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Etiqueta: Gilberto Lopes

El señor de los anillos quiere ganar la guerra

Gilberto Lopes
San José, 3 de junio 2026

Los ingenieros de élite de Silicon Valley tienen la obligación de participar en la defensa de nuestra nación, de nuestros valores. De preservar la ligera ventaja que los Estados Unidos y sus aliados occidentales todavía tienen sobre sus adversarios.

Así comienzan Alexander C. Karp, cofundador y CEO de Palantir, y Nicholas W. Zamiska, encargado de asuntos corporativos y consejero legal en la oficina de Karp, La República Tecnológica (*), un libro de 220 páginas, publicado en febrero del año pasado.

Este libro –dicen– pretende promover la discusión sobre el papel que Silicon Valley puede jugar en la reinvención del proyecto nacional; su base es un firme compromiso con el liberalismo y sus valores.

Palantir

¿Qué es Palantir? Es el nombre de la piedra de obsidiana con la que Sauron vigila a sus subordinados en la obra “El señor de los anillos”, de J.R.R. Tolkien. Es el nombre elegido para esta firma, una empresa de software de Silicon Valley, nacida en 2003 con una inversión de In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo de la CIA, que presta servicios a los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, no solo de los Estados Unidos, sino de otros diversos países.

Peter Thiel, multimillonario fundador de Palantir y de Paypal, entre otras empresas, se ha instalado en la Argentina de Javier Milei, con quien comparte los principios del anarcocapitalismo.

Se estima que Palantir vale hoy cerca de 400 mil millones de dólares, más de 80 veces su ingreso anual, gracias a sus contratos con los órganos de defensa y de seguridad, con departamentos de policía, sin que se sepa bien la extensión de sus negocios, entre cuyos clientes se incluye el ministerio de Defensa británico, las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas armadas de Ucrania.

Inspirados en su visión liberal de la sociedad –Karp hizo un doctorado en filosofía en la Universidad Goethe de Frankfurt y estudió brevemente con el recientemente fallecido filósofo alemán, Jürgen Habermas, que cita en su libro– aseguran que “la capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse exige algo más que un llamado moral. Exige hard power, y el hard power de este siglo se basará en el software”.

Silicon Valley

La República Tecnológica comienza con una crítica a lo que califican como una pérdida de rumbo de las tecnológicas de Silicon Valley. Habiendo sido abandonada el alma del país en nombre de la inclusividad, reivindican la necesidad de apoyar un “proyecto político más ambicioso”, hacer algo que “realmente valga la pena”. No ahorran críticas a personajes como el ya fallecido CEO de Apple, Steve Jobs, ni a su empresa, dedicada a satisfacer la demanda de un público ávido de Iphones o de computadores portátiles, pero poco comprometidas con un proyecto nacional.

No se trata solo, para Palantir, de un compromiso con el capitalismo y los derechos del individuo, que estiman insuficientes “para sostener el alma humana”. Reivindican “una noción sustantiva de una vida buena o virtuosa”, una definición que “excluye algunas ideas y defiende otras”.

“Hoy en los Estados Unidos, los principales temas que comparte la sociedad no son cívicos o políticos. Son, más bien, entretenimiento, deportes, celebridades y moda. Los viejos temas que conformaban una nación, un sistema educacional, el servicio militar obligatorio, la religión, el lenguaje común, una prensa próspera y libre, han sido desmantelados”.

Será a esa República Tecnológica que corresponderá recuperar la identidad perdida, los objetivos compartidos, los rituales cívicos capaces de mantener la sociedad unida.

¿Cuáles son? No quedan definidos claramente en la propuesta de Karp y Zamiska.

La defensa de la Nación

Palantir encontró, en la guerra de Afganistán, a principios del siglo, un escenario particularmente importante para las aspiraciones de la empresa.

“Había información suficiente para trabajar, pero estaba repartida en docenas, o centenares, de departamentos, que no la compartían. La tarea de unirla, de hacerla útil para decidir qué poblado atacar, qué prisioneros interrogar, qué preguntas hacer, era una tarea imposible”. Para hacerla posible el software de Palantir jugó un papel esencial, unificando la información y poniéndola a disposición de los militares, “que necesitaban navegar rápidamente en una base de datos que les permitiera ver el contexto en el que iban a desarrollar su misión”.

Los vientos estaban cambiando. Era esencial dirigir nuestra atención hacia la construcción de una nueva generación de armas con Inteligencia Artificial. En marzo del 2019, “Palantir ganó un contrato para construir nuevas plataformas de inteligencia para el Pentágono. “Según el Washington Post, por primera vez el gobierno tocaba la puerta de una compañía de software de Silicon Valley, en vez de los contratistas militares habituales”.

El secretario de Defensa (o de Guerra, como prefiere el gobierno actual), Pete Heghset, definió los nuevos objetivos en dos discursos, en octubre y noviembre del año pasado.

El 7 de noviembre, en el National War College de Washington, Hegseth habló ante generales y representantes de la industria de defensa. Les dijo que “el sistema de contratación pública de defensa, tal y como lo conocen, ha dejado de existir. Ahora es un sistema para la guerra”.

Para Hegseth la revisión de esos criterios “es un paso decisivo en la reconstrucción de la nación que en su día lideró el mundo, transformando las ideas en poderío bélico, los pensamientos en letalidad”. Queremos que las empresas “aporten soluciones innovadoras a nuestros combatientes para que podamos tener una ventaja abrumadora en las guerras futuras”.

¿Ventajas abrumadoras en guerras futuras? ¿En cuáles estará pensando Hegseth? ¿En qué ventajas?

Paslantir encaja bien, en todo caso, en el nuevo escenario. El sector tecnológico –dicen Karp y Zamiska– “se había alejado de los militares, desinteresado de pelear con una creciente burocracia y con una opinión negativa del público”.

Palantir tomó otra decisión, “quizás por algún gusto por el conflicto o la obstinada persecución de algo, de algo que funcionara”. Creen que fue “la voluntad de responder al mundo tal como es, no como nosotros desearíamos que fuera, la principal razón por la que la última generación de gigantes de Silicon Valley ha llegado tan lejos como ha llegado”.

EL MANIFIESTO DE PALANTIR

El 18 de abril pasado, Palantir publicó, en su cuenta de X, un manifiesto de 22 puntos donde resumía lo esencial de La República Tecnológica. En solo dos días tenía ya más de 30 millones de visualizaciones.

El manifiesto inicia con un llamado a “rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones”. “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso”, afirman. Luego se refieren a la forma como piensan cumplir esa misión: “La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”.

Su visión sobre el papel de los Estados Unidos no es distinta a la de prácticamente todos sus dirigentes políticos. Ningún otro país en la historia del mundo –afirman-, “ha impulsado más los valores progresistas que este”. Agregan que el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada.

Las dos afirmaciones merecen alguna reflexión. Sobre el papel de los Estados Unidos, surgido del desarrollo del capitalismo hace ya más de dos siglos, libre de las trabas que, en Europa, significaba el viejo orden feudal, no solo les permitió una rápida expansión geográfica, ocupando territorios indígenas y avanzando sobre territorios de naciones vecinas, sino que extendió sus intereses económicos, hasta imponer un sistema prácticamente universal.

Sistema en el que se percibe hoy formas de decadencia que Palantir pretende enfrentar. No se trata solo del orden económico, sino también del político, como la democracia liberal sometida a nuevas formas, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo.

Su visón de que “el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada” se refiere, naturalmente, al territorio norteamericano. El resto del mundo vivió una guerra permanente, llevada a cabo por Estados Unidos a los más diversos rincones del mundo, en la misma medida en que iba extendiendo su influencia económica e imponiendo su orden político.

La propuesta de Palantir no es otra cosa que mantener viva esa condición, amenazada por otros modelos de organización económica y política con fuerzas que, paulatinamente, se han ido equiparando y, en algunos casos, superando a las de los Estrados Unidos.

Palantir y la encrucijada

Palantir sugiere que la era de disuasión atómica ha llegado a su fin. Una nueva generación de armas basada en la Inteligencia Artificial sustituirá a las nucleares como nuevo instrumento de disuasión. Es ahí donde Silicon Valley puede desempeñar un papel decisivo, muy distinto al que ha venido desempeñando, orientado a la defensa de la nación, como Karp y Zamiska proponen en su libro.

Estiman que hemos llegado a una nueva encrucijada, similar a la que enfrentaron los inventores de la bomba atómica: el software y las capacidades de la inteligencia artificial que Palantir y otras compañías están desarrollando facilitan el despliegue de nuevas armas letales. Un sistema de armas con una Inteligencia Artificial cada vez más autónoma que tiene sus riesgos, contra los que el Papa advirtió recientemente, como veremos.

Karp ve la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo de armas modernas como un instrumento del equilibrio de poder. Desde su punto de vista, la nueva tecnología tiene el potencial de condicionar la política internacional en este siglo y en el próximo, del mismo modo que las armas nucleares lo hicieron en el siglo pasado.

Los ingenieros de Silicon Valley se ven entonces –como los del Proyecto Manhattan, con el que Estados Unidos construyó la primera bomba atómica– enfrentados a una nueva encrucijada, ética y política. Un dilema resuelto, como sabemos, con la decisión de avanzar en la construcción de las nuevas armas, como se hizo entonces y como hacen hoy empresas como Palantir.

La crítica

John Ganz, escritor y columnista de The Nation, no ahorró críticas al libro de Karp y Zamiska.

Para Ganz es un libro “terrible”. Es, literalmente, un llamado a las armas. Anuncia un futuro oscuro y deprimente. Es pésimo tanto en forma como en contenido. Mal escrito, aburrido, lleno de ideas malas –cuando logramos entresacarlas de los clichés y las repeticiones­– que van desde lo simplemente dudoso hasta lo execrable e inquietante.

Los autores defienden la democracia como uno de los valores occidentales, pero parece que tienen algo más en mente. Miran con envidia a nuestros rivales autoritarios, dice Ganz. De hecho, la visión que plantea el libro es profundamente antidemocrática y elitista. En su opinión, el libro y el manifiesto son poco más que una estrategia de ventas.

Naturalmente, no es el único crítico. Gideon Lewis-Kraus, columnista del The New Yorker, se le adelantó unos días. En un artículo con el título de “La guía de Palantir para salvar el alma de Estados Unidos”, dice que el argumento central del libro es que la supervivencia de los Estados Unidos depende de la revitalización del complejo militar-industrial.

Con la posible excepción de “De cero a uno” (libro de Peter Thiel, que Lewis-Kraus califica como uno de los ejemplos más sólidos de un género que combina negocios y autoayuda), “la mayoría de los libros de los expertos en tecnología resultan decepcionantes. Karp parece el tipo de persona que podría haber incrementado la lista”.

Las aspiraciones de algunos ingenieros de Silicon Valley, de restaurar la grandeza de un Estados Unidos que visualizan en decadencia, no es nueva. Karp piensa que restaurando el complejo militar-industrial puede “hacer nuestro país grande nuevamente”.

El mismo Lewis-Kraus cita, al inicio de su artículo, publicado el 19 de febrero del año pasado, que en la primavera del 2014, un ingeniero transnarquista de Google demandó a la Casa Blanca “parar la decadencia nacional”. Su plan era sencillo: pensionar a todos los empleados gubernamentales; transferir la autoridad administrativa a la industria tecnológica; nombrar a Eric Schmidt CEO de los Estados Unidos. Schmidt –nos recuerda– era CEO de Google y un “avatar del liberalismo tecnocrático”.

El exministro de economía griego, Yanis Varoufakis, fue otro, entre muchos, de los que salieron al paso de la propuesta, en el artículo “Palantir y el nuevo orden”.

Surge una nueva forma de capital, un capital en la nube, máquinas algorítmicas que aseguran a sus propietarios el notable poder de cambiar nuestro comportamiento, afirmó.

La República Tecnológica sería un intento de definir la ideología que lo justifica. Varoufakis la llama “techlordism”. Los “señores de la tecnología”, cuya tarea sería proveer la cobertura ideológica para colonizar todo: el comportamiento humano, las instituciones públicas y el mismo Wall Street, lo público y lo privado, además de los individuos.

Desarmar la IA

El Papa León XIV también ha sumado su voz al debate. El uso de la inteligencia artificial para fines militares fue analizado en la reciente encíclica “Magnifica Humanitas”, de cerca de 42 mil palabras, de gran repercusión, más allá de sectores religiosos.

El «crecimiento del complejo militar-industrial se ha convertido en una característica propia del panorama político actual», con el “resurgimiento de la guerra como instrumento de la política internacional», dijo el Papa, que ya en un discurso ante los cardenales, el año pasado, había advertido que la IA era una amenaza potencial para la «dignidad humana, la justicia y el trabajo».

No se debe confiar decisiones letales o irreversibles a sistemas artificiales”, dijo el Papa, en lo que parece ser una velada referencia a lo ocurrido en la guerra contra Irán, cuando misiles norteamericanos, basados en mapas antiguos, utilizados por el software de Palantir para definir objetivos, destruyeron una escuela primaria femenina en la localidad de Minab, causando la muerte de más de cien niñas.

