los pueblos más bonitos en el contexto del desarrollo turístico nacional, expresión del turismo sostenible

German Masís

En octubre del 2022, el sitio El Viajero Fisgón.com de España, que a través de los años ha identificado los pueblos más de bonitos de España y de otros países de Europa, señaló los 7 pueblos turísticos más bonitos de Costa Rica:

  1. Puerto Viejo de Talamanca
  2. Tortuguero
  3. Bribri
  4. Santa Teresa
  5. Mal País
  6. Montezuma
  7. Nosara

En las características atribuidas al país, la publicación afirmaba que “todos conocemos las virtudes naturales de Costa Rica, un país de una belleza y de una riqueza no comparables con ningún otro país del mundo. Allí el turismo es una forma de vida: Parques naturales, playas, volcanes… y también pueblos con encanto, que es de lo que vamos a hablar y hemos hecho una selección de siete”, que los describía de la siguiente manera.

  1. Puerto Viejo de Talamanca

A 212 kilómetros de la capital costarricense, San José, se encuentra este municipio en la costa atlántica. Se trata de un popular destino turístico conocido en la comunidad del surf por tener la más grande y poderosa ola en Costa Rica, llamada ‘Salsa Brava’. También es un sitio de hermosas playas, como Playa Chiquita, Playa Negra y Punta Uva, que son algunas de las más espectaculares de Costa Rica, y que se pueden encontrar entre Puerto Viejo y Manzanillo.

  1. Tortuguero

Como su propio nombre indica, este lugar tiene mucho que ver con las tortugas, y es que es famoso por el desove de tortugas en sus playas. También existen cantidades de monos, ranas, iguanas, peces, cocodrilos, manatíes, pumas y muchas otras especies de animales.

  1. Bribri

Muy cerca de la frontera con Panamá encontramos este reducto indígena de Costa Rica, de obligada visita y en el que podrás disfrutar de grandes tesoros naturales como la Cascada de Volio. Tiene algo más de 7.000 habitantes y lleva el nombre precisamente de Bribri porque así se llama la etnia indígena que lo habitaba y que aún hoy lo hace en parte.

  1. Santa Teresa

Se trata de un pueblo muy pequeño, pero con mucho que ofrecer, como sus playas de arena blanca por un lado, y decenas de actividades de carácter natural. Otra de las mecas del surf del país gracias a su particular oleaje.

  1. Mal País

Otra pequeña aldea playera, muy cerca de la ya mencionada Santa Teresa, aunque en este caso, Mal País es mucho más tranquila y menos desarrollada. Mal País ha conservado su ambiente sereno, incluso mientras los pueblos cercanos se han vuelto más comerciales. Si quieres evitar las grandes multitudes, este es el lugar perfecto.

  1. Montezuma

Otro de los pueblos que no puedes perderte es el de Montezuma, que en su origen fue una pequeña población de pescadores. Se encuentra dentro de altos acantilados y una jungla donde los riachuelos vierten sus aguas en arcos perfectos para crear las increíbles cascadas de Montezuma. En el centro de la ciudad, los turistas pueden deleitarse con sus encantadoras casas de madera, así como su vibrante vida. Hoy Montezuma conocido por su actitud bohemia y sus residentes artísticos.

  1. Nosara

Nosara es una comunidad de playa tranquila, ideal para los amantes de la naturaleza. Está situada en un lugar muy particular, porque allí es donde las tortugas se encuentran con los monos. Se trata también de un rincón sereno y virgen de Costa Rica, que ha disfrutado tanto de la protección del sistema de parques nacionales, como de los esfuerzos de los ciudadanos locales que mantienen las playas impecables y aseguran cientos de hectáreas de bosque de protección intercaladas con desarrollo en pequeña escala.

En el momento de esa publicación, diversas personas dejaron comentarios acerca de la escogencia de esos lugares, en donde uno de ellos argumentaba que la lista se queda demasiado corta, Costa Rica es demasiado lindo para decir que 7 lugares son los mejores, que en realidad éste es un país único en el mundo, donde cada rinconcito es un paraíso bendecido.

Otro indicó que Costa Rica tiene lugares extraordinarios y bellos, sitios específicos y muchos pueblos que son muy lindos.

Otro señaló que le parece más una lista turística costeña y los pueblos que no tienen mar quedan fuera, que también son maravillosos con sus valles ríos y montañas.

Otro más, agregó que habría que esclarecer lo que se conoce como un pueblo, pero habría que aceptar que en el sitio y la publicación prevalece la concepción de los pueblos en España, con sus características físicas, geográficas y culturales que han permanecido por siglos.

