El Programa Desde la Otra Acera (APSE), se trató el tema: “Tentáculos empresariales en el gobierno Alvarado”, con el fin de dar a conocer a los grupos de poder con más influencia sobre el Gobierno de Carlos Alvarado y sus estrategias para ejercer presión sobre las políticas públicas en discusión.
Compartimos el video:
Diversos sectores políticos, sociales y empresariales han reclamado a la Administración Alvarado una estrategia o al menos una agenda de reactivación económica del país, frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia del covid-19.
No obstante, aunque en algún momento el Gobierno actual ha mencionado la posibilidad de la reactivación económica, no ha propuesto un plan en esa dirección, pero sí impulsa actividades y proyectos a nivel local y regional, que las autoridades de varias instituciones ubican en el camino de la reactivación económica.
Estas acciones y proyectos son ejecutadas por varias instituciones como el IMAS, el INDER, el ICAA, el MIVAH, la CCSS y el CNP, implican una cuantiosa inversión de recursos y son parte de la acción institucional en cada región o de los programas de desarrollo impulsados por la presente administración en varias regiones.
En el mes de febrero, se han difundido varias informaciones con respecto a la inversión estatal en el desarrollo local y comunal en diferentes regiones del país, como parte de las acciones institucionales para el desarrollo social y productivo y la reactivación económica post-pandemia.
Se ha informado que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) invertirá ¢1800 millones en 24 iniciativas comunales y proyectos productivos que impactará al menos a 37 mil personas a lo largo de este 2021. Se estima que la construcción de las obras y el impulso de proyectos de impacto responde a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial impulsados por el Gobierno de la República.
La mayor inversión se da en la región Brunca (¢662 millones), seguida por San José Rural (¢436 millones); Huetar Norte (¢395 millones); Guacimal de Puntarenas (¢121 millones); Santa Cruz de Guanacaste (¢90 millones); Río Cuarto de Alajuela (¢68 millones); y Bratsi de Talamanca, Limón (¢27 millones).
Entre los principales proyectos a impulsar en la Región Brunca, la cual históricamente ha mantenido rezagos importantes en sus principales indicadores socioeconómicos, se encuentran 10 de los 14 proyectos con una inversión de ¢494 millones y 37% de los recursos económicos asignados, dirigidos a apoyar a 3.585 productores de la Zona Sur, como las siguientes:
También, en la Región Brunca se encuentran la construcción de dos casas de salud ubicadas en Santa Lucía de Chánguena, en Buenos Aires, y en la Reserva Indígena de Altos de San Antonio del cantón de Corredores, para una inversión superior a los ¢168 millones que beneficiará a cerca de 826 personas.
En la Región Huetar Norte, alrededor de 5.590 personas se beneficiarán con la inversión de más de ¢395 millones en la construcción de un ramal del Acueducto La Virgen y El Coroso, en Los Chiles; un tanque de almacenamiento de agua de 500 m3 para Caño Negro y La Chompipera, en Yolillal de Upala; la construcción de un Centro de Formación Articulado Integral que se ubicará en Santa Rosa de Pocosol de San Carlos y una sala de terapia física, una planta de tratamiento de aguas negras y servidas y una batería de servicios completa para el Hogar de Ancianos de Bijagua de Upala.
Además, en esta misma región, se ampliará el apoyo al centro multifuncional del cantón de Río Cuarto, ya que sumará ¢68 millones en obras complementarias a dicho proyecto en el que el IMAS invirtió ¢85 millones para su construcción en el año 2017 y que beneficiará a 5.000 personas de esa comunidad.
Mientras que en Guanacaste se invertirán ¢90 millones en la construcción de un centro de formación integral, recreativo, social, cultural y educativo ubicado en El Socorro de Santa Cruz, facilitando las condiciones de vida de 125 personas aproximadamente.
Cerca de esa provincia, en Santa Rosa de Guacimal de Puntarenas, 350 personas de sus comunidades vecinas se verán beneficiadas con la construcción de un consultorio médico de visita periódica con una inversión de ¢121 millones.
Por su parte en Bratsi de Talamanca, en la región Atlántica se invertirán más de ¢27 millones en dos proyectos que tienen como objetivo promover el valor agregado en la producción de plátano en Bratsi de Talamanca, Limón, para facilitar las condiciones laborales de 104 personas aproximadamente.
Adicionalmente se menciona que en las Comunidades rurales de San José la inversión social será superior a los ¢436 millones distribuidos en cinco proyectos, entre los que destacan la construcción del edificio de la Cruz Roja en Acosta por ¢200 millones; el nuevo puesto de visita periódica de salud en La Legua de Aserrí con un presupuesto de ¢100 millones y se destinarán ¢90 millones para mejoras en la red de distribución de agua potable de Bijagual de Turrubares, estos proyectos contribuirán a mejorar la calidad de vida de 21.493 personas aproximadamente.
Todos los proyectos apuntados, representan acciones concretas con las que el IMAS contribuye al desarrollo social y productivo de algunas comunidades y en las que según el Presidente Ejecutivo de esa institución “con esta inversión buscamos oportunidades de reactivación económica e inclusión social, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y se inscribe en la visión “del desarrollo humano sostenible como una aspiración que construimos desde el territorio y de la mano de las comunidades.”(ElPaís.cr,9-2-2021)
Igualmente, la Mesa Caribe instancia multisectorial de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada en la región Huetar Atlántica, proyecta para este 2021 una serie de inversiones en procura de mayor desarrollo, reactivación económica, fuentes de empleo y de mejores oportunidades para los habitantes de la región Caribe.
El vicepresidente Rodríguez coordinador de la Mesa citó una serie de proyectos en esa Región Caribe, que se entregarán a lo largo de este año, haciendo referencia a la pronta inauguración del puente binacional sobre el río Sixaola, fronterizo con Panamá, en el que se invirtieron $25 millones.
