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La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 confirma el peligroso descenso de la producción nacional

German Masís

La Encuesta Nacional Agropecuaria del 2025, que recoge los datos para el 2024, revela una caída considerable de la producción agrícola, que ha llegado ha ser reconocida como una verdadera crisis de la actividad agrícola, con descensos de las áreas cultivadas y de la producción de cultivos importantes para el consumo interno como el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y el plátano y de cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, la naranja, el mango y la palma aceitera.

Las diferencias han sido significativas entre el 2024 y el 2023, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años. Pero las mayores diferencias se encuentran entre los años 2020 (ENA 20021) y 2024 (ENA 2025), en la mayoría de los productos mencionados al inicio.

En ese período, las diferencias en los cultivos para el mercado interno fueron de alrededor de 19,711 hectáreas menos sembradas y de 511,116 toneladas métricas menos de producción entre esos años, cifras significativas en la disponibilidad de la producción de alimentos para el consumo de la población.

El análisis de los cultivos de exportación no es menos preocupante, ya que las diferencias entre el 2020 y el 2024, señalan una reducción en el área sembrada de 33,634 has menos y de 829,654 toneladas métricas menos de producción en ese período, un descenso considerable en la producción exportable del país.

Arroz

El área sembrada estimada en el año 2024 fue de 13 067,6 hectáreas, la producción fue de 51 468,3 toneladas métricas; destinando el 98,9% a la venta. La producción se concentra principalmente en las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca

Según la ENA 2023, el año 2022 se sembró de arroz 33.586.4 has, que es el 53.2% de los ochos cultivos anuales estudiados y se obtuvo una producción de 145.302,5 toneladas métricas. Estas cifras reflejan que el arroz tuvo la mayor extensión sembrada, cosechada y la producción más alta de los cultivos anuales.

Comparando el área y la producción de arroz del año 2020 (encuesta nacional 2021), que fue de 38.112,7 hectáreas, hubo una reducción de casi 4 mil hectáreas entre el 2022 y el 2020, aunque en la producción que fue de 137.503,5 toneladas métricas en el 2020, si hubo un aumento de más de 7 mil toneladas métricas en el año 2022.

Sin embargo, si analizamos los datos en un período más amplio, entre el 2020 y el 2024, la diferencia en el área cultivada y la producción es considerable, porque entre ambos años la diferencia es de 25.045 has y de 86,035 Tm de producción menos, evidenciando la salida de una importante cantidad de productores de la actividad y el aumento del volumen importado.

Frijol

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 8 708,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 761,7 toneladas métricas. El 76,7% de la producción total fue destinada a la venta. Su producción se concentra principalmente en las regiones Huetar Norte y Brunca.

Con respecto al cultivo de frijol, el área sembrada en el 2022 fue de 8.653,3 has sembradas y una producción de 6.000,2 toneladas métricas. Mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 9.452,3 hectáreas, 800 has más que en el último año y la producción obtenida fue de 5 308,4 toneladas métricas, un poco menor que la del 2022.

El análisis de las diferencias entre el 2020 y el 2024, indican que en frijol ha habido una reducción de 744 has y de 1,547 toneladas métricas de producción, lo que también es significativo y debió ser cubierto con mayores importaciones

Maíz

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 7 534,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 17 627,8 toneladas métricas; donde el 79,4% fue vendida. Se cultiva en todas las regiones del país

En cuanto al maíz, en el 2022 se sembraron 7.175,9 ha sembradas y se tuvo una producción de 10.246,1 toneladas métricas, en tanto el área sembrada en 2020, fue de 8.376,2 hectáreas, es decir 1.200 has más que el 2022 y una a producción obtenida este año de 14.180,6 toneladas métricas, es decir cerca de 4 mil toneladas más en el 2020, resultado al parecer de un mayor rendimiento por hectárea.

En maíz, las diferencias entre 2020 y 2024, han sido de 842 has sembradas menos, pero se obtuvo, 3,447 toneladas métricas más de producción, probablemente debido a mejores rendimientos.

Papa

El área sembrada estimada en 2024 fue de 1 679,5 hectáreas, la producción obtenida fue de 30 228,5 toneladas métricas; donde el 92,4% fue destinado a la venta. Del total de la producción vendida, el 92,7% fue al por mayor. Las principales regiones productoras son la Central Oriental y la Central Occidental

En el caso de la papa se reportó para el 2022 un área de 2.912,4 ha, y una producción de 48.171,6 tm. para el 2022, en tanto para el 2020, el área sembrada fue de 2.816,3 hectáreas, y la producción obtenida fue de 47.619,3 toneladas métricas; con escasas diferencias entre un año y otro tanto en área como en producción.

La comparación en la producción de papa entre el 2020 y el 2024, señala una diferencia de 1,137 has sembradas menos y 17,391 toneladas métricas de producción menos, lo que es una diferencia enorme, que revela una incorporación menor de productores y un aumento considerable de la producción importada.

Cebolla

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 1 313,3 hectáreas la producción obtenida fue de 25 349,0 toneladas métricas; donde el 99,0% fue destinado a la venta. se produce principalmente en las regiones Central Sur, Central Oriental, Central Occidental y algunas zonas de la región Chorotega.

Por su parte para la cebolla, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 reveló una extensión sembrada de 1.422,8 ha y una producción de 32.184,4 toneladas métricas, mientras que en el año 2020, el área sembrada fue de 1.884,9 hectáreas y la producción obtenida fue de 36 546,3 toneladas métricas; con diferencias de más de 400 has y más de 4 mil toneladas métricas entre uno y otro año.

En el caso de la cebolla, las diferencias entre el año 2020 y 2024, es de 531 hectáreas sembradas menos y de 11,197 toneladas métricas menos de producción, lo que establece el descenso de la actividad en las áreas dedicadas y en la producción obtenida, claramente suplida por las grandes importaciones del producto.

Yuca

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 11 849,0 hectáreas, la producción obtenida fue de 111 743,5 toneladas métricas; donde el 91,7% fue para la venta y el 90,8% fue comercializado al por mayor. Las principales regiones en las que se produce son la Huetar Norte, la Huetar Atlántica y la Brunca.

Dentro de las raíces y tubérculos, destaca la yuca con un área sembrada de 7.084,4 ha y una producción de 78.275,6 toneladas métricas en el 2022, frente a un área de 11.161,1 hectáreas y una producción de 97.201,0 toneladas métricas en el 2020; que marca una diferencia de más de 4 mil has sembradas y de 18 mil ton. de producto entre aquel año y el 2022.

En cuanto a la yuca, la comparación entre los años 2020 y 2024, revelan un aumento del área en 688 has y de 14,542 Tm más de producción, revelando un crecimiento importante de la actividad.

Banano

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 46 028,7 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 2 277 988,4 toneladas métricas. El 99,7% de la producción total fue para la venta. El principal destino de la producción es directamente al exterior, representando un 75,3% del total vendido, se concentra principalmente en las regiones Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.

Seguidamente, el banano con un área sembrada de 48.369,2 ha sembradas y la producción obtenida de 2.307 933,3 toneladas métricas, cifras que eran mayores en el 2020, con el área sembrada de 54.783,6 hectáreas y la producción obtenida de 2,528.720,8 toneladas métricas. Es muy significativa la diferencia en el área sembrada entre uno y otro año, de más de 6 mil hectáreas.