Muchos otros comentaristas se vieron motivados a señalar otros 7 pueblos que debieron haber sido incluidos tales como:

Zarcero, San Gerardo de Dota, Puerto Jiménez, Atenas, San Isidro de Heredia, Santa Gertrudis de Grecia, La Suiza de Turrialba, Dominical

Puerto Jiménez de Golfito en la Zona Sur, Hojancha y Tilarán en Guanacaste, Copey de Dota, Manzanillo en Limón, Santa Elena en Monteverde de Puntarenas, Bajos del Toro Amarillo en Sarchí.

Otro mencionó sus 7 cantones favoritos: Hojancha, Zarcero, Tilarán, San Gerardo de Dota, Barva Heredia, Puerto Viejo y Juan viñas, en este caso enfatizando en la figura política-administrativa de los cantones, aunque no todos los son.

Otros señalaron pueblos específicos de gran importancia turística como:

La Fortuna de San Carlos, Puerto Jiménez, Sarchí, Monteverde, Pejibaye de Jiménez, Bijagual, Bagaces, Nandayure, Zarcero, Pueblo nuevo de Parrita, Tucurrique, Rio Frio, Sarapiquí y Pérez Zeledón.

Esa publicación abrió la discusión sobre los pueblos más bonitos de Costa Rica, que podría conducir a resultados y selecciones diversas, señalando los pueblos más pintorescos, de mayor belleza escénica por sus playas, montañas, ríos, cascadas, por sus edificaciones históricas, por su cultura o por la gente que los habita.

No obstante, los comentarios de algunos interesados en el turismo y en los lugares de interés turístico, también apuntaban de alguna manera al desarrollo turístico y al reconocimiento a nivel nacional o internacional del papel del turismo y a los modelos de desarrollo turístico presente en las diferentes zonas del país.

Probablemente la permanencia de pueblos bonitos en las diferentes zonas está ligado a un turismo de conservación de las bellezas naturales y de las culturales locales, con paisajes casi idílicos y una belleza escénica que han variado poco a través de los años.

Mientras que el desarrollo de polos turísticos está más asociado a la concentración de servicios turísticos, a la diversificación de la oferta de sitios de interés y servicios, a la generación de ingresos de esa actividad y a la integración de la población a la misma, propósitos que pueden coincidir o no con la existencia de los pueblos bonitos.

La participación del turismo en el desarrollo social y económico de las diferentes regiones y cantones del país, es determinado por la distribución de la producción y el valor agregado de actividades como el alojamiento y servicio de comidas, lo que se expresa en un análisis que el Banco Central realizó recientemente en el que San José, San Carlos, Alajuela, Santa Cruz, Montes de Oca, Puntarenas, Quepos, Carrillo, Pérez Zeledón, Liberia, Escazú y Garabito, son los cantones de mayor aporte a la generación de valor en la actividad turística.

La mayoría de ellos se reconocen por su desarrollo turístico de acuerdo con la inversión en la actividad turística, al desarrollo empresarial y de la infraestructura hotelera y no por la presencia de pueblos bonitos, (que probablemente los tiene), en los que por lo general sólo se menciona la Fortuna de San Carlos, Manuel Antonio y Monteverde.

Por el contrario, entre los cantones a los que se atribuye bajo valor de la actividad turística, se encuentran San Mateo, Acosta, Los Chiles, Turrubares, Abangares, Zarcero, Jiménez, Hojancha, Tarrazú, Guácimo, Coto Brus, Alvarado, San Isidro de Heredia, Parrita, Guatuso, León Cortés y Puriscal, sin embargo, éstos conservan muchos de los pueblos más pintorescos, de gran belleza escénica y cultura autóctona, en los que el turismo es una actividad incipiente asociada al turismo rural o al agroturismo, en manos de la micro y pequeña empresa familiar y asociativa.

En esos cantones, existen pueblos pintorescos y de gran belleza como Labrador de San Mateo, Palmichal de Acosta, Bijagual de Turrubares, Barbacoas de Puriscal, Capellades de Alvarado, Pejibaye de Jiménez, Concepción de San Isidro de Heredia, Laguna de Alfaro Ruíz, Hojancha, las Juntas de Abangares, Esterillos de Parrita, Katira de Guatuso y Caño Negro de los Chiles, que sin duda están entre los pueblos más bonitos.