Antonio Spadaro, un jesuita italiano que fue cercano al Papa Francisco comentó la encíclica de León XIV en una entrevista concedida a Gilles Gressani, director de la página Le Grand Continent.

“La encíclica es más política, más geopolítica, más conflictiva”. Las novedades doctrinales más relevantes son al menos cinco, afirmó, entre ellas la introducción del concepto de desarmar la IA, sustrayéndola de la lógica de la competencia armada. La posibilidad de delegar en una máquina la decisión de matar es un fenómeno sin precedentes. “La decisión letal no puede delegarse a procesos automatizados, debe permanecer bajo un control humano efectivo”, afirma el documento.

La encíclica no menciona a Trump, pero la referencia es evidente en varios pasajes, dice Spadaro, como cuando critica la normalización de la guerra, el rearme como respuesta a toda crisis o cuando desmonta la lógica del “yo primero”.

Spadaro destaca el significado de la presencia de Christopher Olah, un millonario cofundador de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial, en la mesa con el Papa, cuando se anunció la Magnifica Humanitas. Trump canceló contratos con Anthropic en febrero pasado, después de que la empresa se negara a permitir el uso de su software en vigilancia interna o en armas totalmente autónomas.

Una mirada al mundo

Nos parece que aquí hace falta una pausa, para ver más allá de Silicon Valley y hacer una mirada hacia el mundo. Al de entonces y al de ahora. Karp afirma que la supremacía del poder militar norteamericano en el siglo pasado ayudó a mantener la actual frágil paz en el mundo. Para mantenerla hoy propone un nuevo tipo de Proyecto Manhattan, manteniendo “el control exclusivo de las formas más sofisticas de Inteligencia Artificial en el campo de batalla”.

Pero eso ya no parece posible. El análisis obvia –por un lado– la naturaleza de una guerra donde la capacidad destructiva de las armas es cada vez mayor, sin descartar, ciertamente, las nucleares. Por otro, la decadencia de los Estados Unidos, enfrentado al surgimiento de China como una nueva potencia mundial.

La ausencia de esa consideración política mina el argumento de Karp, concentrado siempre en la preocupación de mantener una ventaja tecnológica que él mismo reconoce precaria. Probablemente cada vez más precaria y, en algunos aspectos, ya sobrepasada por sus adversarios.

Es muy distinto enfrentar a un enemigo mucho más débil, aunque fuera también una potencia nuclear (como La Unión Soviética, durante la Guerra Fría; o Rusia, después), que enfrentar a una potencia emergente que lo supera ya en diversos aspectos, inclusive militares, como China. Y que, además, no es el único rival. Hay que sumar Rusia y potencias nucleares como Corea del Norte, un escenario mucho más complejo que el de hace tan solo unos 45 años.

Es evidente –y el mismo Karp lo sabe– que en una confrontación de la naturaleza que él se imagina no habrá ganadores. Sería simplemente el fin de la humanidad. Sin embargo, sueña con una República Tecnológica capaz de ganar esa guerra. No se le escapa del todo la idea de la decadencia de las sociedades que llama “libres” y “democráticas”. Lo hace cuando reconoce que necesitan hoy más que un atractivo moral para atraer aliados. “Eso sirvió durante algunas décadas”, después de la Guerra Fría. Hoy hace falta, más claramente que entonces, poder militar.

Es una república muy parecida a la que Hegseth propone cuando delinea las nuevas orientaciones del Pentágono, cuando afirma que “no nos conformamos con construir un ejército más fuerte. Estamos sentando las bases para un dominio continuo durante las próximas décadas”. “Si es necesario, entraremos en guerra con el ejército y el equipo que tenemos, y ganaremos”. “Tendremos el arsenal necesario para defender la libertad y seremos sus guardianes”, agrega.

A Karp, como a Hegseth, les falta la visión de que, más que la bomba, fue el desarrollo de la economía norteamericana el fundamento de la preponderancia de los Estados Unidos. Como he sugerido en otro trabajo (y no me voy a extender sobre eso aquí), Estados Unidos llegó a la cumbre de su poder con la victoria en la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Desde entonces vive su lenta decadencia, algunas de cuyas expresiones más acabadas son la enorme concentración de la riqueza (de la que Palantir es un ejemplo) y el crecimiento insostenible de su deuda fiscal.

Quisiera sugerir que esa decadencia es no solo el fundamento de un rezago que no puede remontar, sino también la causa fundamental del desorden político que vive hoy la democracia liberal.

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(*) The Technological Republic

Hard power, soft believe and the future of the West

Alexander C. Karp and Nicholas W. Zamiska

Crown Currency, New York

Feb, 2025

El honor de “tomar Cuba” y el dilema de América Latina

Gilberto Lopes
San José, 24 de mayo de 2026

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, dijo el presidente Donald Trump, en marzo pasado. “¡Vea el lugar! Se está cayendo a pedazos, es un desastre”. “Podré hacer lo que yo quiera”.

Dos meses después, el pasado 20 de mayo, cuando los cubanos, en Florida, celebran una fiesta de la independencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, difundió en Youtube un mensaje al pueblo cubano. Ofreció cien millones de dólares en alimentos y remedios, distribuidos por la Iglesia Católica u otras organizaciones no gubernamentales, y una nueva relación con Estados Unidos. Lo único que se interponía en ese camino –aseguró– eran “quienes controlan su país”.

El mismo 20 de mayo, el Departamento de Justicia acusaba al expresidente cubano, general Raúl Castro (94), de asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos norteamericanos. Se trata de una vieja historia, de hace 30 años, cuando la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas del grupo opositor cubano “Hermanos al Rescate”, que desde hacía meses operaba desde Florida una campaña contra el gobierno.

La medida, similar a la que antecedió el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contribuyó a reforzar la presión de la administración norteamericana sobre el régimen cubano.

Para el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, no era más que “otra maniobra política, carente de todo fundamento legal”.

Gaesa y los miles de millones

Rubio exhibió ante los cubanos el éxito y la riqueza de algunos estadounidenses de origen cubano en los Estados Unidos, haciéndoles soñar que algo parecido podría ocurrir a todos, con el cambio de gobierno. Habló de una nueva Cuba, donde todos los cubanos –y no solo Gaesa, la empresa del ejército y del gobierno, o el Partido Comunista– tuvieran un banco, una gasolinera, un restaurant, una constructora, una estación de televisión. Un régimen democrático, como en Jamaica, Bahamas o República Dominicana, cuyos ejemplos exhibió ante los cubanos.

Gaesa, la empresa creada por el gobierno para manejar los recursos de una economía sometida a un bloqueo durante más de 60 años fue acusada de manejar miles de millones, mientras el pueblo sufre severa escasez.

“Mienten una y otra vez, sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante”, dijo Díaz Canel.

“Elegir a GAESA como enemigo principal es un golpe brillante”, estimó Fernando Ravsberg, periodista de origen uruguayo que hizo de Cuba su lugar de vida. Con eso “ya no hay que enfrentarse a la revolución, ni al gobierno, sino a un misterioso grupo empresarial ‘un estado dentro de otro estado’ que esconde su dinero mientras el pueblo pasa necesidades”.

“El problema es que hoy no se podrá frenar esta campaña mediática sin transparencia”, dijo Ravsberg. “GAESA debería poder brindar información al pueblo sin necesidad de exponer sus operaciones comerciales o sus socios en el extranjero”. “Esta sería una buena forma de desmontar esta campaña de comunicación que pretende enfrentar a cubanos contra cubanos, mientras las tropas de EEUU esperan el momento de entrar como salvadores”, agregó Ravsberg, uno de los más lúcidos periodistas cubanos, al que un par de vividores de la revolución (alguno ya fallecido) logró que le prohibieran el ejercicio del periodismo.

En su opinión, “Rubio necesita desesperadamente que los cubanos residentes en Cuba salgan a las calles de forma violenta, que la policía los reprima, que haya presos, heridos en los hospitales y muchos muertos”. Entonces, todas las opciones, incluyendo una intervención militar, se harían mucho más viables.

Apretando las tuercas o la amenaza de una intervención militar

Resulta difícil imaginar el desenlace de una situación provocada por un bloqueo que priva a Cuba de toda fuente de energía, desatando una presión inimaginable sobre la vida de la gente (como ya se vive hoy), sin que desate eso una rebelión contra el gobierno cubano.

Por ahora, Rubio apuesta por el alzamiento de una población agotada, sometida a una escasez insufrible y a una pobreza generalizada. ¡Por ahora!

Como lo contaba el New York Times el pasado 20 de mayo, “la gente se refería a una búsqueda diaria de alimentos, ya que era imposible mantener el refrigerador funcionando el tiempo suficiente para congelar la carne o conservar los alimentos frescos”. “Compraban comida en pequeñas cantidades diarias, a precios asequibles: cinco huevos un día, medio kilo de cerdo al día siguiente, un kilo y medio de pollo al otro”.

La basura se acumula en las calles porque no hay combustible para que los camiones la recojan. Según informes, hay personas que están muriendo o en muy malas condiciones debido a que los generadores de los hospitales están fallando”, resume Vivian Salama, periodista norteamericana, en entrevista a The Atlantic.

“La trayectoria actual corre el riesgo de desencadenar un período prolongado de deterioro humanitario y un sufrimiento lento, sin cambios reales para la gente”, dijo María José Espinosa, “experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA)” a la periodista de origen cubano, Carla Gloria Colomé, que escribe para el diario El País.

Díaz Canel recordó la reiteración de la orden ejecutiva que declara Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos. Y la aplicación de “aranceles irracionales” a los países que suministren petróleo a Cuba.

Ni Trump ni Rubio mencionan los efectos del bloqueo económico, que se ha aplicado durante décadas, cada vez más radical, produciendo exactamente lo que Trump señala: un desastre.

Si bien una intervención militar parece improbable, una mayor presión parece segura, mientras Washington trata de obligar el régimen a llegar a un acuerdo, decía la página Gzeromedia, el pasado viernes, 22 de mayo.

El artículo especula con la posibilidad de levantar las sanciones económicas a cambio de la apertura de la economía cubana. Y con un acuerdo que podría implicar la permanencia en el poder de muchos de los mismos gobernantes, “en lugar del cambio radical de régimen que las comunidades cubanas en Miami, e incluso el propio Rubio, podrían desear”.

Una opinión compartida por los académicos norteamericanos William LeoGrande y Peter Kornbluh que, en un artículo en la revista Foreign Affairs, afirman que la administración podría aceptar algo menos que un cambio de régimen.

¿Cómo en Venezuela? Es difícil imaginar algo así en Cuba. Encontrar algún sector del gobierno, o del partido, capaz de reemplazar a las autoridades actuales. Del mismo modo, cuesta imaginar cualquier cambio de gobierno sin que tropas norteamericanas ocupen el país. Y eso es otra cosa. Los cubanos afirman que no podría ocurrir sin un baño de sangre. Y con costos políticos difíciles de imaginar, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en el resto del mundo.

Un creyente en el futuro de la isla

No es nueva la aspiración del gobierno norteamericano de ocupar Cuba. Es una vieja historia, de más de un siglo, una aspiración permanente de incorporar la isla como otro estado norteamericano, o como un protectorado, sometido a controles políticos y económicos. Como en el siglo pasado.

La estrategia con respeto a Cuba está definida, además, en documentos como los anunciados por Jorge Mas Santos y la Fundación Cubano-Americana, que él preside.

Hijo de Jorge Mas Canosa (ya fallecido), un histórico dirigente opositor al que se atribuye particular empeño en la promoción de leyes que han radicalizado el embargo norteamericano a la isla, como la Helms-Burton, Mas Santos es un poderoso empresario de la construcción en los Estados Unidos. Y un referente de la oposición, muy cercano al secretario de Estado, al que calificó de “uno de los nuestros aquí en Miami”.

Mas concedió una entrevista a El País desde Miami, un día después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana, para presentar un ultimátum a las autoridades de la isla. La entrevista fue publicada el pasado 16 de mayo, por Iker Seisdedos, a quien Santos había hecho llegar dos documentos: una “Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de libre mercado” y un “Proyecto de Ley Fundamental para la transición democrática”.

Mas explica que la Carta “es un marco legal pensado para responder al gran interés de muchos inversores extranjeros que quieren ayudar a reconstruir. Son sugerencias para lo económico, pero también de derechos humanos, que permitan una transición hacia unas elecciones libres y una nueva Constitución”.

“Soy un gran creyente en el futuro de la isla”, afirma Mas a un periodista que (como Colomé y como la línea general de El País), está alineado con la oposición cubana.

Las dimensiones del negocio son enormes. La reconstrucción de Cuba yo la veo “superfácil”. “Hay que propiciar un marco en el que se incentive la inversión extranjera”. “Si hacen falta 40, 50, 60, 70 u 80 mil millones, sea la que sea la cifra, no será un problema”, dice Jorge Mas. Ninguna cifra será un problema.

Esa es la dimensión de los negocios que Mas y sus socios vislumbran en Cuba. Pero ni un centavo para los cubanos que hoy viven en condiciones dramáticas, como las descritas por el New York Times, por The Atlantic, o por el mismo El País, gracias al bloqueo a que tienen sometida la economía de la isla.