El análisis de la evolución de la producción de banano entre el 2020 y el 2024, determina una reducción de 8,755 has y de 250,732 toneladas métricas menos entre ambos años, que muestra una situación complicada de la actividad debida según se ha mencionado por factores climáticos y el retiro de algunas empresas extranjeras.

Café

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 71 570,7 hectáreas, la producción obtenida fue de 360 502,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 85,9% de la producción total. Las regiones del país donde se puede encontrar este cultivo son la Central Sur, Central Oriental, Central Occidental, Pacífico Central, Chorotega y la Brunca.

Para el café, el área sembrada en 2022, según la ENA fue de 77.352,5 ha sembradas y una producción de 436.473,3 toneladas métricas de producción, mientras que en el 2020, el área sembrada fue de 80.210,3 hectáreas y la producción obtenida fue de 400.042,1 toneladas métricas, con una diferencia de más de 2.800 has sembradas en el 2020, aunque la producción es mayor en el 2022, probablemente por una mayor productividad de las plantaciones.

En la actividad cafetalera, las diferencias entre los años 2020 y 2024, son significativas, con la reducción de 8,640 hectáreas sembradas y una producción de 39,540 toneladas métricas menos, que también revela un descenso considerable de la producción de café, atribuido en buena medida a factores climáticos y a cambios en la producción mundial del grano

Caña de azúcar

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 55 780,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 929 987,7 toneladas métricas. De la producción vendida, el 98,8% fue destinado para la venta en la industria. En Costa Rica, la principal producción se encuentra en las regiones Chorotega, Central Occidental, Central Sur, Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central.

Entre los cultivos permanentes, según los principales resultados de la ENA 2022, la caña tuvo un área sembrada 57.006,2 ha sembradas y una producción de 3,366.915,7, en tanto en 2020, el área sembrada fue de 60.750,0 hectáreas y la producción obtenida fue de 4, 194.596,7 toneladas métricas, con una diferencia que de más de 3.700 has sembradas.

La comparación en la actividad de la caña entre el 2020 y el 2024, evidencia una diferencia de 4,970 has menos sembradas y de 264,609 toneladas métricas menos de producción entre ambos años, que resulta significativa por la reducción de áreas que ha dado en las regiones productoras.

Chayote

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 461,4 hectáreas, de las cuales fueron cosechadas 336,4. La producción obtenida fue de 42 541,2 toneladas métricas. Del total de la producción el 99,0% fue destinada para la venta. Del total vendido, el 80,4% fue directamente al exterior. El cultivo se concentra principalmente en la región Central Oriental

Finalmente, el área sembrada de chayote fue 407,0 ha y la producción de 28.990,7 tm. en el 2022, en tanto en el 2020, el área sembrada fue de 493,6 hectáreas y la producción obtenida fue de 31.284,7 toneladas métricas, con una diferencia de más de 85 has sembradas y más de 2.200 toneladas métricas producidas en el 2020. (INEC, ENA,2022).

En el chayote, las diferencias son de 32 has sembradas menos, entre el 2020 y el 2024, pero un aumento de 11,257 Tm más de producción entre los dos años.

Mango

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 5 205,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 18 846,5 toneladas métricas. Del total de la producción se vendió un 95,0%, y se destinó a la comercialización al por mayor el 69,6%. Las principales regiones productoras son la Central Sur, Central Occidental, Pacífico Central y la Chorotega

Respecto al mango, el área sembrada es de 6.217,4 ha área sembrada, y una producción 30.187,4 toneladas métricas de producción para el 2022, en tanto para el 2020 el área sembrada fue de 7. 482,5 hectáreas y una producción obtenida fue de 23.812,1 toneladas métricas, registrando una diferencia de más de 1,200 has sembradas ese año, aunque se tuvo una producción menor en el 2020.

Las diferencias en la producción de mango entre el 2020 y el 2024, son de 2,277 has menos y de 4,966 toneladas métricas menos entre los dos años, son importantes.

Naranja

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 10 678,4 hectáreas, La producción estimada fue de 128 069,5 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta con el 96,6% de la producción total. De la producción que se vendió, el 84,6% se destinó a la industria. Las zonas productoras del país son la Central Sur, Central Occidental, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántica

El caso de la naranja, el área sembrada fue de 13.220,7 hectáreas y la producción obtenida de 289.564,5 toneladas métricas en el 2022, mientras en el 2020 el área sembrada de 13.354,1 hectáreas y la producción estimada fue de 258.234,3 toneladas métricas, con áreas y producciones muy similares en los dos años, así como en el volumen que se vende en el mercado interno que es entre un 27 y un 30%.

Analizando las diferencias en la actividad de la naranja, encontramos una diferencia de 2,676 hectáreas menos sembradas y de 130,165 toneladas métricas menos de producción entre el 2020 y el 2024, mostrando un descenso considerable en la actividad.

Palmito

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 2 848,8 hectáreas, la producción fue de 2 681,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 57.0% de la producción total. En el país se siembra en las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte, Pacífico Central y Brunca

Mientras el área sembrada fue de 3.231,9 ha de sembradas y una producción de 3.203,3 toneladas métricas de producción en el 2022, mientras que el área sembrada fue de 3.866,3 hectáreas y la producción fue de 3.218,6 toneladas métricas en el 2020, con una diferencia de más de 600 has sembradas, pero un volumen de producción similar, en el palmito también una parte pequeña se destina al mercado nacional.

En el palmito, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 1,018 hectáreas menos sembradas y de 537 toneladas métricas menos entre esos años, que indica una reducción mayor en las áreas y menor en la producción.

Plátano

La estimación del área sembrada en el año 2024 fue de 8 780,9 hectáreas, la producción obtenida fue de 72 277,9 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta, que representa el 85,4% del total producido. De la producción vendida, el 89,0% se destinó a la comercialización al por mayor. La principal zona productora del país es la región Huetar Caribe.

Por su parte, el plátano presentó en el 2022, un área sembrada de 10.697,3 y una producción de 72.083,3 toneladas métricas de producción, frente a un área sembrada de 10.860,3 hectáreas y una la producción obtenida de 84.412,8 toneladas métricas en el 2020, evidenciando áreas similares en ambos años, pero una producción mucho mayor en el 2020, de más de 12 mil toneladas métricas.

Las diferencias en la producción de plátano entre el 2020 y el 2024, son de 2,080 has menos en el período y de 12,135 toneladas métricas menos de producción, diferencias significativas en esta actividad.

Palma aceitera

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 67 600,5 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 999 761,6 toneladas métricas. El principal destino fue la venta en el exterior, representando el 72,4% de la producción total. Las principales regiones productoras son la Pacífico Central, Brunca y la Huetar Atlántica

En cuanto a la palma aceitera, el área sembrada fue de 68.288,5 ha sembradas con una producción 1,040.239,3 toneladas métricas en el 2022, frente al área sembrada de 72.898,1 hectáreas y una producción obtenida de 1,138.886,8 toneladas métricas en el 2020, cuya comparación revela un área sembrada mayor en este año de más de 2.600 has, con respecto al 2022.

