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Etiqueta: guerra contra las drogas

Más allá de las palabras. Tercera parte: regresaron a sus tumbas

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista
Miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad Yamileth López

Como corolario de la serie Más allá de las palabras, esta tercera y última entrega deja planteada una paradoja absurda para tantos costarricenses —consagrados durante años a defender una ciudadanía hueca frente a un globalismo avasallador—: en menos de medio siglo, ese modelo ha dejado al pueblo casi sin sus organizaciones y menos articulación activa. La gran incógnita permanece: ¿qué harían Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas si vieran bandas multicolores, bastoneras y discursos de todo tipo celebrando, en Puntarenas, la magnitud de sus propias tragedias?

Aquellas muertes no solo extinguieron las vidas de los líderes de la Campaña Nacional —quienes ya nos advertían sobre la capacidad del filibustero para mimetizarse—, sino que sellaron con sangre un compromiso fundacional. A 166 años de aquel crimen perpetrado bajo la sombra de un árbol de Jobo en el barrio El Carmen, el legado de Mora y Cañas adquiere una relevancia crítica impostergable, especialmente en una nación donde cada vez más personas se sienten extraños en su propia tierra.

“Voy a honrar una deuda que los costarricenses tenemos con Juanito Mora”, dijo en Puntarenas la presidenta Laura Fernández Delgado, el pasado 30 de septiembre, luego de finalizar el Consejo de Gobierno en ocasión de los 166 años del asesinato del exjefe de Estado y su cuñado, el general José María Cañas, este último, pasado por las armas el 2 de octubre de 1860, durante el gobierno de su concuño José María Montealegre Fernández.

Ella llegó al Puerto ese día con una fuerza contenida, pero con el firme propósito de hacer justicia. Al encontrarse frente a sus ministros, diputados y gente humilde que ya no busca liderazgos de ayer, esta esparzana —criada bajo la sombra del histórico Barón de San Rafael— encontró de inmediato la “comba al palo” y decretó banderas ondeando a media asta y un funeral de Estado para honrar la memoria de Mora Porras y Juan Mora Fernández.

Se trató más bien de honores para el general José Joaquín Mora Porras, quien cumplió importantes tareas echando a los filibusteros durante la Campaña Nacional en 1856. Él, su hermano Juan Rafael y el general Cañas fueron desterrados a El Salvador, tras el golpe de Estado dado por la cúpula cafetalera el 14 de agosto de 1859.

Los tres regresaron en 1860 y encabezaron la frustrada intentona para recuperar el poder desde Puntarenas. A José Joaquín le perdonan la vida, regresa al destierro y muere en El Salvador el 17 de diciembre de 1860.

En 1870 sus restos mortales fueron trasladados al Cementerio General y desde 1954 se guardan en el mausoleo de la familia González Herrán, que corresponde a la bóveda 8, en la sección exterior este, del expresidente Cleto González Víquez. Juan Mora Fernández ejerció como primer jefe de Estado entre 1824 y 1833.

Ese día la presidenta anunció además de obras de infraestructura, como la reactivación del servicio de tren – el último pitazo desde Puntarenas se registró el 27 de junio de 1995 –, pagos de subsidios para el sector pesquero afectado por vedas, se deslindó de lo que llamó “consorcios económicos” y a los gritos afuera contra la “dictadura”, advirtió, según ella, sobre el peligro de tener gobernantes impuestos por sectores de poder.

El diario La Nación – 80 años presente en las causas conservadoras -se hizo eco ese día de los enfrentamientos verbales entre simpatizantes del gobierno y jóvenes que, el periódico identificó como de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).

Pintura al óleo sobre «Ejecución de Juan Rafael Mora Porras en Puntarenas», de Carlos Aguilar Durán, en Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

La gobernante hizo asimismo votos a favor de la democracia reseñando las excelentes relaciones entre su gobierno y los Estados Unidos. Desmintió que Washington había suspendido la visa a su ministro Rodrigo Chaves, como “bolo” político echado a rodar por sus opositores.

Desde estas perspectivas y de cómo se desarrollaron los acontecimientos durante el “mes de la patria”, primero deja de salir el sol antes de que San José pregunte si es posible votar contra el bloqueo comercial, financiero y energético impuesto a Cuba, en la Asamblea General de la ONU el 27 y 28 de octubre.

Eso sucede a los médicos, investigadores, maestros, choferes, agricultores y obreros cubanos por ser tan “comunistas” y desobedecer a Washington, como argumentaría alguien sin sentido.

Este esquema tiene años de vigencia, solo que ahora está en plena marcha y perfeccionamiento, a partir del invento de los nuevos enemigos de la democracia, la paz y la institucionalidad de los Estados en la región.

Una visión completa la dio recientemente solo quien conoce nuestros entresijos. El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la coordinación que se mantiene con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos es prácticamente diaria, al punto de bromear con que se siente “como un funcionario más” de esa agencia.

Díaz hizo la afirmación en el podcast “El Bien y El Mal” de Grupo Extra al explicar las razones por las que creía debía seguir al frente del Ministerio Público por un nuevo periodo de cuatro años.

Esto va más allá del compromiso con la democracia, los muertos que ya nos deja a diario la guerra contra las drogas y el enfrentamiento al terrorismo, bajo un amplio marco para que a futuro encaje cualquier manifestación, conforme cobre fuerza y termine consolidándose en los estrados judiciales y el legislativo el llamado Derecho Penal de autor. Entonces, en la aldea empobrecida, jóvenes desempleados y gente marginada, todos necesitaremos que nos cuiden.

