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Etiqueta: gestión de residuos

Rechazo ciudadano a la “basurización” en Montes de Oro

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Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción

La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.

En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.

Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:

● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).

● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).

● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.

● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.

Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.

Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.

Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.

Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro

El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.

En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.

La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.

Cronología del caso PTA Galagarza

2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).

2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).

Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).

Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).

Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.

Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).

Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).

Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.

Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.

Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.

Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.

Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.

Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.

Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.

Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.

Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.

Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.

Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Finca El Maderal: pulmón verde de San José en riesgo

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Vecinas y vecinos de Mata de Plátano, Goicoechea se organizan para defender la Finca El Maderal, un área de más de 12 hectáreas de vida silvestre ubicada dentro del Corredor Biológico Interurbano Torres-María Aguilar, frente a un proyecto municipal que busca instalar un “parque ambiental” con planta de compostaje y centro de clasificación.

La Finca El Maderal es mucho más que un terreno, es un bosque que alberga más de 146 especies de aves, algunas únicas en el país, y que protege nacientes de agua que alimentan el río Torres. Su ubicación en una zona de alta sensibilidad hídrica la convierte en un espacio vital para la biodiversidad y la recarga acuífera del cantón.

La propuesta municipal es vista por la comunidad como un intento de convertir la finca en un relleno sanitario encubierto, dada la necesidad de botaderos que enfrenta el Gran Área Metropolitana. Las y los vecinos alertan sobre el alto riesgo de lixiviados y escorrentías hacia el río Torres, lo que contradice el principio de tutela ambiental preventiva.

Además, no existe un plan de control de vectores ni de olores, lo que pone en riesgo la salud pública y contraviene la Ley General de Salud (Ley.5395). También se proyecta una pérdida de hasta el 40 % en el valor de las propiedades cercanas, lo que afectaría el bienestar económico de las familias.

En esta misma línea, La Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), mediante el Oficio MG-AG-UTGV-0212-2025 (28/05/25), confirmó la inviabilidad de accesos para tránsito pesado, ya que las calles son estrechas, con pendientes pronunciadas, radios de giro inadecuados, puente de un solo carril y ausencia de estudios estructurales de pavimento. Esto genera preocupación sobre el deterioro de la infraestructura local y la seguridad vial.

Las y los vecinos insisten en que la finca no es un lote baldío, sino parte de la Reserva de la Biosfera del Río Torres. Cada árbol y cada planta son parte de una red de vida que beneficia a toda el Área Metropolitana. La comunidad asegura que su voz será más fuerte que cualquier plan que atente contra este bosque y llaman a la ciudadanía a sumarse a su defensa: “¡Defendamos El Maderal!”

Para más información, actualizaciones y acciones locales, visite la página de Facebook de la organización: https://www.facebook.com/profile.php?id=61580471483497

Fuente imágenes: Página de Facebook Vecinos por El Maderal-Mata de Plátano y Semanario Universidad.

Foro abordará amenazas de la «basurización» en territorios costarricenses – hoy 28 a las 6 pm

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Un foro en vivo denominado «Rellenos sanitarios: Territorios amenazados por la basurización» se realizará hoy lunes 28 de julio a las 6:00 de la tarde.

El evento, que se transmitirá a través de Facebook Live de SURCOS Digital, contará con la participación de cinco especialistas en temas ambientales y sociales relacionados con el manejo de residuos sólidos.

Entre las personas participantes estarán Ronulfo Morera, del Movimiento Cívico No al Basurero de Mora; Dayana Rojas, ingeniera en biotecnología con una maestría en responsabilidad social corporativa, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; Sergio Ramírez, informático empresarial y ambientalista, vecino de la comunidad de Salamá; Karla Segura, de la Comisión Lucha contra el Basurero de Turrúcares; y Álvaro Sagot, abogado y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones convocantes del foro son la Alianza por una Vida Digna, Pro Natura, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, Kioscos Socioambientales, el Movimiento No al Basurero, y SURCOS Digital.

El evento busca generar un espacio de análisis sobre los impactos de los rellenos sanitarios en las comunidades y territorios del país.

¿En la guerra de la basurización, dónde quedan las comunidades?

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Foros públicos abordarán el problema y las amenazas de los rellenos sanitarios

Hay consenso entre todos los sectores involucrados en la disputa por el manejo de los residuos: se trata de una “bomba de tiempo” que amenaza con desatar un caos de múltiples dimensiones. Podría convertirse en una emergencia ambiental, social y sanitaria sin precedentes en las últimas décadas, ya que existen suficientes antecedentes y condiciones para ello.

Por un lado, la empresa Berthier EBI ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando una expropiación de facto por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro. Otro factor que podría detonar la crisis en la gestión de residuos del país es el cierre proyectado del relleno en La Carpio.

En este contexto, el Ministerio de Salud busca «pasar la papa caliente» mediante la imposición de un nuevo reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos. Este ha sido duramente criticado por las municipalidades, al considerar que excede las competencias del ente rector, vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, e impone plazos y obligaciones sin tomar en cuenta los tiempos y costos legales que enfrentan los gobiernos locales para implementar nuevos servicios.