En lo que respecta a la palma aceitera, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 5,298 has menos sembradas y 139,105 toneladas métricas de producción entre ambos años, lo que representa cambios importantes en esta actividad

Las diferencias en el área sembrada y en la producción de las actividades analizadas en la ENA 2025, revelan descensos muy importantes en la producción agrícola para el mercado interno y para la exportación, que marcan una peligrosa la tendencia hacia la reducción de las áreas agrícolas que ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria 2021 y 2023.

Esta reducción en el área y en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre la disponibilidad interna de alimentos, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, sobre el aumento de las importaciones y sobre el decrecimiento de las exportaciones agrícolas y la generación de divisas, ya que en algunas de ellas como se ha mencionado anteriormente, podría estarse llegando a límites mínimos de producción, que un descenso mayor podría llevar a un desabastecimiento peligroso y a la dependencia de las importaciones como ha ocurrido en otros países.

El Atlas de Desarrollo Humano 2025: el bajo desarrollo humano, la desigualdad y la inseguridad se conjugan en los cantones de las regiones periféricas

German Masís

Se presentó recientemente el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de2025 y entre los índices analizados se encuentran los índices de desarrollo humano, de desarrollo humano ajustado por desigualdad, de desigualdad de género y el de pobreza multidimensional, a los que se suma el índice de seguridad cantonal.

En esta oportunidad, el Atlas incorpora el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC), que permite vincular a nivel cantonal el bienestar humano con la incidencia delictiva. Los resultados muestran que entre 2020 y 2023, un 70% de los cantones experimentaron una disminución en el valor del ISC y un aumento de la inseguridad.

La incorporación de esta dimensión dentro de los análisis sobre desarrollo humano responde a la necesidad de comprender cómo la violencia y el delito afectan el bienestar integral y sostenible de las comunidades.

Índice de Desarrollo Humano (IDH, señala al igual que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad IDH-D 2023 que la desigualdad territorial es persistente: los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) siguen rezagados con respecto a los del centro del país.

Según el IDH, los cantones con mayor desarrollo humano son: Escazú, Santa Ana, Belén y Montes de Oca; en contraste, los cantones con menor desarrollo humano son Talamanca, Los Chiles, Matina y Buenos Aires.

Al ser ajustado por desigualdad los cantones con mayor IDH-D son Belén, Montes de Oca, Curridabat, Santa Ana y Santo Domingo, mientras que Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires registran los valores más bajos.

En cuanto al IPM 2024, los mejores resultados (muy bajas privaciones) se ubican Montes de Oca, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Belén. En el extremo opuesto, con mayor pobreza multidimensional, figuran La Cruz, Talamanca, Coto Brus y Los Chiles.

El IPM 2024 evidencia que el 3,8% de la población vive en cantones con alta pobreza multidimensional, concentrada principalmente en zonas fronterizas del norte y sureste del país. En contraste, la Región Central concentra la mayoría de los cantones con IPM bajo o muy bajo, reafirmando la disparidad territorial.

En igualdad de género, los avances son moderados: mejora el desempeño en educación y salud, pero persiste el rezago en la participación laboral femenina, lo que limita la autonomía económica y el rendimiento del desarrollo en varios territorios.

Según el IDH, los diez cantones con menor desarrollo humano son: Buenos Aires (posición 84), Matina, Los Chiles, Talamanca, Corredores, Guácimo, Parrita, Montes de Oro, La Cruz y Coto Brus.

A nivel provincial, se observa que todos los cantones de Limón se ubican por debajo del promedio nacional, situación que prevalece desde el primer lanzamiento del Atlas en el año 2007 . En Puntarenas, únicamente Puerto Jiménez se encuentra por encima de dicho promedio, mientras que en Guanacaste destacan Liberia y Tilarán como los únicos dos cantones que superan el promedio nacional

Si se analiza el IDH por región de planificación se observa una clara distinción entre la región Central y el resto de las regiones. Mientras que en la región Central solo ocho municipalidades (Acosta, Alajuelita, Dota, Jiménez, León Cortés, Puriscal, Sarchí, Tarrazú) se encuentra por debajo del promedio nacional, en el resto de las regiones solo cinco cantones se encuentran por arriba de dicho promedio: Liberia, Tilarán, Puerto Jiménez, San Carlos, San Mateo. Cabe destacar que la región Huetar Caribe no tiene ningún cantón por arriba del promedio nacional. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, Análisis de Resultados p.11)

Al ajustar el IDH por la desigualdad que viven las personas dentro de un mismo cantón en áreas como salud, educación y economía, se obtiene el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los 10 cantones con los menores índices son: Sarchí, Hojancha, Orotina, Golfito, Sarapiquí, Matina, Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires, en último lugar.

Igualmente, al observar geográficamente los cantones clasificados según la igualdad de género, nuevamente se tiene un patrón que deja en desventaja a aquellas personas que están en las zonas alejadas del centro del país, siendo la excepción algunas de la provincia de Guanacaste. Para este último año, se identifican 7 cantones con alta desigualdad, que son: Hojancha, Osa, Río Cuarto, Talamanca, Los Chiles, Turrialba y Coto Brus.

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 2024, los cinco cantones que presentan un IPM alto (Upala, La Cruz, Talamanca, Coto Brus, Los Chiles, completan los 10 cantones con este nivel Siquirres, Guatuso, Buenos Aires, Sarapiquí, Turrialba y Upala.

El análisis de los cantones según el Índice de Seguridad Cantonal dejó en evidencia que los problemas de seguridad ciudadana se dan tanto dentro como fuera de la GAM, sin embargo, al ver la evolución en el tiempo (2020-2023), son los cantones fuera de la GAM los que están evidenciando un mayor deterioro.

Los cantones con la mayor pérdida de valor del índice son: Nicoya, Parrita, Santa Cruz, Cañas, Garabito, Los Chiles, Puerto Jiménez, Guatuso y Limón y en consecuencia con el mayor deterioro de la seguridad en el período.

En 59 cantones (70,2 %) el valor del índice disminuyó lo que evidencia el aumento de la inseguridad ciudadana en una buena parte de los cantones del país, que se suman a los anteriores que son: Osa, Garabito, Corredores, Talamanca, Matina, Quepos, Puntarenas, Golfito, Siquirres, Carrillo, San José, Abangares, Orotina, Pérez Zeledón, La Cruz, Pococí y Turrialba.

La inseguridad, no solo refleja la ausencia de control del delito, sino también la fragilidad de los vínculos comunitarios, la precariedad de los entornos urbanos y la limitada presencia del Estado. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2025, p.27)

La inseguridad ciudadana representa una barrera significativa para el desarrollo humano, al limitar las oportunidades, libertades y condiciones de vida de las personas en los cantones costeros, fronterizos y rurales.

La competitividad de los cantones en el 2025: los reiterados bajos niveles de los cantones costeros, fronterizos y rurales

German Masís

La versión del Índice de Competitividad Nacional 2025 muestra una mejora de 1,7 puntos respecto a 2024, un resultado positivo, pero no estructural. El avance se concentra en telecomunicaciones y digitalización, mientras que las áreas más determinantes para el bienestar —seguridad, salud y educación— se han deteriorado o estancado.

Este crecimiento, por tanto, no puede interpretarse como un logro del gobierno de turno, sino como el resultado acumulado de políticas de largo aliento y de la inversión privada en infraestructura digital. La recuperación del índice es frágil, desigual y territorialmente concentrada.