Mas está esperanzado. Nunca lo ha visto “tan cerca como ahora”. Gracias al liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio. “Todos esperamos que este sea el tramo final”.

Restablecer su dominio sobre América Latina

Colomé recuerda que Trump ha hablado de restablecer su dominio sobre América Latina, “de la necesidad de controlar lo que pasa en el patio trasero”, como afirmó el profesor de la Universidad de Miami, Michael Bustamante.

Este objetivo está contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional, que la administración norteamericana publicó en noviembre pasado. Un documento público de 29 páginas disponible en inglés para cualquier interesado.

En lo que se refiere al hemisferio occidental, el documento afirma que “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense”. Este “corolario Trump” de la Doctrina Monroe –afirma– “es una potente restauración del poder y las prioridades norteamericanas, consistente con los intereses de seguridad de los Estados Unidos”.

Es evidente el desafío que esa visión representa para América Latina. Enfrentados a la coyuntura actual, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la región se enfrenta a la amenaza del retorno de una regla colonial. “No es posible que alguien piense que es dueño de otros países. ¿Qué están haciendo ahora con Cuba? ¿Qué hicieron con Venezuela? ¿Acaso eso es democrático?” se preguntó.

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de “injustas” las sanciones norteamericanas a Cuba y defendió el derecho de su país a seguir prestando ayuda humanitaria y a mantener relaciones comerciales con la isla. Qué sentido tiene que se acuse a Castro por un hecho que ocurrió hace 30 años, se preguntó. “Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”.

El colombiano Gustavo Petro calificó “la agresión militar a Cuba como una agresión contra América Latina”.

¿Qué América latina?

¿A qué América Latina se refiere Petro? A una América Latina donde la derecha privatizadora de hace muchos años hace eco, desde el sur, del tono prevaleciente en Washington.

En cada país prevalece, con las características locales, una lucha política donde es esa derecha la que tiene la voz más clara, que sabe mejor lo que quiere, mientras el esfuerzo por construir una alternativa aparece todavía enredado en los hilos de un pasado relativamente reciente, que le aniquiló cuadros, pero, sobre todo, desarticuló el discurso alternativo.

Hay un escenario al que deberíamos poner atención: ¿Qué dice la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente? ¿Qué dice sobre el bloqueo a Cuba y la amenaza de invasión? ¡Hay que ver lo activa que está frente a la rebelión popular contra las medidas del gobierno de derecha, de Paz en Bolivia! ¿No sería inútil poner a debate el papel de esa institución para América Latina? Yo creo que sí.

El griterío de los Milei, de los Kast, de los Paz, no revela lucidez. Es muestra del desgaste de un argumento, mientras la falta de una respuesta a la altura alimenta una sensación de desconcierto que sobrevuela el escenario político de América Latina. La única región que parece aun ajena a la búsqueda de su lugar en un nuevo escenario multilateral. Un lugar distinto al que nos amenaza la “regla colonial” a la que hace referencia Lula.

FIN

Nos hace falta una idea de país que entusiasme a la ciudadanía

Gilberto Lopes
10 de mayo de 2026

Demolido sistemáticamente lo que quedaba del esfuerzo de construir una sociedad solidaria en Costa Rica, durante más de cuatro décadas la paulatina privatización de los recursos del Estado tuvo dos efectos: por un lado, redujo las opciones para contener el déficit fiscal; por otro, concentró la riqueza, alimentando una creciente polarización social.

¿Qué país se podía construir así? El que tenemos hoy. Una de sus expresiones más dramáticas es que más sectores han quedado marginados. Por un lado, las costas: en el Caribe, en la Pacífico, en Guanacaste. Por otro, la juventud que, sin educación adecuada, sin expectativa de ingresos, sin horizontes, es reclutada por el crimen organizado, que la seduce con la oferta de riqueza rápida y una vida corta.

¿Es ese el país que queremos?

Avanzamos por ese camino hasta terminar –en mi opinión, mediante cinismo político y engaño de la oferta electoral– poniendo un candado a cualquier eventual intento de retomar un camino solidario. Mediante la regla fiscal se precarizó el empleo público y se amarró la mano al Estado, indispensable para atender las demandas públicas y privadas de nuestra sociedad.

No es que no se necesitara enfrentar el crecimiento de la deuda pública. Había que hacerlo. Pero hay varias formas de hacerlo. La más importante es empezar a revertir un proceso de privatizaciones que deja el Estado impotente para hacer frente a las necesidades de la población. Pero no. La decisión fue recortar el gasto público, mientras trataban de convencernos de que esa era la mejor alternativa para enfrentar el problema.

Calculen, por ejemplo, cuantos miles de millones fueron a parar a manos privadas por la privatización del sector bancario, cuya nacionalización fue a base de la Segunda República. O los miles de millones que se transfieren todos los días de los bolsillos de los costarricenses a los concesionarios de una carretera privatizada y cada vez menos eficiente, como la 27, recursos que podrían destinarse al desarrollo de obras públicas en el país, en vez de financiar las vacaciones en el mediterráneo de los beneficiados con una concesión leonina.

¿Qué sentido tienen proyectos como esos? ¿Qué idea de país se puede forjar así? Me parece que ninguna. Además, desprestigiados los políticos que nos llevaron por ese camino, se abrieron las puertas para que cualquier aventurero que los atacara contara con el apoyo entusiasta de la mayoría. Naturalmente, no tardó en aparecer el oportunista capaz de hacerlo y de hacerlo de la manera más soez.

Tampoco fue capaz la oposición de renovar una idea de país. En vez de presentar sus propias propuestas políticas, su agenda se centró en la crítica a las del gobierno existente. A levantar la voz contra los riesgos del “populismo” y del “autoritarismo” con los que cada uno califica, a su modo, el gobierno. Sin que eso ayude a aclarar una alternativa o a debilitar el apoyo de los que simpatizan con el gobierno.

Siempre he desconfiado de los conceptos de se pretenden por encima de la política, que reivindican la extraordinaria calidad de poder servir para criticar, por igual, a la derecha y a la izquierda. Nos eximimos así de la obligación de ofrecer una alternativa política a la población, muchas veces aliados a la idea de que derecha e izquierda son conceptos inútiles para enfrentar el escenario político actual.

“Populismo” y “autoritarismo

Naturalmente, no comparto esos puntos de vista. Quiero sugerir algo distinto. Mientras una oposición (cada vez más minoritaria) ponía el grito en el cielo por lo que consideraba amenazas a la democracia, se consolidaba una política conservadora que quedará mejor delineada en este nuevo gobierno, con una cómoda mayoría parlamentaria.

El ministro de la Presidencia, que en el gobierno anterior no tenía ninguna importancia pues la política oficial consistía en descalificar a la oposición (no a negociar con ella), ahora tendrá una tarea distinta: mantener el orden en una fracción mayoritaria y tratar de sumar algunos votos que les permitan conformar una mayoría calificada.

Por otro lado, desde Hacienda, se trata de la aplicación radical de la regla fiscal, consolidando una política conservadora sustentada, además, por la criminalización de la protesta social y la limitación de la inversión pública.

No se trata de “populismo” ni “autoritarismo”, sino de algo más importante: de una política conservadora, surfeando la ola de desprestigio de líderes políticos que se encargaron de ir vaciando toda idea de país que pudiera entusiasmar a la ciudadanía.

La indispensable tarea de hacer saltar la regla fiscal

Aquí es donde se renueva la responsabilidad de quienes no compartimos ese rumbo. Es evidente que hace ya muchos años hemos sido incapaces de reivindicar una indispensable y renovada idea de país.

¿Por qué no denunciar una regla fiscal que, tal como está concebida, no es más que una cadena que inmoviliza todo posibilidad de responder a las demandas, a las necesidades, de nuestra población? Dirán que esa es una pelea imposible. Lo es hoy, porque hemos renunciado a darla. Pero la política, al contrario de lo que se repite con majadería, no es el arte de lo posible. Me parece que es el arte de hacer posible lo que es indispensable para construir un país.

Hacer saltar esa regla es quizás el objetivo más urgente y más fácil de explicar a la ciudadanía, si nos empeñamos en hacerlo. No es complicado. Hay más de un estudio sobre el tema, barridos para debajo de la alfombra por los intereses conservadores empeñados en aplicarla. A nosotros nos corresponde recuperarlos.

Me permito sugerir uno, escrito por el economista español Juan José Torres. En un artículo titulado “Vuelve a demostrarse: las reglas fiscales de la Unión Europea son un engaño” (puede ser visto aquí: https://juantorreslopez.com/vuelve-a-demostrarse-las-reglas-fiscales-de-la-ue-son-un-engano/), Torres se refiere a los resultados de esas reglas fiscales, establecidas en el Tratado de Maastricht en 1992 para la Europa comunitaria. Estipulaban que los déficits públicos no podían superar el 3% del PIB de cada país, ni la deuda pública el 60%, tal como se estableció en la regla fiscal de Costa Rica.

La excusa para eso –dice Torres– “fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits”. Como aquí.

Sin embargo –agrega– las políticas de austeridad que se impusieron con ese propósito no lograron ese objetivo: “la deuda aumentó en lugar de disminuir, en contra de lo que se había asegurado, tras recortar el gasto público”.

Torres insiste en que no hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits inferiores al tres por ciento del PIB o del 60 por ciento de la deuda pública redundará en una reducción de la deuda. Tampoco se puede negar que eso reducirá la actividad económica. Más bien sucede lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada, dice Torres. Lo cierto es que esa regla fiscal, que el nuevo ministro de Hacienda tratará de aplicar a rajatabla, solo nos llevará por el mismo camino.

No dejo de pensar en que enfrentar desde ya ese escenario, cuyas dramáticas consecuencias son evidentes, nos abre un horizonte hacia el que caminar, con el posible apoyo los sectores que han ido quedando en el camino en esas décadas de privatizaciones: trabajadores del sector privado, empresarios de los más diversos sectores, funcionarios públicos, pensionados, jóvenes, la educación, la salud, todos los sectores están siendo afectados por la amarra impuesta al país por esa regla fiscal.

Una alternativa para el país

La lucha nos obligará a ir buscando caminos, a ir ensanchando horizontes, a ir sumando voluntades, a ir sugiriendo una nueva idea de país que durante décadas las privatizaciones han venido demoliendo.

El exdirector del programa Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, enumeró, en un artículo –“Hablemos del futuro”– publicado el 19 de abril pasado, algunos de los problemas que enfrenta el país.

El éxito no ha sido para todos, afirmó. Entre los rezagos citó la desigualdad territorial (un problema de importantes repercusiones políticas, como quedó en evidencia en las elecciones de hace cuatro años), los mediocres resultados de la educación pública, la falencia de la estructura vial, el deterioro de la seguridad social, el desfinanciamiento de lo público, los efectos de una política monetaria sobre la competitividad de la producción nacional, “la falta de direccionalidad de la política del estado en su conjunto”.

No es poca cosa. Esa falta de direccionalidad de la política del estado resume, de cierta manera, la falta de una propuesta que entusiasme a la ciudadanía y le de sentido a un nuevo proyecto político.

No se puede construir una país con zonas francas, ni con un modelo de turismo como se ha venido desarrollando. Las zonas francas son un modelo de desarrollo para las empresas que se aprovechan de los beneficios que se les otorga (sobre el tema sugiero el artículo de los economistas Luis Carlos Olivares y Daniel Vartanián, “Cuatro mitos sobre las Zonas Francas y una errata política legislativa”, publicado el 8 de junio del 2020). Son ellas las que se desarrollan, mientras que, para el país, representa algunos empleos mejor pagados, siempre muy limitados, mientras los trabajadores nacionales son empujados a la informalidad. Ya en 2020 cifras de Hacienda revelaban que en Costa Rica había 1.040.025 personas en la informalidad, casi 55% del empleo en el sector privado.

Nuestro desarrollo tiene que estar basado en el desarrollo de empresas nacionales, de servicios, agrícolas, industriales. ¡Pero empresas nuestras! Públicas, ¡sí! Pero también privadas. Solo así se puede construir un país.

No se trata de oponerse a las zonas francas. Pero se trata de entender que ese no es un modelo de desarrollo. Se trata de ofrecer nuevas ideas.

Mientras no logremos avanzar en una visión propia seguiremos machacando la agenda del gobierno, discutiendo sobre el tono del discurso de la presidente, criticando la patanería del que se fue, sin ofrecer una alternativa, ni un camino distinto al que hemos venido recorriendo desde fines del siglo pasado, fundamento de la desesperanza que alimenta nuestro escenario político actual.

FIN

Ordenando el desorden del mundo

Gilberto Lopes
San José, 19 de abril de 2026

Durmiendo en la acera

Salgo de casa por la mañana y lo encuentro a la vuelta de la esquina. El niño duerme en la orilla de la acera. Una frazada roja lo separa del piso de cemento. La madre, envuelta en la bandera de Venezuela, pide ayuda a los carros detenidos en el semáforo.

