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Etiqueta: German Masís

Los distritos y su nivel de desarrollo social, ¿adónde estamos en el mapa del desarrollo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Los de mayor desarrollo en la GAM y los del menor desarrollo en las regiones periféricas

German Masís

Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado cuál es el nivel desarrollo socioeconómico del distrito donde vivimos o del distrito donde nacimos o crecimos, pero la realidad del desarrollo de todos los distritos se revela en el Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN, con datos al 2023, el cual nos permite ubicar el nivel de desarrollo de cada distrito del país, de acuerdo con 6 dimensiones de análisis: la Económica, la Salud, la Educativa, la de Seguridad y la de Participación Electoral.

Esta calificación por dimensiones de los distritos, a su vez conduce a ubicarlos en quintiles de desarrollo, en donde el V indica una situación social muy buena, el IV una situación buena, el III una situación regular, el II una situación mala y el I una situación social muy mala.

De esta manera, se configura un mapa de los 483 distritos, en el que es posible conocer por provincia, cantón o región, en cuál quintil se encuentran las diferentes distritos, y cuál es su nivel desarrollo, dividiendo el país en 5 estratos o al menos en 3, los distritos que tienen una muy buena o buena situación social, los que tienen una situación apenas regular y las que tienen una situación mala o muy mala.

En consecuencia, podemos señalar los distritos que pertenecen al quintil V, de una situación muy buena, que como veremos se concentra casi exclusivamente en los distritos de los cantones de las 4 provincias que conforman la GAM, así los distritos de los cantones de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, Desamparados, Coronado, Curridabat, Moravia, Tibás y algunos de San José Centro, en la provincia de san José; los de Atenas, Palmares y algunos de Poás en Alajuela, el Cantón Central y La Unión en Cartago, Santo Domingo, San Rafael, Belén, San Joaquín, Barva, San Isidro y Heredia Centro. Esos son los distritos de mayor desarrollo social, desagregado en las mayores puntuaciones en Economía, Salud, Educación, Seguridad y Participación electoral de los cantones y provincias del país, siendo Heredia la provincia y sus cantones, los que tienen la mayor cantidad de distritos en el quintil V, de situación social muy buena. En total suman 94 distritos del quintil V, un 19% del total

En el quintil IV, de situación social buena, se encuentran la mayoría de los distritos de Desamparados, del cantón Central de San José, algunos de Goicoechea, Alajuelita y Puriscal en la provincia de San José, la mayoría de los del cantón central de Alajuela, de San Ramón, Grecia, Zarcero, Valverde Vega y algunos de naranjo en la provincia de Alajuela, la mayoría de los del cantón central de Cartago, de la Unión, de Alvarado y algunos de paraíso, en la provincia de Cartago, la mayoría de santa Bárbara y dos de Barva en la provincia de Heredia, la mayoría de los de Liberia, de Santa Cruz y algunos de Carrillo en la provincia de Guanacaste, algunos de Pococí en Limón, de San Carlos y de Pérez Zeledón.

En total son 96 distritos, un 19.8%, con una situación social buena, tanto de cantones de las provincias de la GAM, como incluyendo de cantones de guanacaste, como uno de Limón y las ciudades de San Carlos y Pérez Zeledón, fuera de la GAM, siendo que los cantones centrales de Alajuela, de Cartago, Desamparados, San Ramón, Grecia, Zarcero, Sarchí, Pacayas, Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, son los cantones en los que se concentran los distritos del quintil IV.

Tratando de determinar el conjunto de distritos que se ubican en los quintiles V y IV, es decir los de una situación muy buena y buena, podemos establecer que son 190 distritos o el 39% de los distritos del país, ubicados sobre todo en los cantones de la GAM y algunos de Guanacaste y algunas ciudades intermedias periféricas los que tienen esta condición en el país, ostentando el mayor desarrollo económico, el mayor nivel de salud, de educación, de seguridad y de participación electoral. Esta es la Costa Rica desarrollada, próspera y de mejor calidad de vida.

En el quintil III de una condición social regular, se encuentran varios distritos de Aserrí, Mora, algunos de Desamparados, Puriscal, Alajuelita y del cantón central de San José, varios del cantón Central de Alajuela, de San Ramón, de Naranjo, de San Carlos y algunos de Poás, Zarcero, San mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela, varios de Paraíso, de Oreamuno, de Jiménez, de la provincia de Cartago, la mayoría del cantón central de Puntarenas, varios de Nicoya, de Carrillo, de Cañas y Hojancha de Guanacaste, más Limón y Jiménez de Pococí en Limón. Son en total 97 distritos del quintil III, ubicados sobre todo en varios cantones de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas, con una situación social regular. Es la Costa Rica de un desarrollo parcial e incompleto, que alcanza puntajes medios en una o dos de las dimensiones, ya sea en salud y educación, pero en las demás tienen un nivel desarrollo bajo, tanto a nivel económico, de seguridad y en participación electoral.

En cuanto al quintil II, de una baja situación social, en éste se encuentra la mayoría de los cantones de León Cortés, de Pérez Zeledón, de Turrialba, de San Carlos y del cantón central de Puntarenas y varios de San Ramón, de Esparza, de Quepos y de Corredores de Puntarenas, de Tilarán, Bagaces, Nandayure y Hojancha de Guanacaste, así como de Pococí, Siquirres y Guácimo en Limón. En total suman 98 distritos del quintil II, generalmente ubicados en las provincias periféricas de Puntarenas, Guanacaste y Limón, junto a varios de los cantones de León Cortés, Turrialba y San Ramón.

Finalmente, en el quintil I, de muy mala situación social, se ubican la mayoría de los distritos de Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto de Alajuela, la Cruz de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de Puntarenas, Matina, Talamanca y Siquirres de Limón, y algunos de León Cortés, Tarrazú, Dota, Acosta y Turrubares de San José, Turrialba, el cantón central de Puntarenas y Golfito, Cañas y Abangares de Guanacaste.

Son 98 distritos, un 20% del total, predominantemente de las regiones periféricas y de las zonas aledañas a San José, como los Santos y la Central Sur de cantones, que en su conjunto conforman distritos costeros, fronterizos y rurales. Los distritos de los quintiles I y II, de una condición mala y muy mala, suman 196 y representan el 40.5% de la totalidad de distritos del país, en donde las calificaciones de las dimensiones son en general bajas, expresadas en bajos niveles de desarrollo económico, de salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que en ellos la participación electoral suele ser la más baja del país.

Estos dos segmentos, representan la Costa Rica, poco desarrollada, con grandes limitaciones, ubicada en las costas y las fronteras y abandonada por la acción estatal, asociada a los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y desarrollo humano de las regiones y del país como lo hemos mencionado en artículos anteriores.

¿Ahora son tres Costa Ricas, la de situación social alta, media y la más baja, a cuál perteneces?

De los cafetales a las tecnologías avanzadas: el cambio de actividad económica en el sector oeste de Cartago

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El sector oeste de la provincia de Cartago, que hoy alberga la Zona Franca la Lima, siempre estuvo ligado a la actividad productiva del país, pero lo que hoy son pujantes fábricas dedicadas a la producción de insumos médicos y otras industrias de capital externo, en otro momento fue asiento de fincas cafetaleras y ganaderas en poder de empresarios nacionales.

Según un reportaje reciente publicado en el periódico digital el Mundo, en 10 años la zona Franca La Lima (ZFLL), se consolidó como uno de los motores del desarrollo económico de la región de Cartago, dedicado al sector de ciencias de la vida y manufactura avanzada, a partir de la confianza que han depositado las compañías globales en este parque empresarial que posee una infraestructura de clase mundial, una robusta red de talento humano y un entorno operativo comprometido con la sostenibilidad y la innovación.

El reportaje, menciona que en estos 10 años, logró atraer inversiones por más de USD $1.186 millones, generó más de 8.500 empleos directos, desarrolló 257.000 metros cuadrados en infraestructura de clase mundial, y se posicionó como un epicentro de innovación, tecnología y sostenibilidad. Lo que inició como una visión ambiciosa de desarrollo industrial en Cartago, se tradujo en un parque empresarial que hoy aloja 17 compañías multinacionales de 6 países distintos.

Este parque exportó USD $0,4 millones en 2014, y 10 años después acumula USD $4.577 millones en ese mismo rubro. Solo en 2024, ZFLL generó USD$1.478 millones en exportaciones (lo que equivale al 7.3% de las exportaciones de bienes de todo el país), y proyecta duplicar su impacto en los próximos años.

Se menciona que esta zona franca ha evolucionado hacia algo mucho más grande que infraestructura, ya que se ha constituido en una plataforma de crecimiento para empresas líderes, un punto de atracción de talento altamente capacitado y un referente de cómo la sostenibilidad puede integrarse a la operación con excelencia. Este parque ha demostrado que es posible competir a nivel global desde Cartago, con altos estándares, un ecosistema articulado y un modelo que apuesta por el bienestar y la innovación

Según el artículo, la ubicación estratégica de esta zona franca no sólo responde a criterios geográficos, sino también a una clara ventaja competitiva: su cercanía con uno de los ecosistemas de talento más sólidos del país. Cartago se ha consolidado como un epicentro de mano de obra de primer nivel, gracias a la presencia de universidades de prestigio, como el Instituto Tecnológico, colegios técnicos como el COVAO y centros de formación parauniversitaria como el INA que impulsan el desarrollo de profesionales especializados, que están alineados con los requerimientos de la manufactura avanzada y con la tecnología.

Se afirma que Cartago ofrece condiciones únicas: una ubicación estratégica, centros educativos de excelencia, mano de obra altamente calificada y una profunda conexión entre la academia y la industria

Y es que la estrategia del parque ha estado centrada en atraer empresas con alto valor agregado, pero también en conectar esas oportunidades con el talento local. El 85% de la fuerza laboral del parque proviene de la provincia de Cartago.

Durante el 2025, las empresas instaladas en La Lima proyectan la generación de 1.500 nuevos empleos directos, una cifra que reafirma el crecimiento sostenido del parque, Con una proyección de más de 15.000 empleos directos cuando alcance su máxima capacidad.

Finalmente, la empresa desarrolladora de la zona franca, reconoce el impacto que ésta ha tenido en la economía de este sector y de la provincia de Cartago, en vista que la inversión realizada, ha estado dirigida a invertir en el bienestar de las comunidades, en la generación de empleo de calidad y en el impulso de sectores clave de la industria y de la tecnología. (Elmundo.cr,29-4-2025)

Pero, frente a la consolidación del parque empresarial de la Lima, nos preguntamos a qué se dedicaba esta área geográfica y si en el pasado este sector de Cartago, estaba integrado a la producción y a la economía nacional, como sucede ahora, reuniendo a grandes empresas que generan inversión, empleo y aporte a las exportaciones.

Es bueno recordar que desde inicios del siglo XX y en mayor medida a mediados del siglo pasado y por espacio de varias décadas, esta área geográfica estuvo dedicada a la producción agropecuaria, especialmente a las actividades cafetaleras y ganadera, con participación también en la producción de granos y de caña de azúcar.

En fincas de gran extensión, como las de Mariano Guardia, los Piza y otras más al sur de la ubicación actual de la zona Franca la Lima y en los terrenos que ocupa actualmente el Parque industrial de Cartago, fincas de otros empresarios como René Picado y José Joaquín Peralta, representaban la principal actividad económica de este sector, perteneciente en parte al distrito de Guadalupe y a la Lima de Taras de Cartago.

Estas fincas en estos distritos eran parte de una extensa zona agropecuaria conformada según el censo agropecuario de 1963, por cerca de 147 fincas en Guadalupe, con una extensión de 3.196 manzanas y 101 fincas con una extensión de 3.408 manzanas en San Nicolás, que se extendían hasta Coris al suroeste y colindaban con los montes de la Carpintera al oeste, su barrera natural. (INEC, Censo Agropecuario 1963, pag.3)

Esas fincas como dijimos se dedicaban a la producción de café, de ganado, de caña de azúcar y de granos, muchas de ellas eran grandes extensiones, de más de 50 y hasta 600 manzanas, en poder de empresarios agrícolas de San José y Cartago, que no vivían en la finca, pero que las visitaban casi semanalmente, y que por lo general contrataban administradores y mandadores, que si vivían en las fincas o en sus alrededores.

Es posible recordar la calle de tierra que daba acceso a la entrada de las fincas de Guardia y Piza, (que en la actualidad es casi la misma que da acceso a la zona Franca), que llegaba hasta las entrada de las fincas que estaban próximas entre ellas, resguardadas por grandes portones de hierro, que daban acceso a callejones que cruzaban las fincas y a las casas de los administradores.

Aunque es difícil establecer cuántas fincas se dedicaban a cada cultivo en los distritos mencionados en esos años, es posible determinar que en el cantón central de Cartago, que los incluye, había según el Censo del 63, más de 500 fincas de café y cerca de 600 fincas dedicadas a la actividad ganadera, de todos los tamaños.

Cartago, era una provincia eminentemente agrícola y cafetalera, así como sus cantones y distritos, era la tercera provincia más productora del país y el cantón central de Cartago, al que pertenecen los distritos mencionados, producía el 17% de la producción de la provincia y era gran generador de empleo agrícola.

Se estima, según el mismo Censo, que se generaban 7.357 empleos permanentes y temporales de trabajadores agrícolas o jornaleros en el cantón central de Cartago, de los cuales, 849 eran de Guadalupe, 555 de San Nicolás, 583 de Tobosi y 3.010 de Corralillo, es decir la actividad agropecuaria era la principal fuente de empleo para la población de estos distritos. (INEC, Censo agropecuario de 1963, pag.279)

A pesar de que la información del censo de 1963 no permite determinar el aporte de la producción de café y la ganadería a la economía nacional y el valor de las exportaciones que salían de esa zona de Cartago, es posible establecer la estrecha relación de esas actividades con la generación de empleo e ingresos para las familias de la época, ya que las labores permanentes de las fincas y las temporales (como los recolectores de café) atraían la mayor parte de la mano de obra cartaginesa.

Pese a que se trata de actividades económicas distintas antes y ahora, podríamos señalar que, en la misma área geográfica, hace más de 60 años, la producción en las fincas agropecuarias ocupaba esas tierras y generaba cerca del 90% del empleo, que ahora ocupa la manufactura avanzada de las empresas de la zona Franca de la Lima, las cuales generan el 85% del empleo de los distritos del cantón central de Cartago.

A través de los años, el sector oeste de Cartago ha sido una zona estratégica para la economía regional y nacional y representa la transición de la Costa Rica agrícola y rural del siglo XX, a la Costa Rica industrial y tecnológica del siglo XXI.

Imagen: La actividad agrícola cede terreno ante la tecnología.

Una nueva regionalización del país: un proceso que debe ser bien direccionado y muy participativo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

German Masís

La semana anterior el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) dio a conocer la firma del contrato para generar el “Estudio de regionalización que responda a los retos actuales que enfrenta Costa Rica en materia de planificación, gestión del desarrollo regional y ordenamiento territorial”.

Según la información “Su propósito es construir una propuesta técnica renovada para delimitar regiones, subregiones, cantones y distritos, que sirva como herramienta operativa del Sistema Nacional de Planificación.

La labor estará a cargo de la empresa GeoAdaptive que laborará en alianza técnica y estratégica con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI).

De acuerdo con la ministra de Planificación, “Una regionalización moderna y basada en evidencia permitirá cerrar brechas históricas y asegurar un desarrollo más justo y equilibrado para todas las regiones del país”.

La justificación del estudio se origina en que, la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

“El estudio permitirá fortalecer la coordinación entre instituciones en todos los niveles —nacional, regional y local—, facilitando una planificación más eficaz, evaluaciones más precisas y una participación ciudadana más activa. Además, brindará herramientas para caracterizar adecuadamente cada región, haciendo posible una intervención pública más contextualizada y pertinente”, agrega MIDEPLAN.

Aduce que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, “para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes”.

Se indica además que el estudio de regionalización, está muy relacionada con la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, aprobada en el 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática.(El observador.com,18-5-25)

El año anterior con motivo del anuncio del estudio de regionalización habíamos mencionado en un artículo denominado Los cambios en la regionalización del país; hacia un remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial sostenible, que la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, debe considerar algunos aspectos importantes:

1.Debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, sociodemográfico, cultural y económico-productivo, sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geo-sociohistórica de los territorios regionales.

2. Es imperativo introducir un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

3.Los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

4.Dado que varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que el desarrollo regional del país es un desarrollo desigual e inequitativo, resultado de la concentración de los recursos, la inversión y de la actividad económica, es fundamental que el análisis de la nueva propuesta territorial tenga como objetivo estratégico revertir las desigualdades regionales y avanzar hacia una organización territorial más equitativa y sostenible.

5. De ahí que es fundamental proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus ciudades más desarrolladas y las zonas rurales.

6.Por lo anterior se requiere sustentar la reorganización territorial en una caracterización profunda de los recursos naturales, humanos, institucionales, infraestructurales de los territorios de las distintas zonas geográficas, así como en los indicadores productivos, de desarrollo social, de desarrollo humano, de desarrollo rural y de competitividad existentes para los cantones y regiones, que permita establecer las particularidades, articulaciones y niveles de desarrollo de las distintas áreas geográficas.

7.El abordaje de este nuevo ordenamiento territorial debe suponer una perspectiva de desarrollo auto-centrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados intervengan y definan las acciones necesarias para el replanteamiento de las regiones y sus territorios.

8.En consecuencia, la ejecución del estudio de regionalización y la propuesta de reordenamiento territorial, debe implicar una consulta amplia a los actores territoriales y las comunidades, tanto en la elaboración de los diagnósticos-caracterizaciones regionales, como en la discusión de las propuestas de reorganización territorial resultantes.

9.La conformación de las nuevos espacios territoriales, debe obedecer a características históricas, físicas, culturales y de dinámica productiva, que permita lograr mayor cohesión e interacción de la población en los territorios, una mejor distribución y gestión de los recursos y una mayor representación política.

10.De esta manera, los nuevos espacios territoriales, deben redefinir la cobertura de las provincias actuales, la pertenencia apropiada de algunos cantones y la conformación de nuevas regiones más homogéneas y congruentes, que darán lugar a una regionalización más precisa y ajustada a las condiciones del siglo XXI

El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura, ¿qué celebramos realmente?

Escrito en . Publicado en Derechos.

German Masís

Este 15 de mayo, se celebra el día del agricultor, pero lo que celebramos realmente, es la progresiva desaparición del agricultor, que ocurre cada año ante nuestros ojos y que cada Gobierno desde 1986, se ha encargado de ignorar la importancia de la agricultura, de desmantelar el apoyo estatal hacia esta actividad, de políticas simbólicas y ficticias y de convertir al agricultor en una figura del folklore y de la añoranza del pasado.

Precisamente hoy, en esta fecha, los medios de comunicación revelan que el sector agro, pierde 54.000 empleos en seis años y alcanza su punto más bajo en una década. Unas 206.000 personas se dedicaron a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el 2024, cifra que no se veía hace una década, es decir esto representa una reducción del 20%, desde el 2018 y eso que en ese año el número de ocupados tuvo un repunte.

Pero la situación de las personas ocupadas es aún más delicada, ya que, en el cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre), el número de personas ocupadas en esta actividad llegó a 197.887. Esto convierte a dicho trimestre en el que presenta el resultado más bajo, al menos desde el año 2011. (El Observador.com,15-5-2025)

Ya a principios del 2024, la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, reveló que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024)

Por eso, tampoco nos sorprende ver la información del IMAE sobre el descenso de la producción agrícola, donde Marzo de 2025 se convirtió en el quinto mes consecutivo con disminución en la producción agropecuaria, pues a partir de noviembre la tendencia cambió y la producción ha disminuido mes a mes, acumulando cinco meses consecutivos de retroceso:

Noviembre 2024: -1,1%
Diciembre 2024: -3,1%
Enero 2025: -4,4%
Febrero 2025: -4,3%
Marzo 2025: -2,9%
(El Observador.com,14.5.2025)

Las causas y las explicaciones para un proceso de deterioro que se inició hace varias décadas, tanto de parte del sector gubernamental, como de las propias organizaciones agrícolas, ya hasta suenan reiterativas y desgastadas.

El Banco Central explica en su Informe de Política Monetaria de abril que la actividad agropecuaria se vio afectada de varias formas debido a situaciones climáticas: se produjo una merma en la producción orientada al mercado externo, como la de banano y piña. Hubo una menor producción en actividades agrícolas de ciclo corto, como papa, hortalizas, plátano y cebolla.

Mientras que, desde la Cámara de Agricultura y Agroindustria, “el sector agropecuario nacional atraviesa una grave crisis”, que, desde su perspectiva, obedece a varios factores, entre ellos los fenómenos climáticos adversos, que están generando una baja en la producción y otro es la pérdida de competitividad en las actividades agroexportadoras y del mercado interno, debido a la apreciación del colón frente al dólar.

Pero éstas son razones coyunturales y el deterioro de la actividad agropecuaria, responde a causas estructurales, relacionadas con las transformaciones del modelo de desarrollo económico impulsadas a lo largo de 4 décadas, dirigidas a la apertura comercial y al establecimiento de una economía de servicios, en la que predomina la inversión extranjera y en la que la actividad agrícola es una actividad secundaria y hasta marginal (la producción para el mercado interno).

De ahí que, que la reducción en el área sembrada de cultivos para el mercado nacional, ya no sorprenden y hasta parecen anecdóticos, como las datos de que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos, pues pasó de 154.658 en 1990 a 36.226 en 2023. La disminución es del 75%. lo que se refleja en la cantidad de personas empleadas en ese sector.

Otro ejemplo es la cebolla, en la que la producción nacional de este producto cayó en el 2024, hasta uno de sus puntos más bajos de la última década, con unas cifras que pasaron de 45.585 en el 2023 a 35.788 toneladas métricas en el 2024, que según el Consejo Nacional de Producción (CNP) representa una disminución del 21,5%.

Como lo apuntábamos en un artículo anterior denominado, La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos, se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo (piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento desmedido de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol o recientemente con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(surcosdigital.com,1-10-2024)

Igualmente lo señalábamos en otro artículo titulado Los Cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 confirman la tendencia al deterioro de la actividad agrícola. En ese artículo se mencionaba que la encuesta tenía entre sus principales revelaciones un descenso significativo en el área sembrada de los cultivos anuales con respecto al año 2022 y un descenso menor en los cultivos permanentes entre los dos años.

El descenso en el área dedicada a los cultivos anuales, era provocado principalmente por el descenso en el área de producción de arroz y en menor medida en las áreas de maíz y papá en el último año, En cuanto a los cultivos permanentes, el descenso en el área se dio sobre todo en las áreas de producción café, banano, caña y plátano.

En un artículo todavía anterior, denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector, decíamos que el país y sus regiones, fueron autosuficientes y soberanos en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y a veces hasta los huevos, el azúcar y el café.

La producción agroalimentaria para el mercado interno ha ingresado en el círculo perverso del comercio alimentario, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, aumento de los precios al consumidor y crecimiento de las ganancias de los importadores y empobrecimiento de los productores nacionales, que algunos políticos celebran con júbilo.

Mediante continuos artículos en defensa del agricultor y de la agricultura nacional, hemos estado escribiendo junto a algunas instituciones con intereses similares, la historia negra o la obra dramática del agricultor y la agricultura nacional, que ve desaparecer de manera inexorable una ocupación y una actividad que es parte de la identidad nacional y que en otros países consideran estratégica: la producción de alimentos.

El Informe del Estado de la Nación 2023, decía que “La disminución en la producción de granos básicos compromete la seguridad alimentaria y nutricional de la población, pues no promueve una oferta suficiente y constante de alimentos que garantice la satisfacción de las necesidades de la población”.

En tanto, la Defensoría de los Habitantes en una investigación realizada el año anterior, afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación, por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Sin embargo, no hay mejor explicación a la situación de los agricultores y de la agricultura nacional, que las manifestaciones de los propios agricultores, que cada semana concurren a las ferias del agricultor a pesar de los diversos problemas que enfrentan “para seguir siendo productores”.

El mes pasado y en relación con la situación de la producción y comercio de la cebolla un productor de Tierra Blanca expresó que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, en la que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.

Otro productor de Santa Ana, afirmó que “eso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, la lógica es clara, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.

Y finalmente una productora de San Carlos, que vende en la feria del agricultor de Cartago, tubérculos, maracuyá y plátano, expresó que “ya no aguantamos más, los insumos altísimos, la gasolina también, nos cobran todo y para el gobierno no existimos, nos quieren desaparecer, mientras que en otros países cuidan y chinean a los agricultores.

La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos: el caso de la cebolla

Escrito en . Publicado en Alimentación.

German Masís

En una noticia de ayer 15 de abril, se dio a conocer que la producción nacional de cebolla disminuye mientras que las importaciones llegan a su punto más alto, a la vez que productores nacionales reclaman que esta actividad va a desparecer debido a las importaciones. Según esta información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa por el CNP.

Este dato sobre la reducción de la producción de cebolla, se encuentra probablemente ya entre los niveles mínimos a los que puede llegar la producción nacional de este cultivo en el país, situación sobre la que se ha venido alertando desde hace varios años.

El año anterior, en el análisis de los cambios en la Encuesta Nacional Agraria 2023, se mencionaba la tendencia al deterioro de la actividad agrícola y la aproximación a la producción mínima en las principales actividades agroalimentarias.

Se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol o al aumento en el ingreso de productos como ha ocurrido con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(SURCOS,1-10-2024)

En los últimos meses la disponibilidad de cebolla se ha introducido en ese círculo perverso, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones y aumento de los precios al consumidor, en que había ingresado unos meses antes también la actividad de la papa y que entre las Autoridades del sector agropecuario nadie quiere explicar y menos atender.

Se informa al mismo tiempo, que el año pasado se dio un aumento en la importación de cebollas, es decir, de las que se producen en otros países y se traen a Costa Rica, ya que las importaciones pasaron de 1.663 toneladas métricas en el 2023 a 8.290. toneladas métricas en el 2024, una cifra nunca antes vista.

Los datos recientemente publicados por el CNP indican que este comportamiento al alza en las importaciones parece mantenerse en el 2025. Solo durante enero y febrero se han traído al país 2.322 toneladas, más que todo lo que se importó en cada uno de los años previos al 2023.

Por su parte, el análisis realizado por el CNP también demuestra que hay un aumento sostenido del precio de la cebolla fresca en Costa Rica. De esta forma, el precio promedio por kilo que se paga al productor pasó de ¢800 en el 2021 a ¢1.180 en el 2024 y en ese mismo periodo en el Cenada el precio del kilo subió de ¢844 a ¢1.369.

Pero aún más pronunciado ha sido el aumento en el 2025, pues el incremento en las ferias se movió de ¢1.127 a ¢1.927 por kilo, mientras tanto en los supermercados pasó de ¢1.456 en el 2021 a ¢1.962 en el 2025.

Al respecto, la mejor definición de lo que está ocurriendo en la actividad de la cebolla, la dio un agricultor de Tierra Blanca de Cartago, cuando en la misma información, dice que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.

Desde su punto de vista, durante los últimos meses un grupo de importadores se dieron cuenta de que la cebolla es un buen negocio y es un producto de venta masiva. Debido a esto, el mercado nacional se ha inundado de cebolla de Perú, Nicaragua y Estados Unidos. Mientras tanto, la cantidad de agricultores de cebolla está disminuyendo a una velocidad de 5% al año, según cálculos del sector cebollero.

“Eso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, afirmó otro productor de San Ana. La lógica es clara y contundente, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.

Pero según, la misma información, la cebolla no es el único fruto cuya producción está bajando en Costa Rica. Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos. La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%. (El Observador.com,15-4-2025)

Sin embargo, mientras las actividades agroalimentarias para el consumo interno alcanzan niveles mínimos, las Autoridades actuales del sector agropecuario, miran hacia otro lado y distraen su labor en la formulación de una política para el sector agropecuario 2023-2032, en la presentación en mayo del año anterior de un informe en cadena nacional, que denominaron el Agro es fundamental para la Administración Chávez: seguiremos trabajando por su competitividad y avance y a inicios de este año, en la emisión de un decreto para autorizar la importación de papa y cebolla..

Ante esta disociación entre la realidad de la producción agroalimentaria y la acción institucional del sector agropecuario, vuelve a cobrar validez la investigación realizada el año anterior por la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entre sus conclusiones afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación y el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así mismo son reiterativas, pero oportunas las consideraciones incluidas en el artículo denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria (Surcosdigital.com18-3-2024), acerca de la necesidad de la formulación de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las políticas internas de desestimulo a la producción nacional y de estímulo a las importaciones.

Imagen: TEC.

Los acontecimientos y cambios en el primer cuarto del siglo XXI

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German Masís

Había pensado escribir, como un cronista más de la historia, sobre los acontecimientos más importantes del primer cuarto del siglo XXI, entre los que estaban los avances tecnológicos, los cambios políticos, las modificaciones en la hegemonía económica mundial y las pandemias, tratando de establecer cuáles han sido los acontecimientos más determinantes y relevantes en las sociedades actuales y en la vida de las personas.

Comencé identificando los avances tecnológicos en el mundo, como el acceso extendido de internet a casi todo el mundo, la generalización del uso de los teléfonos móviles, el desarrollo de equipos como los smartphones, el surgimiento de las redes sociales y de la inteligencia artificial y haber descifrado el genoma humano.

Luego pasé a valorar los cambios políticos de mayor repercusión como las primaveras árabes y la caída de algunos gobernantes en los países del norte de África, el brexit en Inglaterra que rompió la Unión Europea, la elección de Putin como presidente de Rusia, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, la elección del primer Presidente negro en Estados Unidos, el surgimiento de gobiernos progresistas en los países de América del Sur y la creación de UNASUR, la difusión de atentados terroristas en varios países occidentales, que incluye los atentados a las torres gemelas en Nueva York, el ascenso de Trump en Estados Unidos y la invasión de Ucrania por Rusia.

También puse atención a algunos acontecimientos, como la disolución de la ETA, las guerras de Irak y Afganistán, a los atentados terroristas en varios países europeos, que incluye los atentados en las torres gemelas en Nueva York, en Inglaterra, en Francia y en España y la preocupación mundial por el terrorismo y la violencia, la invasión de Ucrania por Rusia y la de Israel a los territorios palestinos.

A nivel económico, acontecimientos destacados como el auge de la economía global, la consolidación de China como segunda potencia económica global y su expansión a otros continentes, el surgimiento de la Economía del conocimiento y el predominio de las empresas tecnológicas, la relocalización del capital y su incursión plena en países asiáticos y latinoamericanos y el auge de las grandes corporaciones comerciales y del consumismo, el surgimiento y consolidación del bloque económico de los BRICS, la crisis financiera e inmobiliaria del 2007 y el boom de los tratados de libre comercio impulsado por Estados Unidos.

En el campo ambiental, hechos como el tsunami del Océano Indico, el huracán Katrina y otros huracanes de gran impacto, el impulso de las energías alternativas, la afirmación del calentamiento global y del cambio climático como fenómeno global y en el ámbito de la salud, la pandemia de gripe A1N1 en el 2009 y la del covid-19, la más letal en 100 años.

Por su parte en los deportes, los mundiales de futbol en los continentes africano y asiáticos, de Sudáfrica del 2010 y el de Qatar 2022, abrieron esta competencia a otros continentes, mientras los juegos Olímpicos de Sídney del 2000 y de Río de Janeiro en 2016, llegaron a Australia y Sudamérica, después de muchos intentos.

Quizá ya hemos olvidado los acontecimientos de este cuarto de siglo, pero lo que no podríamos olvidar son las consecuencias de algunos de ellos y el impacto que tuvieron en la vida del país y en nuestras propias vidas.

Probablemente siempre recordaremos la llegada de los teléfonos móviles, de internet y de las redes sociales, el ascenso al poder de Barak Obama y de Lula Da Silva, pero aún más impactante la caída de las torres gemelas en el 2001.

También impactante la crisis económica internacional del 2007 y el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, los países de Centro América y República Dominicana, que conmocionó y dividió al país en el Referéndum.

El cambio climático ha sido una realidad con sus efectos y desastres por huracanes y los cambios en la temperatura y el clima y en salud, sin duda la pandemia del Covid-19, que puso en emergencia al sistema de salud y restricciones a la población por casi 2 años.

En tanto el mundial de futbol del 2014, marcó una verdadera hazaña para la selección nacional con sus triunfos épicos contra Italia y Uruguay, quedando en el primer lugar del grupo y luego en la siguiente ronda contra Grecia.

Sin embargo, lo realmente importante es establecer cuáles acontecimientos han generado transformaciones que han trascendido y que han cambiado el rumbo del mundo y que son las que explican la realidad actual de los países.

En ese sentido, las tecnologías de la información y de la comunicación, no solo han cambiado las formas de informarse y comunicarse, sino también las relaciones sociales y la veracidad de la información y han generado una brecha tecnológica que no ha sido superada.

Los cambios políticos en el mundo no siempre han sido para el bienestar de la población, si no para llevar al poder a líderes populistas y autoritarios con el apoyo del voto de un segmento pequeño de la población, decepcionado de los partidos y la política tradicional, que apuesta a un cambio que resulta riesgoso e incierto.

Mientras las guerras de este siglo, como las de Irak y Afganistán, Yemen, Sudán, Etiopía, El Congo, Siria, Israel con Irán, Líbano y Palestina y la de Rusia con Ucrania, nos han recordado que éste ha sido el período de mayor cantidad de guerras desde la II guerra mundial y que la paz no ha tenido espacio en este siglo, más allá del terrorismo que ha sido una expresión más de ese estado de guerra permanente en el mundo.

A nivel económico, el predominio de la economía de mercado, de la empresa corporativa multinacional y de la inversión extranjera en un mundo de negocios y finanzas globalizadas, se debate en la actualidad frente al cuestionamiento del libre comercio y la imposición de barreras arancelarias al comercio por parte del otrora promotor de estas estrategias económicas: Estados Unidos; es la globalización y la desglobalización en apenas un cuarto de siglo.

Los acontecimientos y cambios del siglo XXI nos han dejado inmersos en un mundo capitalista más desigual, dominado por el 1% de la población, los ricos y superricos, frente al 99% que se debate en la pobreza y la exclusión. Así mismo, nos han dejado democracias representativas, cada vez más débiles, en ciudades polarizadas, acechadas por el narcotráfico y el crimen organizado y el deterioro de los derechos humanos, dentro de una sociedad líquida, caracterizada por “su estado fluido y volátil, en la que predomina la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios que ha debilitado los vínculos humanos”, según la concepción del maestro Zygmunt Bauman. (2003).

La imposición de aranceles a las importaciones y la protección que ahora si es válida

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German Masís

Hace pocas horas el presidente Trump, anunció en un mensaje en su red social preferida, que, a partir del 2 de abril, impondrá aranceles a las importaciones agrícolas hacia EEUU. Aunque el anuncio no aclara en qué porcentajes serán los gravámenes y en qué condiciones serán aplicados.

De seguido el presidente agregó: “a los grandes agricultores de Estados Unidos, prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender dentro de Estados Unidos. ¡Diviértanse!”, dijo.

Este mismo día desde Pekín llegan noticias de la inminente aprobación de aranceles del 10% a las importaciones agrícolas estadounidenses en respuesta a la última ronda de gravámenes de Trump, aunque el mandatario estadounidense trataba de minimizar la capacidad de China de tomar represalias.

En defensa de esta estrategia arancelaria (proteccionista), Trump ha insistido en que “los aranceles son fáciles, son rápidos, son eficientes, aportan justicia”, y ha criticado al expresidente Reagan por su política comercial (aperturista y de libre comercio).

El mundo al revés, el país líder del libre comercio y que imponía a los demás países tratados de libre comercio, dirigidos a eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias de los países, por considerarlas distorsiones al comercio, ahora está imponiendo indiscriminadamente aranceles a la importación de los productos que ingresan a los Estados Unidos, para proteger a las empresas y a la producción nacional.

Al escuchar estas noticias, recordamos a los políticos norteamericanos y a miembros de los organismos internacionales, a los políticos y economistas de los países de América Latina, incluido Costa Rica, que proclamaban las bondades del libre comercio, la validez de los tratados comerciales y satanizaban los aranceles como medida de protección a la producción local.

Nuestras autoridades del Banco Central y del Sector Económico de los Gobiernos liberacionistas y socialcristianos, de varias décadas atrás, defendían los sagrados postulados del libre comercio y descalificaban a los que solíamos defender a los productores agrícolas nacionales y a los que hablaban de buscar medidas de protección para ellos, entre ellas los oscuros aranceles.

En los primeros días de este año, que vencieron todos los plazos de protección y se produjo la liberalización total de las importaciones agrícolas, incluidas en el Tratado Norte América, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), recordamos los acalorados debates entre los negociadores norteamericanos y centroamericanos, unos por liberar y otros por proteger algunos productos de la progresiva apertura comercial.

El progreso y el crecimiento económico estaba asociado a la apertura y al libre comercio, el atraso y el rezago económico, a la protección y la imposición de barreras al comercio, la lectura de la geopolítica actual ha variado la retórica comercial y la dirección de las políticas económicas; por unos años al menos será válido para nuestros países proteger su producción y a sus productores locales.

Desarrollo humano cantonal: bajos niveles en costas y fronteras y relación con violencia y vulnerabilidad a desastres

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Desarrollo humano cantonal: bajos niveles de desarrollo humano en las costas y fronteras y su relación con la violencia y la vulnerabilidad a los desastres

German Masís

Los nuevos resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2024, elaborado por el PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, nuevamente refleja condiciones desiguales para las costas y fronteras.

En este informe del Atlas, el análisis provincial revela que los cantones fronterizos de Costa Rica están más rezagados en términos de desarrollo humano y que los cantones de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón se sitúan en su mayoría por debajo del promedio nacional.

Entre los principales hallazgos de este informe, los cantones con menor desarrollo humano fueron Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota y 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).

Los cantones que completan los 25 cantones con el IDH más bajo, además de los mencionados son, Corredores, Osa, Limón, León Cortés, Garabito, Parrita, Nandayure, Montes de Oro, Sarapiquí, Upala, Hojancha, Golfito, Pococí, Acosta y Tarrazú.

Al ajustar el IDH por desigualdad (IDH-D), 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).

Por su parte, los 25 cantones con el IDH ajustado por Desigualdad son; Talamanca, Hojancha, los Chiles, León Cortés, Guatuso, la Cruz, Guácimo, Sarapiquí, Corredores, San mateo, Upala, Garabito, Dota, Golfito, Limón, Acosta, Cañas, Puntarenas, Montes de Oro y Siquirres, más los 5 antes mencionados.

En relación con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), a pesar de la disminución general de la pobreza multidimensional, solo dos cantones se consideran con una pobreza muy baja (Montes de Oca y Flores) y uno con una pobreza muy alta (Los Chiles).

Aproximadamente el 10% de la población vive en cantones con alta o muy alta pobreza multidimensional. La mayoría de los cantones clasificados con un IPM alto o muy alto se encuentran en zonas fronterizas (seis de once), tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur. (ElPaís.cr,1-11-2024)

En esta ocasión, el informe del Atlas de Desarrollo Humano profundiza en la correlación ente el desarrollo humano, la desigualdad, la pobreza y la violencia, estableciendo que el menor desarrollo humano, la alta desigualdad y la pobreza suponen situaciones de vulnerabilidad por escasas o menores capacidades personales y comunitarias, así como más precaria o débil presencia institucional.

Pero esta no es una relación unidireccional, debido a que la violencia afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política.

Se señala, que una persona en situación de pobreza, viviendo en contextos empobrecidos, se encuentra en condiciones que restringen el ejercicio pleno de sus derechos y libertades y lo colocan en una situación de vulnerabilidad frente a diversas situaciones, entre ellas la violencia y el delito. Las situaciones prolongadas de pobreza por definición implican insuficiente, ineficiente o ausente acciones del Estado, es decir, servicios inexistentes o de baja calidad con nula o débil presencia institucional.

Igualmente, indica que a menor Desarrollo Humano mayores son las violencias contra las mujeres. Así los cantones de Corredores, Osa y Los Chiles tienen Índices de Desarrollo Humano Cantonal medio, Osa el Índice de Desarrollo Humano Cantonal Ajustado por Desigualdad más bajo, y Los Chiles, en ellos el Índice de Desigualdad de Género Cantonal presenta una alta desigualdad.

En estos cantones, las desigualdades económicas y sociales son exponenciales respecto del resto del país, lo que coloca a las mujeres a una mayor exposición frente a las violencias: la pobreza estructural, el uso cotidiano de armas, las dinámicas del crimen organizado, la violencia crónica y la ausencia y/o debilidad de las respuestas institucionales, entre otros aspectos, refuerzan procesos violentos que afectan en forma diferenciada la vida de las mujeres, niñas y adolescentes e identidades sexo-genéricas en sus territorios como así también en sus experiencias de movilidad humana, justo en dos de los cantones fronterizos (Corredores y Los Chiles).

La solución de un problema multicausal como la inseguridad ciudadana o la violencia en el ámbito de las comunidades pasa por atender oportuna y efectivamente los factores de riesgo que la propician, es crucial fortalecer estrategias de prevención, especialmente para personas y comunidades en riesgo inmediato de verse vinculados a la violencia interpersonal.

Así mismo, es fundamental una fuerte y permanente presencia institucional que incluya, entre otras cosas, la mejora de la oferta educativa, incluyendo la infraestructura y el acceso a la tecnología; el desarrollo de capacidades para la empleabilidad, la generación de oportunidades de empleo y la creación y habilitación de espacios públicos, con participación comprometida de los gobiernos locales y las instituciones nacionales.

De la misma forma, el impacto de eventos destructivos, incluso si no llegan a un nivel de desastre pueden convertirse en un factor de incremento de la pobreza debido a sus efectos sobre la producción, la infraestructura pública y servicios, así como sobre los medios de vida y bienes de las personas en un territorio. Está claro además que las comunidades en situación de pobreza suelen estar más expuestas a estos embates y sufrir efectos mayores debido a una alta exposición a las amenazas, la falta de infraestructura adecuada, viviendas seguras y menor capacidad para recuperarse de las consecuencias, que pueden llegar a ser de muy largo plazo.

Los efectos mayores de los eventos de este período se han dado en zonas cercanas a la frontera norte y sur, y que además son cantones con bajos IDH. En este sentido es importante resaltar como un problema estructural el hecho de que los cantones del territorio Norte-Norte, Upala, Los Chiles y Guatuso presentan una importante recurrencia de eventos casi anual, generando una acumulación de daños y pérdidas en periodos tan cortos que no dan oportunidad para una recuperación, reactivación y mejora de los indicadores de desarrollo.

El informe concluye, que cuando el desarrollo humano no es suficiente o se deteriora, nos encontramos frente a una distorsión que constituye uno de los factores subyacentes para explicar la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales, los niveles territoriales de desarrollo humano por debajo del promedio nacional, presentan altas manifestaciones de violencia, delito y destrucción en los hogares y comunidades de las zonas costeras y fronterizas. (PNUD, AtlasdeDesarrolloHumanoCantonal,2024).

Algunos cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 que, aunque no son nuevos, deberían preocuparnos

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German Masís Morales

La reciente Encuesta Nacional Agropecuaria elaborada por el INEC para el año 2023, tiene entre sus principales revelaciones un descenso significativo en el área sembrada de los cultivos anuales con respecto al año 2022 y un descenso menor en los cultivos permanentes entre los dos años. Son en total, más de 27 mil hectáreas (27.556), 21.454 has en cultivos anuales y 6.102 has, de área dedicada a la producción agrícola, que debiera generar preocupación en los sectores y organizaciones vinculados a la actividad agrícola, en las autoridades del sector y en general en la población que depende de esas actividades.

El descenso en el área dedicada a los cultivos anuales es provocado principalmente por el descenso en el área de producción de arroz y en menor medida en las áreas de maíz y papá en el último año, En cuanto a los cultivos permanentes, el descenso en el área se dio sobre todo en las áreas de producción café, banano, caña y plátano.

Los cambios en el área y producción de arroz entre el año 2022 y 2023, son realmente agudos y determinantes, ya que el área pasó de 33.586 has en el primer año a 13.770 has y una producción de 145.302 Toneladas a 63.518 ton.

En el caso del maíz, la variación fue un área de 7.175 has a 5.149 has entre los años, mientras que la producción tuvo más bien un repunte de 10.246 ton. A 11.157 ton. En papa, la variación es importante en el área, pasando de 2.912 has en 2022 a 1.686 en el 2023 y también en lo que respecta a la producción, pasando de 48.171 ton a 37.528 ton.

En otros cultivos anuales, como el frijol, hubo un aumento del área y de la producción entre los dos años, pasando de 8.653 has a 9.074 has y de 10.246 ton a 11.157 ton., la yuca que pasó de 7.084 has a 7693 ton y la producción de 78.275 ton a 86.354 ton, también hay una variación en el cultivo de ñampí de 596 has a 1162 has y en la producción de 8.047 ton a 11.139 ton. Entre el 2022 y el 2023.

En los cultivos permanentes, el café tuvo una variación importante entre el 2022 y 2023, pasando de un área de 77.352 has a 74.000 has y en producción de 436.473 ton a 416.215 ton, mientras que en banano el área pasó de 48.369 has a 47.766 has y en la producción si tuvo un ligero repunte de 2,397.933 ton a 2,439.825 ton, por su parte la caña de azúcar tuvo una reducción en el área pasando de 57.006 has a 56.619 has y en la producción una reducción de 3,366 ton a 3,191.449 ton, también en la producción de plátano hubo una reducción en el área pasando de 10.697 has a 8.774 has, aunque la producción fue similar en los dos años, con 72.083 ton y 72.877 ton en ambos años.

En el mango y la naranja, también ocurrió un descenso del área entre el 2022 y el 2023, pasando de 6.217 has a 5.637 has el primero y de13.220 has a 12.847 has el segundo, en tanto en la producción la variación fue significativa, pasando de 30.187 ton a 24.583 ton el mango y de 289.564 ton a 174.626 ton la naranja. El palmito fue otro cultivo que se redujo un poco el área y la producción, pasando de 3.231 has a 3.200 has y de 3.203 ton a 2.883 ton entre los dos años.

Sólo los cultivos de palma aceitera y de chayote tuvieron un aumento en el área y la producción, el primero más en el área, pasando de 68.288 has a 69.398 has que en la producción que fue similar de 1,1040.239 ton a 1,109.441 ton, y de 407 has a 444 has el área y de 28.990 ton a 39.785 ton el segundo.

Lo dijimos el año anterior, con respecto al análisis comparativo de la Encuesta Nacional Agrícola de 2022 y del 2020 y lo reiteramos ahora con relación al análisis de la ENA del 2023 con relación al 2022, con diferencias en el área sembrada y en la producción de las actividades analizadas, de 19.816 has y de 81.764 toneladas en arroz, de 2.026 has en maíz, de 1.226 has en yuca en los cultivos anuales y de 3.352 has y 20.258 toneladas en café, de 603 has en banano y de 1.933 has en plátano y de 387 has en caña, estas variaciones en la producción agrícola, debiera llamar la atención de las autoridades del sector agropecuario, de las organizaciones y de los consumidores.

Esta reducción en el área y en algunos casos también en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre el uso de las tierras y su utilización en otras actividades en algunas regiones periféricas del país, sobre el empleo agrícola y la salida de productores de la actividad y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que en algunas de ellas podríamos estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación(como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol) o al aumento en el ingreso ilegal de productos(como ha ocurrido con la cebolla y la papa).

Las razones de la reducción de las áreas sembradas en el 2022 eran atribuidas a los fenómenos de la pandemia y el aumento de los precios de los insumos agrícolas, como se mencionó en un artículo anterior (Alterdes.com,2022), pero la tendencia actual hacia la reducción de las áreas y la producción puede deberse al deterioro estructural de la actividad agrícola, que se viene reflejando constantemente en las ediciones de la Encuesta agropecuaria.

Si se compararan las cifras de áreas sembradas del 2023, igual que en el 2022 y el 2020, con las del censo agropecuario del 2012, se podría confirmar la tendencia de mediano plazo en la reducción de las áreas en la mayoría de las actividades, poniendo en evidencia que la producción agroalimentaria, en especial para el mercado interno, presenta un deterioro irreversible, por la dedicación de las áreas a otras actividades económicas(turismo, inmobiliario) en algunas zonas del país y por la baja inversión en las actividades agropecuarias y/o la disminución de la asistencia tecnológica hacia ellas.

Dijimos hace un año que, abandonar más la producción agroalimentaria nacional no es posible, y constatar la ausencia de políticas adecuadas para el fortalecimiento del sector es un ejercicio sencillo, pero ¿qué estamos haciendo para rescatar la producción agrícola?

Imagen: INEC

El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector

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German Masís

Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el cambio climático señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente los desafíos del sistema alimentario.

El informe afirma, que, si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Agrega que, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes concluye que, si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió también, determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa

Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.

En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes, comunicado, febrero 2024)

En concordancia con el análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.

El presidente de la Cámara mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan. 

Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.

Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.

También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024).

Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024).

La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.

Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.

No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.

Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.

A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.

Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever dictámenes poco favorables a su aprobación.

Estos proyectos particulares, aunque no proponen transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.

Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.

En la situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, esa propuesta señalaba que:

La mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.

Además, esa agricultura se ve amenazada por:

-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados

-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos

-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.

En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la economía nacional.

Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta de políticas eran:

  1. Mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
  2. Democratizar el acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
  3. Promover la innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
  4. Mejorar la gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
  5. Fomentar la Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias

6.Formular un proyecto de ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas Agrícolas,octubre 2014)

Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.

Debemos cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.

El país y sus regiones eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.

Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos. 

La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores (fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.

Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.

Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.

Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.

Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.

Imagen ilustrativa, UCR.