Tras cinco ediciones del ICN, los hallazgos son claros: 1. Costa Rica tiene una competitividad baja y estable, sin variaciones estructurales significativas. 2. La desigualdad territorial es persistente: las regiones costeras y fronterizas siguen rezagadas en salud, educación y empleo. 3. La seguridad es el principal obstáculo al desarrollo territorial y la inversión. 4. La infraestructura eléctrica y vial encarece la operación productiva, limitando el crecimiento de las PYMEs. 5. La digitalización es la mayor fortaleza nacional, pero su impacto será limitado si no se acompaña de mejoras en el capital humano.

Las desigualdades territoriales muestran un país de dos velocidades, la competitividad costarricense se comporta como un sistema dual. Por un lado, los cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) mantienen niveles de desempeño por encima del promedio nacional; por otro, los cantones costeros y fronterizos continúan rezagados y estancados.

La GAM concentra el 80% de los cantones con mejora sostenida, mientras que las costas apenas muestran cambios. En los cantones costeros, la baja competitividad se asocia con déficits en infraestructura, seguridad y acceso a la educación técnica, factores que dificultan atraer inversión y generar empleo formal.

Por provincia, el contraste es aún más marcado. Heredia, Cartago y San José se consolidan como polos competitivos, mientras que Guanacaste y Puntarenas acumulan los mayores rezagos. En Guanacaste, el ICN cayó por segundo año consecutivo, impulsado por un deterioro en salud y en el sector construcción. Su tasa de mortalidad infantil pasó de 7,4 a 12,1 por mil nacidos entre 2023 y 2024, un salto sin precedentes en el país.

Mientras tanto, los cantones con mayor pérdida de competitividad (San José, Nicoya, Nandayure, Bagaces y Coto Brus) concentran los efectos de la inseguridad, el desempleo y el aumento del costo de vida.

La educación presenta una doble realidad: avances cuantitativos, pero persistencia de brechas cualitativas y territoriales, siete de cada diez jóvenes en cantones rezagados —como Matina, Garabito, Talamanca, Los Chiles y Río Cuarto— no han terminado el colegio. (CPC, Resumen Ejecutivo del índice de la Competitividad Nacional 2025).

La competitividad costarricense tiene rostro territorial: avanza en el centro, se estanca en las costas. Esa afirmación se constata al observar que de los 25 cantones, que tienen el menor índice de competitividad nacional, 24 son de las regiones periféricas y sólo 1 se encuentra en la GAM., mientras que de los 24 cantones periféricos, 9 son costeros, 7 son fronterizos y 8 son rurales, destacando Garabito que es el cantón de menor índice de los 82 cantones (en el índice anterior era Talamanca) y entre los 10 de menor índice, están en orden descendente: Los Chiles, Buenos Aires, Jiménez, Talamanca, Corredores, Abangares, Guatuso, La Cruz, Coto Brus y Garabito, de los cuales 3 son de la región Brunca, 2 de la región Huetar Norte, 2 de la región Chorotega y 1 de las regiones Atlántica, Pacífico Central y Central.

Muchos de los cantones mencionados de las regiones periféricas también, están entre los 10 de menores índices por pilar o componente, así en el pilar de Instituciones o desarrollo institucional, Garabito es el de menor índice, seguido de la Cruz, Golfito, Quepos, Guácimo, Siquirres, Puntarenas, Bagaces, Nicoya y Osa, mientras que en el pilar de Infraestructura, el menor índice lo tiene Guatuso, seguido de Upala, Coto Brus, Jiménez, Alvarado, Abangares, León Cortéz, Nandayure, los Chiles y Buenos Aires.

En tanto en acceso a las TICs, Talamanca tiene el menor índice, seguido de Siquirres, los Chiles, Buenos Aires, Coto Brus, Matina, Nandayure, Sarapiquí, Upala Y Bagaces, en el pilar Salud, el de menor índice es Limón, seguido por Coto Brus, Turrialba, Corredores, Garabito, La Cruz, Dota, Zarcero, Bagaces y Golfito y finalmente en el pilar de Dinamismo de mercados, el de menor índice es Guatuso, seguido por Osa, Aserrí, Quepos, Parrita, Montes de oro, Hojancha, La Cruz, Turrubares y Coto Brus.

Este fenómeno de los menores índices de competitividad en cantones costeros, fronterizos y rurales ha sido señalado en los informes anteriores del Índice de Competitividad Nacional, así en el del 2023, la mayoría de los cantones con desempeño limitado o deficiente, formaban parte de los cantones costeros y fronterizos. Entre los considerados deficientes, 4 eran de Puntarenas y de la región Central y Brunca, 3 de Alajuela y la región Huetar Norte, 2 de Limón y la región Huetar Atlántica, y 1 de Heredia y la Huetar Norte, 1 de Guanacaste y la región Chorotega. (Masís, G, SURCOS Digital, enero,2024)

Igual que ahora, la medición del ICN, evidenciaba una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país, que “sigue un patrón de adentro hacia afuera” al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social. Esa es la realidad de las desigualdades en la competitividad de los cantones y las regiones del país, que es persistente y se confirma en el informe más reciente.

Imagen tomada de https://icn.cr/wp-content/uploads/2025/11/RESUMEN-EJECUTIVO-ICN-2025.pdf

Cuatro años de odio y de revancha

German Masís

La Administración Chaves está a punto de concluir y, para quien ha seguido de cerca su gobierno, resulta evidente que han sido cuatro años de odio y de revancha contra algunos sectores, grupos, personas y territorios, mientras ha gobernado para unos pocos sectores, quienes lo llevaron al poder y los que han sido sus aliados.

Pero tratemos de escudriñar las razones de su odio y su revancha hacia Liberación Nacional, hacia las universidades públicas, el CONARE, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Caja del Seguro Social, el ICE, el INS, los bancos estatales y los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas; los empleados públicos, los sindicatos, los pensionados, los agricultores, los ambientalistas, las feministas y otras minorías; los medios de comunicación La Nación, CR Hoy y Canal 7, y a nivel territorial, la provincia de Cartago y la Gran Área Metropolitana.

En algunos casos parece claro el origen de su rechazo o resentimiento, como con el partido Liberación Nacional, que gobernó muchos años y en cuyos gobiernos su padre trabajó como empleado, teniendo que servir a personajes como los Arias Sánchez, los Figueres y otros; hacia las universidades y, en especial, con la Universidad de Costa Rica, por su paso efímero por ella y su frustración de no haber podido graduarse ahí, y el haber tenido que salir a estudiar afuera, parece haberlo marcado.

Por su parte, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y algunas instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Recope, la banca estatal y el mismo Poder Judicial, que fueron creadas y han sido controladas —a su entender— por el PLN, deben ser “arrebatadas” a la antigua clase política y transformadas.

En este ámbito se ubica la posición confrontativa contra Cartago, baluarte político de Liberación Nacional y de la revolución del 48, y la única provincia en la que perdió las elecciones anteriores y las recientes.

En lo que se refiere al Gobierno central, existen algunos ministerios claves que se afirma han sido manejados por los gobiernos liberacionistas, como el MEP, el MAG, el MINAE y el MOPT, y que también deben ser “rescatados”. Mientras que a los medios de comunicación que lo criticaron en su campaña, como La Nación, Canal 7 y CR Hoy, los convirtió en sus enemigos acérrimos.