¿Cómo verá el mundo ese niño cuando se despierte en el piso de la acera? ¿Qué pensará? No sería raro que haya soñado con tener algo para comer. Quizás algo rico.

El 1 de mayo del año pasado, Valentina Oropeza publicó, en BBC Mundo, una entrevista con el economista Omar Zambrano sobre los hallazgos del estudio titulado «Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano».

Zambrano dice que lo peor de la crisis fue la hiperinflación. Entre 2015 y 2017 nadie quería trabajar porque el salario no valía nada.

Los datos son abrumadores; el desorden, enorme: “Venezuela perdió 75% del tamaño de su economía entre 2013 y 2021. Una de las contracciones económicas más severas registradas en la historia moderna. Al menos 7,7 millones de personas emigraron durante la última década”, afirma.

“La depreciación de los salarios y la ola migratoria llevaron a más de cuatro millones de personas en edad de trabajar a salir del mercado laboral, incluidos los trabajadores más jóvenes, más calificados y con mayor experiencia”.

Venezuela: el desorden del mundo

¿Será parte de ese grupo la familia que ahora pide ayuda en las calles de San José?

En la entrevista no hay una sola palabra sobre las causas de este desorden. La periodista tampoco pregunta. Hay que buscar la información en otras fuentes. Por suerte, abundan. Cualquiera que quiera saber tiene a su disposición todo tipo de información, de las más diversas fuentes.

“Desde sus propios inicios, el gobierno de Hugo Chávez confrontó acciones imperiales destinadas a deponerlo. El gobierno de los Estados Unidos en todo momento ha apoyado política y financieramente los intentos de la derecha venezolana por derrocarlo, comenzando por el golpe de Estado de abril 2002 y el paro petrolero-lockout empresarial que prácticamente paralizó al país durante dos meses entre los años 2002 y 2003”, dijo el sociólogo venezolano Edgardo Lander. Chavista al inicio del proceso, hoy está más cerca de la oposición que encabeza María Corina Machado.

¿De qué modo puede un país tener un desarrollo político “normal”, donde cada sector tenga la representación que le corresponda, si un sector es avasallado por las presiones de Washington, mientras el otro cuenta con todo su respaldo? Es imposible.

El desequilibro que eso genera falsea el escenario político, generando, como en el caso de Venezuela, todo tipo de desorden. Primero, el económico, con sus dramáticas repercusiones, incluyendo la migración, de la que tanto reclama Trump. Pero también el político. ¿Cómo se puede pretender tener “elecciones libres” con un sector sometido a las mayores presiones económicas y políticas, que le hacen imposible gobernar? Y si gana la oposición, ese triunfo no representa un balance político interno, sino resultado del desequilibrio provocado por la intervención extranjera.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido permanente. Desde fines del siglo pasado, como ya vimos. En 2017, poco antes de dejar el poder, el presidente Barack Obama renovó la abusiva declaración de que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Luego Trump, en su primer mandato, amplió el bloqueo financiero a Venezuela, extendiéndolo más allá de los Estados Unidos.

En febrero del 2021 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los efectos de las sanciones a Venezuela, Alena Douhan, presentó un detallado informe sobre los efectos de esas medidas.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez con mayor frecuencia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, han exacerbado los problemas”, afirma. Los ingresos del gobierno “se redujeron en un 99%, y actualmente el país vive con solo el 1% de los ingresos previos a las sanciones”.

Este no es un trabajo sobre la economía venezolana y no pretende, por lo tanto, discutir sobre las diversas interpretaciones sobre las causas y los orígenes de sus problemas. Nuestro interés es otro: mostrar el desorden que la intervención extranjera –norteamericana y europea principalmente– provocan en la vida de los venezolanos, en el funcionamiento de las instituciones del país.

En abril del 2019, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs expusieron en un trabajo sobre “Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela”, las consecuencias de esas políticas.

Constatamos que las sanciones han infligido, y siguen infligiendo cada vez más, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluyendo un estimado de más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018”, afirmaron.

Es imposible imaginar desorden mayor. No hace falta extendernos aquí sobre los desastrosos efectos de las sanciones sobre la vida política y económica del país, ni sobre la población venezolana.

Cuba: el desorden del mundo

El desorden más escandaloso en América Latina es el provocado por el embargo a que está sometida Cuba hace más de 60 años.

De nuevo, ¿cómo se puede pretender un desarrollo político “normal” –donde cada fuerza política interna tenga la representación que le corresponda– si el gobierno está sometido a sanciones que, en cualquier otro caso, no habría permitido a ningún gobierno de la región sobrevivir más que algunos meses?

No ha sido así en el caso de Cuba. Aquí tampoco voy a entrar a discutir si el gobierno ha acertado siempre. Pero es evidente que ha acertado en lo fundamental, de modo que ni las sanciones norteamericanas, ni el fin del mundo soviético, en el que estaba profundamente inserto, ha significado la caída del gobierno.

Inútil atribuir eso a la “represión”. Sabemos de sobra (y los casos latinoamericanos son prueba de eso) que ninguna represión, por sí misma, explica esa resistencia. Sugiero que las transformaciones realizadas son el fundamento de la explicación, pese el desorden monumental que las sanciones producen en la vida de los cubanos.

En 2024 el gobierno de Cuba presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero a que está sometida, condenado ese año por 187 países, con solo dos votos a favor: el de Estados Unidos y el de Israel.

Solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024 el bloqueo representó pérdidas a la isla por poco más de cinco mil millones de dólares. El informe cubano cifra, en dólares corrientes, en más de 164 mil millones los daños de las más de seis décadas de sanciones. Actualizada, la cifra es de 1,5 billones de dólares. Es fácil imaginar el desorden que sanciones como esas causan a cualquier economía.

El resultado es que el país siquiera es capaz hoy de mantener en funcionamiento un sistema eléctrico indispensable para que funcione su economía, sus hospitales, sus escuelas, para que los cubanos puedan mantener refrigeradoras funcionando en sus casas.

La intervención extranjera genera un desorden extraordinario que hace imposible un desarrollo político interno “normal”, que refleje el peso real de cada sector en la vida política del país.

Si la oposición cuenta con el apoyo tan formidable de Washington, ¿cómo pedir al gobierno cubano que juegue como si la cancha estuviera pareja? ¿Cómo pedirle elecciones “libres”, si durante 60 años el gobierno jamás ha podido desarrollar un proyecto sin el sabotaje externo?

El desorden en América Central

La historia de América Central –quizás con excepción de Costa Rica– es un buen ejemplo de los resultados de esas intervenciones.

Un caso especial es el de Guatemala, donde un golpe de Estado promovido por Washington, en 1954, empoderó a los militares, desarticuló la vida política del país, marginó la mayoritaria población indígena, cortó un desarrollo normal de reformas que los dueños de las bananeras norteamericanas en el país no estaban dispuestos a aceptar.

El desorden provocado por ese golpe repercute hasta hoy. El canciller del gobierno del derrocado gobierno de Jacobo Arbenz, Guillermo Toriello, cuenta esa historia en un libro notable, “La batalla de Guatemala”, texto indispensable, pero difícil hoy de conseguir. En todo caso, un texto más reciente, del periodista norteamericano Stephen Kinzer, excorresponsal del New York Times en Centroamérica (y en muchos otros países), cuenta esa historia en “Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala”, publicado en 2005.

Kinzer también escribió sobre la guerra en Nicaragua –Blood of Brothers, publicado en 1991– donde la intervención norteamericana alimentó la guerra contra a revolución sandinista que, además de los miles de muertos y del desorden provocado en los programas de desarrollo del país, terminó resolviéndose en unas elecciones en las que los nicaragüenses estaban advertidos: si no gana la oposición Estados Unidos mantendrá la guerra contra un país ya exhausto y desangrado.

Ganó la oposición, pero el desorden político creado por esa victoria se mantiene hasta hoy, sin que el país haya podido volver a encontrar un equilibrio político, ni un adecuado modelo desarrollo. Por el contrario; como sabemos hoy imperan las duras reglas con las que el régimen de Ortega ha devorado hasta a sus más viejos y cercanos aliados. ¿Qué orden es ese, qué régimen puede sobrevivir en esas condiciones?

El desorden causado por genocidio de Gaza y la guerra contra Irán

El desorden en el mundo tiene otras expresiones más recientes, abrumadoras, de repercusiones universales.

Una es el genocidio de Gaza, dramática herencia que recuerda el genocidio producido por los alemanes en la II Guerra Mundial. Es abrumadora la evidencia de la devastación provocada por Israel, principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania.

En un artículo sobre la pobreza endémica en Gaza y Cisjordania, publicado el 30 de diciembre del 2004, la BBC decía: «Las estadísticas de muerte, destrucción y pobreza no llegan a transmitir el verdadero sufrimiento de la población en los territorios ocupados. Barrios enteros (…) han sido arrasados. En nuestras escuelas una generación completa crece en un ambiente de violencia aterradora. La maldición de la pobreza endémica alcanza ahora a dos tercios de la población».

¡Dicho en 2004! ¿Qué ha pasado desde entonces?

El informe de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos”, publicado en octubre pasado, muestra la dimensión del desorden causado.

La tortura se ha extendido mucho más allá de las prisiones y salas de interrogatorio. “El territorio palestino ocupado se ha convertido en un espacio de castigo colectivo”, dice. O sea, en un campo de concentración.

La complicidad internacional, en particular de Estados Unidos, ha contribuido al genocidio en Gaza, señala el informe. Solo la cifra de muertos en la franja de Gaza superaba ya los 75 mil, consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel desde hace más de dos años.

A la destrucción de Gaza se sumó al cerco de Cisjordania, donde los colonos israelitas han ido ocupando territorio, destruyendo propiedades y asesinado a los antiguos habitantes.

El diciembre pasado la prensa informaba que niños palestinos se congelaban hasta la muerte en los campos de refugiados, mientras Israel bloqueaba la ayuda humanitaria, sin la que no pueden sobrevivir. Limitando el ingreso de alimentos, un cuidadoso plan del gobierno israelí implantó la hambruna en los territorios ocupados desde 1967.

El desorden impuesto en Medio Oriente por Israel y sus aliados es inimaginable. ¿Qué se pretende construir sobre esas ruinas? ¿Podrá el mundo seguir mirando para otro lado mucho tiempo más? Es imposible imaginar la solución de algún problema con el genocidio impuesto por Israel en Palestina.

Pero las bombas siguen estallando. Israel vuelve a atacar el Líbano. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Hasta hoy siguen las discusiones sobre los objetivos de esa guerra, sin que haya claridad sobre cuáles son.

Escuelas y hospitales en ruinas, estrecho de Ormuz cerrado

A mediados de abril se anunció un precario cese al fuego en la guerra que Estados Unidos libra contra Irán.

El New York Times decidió hacer también una pausa en la cobertura de la guerra y echar una mirada a la destrucción provocada por los bombardeos en Irán: “Iran’s Schools and Hospitals in Ruins, Times Analysis Shows”, se titula el artículo, publicado el 9 de abril.

Es probable que la escala de devastación sea mucho mayor que la estimada por el Times, dice la nota. La Sociedad de la Media Luna Roja declaró, el 2 de abril, que al menos 763 escuelas y 316 centros de salud habían resultado dañados o destruidos durante la guerra.

El primer día del ataque, el 28 de febrero, la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, en la ciudad de Minab, al sur de Irán, fue bombardeada. El ataque dejó al menos a 175 personas muertas, la mayoría de ellas niños. Los militares habían catalogado la escuela como un objetivo militar, utilizando información desactualizada, de por lo menos diez años antes, dice el periódico.

El derecho internacional humanitario obliga a los comandantes militares a tener en cuenta los posibles daños colaterales a civiles e infraestructuras civiles cuando planifican un ataque, recuerda el Times.

El periódico utilizó imágenes aéreas de alta definición para analizar el resultado de los ataques. Las imágenes fueron mostrando el caos provocado: centenares de escuelas, hospitales, centros de salud, destruidos o dañados. Centenares de niños muertos.

Cerca de la mitad de las escuelas y centros de salud dañados se encontraban en Teherán, una ciudad densamente poblada, donde los bombardeos han sido intensos.

Trump prometió, en algún momento, enviar Irán a la “edad de la piedra”. Hoy, domingo 19 de abril, con las negociaciones entrampadas, amenaza de nuevo con destruir puentes y centrales eléctricas de Irán.

Sus fuerzas acaban de capturar un carguero de bandera iraní en el golfo de Omán. Difícil imaginar caos mayor que el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. China, particularmente afectada por el cierre de la vía, ha pedido a Irán que la abra, pero ha indicado que la causa del cierre es la guerra provocada por Estados Unidos e Israel.

El 1 de abril, el diario español El País recordaba el caos provocado por la guerra de Irak en 2003, con el apoyo del español José María Aznar y del británico Tony Blair. “El declive de Bagdad dos décadas después de la guerra, espejo para Teherán”, dice el artículo. Caos similar provocó el asesinato del líder libio, Muamar el Kadafi, en octubre del 2011.