Asimismo, enumeró proyectos como las nuevas instalaciones del INA; la entrada en operación del Centro de Desarrollo Empresarial; la reactivación de espacios públicos financiados por JAPDEVA; los estudios de factibilidad del tren eléctrico de carga; la entrega de obras del BID cantonal 2, en Pococí, Matina y Siquirres; la inversión en obras deportivas y educativas en varios cantones; los proyectos de vivienda y la adquisición del terreno del nuevo Hospital de Limón.
El Ministerio de Educación Pública invertirá este año ₡12.800 millones, mientras que la proyección de inversión para 2021 es de ₡6.509 millones por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proyecta invertir en la región para el período 2021-2022, ₡12.000 millones.
Por su parte JAPDEVA, aprobó un primer bloque de proyectos que promueven el desarrollo de la provincia por un monto de inversión de $10.5 millones de dólares (₡6.348 millones aproximadamente). Dichos proyectos se agrupan en tres ejes: ordenamiento territorial para la atracción de la inversión, fomento del turismo a través de la intervención urbanística en las comunidades e infraestructura.
El vicepresidente afirmó que el 2021 es un año clave para la reactivación económica de la región. Hemos arado y sembrado el terreno y, con el apoyo de los clústeres, sabemos que vamos por buen camino. La pandemia nos golpeó fuerte, pero debemos seguir generando acciones que procuren una recuperación y protección del empleo” (ElPaís.cr,18-2-2021)
Así mismo, la inversión en infraestructura habitacional ha sido otra de las áreas en las que la administración Alvarado ha procurado generar alternativas de reactivación en las diferentes regiones del país, con ese propósito el Banco Hipotecario (BANHVI) aprobó nueve proyectos habitacionales en la Región Brunca, de los cuales cuatro ya han sido concluidos y cinco más se encuentran en su fase de construcción.
Dentro de los proyectos concluidos, se encuentran Kilómetro 20, ubicado en Golfito habitado por 65 familias en situación de extrema necesidad, y fue entregado en diciembre anterior por el presidente de la República y la inversión fue de ¢1.109 millones.
La población indígena, ampliamente arraigada en la Región Brunca, ha sido beneficiada con 231 viviendas, de las cuales 132 ya habitan sus casas, en poblados de los territorios Coto Brus (Ngöbe, etapa I), Salitre y en Curré (Rey Curré) de Buenos Aires de Puntarenas.
Las 99 viviendas restantes están en proceso constructivo, con diferentes porcentajes de avance. Se trata de la segunda etapa en Salitre (Buenos Aires) y en Ngöbe en Limoncito (Coto Brus); Boruca (Buenos Aires), y en Conte Burica (Golfito).
La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), destacó que estos proyectos no solo permiten que las personas tengan una vivienda digna, sino que contribuyen a reactivar la economía. “Este es uno de los principales aportes del BANHVI a los esfuerzos por lograr la reactivación económica y contribuir con la generación de empleo” (ElPaís.cr,20-02-2021)
En el ámbito de inversión productiva regional, el Gobierno autorizó recientemente al Instituto Nacional de Seguros a donar ₡1.500 millones al Consejo Nacional de Producción para la construcción del Centro de Valor Agregado (CVAA) de la región Huetar Norte.
Este proyecto -liderado por el CNP- estará ubicado en Santa Clara de Florencia de San Carlos y beneficiará de manera directa a 2.000 Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (PYMPA) de la región, con miras a desarrollar productos con agregación de valor, tanto para mercado interno como externo.
El CVAA se pretende construir en un terreno de 24,041 m2 con una inversión total de ₡2.600 millones, de los cuales ₡1.500 millones aportados por el INS para infraestructura; ₡1.040 millones entregados por el INDER para equipamiento y el resto por el CNP.
El Centro de Valor Agregado Agropecuario contará con una infraestructura moderna, tecnología de punta y equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento, específicamente en cinco áreas: panificación, lácteos, frutas y vegetales, cárnicos y mínimamente procesados
El presidente Alvarado comentó acerca del CVAA que “esta iniciativa se enmarca en la estrategia del gobierno de reactivar la economía de la región por medio de la innovación, la tecnología y la capacitación del sector agrícola. (ElPaís.cr,4-2-2021)
La información sobre la inversión institucional presentada, parece revelar que la reactivación económica en las regiones y comunidades del país se encuentra en marcha y que la apuesta global del Gobierno por el aumento de la inversión pública como mecanismo de mejoramiento de la infraestructura social y productiva y de la generación de empleo, pueden ser consideradas como parte de la necesaria reactivación económica; queda por constatar si es así o si sólo son actividades puntuales de la gestión gubernamental.
Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.
Esta semana en Desde la Otra Acera, el Secretario General de APSE nos ofrece el editorial “Los ataques a la Educación Pública”, donde explica cómo el Gobierno y algunas fracciones de la Asamblea Legislativa le han jugado sucio a la Educación Pública.
Contamos con la participación de Marvin Padilla, Martha García y Jackeline Ureña, docentes que relatan los impactos de los recortes a la educación, y también nos acompaña el asesor legislativo Jonathan Acuña para entender la naturaleza de esos recortes.
Además, en el vox populi conversamos con algunas madres y padres de familia, sobre las condiciones de la Escuela Santa Marta en San José. Acompáñenos todos los jueves a las 7:00 p.m. con el programa “Desde la Otra Acera”, por medio de @apseinforma en Facebook y YouTube.
Enviado por APSE.
“Don Carlos Alvarado le sigue mintiendo al pueblo de Costa Rica, a los sectores sociales, socioproductivos, productivos, empresariales y organizaciones sindicales”, esas fueron las palabras de Lenin Hernandez Navas, secretario general del SINAE, y representante de 37 diferentes organizaciones, que buscan mediante la elaboración de un documento que se pausen durante un mes todos aquellos proyectos de ley que puedan relacionarse con el préstamo y las negociaciones que se coordinan con el Fondo Monetario Internacional. Lo anterior, tiene la finalidad de generar tiempo para poder revisar y dar propuestas, ya que según Hernandez, no es justo que en este momento de crisis se le brinden más responsabilidades a la clase media costarricense con el tema del déficit fiscal.