Por su parte, el índice de progreso social de los 32 Centros de Desarrollo Turístico elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo y el Centro para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible en el año 2021, vincula con más claridad la belleza de ciertas zonas que se han desarrollado turísticamente por sus atractivos naturales y su cultura local con el progreso social de la población de los lugares, ubicando en los primeros lugares a La Fortuna, Monteverde, San Vito de Coto Brus, la zona de los Santos, Turrialba, Dominical, Punta Islita, Santa Teresa, Limón, Bijagua, Puerto Jiménez, Bahía Drake, Tortuguero, Caño Negro, Pérez Zeledón, Cahuita y Sámara.

Esos lugares también han sido identificados como pueblos bonitos y lugares de gran belleza escénica por sus montañas, volcanes, cascadas, playas, por la actividad agropecuaria, la cultura local y el trato de sus pobladores y no por la inversión en infraestructura o por los servicios turísticos masivos de que disponen.

En el debate sobre los pueblos bonitos y la conservación de la belleza natural y cultural está involucrado definitivamente el modelo de desarrollo turístico que se quiera seguir promoviendo en las diferentes zonas del país y donde el turismo sostenible e incluyente, es la opción que las comunidades y los pobladores rurales quieren impulsar para mantener los pueblos bonitos que generan recursos junto a otras actividades y en los que los recursos se distribuyan entre todos sus pobladores.

 

Imagen ilustrativa UCR, Parque Nacional Tortuguero.

Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos; razones contundentes para el rechazo a la integración del país a ese bloque comercial

German Masís

El día de ayer 1 de junio se realizó el Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos, organizado por la Vicerrectoría de Extensión en el auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, con la participación de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía; Renzo Céspedes, consultor internacional; Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria; Guido Vargas, Secretario general de UPANACIONAL; Kattia Cambronero, diputada del partido Liberal Progresista y Gabriela Víquez, asesora y exdirigente de la Corporación Hortícola, el foro contó con la moderación de Martín Parada, Vicerrector de Extensión. Al evento se había invitado al Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, pero este declinó la participación.

El foro inició con la intervención de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía, quién brindó elementos de un marco teórico sobre tema del comercio internacional en el que se inscribe la la Alianza del Pacífico, haciendo referencia a las teorías económicas clásicas de Adam Smith y David Ricardo, en las que se originan los planteamientos del papel del comercio en el desarrollo económico, la orientación general que el comercio beneficia a todos los actores económicos y el surgimiento de los postulados de las ventajas comparativas y competitivas del comercio.

El académico Valenciano, señaló que, pese a las bondades de estos planteamientos, algunos de sus supuestos son irreales, como los de la libre circulación de las mercancías, la existencia de mercados perfectos y que todos los países pueden crear condiciones de competencia y de especialización que les otorguen ventajas definitivas con respecto a sus competidores.

Plantea, por el contrario, que las ventajas en el comercio dependen de factores como la infraestructura, la tecnología, los recursos financieros de los que países no disponen con facilidad y que si los productores no logran ser competitivos es por la ausencia de esas condiciones, lo que motiva que tengan que trasladarse a otras actividades, además de que entre los países no existe libre movilidad de personas para el trabajo agrícola.

También mencionó, que debemos preguntarnos si somos realmente competitivos en la producción agrícola, con las condiciones de costos, condiciones medioambientales y sociales que tenemos, frente a los demás países de la región y frente a los subsidios y exoneraciones aplicadas en los países desarrollados.

Adicionalmente, dijo hay que recordar que existe una importante inestabilidad de los precios de los alimentos y que la seguridad y soberanía alimentaria deben prevalecer sobre las condiciones del comercio, sin olvidar los problemas generados por el cambio climático que están afectando la producción agroalimentaria.

Andrey, concluyó que se debe analizar con cuidado los efectos que puede tener la vinculación a la Alianza del Pacífico (AP) sobre los productores nacionales y sus condiciones de producción, por lo que una decisión de ese tipo no debe centrarse en la parte comercial, si no considerar esos otros aspectos sociales, ambientales y de seguridad alimentaria, para determinar con claridad que va a pasar con los agricultores.