Aunque no han logrado el derrocamiento del gobierno iraní, intentado aun antes de la guerra por medio de protestas populares estimuladas por las dificultades económicas creadas en el país por las sanciones norteamericanas, los antecedentes citados muestran las caóticas consecuencias de esas guerras y sanciones.

La necesidad de un nuevo orden

Me parece que no deberíamos cerrar el recorrido por este caos sin mencionar el más reciente esfuerzo por crear un nuevo orden internacional, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó bajo la consigna del “No a la guerra”.

El 17 y 18 de abril, Sánchez celebró, en Barcelona, junto con los presidentes de Brasil, México, Colombia, Uruguay, Africa del Sur y una lista de representantes de diversos países y organizaciones políticas, una Cumbre Global Progresista.

Tiene particular relevancia para América Latina, donde Trump ha proclamado la pretensión de un renovado control sobre su “patio trasero”. Nunca ha dejado América Latina de serlo, sometida a la permanente presión de Washington y la sumisión de la “quinta columna” en la que se basa esa dominación.

Pero si nunca ha dejado de serlo, tampoco nunca ha dejado de haber resistencias. La cumbre de Barcelona revela lo persistente y renovadas que son. El mundo ha cambiado mucho para que las pretensiones anunciadas en 1823 de someter a América Latina puedan ser renovadas sin problemas hoy.

Nadie debe tener vergüenza de ser de izquierda, dijo Lula en Barcelona. Trump está jugando un juego muy peligroso, pensando que puede dictar sus reglas.

O, como dijo la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum: México tiene como principios constitucionales “el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz”.

Estados Unidos está utilizando armas creadas para combatir el narcotráfico como instrumento de presión contra los que no comparten sus políticas en América Latina dijo, por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro.

¿Cuál es nuestra respuesta?, se preguntó: Rebelión. Esto es lo que ocurrirá si el gobierno norteamericano no revisa el caos provocado por sus políticas hacia América Latina, aseguró.

Podrá así ese niño, dormido en la acera en San José, despertar y descubrir otro mundo, donde tenga una cama donde dormir.

FIN

Ha muerto Paul Rutler

Gilberto Lopes
San José, lunes, 23 de marzo de 2026

Ha muerto Paul Rutler. Con Rutler abrimos las oficinas de France Presse en América Central a fines de los años 70: 1977, 78. Ya no cabía en la oficina de México, donde había estado. Con la guerrilla cada vez más activa en Nicaragua, con el Frente Farabundo Martí peleando en El Salvador, Centroamérica ocupaba, cada vez más, algunas primeras páginas de los periódicos de todo el mundo. Había que agrandarla, traer la oficina más cerca de los acontecimientos.

Rutler vino a hacerse cargo de eso. Yo trabajaba con él. Había que ubicar una oficina, contratar la instalación de lo necesario para recibir y enviar la información, instalar los equipos, armar el equipo de periodistas en la oficina de San José, pero también en cada capital centroamericana.

Era un trabajo enorme. En medio de esas guerras, nos hicimos periodistas.

Un 16 de julio (estamos en 1979), hay particular efervescencia en Nicaragua. Se espera la renuncia de Somoza. Convocan a sesión del congreso en un salón del hotel Intercontinental. La prensa no puede entrar.

Las agencias de noticias saben que el desafío es dar la primicia. No hay celulares, ni internet. Son las agencias la fuente de información para el mundo. Nuestro periodista en Managua se cuela por un corredor de servicio del hotel que da a la puerta de la sala donde están reunidos los diputados. No puede ver, oye mal. Pega el oído a la puerta. Nos llama desde Managua, nos dice que parece que es la carta de renuncia de Somoza lo que están viendo los diputados.

Aquí, en la oficina de San José, tenemos que tomar la decisión: ¿damos la información o esperamos confirmación más segura? Una decisión equivocada sería un desastre. Y el fin de varias carreras. El conocimiento detallado de la situación, la confianza en el equipo de profesionales y, ¿por qué no?, una cierta intuición, son la mezcla de la que sale la decisión. Nos miramos, evaluamos los datos, conversamos y decidimos: nos adelantamos, salimos con la primicia. Punto a favor de la oficina.

Meses después, abandonados los viejos teletipos con los que habíamos comenzado, con pantallas ya instaladas, estoy sentado frente a la mía, cuando suena el teléfono. Llama de El Salvador un sacerdote jesuita, viejo conocido (que no estuvo, después, en el grupo asesinado por el ejército). Está en el Seminario San José. Me dice que estaban reunidos allí los miembros del Comité Ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario (FDR), que presidía el empresario Enrique Álvarez Córdoba. Y agrega: los están secuestrando. Me describe, por teléfono lo que está ocurriendo. Era noviembre de 1980. La comunicación es breve. Quizás menos de un minuto. O poco más. Tensa. –Vienen por aquí, tengo que cortar, me dice, mientras tomo notas apresuradas en mi pantalla.

Llamo a Rutler y le muestro lo que tengo. Me mira, sin poder creer en lo que ve. –¿Quién es la fuente? ¿Es de confianza?

–¡De toda confianza!

Tenemos que tomar una decisión: ¿qué hacemos con la información, imposible de verificar por el momento?

Recuerdo bien que en esa conversación salió una especulación sobre los efectos que podría tener divulgar de inmediato la noticia, cuando el hecho estaba aún en desarrollo y no era de conocimiento público en El Salvador. Quizás ayude a salvarles la vida, pensamos. No fue así. Al día siguiente aparecieron todos asesinados.

Pero dimos la noticia y a pocos minutos nos llamaban del gobierno de El Salvador, encabezado entonces por el demócrata cristiano Napoleón Duarte. Nos preguntaban de dónde habíamos sacado eso, si estábamos locos, que éramos unos irresponsables. Pero no era así. Nuevamente, era cierto lo que decíamos.

Así eran esos años, con Rutler y un equipo de algunos de los mejores periodistas de la región.

Eran años voraces, de vida y muerte.

Años después lo visité en Mulhouse, su ciudad natal, en la Alsacia francesa. Dirigía allí la oficina de la AFP.

Ese mundo que contamos entonces ya no existe. Pero el que existe no nació de la nada. Prueba de que hemos vivido, querido amigo.

Extradición de nacionales: renuncia del Estado a potestades indelegables de un país

Gilberto Lopes
San José, 21 de marzo del 2026

El viernes, 20 de marzo, extraditaron hacia Estados Unidos a los dos primeros costarricenses, Celso Gamboa y a Edwin López, acusados de narcotráfico, después de la reforma constitucional que levantó la norma que lo impedía, vigente hasta el año pasado.

Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, dijo algún periódico, citando a políticos nacionales. Temprano ese día, en la prensa, se podía ver la foto de los dos en manos de los agentes de la DEA norteamericana, con sus uniformes anaranjados, listos para subirse al avión que los llevaría hacia Texas.

La foto no me dejó indiferente. Decía muchas cosas. Era, para mí, la foto del Estado costarricense abdicando de una de sus funciones básicas: la de administrar justicia. Lo hacía de una manera denigrante, entregando, en territorio nacional, a dos ciudadanos a una potencia extranjera. Una que –desde luego– no entrega a un ciudadano suyo –ni el más criminal– a ningún Estado extranjero. Tampoco entrega a criminales extranjeros que han encontrado asilo allá, a tribunales nacionales que los demandan. Los hay muchos y con grandes crímenes a sus espaldas. Ya veremos si con esa medida, se logrará algún avance de la justicia. Los antecedentes nos dicen que no.

Ya volveremos sobre el tema. Por ahora, quisiera destacar dos cosas, que este caso evidencia: una es el circo para las masas, el tipo de cobertura periodística, la explotación de la tragedia humana.

La otra es que, lejos de la aplicación de la justicia, la solicitud de extradición será una poderosa herramienta política aplicada según los intereses de Washington. ¿O alguien piensa que eso funciona, allá, de forma ajena a los intereses políticos?

Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca o ninguna repercusión en el combate al narcotráfico

Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, decía un medio nacional, citando a políticos locales. Atribuía la frase a Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa. No dudo que tal personaje pueda decir algo así. Pero hay que pensar un poco. No es fácil, cuando estallan los petardos, cuando todo es circo y fiesta. No es fácil, ¡pero hay que intentarlo!

Lo primero es la afirmación de que Costa Rica “es un paraíso para el crimen organizado”. ¿Es así? Si es así, ¿a quién debemos responsabilizar por lo que tenga de cierto esa afirmación (que no lo tiene, desde mi punto de vista, de una forma tan generalizada)? ¿Nada que ver con su partido (que ha gobernado tantos años el país), con su fracción parlamentaria?

Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca –o ninguna– repercusión en el combate al narcotráfico. Sobre el tema, véase la situación de México o Colombia. O, de algún modo, la situación misma de Estados Unidos, principal mercado de la droga, del lavado de dinero, donde el crimen organizado se ha movido siempre con cierta comodidad. ¿O no?

El desarrollo y la implantación del crimen organizado en nuestros países –Estados Unidos incluido– tienen muchas razones. Pero un modelo de desarrollo cada vez más excluyente –en Costa Rica, basado en la implantación de zonas francas, cuyas consecuencias sobre el creciente desempleo, sobre todo de jóvenes, y sobre el déficit fiscal son bien conocidas, estimulado por la privatización de los servicios públicos– no es uno de los factores menos importantes. Un modelo que el país viene promoviendo desde hace más de 40 años, incluyendo el gobierno actual.

Así las cosas, la extradición de nacionales seguirá siendo un circo y una herramienta política en manos de Estados Unidos, pero no un instrumento eficaz de lucha contra el crimen organizado.

¿Se ha preguntado alguien, algún medio de prensa, por qué, si la extradición de nacionales es un instrumento tan importante para el logro de la justicia, ningún otro país ha mostrado interés en su aplicación? En realidad, es una medida con destinatario cierto: Washington. Aunque no falte quienes, aquí, alaban la medida como un instrumento de la “justicia internacional”. ¿Internacional? ¡No! De los intereses norteamericanos.

La irresponsabilidad, el no cumplir con la obligación de juzgar a los delincuentes.

La imagen de los dos costarricense en manos de los agentes de la DEA en el aeropuerto internacional de San José desnudó la renuncia de un Estado de cumplir con una de sus funciones básicas, como ya lo señalamos.

La extradición de nacionales acusados en Estados Unidos responde a intereses políticos, como quedó en evidencia con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la anunciada investigación, por parte del FBI, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Me parece que la de los costarricenses no está del todo alejada de esos intereses políticos. Celso Gamboa, como sabemos, tiene un alto perfil político en el país.

La reforma constitucional que permitió esa extradición fue aprobada el año pasado por unanimidad por la Asamblea Legislativa. Ni un solo diputado, hombre o mujer, dijo algo en contra.

Para mí, es un ejemplo de la falencia de un sistema político, de la pérdida del sentido de responsabilidad, de renuncia a un compromiso con lo nacional, una degradación que el gobierno de Rodrigo Chaves representa, expresada con cinismo en una declaración donde, esta semana, anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba, hecha en el marco de las amenazas del gobierno norteamericano de que asumirá el control del gobierno de ese país.

No sorprende, en todo caso, la posición del gobierno y de la cancillería. No han dado muestras de independencia alguna en sus cuatro años, que se terminan ahora el 1 de mayo, ni han aportado nada a la necesaria reflexión sobre el lugar de América Latina en la reconfiguración del orden internacional que está actualmente en desarrollo.

Las consecuencias políticas

¿Cómo extrañarse entonces de que, en ese marco de renuncia de las atribuciones y capacidades del Estado, resurjan propuestas como la de dolarizar la economía, como ya hicieron en América Latina Panamá, Ecuador y El Salvador, aliados más cercanos de Washington?

Es la ruta trazada por una política neoliberal en la que las funciones del Estado de integración social, de respuesta a las necesidades de los que más lo necesitan, van perdiendo su carácter, para concentrarse en los intereses de una minoría.

Un modelo que, en Estados Unidos, ha concedido ventajas fiscales que han disparado la concentración de la riqueza, como nos recordaba un notable reportaje del NYT, publicado el pasado 9 de marzo. “El surgimiento de decenas de nuevos multimillonarios se produjo inmediatamente después de los recortes de impuestos de 2017 impulsados ​​por Trump al comienzo de su primer mandato”, afirman. El resultado es que hoy el 1% más rico del país “controla 55,8 billones de dólares en activos, más que el PIB de Estados Unidos y China juntos”.

Creo que muchos de los que dispusieron la entrega de ciudadanos nacionales a la justicia norteamericana, los que sueñan con dolarizar la economía, no pueden imaginar destino más feliz que transformarnos en otra estrella de la bandera de los Estados Unidos. No puedo disociar la imagen de dos ciudadanos costarricenses (no diré una palabra sobre sus calidades), entregados a funcionarios de la DEA en territorio nacional, con ese desorden político en el país, con la vergonzosa unanimidad con que la medida se aprobó en la Asamblea Legislativa, con la necesidad de reivindicar las funciones de un Estado Nacional que promueva la indispensable solidaridad social, que asuma sus funciones indelegables, como la de juzgar a sus ciudadanos que deban ser juzgados, sin pretender hacernos creer que delegando esas funciones a otras naciones avanzará la justicia y avanzaremos nosotros, como nación. Será todo lo contrario.

