El movimiento ciudadano Salvemos Playa Panamá convocó a una protesta para el miércoles 22 a las 4:00 p.m., en la segunda entrada a Playa Panamá, como respuesta a la anunciada afectación de aproximadamente 700 árboles en esa zona costera de Guanacaste.
Según la convocatoria difundida por la organización, la manifestación surge luego de que autoridades del SINAC y el MINAE habrían firmado decisiones que permitirían la intervención del bosque, situación que las personas defensoras del territorio califican como una “sentencia de muerte” para una importante cobertura arbórea en el lugar.
El movimiento también señala que el caso se desarrolla en medio de una investigación penal y de un proceso en la Sala Constitucional (Sala IV), elementos que, según sostienen, vuelven aún más preocupante cualquier autorización de tala o modificación ambiental mientras existen asuntos legales pendientes.
La protesta busca visibilizar la defensa del bosque, la biodiversidad y el acceso ciudadano a información transparente sobre decisiones que impactan ecosistemas costeros de alto valor ecológico y social. Playa Panamá es una de las zonas de mayor atractivo turístico del Pacífico norte, por lo que el conflicto también pone en debate el modelo de desarrollo en áreas sensibles.
Las personas organizadoras llaman a comunidades, organizaciones ambientales y ciudadanía en general a sumarse a la movilización para exigir protección del bosque y respeto a los procesos legales en curso.
Un informe reciente del Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega (Obtur) señaló que, a diferencia de los procesos clásicos de gentrificación, caracterizados por el auge de alquileres temporales en plataformas como Airbnb y el desplazamiento directo de población local, en destinos como El Coco, Nosara y Tamarindo emerge una dinámica distinta: una sectorización claramente delimitada, con coexistencia —sin integración— entre barrios tradicionales y nuevos enclaves exclusivos, orientados más a reforzar la distancia y la separación de lo local, antes que fomentar la convivencia.
El impacto de este modelo resulta evidente en al menos tres sitios analizados por el Observatorio —El Coco, Tamarindo y Nosara—, donde las zonas con mayor desarrollo inmobiliario coinciden con aquellas que concentran la mayor cantidad de espacios destinados a rentar en la plataforma Airbnb. Esta correspondencia permite inferir que el alquiler temporal a través de esta aplicación constituye uno de los principales usos de estos inmuebles.
Este hallazgo, elaborado por los investigadores del Observatorio, Johan Mora, Sebastián Arce y Esteban Barboza -coordinador de Obtur- se derivó de un muestreo de la plataforma en cuestión, la cual, en su propio mapa, ubica lugares y espacios disponibles en las fechas solicitadas por los potenciales clientes. La muestra se tomó en la temporada baja de 2025, periodo cuando más opciones disponibles existen.
Barboza explicó que, en el caso de El Coco se localizaron aproximadamente 800 espacios, entre apartamentos, condominios, habitaciones, villas y hoteles listados en la plataforma. En Nosara fueron aproximadamente 600 espacios y en Tamarindo alrededor de 1000. En suma, existen aproximadamente 2400 inmuebles dedicados a alquileres temporales en estas tres localidades, solo en la plataforma Airbnb.
Análisis por sectores
En el caso de El Coco, el informe de Obtur destaca una marcada concentración de oferta en sectores como playa Ocotal, Las Palmas, las colinas circundantes y el centro, zona donde históricamente se ubicaban los principales servicios turísticos, como hoteles y restaurantes. Una proporción significativa de los alquileres temporales corresponde a construcciones recientes, desarrolladas en los alrededores de playa Ocotal y en el sector norte. Muchas de estas se levantan en colinas, destinadas tiempo atrás a actividades productivas o cubiertas por vegetación local. A esto se suma una clara separación territorial entre las áreas donde se concentran estos desarrollos y aquellas en las que reside la población local, espacios que además albergan viviendas destinadas a alquileres de largo plazo, por ejemplo, para trabajadores.
“Al contrario de la gentrificación, en donde clases más pudientes venidas de otro lugar sustituyen a los habitantes locales por medio de la compra y remodelación de sus propiedades, en El Coco lo que observamos es la construcción de espacios nuevos que no tienen como fin ser residencias permanentes para recién llegados, sino que buscan generar dividendos a partir de su alquiler temporal a turistas”, subrayó Barboza.
Esta forma de territorialización no provoca en sí el desplazamiento o la expulsión de la población local; más bien, genera mayores niveles de desigualdad y exclusión de ciertos grupos que permanecen en el sitio.
En el caso de Nosara, se observa una marcada concentración de alojamientos de alquiler temporal en los sectores de Playa Guiones y las colinas circundantes con vistas al mar frente a este sector, así como en Playa Pelada y en los alrededores del denominado Proyecto Americano. En estas dos últimas zonas se registra, además, una alta densidad de oferta turística en las cercanías de los límites del Refugio de Vida Silvestre Ostional, área que ha sido objeto de atención mediática en meses recientes debido a controversias relacionadas con procesos de desalojo de residentes locales que han habitado estos espacios por generaciones.
En Tamarindo, la mayor parte de la oferta de hospedaje se concentra en las inmediaciones de la playa y en las colinas circundantes, sectores donde históricamente se ha desarrollado la actividad turística. Si bien existen opciones de alojamiento en localidades como Villarreal, Santa Rosa y Huacas —comunidades habitadas principalmente por trabajadores locales—, su presencia es menor en comparación con la zona costera y sus alrededores.
Barboza aseveró que esta distribución responde a un patrón similar al observado en Nosara y El Coco, donde la expansión de nuevas construcciones y alojamientos temporales tiende a no integrarse con los espacios habitados por residentes permanentes. “Por el contrario, se privilegian ubicaciones cercanas al mar o en colinas con vistas al océano, en general alejadas de los centros de población, configurando un modelo orientado hacia la exclusividad”, afirmó el investigador.
Imagen de cabecera: Este modelo aporta poco valor a las comunidades donde se concentran estos enclaves inmobiliarios, con escasa reinversión en la economía local, alta dependencia del turismo internacional y un impacto socioambiental significativo.
Después de varios años de procurar justicia, Jessica Gamboa, productora de chile, logró ganar su caso gracias a sus registros y a la asesoría técnica de la UNA.
Iret-UNA. La primera señal fue el silencio; no el de la finca, sino el de las plantas. Ese día, en un potrero en Bagaces, Guanacaste, se aplicó un plaguicida formulado para el control de malezas de hoja ancha, de uso común en pasturas para ganadería, conocido comercialmente como Pastar, una mezcla de los herbicidas amynopiralid y 2,4-D. No es un producto diseñado para aplicarse cerca de cultivos como el chile; se trata de un herbicida de acción hormonal que, por sus características de alta volatilidad y, bajo ciertas condiciones como temperatura elevada, viento o aplicaciones fuera del horario recomendado, puede desplazarse muy fácilmente fuera del área donde se aplica…y eso fue lo que ocurrió.
A pocos cientos de metros, en un chilar de tres hectáreas, los trabajadores percibieron primero “un olor muy particular”. Horas más tarde aparecieron los primeros signos: las hojas nuevas comenzaron a acuchararse, los brotes se retorcieron, los puntos de crecimiento en tallos y raíces se alteraron. En los días siguientes, la planta dejó de responder: abortó flores, perdió hojas y los frutos se quemaron. “Era meterle una cosa y la otra, pero no… él (chilar) se murió como a las dos semanas”, contó Jessica Gamboa Morice, propietaria de la plantación.
Habían sido meses de trabajo: tres hectáreas de siembra, 32 mil plantas y solo faltaban menos de 15 días para iniciar la cosecha.
En 2018, la agricultora había apostado por el chile como su principal actividad productiva. No tenía experiencia, pero aprendió rápido. Llevaba registro de aplicaciones, control de insumos, seguimiento de recomendaciones técnicas. “Yo amarraba chile, lo recogía… me fascinó”, contó ilusionada. El cultivo estaba en condiciones óptimas y con un excelente precio de mercado, según las proyecciones. Ese orden, que en su momento era parte de la rutina, terminó siendo clave en el caso.
El mismo día del incidente, Gamboa decidió dejar constancia: acudió a la policía, buscó respaldo institucional, registró fechas y condiciones ambientales porque “papelitos hablan”, dijo. Esa documentación inicial permitió determinar cuándo ocurrió el evento y en qué condiciones.
Asesoría oportuna
Días después, a través de contactos del área fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Jessica contactó a la Universidad Nacional (UNA). Fernando Ramírez, investigador y actual director del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA), atendió el llamado y visitó la finca pocos días después del daño.
Esta no fue solo una inspección visual: se tomaron muestras de suelo, raíces y tejido vegetal que luego se analizaron en el Iret y en los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. El investigador revisó posibles causas biológicas como plagas, enfermedades o desbalances nutricionales, documentó síntomas en campo y registró imágenes.
El análisis descartó otras causas. “No había insectos que transmitieran virus, no había nematodos en niveles que explicaran el daño, no había enfermedades suficientes”, explicó Ramírez. El suelo presentaba condiciones normales y el manejo agronómico era consistente con un cultivo sano.
En cambio, los síntomas coincidían con intoxicación por herbicidas hormonales: deformación de tejidos jóvenes, crecimiento anormal, caída de hojas y aborto de flores. Estos herbicidas “actúan en cuestión de minutos, si hay sol y la planta está activa”, detalló.
También se valoraron las condiciones externas. De acuerdo con Ramírez, la aplicación en la finca vecina se habría realizado después de las horas recomendadas, cuando había presencia de viento y posiblemente con boquillas que favorecieron la deriva. Este tipo de herbicida puede volatilizarse y desplazarse incluso a distancias mayores bajo esas condiciones. En ese contexto, el daño que se observó en el chilar era técnicamente consistente con una fitotoxicidad por deriva.
Justicia decisiva
Con esos elementos, el caso pasó al ámbito judicial. El proceso no fue inmediato, en primera instancia, el fallo no favoreció a Jessica. “Decía (el juez) que no le había quedado claro”. Sin embargo, la base técnica ya estaba construida y era sólida.
La evidencia que se generó a partir de los análisis con muestreos, diagnósticos y registro de manejo, permitió sostener el caso en apelación y posteriormente en casación. Cada argumento de la contraparte fue contrastado con datos: si se alegaba enfermedad, había diagnóstico; si se cuestionaba el suelo, había análisis; si se discutía la causa, estaban los síntomas y su interpretación técnica. “Ellos hablaban, pero nosotros teníamos los resultados”, contó la afectada.
La diferencia fue que se pudo demostrar. “Tiene que haber un diagnóstico de un especialista, documentación, registros”, explicó Ramírez. En muchos casos similares, eso no existe o se pierde en el tiempo; aquí no.
El acompañamiento técnico permitió traducir lo que ocurrió en el campo a un lenguaje probatorio. No era solo una percepción de daño, había evidencia. La sentencia final llegó el año pasado y reconoció el daño causado al cultivo. Jessica Gamboa ganó el caso.
No entra en cifras ni en nombres, prefiere quedarse con lo que la satisface: que fue posible sostener el proceso y demostrarlo. “La justicia sí existe”, dijo.
El caso no es frecuente. “Casi ninguno tiene suficiente evidencia”, reconoció Ramírez. La combinación entre documentación inicial, seguimiento técnico y análisis especializado marcó la diferencia. En ese recorrido, el respaldo técnico y científico de la Universidad Nacional no fue un detalle menor; eso permitió sostener el caso en el tiempo y responder a cada cuestionamiento con datos.
Aun así, el proceso no ha cerrado del todo. La ejecución de la sentencia, la etapa en la que se valoran las pérdidas y se concreta el pago, sigue en trámite. Ha pasado más de un año desde el fallo final y para Jessica en este momento “la ejecución ya tenía que haber estado resuelta”.
Desde el 2018, las deudas crecieron. Hubo intentos por sostenerse: un pequeño negocio, apoyo familiar, trabajo constante. “Esto es una bola de nieve…”, narró consternada.
Pero insiste en contar la historia. No como excepción, sino como referencia para otros productores. Saber qué hacer, a quién acudir, cómo documentar. Que un daño así no quede solo en una pérdida asumida. “Yo lo único que quiero es pagar mis deudas… devolverle a la gente que me ayudó”, dijo. Y después, si alcanza, volver a sembrar. Aunque sea poco e implique empezar otra vez.
Habla del chile con cercanía: “Qué planta más agradecida…”. La finca sigue en espera, como ella, pero su caso dejó un precedente poco común que puede servir a otros productores.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Después de cambiarle el nombre, con la mentira de que no incluía agua para consumo humano (¡como sí lo fue desde el primer proyecto!), en esta ocasión (después de la 1a «inauguración» hace tres años) mintió diciendo que ya tiene el 20 % de obra física, cuando es más bien cerca del 10 % en «papeleo», con presupuesto insuficiente por el atraso.
Así se siguen burlando de los guanacastecos con mentiras propias de conchudos.
Lo cierto es que el agua del lago del Arenal, después de generar electricidad en tres plantas del ICE, sigue mayoritariamente hacia el golfo de Nicoya, sin ser aprovechada por 60 ASADAS urgidas, ni por las 16.000 ha de vocación agrícola que siguen improductivas, ni por proyectos turísticos que hoy se abastecen de fuentes subterráneas.
Pero bueno, empezó mintiendo y así está terminando, mientras en la pampa la pobreza se sufre en la escasa alimentación. Eso duele.
Esteban Barboza Núñez, Sebastián Hernández, Johan Mora Noviembre, 2025
En un ejercicio de análisis comparativo de imágenes satelitales de 1997 y 2025 en seis puntos seleccionados del litoral de Guanacaste quedaron en evidencia algunas de las características y también las consecuencias que han dejado las transformaciones territoriales en la región durante los últimos tres decenios. Fotografías satelitales de Bahía Panamá, El Coco, Las Catalinas, Brasilito, Nosara y Sámara, que corresponden a los puntos donde se han dado las mayores transformaciones, así como y su posterior análisis, derivaron en observaciones puntuales que se explican en este reportaje.
El periodo 1997-2025 corresponde con el de la implementación de estrategias locales y nacionales para atraer turistas e inversionistas inmobiliarios a la región. Dentro de estas casi tres décadas han sucedido dos booms inmobiliarios fuertes, uno desde inicios de los años 2000 hasta el 2008, cuando sucedió la crisis inmobiliaria mundial que afectó dicha explosión de construcciones, y un segundo incremento cuantitativo, después del 2020.
En términos generales, es posible notar un cambio notable en la expansión urbana no planificada. En las imágenes de 1997 se observa la vasta cantidad de cobertura boscosa y la poca infraestructura que había. En contraposición, las imágenes de 2025 representan una considerable modificación del territorio a través de ciertos fenómenos específicos.
Uno de ellos es la escorrentía superficial, que se refiere a cuando el agua de lluvia, en lugar de infiltrarse naturalmente en la tierra, corre sobre el suelo, especialmente en zonas cubiertas de asfalto o concreto. Esto aumenta el riesgo de inundaciones, arrastra contaminantes hacia ríos, quebradas y el mar, y reduce la recarga de los acuíferos subterráneos. Esto se debe a la pérdida importante de vegetación nativa para construir, a la impermeabilización no planificada del suelo, y al predominio de construcciones no adaptadas a la topografía local.
También se ha presentado la intrusión salina, un proceso que ocurre cuando el agua de mar se filtra hacia los pozos de agua dulce en las zonas costeras. Al extraer demasiada agua subterránea para abastecer a la población y las nuevas construcciones, se altera el equilibrio natural, lo que permite que el agua salada avance tierra adentro y contamine las fuentes de agua potable.
Otro impacto muy notorio y significativo es la fragmentación de ecosistemas, que es la división de un bosque o un hábitat natural en «islas» separadas por carreteras, urbanizaciones o cultivos. Esto impide que los animales silvestres se desplacen libremente para buscar alimento, reproducirse o refugiarse. De este modo se debilita el ecosistema y se aísla a las poblaciones de flora y fauna.
Además, se ha dado una creciente ocupación de los manglares, ecosistemas costeros vitales que actúan como criaderos naturales de animales y barreras contra erosiones. Su tala o relleno para construir muelles o complejos turísticos no solo destruye este valioso hábitat, sino que también deja a las comunidades costeras más expuestas a los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y las inundaciones.
Asimismo, todos estos cambios contribuyen a la pérdida de biodiversidad, es decir, a la disminución en la variedad de especies de plantas, animales, insectos y microorganismos que habitan la región. Cada especie, por pequeña que sea, cumple una función específica en su entorno, y su desaparición debilita la red de vida de la cual también dependemos los seres humanos.
A continuación, mostramos las imágenes con un breve análisis de cada una de ellas:
Bahía Panamá, 1997-2025
Para el sector de bahía Panamá, se observa una reducción significativa de la cobertura boscosa en la zona, acompañada de un aumento de áreas construidas o listas para construir asociadas al desarrollo turístico y residencial. En 1997 predominaban las coberturas naturales continuas, principalmente bosque tropical seco y vegetación arbustiva densa. Para 2025 aparecen parches de infraestructura, caminos y terrenos descubiertos producto de la expansión urbana. El cambio notorio se concentra en el sector norte y centro de la bahía, donde la urbanización avanza sobre zonas antes boscosas. Estos procesos reflejan una intensificación del uso turístico y de segundas residencias del suelo. Esto ha generado fragmentación ecológica, pérdida de vegetación natural, y presión sobre la zona costera y los recursos hídricos.
El Coco, 1997-2025
La zona de Playas del Coco, muestra una marcada transformación del uso del suelo. Este sector presentaba una cobertura boscosa y vegetación secundaria, y pasa a una amplia expansión urbana y turística. Las imágenes evidencian la sustitución de áreas cubiertas por árboles y arbustos por infraestructura residencial, comercial y vial. Tal sustitución ha generado una fuerte fragmentación del paisaje natural. Se observa el cambio de coberturas de vegetación leñosa hacia un suelo construido, como consecuencia de un proceso de urbanización acelerada, y con efectos de pérdida de cobertura vegetal.
Las Catalinas, 1997-2025
El sector de Las Catalinas, por su parte, evidencia un cambio en la cobertura del suelo, pasando de una zona predominantemente natural con alta presencia de bosque y áreas rurales a un territorio con un incremento notable de infraestructura turística y residencial. En 1997 se observaba una mayor continuidad de cobertura boscosa y áreas agropecuarias, mientras que para 2025 se aprecia la expansión urbana asociada al desarrollo inmobiliario costero, con reducción de vegetación y transformación del paisaje natural. Este cambio refleja un proceso de urbanización y sustitución de coberturas naturales por infraestructura ligada al turismo y servicios.
Flamingo y Brasilito, 1997-2025
Se puede evidenciar para los años seleccionados una transformación significativa del paisaje costero en playa Flamingo y Brasilito. Las imágenes satelitales muestran un cambio de coberturas naturales, compuestas principalmente de bosque y vegetación arbustiva, hacia usos antrópicos, es decir, modificados por seres humanos, especialmente a través de infraestructura turística y residencial. Se observa una disminución de áreas con vegetación arbórea y un aumento del suelo construido, junto con la expansión de vías de acceso y pastos cultivados. Estos cambios responden al crecimiento turístico y urbano. Dichas transformaciones han generado fragmentación de ecosistemas, pérdida de cobertura vegetal, y una mayor presión sobre los recursos hídricos y las zonas aledañas a la playa. Se puede deducir que el territorio ha pasado de ser un entorno predominantemente natural, a un paisaje urbanizado y fragmentado, como consecuencia de los procesos de expansión turística y residencial costera y cambio de uso del suelo.
Nosara, 1997-2025
La zona costera de Nosara, Guanacaste, presenta una transformación notable en la cobertura y uso del suelo, evidenciando un cambio de áreas predominantemente cubiertas por vegetación natural y bosque secundario hacia una mayor presencia de infraestructura residencial, turística y vial. El crecimiento urbano se concentra especialmente en los sectores de Playa Guiones y Playa Pelada, donde se observa una expansión significativa del suelo construido en detrimento de áreas forestales y pastizales. Este proceso refleja una intensa presión antrópica vinculada al desarrollo turístico y habitacional, con implicaciones sobre la fragmentación del paisaje, la pérdida de cobertura vegetal y la alteración de los ecosistemas costeros y de recarga hídrica.
Sámara, 1997-2025
La zona costera de Sámara evidencia un cambio significativo en la cobertura y uso del suelo, caracterizado por la sustitución de áreas con predominio de vegetación natural y pastos por un incremento notable en infraestructuras residenciales y turísticas. Este proceso refleja una expansión urbana hacia sectores antes ocupados por coberturas forestales y agrícolas, asociado al crecimiento del turismo y la demanda inmobiliaria costera. La reducción de la cobertura boscosa y el aumento del suelo construido implican una transformación del paisaje natural, con posibles efectos sobre la conectividad ecológica, el manejo del recurso hídrico y la dinámica ambiental local, especialmente en humedales.
Aparte de las consecuencias señaladas, existen riesgos para el futuro cercano de persistir este tipo de desarrollo regido por la falta de planificación, la improvisación y el socavamiento ambiental. Entre ellos están el agravamiento de la escasez de agua, especialmente en zonas donde los acuíferos ya están siendo sobreexplotados. También la excesiva fragmentación ecológica, que puede limitar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, reducir la conectividad de especies y debilitar los servicios ecosistémicos como la protección contra la erosión y la recarga hídrica. Por otro lado, la presión inmobiliaria podría seguir limitando el acceso a la vivienda para poblaciones locales, ya que la mayoría de estos desarrollos inmobiliarios están totalmente fuera del alcance de las poblaciones locales. Finalmente, la gobernanza del suelo podría volverse crítica: si no hay un ordenamiento territorial adecuado, se pueden repetir dinámicas insostenibles hasta agotar el modelo, con consecuencias negativas para las comunidades locales.
La Asada de San Juan de Cañas en Guanacaste respira aliviada. Un proyecto colaborativo entre la comunidad, el Hidrocec de la UNA, el TEC y la ONG Operación Bendición permitió instalar un sistema de remoción que devolvió el agua segura a los habitantes de esta comunidad.
Tras meses de incertidumbre por la contaminación de su fuente hídrica con aluminio, San Juan de Cañas hoy cuenta con un sistema de filtración que garantiza agua segura, pues cumple con los estándares nacionales de calidad.
La problemática surgió durante los talleres Conociendo la calidad de nuestra agua, que se imparte dentro del proyecto Fortalecimiento de la gestión del agua de las Federaciones, Ligas y uniones de la Región Chorotega (FLUS Chorotega). Johanna Rojas, responsable del área de calidad de aguas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), recuerda el hallazgo: “Vimos que el pH estaba muy ácido, volvimos a leer la muestra y el pH seguía estando en cuatro. Eso nos generó bastante curiosidad”.
Las pruebas de laboratorio lo confirmaron: el nivel de aluminio en el agua superaba los 0,2 miligramos por litro, el límite establecido por la normativa costarricense. “No creíamos que fuera tan peligroso. Pero ahora que inició todo eso nos dimos cuenta y tuvimos la certeza de que en verdad sí necesitábamos la ayuda para mejorar la calidad del agua”, comentó Cindy Barrantes administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada).
El diagnóstico activó una red de apoyo. Andrea Suárez, coordinadora del Hidrocec, recordó que la articulación entre actores fue clave. La FLUS Chorotega, la ONG Operación Bendición y el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se unieron para materializar la solución.
La tecnología que devolvió la seguridad del agua a la comunidad fue un sistema de filtración de dos etapas, que desarrollaron e instalaron expertos del TEC. “El filtro lo que tiene es un tipo de piedra caliza, por ahí va a pasar el agua y luego pasa por un segundo filtro de arena. En el primero se regula el pH y se retiene la mayoría del aluminio, y en el segundo terminamos de hacer la limpieza”, explicó Luis Guillermo Romero, investigador del CIPA, quien detalló, además, que tras un día de trabajo el agua salió con un pH alrededor de siete, y el aluminio muy por debajo de la norma nacional.
Katherine Sánchez, coordinadora de Proyectos de Agua de Operación Bendición, enfatizó que su labor va más allá de lo técnico. “Los proyectos que hacemos van a cambiar la vida de las personas”, afirmó, pero también empoderan a las comunidades, pues son estas las que administran y le dan sostenibilidad al sistema.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Después de una intensa «campaña electoral» de 3 años y medio, en Puntarenas, Guanacaste y Limón, el recién publicado estudio del CIEP-UCR nos demuestra que los ciudadanos de esas muy deprimidas provincias, ¡ya no creen en cuentos!
Resulta que en ninguna de ellas el partido chavista alcanza un apoyo superior al 19 %. O sea, para sorpresa de ellos, 4 de cada 5 votantes, no se han comido las promesas demagógicas de Fernández, Cisneros y Chaves.
Es tal el rechazo a la fábula de «una marina” que daría trabajo supuestamente ¡a 150 mil personas! (de la que jamás se elaboró siquiera un proyecto), o de un «aeropuerto internacional en Westfalia» que impulsaría el turismo en el Caribe, o que, además, se le regresarían a Japdeva los buques de contenedores que indebidamente se le entregaron a la transnacional APM, que hoy son muy pocos los limonenses que no han abierto los ojos a la demagógica realidad.
Limón está peor que hace cuatro años y eso se refleja en el escalofriante desempleo que tiene frustrados principalmente a los jóvenes, así como la miseria y la criminalidad que los acecha en cada barrio. Por ello, no es de extrañar, que solo un 3,5 % se manifiesta a favor del partido de gobierno, mientras un altísimo 75 % se reporta «indeciso», a la espera de conocer a otros candidatos que tal vez les brinden alguna esperanza. Limón, sí Limón, al que según la candidata Fernández ya tenía en la bolsa.
Salimos de Limón, de la rebelde, con razón, provincia de Limón, y logramos superar los derrumbes de la ruta 32 enrumbándonos hacia el litoral del Pacífico, el de los atardeceres inigualables, para ver qué nos dice el estudio de los universitarios. Así, encontramos que solo el 18 %de los puntarenenses se sienten, más o menos resguardados, por el gobierno fabricante de promesas. Ese mismo que les prometió, y no cumplió, un nuevo hospital debidamente equipado y con los médicos y enfermeros calificados y suficientes, para «atacar» las inhumanas listas de espera. El que les prometió «para ayer» una pesca de atún con verdadero apoyo gubernamental en beneficio de los pescadores despreciados hasta hoy, así como una industria enlatadora de la mano con el gobierno, para aprovechar la riqueza atunera que pescan casi gratis y se llevan del país buques extranjeros, sin beneficio alguno para los porteños, que jamás pasó de las promesas.
Y es que, aparecieron, gobernantes como Laura Fernández y Pilar Cisneros, que, a su vez, se comprometieron a devolverle al Puerto, el esplendor que una vez lució, para lo cual, les dijeron, se recibiría a los turistas por una atractiva carretera a lo largo de la Angostura, y un remozado Paseo de los Turistas, lleno de gente alegre y satisfecha, como señal de gran actividad productiva, por donde más bien, hoy se ven algunos pescadores de camarón desempleados injustamente al lado de personas ya cansadas de buscar trabajo. Es tal el abandono, el engaño, que no ha de sorprender que, por ello, siete de cada 10 puntarenenses, por el momento, prefieren quedarse al margen, como indecisos, en espera de conocer diferentes propuestas partidarias, de parte de otros candidatos, realistas, alejadas de las muy conocidas que Fernández se compromete continuar (?) ejecutando, aunque los porteños saben que ni siquiera se han tratado honrar.
Salimos del Puerto y ponemos nuestro foco en los datos obtenidos por el CIEP-UCR (sin duda el ente más confiable) en la provincia de Guanacaste, que junto a las dos anteriores conforman un trío en el cual el chavismo ha dedicado por más de tres años recursos propagandísticos significativos. Allí encontramos cifras estadísticas que, muy seguramente, el equipo de campaña de la candidata Fernández, tendría que haberse sorprendido por lo que considera inexplicable, aunque, algunos lo entenderán, son datos razonables, esperables, al tratarse de una política arribista, sin méritos, obviamente desconocedora de la inteligencia del guanacasteco que ella cree que se puede engañar fácilmente.
Resulta que donde el partido oficialista esperaba, según decían, quizá un apoyo superior al 40 %, solo obtuvieron un 18 %. Pero lo que lo hace más sorprendente, es el hecho insólito de que ¡más de tres cuartas partes! de los guanacastecos (el 76 %) se reportan indecisos. Algo nunca visto antes y que se interpreta como una invitación a los candidatos no-chavistas, a dialogar con ellos, pero con propuestas concretas en mano.
Por ejemplo, los pamperos reclaman por el reiterado engaño alrededor del urgente proyecto «Agua para Guanacaste», con que se incorporarían a la producción agropecuaria 16.000 ha de tierras de más de 400 fincas situadas en la margen derecha del río Tempisque, lo cual sería un extraordinario motor de desarrollo indiscutible. Además, ha de aclararse, ese proyecto contempla desde su nacimiento, el abastecimiento de agua potable para cientos de ASADAS y desarrollos turísticos, que hoy sufren de ilógica escasez, a pesar de que se aprovecharía desde el embalse del lago Arenal, acabando de una vez por todas, con el desperdicio irracional que significa estarla descargando hacia el mar, cual si fuese un recurso desechable. Formidable proyecto heredado por el gobierno que está por terminar y que imaginamos ha sido usado por Chaves, para seguramente, reírse a carcajadas de los pamperos que creyeron en él y en sus promesas populistas, que ahora la candidata Fernández promete “darle continuidad”.
Igual sucede con el “negocio escandaloso” que se evidenciara con la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, que se hizo mal y demanda más trabajos urgentes, y el descalabro producido con el artificial valor del colón contra el dólar, que todos los días golpea a la industria turística, principal fuente de divisas extranjeras y empleo en Guanacaste, donde los índices de desocupación golpean principalmente a jóvenes, y dentro de ellos, a las mujeres que ven cómo pasan los años y no logran conseguir trabajo.
Y ni hablar de los prometidos centros médicos, por lo menos dos docenas de EBAIS, complementarios a los hospitales de La Anexión y Enrique Baltodano Briceño, para una más eficiente atención primaria, con lo que se mitigaría la demanda sobre los servicios de emergencia de ambos hospitales, en Nicoya y Liberia. Centros de salud a donde siete de cada diez pacientes son adultos mayores sometidos a las inhumanas listas de espera, que doña Laura ahora “se compromete” solucionar atendiendo la creciente deuda del Estado con la Caja, que, paradójicamente, su gobierno chavista se ha negado atender.
Ese mismo desdén por la pampa guanacasteca se evidencia en el abandono de los proyectos de carreteras, aprobados y financiados desde antes del inicio de la actual administración, como el que, partiendo desde Barranca en Puntarenas, se conectaría con la magnífica autopista de 50 km, la mejor del país, que corre desde Cañas a Liberia. Proyecto que, extrañamente, por intereses desconocidos, la Casa Presidencial ordenó paralizar.
Por supuesto que hay otras cosas que también hacen extrañar el espíritu del Dr. Vargas Vargas y su Partido Confraternidad Guanacasteca (nombre usurpado por un grupillo) que siempre luchó al lado de su pueblo, en su esfuerzo por sacar de la pobreza a miles de sus coterráneos, quien jamás aceptó las promesas populistas de los que, desde San José, como lo hacen hoy algunos, pretendían engañar a los guanacastecos que eran su razón de vivir.
En fin, las supuestas tres provincias costeras, pobladas por mujeres y hombres, jóvenes y adultos, dignos, luchadores, patriotas, que según la candidata oficialista “ya tenía en su bolsillo«, después de haberlos bañado de propaganda gubernamental desde el año 2022, le están diciendo a Costa Rica, y especialmente a los otros candidatos presidenciales, «ojo con nosotros, que no somos los inocentes infantiles que los políticos demagogos se imaginan. Cuando vengan a nuestros pueblos y ciudades, dejen las mentiras en sus casas».
La llegada de visitantes a la provincia de Guanacaste vía el aeropuerto Daniel Oduber no ha dejado de aumentar desde la crisis sanitaria de 2020. Ya en el año 2022, con un ingreso de 660 mil turistas a través de ese aeropuerto, se superaron las cifras anteriores a la pandemia, de 600 mil visitantes en 2019. En el año 2024, la cifra alcanzó los 881 viajeros que ingresaron a través de dicho aeropuerto.
No obstante, pese al aumento sostenido entre 2020 y 2024, lo que podría significar una derrama económica mayor no parece reflejarse en los datos sobre la pobreza y la pobreza extrema entre personas ocupadas en actividades de alojamiento y servicios de comidas.
Si bien es cierto, la pobreza entre las personas ocupadas en esta actividad descendió considerable de 2020 a 2021 y 2022, en los años posteriores el porcentaje parece haberse estancado. Los dos primeros años se explican a partir del descenso abrupto de visitantes debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, pese a la recuperación, en los tres últimos años los niveles de pobreza parecen haberse estancado.
Los datos, obtenidos a partir de información proporcionada por la Encuesta Nacional de Hogares, muestran pocas variaciones en los tres últimos años, todo esto a pesar del aumento del número de visitantes.
Figura 1. Nivel de pobreza extrema y no extrema entre las personas ocupadas en actividades de alojamiento y servicios de comidas en Guanacaste, 2020-2024 por porcentaje y en forma de gráfico. Elaboración propia a partir de datos del INEC.
Figura 2. Llegadas internacionales de turistas al aeropuerto Daniel Oduber, 2020-2024. Elaboración propia a partir de datos del ICT.
Por otra parte, en la actividad de la construcción, los datos tienen ciertos paralelismos con respecto al empleo en áreas relacionadas con el turismo. Lo incluimos porque en la Guanacaste de los últimos cinco años ha habido una estrecha relación entre el turismo y la inversión extranjera directa en forma de infraestructura que será utilizada dentro de la actividad, ya sea como sitios de hospedaje, segundas residencias, o bien, para alquileres temporales en plataformas como Airbnb o Booking. Durante los años 2020, 2021 y 2022 hubo un aumento explosivo del porcentaje de personas dedicadas a esta actividad en situación de pobreza. Para el 2023 estas cifras descendieron, pero no lo hicieron significativamente el año pasado, cuando más bien se notó un leve aumento en el índice de pobreza no extrema, tal y como se puede ver en la figura siguiente.
Figura 3. Porcentajes de pobreza extrema y no extrema entre personas dedicadas a la construcción en Guanacaste, 2020-2024. Fuente, elaboración propia a partir de datos del INEC.
Estas cifras contrastan con el explosivo desarrollo inmobiliario que ha experimentado la región desde 2020 y que, como se puede ver en el siguiente gráfico, mostró un crecimiento continuo hasta alcanzar 845 mil metros cuadrados registrados ante el CFIA solamente en proyectos habitacionales en 2023. La gran mayoría de esos proyectos, no obstante, están dedicados a ser utilizados como segundas residencias, o bien como casas de alquiler temporal para turistas. A la par de este aumento explosivo en este tipo de construcciones, ha caído, en la presente administración, la construcción de viviendas de interés social.
Figura 4. Cantidad de metros cuadrados construidos en Guanacaste en proyectos habitacionales 2020-2024. Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.
En el año 2024, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, los cantones guanacastecos con mayor visitación e infraestructura turística y de segundas residencias tampoco mostraban índices de desarrollo humano acorde con la promesa de derrama económica, tanto de la actividad turística como de la construcción. El mejor ubicado entre estos cantones es Liberia, que ocupa el puesto 36 entre 84 cantones, seguido por Nicoya, en el puesto 41, Carrillo, en el 48, y Santa Cruz, que, irónicamente, a pesar de concentrar los mayores índices de visitación e infraestructura inmobiliaria dedicada al turismo, se posiciona en el puesto 51.
Todos estos indicadores muestran la prevalencia de un sistema turístico y un modelo de desarrollo con alcances cuestionables cuando se trata de impactar positivamente a las poblaciones locales. Tal cantidad de inversión y visitación traducidas en tales beneficios más bien sugiere la prevalencia de un modelo extractivista en el cual la exclusión de las poblaciones locales de dicha derrama no es un fallo del modelo en sí, sino más bien parece ser una parte de su constitución y funcionamiento.
Tasa de homicidios en Nosara es comparable con ciudades más peligrosas del mundo
Esteban Barboza Aarón Chaves
La mayoría de las categorías delictivas en los distritos costeros con mayor desarrollo turístico e inmobiliario en Guanacaste disminuyó en número en 2024 en comparación con 2023; sin embargo, la cantidad de delitos cometidos sigue siendo muy alta tomando en cuenta la cantidad de habitantes y visitantes de esos distritos, y en comparación con distritos con menor desarrollo turístico en la provincia.
La desigualdad persistente que genera un desarrollo inmobiliario acelerado y desordenado en distritos como Nosara, Tamarindo y Sardinal, además de un mercado de venta y consumo de drogas como parte de las experiencias de desenfreno prometidas a visitantes en los imaginarios turísticos de esos destinos, parecen ser las explicaciones más plausibles de los altos índices delincuenciales de estas zonas costeras en comparación con distritos no costeros, con excepción de las cabeceras centrales de Nicoya, Santa Cruz y Liberia.
En cuanto a homicidios, si bien es cierto su número descendió de 44 a 34 de un año a otro en las regiones litorales con mayor desarrollo turístico, los datos de Nosara son realmente alarmantes. En el 2024 se registraron 11 homicidios, dos menos que en 2023. Sin embargo, con una población de 8716 habitantes, según los datos del censo de Nosara de 2024, el distrito tuvo una tasa de homicidios, el año pasado, de 125 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Esto coloca a Nosara al mismo nivel de ciudades como Puerto Príncipe, en Haití, o Colima y Acapulco en México, que son las tres ciudades con mayor índice de homicidios del mundo en la actualidad. La mayoría de homicidios se debió a ajustes de cuentas entre bandas que se disputan el mercado de trasiego de drogas.
La forma de medir los homicidios por cada 100 000 habitantes es un estándar internacional, utilizado por la Organización Mundial de la Salud, que también señala que una tasa mayor de 10 muertes por homicidios por cada 100 000 habitantes ya se considera una epidemia. Nosara supera esa cifra doce veces y media.