El consultor Renzo Céspedes por su parte, incluyó en su exposición los problemas principales del sector agropecuario en la actualidad, tales como:

-una política cambiaria y fiscal contraria al sector agropecuario

-una política unilateral de reducción de aranceles para desmantelar el sector

-ausencia de una política adecuada sobre el mercado de agroquímicos y de regulación del ingreso de nuevas tecnologías

-una política de comercio exterior de apertura sin medir los beneficios reales para los productores

-una tasa de crecimiento del sector negativa y estancada en la última década

Ante esta situación del sector, el consultor Céspedes expuso las que son a su criterio las amenazas de la integración a la Alianza del Pacífico, entre ellas:

*Los decretos ejecutivos para la reducción de aranceles aplicados por el gobierno, como el caso de la producción y el comercio del arroz

*la activación del proceso de la integración a la AP sin analizar los beneficios para las actividades y los productores

*el estado de situación de los TLC estados con los diferentes países de USA, Canadá, México y los otros países que componen la AP

*la perspectiva de que, con el ingreso a la AP, se podría abrir la incorporación a la APEC y otros bloques de comercio más amplios

*y la poca atención a que el comercio entre los miembros de la AP no es relevante y el intercambio comercial es limitado y por lo que el intercambio con esos países no sería atractivo

*tenemos ya tratados con los países del bloque AP, en los que el intercambio de bienes es bajo, por lo que realmente la AP no abriría nuevas oportunidades de comercio

*esos países tienen costos de mano de obra y de la energía menores a los nuestros, además de que aplican subsidios en seguros de cosecha y exenciones a los productores de hasta un 60%, por lo que nuestros productores no podrían ser competitivos

*los tratados de libre comercio con esos países habían logrado excluir algunos productos sensibles para la producción nacional, por lo que no tiene sentido ahora eliminar esas exclusiones y exponer a los productores nacionales a una competencia desigual

*la integración a la AP sólo generaría flujos de comercio unidireccional, de esos países hacia el nuestro, del que sólo se aprovecharían unas pocas empresas importadores de productos agrícolas

En definitiva, abrir el mercado a esos países sin entender las distorsiones existentes y el escaso beneficio para nuestros productores, sólo provocaría el aumento en la pobreza rural y la desigualdad en las zonas agrícolas del país, reveló.

El estudiante de la Maestría en Agroecología de la Escuela de Ciencias Agrarias, Osvaldo Quesada, señaló algunos posibles efectos de la AP sobre el sector agropecuario, como los siguientes:

-Costa Rica se ha planteado objetivos para una política de seguridad alimentaria que garantice el derecho a una alimentación adecuada que serían afectados

-la pandemia mostró la importancia de mantener la disponibilidad de alimentos

-la pregunta sería una negociación o una adhesión a la AP?, pero en vista a que la AP tiene una normativa vigente, lo que se impone es una adhesión

-en los tratados se incluyen exclusiones a sectores vulnerables, el AP implicaría renegociar las exclusiones bilaterales

-Costa Rica no es competitivo en algunos productos, debido a los costos, subsidios y apoyo gubernamental de esos países a sus productores

-el ingreso a la AP pondría en riesgo más de 250 mil productores y más de 240 mil empleos

-la disminución de aranceles no significa necesariamente precios más bajos para los consumidores

-la defensa del consumidor es la producción local, no los productos importados

-el mercado ya es injusto para los productores nacionales, por las cadenas de intermediación que manejan el comercio de los productos, como el caso del frijol y la naranja

De ahí que hay que preguntarse: ¿En qué beneficia a los productores y a los consumidores, el ingreso a la AP?

El empresario Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura, mencionó sobre la incorporación de Costa Rica a la AP, elementos como:

-hay una ausencia notoria del gobierno en el apoyo a la producción nacional, por lo que en la agricultura no hay una ayuda a la producción como en otras actividades

-las decisiones que se tomen ahora deben ser consultadas, ya que afectan al país en los próximos 20 o 30 años

-es necesario construir una política agrícola de largo plazo, ya que los gobiernos cambian cada 3 años

-la agricultura está estancada, lo confirma el bajo nivel del IMAGRO en los últimos años

-los indicadores son claros, la producción es baja, los precios de los fertilizantes altos, la pobreza rural aumentó al 28%, el 70% de la población rural vive de la agricultura

-la producción agrícola se realiza con varios modelos asociativos, las cooperativas, micro y pequeñas empresas, que serían muy afectados

-la importancia de los aranceles para los países es indudable, representa la protección ante condiciones diversas del comercio y si estos se eliminan los precios de los productos no bajan, como se ha demostrado con el arroz

-la importancia de producir la comida ha quedado en evidencia, con el surgimiento de la pandemia, la crisis de los contenedores, la guerra en Ucrania y el aumento de los insumos agrícolas

-la importación de comida es un gran negocio para unos pocos, que en este caso se verían beneficiados con el aumento de las importaciones de los países de la AP.