FIN

Contra el neoliberalismo: Una necesaria reorientación de la política opositora en Costa Rica

Gilberto Lopes
San José, 9 marzo de 2026

Parece que sobran divisas en Costa Rica. Hace ya más de dos años que el colón no para de valorizarse frente al dólar. Aunque el Banco Central atribuye la abundancia de moneda extranjera a la transformación productiva y al éxito del modelo exportador, destacados economistas sugieren una visión distinta.

Norberto Zúñiga, consultor de la firma Ecoanálisis, y Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA), citados por CRHoy, sostienen que la valorización del colón se debe principalmente al endeudamiento externo del gobierno en los últimos años.

No se trataría de grandes cambios en la inversión extranjera directa (IED), cuyos niveles fueron similares en 2024 y 2025. El incremento de las reservas monetarias internacionales –afirmó Zúñiga– se explica casi en su totalidad en esos años por el financiamiento externo neto obtenido por el Ministerio de Hacienda.

Naranjo coincide con la idea de que el aumento del endeudamiento externo ha sido uno de los principales responsables por la caída del tipo de cambio. En su opinión, las emisiones de tres mil millones de eurobonos en 2023 generaron un exceso de dólares en el mercado local, a lo que se sumaron dos emisiones más, por mil millones, en noviembre de 2025 y enero de 2006, con altas tasas de interés.

La mayor oferta de dólares no es resultado de un aumento de las exportaciones –las exportaciones del régimen definitivo crecieron solo entre del 1 % y 1,5 % el año pasado, dijo Naranjo–, ni de las inversiones extranjeras directas o del turismo, sino del endeudamiento.

El resultado es que la deuda del Gobierno alcanzó 60,4% del PIB en diciembre pasado, según los datos de Hacienda, lo que permite al gobierno congelar los salarios de empleados en 2027, aplicando la “regla fiscal” aprobada durante el gobierno del PAC, de Carlos Alvarado.

Las “reglas fiscales” de la Unión Europea son un engaño

No hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits fiscales inferiores al 3% del PIB o del 60% en el caso de la deuda pública, implicará una reducción de la deuda o una reactivación de la actividad económica”. “Más bien sucede todo lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada”, advirtió el economista español Juan Torres López.

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de Attac España (una organización “opuesta a la dictadura de los mercados y la especulación financiera”), Torres vuelve sobre el tema, una y otra vez, en su página “Ganas de escribir”. Hace ya algunos años, antes de que se pensionara, lo fui a entrevistar a Sevilla y, desde entonces, vuelvo ocasionalmente a sus páginas.

Con el Tratado de Maastricht (de febrero de 1992) –dice Torres– se establecieron esas reglas fiscales en la Unión Europea (UE): los déficits públicos no debían superar el 3% del PIB, ni la deuda pública el 60%.

Durante la crisis que se inició en 2007 la disciplina fiscal basada en ambos criterios se reforzó. Se trataba, como dijo la entonces canciller alemana, la conservadora Angela Merkel, de ponerle un candado, de asegurarse de que “ningún Parlamento pudiera cambiarlas”.

La excusa fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits. La realidad ha mostrado que la disciplina fiscal, en lugar de disminuir ha aumentado, en contra de lo que se aseguraba tras recortar el gasto público.

Carmen Reinhart, economista de origen cubano y profesora de Harvard sobre deuda soberana, y Kenneth Rogoff, también profesor de Harvard sobre deuda, habían publicado, en 2011, resultados de un análisis de ocho siglos de historia financiera, que los llevó a concluir que si la deuda superaba el 60% del PIB en los países emergentes y el 90% en los más avanzados el crecimiento económico se deterioraba.

Una tesis que se popularizó en todo el mundo para justificar las políticas de recortes de gasto con las que se prometía reducir la deuda. Unos meses más tarde, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Polin publicaron, en el Cambridge Journal of Economics, en marzo del 2014, una crítica al trabajo de sus colegas de Harvard. La base de datos con la que trabajaron contenía errores y ausencias importantes, sin los cuales sería imposible llegar a su conclusión a la que llegaron.

No tiene fundamento científico o empírico alguno limitar el crecimiento de la deuda al 60% del PIB, afirma Torres. No hay absolutamente ninguna prueba que permita afirmar que ese porcentaje es más conveniente que el 30%, el 100%, o cualquier otro.

¿Acaso la economía europea en su conjunto se desempeña mejor y es más competitiva que la de Estados Unidos por tener un porcentaje de deuda pública mucho más bajo, de 100% del PIB en la Eurozona y 93% en la UE, frente al 134% en EEUU?, se pregunta.

Criterio similar expresan Philipp Heimberger y Anna Matzner, economistas del Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), quienes aseguran que la consolidación fiscal tiene efectos contractivos a lo largo del ciclo económico.

En un artículo publicado en febrero pasado –“Fiscal Consolidation Costs Europe Jobs and Deepens Inequality”– aseguran que los resultados de sus estudios muestran que el ajuste fiscal ralentiza mucho más la economía en etapas de recesión que en periodos de expansión.

La conclusión es que asegurar que más deuda pública implica menor crecimiento económico “ha sido un fiasco”, dice Torres.

No funciona allá, ¿funcionará aquí?

A estas alturas cualquier persona inteligente se hará la misma pregunta: si las autoridades europeas desean de verdad que disminuya la deuda y aumente la actividad económica, ¿por qué se empeñan en tomar medidas de disciplina fiscal cuyo efecto evidente, y que nadie puede negar, ha sido el contrario?

Naturalmente, debemos hacernos la misma pregunta aquí. La “regla fiscal”, que congela los salarios públicos cuando la deuda supere 60% del PIB, solo ha servido para un notable deterioro de los servicios públicos y para la fuga de profesionales calificados, del área de la salud y la educación superior, entre otras. Ha contribuido también al empobrecimiento de sectores de la población dependientes de los salarios públicos y provocado una creciente disparidad social, que alimenta el negocio de las drogas ilícitas y el narcotráfico, especialmente entre jóvenes y en las zonas marginales del país.

En Costa Rica, esas políticas –con las que soñaban los sectores neoliberales más radicales– fueron impulsadas por un partido surgido de lo que parecía el agotamiento de las medidas de privatización y ajuste fiscal, a la que, en su momento, se sumó una cierta izquierda. Pero que, una vez en el poder, se alió a los grupos más conservadores, que las impulsaron gobernando bajo una relativa sombra, entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Alvarado.

Políticas que ha seguido profundizando el actual gobierno de Rodrigo Chaves –que concluye su período en mayo próximo–, habiendo logrado elegir a su candidata, Laura Fernández, con una amplia mayoría, para encabezar el gobierno el próximo cuatrienio. No hay razón alguna para pensar que su programa se orientará en una dirección distinta.

Uno de los resultados de esas políticas, como lo señaló Fernando Naranjo en artículo publicado el pasado 16 de diciembre –“De paso de jaguar a ritmo de tortuga”– es que la economía costarricense, en su parte doméstica, donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional, excluyendo las exportaciones de zonas francas, creció en años anteriores alrededor de 4,7%. El año pasado (2024), creció un 3,0% y en lo que llevamos del presente año (2025), “con dificultad llegará a un 2,3%”.

“No sólo la actividad económica ha bajado –agrega–, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de cincuenta mil personas”.

Más grave es a situación de desempleo juvenil. En noviembre del 2025 la tasa de desempleo del sector llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%.

“En el año 2010, de acuerdo con cifras oficiales, había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198, o sea 115.640 puestos de trabajo menos. En 15 años, el país no ha generado nuevos empleos para los jóvenes”, concluye Naranjo.

El fracaso de la oposición

Pese a esta realidad, la oposición insiste en su campaña contra los malos modales del presidente, contra sus desafíos a los otros poderes del Estado, contra sus ataques a los partidos tradicionales, sin que esa crítica logre permear una opinión pública harta de los engaños del pasado reciente y de los resultados de por lo menos 40 años de un neoliberalismo que ha ido demoliendo los cimientos del Estado Social, construido desde mediados del siglo pasado en Costa Rica, con especial éxito.

Parece cada vez más evidente que solo un redireccionamiento de la política opositora, hacia la crítica de las medidas más radicales del modelo neoliberal, permitirá reorganizar el escenario político y enfrentar la nueva ola que vendrá con el gobierno de Laura Fernández.

FIN

Una visión del sur: Los riesgos de un mundo que se derrumba…

Gilberto Lopes
San José, 27 de febrero de 2026

El mundo corre inmensos riesgos. “Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, la situación geopolítica y militar global había sido tan peligrosa”, estiman los brasileños Mauricio Bustani, exdiplomático, y el economista Paulo Nogueira Batista Jr., director del New Development Bank (NDB), el banco de los BRICS, entre 2015 y 2017.

Bustani y Batista Jr. pasan revista al escenario internacional y a algunos desafíos que la situación representa para Brasil, en un artículo publicado el pasado 26 de enero. Exembajador de Brasil en Londres y París, Bustani era el director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW) cuando la administración Bush montaba su campaña contra el gobierno de Sadam Hussein, en Irak, al que acusaba de poseer armas de destrucción masiva.

Elegido para el cargo en 1997 y reelegido en 2001, fue destituido en abril del 2002 cuando la presión del gobierno norteamericano logró una votación mayoritaria en ese sentido: 48 a 7, con 43 abstenciones. Abstenciones a las que Bustani atribuyó a la falta de un apoyo explícito del gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso y del canciller Celso Laffer. Los países de América Latina, Asia y África pensaron que Brasil veía con reservas mí desempeño y, a última hora, se abstuvieron, dijo Bustani.

Bustani negociaba con el gobierno iraquí su incorporación a la OPCW, otorgando así acceso a los inspectores de la organización al supuesto arsenal de armas químicas, de cuya existencia dudaba.

Pero Bush ya preparaba la invasión de Irak y no le interesaba la gestión de Bustani. Por el contrario, el 5 de febrero del año siguiente –un mes antes de la invasión– hizo que su secretario de Estado, el general Colin Powell, hiciera una dramática presentación de “documentos” y “pruebas” en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –falsas, como sabemos hoy– justificando el ataque que ocurriría el mes siguiente.

La tradición imperial norteamericana

La principal fuente de amenazas y agresión en este escenario es bien conocida, aseguran. Sin embargo “sería un error atribuir la responsabilidad de todo lo que está sucediendo actualmente únicamente a Donald Trump. El ‘factor Trump’ es temporal, mientras que el problema es esencialmente estructural y, por lo tanto, duradero”.

Bustani recordó más tarde –en entrevista a un diario brasileño–, que son, sobre todo, los presidentes demócratas “los responsables de las grandes guerras desatadas por los norteamericanos”. El imperio norteamericano no da tregua: Obama, responsable del mayor número; Clinton, el que decidió apoyar la ampliación de la OTAN hacia el este, violando los acuerdos logrados entre Gorbachov y Reagan para poner fin a la Guerra Fría.

El fenómeno Trump debe verse como la reacción de una superpotencia en decadencia que ya no puede mantener su hegemonía global respetando las reglas de una competencia económica organizada de forma ordenada”. Con Trump, el poder imperial simplemente “se quitó las máscaras”. En un mundo donde China, Rusia y el Sur global se hacen oír, “desenmascaran su verdadero rostro y pierden los modales”.

Irán y Ucrania

En la otra entrevista –concedida al periodista Leão Serna, publicada en el diario conservador Folha de São Paulo el pasado 21 de febrero–, Bustani se refirió a la perspectiva de una guerra contra Irán y al escenario europeo, luego de la invasión rusa a Ucrania.

Estados Unidos repite hoy acusaciones contra un supuesto plan iraní para hacerse de armas atómicas. Plan que Irán niega. Cuyo desarrollo estuvo, además, bajo control del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas hasta que Trump rompió los acuerdos con el gobierno iraní durante su primer mandato y se puso fin a esa vigilancia.

Hay señales de que el régimen iraní solo sobrevive gracias a una represión brutal, dijo el periodista.

Estás equivocado, contestó Bustani. Esa es una historia mal contada, es la visión de Occidente. Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, es inspeccionado regularmente por la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero sigue siendo demonizado, afirmó. “No creo que vaya a ocurrir una rebelión interna, como dice al prensa occidental”.

Serna le preguntó también cuál sería la próxima víctima de Putin, luego del ataque a Ucrania.

No habrá, afirmó Bustani. Esta amenaza “es una creación europea”. “¿Ud. cree que Putin va a invadir Londres y París? ¿Alguien, con conciencia política, puede imaginar eso?”.

El periodista insistió: creo que va a invadir los países bálticos.

¡Jamás! Ya habrían invadido. ¿Por qué lo harían? No lo necesitan. Europa no lo entiende. Rusia siempre quiso ser europea.

Para Bustani, Trump quiere una solución para ese conflicto porque no hay forma de que Ucrania pueda ganar.