En tanto, los empleados públicos y los sindicatos defensores de las personas trabajadoras son, por razones ideológicas, quienes representan la oposición al capital, a los empresarios y a la clase patronal, con la que él se identifica y a la que defiende.

En el caso de los agricultores, la divergencia ha sido con los sectores de pequeña producción y sus organizaciones, ligadas a la producción de granos y hortalizas y concentradas en Guanacaste, la zona norte de Cartago, San Ramón y Zarcero, lugares también asociados a la influencia liberacionista en el pasado.

Otro sector fuertemente asediado ha sido el ambiental y sus organizaciones, asociadas en mucho a los sectores de izquierda y progresistas del FA y el PAC.

Con respecto a los pensionados del magisterio y del sector público, su rechazo parece haber sido promovido por sus cercanos colaboradores, como la diputada Cisneros, que convirtió, desde su pasado periodístico, las pensiones de lujo en una obsesión y en el estigma permanente.

Llama poderosamente la atención la posición con respecto a los bancos estatales, creados también por el PLN y que deben ser “rescatados” por la nueva clase política mediante el control de sus juntas directivas y sus decisiones financieras. Asimismo, el movimiento cooperativo, impulsado por el PLN, ha sido tomado por el gobierno como un sector estratégico.

Un tema particular ha sido el de la Defensoría de los Habitantes y el Estado de la Nación, enemigos encontrados en el camino según el presidente.

Porque esa ha sido la constante de este gobierno: la confrontación con sus enemigos. Han sido cuatro años de un ambiente de odio, revancha y resentimiento que ha afectado nuestra paz social, pero así será recordado este gobierno.

Imagen: https://www.milenio.com/opinion/enrique-toussaint/columna-enrique-toussaint/la-revancha-del-odio

La efectividad de la estrategia de continuidad del gobierno de Chaves

German Masís

Mientras muchos todavía nos preguntábamos por las razones del ascenso al poder del Partido Progreso Social Democrático y luego en los meses y años siguientes íbamos tratando de asimilar un estilo de gobierno del presidente agresivo y confrontativo, el grupo político en el poder iba tejiendo su estrategia para convertir la Administración actual en la plataforma para garantizar el triunfo en las elecciones del 2026 y consecuentemente la continuidad de este grupo en otro período gubernamental.

Si atendemos al pasado reciente, podemos identificar algunas posiciones y argumentos del Presidente y su equipo de gobierno, que iban en la dirección, de no sólo gobernar en el período 2022-2026, si no proyectar lo que sería una estrategia de continuidad, que fue anunciada prácticamente desde la primeras semanas de ésta Administración y en especial en el informe de los 100 días y en los informes anuales del Ejecutivo, en la que afirmaban la dificultad de gestionar el gobierno y la necesidad de un período más amplio para concretar la reestructuración del Estado para hacerlo “más efectivo y más ligado a las necesidades del pueblo”, según lo enunciaba el Presidente en cada acto político y en sus discursos semanales.

Entre los argumentos esgrimidos frecuentemente por el presidente, su asesora Cisneros y los delfines formados en el proceso, entre ellos la presidente electa, se encuentran algunos que eran estratégicos para los intereses de ese grupo y los cuales fueron muy efectivos para estructurar la propuesta de continuidad que fueron consolidando durante los 4 años, entre ellos están:

El primer argumento, fue que los proyectos que no se podían concretar en el período 2022-2026, como el de la Ciudad-Gobierno, el de la marina y el puerto de cruceros de Limón, el del aeropuerto de la zona Sur, el de la carretera de San Carlos y las reformas institucionales a Ministerios como el MOPT, el MAG y el MINAE, así como las instituciones autónomas, como el ICE, Recope, el INA, JAPDEVA, INAMU, el PANI y radio nacional y canal 13 (que debían ser los canales de propaganda gubernamental), se podían alcanzar si el pueblo les daba un período más en el poder, a lo que posteriormente agregaron que también se necesitarían 40 diputados para lograr todos los cambios mencionados.

El segundo fue que la oposición tiene tomada la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República y no los deja gobernar, bloquea sus iniciativas y hace una oposición negativa frente a los intereses del pueblo que el gobierno representa, por lo que se requeriría de un período amplio de gobierno, para reformar esas instancias y ponerlas a funcionar de manera eficiente y fluida según sus necesidades y demandas.

El tercero, sería que de los mayores errores de los gobiernos de los partidos tradicionales, el más perjudicial es el abandono por parte de las instituciones estatales, tanto centralizadas como autónomas, que incluye las universidades, de la población que vive en las zonas costeras y fronterizas en términos de prestación de servicios, infraestructura y beneficios sociales, dicha población se encuentra marginada del desarrollo y de las oportunidades, de ahí que la posibilidad de revertir esa condición, está ligada a extender el período de gobierno a otros 4 años más.

El cuarto argumento es que el país está muy bien bajo este gobierno, la economía funciona muy bien, la pobreza se ha reducido, se está generando empleo, los indicadores macroeconómicos son excelentes, que hay crecimiento y prosperidad.

Los argumentos sociopolíticos y hasta psicológicos, de tenemos un proyecto de cambio que va a mejorar la situación de todas las personas, pero que no lo podemos realizar en 4 años, que somos víctimas de las instituciones del sistema político controladas por la oposición(los malos) que no nos dejan gobernar (a los buenos), que la situación del país es muy buena, por lo que no hay que hacer caso a los que señalan problemas que no existen (entre ellos las universidades y el Estado de la Nación), que sólo quieren desprestigiar la labor del Gobierno y que en el país los más perjudicados por los gobiernos de los partidos tradicionales han sido las personas pobres y marginadas de las zonas costeras, fronterizas y urbano marginales del Valle Central a los que este gobierno quiere ayudar, han sido argumentos que han calado fuertemente en las poblaciones populares que tienen mayores limitaciones de recursos e información (los “Básicos” como diría la diputada Cisneros), pero que habían apostado a un gobierno fuerte, directo, de mano dura, sin importar si eso implica un estilo autoritario y de concentración de poder.

Por su parte con respecto a las posiciones tácticas que el gobierno de turno tomó y le resultaron efectivas durante el período de gobierno, para crear las condiciones para la continuidad y como preparación para las elecciones del 2026, fueron las siguientes:

1. Promover e impulsar desde el primer día de gobierno, una campaña política a favor de la continuidad, que se reproducía semanalmente en las conferencias de prensa, en las visitas a las regiones y comunidades y en los discursos durante actos públicos diversos y el encuentro con miembros de otros poderes, que en los últimos meses del 2025, se constituyó en una campaña abierta y beligerante a favor de la candidata oficialista, que ni el TSE, ni la Asamblea legislativa lograron detener.

2. La cooptación de dirigentes locales y alcaldes de gobiernos locales, por lo general de cantones de las regiones periféricas, mediante una acción directa de la Casa Presidencial y de autoridades de instituciones del gobierno Central, para ofrecer recursos y obras para las comunidades de referencia de éstos, que generó un apoyo y un vínculo de al menos 15 alcaldías, en una labor que en el pasado era realizada por delegados presidenciales que tenían los gobiernos de los partidos tradicionales.