Otro rubro en el que este distrito costero destacó por sobre los demás es en el robo de vehículos. De registrar 13 robos en 2023, pasó a 29 en 2024. Es decir, el número subió a más del doble en un año. Esta cifra fue bastante alta también en los casos de Tamarindo y Sardinal, como se puede observar en el gráfico siguiente.
En términos generales, en los distritos costeros de mayor visitación la cifra de robo de automotores creció de 106 casos reportados en 2023 a 118 casos al año siguiente. La tacha de vehículos en estos distritos turísticos sí disminuyó considerablemente, de 116 en 2023, a 63 en 2024. El igual que en el 2023, y según se puede observar en la figura 3, Tamarindo y Cabo Velas son los distritos con mayor número de vehículos tachados en ambos años.
Finalmente, los robos, hurtos, y asaltos en los distritos costeros de Guanacaste mostraron una leve disminución entre 2023 y 2024. Los primeros pasaron de 381 casos registrados en 2023, a 361 en 2024. Los hurtos pasaron de 494 a 398, y los asaltos de 150 a 133. En esta última categoría, Tamarindo fue el único distrito que tuvo más asaltos en 2024 que en 2023. De registrar 41 casos en 2023 pasó a reportar 47 al año siguiente.
Si bien existe una leve disminución, tal cantidad de hechos delictivos en los distritos con mayor desarrollo de infraestructura turística, segundas residencias y visitación de turistas, sigue provocando la pregunta de si estas altas cifras de incidentes son una amenaza al sistema turístico regional, o un síntoma del modelo extractivista del mismo.
La conflictividad socioambiental, la especulación inmobiliaria, la escasez de recursos vitales como el agua, la falta de oportunidades para los habitantes locales dentro de la derrama simbólica que promete este tipo de turismo, un amplio mercado para la venta de drogas ilícitas, y una simbiosis institucional con este tipo de modelos extractivistas parece ser la combinación que contribuye al elevado índice de delincuencia en la región. Estas cifras definitivamente son indicadores de un problema serio que la mayoría ve como una amenaza al sistema turístico de Guanacaste, pero que pocos ven como una consecuencia inevitable de la forma en que este sistema se conforma.
Al tiempo que las autoridades tratan de amenizar estos datos, o bien celebrar la leve disminución de casos en la mayor parte de las categorías, surgen también las preguntas en cuanto a los posibles efectos de estos sucesos en el turismo en Guanacaste, e incluso nacional a mediano y largo plazo.
Si bien es cierto, este 2025 ha habido un menor ingreso de turistas al país, no se puede alegar a ciencia cierta que esto sea por razones de seguridad. La literatura científica ha comprobado que la imagen de un país en el escenario turístico internacional no se deteriora de un día para otro por razones de seguridad, a menos que sea por casos muy graves como una guerra.
Sin embargo, esta situación podría cambiar con el tiempo, como se ha demostrado que sucede en destinos con un deterioro de su imagen en temas de seguridad prolongada y constante, que con el tiempo se refleja en la baja de visitación. Esto podría ser un problema a mediano plazo, sobre todo porque Costa Rica, y en especial Guanacaste, son altamente dependientes de turistas extranjeros.
Sin embargo, lo que más debe llamar a la reflexión es la clara relación entre el modelo de desarrollo turístico dominante en Guanacaste y el crimen. Este último se nutre de la desigualdad, la falta de oportunidades, y de modelos de desarrollo e instituciones extractivistas. Esto hace que sea preciso impulsar formas más inclusivas de desarrollo turístico y de otras actividades económicas en la región, de forma que se creen más oportunidades y bienestar para la mayor parte de la población.
De acuerdo con documentación enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca, el gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Osvaldo Quirós Arias, fue condenado nuevamente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por ocultar información pública relacionada con el proyecto PAACUME (Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras).
Se trata del proyecto de inversión más grande de Costa Rica, con un costo estimado de ₡500.000 millones de colones, ampliamente cuestionado por destinar agua a grandes monocultivos como los de Ingenio Taboga, Hacienda El Pelón y Azucarera El Viejo. Según incluso la exministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, PAACUME «no es financieramente rentable» y los costos de su ejecución no serían trasladados a los usuarios, sino asumidos por el Estado, es decir, por toda la ciudadanía.
Una condena reiterada
El gerente de SENARA ya había sido condenado por la Sala IV el 2 de mayo de 2025 (voto 2025-012988), cuando se le ordenó suministrar información solicitada en marzo de ese mismo año. Ahora, mediante sentencia Nº 2025-031104 del 26 de setiembre de 2025, se reitera la condena y se le exige entregar la documentación pedida por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
El fallo establece que Quirós Arias deberá entregar la información solicitada en un plazo de un mes, bajo advertencia de que su incumplimiento podría acarrear prisión de tres meses a dos años o una multa de 20 a 60 días, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, se condena al SENARA al pago de costas, daños y perjuicios.
Fondos públicos, obligación de transparencia
La Sala Constitucional subrayó que los recursos provenientes del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a PAACUME, son fondos públicos y, por lo tanto, están sometidos a los principios de transparencia y publicidad.
En su resolución, la Sala fue clara: el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de control ciudadano sobre la gestión pública, y las autoridades no pueden retrasar ni ocultar datos que son de interés nacional.
PAACUME bajo la sombra de la opacidad
El caso revela el hermético manejo de la información sobre PAACUME, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera, sus impactos socioambientales y la conveniencia de destinar recursos públicos a favorecer grandes monocultivos en Guanacaste, mientras amplios sectores del país enfrentan crisis hídricas.
Con esta nueva condena, queda en evidencia la necesidad de vigilancia ciudadana y de una rendición de cuentas efectiva sobre el megaproyecto hídrico más costoso de Costa Rica.