En relación a lo anterior, Hernández también señala que en el país hay un sector económico poderoso que no se ha visto afectado con los proyectos que se han gestionado desde la institucionalidad, y que, por el contrario, se ha visto una clara vinculación por parte del gobierno de Carlos Alvarado, tal es el caso de Horizonte Positivo y Alianza Empresarial para el Desarrollo.
En el video se destaca también la participación de ciertas figuras políticas-económicas del país como André Garnier, que ha representado los intereses de las zonas francas, mismas que están exentas de impuestos y en época de pandemia han sido de los sectores que han presentado mayores ganancias. Hernández, reitera la injusticia que sería para la sociedad costarricense y la clase media trabajadora la imposición de nuevos impuestos y recortes al gasto público.
Por último, Lenin Hernández demanda a que se escuche y se tome en consideración la posición de más de 1 millón de personas que representa las diferentes organizaciones antes mencionadas, ya que lo que se necesita es “una política real de reactivación económica” (Hernández, 2021), un gestionamiento responsable de los recursos y una toma de decisiones que tenga presente la necesidad y los derechos de la clase trabajadora del país y de los sectores vulnerables.
Seguidamente, adjuntamos las declaraciones que puntualizó el secretario general del SINAE con respecto a los proyectos del ejecutivo:
Referencias:
Hernandez, L. [Periódico Surcos]. (2021, febrero 7). Puntualizan pedido para poner pausa a proyectos del Ejecutivo. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=vy5I9UkSYlo&feature=youtu.be
La reanudación del ciclo escolar es un acierto. La intensa y larga huelga magisterial del 2019 y la pandemia del 2020, que aún no se ha acabado, hicieron perder prácticamente casi año y medio de clases a los estudiantes desde la preescolar, la escolar y la secundaria, así como por el impacto de la pandemia que afectó notablemente la vida universitaria.
Solo en estos niveles, excluyendo el universitario hay alrededor de un millón trescientos cincuenta mil estudiantes, entre la escuela pública y la privada, en números redondos, 150.000 en la preescolar, 600.000 en la primaria, 500.000 en la secundaria y en otras modalidades educativas casi 100.000.
La pandemia puso de relieve, de manera muy destacada, las falencias en el sector público, más que en el privado, las condiciones materiales de estudio y de trabajo docente, tanto de estudiantes como de profesores. Puso en evidencia, además, las carencias informáticas y tecnológicas de las escuelas públicas, especialmente las que están fuera del Valle Central, y de la Gran Área Metropolitana, las limitaciones de las redes informáticas y alcances de disponibilidad para estudiantes, maestros y profesores. Evidenció también los atrasos académicos de formación en el personal docente para atender, en situaciones como las que hemos vivido, y seguimos atendiendo, la educación a distancia, la teleeducación, las clases virtuales, las redes informáticas, el uso de ellas, y especialmente las dificultades de los hogares con aparatos tecnológicos, computadoras, iPads, tabletas, más que teléfonos para darle seguimiento a las actividades académicas que se programaban a distancia. Obliga sin lugar a dudas a una mayor intensidad en los hogares de apoyo a los estudiantes por parte de sus padres, exceptuando a los niños y jóvenes que disponen de esos artefactos electrónicos como parte ya de su vida cotidiana.
La interrupción de las clases condujo a la presión de los padres de familia, especialmente de la enseñanza privada, a cuestionar los pagos mensuales que tenían que hacerse, que no se veían en correspondencia con la educación y atención recibida. En bastantes casos en abandonar fácticamente la educación privada y trasladar sus niños hacia la pública, acompañado esto por el impacto en el desempleo ocasionado por la pandemia, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas, y por la reducción de jornadas, que impuso también la reducción de salarios.
A todo esto, las políticas públicas, de destruir a la clase media, de desemplear, de reducir pensiones, salarios e ingresos reales, de aumentar las cargas impositivas, incluso cobrando los mismos impuestos dos veces, en dos vías, de manera directa y por las vías municipales, recargando impuestos y tasas impositivas en salarios y pensiones, ha provocado un mayor empobrecimiento nacional de los sectores laborales, especialmente de las clases medias. Los techos y las rebajas a las pensiones tuvieron su efecto hacia los salarios, a los que les pusieron también techos, incluso al incremento anual por costo de la vida, devaluación e inflación, que al menos por los próximos dos años no van a crecer.
Así es como hemos recibido el 2021, el año de la celebración del Bicentenario de la Independencia.
La crisis que golpea la educación es también el resultado del abandono que ha habido histórico del sector, en cuanto a que los recursos asignados, el 8% del PIB, no se garantizan acertadamente, no se impulsan las políticas por mejorar la infraestructura ni por impulsar de manera constante la capacitación del personal docente, tarea que no tienen los sindicatos magisteriales. Las escuelas y colegios en su infraestructura se han tenido abandonados por el Ministerio de Educación y por las Juntas de Educación encargadas de velar por el buen funcionamiento de las instalaciones escolares y educativas.
El debilitamiento de los alcances de las redes informáticas para la educación en todo el país no se justifica de ninguna manera, sobre todo cuando se sabe que hay más de un millón de millones de colones, un billón, guardados en las instituciones a cargo de controlar, y de promover, las comunicaciones y telecomunicaciones, sus distintas redes y modalidades, la internet entre ellas, la fibra óptica, la banda ancha, que llevadas a todo el país, ojalá de manera gratuita, sirvan para las actividades educativas y también productivas.
No se puede atender el proceso educativo con teléfonos que se pagan a puchitos, desde mil colones, por tarjeta, en los supermercados y otros puntos de pagos telefónicos.
A los hogares y a los padres de familia, y a los escolares de todos los niveles, hay que asegurarles el acceso a estas redes y medios gratuitamente.
Si la educación, desde 1869, se declaró gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, llevada esta obligación prácticamente hasta el nivel secundario, de igual manera los medios de alcance educativos, como la internet, la banda ancha, la fibra óptica, por medio de los cuales se lleva a cabo a modalidad de estudiar en las casas, debe ser gratuita para todos los costarricenses.