3. La descalificación constante de los partidos de oposición y de sus dirigentes, utilizando todo tipo de mecanismos directos e indirectos, de burla, ofensa o vocabulario “pachotero”, que el presidente y sus seguidores adoptaron, reproduciendo según ellos la forma de comunicación del pueblo y la que es de más fácil comprensión para estar en sintonía con los sectores populares.

4. La sustitución del espacio comunal y político que tenían las iglesias evangélicas ligadas al partido Renovación y luego Nueva República, en las zonas costeras y fronterizas, a través de un enfoque de oferta y ejecución permanente de obras y asistencia desde el gobierno a las comunidades, frente a las ayudas puntuales a las familias de los fieles que aquellas les ofrecen.

La táctica del grupo en el poder para procurar la continuidad, no ha sido casual, ha sido bien orquestada, tanto para mantener la popularidad del Presidente como para montar la plataforma de apoyo a la candidata oficialista, que se resume en: hacer una campaña permanente desde el gobierno hacia la continuidad, captar el apoyo local y de los gobiernos locales en las zonas costeras, fronterizas y marginales, desprestigiar constantemente a los partidos y dirigentes de oposición y desplazar los simpatizantes del partido evangélico en esas zonas. Parece maquiavélico, pero definitivamente que la estrategia funcionó.

El triunfo de Laura Fernández: expresión de las desigualdades regionales o la rebelión de las regiones periféricas

German Masís

Apenas el lunes un día después de las elecciones, una publicación sobre la distribución del voto para los candidatos Álvaro Ramos y Laura Fernández, en los diferentes cantones del país, señaló que el primero tuvo un mayor porcentaje de votos en los cantones de la Gran Area metropolitana (GAM), tradicionalmente los de mejor índice de desarrollo y la segunda en los cantones de las regiones periféricas, los de peor índice de desarrollo.

Los cantones que apoyaron mayoritariamente a Ramos fueron, Santa Ana, Belén, Escazú, Montes de Oca, Heredia Central, Santo Domingo, San Pablo, Curridabat, San Rafael y Flores, todos de la GAM. Mientras que, a Fernández, la apoyaron mayoritariamente los cantones de Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota, todos de las regiones periféricas.

Esta diferenciación en la votación de los cantones de la GAM y de las regiones periféricas, por uno u otro candidato, no es casual y responde a una correlación entre la participación en el desarrollo económico, las desigualdades regiones y la vinculación a diferentes propuestas políticas, en unas asociadas a los partidos tradicionales y su concentración en la GAM y en otras ligadas a partidos que han prometido reivindicar las regiones periféricas, por lo general más pobres, desiguales y con menores oportunidades de desarrollo.

Durante varios años, mediante diversos artículos publicados en SURCOS hemos venido poniendo en evidencia las desigualdades regionales a través de la referencia a la distribución de la producción por cantón, a los índices de competitividad, de desarrollo humano, desarrollo social, de pobreza y desigualdad, mostrando dinámicas socioeconómicas desiguales que se han profundizado durante décadas y que hoy parecen estar en la base de la inclinación política de la población de los cantones de ambas regiones y en particular en la búsqueda de opciones políticas diferentes por parte de los habitantes de las regiones periféricas, que explican el apoyo brindado a los partidos Renovación en el año 2018, Progreso Social Democrático en 2022 y ahora a el Pueblo Soberano.

En abril del año 2023, en un artículo denominado la “Distribución de la producción por cantón: el mapa de las desigualdades territoriales, indicábamos a partir de la presentación por el Banco Central de las cifras del Producto Interno Bruto Cantonal de Costa Rica que éste análisis permite confirmar que los cantones ubicados dentro de la GAM aportan la mayor proporción a la producción y las exportaciones del país, mientras que los cantones pertenecientes a las provincias y regiones periféricas, por el contrario tienen una escasa participación en éstas.

Así en la distribución del PIB, es claro el comportamiento de concentración de los cantones de la GAM, ya que 9 de los cantones con el índice más alto, corresponden a la zona central del país, ellos son San José, Belén, Escazú, Heredia, Santa Ana, Montes de Oca, Alajuela, Cartago y Flores y sólo Liberia es el único fuera de la GAM.

Mientras, de los 10 cantones con el PIB más bajo, 7 son de las regiones periféricas, a saber, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Buenos Aires, Hojancha, La Cruz, incluyendo a Acosta, y sólo 3 cantones en la periferia de la GAM, Oreamuno, Alajuelita y Aserrí.

Por su parte, el comportamiento de las exportaciones, también sigue el mismo patrón de concentración de la producción, ya que de los 10 cantones que aportan una mayor proporción, 8 son parte de la GAM, entre ellos, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión y sólo 2, Pococí y Puntarenas, pertenecen a las regiones periféricas.

Contrariamente, los 10 cantones que tienen un menor aporte a las exportaciones están vinculados a las regiones periféricas, tales como, Alvarado, Osa, San Mateo, León Cortés, Los Chiles, Talamanca, Dota, Nandayure, Hojancha y Turrubares. (BCCR,2023)

Este análisis, reafirmaba el fenómeno de la concentración de la actividad económica del país en las 4 provincias que conforman la GAM y en los cantones que la integran, el cual ya se había presentado con motivo de la actualización de la Matriz Insumo-Producto en el 2021. En este otro aporte se esclareció que La producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites y se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Por su parte, el comercio está presente en casi todo el país, mientras el transporte está dominado por San José y Alajuela y la administración pública está altamente concentrada en el centro del país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Por su parte, los servicios se encuentran concentrados en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Tibás y Escazú de la GAM. Sólo en San Carlos y Pérez Zeledón, existen algún desarrollo de los servicios en las regiones Periféricas.

Mientras que las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). La agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas.

La problemática social y económica que ha caracterizado a las regiones periféricas, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación y los servicios públicos.

Este es el mapa del desarrollo económico y el escenario de la desigual social del país, entre los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal, la institucionalidad gubernamental y la concentración de la riqueza y los territorios rurales, costeros y fronterizos de empleos precarios, limitados servicios y mala distribución de la riqueza, expresión de la existencia de dos Costa Ricas.

A su vez, se observaba que existe una correlación entre la participación entre la participación en la producción y el desarrollo económico y el nivel de desarrollo humano de los cantones y regiones del país. En el año 2021, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal revelaba cómo los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano. Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

A su vez entre los 25 cantones con los indicadores bajos de IDH-D, a los 10 anteriores se suman Sarapiquí, Turrubares, Osa, Upala, Guácimo, Golfito, Nandayure, Río Cuarto, Turrialba, Corredores, Guatuso, Siquirres, Quepos, Pococí y Acosta, 7 son costeros, 8 son fronterizos y 10 son rurales y de ellos por provincias, 6 son de Puntarenas, 5 de Limón, 5 de San José, 4 de Alajuela, 3 de Guanacaste, 1 de Heredia y 1 de Cartago.