-la AP es una unión aduanera de 4 países, que no garantiza que podremos exportar más productos, porque existen sistemas de protección fitosanitaria que estos aplican a nuestros productos

-con el ingreso a la AP, no será posible mantener las exclusiones existentes para algunos productos

El proceso de ingreso a la AP presenta varias falacias:

-que la mayoría del empleo agrícola está ligado a la agroexportación, también la agricultura familiar genera una alta cantidad de empleos

-la producción de alimentos no será destruida por la importación, si no que la importación es complementaria

-los consumidores se ven favorecidos con la importación de alimentos, porque los precios tienden a bajar para los consumidores que más consumen alimentos.

Entre las conclusiones de Saénz se encuentran que la comida es perecedera por eso es estratégica para los países y que una vez que se quiebra la producción interna, es imposible recuperarla.

Así mismo, que la canasta básica quedará amarrada a las importaciones, que los precios de los alimentos nunca bajarán, el gobierno está destruyendo a los agricultores con los decretos de rebaja de los aranceles y que la integración a la AP traerá pobreza y descapitalización de los productores agrícolas.

El dirigente campesino Guido Vargas, en su exposición recordó la visión del agrónomo don José Calvo, que decía que, si existiera la libertad de mercado, pero en realidad el mercado es administrado, por lo que los países deben mantener y proteger la seguridad alimentaria de la población.

Indicó también que, si somos competitivos en algunos productos, pero no frente a los subsidios que aplican algunos países, y que por eso en los tratados bilaterales se negocian asimetrías.

Dice que el gobierno pretende que entremos a competir con los países de la AP, pero se pregunta: ¿Dónde está el negocio de la AP? ¿Para quién es el negocio?

Recuerda que las organizaciones han insistido en una agenda de competitividad y de reactivación económica de la agricultura, pero pregunta: ¿Dónde quedó esa agenda? “No la hemos visto”, afirma.

Manifiesta Guido, que las políticas se hacen sin consultar a los agricultores, solo se las envían para que las conozcan, pero los agricultores deben participar en las negociaciones para que “la cancha se empareje para todos” y que así ha sido en el caso de la integración a la AP que el gobierno mantiene en su agenda.

Reitera que mantener la seguridad alimentaria es una obligación, por la comida y el abrigo son esenciales y ahora con la importación de alimentos, lo que se podría dar es un oligopolio de esta actividad, lo que será perjudicial para los productores.

La diputada Kattia Cambronero, comentó que el sector agropecuario no tiene un modelo de desarrollo efectivo, como si lo tienen otras actividades, ni tampoco un modelo desarrollo territorial, pues esta actividad está en abandono.

Recuerda que el 73% de la población rural vive del agro y que el agro genera más de 270 mil, pero no tiene condiciones diferenciadas para su desarrollo, como créditos, comercialización favorable y más bien funciona con altos costos y tiene problemas en el uso de los agroquímicos y se pregunta además cuál es la política de desarrollo tecnológico del MAG?

Señala la diputada, que debemos seguir produciendo lo que consumimos y que por el contrario hay que desarrollar mejor los mercados locales y resolver el tema de los seguros de cosechas, el que disponen en otros países y aquí no se ha logrado con el INS.

Agrega que no tenemos claridad de cómo podría el país ingresar a la AP ni de cuál sería el potencial para hacerlo. Indica que antes hay que resolver problemas de competitividad, mientras el sector está en franca caída y no tiene el apoyo técnico y financiero necesario, ni es capaz de enfrentar el cambio climático, ni de disminuir la desigualdad existente en las zonas rurales.

La asesora Gabriela Víquez, apuntó una serie de problemas que caracterizan al sector, como:

-el sector tiene débiles instituciones, como el MAG y no se ha pensado en la especialización

-existe un fuerte contrabando de productos agrícolas, además de permisos de importación que afectan a los productores, como pen el caso de la cebolla que abunda en el mercado

-hay contaminación por el excesivo y mal uso de agroquímicos

-la extensión agrícola está en manos de las empresas comercializadoras de insumos

-existen altos costos y elevadas cargas sociales

-no tenemos un seguro de cosechas que proteja la producción y la inversión

-los márgenes de comercialización son elevados

-hay una débil unidad de defensa comercial en el MEIC, por lo que el sector está en estado de indefensión

-es necesario analizar cada uno de los TLCs y sus implicaciones para las actividades productivas

-no hay una verdadera política pública para el sector agropecuario

-recordó que la alimentación es un contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos.