Laura Fernández Delgado a (5G) el alineamiento del país con la estrategia de seguridad tecnológica de EUA derivó en restricciones a proveedores de redes que no fuesen firmantes del Convenio de Budapest (afectando directamente a empresas de China). Pese a fricciones iniciales, los principales partidos de oposición han respaldado la incorporación del país a la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) impulsada por Washington. Un ejemplo más de las coincidencias de fondo entre los grupos que juegan a la oposición y los que hacen de gobierno de turno.

El sostenido desarrollo de semiconductores posicionó los acuerdos bilaterales y a Costa Rica

como un centro neurálgico regional de manufactura avanzada tecnológica, facilitando incentivos de inversión de grandes corporaciones estadounidenses (como Intel).

Resumen con ayuda de la IA de la relación EUA – CRC en la última década:

Eje del Acuerdo

Rol del Ejecutivo

Rol de la Oposición (Asamblea)

Impacto Institucional

Seguridad Ciudadana

Negociación y firma de protocolos ministeriales (INL, DEA, FBI).

Autorización de atraques de buques y dotación presupuestaria complementaria.

Récord en incautaciones de droga y fortalecimiento de la vigilancia costera.

Control Migratorio

Cooperación diplomática y adopción de la Declaración de Los Ángeles.

Control político para garantizar resguardo y DD.HH. según óptica de EUA.

Recepción regulada de tránsito y asistencia financiera estadounidense vía OIM.

Tecnología y Comercio

Decretos regulatorios para redes 5G y postulaciones comerciales internacionales.

Aprobación de leyes de incentivos para la atracción de inversionistas globales.

Consolidación de Costa Rica como proveedor prioritario de microchips para EUA.

En conclusión, aunque la última década ha experimentado transiciones entre distintas administraciones en el Poder Ejecutivo, la relación estratégica con los Estados Unidos ha mantenido un consenso invariable donde la oposición ha priorizado los acuerdos en seguridad hemisférica y dinamismo tecnológico sobre las disputas político-partidarias locales.

El hombre de barba miró el pecho de su camisa. El agujero de bala estaba mal hecho. Miró al compañero a su lado. El otro hombre tenía el mismo agujero en la tela, pero no dijo nada. Tenía los ojos fijos en la multitud. Buscaba caras. Sí, caras. Los conocía a todos. Buscaba a los Blanco, a los Salazar, a los Montealegre, a los Fernández, a los Aguilar, a los Lorente, a los Yglesias. Buscaba a los nietos y tataranietos de quienes los habían matado.

Alguien ordenó poner un torniquete a las tamboras. A las liras metálicas algún travieso robó sus 27 notas. El hombre sin barba miró a su amigo. Lo miró como un hijo mira a su padre.

—No han cambiado —dijo. Su voz se oyó perfectamente.

No había rencor en sus palabras. Hizo una seña militar con cinco dedos:

—Por el flanco izquierdo. Para protegernos entre el paso de la Angostura y la playa.

Caminaron hacia el este de Puntarenas. Iban a la Ciudad de las Tumbas.

Costa Rica: de la ‘guerra contra las drogas’ a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte I: El cambio de paradigma y el “efecto hidra”

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen

El narcotráfico constituye uno de los fenómenos de mayor complejidad para los Estados contemporáneos. Su capacidad de adaptación económica, territorial, financiera y tecnológica dificulta que pueda ser enfrentado exclusivamente mediante operaciones policiales tradicionales, decomisos y detenciones. Costa Rica cuenta con instituciones, legislación y políticas públicas destinadas a enfrentar el fenómeno de las drogas, el crimen organizado y la legitimación de capitales. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tiene, entre otras funciones, la coordinación y diseño de políticas nacionales en esta materia. En abril de 2026 fue aprobada la nueva Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2026-2035.

El presente ensayo propone complementar ese marco mediante un cambio de paradigma: pasar de una estrategia predominantemente reactiva a un modelo de gestión inteligente del fenómeno criminal, sustentado en información, inteligencia humana, análisis territorial, inteligencia financiera, tecnologías de información, ciencia de datos e inteligencia artificial.

A este enfoque analítico se incorpora el análisis de impacto de la extradición como una herramienta de cooperación jurídica internacional de alta intensidad. Lejos de entenderse como una solución punitiva aislada, la extradición se analiza como un elemento disruptivo que altera las dinámicas del mercado ilícito, las estructuras de mando y los niveles de violencia.

La propuesta no consiste en negociar con organizaciones criminales ni en convertirlas en interlocutores del Estado. Tampoco plantea sustituir a policías, fiscales o jueces por algoritmos.

La propuesta consiste en administrar las condiciones que permiten que las estructuras criminales prosperen: mercados ilícitos, flujos financieros, territorios vulnerables, violencia, corrupción, demanda, infraestructura logística y redes de información.

Para ello se plantea el modelo CR-IA 2035, basado en seis pilares transversales potenciados por la analítica predictiva y la cooperación internacional:

  • Administrar el mercado, no al cartel.

  • Administrar la violencia.

  • Administrar el dinero.

  • Administrar el territorio.

  • Administrar la demanda y el daño social.

  • Administrar los resultados.

La inteligencia artificial constituye un componente transversal destinado a mejorar la capacidad del Estado para detectar patrones, identificar riesgos, priorizar recursos, evaluar políticas y aprender de sus propios resultados.

Palabras clave: Costa Rica, narcotráfico, crimen organizado, inteligencia artificial, TIC, seguridad, lavado de activos, política pública, inteligencia financiera, territorio, extradición.

Introducción

El narcotráfico ha dejado de ser únicamente un problema asociado con el traslado clandestino de sustancias. Es también un fenómeno económico, financiero, territorial, tecnológico, social e institucional.