En este panorama del desarrollo humano cantonal, a la tradicional apreciación sobre los cantones costeros y fronterizos como los que ostentan los peores indicadores de DH, se debe agregar la participación de los cantones rurales ubicados en la periferia de la GAM, como León Cortés, Tarrazú y Dota de la provincia de San José entre los 10 de más bajos indicadores, junto a Hojancha de Guanacaste y entre los 25 mencionados en el IDH-D, se suman los cantones rurales de Acosta y Turrubares en San José, Pococí, Guácimo y Siquirres de Limón, Río Cuarto de Alajuela, Sarapiquí de Heredia y Turrialba de Cartago.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, que se incluyó por primera vez en este Atlas, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales.

En esa oportunidad se agregaba, que estos cantones costeros, fronterizos y rurales, no sólo se encuentran en buena medida excluidos y marginados del desarrollo nacional y de la acción del Estado, sino que también lo están del sistema político.

La información de la participación electoral de la población de estos cantones y los niveles de abstencionismo lo confirman; en estos cantones con el IDH-D más bajo y el IPM alto, la participación política en el 2018 fue muy baja, en donde Talamanca y Golfito apenas tuvo el 50%, Corredores, Osa y La Cruz con el 51%, Buenos Aires y Garabito con el 52%, Los Chiles con un 53%, Matina, Limón y Quepos con 54%, Coto Brus y Upala con el 55%.

Se decía que la democracia económica y política tiene una deuda con estos cantones de las regiones periféricas. La expresión referida a la existencia de dos Costa Ricas sigue vigente, hay “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel,F., 2021,p.222).

En otro de los informes, el del Índice de Competitividad Nacional, se exponía que sólo 12 cantones ubicados en la GAM poseían condiciones excepcionales para el desarrollo económico, coincidiendo con los cantones mencionados al inicio. Mientras que en el resto del país la situación es muy distinta, un total de 48 cantones (el 59% del total) todos ubicados en las provincias costeras y fronterizas, apenas tenían condiciones de competitividad, que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

El estudio referido del ICN, revelaba que las barreras que explican las brechas de competitividad entre las regiones eran muy variadas, pero que una de las más importantes es la educación, la publicación señalaba que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria.

También indicaba que, en los cantones peor evaluados, también existían explicaciones relacionadas con el acceso a servicios básicos, como agua potable o electricidad, la inversión en servicios básicos era cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente.

Por su parte, según ese informe, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso, era uno de los factores más determinantes en los bajos niveles de competitividad entre los cantones fuera de la GAM.

El informe del Estado de la Nación del 2022, señaló entre sus principales hallazgos, la mayor desigualdad, un retroceso en equidad y un país partido. Afirmó que, en la última década, el país profundizó los rezagos sociales y económicos, hay una parte de la población que goza de mucho bienestar, mientras que un grupo cada vez más numeroso está excluido de servicios esenciales, como educación, trabajo y empleo de calidad.

Pues esa condición desigual entre la GAM y las regiones periféricas se ha expresado una vez más en las urnas electorales, varios análisis sobre el resultado de las elecciones han argumentado que el trasfondo de este triunfo oficialista es una transformación profunda de la cultura política costarricense, de la ampliación de las brechas territoriales, entre el área metropolitana y las zonas periféricas, el deterioro de la movilidad social, el desgaste de los partidos tradicionales y la asociación persistente entre política y corrupción.

Jaime Ordóñez, uno de los analistas, describió el mapa del resultado electoral como la existencia de “dos Costa Rica”, en San José e incluso en provincias fue muy pareja, con excepción de Cartago que la gana la oposición, pero este triunfo holgado de Fernández viene de las zonas costeras, sectores históricamente más olvidadas y más pobres, que acumulan esta molestia histórica (France 24,4-2-2026), fue la rebelión de las regiones periféricas.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo tituladoNo es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.

El Pacto por la Producción Agropecuaria debe divulgarse y debatirse a nivel nacional

German Masís

Este 10 de noviembre se realizó un conversatorio Sobre el Pacto por la Producción Agropecuaria, organizado por la Asociación Madre Tierra en el Centro de Cultura de España en barrio Escalante, con la participación de José Oviedo, miembro de las organizaciones agrícolas y del grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, proponentes del Pacto, de la investigadora Eva Carazo y de personas vinculadas a madre Tierra, productores agrícolas y académicos interesados en la problemática agraria del país.

El representante de las organizaciones que elaboraron el Pacto y secretario general de la UNAG, José Oviedo, realizó una presentación de los aspectos principales y prioritarios de la propuesta de política agrícola, que incluyen:

1.Defender la producción nacional, frente a los procesos de apertura comercial y la integración a bloques económicos que la amenazan.

2.Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación, la investigación y la digitalización

3.Enfrentar el cambio climático y generar herramientas de adaptación a éste

4.Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria, como el empleo, la salud y la distribución de la riqueza

5.Fortalecer el mercado nacional agropecuario, acortar la cadena de comercialización y fortalecer las alternativas de comercialización directas, justas y transparentes

6.Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria, con la promoción de buenas prácticas, manejo e higiene y el fortalecimiento de los controles fitosanitarios

7.Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y garantizar los servicios financieros a los agricultores

8.Crear una política integral de seguros agropecuarios accesibles, para el establecimiento de un seguro agropecuario que permita el acceso efectivo a los seguros frente a los desastres

9.Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el medio ambiente y un enfoque de agricultura sostenible baja en emisiones y ligada al uso y protección del suelo, la biodiversidad y el agua.

10.Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.

Luego de la presentación del Pacto, algunos de los asistentes efectuaron comentarios y aportes que es importante rescatar y destacar.

Eva Carazo señaló que este planteamiento de las organizaciones debe ubicarse en el marco de las luchas históricas y las reivindicaciones estratégicas de los actores y las organizaciones del agro y del abandono de las políticas públicas de la actividad agropecuaria, porque la propuesta del Pacto tiene una serie de antecedentes de luchas, propuestas y movilizaciones que es necesario mencionar y valorar a luz de la coyuntura actual. Para ello, sería necesario que la propuesta incluya un apartado de introducción y justificación que brinde un breve marco histórico y estratégico adecuado, que le dé mayor respaldo y validez al planteamiento actual y que exponga con claridad las carencias y limitaciones de la política agrícola actual y la gestión de la institucionalidad del sector agropecuario para resolver los problemas estructurales del agro costarricense.

Como mencionó otro de los asistentes, es importante también inscribir este planteamiento en el debate sobre el modelo de desarrollo económico vigente en el país, un modelo aperturista y de liberalización económica, que ha impulsado una economía de los servicios, la manufactura avanzada y la inversión extranjera, que ha relegado sistemáticamente la actividad agropecuaria desde hace 4 décadas a un lugar de abandono y exclusión, pese a su papel todavía en la producción agroalimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y en la generación de empleo e ingresos para la población rural.

En ese sentido apunta el análisis del investigador y académico universitario, el economista Francisco Esquivel, en su libro Estructura Productiva en Costa Rica: una alternativa de crecimiento, el cual analiza los diferentes modelos de desarrollo de las últimas décadas y en ellos el papel de la agricultura en el desarrollo económico del país y que en una propuesta renovada plantea una estrategia de desarrollo que reinserta al agro como uno de los motores del desarrollo futuro del país. De ahí que es de gran valor, vincular la presentación del Pacto por la Producción Agropecuaria, al debate sobre un nuevo Modelo de desarrollo nacional y a una Estrategia de reposicionamiento de la actividad agropecuaria en este nuevo modelo.