Ante la situación mencionada, Víquez afirmó que la AP es una “piedra más”, que va a traer ruina a los agricultores y a la mano de obra agrícola. Se pregunta: ¿Que le dirá a su padre productor agrícola y a su sobrino que quisiera ser agricultor, con respecto al futuro de la actividad agrícola?

Finalmente, el Rector de la UNA, Francisco González, efectuó la clausura del foro, expresando el deseo de la Universidad de aportar al diálogo sobre la temática de la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y para que se elabore una política agropecuaria adecuada e integral en conjunto con todos los actores sociales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

La distribución de la producción por cantón: el mapa de las desigualdades territoriales

German Masís

Los cantones del país con el mayor aporte a la producción (PIB), al valor agregado de la producción, a la producción por persona (PIB per cápita) y a las exportaciones, están en su mayoría en la Gran Área Metropolitana (GAM).

El martes 28 de marzo, el Banco Central presentó las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) Cantonal de Costa Rica, herramienta que permite conocer la distribución del valor agregado de cada una de las actividades económicas en los cantones, así como indicadores de exportaciones e importaciones de bienes, impuestos a los productos y PIB per cápita; información disponible en precios corrientes para el periodo 2020.

Esta información permite confirmar que los cantones ubicados dentro de la GAM aportan la mayor proporción a la producción y las exportaciones del país, mientras que los cantones pertenecientes a las provincias y regiones periféricas, por el contrario, tienen una escasa participación en éstas.

Con respecto a la participación en el valor agregado de la producción, las cuatro provincias centrales que componen la GAM aportan el 83.5% del mismo y las tres provincias periféricas el 16.6%. Por cantones, entre los 10 con mayor aporte, 9 forman parte de la GAM, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Escazú, Desamparados, Montes de Oca y Santa Ana y sólo San Carlos es el único fuera de la GAM.

En tanto de los 10 cantones con menor aporte al valor agregado, todos pertenecen a las regiones periféricas, Río Cuarto, Guatuso, Montes de Oro, Alvarado, Nandayure, San Mateo y Turrubares y 2 cantones, Acosta y Dota, a las áreas periféricas de la GAM.

Por su parte, la distribución del PIB per cápita, tiene comportamiento muy similar a la variable anterior, ya que 9 de los cantones con el índice más alto, corresponden a la GAM, ellos son San José, Belén, Escazú, Heredia, Santa Ana, Montes de Oca, Alajuela, Cartago y Flores y sólo Liberia es el único fuera de la GAM.

Mientras, de los 10 cantones con el PIB per cápita más bajo, 7 son de las regiones periféricas, a saber, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Buenos Aires, Hojancha, La Cruz, incluyendo a Acosta, y sólo 3 cantones integran la GAM, Oreamuno, Alajuelita y Aserrí.

El comportamiento de las exportaciones, también sigue el mismo patrón de concentración de la producción, ya que de los 10 cantones que aportan una mayor proporción, 8 son parte de la GAM, entre ellos, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión y sólo 2, Pococí y Puntarenas, pertenecen a las regiones periféricas.

Contrariamente, los 10 cantones que tienen un menor aporte a las exportaciones están vinculados a las regiones periféricas, tales como, Alvarado, Osa, San Mateo, León Cortés, Los Chiles, Talamanca, Dota, Nandayure, Hojancha y Turrubares. (BCCR,2023)

Este análisis reafirma el fenómeno de la concentración de la actividad económica del país en las 4 provincias que conforman la GAM y en los cantones que la integran, el cual ya se había presentado con motivo de la actualización de la Matriz Insumo-Producto en el 2021.

La producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

Se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Por su parte, el comercio está presente en casi todo el país, mientras el transporte está dominado por San José y Alajuela y la administración pública está altamente concentrada en el centro del país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Por su parte, los servicios se encuentran concentrados en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Tibás y Escazú de la GAM. Sólo en San Carlos y Pérez Zeledón, existen algún desarrollo de los servicios en las regiones periféricas.

Mientras que, en las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). La agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones periféricas.

Como se mencionó, con ocasión de la presentación del estudio de la MIP, la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las cuatro provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido en gran medida las políticas económicas, la inversión y el desarrollo empresarial. (Alterdescr.com,2022)

Un hecho que evidencia la concentración de la actividad económica es la ubicación de las principales zonas francas y en particular la fabricación de instrumentos y suministros médicos en las cabeceras de las provincias que conforman la GAM, en las que se concentran las empresas de manufactura de alta tecnología, así como la inversión extranjera que recibe el país.

