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Etiqueta: hacienda pública

Asentamientos informales y exclusión social: CGR revela impacto de su gestión en la Hacienda Pública

La Contraloría General de la República (CGR) emitió tres informes que exponen graves deficiencias en la gestión pública de los asentamientos informales en el país, señalando su impacto económico, social e institucional. Los documentos buscan ofrecer insumos para una toma de decisiones informada y promover buenas prácticas en la atención de una problemática estructural que afecta a más de 64 mil familias en el país.

El informe DFOE-CIU-SGP-00001-2025 Atención de asentamientos informales y su impacto en la Hacienda Pública, identifica 576 asentamientos informales distribuidos en 61 cantones, lo que representa un aumento del 50% desde 2013. La CGR destaca la falta de claridad conceptual, debilidades en la información y una fragmentación institucional entre actores como el MIVAH, INVU, BANHVI, CNE, IMAS y gobiernos locales.

Entre 2022 y 2024, se estima un impacto económico directo de ₡24.700 millones a la Hacienda Pública por consumo no facturado de servicios, atención de emergencias y otros gastos asociados.

En el reporte DFOE-CIU-RF-00001-2025 Análisis integral del riesgo de desastre: base indispensable para la atención de asentamientos informales, la Contraloría alerta sobre la ausencia total de estudios de riesgo específicos para estas comunidades. Además, señala que no existe una metodología estandarizada ni un mecanismo de coordinación institucional que permita integrar y actualizar los datos. Esta falta de análisis proactivo perpetúa los ciclos de vulnerabilidad y expone a miles de familias a condiciones de alto riesgo.

Finalmente, el documento DFOE-CIU-RF-00002-2025 Medir para transformar: rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del BANHVI en poblaciones de asentamientos informales, denuncia debilidades en la trazabilidad y transparencia del uso de recursos públicos.

Entre 2021 y 2024 se ejecutaron ₡28 mil millones del Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI) sin contar con información desagregada por asentamiento, tipo de bono o solución habitacional. Además, no se financió ningún proyecto mediante el programa de Bono Colectivo, a pesar de su objetivo específico, y no existen evaluaciones de impacto por parte del BANHVI ni del INVU.

Estos hallazgos subrayan la urgencia de una acción coordinada y estratégica para atender de manera integral la problemática y prevenir que la respuesta institucional continúe siendo ineficaz.

Puede conocer algunos datos puntuales en el siguiente enlace: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/7e7a0dfe-fe2e-4f70-a9f6-8198c7fea75d/page/p_hksiqvx9rd?s=t4-5uemMsho

Los informes completos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

Informe n.° DFOE-CIU-SGP-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011604.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011605.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00002-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011606.pdf

Fuente de la imagen: Semanario Universidad

Belén: Concejo Municipal pide establecer responsabilidades por fallida inversión

  • Se afirma que inversión de 50 millones no sirve
  • Contrataciones ilegales, pagos que no correspondían y planos defectuosos forman parte del caso 

Comunicado de la Oficina de prensa de Unión Belemita

Luego de cuatro años desde que se señalaran las primeras anomalías en el fallido proyecto del edificio municipal, tres advertencias de la Auditoría interna y varias recomendaciones jurídicas por parte de la asesoría legal, el Concejo Municipal de Belén por fin tomó la decisión de solicitar a la Auditora interna municipal realizar la relación de hechos, con el fin de sentar las responsabilidades que correspondan. 

Así mismo y por unanimidad, se acordó no dar continuidad al proyecto de Edificio Municipal, al haber transcurrido el plazo otorgado por el Concejo Municipal para que la Alcaldía aclarara todos los pendientes, contenidos en el acuerdo de referencia 3203-2021 adoptado el 1 de junio de 2021 y al no haberse cumplido tampoco la prórroga que se otorgó por una única ocasión para su contestación. 

Los hechos: 

El caso se remonta al 2017, cuando la Administración municipal realizó la contratación por servicios especiales del arquitecto Eddie Fernández sin cumplir con el perfil del puesto necesario, para una obra del calibre que implicaba la confección de los planos para el nuevo edificio.

Muy pronto, en agosto de ese año, el Concejo Municipal 2016-2020 encontró una serie de errores y anomalías en los planos constructivos, gracias a las observaciones del regidor Eddie Méndez Ulate, quien es arquitecto. Estos fueron remitidos a la Auditoria interna, la cual confirmó los señalamientos mediante análisis técnico por parte de la consultora Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).

La primera advertencia de la Auditoría fue la AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, donde señalaba pagos ilegales efectuados a los funcionarios contratados por servicios especiales. Concretamente el pago de preaviso y cesantía, los cuales, según criterio de la Procuraduría General de la República, no procedían. 

Ante este hallazgo, la Auditora solicitó a la Administración recuperar los ₡2,513,507.39 pagados a los puestos 195 y 196, situación que al 17 de noviembre del 2021 no ha ocurrido. 