También debe asegurarse para escuelas públicas, las privadas no tienen este problema, la adquisición de computadoras y medios electrónicos que garanticen estas nuevas modalidades educativas.
Hay que garantizar de igual modo que todos los maestros y profesores también tengan las suyas, como asegurar que al menos en cada hogar donde haya un escolar haya también una computadora o un aparato electrónico, que no sea un teléfono, que garantice recibir las horas de clase por día que se van a dar bajo la modalidad virtual, no presencial.
Esta es una demanda patriótica, más que una lucha. Pero, también debe ser una lucha nacional, presente y permanente en cualquier movilización ciudadana que se haga, bajo cualquier pretexto y justificación, en las próximas semanas, meses y con vista a la campaña electoral que ya se metió.
Los sindicatos, los padres de familia, las Juntas de Educación, los estudiantes deben presionar para que así se disponga. Solo así se podrá atender, de mejor forma, la situación impuesta por la pandemia, el desempleo ocasionado, y el empobrecimiento por reducción de ingresos de las familias, que se está sufriendo. Solo así podemos impedir una mayor deserción de la que se calcula que ya impacta el sistema educativo, desde la Huelga del 2019 y la Pandemia que nos acompaña desde el 2020.
Los sindicatos de educadores son los más obligados, junto con los padres de familia, a convocar en esta demanda y lucha.
El Gobierno tiene las posibilidades reales y económicas de poner al alcance de todo el proceso educativo, de los estudiantes y sus familias esta posibilidad de acceso real y gratuito, de la infraestructura tecnológica y sus distintas redes de comunicación, para optimizar, en medio de la crisis generada por la pandemia, esta situación.
A la educación gratuita, gratuita la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo.
SURCOS comparte el manifiesto público del movimiento cooperativo:
La historia reciente de nuestro país se ha visto marcada de forma positiva por el cooperativismo. Desde quien enciende una luz en la Zona Norte hasta quien tiene una opción de trabajo justo en cualquier cooperativa agrícola de la Zona Sur, impactando a más de un millón de costarricenses y generando empleo a más de 50 mil personas de forma directa y unas 150.000 de forma indirecta.
El legado del Movimiento Cooperativo se respira en nuestras costas, valles y montañas en forma de trabajo, de producción y prosperidad tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales, donde el poco o nulo interés comercial del empresariado ordinario no permitiría el desarrollo.
Por ello, y ante las amenazas que nos acechan en la coyuntura actual, el Movimiento Cooperativo de Costa Rica, a través de sus órganos de representación, entiéndase: el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop); el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) y el Comité Nacional de la Mujer Cooperativista (CNMC), manifiestan:
Su oposición firme y contundente al acuerdo entre el Gobierno de la República y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el tanto que dicho acuerdo plantea una amenaza directa tanto para el Movimiento Cooperativo de Costa Rica, como para la clase trabajadora en general, de forma específica a través de dos de los nueve proyectos de ley incluidos en la negociación con la entidad financiera de marras.
El compromiso del Gobierno de la República con las autoridades del FMI de aprobar los expedientes N°21.336 “Ley Marco de Empleo Público” y N°22.369 “Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal”, compromete la economía y la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora costarricense.
En el caso específico del expediente N°22.369, se violenta lo acordado en la Ley 9635, denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la cual se había establecido un aumento en la carga tributaria que recae sobre el Movimiento Cooperativo.
Lo anterior contraviene de forma directa con lo establecido en el numeral 64 de nuestra Constitución Política, donde se establece la obligación del Estado de fomentar el Cooperativismo “como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores”.
Estos proyectos de ley, lejos de activar la economía costarricense, agudizan aún más la crisis económica que enfrenta el país y que se profundizó a raíz de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia por la Covid-19.
Tales propuestas de ley no son producto de las mesas de diálogo nacional que conformó el Gobierno y de las cuales, de forma activa y propositiva, participamos desde el Movimiento Cooperativo.
Desde los órganos del Movimiento Cooperativo reiteramos nuestro compromiso para contribuir con el desarrollo económico y social de nuestro país, por lo que es nuestro deber advertir sobre las consecuencias que estas iniciativas de ley pueden generar en la economía de quienes menos tienen.
Geovanny Villalobos Guzmán
Presidente del Conacoop
Johnny Mejía Ávila
Presidente Infocoop
Patricia Bravo Arias
Directora Ejecutiva CPCA
Gina Salas Fonseca
Presidenta CNMC
Rodolfo Navas Álvarado
Gerente Cenecoop
Compartido con SURCOS por José Rafael Quesada y Óscar Vargas.
El movimiento Rescate Nacional ratifico una oposición rotunda a un convenio con el FMI, con la particularidad que esta oposición se hizo más amplia ya que a él se sumó el Consejo Nacional de Cooperativas (COONACOP), la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), cierta parte del gremio sindicalista del sector público y otros grupos sociales. El movimiento rescate nacional insta a los sectores que tienen posibilidad de salir a las calles a protestar que se haga, ya que se considera que el Gobierno que está solicitando ese convenio es uno muy desprestigiado, iniciando con el señor presidente Carlos Alvarado Quesada, quien ha presentado la menor credibilidad como figura política en los últimos 25 años, por lo tanto, se considera que la negociación genera desconfianza para la ciudadanía costarricense.
Otros aspectos que son centrales, es la discusión que se dan en torno al carácter de la deuda y de los intereses consecuentes, que son exorbitantes y obscenos y que al final, caerá en las espaldas del pueblo costarricense para este año 2021. Es evidente los recortes presupuestarios a programas de educación y de beneficio social como los CEN-CINAI y policía migratoria, es necesario comprender que hay aspectos tales como el narcotráfico que están presente en la economía costarricense y que las autoridades no tienen la capacidad para manejar esas fallas estructurales, entonces es muy difícil que el gobierno pueda asumir una deuda tan abrupta en un contexto de desempleo y debilitamiento económico.
Se reitera la importancia de las segundas oportunidades, de ver otras opciones menos agresivas, para evitar la oposición de los sectores a partir de la verdad y de la opinión pública, con el fin de evitar impuestos de carácter regresivo y evitar la aprobación de la Ley de Empleo Público que devuelve a los trabajadores a un estado vertical semi- totalitario, clientelar.
Para ver en detalle las palabras del señor Albino Vargas Barrantes puede dar click
Los sucesos del 6 de enero en Washington me hicieron recordar la Marcha sobre Roma que organizó Mussolini en Italia, en 1922, momento de su ascenso al poder, comparable con la intención de Trump de hacerse por la fuerza del Gobierno y la Presidencia que perdió en elecciones.
El fascismo italiano se había desarrollado al finalizar la I Guerra Mundial, en 1919, con la complacencia del Rey Víctor Manuel III, y se mantuvo como régimen o sistema político hasta 1945, al finalizar la II Guerra Mundial. Benito Mussolini se había destacado como el principal líder dentro del Partido Nacional Fascista.
En 1922 Mussolini organizó una Marcha sobre Roma, la que se llevó a cabo, en su movilización, entre el 22 y 29 de octubre de 1922.
El resultado político de la Marcha fue que Mussolini se hizo con el poder, acabó con el sistema parlamentario imperante en Italia y más tarde acabó con los partidos de la oposición política prohibiéndolos, imponiéndose como un dictador, un gobernante autoritario.
El discurso de Mussolini era contra los socialistas y comunistas, exaltaba la violencia y las movilizaciones de sus simpatizantes, organizados como brigadas de choque social contra opositores, con grupos armados inclusive. Hacía un discurso violento desde cualquier espacio público que se le facilitara.
En 1921 Mussolini había sido electo diputado desde donde empezó a combatir a todo el sistema político imperante en Italia.
Mussolini atacó al liberalismo y a la democracia desde sus posiciones populistas, que eran muy atractivas para los grupos sociales desplazados por las consecuencias de la I Guerra Mundial, afectados por la crisis social generada por ellas y por la “amenaza” que sentían del surgimiento de la Revolución Rusa, y sus impactos en Italia como en el resto de Europa, especialmente durante los años 1919-1921, y de que pudieran llegar al poder.
En octubre de 1922 Mussolini impulsó convocatorias para que se realizaran concentraciones públicas en toda Italia. Así prepararon su Gran Marcha sobre Roma, llegando a Roma en tren, en autos, o a pie, para forzar o presionar la renuncia de las autoridades políticas, especialmente en las regiones donde había autoridades socialistas, que dominaban principalmente el norte de Italia. El objetivo de la Marcha era tomar el poder para Mussolini. Desde el 22 de octubre de 1922 empezaron a llegar a Roma, amenazando de hecho con la guerra civil si les impedían la llegada. Trump ha creado condiciones para un enfrentamiento civil en la sociedad norteamericana, desde las acciones policial represivas contra negros y afrodescendientes hasta la de enfrentamientos de sus seguidores con otros ciudadanos.
La situación llegó a ser tan tensa que el entonces Primer Ministro italiano, Luigi Facta, impuso un estado de sitio, para la ciudad de Roma, acto que el Rey, Víctor Manuel III, lo suspendió, facilitando que el 31 de octubre se realizará la gran concentración convocada, permitiendo que Mussolini al día siguiente se hiciera con el poder, impusiera su Gobierno e iniciara su dictadura, la que fue estructurando poco a poco, pero de manera acelerada.
Características del fascismo fue su nacionalismo, su totalitarismo, su antiliberalismo, su antimarxismo, su antisocialismo, su anticomunismo, el culto a la personalidad de Mussolini procurando, con ello, un control y la subordinación de todas las autoridades y líderes políticos, el control del Partido Nacional Fascista, convirtiéndose Mussolini en el líder de masas más importante de ese momento en Italia. El culto a la “personalidad” individualista de Trump es parte de su arraigo en una gran masa de ciudadanos y votantes.
Como gobernante Mussolini impulsó una serie de leyes y acciones administrativas de actos de gobierno contra personas y grupos sociales, con un profundo carácter racial, en ese momento contra judíos, exceptuando a los “judíos convertidos en arios”, o que prestaban ciertos servicios al Estado. Estableció leyes que impedían matrimonios con judíos, que emplearan judíos, que impedían el ingreso de judíos a Italia, de retiro de la ciudadanía italiana, que impedían inscribir niños judíos en escuelas públicas.
Estas leyes se impulsaron por la influencia de Hitler en Italia, y por el acercamiento político de Mussolini y de Hitler.
Mussolini exhortó a que los italianos se declararan racistas. Hasta llegaron a elaborar el “Manifiesto de la raza”, con apoyo de una gran cantidad de intelectuales y personajes de la cultura. Allí se hablaba de la existencia de razas humanas, razas grandes y pequeñas, de la raza como concepto biológico, de la pura “raza italiana”, de distinguir entre mediterráneos de Europa, de los orientales y los africanos, excluyendo categóricamente a los judíos de la raza italiana, entre otros conceptos.
En 1922 en Italia había una crisis del sistema político, un vacío de poder. La Marcha sobre Roma fue un movimiento político, una acción política para imponer un gobierno de derecha y autoritario. La base social de Mussolini era el sindicalismo con la Confederación Italiana de los Sindicatos Económicos y la Confederación Nacional de Corporaciones Sindicales, particularmente. La base social de Trump también es de sectores laborales y sindicales, de campesinos y de habitantes de zonas rurales.
El 27 de octubre de 1922 el gobierno italiano, del Primer Ministro Facta, dimitió mientras los fascistas iban controlando el escenario político. La izquierda italiana, incluido el Partido Comunista, nada pudo hacer contra la Marcha. Los otros líderes políticos trataban de llegar a un acuerdo político con Mussolini, que impuso el 30 de octubre un Gobierno de Coalición, controlado por Mussolini, de nacionalistas, de los grupos llamados populares, de los democrático sociales nittianos, giolittianos, salandrinos e independientes filofascistas, mientras la Marcha avanzaba sobre Roma.
La llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos fue intempestuosa. Tradicionalmente no era un cuadro político, un líder político, ni siquiera de larga tradición y vínculo con el Partido Republicano, hasta había apoyado en el pasado a líderes y candidatos del Partido Demócrata. No era en sentido estricto un militante político. Nunca ejerció un cargo de elección popular. Era un intruso en ese Partido Republicano y en la política tradicional norteamericana, donde logró imponerse en las elecciones internas de ese partido, en las llamadas elecciones primarias.
Su campo principal de acción estaba en los negocios e inversiones. En el campo político desplazó líderes tradicionales e históricos dentro del Partido Republicano, haciendo uso social, especialmente, de las redes sociales digitales, que en las elecciones norteamericanas empezaron a desempeñar un gran papel desde las elecciones del 2008, en ese momento usándolas Barak Obama.
Las redes sociales sustituyeron espacios tradicionales de comunicación de líderes, candidatos y partidos políticos, sin que los desplazaren del todo, con la ventaja de que son mecanismos al instante, más baratos, directos a los públicos que están destinadas, fáciles de conexión, con cantidades masivas de participantes o de “seguidores”.
Donald Trump, quienes le han estudiado, afirman, que se vinculó a estas redes desde el 2009, con sus actividades profesionales y empresariales, logrando gran alcance de masas.
A la cuenta de Twitter, su medio favorito de comunicación, se vinculó desde ese mismo año, 2009. Así hizo su campaña del 2016 y así la repitió en el 2020. Pero no solo hizo campañas electorales de esa forma. Todo su gobierno, 2016-2020, lo manejó y comunicó principalmente en sus acciones constantes, al instante, mediante su Twitter, con más de 40.000 twitts, según lo han estudiado, durante todo este período. También utilizó hashtags, retuis, las plataformas digitales como Instagram, Facebook y otras.
La imagen proyectada de Trump es la del Héroe, la del superhéroe capaz de hacer grande a los Estados Unidos y de volverlo a hacer, como planteó para esta campaña electoral.
Para Trump los Estados Unidos estaba primero, había que recuperar su economía, sus espacios económicos, de manera que sus relaciones económicas no fueran deficitarias, de allí el ataque y la rediscusión de los tratados de libre comercio con Canadá, México y su disputa con China. El retorno de empresas a Estados Unidos para revitalizar su economía fue clave, la recuperación de empleos en sus primeros años de gobierno le dieron fuerza, la crítica a la infraestructura vial y de comunicaciones que hacía le depararon seguidores, su preocupación por el empleo fue determinante antes de la Pandemia.
Para Trump el papel de los Estados Unidos se había debilitado internacionalmente, de allí que cuestionara el proceso globalizador del que formaba parte, rompiendo alianzas estratégicas militares, económicas y políticas, saliéndose de algunos compromisos internacionales, impactando los escenarios geopolíticos y geoestratégicos.
En lo interior arremetió contra el Partido Demócrata al que constantemente atacaba de socialista y de querer introducir el comunismo en Estados Unidos, sabiendo que en Estados Unidos el Partido Comunista existe desde 1919. Esta lucha contra el socialismo la quiso llevar, sin éxito, y sin investigaciones del Congreso, casi hasta los niveles de la época macartista de la década del 50, a pura publicidad y ataques mediáticos.
Hizo del Partido Demócrata su principal enemigo político y le convirtió en su principal adversario a derrotar por el bien de los Estados Unidos y del pueblo norteamericano, porque los males internos de los Estados Unidos se los achacaba a este partido y a las estructuras políticas e institucionales dominantes en ese país.
Poca atención prestó a los problemas sociales de los negros, de los afroamericanos, de los latinos. Su discurso contra los mexicanos y puertorriqueños, desde el inicio de Gobierno, lo era contra todos los latinos, contra todos los migrantes, contra los mexicanos, con su lucha por el muro fronterizo, casi una obsesión, logró detener bastante los procesos migratorios terrestres hacia los Estados Unidos, estableciendo una alianza estratégica con el con Gobierno de México el que puso casi 30.000 efectivos militares a resguardar la frontera para contener a los migrantes.
Su principal atención eran los ciudadanos norteamericanos y no los que habían llegado, como migrantes, o ilegalmente, a Estados Unidos. Sus políticas antimigratorias dividió familias, separó niños de sus padres, se acentuaron cotidianamente.
Ley y Orden, consignas fundamentales, que autoritariamente blandía para recordar la mano dura de su gobierno.
Cuando Trump se enfrentó a Hillary Clinton, en el 2016, la presentó como la representante de las estructuras de poder, que él cuestionaba. Cuando se enfrentó a Joe Biden, en el 2020, lo presentó como el parásito de la política, que tenía 46 años de estar en política, que nunca había trabajado, decía.
A Hillary como a Biden los presentó como lo más negativo siendo Trump el factor positivo, el salvador de los Estados Unidos, presentándose, en muchas ocasiones como la víctima de los medios de comunicación, a pesar de que tenía los propios que lo defendían y exaltaban. Este campo para Trump era un campo minado contra la corrupción imperante.
El discurso de Trump fue vulgar, ofensivo, insultante, siempre negativo hacia sus contrincantes, siempre combatiendo todo lo que se le oponía o creía que se le enfrentaba. Atacó instituciones, medios de comunicación, personas, líderes de todo tipo.
En las elecciones que acaban de pasar, el 3 de noviembre, Trump enfrentó su peor crisis de gobierno, de sus políticas y acciones Ejecutivas, especialmente por el impacto del surgimiento de la Pandemia del Coronavirus Covid-19, y su imponente desarrollo en los Estados Unidos, que también paralizó el mundo en sus relaciones económicas internacionales, que bloqueó las redes de intercambios productivos, de comercio, de transportes internacionales y locales, de turismo, de millones de contagiados y de muertos.
En el caso del gobierno de Trump despreciando el papel de los científicos en esta lucha, contra el COVID-19, estimulando con su actitud la expansión de la pandemia en los Estados Unidos, como un elemento de limpieza “étnica”, entendiendo que los afectados con este virus son principalmente sectores y poblaciones pobres, de migrantes, de negros y afroamericanos, de latinos, poblaciones marginales. Quizá su desinterés estaba asociado a la eliminación de votantes, por la pandemia, más del Partido Demócrata que del Republicano.
Irresponsablemente convocando a manifestaciones en el período electoral, de carácter masivo o presencial, facilitando de esa manera los contagios.
Frente a las elecciones últimas, sabiendo de la situación de la pandemia, de las dificultades de las concentraciones humanas, del resultado preliminar de las encuestas desfavorables a él, empezó a cuestionar todo el proceso electoral, presentándose como una víctima del mismo y de los mecanismos de fraude que podían hacerse mediante los sistemas de emisión de votos que hay en Estados Unidos, debilitando la institución federal de correos en este campo, incitando a la población que le sigue fanaticamente a que se estaba fraguando un fraude en su contra, apoyándose en bases sociales incultas, de poca educación, de los grupos fascistas, nacionalistas, racistas, supremacistas, anti migracionistas, misóginos, conservadores en general, en los miembros de la Asociación del Rifle Norteamericana, en la población de tradición religiosa pentecostal, especialmente de la población de los Estados centrales y rurales de los Estados Unidos. Mientras Mussolini combatió y persiguió a los pentecostales, en una sociedad italiana muy católica, Trump los apoyó y los hizo sus aliados estratégicos, en una sociedad no tan católica.
Nadie como Trump había cuestionado el proceso y el sistema electoral de los Estados Unidos, que se tenía como un modelo democrático casi ideal, de larguísima tradición histórica, confiable en todos sus extremos, donde la posibilidad de hacer fraude electrónico es de 0.009 %. Con este cuestionamiento quebró la credibilidad de la misma población norteamericana en su propia estructura democrática. Siempre habló de que las elecciones y su triunfo se la habían robado. Este fue parte del argumento que utilizó para la Marcha sobre Washington, impedir el robo de su elección y triunfo.
Cuestionó el mismo sistema electoral de votos populares donde fue ampliamente derrotado, así como el de los electores del Colegio Electoral, que surgen de esos votos populares, donde también sufrió una amplia y contundente derrota, que son los que en definitiva definen el ganador.
De acuerdo al sistema electoral de los Estados Unidos, cada uno de los 50 Estados, más el Distrito Capital, tienen sus propios sistemas de votación y de conteo de votos. De hecho, son 50 procesos electorales, cuyos resultados tienen que tenerse el 14 de diciembre, habiendo sido las elecciones el 3 de noviembre. Certificados estos procesos electorales de los Estados su informe de resultados se pasa al Congreso el 6 de enero, lo que sucedió, para sobre las certificaciones de votación declarar el candidato ganador de las elecciones para que asuma, formalmente, el 20 de enero la Presidencia de los Estados Unidos.
No satisfecho Trump con los resultados empezó a cuestionar, bajo el pretexto de fraude hecho de distintas maneras, resultados electorales de aquellos Estados que más Electores dan al Colegio Electoral con la finalidad de cambiar el resultado final. Impugnó casi en 60 localidades, de los distintos Estados, la emisión de votos, sin resultado favorable a sus pretensiones, así fallados en su contra por Cortes Federales.
No satisfecho con esto desde el mismo día 14 de diciembre empezó a preparar el ambiente contra lo resuelto que tenía que conocerse el pasado 6 de enero en el Congreso.
Su objetivo, al estilo de la Marcha sobre Roma de Mussolini, una gran Marcha sobre Washington el 6 de enero cuando el Congreso debía conocer los resultados, para detener allí el robo electoral que se le había hecho, sitio en el que todavía se podían impugnar resultados conforme se fueran dando los informes de las certificaciones electorales de los resultados de las votaciones, y tratar de anularlos con el propósito de que, en situación extrema, el resultado pasara a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde tiene una amplia y holgada mayoría de Jueces nombrados por el Partido Republicano, y por su propio Gobierno, todos de características conservadoras en su formación profesional.
La Marcha sobre Washington no solo para presionar con la multitud, sino para actuar, como lo hicieron, sobre los Congresistas reunidos, e impedir de esa manera la proclamación y reconocimiento de la Presidencia para Joe Biden. La Marcha sobre Washington, fue debidamente planeada, hasta en el asalto al Congreso, para cambiar los resultados electorales por la presión de los manifestantes. La Marcha sobre Washington no fue una movilización de desobediencia civil, fue una acción debidamente impulsado de desacato, de desconocimiento, de no aceptación del resultado de la elección del 3 de noviembre, ni fue un simple asalto al Congreso como inicialmente lo pintaron. Fue una acción contra los congresistas, su institucionalidad y contra la misma Constitución Política de los Estados Unidos.
Los movilizados iban con la intención de tomar el Congreso, de asaltarlo, de impedir que sesionara. Minutos antes los convocados a Washington, que llegaron de distintas partes de los Estados Unidos, se habían reunido en la Casa Blanca, donde fueron alentados por miembros de la Familia Trump a actuar violentamente contra los congresistas. De la Casa Blanca fueron invitados a marchar sobre el Congreso, al edificio del Capitolio, para tomarlo. Así se movilizaron las hordas trumpistas.
De hecho, Trump esperaba una imposición de la multitud sobre los congresistas, del “pueblo” sobre sus “representantes”. Estaba a las puertas de un Golpe de Estado, de una situación de sedición popular, que alentó constantemente desde que cuestionó el resultado electoral aún días antes de que se produjera la votación.
Llamaba a que se reconociera que él debía seguir gobernando, que debía mantenerse en la Presidencia, que desconociera a Joe Biden. De hecho, proponía un golpe de Estado institucionalmente ejecutado en su favor.