En tanto, la problemática social y económica que ha caracterizado a las regiones periféricas, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación y los servicios públicos.

Este es el mapa del desarrollo económico y el escenario de la desigual social del país, entre los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal, la institucionalidad gubernamental y la concentración de la riqueza; y en los territorios rurales, costeros y fronterizos los empleos son precarios, hay limitados servicios y mala distribución de la riqueza… la expresión de las dos Costa Ricas.

Foto: UCR.

5O Años de la Universidad Nacional: una celebración necesaria

German Masís

Ayer 15 de febrero asistí invitado por la comisión organizadora a la celebración del 50 Aniversario de la Universidad Nacional.

En un muy amplio y moderno auditorio, que lleva el nombre de Cora Ferro, a quién conocimos en la Escuela de Ciencias de la Religión y como precursora de los Estudios de la Mujer, concurrimos una buena cantidad de exestudiantes y exprofesores, estudiantes y profesores actuales, fundadores y Autoridades, a una cita con la historia, la celebración de los 50 años de la UNA, un acto que quedará marcado en el devenir de la educación superior universitaria del país.

La inauguración del evento y los discursos de las Autoridades sobre la historia de la UNA, me hicieron recordar mi vinculación a esta Universidad, primero como estudiante y luego como trabajador académico, testigo y partícipe de la construcción de un proyecto de Universidad que hoy 5 décadas después es una institución de educación superior sólida y pujante.

El recuerdo que tengo de la UNA, desde mi época de estudiante de Estudios Generales, es el del surgimiento de una nueva Universidad, en un entorno muy difícil de grandes tensiones políticas y de recursos muy limitados, establecida en las instalaciones de la antigua Normal Superior y con sus oficinas dispersas por la ciudad de Heredia.

Cuando tuve que decidir a cuál Universidad ingresar, pensé en la UNA como una universidad nueva, promovida como la Universidad Necesaria y que en mi rebeldía de joven me atrajo la posibilidad de participar en su proceso de construcción.

Me seducía la idea de luchar por una Universidad alternativa, que era rechazada por algunos sectores de la Universidad de Costa Rica, opuestos a su creación, quienes incluso manifestaban que no irían a trabajar en la nueva Universidad y a la que denominaban peyorativamente la “Universidad del Pirro”.

Cursé el programa de Estudios Generales en la UNA y el propedéutico de Ciencias Básicas, con la pretensión de ingresar a la carrera de Geografía, pero precisamente el paso por las materias de Estudios Generales, especialmente el curso de Filosofía, me cambió la inclinación disciplinaria hacia la Sociología, carrera que aunque estaba en proyecto no se impartía, por lo que debí trasladarme a la UCR, con la esperanza de regresar algún día a seguir participando en la conformación de la nueva Universidad.

A pesar de que me trasladé a la UCR, seguía atento al proyecto de la UNA y escuchaba el debate político ideológico que se efectuaba alrededor de la orientación de la nueva universidad, entre un sector político de centro de raíces socialdemócratas, muchos de los cuales incluso habían intervenido en la creación de la UNA y un sector proveniente de los partidos de izquierda, el cual se vio fortalecido por la llegada de intelectuales exiliados de los países suramericanos dominados por dictaduras militares.

La Universidad del Pueblo y la Universidad ligada a los sectores sociales de menores recursos, crecía con la creación de nuevas carreras, como Biología, Veterinaria, Economía, Agronomía y Relaciones Internacionales pero en un entorno difícil, de cuestionamientos por parte de sectores políticos y medios de comunicación, que afirmaban que la nueva Universidad repetía las carreras de la UCR y se había convertido en la Universidad comunista, pero esos calificativos lejos de desmotivarme, aumentaba mis intenciones de regresar.

Lo cual comenzó a ser posible cuando algunas carreras en su crecimiento, impulsaban a inicios de la década de los 80, actividades de investigación y extensión, que propiciaron mi acercamiento a eventos de debate sobre temas económicos y agrícolas.

Casi una década después de su creación, pude regresar a la UNA como académico, por iniciativa de un Profesor de la Escuela de Economía, que motivado por el análisis de coyuntura que se realizaba en una ONG, me propuso participar en una experiencia similar en esa Escuela.   

Llegué a la UNA como extensionista y en efecto el análisis de coyuntura económica, la relación con sectores sociales en el área urbana y rural y la elaboración de la revista Economía al Día, me parecían actividades muy ligadas a una Universidad comprometida con las grandes transformaciones del país, lo que llenaba mis aspiraciones profesionales y políticas.