La Doctrina Donroe

¿Qué puede hacer un país como Brasil frente a estos cambios en el escenario internacional? ¿Cómo resistir a la Doctrina Donroe, una actualización de la vieja Doctrina Monroe con la que, en 1823, un naciente Estados Unidos definió su política de “América para los americanos”? En ese intento por controlar el hemisferio –dice Bustani– Trump cuenta con el apoyo de Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

En Costa Rica, un asesor del nuevo gobierno, que asumirá en mayo próximo, ya sugirió reformar la constitución para permitir la instalación de bases militares norteamericanas en las costas del país y combatir el narcotráfico. Parece un paso lógico, después de que la actual Asamblea Legislativa aprobara el año pasado, por unanimidad, una reforma que permite extraditar a costarricenses a Estados Unidos.

El ataque a Venezuela y el intento de recolonizar el país debe despertar en Brasil y en otros países la preocupación por su capacidad de disuasión, advierten Bustani y Batista Jr. El secuestro del presidente Nicolás Maduro dejó en evidencia la ausencia de medios para esa defensa. Proponen, para eso, el desarrollo de una fuerte base industrial de defensa, el control de los recursos naturales, así como de las rutas de comercio por el Atlántico Sur. Y llegan a la conclusión de que es necesario reexaminar la participación del país en el Tratado de No Proliferación Nuclear.

En eso también el orden de posguerra, que solo reconoce como potencias nucleares a los cinco integrantes del Consejo de Seguridad, está completamente superado.

La última oportunidad de Occidente

La discusión sobre las perspectivas del nuevo orden internacional se extiende, naturalmente, por todo el mundo.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, un ferviente partidario de la OTAN y que hoy Rusia considera representante de la extrema rusofobia que se extiende por Europa, se lamenta del fracaso de las esperanzas surgidas al final de la Guerra Fría, de un mundo unificado bajo las normas de la democracia y del mercado capitalista. “La era de la posguerra Fría es cosa del pasado”, asegura, en un artículo titulado “The West last chance”, publicado en Foreign Affairs en diciembre pasado.

Para Stubb, Occidente tiene una última oportunidad para preservar el orden liberal mundial. Para eso debe aprender a oír y promover reformas de las instituciones internacionales, de modo que reflejen de mejor manera el peso económico y político del Sur global y del Oriente global.

El académico y diplomático singapurense, Kishore Mahbubani, coincide con el visión de Stubb sobre el papel del Sur global. Desde su perspectiva, el Occidente y el Oriente luchan por conquistar el corazón y las mentes del Sur global. La razón es simple, asegura: ellos perciben que “el Sur global decidirá la dirección del nuevo orden mundial”.

Una invasión provocada

Mahbubani se refiere a la invasión rusa de Ucrania. Occidente insiste en que “no fue provocada”. Claro que Ucrania nunca atacó a Rusia –afirma– , pero muchos pensadores occidentales, “como el diplomático estadounidense George Kennan y el intelectual australiano Owen Harries, advirtieron hace décadas que la expansión de la OTAN hacia el este acabaría provocando una reacción violenta por parte de Rusia”.

Para Mahbubani, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó “una visión más matizada sobre la guerra en Ucrania cuando, en mayo de 2022, declaró: ‘Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no solo Putin es culpable. Estados Unidos y la UE también lo son. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿La OTAN? Estados Unidos y Europa deberían haber dicho: ‘Ucrania no se unirá a la OTAN’”.

Como sabemos, eso no ocurrió. Ocurrió todo lo contrario. Derrotada y desaparecida la Unión Soviética, Washington pensó que su hora había llegado. Que no tenía que dar cuenta de sus decisiones. Sin el tono estridente con que hoy Trump dice poder hacer lo que quiera en el mundo, Clinton decidió avanzar las líneas de la OTAN hacia las fronteras rusas, sin oír las advertencias sobre lo peligroso de esa decisión.

Invocando principios morales y compromisos con la democracia y los derechos humanos, tensaron también las relaciones con China. Creían estar del lado correcto de la historia, dice Mahbubani.

Pero, el pueblo chino “ha prosperado cuando han contado con un fuerte, un efectivo gobierno central que los gobierne sabiamente. Bajo la dirección del Partido Comunista el pueblo chino ha disfrutado de los mejores 40 años de desarrollo humano y social en 4.000 años de historia”.

Mahbubani concluye que Stubb tiene razón al pensar que “esta es la última oportunidad de Occidente para convencer al resto del mundo de que son capaces del diálogo, en vez del monólogo”.

Pero –agrega– para dialogar hay que oír. “Desgraciadamente, el 12% de la población que vive en Occidente no ha aprendido el arte de oír al restante 88% con los que comparte el planeta”.

Europa sueña otra vez con derrotar a Rusia

Mientras tanto, en Europa sube el tono de las voces que apuestan por continuar la guerra hasta la derrota de Rusia. “Hoy, Europa se rearma. Los países de la UE han pasado de invertir 214.000 millones de euros en defensa en 2021 a 326.000 millones en 2024”, dice una corresponsal del diario español El País en una nota sobre los cuatro años de la guerra, que se cumplieron el pasado 24 de febrero. Nos recuerda que la Unión Europea, “ha desembolsado unos 194 mil millones de euros para Ucrania” y tiene pendiente un préstamo por otros 90 mil millones.

Es inevitable pensar en cual sería el papel de la UE en el mundo si hubiese destinado alguna suma cercana a esa a proyectos de desarrollo, en Ucrania, en África, o en cualquier lugar del mundo. Pero eso es impensable.

“Nosotros debemos asumir toda posibilidad de incrementar la presión sobre la economía rusa y fortalecer la posición de Ucrania”, dijeron Rachel Reeves, ministra de Finanzas de Inglaterra y Elisabeth Svantesson, de Suecia, en un informe donde aseguran que la presión económica sobre Moscú, “está funcionando”.

Europa sueña con cumplir la misión a la que Alemania no pudo dar fin en los años 40 del siglo pasado. Hace ya años que su único plan es ganar la guerra, sin que prospere ni una sola iniciativa diplomática.

Cierro este texto el viernes 27 de febrero, cuando crecen las amenazas de otra guerra, con dramáticas consecuencias, fáciles de imaginar: el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, una decisión que Trump ha reivindicado como únicamente suya.

Ante esta realidad, Mahbubani no pierde las esperanzas: –Si el ensayo de Stubb despierta un proceso de escucha en Occidente, especialmente en Europa, habrá servido para un fin útil, afirma.

No parece, en todo caso, estar ocurriendo así. Occidente no parece oír la advertencia de Stubb, él mismo un entusiasta del esfuerzo militar y económico por derrotar a Rusia. Occidente está desperdiciando su “última oportunidad”. El riesgo que corremos es que el resto del mundo tampoco tenga otra…


NOTAS

El artículo, titulado “If you want peace…”, publicado el pasado 26 de enero, puede ser visto aquí: https://eng.globalaffairs.ru/articles/peace-bustani-batista/

La entrevista a Bustani puede ser vista aquí: https://www1.folha.uol.com.br/amp/ilustrissima/2026/02/bustani-diz-que-trump-mente-sobre-risco-nuclear-do-ira-e-repete-bush-no-iraque.shtml

El artículo de Alexander Stubb, titulado “The West last chance”, puede ser visto aquí: https://www.foreignaffairs.com/united-states/wests-last-chance

El artículo de Kishore Mahbubani, titulado “The dream palace of the West”, publicado en febrero, puede ser visto aquí: https://www.foreignaffairs.com/united-states/dream-palace-west?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=Ukraine%20and%20the%20New%20Way%20of%20War&utm_content=20260220&utm_term=EDZZZ006ZX

Después de las elecciones del 1 de febrero del 2026

Gilberto Lopes

Un clima enrarecido

Que nos vamos a convertir en una Venezuela, que se van a suspender las garantías constitucionales, que la presidente electa ha sido nombrada ministra de la Presidencia, que el presidente ha ocultado la paternidad de una hija de tres años hasta después de las elecciones, que decenas de diputados electos arrastran causas penales, que Costa Rica camina con paso firme hacia el amanecer de una desconocida “Tercera República”. La oposición insistiendo en la importancia de ir a votar; los costarricenses yendo a votar contra la oposición.

No es poca cosa.

Quisiera sugerir que ese clima político y social enrarecido no es solo una característica de la reciente campaña electoral, sino resultado de la larga puesta en escena de una obra de la que los actuales son solo los (pen)últimos actores. Se trata de otra cosa, más profunda. De las consecuencias de un vasto proceso político que ha minado la confianza de la población y transformado las características de la Segunda República en Costa Rica.

Sobre la “institucionalidad democrática”

Nunca nada más antidemocrático que el “No hay alternativa”, la consigna del neoliberalismo con la que Margaret Thatcher y Ronald Reagan se lanzaron a la conquista del mundo en la década de los 80’s del siglo pasado, en los años finales de la Guerra Fría.

Aquí, voces alarmistas insisten en que está en juego la democracia, como si no se hubiese estado destruyendo esa democracia a mordiscos desde hace más de 40 años, cuando nos sumamos a la alternativa neoliberal e hicimos nuestro aporte (modesto) al desquiciado modelo concentrador de la riqueza en manos del 1% de la humanidad.

No es posible una elección con 20 partidos. No hay 20 proyectos políticos en el país. Difícilmente puede haber más de tres o cuatro. Solo un escenario político desdibujado justifica la aparición de 20 alternativas electorales. En ese escenario, el voto vale poco. O nada. Vale lo que valen esas 20 alternativas.

Quisiera sugerir que no es el voto el que le da sentido a la democracia. Es la democracia la que le da sentido al voto.

Para que el voto valga necesitamos alternativas bien construidas, claras. Solo así mi voto vale, solo así permite elegir una opción.

A qué nos enfrentamos

¿A la creación de la Tercera República? ¿De qué se trata? ¿De darle forma al legado de Rodrigo Chaves?

En realidad, nos enfrentamos a un proyecto de una derecha privatizadora. Nos ofrecen la “continuidad del cambio”, el “rechazo al pasado”, la “defensa irrestricta de la vida y la familia”, el “respeto a la dignidad del trabajo que se acrecienta con la propiedad”.

Hay que pensar un poco: ¿qué significa todo eso, qué se esconde detrás de esas mal trazadas consignas? Se podría decir que nada. Pero no es cierto. Significan algo. Algo que no tienen el coraje de anunciar claramente.

En todo caso, nada muy distinto al que el país ha venido transitando en los últimos 40 años, cuando se empezó con la privatización de los depósitos bancarios y se siguió con los más diversos sectores económicos, incluyendo la salud, la educación, las obras públicas, las telecomunicaciones… Todas las instituciones se vieron afectadas: la banca pública, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), escuelas, colegios, universidades, el ICE.

Para la mayoría, los servicios se deterioraron. Se fue extendiendo la idea de que el Estado es un gasto, no un servicio. Privado de importantes ingresos, el déficit público creció y, con él, la deuda y sus intereses. Para tratar de hacerle frente, se recortaron aún más los recursos. Se deterioraron los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Se nos ha tratado de convencer de que cada uno es responsable de su futuro, de que el orden social, político y económico en que vivimos tiene poco que ver con eso. Que los lazos entre todos se deben adelgazar, que cada uno vele por sus intereses mientras el modelo va concentrando la riqueza hacia arriba.

Sueñan con un Estado que ofrezca los servicios indispensables para el desarrollo de los negocios y muy poco más (la seguridad no es lo único, pero es lo políticamente más sensible). Lo demás, cada uno tendría que procurar resolver por su cuenta.

Lo público-privado

Se habla de un modelo de desarrollo público-privado. Como idea general, no solo tiene sentido, sino que no hay otra manera de desarrollar una sociedad.

Pero aquí se usa con un sentido más específico. El término sirve para ocultar un proyecto que pone lo público al servicio de lo privado. De modo que todo nos conduce –de nuevo– a ese modelo concentrador de la riqueza que ha llevado a extremos la tensión económica y política.

La presidente electa insiste en la idea de vender el Banco de Costa Rica y su filial BICSA. Ya lo había propuesto Chaves al inicio de su gobierno, especulando con la cifra de 1,2 billones de colones –2,8% del PIB– cálculo probablemente muy por encima de las posibilidades reales de venta, eventuales recursos cuyo destino nunca precisó.

En su conferencia de prensa, el día siguiente del triunfo electoral, Fernández sugirió financiar con esos recursos el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Apuró el negocio, afirmando que debe darse antes de que el banco “quiebre” o caiga por “problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.

Pero el BCR no está en quiebra, aunque quizás Fernández lo sepa. Es un buen negocio y los inversionistas lo saben. Sobre todo, si pueden comprar barato. Como lo decía Rodrigo Carazo, lo que esta gente quiere no es vender, sino comprar.

¿Qué sentido tiene vender un activo que dejó el año pasado una utilidad de ¢38.494 millones? Recursos públicos que financian diversos proyectos.

Los bancos públicos, como el BCR, ya tienen, por ley, una serie de cargas fiscales y parafiscales, incluyendo un 15% sobre sus ganancias destinada al régimen de IVM. De modo que su venta para capitalizar este régimen no tiene sentido. Lo dejaría desfinanciado cuando los recursos de la venta -si se vendiera– finalmente se agotarán.