Costa Rica atraviesa una transformación profunda de su entorno de seguridad. El país históricamente se ha caracterizado por instituciones democráticas, estabilidad política y una tradición de inversión social. Sin embargo, el crecimiento de determinadas formas de delincuencia organizada ha modificado las condiciones de seguridad y plantea nuevos desafíos para el Estado.

El crimen organizado funciona como una red. Produce, transporta, financia, distribuye, lava dinero, adquiere propiedades, establece relaciones comerciales, recluta personas y utiliza tecnologías para comunicarse y ocultar sus actividades. Por ello, combatirlo exige que el Estado también opere como una red.

Las organizaciones criminales contemporáneas pueden utilizar empresas, estructuras financieras, redes de transporte, comunicaciones digitales, comercio internacional, mecanismos de corrupción y relaciones transnacionales para desarrollar actividades ilícitas. Por esa razón, una política pública que mida su éxito únicamente por cantidad de droga decomisada o número de personas detenidas corre el riesgo de observar solamente una parte del fenómeno.

La pregunta fundamental debería ser más amplia y sistémica:
¿Qué condiciones permiten que el crimen organizado continúe reproduciéndose aun después de importantes operaciones policiales?

Esta pregunta conduce a un cambio conceptual. El objetivo no debería limitarse a perseguir indefinidamente organizaciones que pueden ser fácilmente sustituidas por otras. El objetivo debe ser reducir la capacidad del sistema criminal para reproducirse.

En este nuevo escenario, herramientas de alta intensidad como la extradición de nacionales y extranjeros por delitos de narcotráfico y crimen organizado actúan como un factor de disuasión y ruptura. No obstante, si la extradición no se acompaña de una estrategia de datos, puede generar efectos secundarios imprevistos, como la fragmentación de bandas y el aumento de la violencia local por disputas de poder.

Costa Rica ya dispone de una arquitectura institucional que reconoce la necesidad de una respuesta integral. El ICD señala que la política nacional comprende reducción de la demanda, control de la oferta, prevención, tratamiento, legitimación de capitales y coordinación interinstitucional. El siguiente paso consiste en aprovechar las capacidades contemporáneas de procesamiento de información.

La pregunta ya no es solamente cuántos agentes puede desplegar un Estado o cuántas extradiciones puede ejecutar. También es: ¿Cuánta inteligencia puede producir con la información que ya posee para gestionar los efectos de estas intervenciones?

Metodología y enfoque sistémico

El presente ensayo utiliza una metodología cualitativa, analítica, documental, sistémica y propositiva.

La investigación parte de la revisión de políticas públicas, legislación, estrategias nacionales y estructuras institucionales relacionadas con drogas, crimen organizado, legitimación de capitales, tecnología e inteligencia artificial.

Se utiliza además un enfoque sistémico para analizar el narcotráfico como un fenómeno compuesto por diferentes subsistemas interconectados:

  • Mercado ilícito;

  • Oferta y demanda;

  • Estructuras criminales y liderazgos;

  • Mecanismos de cooperación internacional (extradición);

  • Violencia;

  • Territorio;

  • Logística;

  • Flujos financieros;

  • Corrupción;

  • Tecnología;

  • Instituciones y condiciones sociales.

El análisis se complementa con una perspectiva de política pública basada en evidencia. Esto implica que las intervenciones estatales —incluyendo los efectos de los procesos de extradición en la estabilidad de las organizaciones criminales— deberían ser evaluadas mediante indicadores verificables y no únicamente mediante percepciones políticas o mediáticas.

Finalmente, el ensayo desarrolla una propuesta institucional denominada CR-IA 2035, cuyo propósito es integrar progresivamente información, inteligencia, tecnología, prevención, persecución penal y evaluación.

La metodología reconoce una limitación importante: la inteligencia artificial puede identificar patrones y probabilidades, y la extradición puede remover liderazgos accidentales, pero ninguna de las dos determina por sí misma la culpabilidad jurídica final ni soluciona las causas estructurales del delito. Por ello, cualquier utilización de tecnología y de IA en seguridad pública debe permanecer subordinada al ordenamiento jurídico, la supervisión humana, el debido proceso, la protección de datos y los mecanismos de control institucional.

Objetivos

Objetivo general

Proponer un modelo nacional de gestión inteligente del narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica, basado en la integración de información, TIC, inteligencia artificial, análisis territorial, inteligencia financiera, el uso estratégico de la extradición y la evaluación de políticas públicas, con el propósito de fortalecer la capacidad preventiva, investigativa, institucional y social del Estado.

Objetivos específicos

  • Analizar el narcotráfico como fenómeno económico, financiero, territorial, social, tecnológico e institucional.

  • Examinar las limitaciones de una estrategia centrada exclusivamente en la interdicción, incautación y captura tradicional.

  • Evaluar el impacto de la extradición como variable disruptiva en la estructura de mandos del crimen organizado y sus efectos secundarios en la violencia territorial.

  • Proponer mecanismos de integración de datos entre instituciones públicas y agencias internacionales.

  • Desarrollar aplicaciones de IA para detección de anomalías, análisis de redes, inteligencia geográfica y evaluación de impacto criminal.

  • Fortalecer la inteligencia financiera y la recuperación de activos como complemento de la persecución penal internacional.

  • Identificar territorios y poblaciones sometidos a mayores factores de vulnerabilidad ante la fragmentación de carteles.

  • Incorporar mecanismos de prevención social y reducción del daño.

  • Crear indicadores nacionales e índices dinámicos para medir resultados de las políticas de persecución y extradición.

  • Fortalecer la participación de universidades y centros de investigación.

  • Establecer una hoja de ruta CR-IA 2035 para construir progresivamente capacidades de Estado inteligente.

Pregunta central de investigación

La investigación se articula alrededor de la siguiente pregunta:
¿Cómo puede Costa Rica utilizar las TIC, la inteligencia artificial, la inteligencia financiera, el análisis territorial y herramientas de cooperación internacional como la extradición para complementar la lucha tradicional contra el narcotráfico y desarrollar una gestión inteligente, preventiva, medible y jurídicamente garantista del crimen organizado?

De ella surge una segunda interrogante:

¿Puede el Estado intervenir eficazmente sobre las condiciones económicas, financieras, territoriales, sociales y tecnológicas que permiten la expansión del crimen organizado —y gestionar los vacíos de poder provocados por la extradición de líderes criminales— sin sustituir el Estado de derecho por sistemas automatizados de vigilancia o decisión?

Este ensayo propone que sí, siempre que la tecnología y la cooperación jurídica internacional sean concebidas como herramientas institucionales y no como sustitutos de la responsabilidad humana.

Marco jurídico e institucional de cooperación internacional

Costa Rica no parte de cero.

La Ley N.º 8204 constituye uno de los principales instrumentos jurídicos nacionales en materia de estupefacientes, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El ICD fue creado precisamente dentro de este marco y tiene funciones relacionadas con el diseño, coordinación e implementación de políticas contra el tráfico ilícito de drogas, actividades conexas y legitimación de capitales.

Costa Rica cuenta además con la Ley N.º 8754 contra la Delincuencia Organizada, códigos procesales que regulan la cooperación internacional, los tratados bilaterales y multilaterales de extradición vigentes y mecanismos relacionados con la incautación, comiso y administración de bienes.

En abril de 2026, el Consejo Directivo del ICD aprobó la Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.

El marco constitucional y los tratados internacionales de extradición imponen límites garantistas estrictos. Esto permite plantear una conclusión metodológica:
CR-IA 2035 no debería construirse como una política paralela, sino como una capa de modernización tecnológica, analítica y predictiva que complemente la arquitectura institucional existente, agilizando el intercambio de información con agencias extranjeras para robustecer los expedientes de extradición y medir sus repercusiones internas.

El cambio de paradigma

Durante décadas, la respuesta frente al narcotráfico se ha asociado principalmente con herramientas punitivas y policiales aisladas:

  • Persecución policial;

  • Operaciones de interdicción;

  • Decomisos;

  • Detenciones;

  • Investigaciones judiciales;

  • Destrucción de infraestructura criminal.

Estas herramientas continúan siendo necesarias. La propuesta no es abandonarlas; el problema aparece cuando se convierten en la totalidad de la estrategia.

Una organización criminal puede perder miembros y reconstruirse. Puede perder cargamentos y reemplazarlos. Puede perder dinero y generar nuevos ingresos. Puede perder territorio o una ruta y trasladarse o desarrollar otra. Por ello, una política pública inteligente debe intervenir simultáneamente sobre las condiciones que permiten la reproducción del fenómeno.

El nuevo paradigma del Estado costarricense frente al fenómeno del narcotráfico se reestructura bajo la siguiente matriz de transición:

Enfoque Tradicional / Reactivo

Nuevo Paradigma / Gestión Inteligente

Perseguir únicamente organizaciones aisladas

Intervenir simultáneamente sobre sistemas complejos

Reaccionar ante la comisión de delitos

Detectar riesgos, vulnerabilidades y amenazas emergentes

Acumular datos dispersos en burocracias

Convertir la información integrada en inteligencia estratégica

Medir el éxito por kilos decomisados

Medir resultados por impacto socioeconómico y reducción de violencia

Ejecutar la extradición como un fin punitivo

Utilizar la extradición como disrupción del sistema, mitigando sus secuelas

Utilizar tecnología como herramienta aislada

Construir una capacidad institucional del Estado basada en datos

   

La propuesta consiste en pasar de los individuos a las redes, de los decomisos a los resultados y de la información tradicional a la inteligencia aumentada mediante IA. Esto no significa administrar a los carteles ni establecer acuerdos con organizaciones criminales, sino administrar el fenómeno criminal.

El impacto de la extradición en el subsistema criminal

La extradición de altos mandos del narcotráfico produce una profunda alteración en las estructuras criminales. Para que esta herramienta no genere efectos adversos en la seguridad ciudadana, su impacto debe analizarse desde la perspectiva de la ciencia de datos bajo tres dimensiones críticas:

  • A. Fragmentación estructural y el «efecto hidra»: La remoción de un líder criminal mediante la extradición rompe la cadena de mando vertical. La analítica de datos demuestra que esto suele provocar la división de una gran organización en múltiples células más pequeñas, locales y frecuentemente más agresivas. La IA aplicada al análisis de redes criminales permite prever estas ramificaciones e identificar de forma temprana quiénes asumirán los liderazgos intermedios para interceptar la reestructuración de la banda.

  • B. Desplazamiento geográfico y disputas territoriales: Cuando un jefe criminal es extraditado, el vacío de poder debilita el control monopólico de un territorio, incentivando a organizaciones rivales a invadir dichas zonas mediante el uso de la fuerza. El procesamiento de información geográfica integrada permite mapear de forma predictiva qué territorios sufrirán picos de violencia tras una extradición, orientando el despliegue policial y social preventivo en los cuadrantes exactos de alta vulnerabilidad.

  • C. Ruptura de canales financieros y logísticos: El mayor valor de la extradición no radica en el aislamiento físico del criminal, sino en la pérdida de sus conexiones directas con los mercados financieros y logísticos internacionales. Al perder sus canales de comunicación habituales, la organización local experimenta una parálisis temporal en el blanqueo de capitales. El cruce inmediato de datos tributarios, inmobiliarios y aduaneros en el momento de la captura facilita el congelamiento de activos antes de que la red intente diversificar sus cuentas.

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar…

Rodrigo Campos Hernández

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar: lenguaje, poder y soberanía en el hemisferio. A propósito del discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles del 5 de marzo de 2026.1

1 Este es un ejercicio de lectura crítica sobre el discurso de seguridad hemisférica actual.

1. Introducción: cuando el lenguaje reorganiza la realidad1

El discurso que aquí se analiza fue pronunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos en el marco de una convocatoria impulsada por el presidente Donald Trump en Florida, en la que participaron diversos presidentes y ministros de seguridad de América Latina y el Caribe.

El encuentro tenía como objetivo articular una estrategia regional de seguridad —incluido el denominado “Escudo de las Américas”— orientada a fortalecer la lucha contra los carteles y otras amenazas transnacionales.

El contexto no es menor. Se trata de un momento de reconfiguración geopolítica, en el que se redefinen alianzas, amenazas y marcos de acción en el hemisferio. El emisor habla desde una posición de poder estatal con capacidad de incidir materialmente en la región, mientras que los receptores —autoridades políticas y de seguridad— son potenciales traductores institucionales de ese discurso.

En este punto, una pregunta resulta inevitable: ¿qué sentido tiene realizar un análisis de este tipo?

La interrogante no es menor. A primera vista, podría parecer que se trata de un ejercicio meramente interpretativo, sin consecuencias prácticas inmediatas. Sin embargo, en contextos como el actual, los discursos no son simples declaraciones. Funcionan como dispositivos que orientan decisiones, legitiman políticas y delimitan lo que aparece como posible o necesario.

Analizar un discurso de esta naturaleza no es, por tanto, un ejercicio teórico abstracto. Es una forma de intervenir críticamente en las condiciones mismas en que se toman decisiones públicas.

Para América Latina, esta cuestión adquiere una relevancia particular. Históricamente, la región ha sido escenario de múltiples formas de influencia externa, muchas de ellas justificadas precisamente a través de narrativas que apelan a la seguridad, el orden o la estabilidad. En ese sentido, comprender cómo se construyen esas narrativas permite también reconocer sus implicaciones políticas.

En el caso de Costa Rica, el análisis resulta especialmente significativo. Se trata de un país cuya tradición política se ha construido en torno a la institucionalidad democrática, el derecho internacional y la ausencia de fuerzas armadas. La incorporación acrítica de marcos discursivos que privilegian la lógica de seguridad militarizada no es un movimiento neutro: puede implicar transformaciones profundas en la forma en que se conciben la seguridad, la soberanía y el papel del Estado.

Hay discursos que no necesitan exagerar para ser efectivos. Les basta con organizar cuidadosamente el lenguaje. No se imponen por la fuerza de sus afirmaciones, sino por la forma en que seleccionan, ordenan y silencian. En consecuencia, este trabajo parte de una hipótesis: “la eficacia del discurso analizado no radica en su contenido explícito, sino en su arquitectura semántica”.

Debemos tener claro, entonces, que hay discursos que no solo buscan persuadir: buscan reorganizar el mapa mental desde el cual una sociedad decide qué teme, qué tolera y qué está dispuesta a aceptar en nombre del orden. El discurso de Pete Hegseth pertenece a esa clase de discursos.

Su relevancia no radica únicamente en sus afirmaciones explícitas, sino en algo más profundo: en la forma en que articula una nueva gramática política para el hemisferio. Bajo el lenguaje de la seguridad, la cooperación y la defensa, se perfila una reconfiguración de las relaciones entre Estados que merece ser examinada con cuidado. Es en este sentido, que este trabajo propone una lectura distinta: no centrada en la reacción inmediata, sino en el análisis de las estructuras semánticas y discursivas que sostienen el mensaje.

2. Enfoque metodológico

El análisis se inscribe en el campo del análisis crítico del discurso. No se trata de determinar si el texto es verdadero o falso, sino de identificar: a. los nudos semánticos que organizan su coherencia, b. las operaciones lingüísticas que permiten su funcionamiento, c. los desplazamientos conceptuales que produce, d. y los silencios estructurales que lo hacen posible. En consecuencia, se procedió mediante: a. Identificación de unidades discursivas clave, b. análisis de su textura lingüística, c. reconstrucción de efectos de sentido, d. identificación de ausencias significativas y e. la confrontación con referentes empíricos

3. Nudos semánticos del discurso

Cuadro 1. Síntesis estructural

NUDO

OPERACIÓN

EFECTO

Nativos

Desplazamiento

Identidad sobre ciudadanía

Soberanía

Redefinición

Tutela implícita

Inclusión

Reconfiguración

Jerarquía

Seguridad

Expansión

Militarización

Narco-comunismo

Hibridación

Enemigo total

Víctima

Narrativa

Excepcionalidad

3.1 El sujeto que desaparece

Cuando el texto habla de “nativos de distintos estados actuando juntos por primera vez” (traducción libre del autor), no utiliza términos como “ciudadanos” o “pueblo”. La elección no es menor. La palabra “nativos”, en este contexto, remite más a origen, pertenencia y arraigo que a ciudadanía política moderna. El desplazamiento es claro: del sujeto jurídico al sujeto identitario. La comunidad deja de aparecer como una construcción política deliberativa y pasa a ser un cuerpo orgánico, definido por herencia y destino compartido. En este sentido, el sujeto del discurso no es el ciudadano deliberante, sino la comunidad cohesionada frente a la amenaza.

3.2 La soberanía que se redefine

El discurso afirma que la región debe estar compuesta por “naciones soberanas fuertes” (traducción libre del autor). Sin embargo, esa afirmación convive con la definición del hemisferio como espacio de interés estratégico de Estados Unidos. Aquí no hay una negación explícita de la soberanía. Hay una operación más sutil: Se mantiene como término, pero se redefine en su contenido, de manera que la soberanía se afirma pero dentro de un marco previamente delimitado. No desaparece, pero se condiciona.

3.3 Inclusión y jerarquía

El texto apela a fórmulas como “nuestra nación y las suyas” y a la idea de “poner a América, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar” (traducción libre del autor). Tampoco esta inclusión no es neutral. Los Estados Unidos se presenta simultáneamente como parte del conjunto y como su punto de referencia, ya que habla desde el hemisferio, pero también lo organiza. De esta manera, la inclusión retórica encubre una asimetría estructural.

3.4 La militarización del lenguaje

Expresiones como “paz mediante la fuerza” y la necesidad de restaurar un “ethos del guerrero” (traducción libre del autor) introducen una forma específica de comprender el orden político. Los problemas sociales se traducen en términos bélicos. Y en este desplazamiento ocurre algo decisivo: Desaparece el lenguaje civil del conflicto (salud pública, prevención, institucionalidad o desarrollo social). Si todo es guerra, lo que no es guerra deja de ser visible.

3.5 El enemigo como construcción total

El uso de categorías como “narco-comunismo” (traducción libre del autor) no describe una realidad empírica precisa. Funciona como una hibridación semántica que fusiona: crimen, ideología y amenaza externa que produce un enemigo sin límites claros. Y cuando el enemigo es total, la respuesta tiende a justificarse como igualmente total.

3.6 Victimización y excepcionalidad

El discurso presenta un escenario de asedio: crimen organizado, migración incontrolada, drogas y amenazas externas. Esto permite una operación estructural: la acción se presenta como defensa y la expansión como necesidad donde la posición de víctima habilita la excepcionalidad.

4. Lo que el discurso no dice

Cuadro 2. Lo dicho y lo insinuado

LO DICHO

LO INSINUADO

PREGUNTA

“nativos”

comunidad orgánica

¿dónde está el ciudadano?

“soberanía”

subordinación

¿quién decide?

“cooperación”

asimetría

¿entre iguales?

“seguridad”

guerra

¿qué queda fuera?

El análisis de estas ausencias permite observar que el discurso no solo organiza lo que se dice, sino también lo que queda fuera del campo de lo pensable. Desaparece el ciudadano como sujeto político central. Se diluye la complejidad social de los fenómenos. Se omiten antecedentes históricos relevantes y se reduce el campo de respuestas posibles. En conjunto, estos silencios no constituyen omisiones accidentales. Son condiciones estructurales del discurso.

5. Confrontación con la realidad

Al contrastar el discurso con referentes empíricos, emergen tensiones que permiten matizar sus presupuestos centrales.

En primer lugar, la idea de que la militarización constituye una respuesta eficaz frente a fenómenos como el narcotráfico no encuentra respaldo concluyente en la experiencia regional. Tras décadas de “guerra contra las drogas”, particularmente en países como Colombia, los enfoques centrados en la interdicción, la erradicación forzada y la cooperación militar no han logrado resolver el problema estructural de la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Por el contrario, diversos análisis señalan la persistencia —e incluso reconfiguración— de estas economías ilícitas, a pesar de la intensificación de la presencia militar y de seguridad en la región.

En esa misma línea, la instalación de infraestructura y cooperación militar extranjera no ha demostrado efectos sostenidos en la reducción de la violencia o del tráfico de drogas. El caso de la base de Manta en Ecuador, operativa durante una década como parte de la estrategia regional antidrogas, no produjo mejoras significativas en los indicadores de seguridad, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de este tipo de medidas.

En segundo lugar, las categorías empleadas en el discurso —como aquellas que combinan fenómenos distintos bajo denominaciones unificadas— tienden a simplificar realidades complejas. La experiencia histórica muestra que los fenómenos asociados al narcotráfico, la violencia y la conflictividad social responden a dinámicas económicas, políticas y territoriales diversas, que difícilmente pueden ser abordadas mediante enfoques homogéneos.

Finalmente, la idea de una cooperación hemisférica simétrica también encuentra límites en la trayectoria histórica de la región. Diversos episodios evidencian relaciones marcadas por asimetrías estructurales, en las que la política exterior y de seguridad de Estados Unidos ha incidido de manera determinante en los procesos internos de los países latinoamericanos.

El caso del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962 —considerado el más prolongado de la historia contemporánea— constituye un ejemplo paradigmático de relaciones estructuralmente asimétricas, con efectos sostenidos sobre la economía y la vida cotidiana en la isla.

A ello se suma una serie de intervenciones políticas y militares a lo largo del siglo XX que han incidido directamente en los procesos internos de diversos países latinoamericanos. Casos ampliamente documentados, como el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o el de Salvador Allende en Chile (1973), así como el respaldo a regímenes autoritarios en el Cono Sur durante las décadas de 1960 y 1970, evidencian una constante en la política hemisférica: la disposición a intervenir en contextos considerados estratégicos.

El caso del escándalo Irán-Contra en la década de 1980 —que involucró operaciones encubiertas, financiamiento irregular y vínculos con redes ilícitas— constituye un ejemplo paradigmático de estas dinámicas complejas.

Más recientemente, episodios como la operación militar estadounidense en Venezuela en 2026 —que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro— evidencian el grado de conflictividad y unilateralidad que puede alcanzar la política hemisférica. La interpretación de estos hechos, sin embargo, forma parte de una disputa política y jurídica más amplia, lo que refuerza la necesidad de analizarlos críticamente.

Ahora bien, más que agotar el inventario de episodios históricos, lo relevante es advertir la regularidad de ciertas dinámicas. Las intervenciones, directas o indirectas, que han marcado la relación hemisférica no han producido, en términos generales, beneficios sostenidos para las sociedades latinoamericanas, sino que han tendido a favorecer intereses estratégicos externos y a reforzar estructuras de poder preexistentes.

Por otro lado, en un contexto global caracterizado por el desplazamiento progresivo del hegemonismo estadounidense hacia un escenario de mayor dispersión del poder, los intentos por reafirmar su influencia en el continente americano resultan, en términos estratégicos, comprensibles. Sin embargo, la forma en que dicha reafirmación se articula merece una lectura crítica.

En efecto, la apelación a la cooperación regional en materia de seguridad —particularmente en torno a la lucha contra los carteles de la droga— puede funcionar como un dispositivo de legitimación de estrategias que, en la práctica, reproducen relaciones asimétricas. La construcción de amenazas compartidas facilita la alineación política, pero también puede operar como mecanismo de reorganización del poder en el hemisferio.

Esta dinámica se vuelve especialmente problemática cuando se considera una tensión estructural difícil de soslayar: Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados de consumo de drogas a nivel global. En ese sentido, la persistencia del fenómeno no puede explicarse únicamente desde la oferta, ni resolverse exclusivamente mediante estrategias centradas en la intervención externa.

La ausencia de un abordaje integral que incluya las dinámicas internas de consumo introduce una disonancia que debilita la coherencia del discurso. En este marco, la lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de convertirse menos en una solución estructural y más en un eje discursivo que permite articular agendas de seguridad con efectos geopolíticos más amplios.

Esta tensión adquiere una dimensión aún más compleja si se consideran las prioridades en la asignación de recursos. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha destinado sumas multimillonarias al financiamiento de conflictos internacionales y al sostenimiento de alianzas estratégicas en distintos escenarios geopolíticos.

Al mismo tiempo, persisten en su propio territorio problemáticas sociales de gran magnitud, particularmente asociadas al consumo de opioides y drogas sintéticas, que han sido calificadas como una crisis de salud pública. A ello se suman niveles significativos de población en situación de calle y acceso desigual a servicios de salud y atención social.

Sin necesidad de establecer relaciones causales simplistas, la coexistencia de estas dos dimensiones introduce una pregunta relevante: ¿en qué medida las estrategias de seguridad proyectadas hacia el exterior se articulan con —o se desvinculan de— las problemáticas internas que contribuyen a sostener los fenómenos que se pretende combatir?

Plantear esta cuestión no implica desconocer la complejidad de los escenarios internacionales, sino advertir que la eficacia de cualquier estrategia hemisférica depende también de la coherencia entre sus dimensiones internas y externas.

No reconocer esta trayectoria en el contexto actual implicaría asumir el presente como si se tratara de un punto de partida neutral. Y ese, precisamente, es el riesgo: confundir la novedad del discurso con la ausencia de antecedentes. En ese sentido, el análisis no busca clausurar posibilidades, sino evitar una forma de ingenuidad que, históricamente, ha tenido costos significativos para la región.

6. Objeción: la racionalidad de la cooperación

Una objeción razonable podría formularse así: ¿qué tiene de problemático formar parte de una estructura hemisférica liderada por Estados Unidos, considerando los beneficios en comercio, cooperación, educación e intercambio cultural? La pregunta es válida, y precisamente por eso exige precisión. El problema no radica en la relación en sí misma, sino en su redefinición. Cuando la cooperación se formula en términos de seguridad estratégica, su naturaleza cambia: deja de ser relación entre iguales y adquiere una estructura jerárquica.

7. Conclusión

El riesgo no es la existencia de alianzas ni de cooperación internacional. El riesgo es la transformación silenciosa de esas relaciones en marcos donde ciertas categorías —seguridad, soberanía, cooperación— adquieren significados distintos sin ser discutidos. El desafío, entonces, no es rechazar ni aceptar de manera automática, sino comprender. Porque solo cuando se comprende cómo opera un discurso, se recupera la posibilidad de decidir frente a él.

Para Costa Rica, cuya tradición política se ha construido en torno a la paz, el derecho internacional y la institucionalidad democrática, este tipo de discursos plantea interrogantes relevantes. La adopción acrítica de una gramática de seguridad militarizada no es neutra. Puede implicar transformaciones en la forma en que se entienden la soberanía, la seguridad y el papel del Estado.

1 El planteamiento de que ciertos discursos no requieren exageración para ser efectivos puede sostenerse desde diversas tradiciones del análisis del discurso. Como ha señalado Michel Foucault (1971), el poder discursivo no reside únicamente en lo que se afirma, sino en la capacidad de delimitar el campo de lo decible y lo pensable. En esa misma línea, Teun A. van Dijk (1998), ha mostrado que la influencia del discurso se ejerce a través de la organización de estructuras cognitivas —temas, énfasis y omisiones— que orientan la interpretación del receptor. A ello se suma la noción de poder simbólico de Pierre Bourdieu (1991), según la cual los discursos más eficaces no son los más explícitos, sino aquellos que logran naturalizar sus categorías como evidentes. Finalmente, desde la teoría del framing, George Lakoff (2004), ha demostrado que quien define los marcos lingüísticos condiciona la percepción de la realidad, haciendo innecesaria la exageración. En conjunto, estas perspectivas permiten sostener que la eficacia de un discurso no depende de la intensidad de sus afirmaciones, sino de su capacidad para seleccionar, ordenar y silenciar elementos, configurando así un horizonte de interpretación.