En otra de las intervenciones, se señaló que no basta la presentación del Pacto a los candidatos y candidatas a la Presidencia, que fue suscrito por algunos de ellos, si no tratar de hacer visible y divulgar la propuesta entre los consumidores y la población en general, haciendo énfasis en que el partido ligado al Poder ejecutivo y que busca la continuidad en las próximas elecciones, ha destruido la agricultura nacional, por su apoyo a los intereses de ciertos sectores, como los importadores y su indiferencia ante las demandas justas de los sectores productivos agrícolas. Así mismo, si hubiera segunda ronda electoral, solicitar un compromiso público o carta de compromiso de los candidatos y partidos que la alcancen, con la implementación y ejecución de los 10 aspectos del Pacto, a riesgo de no recibir el apoyo electoral de los agricultores del país.

Igualmente en las presentaciones del Pacto, según otro asistente, es necesario no sólo señalar los aspectos principales, si no también abrir el debate a algunos de los temas específicos, como el desarrollo tecnológico, la dependencia de insumos externos y el papel del INTA y la investigación universitaria, el del financiamiento limitado a la actividad agropecuaria, pese a la existencia del sistema de Banca para el Desarrollo y otros recursos disponibles para los productores, el tema del Comercio agropecuario y la necesidad de transformación de entidades como el CENADA y los Mercados regionales y el de porqué no existe un programa de seguros agrícolas accesible.

Finalmente, es fundamental que la propuesta del Pacto por la Producción agropecuaria, sea divulgado y discutido en las regiones periféricas y los cantones fronterizos, costeros y rurales, procurando hacerles llegar la propuesta y organizar debates locales mediante la participación de las organizaciones agrícolas, asociaciones de productores, cooperativas y centros agrícolas; esta labor podría coordinarse con las sedes regionales de las Universidades, ONGs e instancias del sector agropecuario o los consejos regionales de desarrollo, con la colaboración de Madre Tierra.

En la imagen de cabecera se aprecia, al centro al Msc Roberto Salom Echeverría coordinador de la actividad, a su izquierda José Oviedo Chaves dirigente del sector agropecuario, y a la derecha Eva Carazo Vargas, investigadora del tema agropecuario. En la siguiente foto se puede ver parte de la asistencia a la actividad.

La más profunda crisis del agro en la historia reciente: actividades y sectores en lucha por la sobrevivencia

German Masís

En los últimos seis meses han proliferado en los medios de comunicación noticias sobre la profunda crisis que vive el sector agropecuario, poniendo a prueba la sobrevivencia y la resiliencia de los productores y sus organizaciones y en uno de los períodos en que el Gobierno se ha convertido tanto por su acción como por su inacción en elemento desencadenante del deterioro de la actividad agropecuaria.

Titulares como los siguientes, evidencian la coyuntura crítica:

-Productores de arroz se movilizan en defensa del proyecto FONARROZ

-Producción del sector bananero costarricense para exportación bajó un 20% al inicio de este año

-En plena bonanza mundial productores nacionales de café reciben pérdidas por el tipo de cambio bajo

-Productores de cebolla denuncian ante el MEIC que supermercados están etiquetando cebolla importada como nacional

-Esto es una fiesta, es una piñata, es una cosa rarísima, dice productor sobre importación masiva de cebolla

-Empresario agroexportador: caía del tipo de cambio ha llevado a empresas al límite

-Cebolleros ahogados por el impacto de las importaciones

-Agricultores están vendiendo en 200 el kilo de cebolla aunque les cuesta 420 producirlo, piden ayuda al Gobierno y los Diputados

-Producción agropecuaria nacional acumula 7 meses de caída en medio de políticas adversas del gobierno

-Recesión en el sector agro de Costa Rica, vamos para una crisis aguda

-Sector agropecuario asegura que aumento de arancel de EEUU golpeará a productores

-Costa Rica negocia tratado sin consultar al agro: “nos arriesgamos a una avalancha de importaciones”, según organizaciones agrícolas

-Productores de leche denuncia indignante flexibilización a favor de exportadores lácteos de EEUU

-Gobierno y Banco central esconden la realidad del sector agro en Costa Rica denuncian en el día del agricultor

-Importación de papa autorizada por el Gobierno afectará a productores nacionales

-Banco Central sugiere importar papa y tomate

-Datos lo demuestran, políticas del gobierno deprimen la actividad agrícola

-Impacto del cambio climático provocaría pérdidas en cosecha de café por C 11.500 millones en la zona de los Santos

-Cambio climático podría reducir en un 60% el área para la producción de banano

-Productores de aguacate celebran fallo que frena importaciones sin controles

-74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años

Aunque el sector agropecuario ha transitado por otros períodos difíciles en los últimos 40 años, como en 1986 con las movilizaciones frente a la Agricultura de Cambio, la de las organizaciones agrícolas en 1992 frente a la salida definitiva del CNP de la comercialización de granos, o la de las mismas organizaciones en1997 frente al retiro de profesionales del MAG por la movilidad laboral y la reducción del presupuesto del MAG, que profundizaba el desmantelamiento de las instituciones del sector agropecuario, en los últimos meses hemos asistido al deterioro de las condiciones de producción y comercialización de actividades productivas no sólo para el mercado interno, sino también para la exportación.

En circunstancias probablemente inéditas, en el período reciente confluyen una serie de factores estructurales como las limitaciones tecnológicas y de capital de los pequeños productores, el aumento de los costos de producción, los problemas de comercialización tanto en los mercados tradicionales como en la relación con las cadenas de supermercados, la limitada asistencia tecnológica de las instituciones públicas dada su escasez de recursos, sin olvidar los efectos del cambio climático, junto a factores coyunturales, como la promoción de las importaciones agrícolas, la reducción de controles a la importación, la permanencia de altas tasa de interés, la sobrevaluación del tipo de cambio y la posible incorporación a la Alianza del Pacífico.

Mientras ese escenario se ha ido configurando, el Gobierno continúa con su política de acciones puntuales de modernización de la actividad agrícola, entre las que se encuentran:

-MAG e INA impulsan modernización del agro con capacitación en drones

-INA capacita a productores en buenas prácticas agrícolas en todo el país

-MAG y SENARA impulsan un proyecto de riego en la zona de Cartago

Con ocasión de un nuevo conversatorio con los candidatos presidenciales, “Sobre el Sector Agropecuario Nacional: por la seguridad y soberanía alimentaria costarricense”, cabe preguntarse acerca de los resultados de los foros con los candidatos a la presidencia para las elecciones del 2022 y del 2018 y podríamos apuntar que en estos se hicieron planteamientos dispersos y muy generales, que no apuntaban a una transformación de la actividad agropecuaria a nivel tecnológico, comercial, financiero, de seguridad alimentaria y que no revertía el abandono de los productores que se dedican a la producción para el mercado interno.

Al igual que ocurrió en las ocasiones anteriores, las diversas organizaciones y entidades costarricenses señalarán las vulnerabilidades, amenazas y desafíos de la pequeña producción agrícola y de la seguridad alimentaria del país, pero pasará poco o casi nada, porque la actividad agrícola hace mucho dejó de ser una actividad económica estratégica y la movilización de recursos hacia esta actividad es secundaria.