Las elecciones para Trump habían sido un éxito, aun en su derrota electoral. Había llegado casi a los 75 millones de votantes en su favor, lo que lo convertía en un líder popular, populista, como no tiene el Partido Republicano, como tampoco lo hay en Estados Unidos en el campo político. Trump como fenómeno político había irrumpido como el principal dirigente político de masas en los Estados Unidos. Había desplazado a todos los dirigentes de la estructura organizativa del Partido Republicano y no había casi ninguna duda de que sería el candidato de las elecciones del 2024, a las que ya había anunciado que volvería a participar.
Las elecciones para el Partido Republicano también fueron exitosas a nivel del Congreso, donde aumentó el número de diputados. Perdió el Senado, por la derrota del 5 de enero de los senadores de Georgia, que en parte ya había perdido desde el 3 de noviembre. La actitud de Trump contra el proceso electoral en general, de fraude en su contra, se ha señalado como una causa adicional para que el 5 de enero estos dos senadores republicanos perdieran, dándole un triunfo apretado al Partido Demócrata del Senado, y del Congreso, lo que obligará al Presidente Biden a un gran proceso de negociaciones políticas constantes, en lo que tiene gran experiencia.
La derrota de Trump no ha acabado con la derrota del fascismo en Estados Unidos. Con Trump se ha alimentado esta tendencia política, que en Estados Unidos tiene más de 1000 distintas organizaciones fascistas y filofascistas de diferentes tipos, que agrupan todo tipo de ciudadanos, lo que explica parcialmente también por qué Trump tiene seguidores latinos, afroamericanos, entre otros grupos. Trump puede convertirse en su líder más importante aun cuando lo llegaren a marginar de procesos político-electorales. Trump puede seguir siendo el emblema del fascismo actual en los Estados Unidos y el agitador político más importante de oposición al nuevo gobierno que inicia el 20 de enero. Podría llegar a convertirse en un mártir político si se le llega a apresar con motivo de los juicios y acusaciones que le seguirán.
Con esta tendencia populista de Trump quizás entramos a una nueva etapa de liderazgos políticos en los Estados Unidos, liderazgos de masas, de populismos políticos…
Los sucesos de asalto al Capitolio, que se señalan de terroristas, que le imputan a Trump su responsabilidad, lo que ha abierto es un juicio político contra él, ya aprobado en el Congreso, ahora en manos del Senado, juicio que puede concluir, ya no en su destitución, sino en una sanción político-jurídica que lo inhabilite para participar en futuros procesos electorales y a puestos de elección pública. Este es el resultado óptimo que esto puede tener.
Si de algo no va a escapar Trump es de la persecución judicial a la que será sometido por una serie de acusaciones que ya le tienen montadas, de las que difícilmente saldrá triunfante de todas ellas.
La Marcha sobre Washington sigue latente para el próximo 20 de enero, con posibilidades de altos grados de violencia, y hasta de actos terroristas contra su realización, y de posibles atentados contra Biden y las nuevas autoridades públicas norteamericanas. Lo que tradicionalmente ha sido una actividad de traspaso de poder festiva, popular, y tranquila, la del 20 de enero es un traspaso de poder que se realizará con un público altamente militarizado, con uniformes militares, con medidas extremas de seguridad y posiblemente sin caminata del Congreso a la Casa Blanca…con protestas republicanas y pro trumpistas en diferentes partes de los Estados Unidos. Será, por todo esto, más una ceremonia virtual que física presencial. Estos son los nuevos Estados ¿Unidos?
SURCOS comparte el comunicado del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación (Colper):
En defensa al derecho constitucional de acceso de información pública y ante el inicio de las negociaciones del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, hace un llamado al gobierno de la República para que dicho proceso se dé en el marco de la transparencia y acceso a la información oportuna para construir la confianza necesaria en la población.
La única manera para contrarrestar las noticias falsas y la especulación entre la población es permitiendo a la prensa profesional el acceso al avance de los acuerdos y a los negociadores del gobierno para lograr informar de forma seria y adecuada los resultados de las negociaciones.
Desde el Colper estamos seguros del trabajo serio, responsable y profesional de parte de todos los comunicadores para darle a la ciudadanía la información balanceada para la toma de decisiones y así poder lograr los consensos que el país necesita.
Junta Directiva 2021
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):
Condenamos la nueva intentona desesperada, ilegal e inconstitucional del Gobierno Alvarado Quesada que pretende gravar con impuestos el FCL y el ROP
Ante la arremetida inmisericorde de características meramente ideológicas por parte del Gobierno PAC del Presidente Carlos Alvarado contra la clase trabajadora costarricense y sus derechos laborales, no queda más que condenar la nueva “genialidad” en contra de derechos y regímenes laborales protegidos por la Constitución Política y por las leyes laborales; nos referimos al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), regímenes además establecidos en la Ley de Protección al Trabajador.
Primero hay que decir, que los recursos de los trabajadores que devienen de la Ley de Protección al Trabajador, son aportes patronales que tienen su origen en las prestaciones laborales de los trabajadores tanto del sector privado como del sector público; estas prestaciones laborales, más comúnmente conocidas como cesantía laboral, son una indemnización por años laborados, y como tal estos fondos no tienen carácter salarial y por lo tanto no deberían ser gravados con ningún tipo de impuesto.
Pero, además no le ha bastado a este gobierno y a sus acólitos en la Asamblea Legislativa (PLN-PUSC-PAC-Restauración Nacional y similares), con afectar a la toda la población costarricense con la serie de impuestos directos e indirectos que un día sí y otro también nos recetan, y ni que decir del nefasto impacto que vino a generar en las economías de los trabajadores la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por lo anterior reiteramos nuestro rechazo y condena a esta voracidad del Gobierno, en su intento de gravar con más impuestos, los fondos de pensiones complementarias y el FCL, situación que además afectaría sin lugar a dudas las pensiones que otorga la Caja del Seguro Social, pues estas también podrían quedar sujetas a pagar renta. Todo bajo el prurito de su nefasta e inmoral negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).