¿Daño colateral o el negocio de Wall Street? Nosotros ponemos los muertos, ellos lavan el dinero

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Hagámonos una pregunta incómoda, de esas que la mayoría prefiere evadir: ¿Qué va a pasar cuando un familiar suyo se tenga que enlistar en una fuerza armada? Peor aún, ¿qué hará cuando alguien que usted ama se convierta en el “daño colateral” de una de sus operaciones militares? ¿Empezará por fin a oponerse y a alzar la voz, o seguirá guardando el mismo silencio de ahora?

El oficialismo fue a Mar-a-Lago, el Club Privado de Trump que, junto a su propietario, aparece mencionado no una, ni dos, sino cientos de veces, en los “Archivos de Epstein”; para firmar un acuerdo, supuestamente “Anti Carteles” de la droga, junto a otros 11 países latinoamericanos más, que tienen en común el tener en el poder a grupos y presidentes Populistas y vasallos de extrema derecha neo conservadora, pero que en realidad fue otra cesión más de la soberanía a la decadente potencia del Norte, como una extensión más de su Doctrina Monroe.

Hoy nos quieren vender la idea de que la militarización es la varita mágica contra el narcotráfico. Nos piden que cedamos nuestra paz a cambio de una supuesta seguridad. Pero seamos racionales y veamos a nuestro alrededor. Colombia y México tienen ejércitos inmensos, equipados hasta los dientes. Honduras tiene una base militar de los Estados Unidos instalada en su propio territorio. ¿Qué diferencia real ha hecho todo esto para evitar el narcotráfico? Ninguna. La sangre se sigue derramando en las calles latinoamericanas mientras el negocio sigue intacto.

La cruda realidad es que, mientras los Estados Unidos no dejen de financiar este mercado y de enviar ríos de armas a los carteles de la droga, la guerra está perdida. No hacemos absolutamente nada con discursos de “amarnos” y con permitir absurdos como que lancen misiles a nuestro territorio soberano, si no se ataca la raíz del problema.

Y esa raíz tiene código postal. ¿Cuándo hemos visto grandes operativos de la DEA y el FBI en su propio país? ¿Cuándo hemos visto que tumben las puertas en los suburbios ricos donde se distribuye la droga? Y lo más crítico: ¿Cuándo hemos visto políticas reales, persecución y sanciones a los enormes capitales ensangrentados que se lavan, a plena luz del día, en Wall Street?

En esta región nosotros ponemos los muertos, el “daño colateral” y las lágrimas, pero el dinero se cuenta en el norte. No nos engañemos más: el problema del narcotráfico nace, crece y se fortalece en Estados Unidos, el país que tiene la mayor demanda de drogas ilegales del mundo.

Ya es hora de dejar de comprar recetas fracasadas y de exigir que quienes consumen y lavan el dinero, asuman su verdadera responsabilidad.

Una alianza militar contra Costa Rica

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Hay que ser un ingenuo, un lacayo o un ignorante para creer que la alianza militar de Trump está dirigida contra el narcotráfico.

El reciente ejemplo de Venezuela y el conocido caso Irán-Contras cuando la CIA y la DEA intercambiaron cocaína por armas para la contrarrevolución nica, prueban que los principales promotores del negocio de las drogas son los gobiernos de EEUU. La guerra contra las drogas ha sido una mampara para buscar propósitos tan distintos como financiar a la contrarrevolución nicaragüense o apoderarse del petróleo venezolano. Está más que demostrado en múltiples documentos y una extensa bibliografía que esa llamada guerra contra las drogas de EEUU, desde Nixon que la inició hasta Trump, nunca ha tenido mayor interés en combatir el narcotráfico.

Trump acusa que los carteles mexicanos son más fuertes que el ejército de México, aunque los propios informes norteamericanos manifiestan que el 80% de las armas que los narcos poseen provienen de EEUU, incluso armamento propio de ejército estadounidense. ¿Qué hace USA para detener ese tráfico de armas? Prácticamente nada. Y las armas con las cuales los narcos ticos se matan y nos matan de dónde vienen, ¿de China o de Rusia?

Además, ¿qué hace EEUU para detener el consumo de drogas en su país (si no hay demanda, no hay oferta), o perseguir a los carteles de distribución y de lavado de dinero sucio? Prácticamente nada. ¿Entonces, a qué se debe esa exigencia con los países latinoamericanos cuando ellos no contribuyen en nada para controlar los otros componentes del narcotráfico?

Los objetivos de la Alianza Militar de Trump, a la cual se ha adherido entusiastamente el presidente Chaves y la nueva presidenta, son básicamente los siguientes: controlar con la amenaza militar a los gobiernos latinoamericanos, apoderarse de las riquezas naturales e impedir que otras potencias, especialmente China, haga negocios e inversiones en América Latina.

Sin ningún tapujo, Trump, Rubio y sus monaguillos, proclaman a los cuatro vientos que América (el continente) es para los americanos (EEUU) y solo para ellos. Y 12 presidentes, siervos del imperio, asienten obedientemente, compitiendo entre ellos a cuál más de lacayo.

Esta Alianza Militar de Trump a la cual se ha sumado este Gobierno es un ataque no al narcotráfico sino a nuestra democracia, a nuestra Constitución, al ser costarricense.

Este sábado Chaves y su sucesora tiraron al cajón de la basura la lucha en 1856 contra los filibusteros, nuestra tradición civilista, nuestro prestigio internacional de Nación pacífica y la dignidad soberana del país.

Lo que quedó en evidencia este fin de semana es que estos gobernantes están muy lejos de nuestra idiosincrasia y de nuestros más profundos valores patrióticos.