Tratarán de seguir profundizando el proceso de privatización de los servicios de la CCSS, tanto en salud como en pensiones, que les gustaría transformar en un sistema como el chileno, de capitalización individual, que ha significado una tragedia para miles de adultos mayores en ese país (nada de esto tiene que ver con la necesaria revisión de los diversos sistemas de pensión existentes en Costa Rica, de modo que nadie reciba más de lo que cotizó, pero que tampoco reciba menos). Tampoco se trata de que se transforme nuestro sistema solidario en un multimillonario negocio privado a favor del 1% más rico de la sociedad.

Déjeme poner otro ejemplo de proyectos privatizadores particularmente ineficaces e irritantes por las condiciones tan desfavorables para el país. Se trata de la carretera a Caldera, transformada en un gran embudo por donde el dinero de los costarricenses fluye hacia una empresa que recibe miles de millones, amparada por un contrato leonino que impide al recuperación por el Estado de la empresa, pese a que lo invertido ya ha sido remunerado con creces.

Esa es una empresa curiosa cuyo funcionamiento evidencia lo absurdo de la concesión: la empresa más gana cuando presta peor servicio. Cuando el tránsito se multiplica, en las horas o las fechas de mayor movimiento, las decenas de casetillas de cobro se llenan, mientras el tránsito se atasca cuando el espacio de cobro se va reduciendo a uno o dos carriles de tránsito. Mientras mayor sea la presa, más gana la empresa.

Como ya dijimos, los proyectos públicos serán cada vez menos relevantes para atender las necesidades de la población. Los recursos se orientarán a atender los intereses privados.

Desde nuestro punto de vista, eso no le sirve al país, a nadie. Ni siquiera a aquellos a los que pretende favorecer. Solo exacerbará las tensiones económicas y políticas.

Pero dar vida a esa ley de privatización de la obra pública y la aprobación del TLC, fueron dos razones principales de los esfuerzos de Oscar Arias para promover un cambio constitucional que le permitiera aspirar a un segundo mandato. Luego, estas tendencias siguieron. Llegaron a extremos durante el gobierno de Alvarado, adquirieron un tono chabacano en el de Chaves, y nos amenazan de nuevo, en el de Fernández.

Desde mi punto de vista, todo mal. De modo que quienes no compartimos esas políticas deberíamos desde ya explicar nuestras razones y prepararnos para el debate.

Dos Costa Ricas

¿Cuál es el secreto detrás del éxito de Costa Rica? se preguntaba la organización no gubernamental norteamericana Social Progress Imperative en diciembre pasado.

No se trata de suerte, sino de una estrategia desarrollada desde hace décadas, afirman. Con el reconocimiento de que un crecimiento inclusivo y la cooperación comunitaria era esencial para el desarrollo, se avanzó hacia un modelo que beneficiaba a todos, invirtiendo recursos masivos en el capital humano.

Pero, en determinado momento del siglo pasado, el progreso parece haberse estancado en determinadas áreas, afirma la organización, que conversó con el director de Impacto y Sostenibilidad del INCAE, Jaime García. Identificaron los principales puntos de inflexión, como seguridad personal y educación superior, discutieron sobre el progreso social concentrado en el área metropolitana, que dejó atrás las costas y las zonas fronterizas. Llegaron a la conclusión de que había ahora “dos Costa Ricas”.

En un artículo publicado en La República, el pasado 19 de enero, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez se había referido a esa características de la economía costarricense, aunque él agregaba un tercer aspecto, como veremos.

Rodríguez hurgaba en algunas características de esa economía, poniendo en evidencia el carácter dual del crecimiento. “El crecimiento del PIB y de las exportaciones se genera fundamentalmente gracias al régimen de comercio especial. El régimen definitivo, que engloba aproximadamente el 85% de la producción, crece cuatro veces menos que el especial”, afirmó.

La caída del desempleo –un logro reivindicado por el actual gobierno– “no se explica por la creación de nuevas fuentes de trabajo, sino por la enorme disminución de personas que buscan empleo”. “El nivel de ocupación de febrero de 2020 —último mes antes de la pandemia— se redujo en 30.290 personas para noviembre de 2025, último mes con datos de la Encuesta Continua de Empleo”, dice Rodríguez.

En febrero de 2020, la tasa de ocupación era de 56,1%, mientras que en noviembre de 2025 fue de apenas 51,4%.

Y se pregunta “¿Cómo explicar la reducción de la pobreza sin un aumento del volumen de empleo ni de los ingresos salariales de los sectores más pobres? ¿Cómo entender un crecimiento económico significativo sin creación de empleo, acompañado de un exceso de divisas, inflación negativa y una revaluación persistente del colón?”.

Con menos gente empleada, la reducción de la pobreza solo se explica por el aumento de los ingresos autónomos. En cuanto al aumento de los ingresos de divisas afirma que “no tiene una explicación clara” y sugiere la conformación de una “tercera economía, paralela a los regímenes de comercio definitivo y especial”.

Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, ya se había referido a estos problemas en un artículo publicado en El Financiero el 16 de diciembre pasado, titulado “De paso de jaguar a ritmo de tortuga”.

La economía costarricense, en su parte doméstica —donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional— crecía en años anteriores alrededor de 4,7%, el año pasado 3,0% y en lo que llevamos del presente año, con dificultad, la actividad económica apenas llega a un 2,3%”. “No sólo la actividad económica ha bajado, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de 50 mil personas”.

Naranjo agrega un dato sobre la situación de los jóvenes. “En 2010 había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198”. “En noviembre del 2025 la tasa de desempleo juvenil llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%. O sea, el desempleo juvenil es 2,6 veces mayor que el desempleo total”.

No nos vamos a extender aquí en unas consideraciones ya largas. Pero nos parece importante compararlas con los datos que difunde el gobierno y que pueden revisarse en una nota de la página Novedades publicada el pasado 3 de febrero, donde se habla de reactivación de la economía, creación de empleo y reducción de la pobreza, entre otros aspectos.

El desprecio de una clase política

Así las cosas, ¿es tan difícil explicar el desprecio por un una clase política que ha llevado el país a este callejón sin salida, que la expresión más chabacana de esa clase política sabe explotar muy bien, precisamente porque es la expresión más chabacana de esa política?

¿Es tan difícil entender por qué el crimen organizado y el narcotráfico convocan a sectores cada vez más amplios de nuestra juventud y la violencia no para de crecer?

¿Es tan difícil entender porque el sector más chabacano de esa política logra éxitos tan extraordinarios en las zonas más marginales de ese modelo dual, que las deja sin opciones mientras ve alejarse la barca de la “otra” Costa Rica?

Me parece que necesitamos un cambio de rumbo. Ese modelo dual funciona así como lo vemos: crecen las exportaciones, las inversiones extranjeras, el país se inunda de dólares, mientras la mayoría de los costarricenses, principalmente los jóvenes, ven desde la orilla alejarse el barco de las oportunidades y de una vida digna.

El periodo de transición

Chaves nombra ministra a Fernández. ¿De qué se trata? Me imagino que pensarán así preparar, en los tres meses que faltan para que asuma el (nuevo) gobierno, los proyectos de ley con que sueñan fundar la Tercera República.

Instalada la nueva asamblea legislativa, elegida la Junta Directiva, conformadas las comisiones (todas con mayoría oficialista), el gobierno estaría en condiciones de aprobar rápidamente una serie de reformas, sin que la oposición tuviera apenas tiempo de reaccionar.

Han lanzado algunas ideas sobre las privatizaciones: venta del BCR, apertura del mercado eléctrico, jornadas 4/3, reforma del sistema de pensiones de la CCSS, para transformarlo en uno de capitalización individual.

Mientras nos distraemos en comentarios sobre la extraña decisión de incorporar la presidente electa al gobierno saliente, me parece que lo importante son las movidas para preparar el paquete legislativo con el que sueñan, mientras tratan de amarrar los votos necesarios para su aprobación.

Nosotros, esa mayoría que no votó por la papeleta ganadora, ¿qué hace mientras tanto? No tiene siquiera un diagnóstico preciso de la situación, ni un programa alternativo al de esa Costa Rica dual. Pelea con fantasmas, como si la amenaza a la democracia más peligrosa fueran los escarceos de este gobierno (y probablemente del que sigue) contra las instituciones del país. Son ciertamente un peligro al que debemos poner atención. Pero tengo la impresión de que el peligro mayor es ese modelo de desarrollo que ha venido construyendo esa Costa Rica dual, navegando en la ola ya muy antigua del “no hay alternativa”, con el que fueron minando los fundamentos de la II República, sin que, por ningún lado, aparezcan ideas capaces de llevarnos a la III.

La conformación de la próxima Asamblea Legislativa parece dejar pocas opciones a la resistencia del programa privatizador. ¡Parece! Pero no tenemos derecho a darlo por sentado, ni será inevitable si nos preparamos también en este período de transición para resistir contra estas propuestas.

El tiempo para organizar programas y alianzas es ahora

Para finalizar estas ya muy largas reflexiones: el tiempo para organizar programas y alianzas es ahora. En la víspera de las elecciones cada partido pelea por lo suyo. Entonces es muy difícil hacer alianzas. Me parece que ahora el clima no podría ser más favorable.

No estoy pensando solo (ni principalmente) en los partidos, aunque no podrían ser olvidados. Pero hay que movilizar más que eso, a organizaciones locales, representantes de los más variados sectores sociales, para ponernos de acuerdo, primero, en una idea y, después, en formas de organización para pelear por ellas.

Desde mi punto de vista, se trata de poner fin a ese modelo en que se basa la Costa Rica dual. No se trata de cerrar el país a la inversión extranjera, sino de entender que así quienes se desarrollan son esas empresas. No nosotros.

Por lo tanto, la otra cara de esa moneda es el desarrollo de nuestras empresas –bancos públicos, ICE, INS, etc.– base de nuestra riqueza que, bien administradas, son el fundamento de los recursos para hacer navegar la Costa Rica hoy varada en la orilla.

Para mí, ese es el fundamento, aunque, naturalmente, una enorme variedad de asuntos debe ser tratados también, siempre con el cuidado de no minar los fundamentos del edificio que tratamos de construir.

No veo cómo se puede desarrollar un país como Costa Rica sin fortalecer el tejido social, debilitando los servicios públicos y dejando a los ciudadanos por su cuenta para resolver aspectos básicos de la vida colectiva y la de cada uno, como la educación o la salud. Ese es el camino que hemos venido transitando, con los resultados evidentes de una creciente inseguridad, consecuencia del deterioro de ese red social que dio fundamento a la II República.

La base de la III República no es la destrucción de los fundamentos de la II. Eso lo han venido haciendo hace ya más de 40 años los diversos gobiernos.

La base de esa III República debe ser la recuperación de los fundamento de la II, que hicieron de Costa Rica una nación destacada en la región, adaptándolos, naturalmente, a las realidades políticas, económicas, sociales y tecnológicas de nuestra época.

La democracia en las bombas del invasor

Gilberto Lopes

Hace unos meses, en medio del debate sobre las pasadas elecciones venezolanas, discutía con un amigo, analista internacional de una revista chilena. Él, demócrata cabal, era implacable con la dictadura venezolana. Le pregunté entonces si le parecían posibles unas “elecciones libres” en un país sometido a dos décadas de drásticas sanciones comerciales, como ha estado Venezuela desde 2005.

No me respondió. En vez de responder, me preguntó por qué entonces hacían elecciones. No respondió porque no podía responder. Para un demócrata cabal decir que “sí” resultaba demasiado cínico. ¡Imposible! Decir que “no” quitaba sustento a toda su implacable argumentación democrática contra el gobierno venezolano. Por eso no respondió.

Me parece evidente que no puede haber elecciones libres en un país latinoamericano sometido por Washington, durante décadas, a drásticas sanciones comerciales. Esos demócratas no se sienten obligados a exigir el levantamiento de las sanciones para que –una vez libres– los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes.

Pero esa es una pregunta que debe responder todo demócrata. Aquí, los candidatos presidenciales que se refirieron a los ataques estadounidenses contra Venezuela lo hicieron entusiasmados, aunque con diversos grados de sensiblería. Salvo el Frente Amplio, que condenó el ataque y el secuestro del presidente.

Alaban las perspectivas democráticas, como si la democracia pudiera ser instalada por las bombas de un invasor.

La verdad es que puede, pero solo porque la palabra “democracia”, vaciada de mayor contenido, refleja solo una vaga idea general a la que cada uno le da el contenido que le acomoda. En realidad, la mayor parte de esos “demócratas”, más que demócratas son unos conservadores que –como sabemos– no se sienten del todo incómodos con unas dictaduras sustentadas por las más liberales teorías económicas.

Es tan evidente la contradicción, en este caso, que el hacedor de democracia no es otro que el apoyador del que –aquí– todos acusan de ser una amenaza para para democracia. Naturalmente, estoy hablando de Trump y de Chaves (el Chaves nuestro, no el venezolano). Me parece triste, penoso, mediocre.