En esos años 80, los debates sobre las teorías del desarrollo y el apoyo a las reivindicaciones de las organizaciones agrícolas sobretodo de la zona Atlántica, parecía ser la mejor expresión de la Universidad Necesaria, pero las tensiones internas sobre la orientación y el diseño institucional más apropiado entre las Autoridades de la nueva Universidad no cesaban y eran agudizadas por los problemas presupuestarios que cada año amenazaban su funcionamiento.

Esas luchas y movilizaciones por el presupuesto y el impulso de los proyectos académicos de las nuevas Escuelas, probablemente fueron las razones del despegue y los elementos de cohesión de la Universidad Nacional en sus primeras dos décadas, en que mantuvo su derrotero de Universidad Necesaria vinculada a la transformación social y a la formación de estudiantes de las zonas rurales y urbanas de menores ingresos.

No obstante esta orientación de la UNA, tuvo su punto de inflexión con la Administración de Rose Marie Ruíz en 1993 con motivo del II Congreso Universitario, en el que se logra un cierto consenso interno, hacia una universidad útil a la sociedad costarricense y al mercado, que debía contribuir a generar alternativas de desarrollo económico y social, crecer en sus cuadros administrativos y académicos y adoptar procesos de admisión más selectivos, en un marco institucional que lo asimilaba a las demás Universidades públicas.

A partir de entonces las carreras rediseñaron sus planes de estudio y se reestructuraron, las Facultades se articularon, el esquema administrativo se consolidó y la Universidad Nacional fue por fin aceptada y acogida por la comunidad nacional, ya no era más la Universidad de Heredia.

Esta segunda etapa de la UNA, abandona progresivamente los debates sobre el desarrollo, el análisis crítico y el papel central de la investigación, incorpora nuevas temáticas como el medio ambiente y los derechos humanos, crea centros de investigación especializados, impulsa programas de posgrado y asume plenamente su relación con el mercado laboral en la formación de los nuevos profesionales.

La década de los 90 y el nuevo milenio del 2000, representa el período de consolidación institucional de la Universidad Nacional, que se confirma con la adquisición de nueva infraestructura, representada en las nuevas instalaciones de las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras y posteriormente de los nuevos edificios de Administración y de las Vicerrectorías.

La Universidad Nacional hoy, es la conjunción de dos etapas: una el surgimiento y despegue como Universidad Necesaria en los 70 y 80s y otra la consolidación como la Universidad Nacional en las décadas de los 90 y 2000.

Diría que la primera etapa le confiere su identidad y su inserción en la sociedad costarricense, como un modelo alternativo de Universidad más cercano a las necesidades de los sectores sociales y a las aspiraciones de transformación social de aquellas décadas y la segunda etapa, le proporciona el status de universidad nacional sólida y reconocida, muy ligada al desarrollo de la ciencia y la tecnología y a las necesidades del mercado laboral.

Han trascurrido 5 décadas, pero es imposible no recordar con nostalgia, las viejas instalaciones de la Escuela Normal que acogieron a la UNA en sus inicios, los viejos edificios de Estudios Generales, del CIDE, de Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras, del teatro Universitario, las aulas de “los Hatillos”, los debates acalorados en las Asambleas de Escuela, los desplazamientos a las actividades de extensión en bus y sin viáticos.

Tampoco puedo olvidar, los cursos de Métodos de Investigación, el área de Extensión, la red de Universidades Centroamericanas que estudian el agro y los proyectos de tesis de la Escuela de Economía, el proyecto Una Iniciativa Rural (UNIR) que integró a 4 facultades y 12 Escuelas, la comisión institucional de Seguridad Alimentaria y la Comisión de Regionalización.

Al observar los homenajes efectuados en esta celebración de los 50 años, a algunos académicos propuestos por las Facultades, Sedes y la Federación de Estudiantes, pensé en tantos académicos que hicieron posible la consolidación de cada una de las Escuelas, que formaron a miles de estudiantes e hicieron investigación y extensión con gran mística y compromiso.

Ni siquiera cuando me jubilé, sentí la satisfacción y el orgullo que sentí en la celebración del 50 Aniversario, por haber sido parte de la construcción de un proyecto de Universidad, por haber contribuido a su fortalecimiento y consolidación, porque aunque tal vez ya no es la Universidad Necesaria, es la Universidad Nacional autónoma y pública por la que luchamos y a la que defendimos.