Costa Rica cuenta con más de siete décadas de legislación y políticas en materia de residuos. Sin embargo, en la práctica ha prevalecido un único modelo: los mega rellenos o sitios de disposición final, operados por empresas privadas. En lugar de avanzar hacia las soluciones reales establecidas por ley, se ha facilitado el camino al monopolio transnacional, se ha diluido la rectoría entre el MINAE y el Ministerio de Salud, y se ha criminalizado a las comunidades que resisten.

Estos mega rellenos se ubican principalmente en cantones periféricos y menos urbanizados del Gran Área Metropolitana, convertidos en verdaderos territorios de sacrificio: zonas marcadas por la contaminación y tratadas como descartables por el modelo de desarrollo dominante. Esto se ve agravado por el racismo ambiental, donde los impactos recaen desproporcionadamente sobre comunidades empobrecidas y periféricas.

En Costa Rica, comunidades como Pavas, Ciudad Colón, Río Azul, La Carpio, Santa Ana, Belén, Mora, Cartago, Desamparados, Esparza y Miramar han luchado contra este modelo desde los años 90. Algunas, como Río Azul, Desamparados y La Carpio, han perdido estas batallas y hoy viven las consecuencias.

Por ejemplo, en Miramar de Puntarenas, la Asociación Civil Pro Natura ha denunciado múltiples agresiones ambientales: los pasivos de la minería, un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas tras su clausura, y actualmente, un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. Además, enfrenta un nuevo proyecto: el Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A., que ha generado fuerte rechazo. Otros cantones como Mora, Turrubares, Osa y Alajuela también enfrentan amenazas similares.

Frente a este escenario, las comunidades se están organizando para enfrentar en conjunto la basurización de sus territorios. Una de sus acciones serán dos foros públicos en línea (https://www.facebook.com/surcosdigital), que buscan visibilizar las luchas, resistencias y alternativas frente al modelo de gestión de residuos basado en mega botaderos y tecnologías contaminantes.

Los foros están organizados por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Asociación Civil Pro Natura, Movimiento Cívico No al Basurero en Mora, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y  Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.

Primer foro: «Territorios de sacrificio y resistencia a la basurización»
Se realizará el lunes 21 de julio a las 6:00 p.m. por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca visibilizar los impactos sociales y ambientales de los rellenos sanitarios en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari y La Carpio. Participarán Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales de Desamparados; Melissa Flores, líder comunal de Residencial Ciudad Cariari; Dayana Rojas Venegas, ingeniera en Biotecnología con maestría en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; y el Dr. Ronal Arrieta, doctor en Biotecnología, académico pensionado de la UCR y especialista en manejo ecológico de residuos sólidos.

Segundo foro: «Territorios amenazados por la basurización»
Se llevará a cabo el lunes 28 de julio a las 6:00 p.m., también por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca compartir experiencias de organización comunitaria y defensa territorial frente a proyectos de basurización en Mora, Turrúcares, Osa y Miramar. Participarán Sergio Ramírez, informático, empresario y vecino de Salamá de Osa; Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; Ronulfo Morera, del Movimiento Cívico No al Basurero en Mora; Karla Segura, de la Comisión de Lucha contra el Basurero de Turrúcares; y el M.Sc. Álvaro Sagot, abogado especialista en derecho ambiental y profesor de la UCR.

Esta serie de foros busca construir un espacio de diálogo crítico y propositivo frente a un modelo fallido de gestión de residuos. Invitamos a todas las personas a difundir y apoyar esta iniciativa.

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Personas vecinas de Moravia preocupados por cierre de proyecto de reciclaje

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Algunas personas del cantón de Moravia han externado su preocupación por un eventual cierre del proyecto de reciclaje del cantón. Una de estas vecinas es Maria Elena Fournier quien extendió sus quejas al alcalde de dicho cantón, Roberto Zoch.

Según María Elena y otras personas, con base a la Ley No. 8839 de Gestión Integral de Residuos, las municipalidades deben cumplir con sus deberes de recolección de residuos, esto incluye aquellos reciclables. Por tanto, el cierre del proyecto de reciclaje de Moravia es ilegal. Otras de las incógnitas que tienen, es si el centro de reciclaje de la comunidad es privado o público; cuál es el destino final de los residuos -porque aparentemente están terminando en rellenos sanitarios-; cuántas toneladas de residuos clasificados produce la municipalidad; cuál es la empresa que recibe los reciclables -debido a que parece que el contrato con la empresa anterior caducó-; y a cuál relleno sanitario se están llevando los residuos

Incluso, se amenazó con llevar el eventual cierre de este proyecto a tribunales por su ilegalidad, además, de que atenta contra el bienestar comunitario y la protección correcta del ambiente.

Finalmente, esta vecina del cantón hace un llamado a la transparencia y a la legalidad, incluyendo al gobierno entrante de Diego López.

Imagen ilustrativa, UCR.