Por su parte la advertencia AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, ordenaba al Alcalde abrir una investigación ante el eventual incumplimiento de deberes por parte del encargado de recursos humanos de la Municipalidad, quien tenía a su cargo el proyecto y por tanto el control del trabajo de los funcionarios contratados, que entregaron un producto que según la revisión técnica efectuada por INDECA, no sirvió y por el cual se pagaron ¢49.587.902. 

La Auditoría pedía en esta advertencia, investigar entre otras cosas: 

  1. La posible falta de control administrativo a los funcionarios contratados para el diseño de los planos del Edificio Municipal.
  2. La flexibilización de los requisitos del puesto del administrador del proyecto en cuanto a su experiencia y desarrollo de proyectos similares.
  3. La inobservancia al principio de comprobación de idoneidad de dichos funcionarios.

Otra de las solicitudes de la advertencia era la de recuperar las memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones y/o CFIA. Esta exigencia de la Auditoría tampoco fue cumplida. 

Finalmente, la advertencia AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020 fue emitida a la luz de la falta de decisión con pendientes heredados al Concejo Municipal 2020-2024, respecto a las advertencias anteriores y la continuidad del proyecto mismo.

Debe aclararse porque se incumplieron leyes y procedimientos

Para el regidor de Unión Belemita Ulises Araya, deben establecerse las razones del porqué se violentaron leyes y procedimientos por parte de la administración, desde el momento mismo de la contratación inicial del arquitecto Fernández. 

‘’Que nuestra Municipalidad maneje un presupuesto anual de 12 mil millones de colones, para un territorio de 12.15 km2 y 23 mil habitantes, no otorga derecho a nadie, a manejar la administración como si fuera su pulpería. Hay leyes que se irrespetaron en este proceso y alguien tendrá que aclarar ¿Por qué?’’. Cuestionó Araya. 

Además, este edil rechazó los argumentos de la fracción oficialista del Partido Unidad Social Cristiana, de que, transparentado lo ocurrido se estuviera montando un show político. 

‘’Aquí no estamos hablando de que una empresa privada perdió una inversión, en un caso de esos se entiende el secretismo. Pero aquí no funciona esa lógica, estamos hablando de que la Municipalidad de Belén malgastó, despilfarró, dilapidó más de 50 millones de colones del erario público. Por ello, que los belemitas ejerzan su derecho a informar e informarse de lo que acontece en estas cuatro paredes, no puede catalogarse de ‘’show político’’. Aquí discutimos temas que son públicos y debería de revisarse quien piense que está mal que el pueblo de Belén se entere de cómo se invierten sus impuestos’’, enfatizó Araya. 

Decisión de establecer responsabilidades se demoró mucho tiempo 

La fracción de Unión Belemita presionó desde el principio del actual cuatrienio en que debían sentarse responsabilidades en torno al caso del edificio municipal. 

Es así como, por ejemplo, el 23 de junio del 2020, en la sesión 33-2020, y tras conocerse la advertencia de Auditoría AAI-02-2020, la regidora María Antonia Castro pidió tomar la decisión debido a que desde ese momento ya se contaba con insumos muy claros. 

‘’Como Concejo tenemos que tomar la decisión, porque la administración dejó la decisión en manos del Concejo, existe un Oficio de la Administración que remiten a la Auditoría donde renuncian a la construcción del edificio municipal y quien asumirá es el Concejo y la Comisión del Edificio, este oficio nunca llegó al Concejo, las implicaciones para la hacienda pública son muy fuertes, debemos ser muy claros en el acuerdo, ya tenemos los insumos de la Auditoría’’. Señaló en esa oportunidad la regidora Castro.

Presentan denuncia contra Javier Chaves Bolaños de ALDESA

La denuncia sería por fraude a la hacienda pública y favorecimiento personal de 100 millones de colones

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado 15 de septiembre como un aporte cívico al país, la señora Flora Fernández Amón, afectada por el caso ALDESA presentó una denuncia contra el señor Javier Chaves Bolaños y ALDESA por fraude a la hacienda pública y favorecimiento personal.

El sustento de esta denuncia es que a los ahorrantes de ALDESA se les retenía el 15% de impuestos que aparentemente nunca llegaron a hacienda pública, ya que esta institución legalizó una deuda por un monto muy similar. El asunto es que esos impuestos habrían sido de ayuda para la reactivación económica del país y para evitar nuevos impuestos al salario escolar, canasta básica, retenciones a los trabajadores y que finalmente estas medidas afectan a todos los costarricenses.  

Fernández plantea que no es necesario tomar nuevas medidas, sino que se cumplan; no hacen falta nuevos impuestos, sino que los cobren como debe ser. Brenda González, por su parte, propone dos preguntas en relación con este caso: ¿por qué no se cobró como tenía que haber sido en su momento? y la segunda, ¿por qué no se alertó a la población? ya que, de haberse hecho, muchas de las personas afectadas no hubiesen depositado sus ahorros en ALDESA.

Así que la denuncia es para que este caso no quede impune, porque vincula el poder económico, mediático y político del país, afecta a la hacienda pública y a las inversiones del país. En este bicentenario, ¡honremos a la patria!

Le invitamos a reproducir el siguiente video: