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Etiqueta: historia política

Costa Rica y su historia. Una, Dos, ¿Tres Repúblicas?

Escrito en . Publicado en Formación.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Al concluir la guerra civil de 1948, la junta militar que ascendió al poder se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República. ¿Cuáles serían las razones para asumir ese título tan glorioso, según los vencedores?

Uno de los pasos siguientes, por parte de los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, fue hacer una convocatoria a elecciones para nombrar los diputados que integrarían una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución política que le devolviera al país su condición como un Estado de Derecho.

En el seno de aquella histórica Asamblea se discutieron dos propuestas. La primera contenía un nuevo proyecto de constitución elaborado por una minoría de diputados de pensamiento socialdemócrata. Este sería el marco jurídico encargado de darle forma a lo que ellos comenzaban a denominar la Segunda República de Costa Rica. La otra propuesta, impulsada por los sectores políticos más conservadores, especialmente por parte de los seguidores del presidente electo en los comicios de febrero de 1948, don Otilio Ulate Blanco, solamente pretendía retomar la constitución liberal de 1871 para restablecer el orden constitucional y, en última instancia, esta fue la propuesta que en definitiva triunfó. En consecuencia, la Segunda República nunca llegó a plasmarse formalmente en el seno de aquella Asamblea Constitucional.

Desde nuestro punto de vista, el origen de la utopía de una Segunda República en Costa Rica tiene sus raíces fuera de nuestras fronteras, lo cual paso a explicar a continuación. Durante la década del treinta, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española acaparó gran atención internacional por su relevancia histórica, pues en 1931 se había declarado la creación de la Segunda República Española en la madre tierra. Cincuenta años antes, ya la monarquía española había sufrido un primer golpe de parte del movimiento republicano que quería seguir el ejemplo de los revolucionarios franceses de 1789. En 1873 se había proclamado la abolición de la monarquía borbónica y por un corto período esta había sido desplazada. Aquella fue conocida, por entonces, como la Primera República Española.

Las aspiraciones republicanas de buena parte de la sociedad española sobrevivieron durante la primera mitad del siglo XX. Así, en 1931 y en el marco de una nueva crisis institucional, se proclamó la Segunda República Española, experiencia que se extendió hasta el año de 1939 cuando, definitivamente, triunfó la restauración del viejo régimen por medio de una sangrienta guerra encabezada por el General Francisco Franco. Este general, de pensamiento fascista, se había levantado en 1936 en contra de los sectores republicanos y socialistas, con el apoyo de los dictadores Adolfo Hitler y Benito Musolini.

Según el testimonio del dirigente comunista costarricense Álvaro Montero Vega -cuyas memorias tuvimos el privilegio de recuperarle poco antes de su muerte- en los años treinta, siendo él estudiante del Liceo de Costa Rica junto a muchos otros jóvenes simpatizantes con las nuevas corrientes de pensamiento socialista, entre ellos Eduardo Mora Valverde, fundaron el Comité Pro República Española, en cuyo seno se gestaron muchas actividades en solidaridad con las fuerzas republicanas que se enfrentaban con las tropas del fascismo español dirigidas por el General Franco y apoyadas por sus vecinos nazi-fascistas (*).

De manera que, en el imaginario colectivo nacional de aquella época, la derrota de la Segunda República Española también había quedado como uno de los traumas más profundos de la juventud progresista y revolucionaria de nuestro país.

Tómese en cuenta, además, que José Figueres Ferrer, el líder de las fuerzas de la oposición al caldero-comunismo, era hijo de padres españoles provenientes de Cataluña, una de las regiones más golpeadas por las fuerzas franquistas durante los hechos de aquella sangrienta guerra civil.

Incluso, a un comunista español-costarricense, de grata memoria, el insigne militante Adolfo Braña, le tocó luchar con las fuerzas republicanas en contra del ejército franquista en tierras catalanas. Y, años después, también le tocó luchar durante la guerra civil en Costa Rica al lado de las milicias caldero-comunistas. ¡Coincidencias de la historia!

Todo lo anterior lo traemos a colación para invitar a reflexionar sobre el papel de los mitos en la construcción de nuestra historia. No hay que ahondar mucho más para concluir que en Costa Rica, República solo ha habido una, la que se fundó en 1848 durante la administración de José María Castro Madriz, quien fuera el último jefe de Estado y el primer presidente de la República.

En la realidad nacional de los años cuarenta, la Segunda República tan solo fue una consigna de guerra por parte de las fuerzas de oposición al caldero-comunismo, inspirada en la reciente historia político- militar española. Y por qué no suponerlo, la familia Figueres Ferrer también era de origen español, seguramente identificada con la causa republicana de su patria. En verdad, tenían muchas razones para experimentar aquella nostalgia republicana, la cual se plasmó en la consigna de guerra del Caudillo Figueres Ferrer.

En consecuencia, que al chavismo se le ocurra anunciar una Tercera República en nuestro país, solamente demuestra la falta de estudio y conocimiento de nuestra historia patria. De ahí la importancia de que nuestro sistema educativo se proponga retomar una buena formación cívica para sus estudiantes, inclusive, para sus gobernantes.

No olvidemos, como lo señaló el filósofo español-estadounidense Georges Santayana ¡El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla!

(*). Aguilar H. Marielos (2013) ÁLVARO MONTERO VEGA: MEMORIAS DE UNA VIDA Y UN TIEMPO DE LUCHAS Y ESPERANZAS. Editorial UCR. Pp. 32

Conversatorio abordará las elecciones y la vigencia de la Segunda República

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convoca a un conversatorio titulado “Las elecciones y la Segunda República”, un espacio de análisis y reflexión política e histórica sobre el proceso electoral reciente y su relación con los principios, transformaciones y desafíos de la Segunda República.

La actividad contará con la participación de José María Villalta Flórez-Estrada, diputado electo, y Marielos Aguilar Hernández, historiadora, quienes dialogarán sobre el significado de los resultados electorales, la representación política y los retos actuales para la democracia costarricense desde una perspectiva histórica y social.

El conversatorio se realizará el jueves 20 de febrero, a las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones Lydia Lacayo Mena, en la sede de la ANEP. Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 2257-8233.

La actividad es organizada por la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, la Secretaría de Juventudes y la Seccional ANEP-JOVEN, como parte de sus esfuerzos de formación política y sindical.

📌 El registro de participación se realiza mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

Los peligros del populismo

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Jairo Isaías Garro Chavarría
Historiador, miembro de la Asociación Costarricense de Profesionales en Historia

Cada periodo electoral supone una invitación particular al análisis y la reflexión. Los cuatro años en los que transcurre una administración política representan la apertura de un escenario en el que se desenvuelven actores y conflictos que van modelando a las fuerzas que luego se disputan la llegada al Ejecutivo.

En 2014, la discusión giraba en torno a la continuidad o no del modelo bipartidista en el que se había inmerso Costa Rica desde aproximadamente 1978. El 2018 abrió espacios para considerar la forma en que aumentaba el peso de grupos religiosos neopentecostales al interno de la política nacional, respondiendo a una dinámica que empezaba a visibilizarse con mayor fuerza a nivel regional. En 2022, podía visualizarse cómo se acentuaba cada vez más el rol de los discursos anti-establishment, caracterizados por ser confrontativos, con la aparición de figuras mesiánicas que asumían un cargo presidencial frente a otras organizaciones o grupos vistos como tradicionales.

Pero, en la previa a las elecciones que tendrán lugar el próximo 1 de febrero, ¿qué rol podría jugar el nuevo auge que han recibido los populismos en los últimos años a nivel no solo local, sino regional? ¿Describe este fenómeno la actual coyuntura electoral?

Primeramente, es necesario conceptualizar qué entendemos cuando hablamos de populismo y algunos aspectos clave para considerar en su discusión. Desde la perspectiva de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, el populismo no es ni una ideología política, ni un régimen específico. Este refiere a una lógica sobre la que se impulsa una forma particular de hacer política, la cual construye una idea relativamente homogénea de «nosotros» (entendido como “el pueblo”) frente a un antagonista o enemigo común que es quien está detrás del status quo.

Su historia, particularmente en América Latina, pasa por tres fases: un periodo inicial, marcado por las administraciones de Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina; luego otra en la década de los noventa con Fernando Collor de Mello en Brasil nuevamente, Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem para el caso argentino; y, por último, aquellas expresiones que han tenido lugar en el siglo XXI.

En la actualidad, los nuevos populismos mantienen algunos aspectos esenciales, pero también adoptan otros que los distancian de sus predecesores. Por un lado, estos se presentan bajo la forma de los llamados liderazgos de mano dura, que tienden a enfatizar problemáticas como la inseguridad, pero sin profundizar en los mecanismos sociales que la producen. Tienden a reproducir discursos que van en contra de algunas de las instituciones democráticas presentes en nuestras sociedades, señalando la existencia de una “casta política” arraigada en su manejo y gestión, que debilita la capacidad de actuar sobre los conflictos que afloran en el país. Desincentivan la inversión social como medida preventiva y atacan a espacios críticos del poder y la forma en que este se ejerce sobre el pueblo. Promueven la idea de un pasado idílico, carente de conflicto y crispación social, al cual solo se puede llegar a través de su puesta al mando. Cortan las posibilidades de diálogo e interlocución con otras instituciones, intentando reducir la cantidad de contrapesos políticos a los organismos en que se desarrollan.

Mencionados estos aspectos, los mismos pueden servir para advertir algunos de sus peligros en la sociedad actual. Una forma de frenar su avance e instalación, para el caso costarricense, radica en aceptar el diálogo como parte constitutiva de nuestro modelo político; la defensa de las instituciones y del proyecto solidario que debería caracterizar el devenir de la política electoral del país. Si entendemos al voto como un mecanismo de transformación, a través del cual nosotros como conjunto podemos actuar sobre la toma de decisiones, lograremos alcanzar muchas de las tareas aún pendientes en la Costa Rica del siglo XXI.

El alma de un pueblo no se borra con gritos

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por JoseSo

Costarricenses, hermanos:

Estamos a solo una semana de decidir el rumbo de nuestra casa, de esta finca grande que llamamos Costa Rica. Y hoy no quiero hablarles desde los números de los economistas, sino desde la piel, desde la memoria de nuestros abuelos.

Nos han querido vender el cuento de que todo lo que fuimos es mentira. Nos dicen que nuestra historia es un estorbo y que las instituciones que el mundo entero nos admira son solo “trabas”. Pero se les olvida algo: Costa Rica no nació ayer por un video de TikTok o Facebook.

Esta patria se fundó sobre la voluntad de gigantes que, aunque pensaban distinto, se sentaron a hablar. Pensemos en ese abrazo histórico entre Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria. Tres hombres de mundos opuestos que nos regalaron las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y nuestra amada Caja.

Ellos no se insultaron; ellos construyeron. Y luego, tras el dolor de la guerra del 48, llegó el Pacto de Ochomogo. Don Pepe Figueres y Manuel Mora entendieron que Costa Rica valía más que una victoria militar. Ahí nació la paz, ahí murió el ejército, y ahí nació el Tribunal Supremo de Elecciones para que nunca más nadie nos robara el voto.

De ese espíritu de diálogo salieron el ICE para darnos luz, los Parques Nacionales que hoy nos dan de comer con el turismo, el Aguinaldo para la Navidad de nuestros hijos, los EBAIS, los CEN-CINAI y los comedores escolares que aseguran que ningún carajillo se duerma con hambre.

¿Cómo se logró todo eso? Sin gritos. Con paz y con voluntad.

Pero hoy, la realidad nos golpea la cara. Nos prometieron “comerse la bronca”, pero la bronca se la están comiendo las familias que entierran a sus jóvenes víctimas del sicariato. Nos dicen que “todo está bien, que solo se matan entre ellos”, mientras la droga sale por nuestros puertos (con todo y su cuento de los escáneres) hacia Europa y quitan a la policía de nuestras fronteras.

Nos hablan de combatir la corrupción de “los mismos de siempre”, pero vean hacia el lado del oficialismo. ¿Quiénes están ahí? Los mismos apellidos que el pueblo ya conoce: los Chaves, los Jiménez, los Araya, los Thompson y los Álvarez Desanti. Díganme ustedes: ¿Cómo van a limpiar la casa si trajeron a vivir a los que ayudaron a ensuciarla?

Atacan a gente valiente como Álvaro Ramos por decir la verdad, mientras reciclan ministros de seguridad de gobiernos pasados que ya fallaron.

Costarricenses, el populismo se alimenta del odio y de la división. Nos quieren hacer creer que para arreglar el país hay que romperlo. Pero el “Pura Vida” que nos robaron no es un eslogan de turismo; es nuestra forma de ser. Es la solidaridad de la mano extendida, no del puño cerrado.

Este domingo no elegimos un “capataz”. Elegimos el futuro de nuestros hijos. ¿Queremos la Costa Rica del insulto, la violencia y la represión a quienes piensan diferente? ¿O queremos volver a la Costa Rica del respeto, del diálogo y de la paz que nos hizo grandes ante el mundo?

Nuestra democracia tiene más de cien años. No permitamos que el ego de unos pocos borre el sacrificio de millones.

Soy JoseSo, y yo creo en la Costa Rica que construye, no en la que destruye.

Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en una mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy han habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y sin la institución Contraloría General de la República.

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.

Pasado, presente y futuro en las elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Los procesos electorales son un momento muy especial de nuestras sociedades democráticas. Constituyen el momento en que los ciudadanos, los votantes, los mayores de 18 años, que son los que forman el llamado Padrón Electoral, tienen la oportunidad de evaluar políticamente, en todo su sentido, la situación del país, el papel de quienes dirigen el Poder Ejecutivo, el Presidente y sus Ministros de Estado, en el ejercicio y conducción del Poder Ejecutivo, en la forma que se manifiesta en el país, en su Consejo de Gobierno, en las relaciones de éste con los distintos sectores de la sociedad, y el de los Ministros, por el ejercicio del cargo, en las tareas, funciones, acciones y políticas que desarrollan.

El proceso electoral es también un momento para soñar en el futuro que deseamos para el país, para nosotros como comunidad humana, como familias, como la gran familia costarricense. Es soñar en la Costa Rica que queremos, amamos, y deseamos construir sin pobreza, con posibilidades y oportunidades de desarrollo y crecimiento, en todos los sentidos, para todas las personas, para los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, para mujeres y hombres.

Soñamos con ese país posible cuando en el proceso electoral podemos evaluar el país que tenemos, que hemos construido en el devenir de los años, con el concurso del trabajo de todos los costarricenses, y con todos los trabajadores extranjeros que se nos han sumado con su esfuerzo, su sacrificio, su inmigración, para contribuir con la riqueza que el trabajo de ellos también genera al colectivo nacional.

En este tiempo de elecciones es el momento de evaluar o valorar al gobierno que está terminando su período de cuatro años, al presidente que lo ha conducido y a sus ministros. Como equipo humano el presidente y sus ministros no pueden continuar gobernando porque no se permite en el país la reelección consecutiva. Algunos de sus ministros, si han renunciado, como lo han hecho en enero, para poder de nuevo aspirar a puestos públicos de elección. Por eso, esa evaluación del presente nos permite aquilatar a las personas que viniendo del actual gobierno desean continuar en el ejercicio político dirigiendo el país, como presidente, como futuros ministros, si así los anuncian, o como aspirantes a ser electos diputados. Los podemos evaluar como personas, por el cargo que desempeñaron y los podemos evaluar en la posibilidad de darles o negarles confianza por los partidos en que participan para continuar en tareas de gobierno.

Para el caso costarricense, el actual gobierno fue electo bajo las banderas del partido Progreso Social Democrático, sin que, en la realidad, este partido, como organización haya gobernado, o haya tenido una experiencia gubernativa. Tan solo sirvió de trampolín para que el actual presidente pudiera ser electo. Y con él todo su equipo de ministros y demás funcionarios por él nombrados, independientemente de puesto o cargo que tuvieron.

El mismo partido, como tal, no tenía ninguna experiencia política anterior, ni de participación electoral. Para el presidente Chaves, fue la oportunidad de presentarse al electorado, tener su apoyo, que lo llevó a Zapote. En sencillo, como se ha venido diciendo de los partidos recién formados para cada elección, que facilitan candidaturas, que son partidos taxis. Así, Rodrigo Chaves Robles, llegó a la presidencia en el partido taxi Progreso Social Democrático, en el 2022. En otros momentos le dirían paracaidista, término que también le podría calzar.

Rodrigo Chaves nombró sus ministros sin consideración alguna a las personas que habían constituido el partido Progreso Social Democrático. Al mismo partido le impuso los nombres de los candidatos a diputados, que fueron electos, de allí que se fragmentaran legislativamente manteniéndose, ocho de los diez que fueron electos, fielmente al mandatario, sintiéndose sus representantes, “rodriguistas” o “chavistas”, y nada partidistas de quien los llevó también al Poder Legislativo, a la presidenta de ese partido y compañera de ella como diputados, a quien le impusieron una jefa de la Fracción parlamentaria, y vocera legislativa de ese partido.

El partido Progreso Social Democrático vuelve a las elecciones del 2026, por segunda vez, separado totalmente del presidente Rodrigo Chaves y de su grupo gobernante, y separado de ocho de sus diez diputados electos en el 2022, ahora con su candidata a presidente, que también es diputada y presidenta de su partido. Por eso, al momento de enfrentar las elecciones del 2026 y evaluar al gobierno para valorarlo en la confianza pública que se merece, o no se merece, para darle apoyo al partido que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, queda excluido de esa valoración este partido, que no ha tenido ningún papel protagónico en el destino del país en estos cuatro años transcurridos, más allá de haber llevado al presidente que hoy es un fiasco para el país y para la institucionalidad democrática de la sociedad costarricense.

¿Cómo proceder entonces? Valorando al presidente y lo que él ha venido promoviendo, a su nuevo partido político, el que se identifica con la forma cómo ha ejercido el mando político del gobierno, y a sus ministros, aspirantes a la presidencia de la República, en dos organizaciones que se presentan para las elecciones próximas, el partido Unidos Podemos, que postula a Natalia Díaz y Pueblo Soberano que postula a Laura Fernández. Hay otras opciones políticas menores identificadas con el presidente Chaves que pretenden elegir diputados, para lograr con todas ellas una mayoría, como lo claman y espera, de por lo menos 40 diputados de los 57, para a poder hacer diabluras institucionales. Pero, Natalia y Laura son las estrellas del presidente Chaves. A Natalia la han empezado a sonar con música y comparsas políticas. Esta semana le han sonado matracas de candidata. ¿Cuál es el juego de fondo? Probablemente levantarle su índice de percepción ciudadana, elevarle su aceptación en encuestas, para superar a la candidata de la Coalición Agenda Democrática Nacional, y procurar que, de ir a una segunda ronda electoral, la escogencia sea entre dos mujeres, dos candidatas que representen el mismo proyecto político continuista. Este es el objetivo político de chavismo, del rodriguismo y del continuismo gubernativo.

Así, el proceso electoral se mueve en primera instancia, para el resto de las fuerzas políticas electorales, que están bastante desagregadas, y equivocadamente peleando entre sí, al interior de los mismos partidos, en lugar de saber enfrentar táctica y estratégicamente, al gobierno de turno, el que está ejerciendo el mando del país, y a sus representantes partidarios en el actual proceso electoral.

Cada elección es un reto para el partido que gobierna, si quiere seguir participando en elecciones y si quiere continuar en el gobierno. En la elección de febrero el partido Progreso Social Democrático no está en discusión ni en juego a disputar el mandato, porque no ha gobernado en nada. Ni tiene sólidas candidaturas en esa perspectiva.

Al gobierno se le evalúa en las opciones electorales que presenta para participar en la elección de febrero. En este sentido son los partidos Pueblo Soberano, que encabeza Laura Fernández, que claramente declara y dice por todos los costados que ella continuará la labor y las políticas del actual presidente. Laura Fernández es la mejor expresión del continuismo político gubernativo, como la tendencia principal con la cual se presenta. Natalia, con ligeros matices de distancia del gobierno es parte de su continuismo. Eso está cada vez más claro.

El discurso de Laura Fernández es una clara lección de identificación política para los otros candidatos electorales que representan a partidos que han gobernado, como son Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana.

En la experiencia histórica los candidatos de estos tres partidos cuando han ido a elecciones inmediatas, a períodos de gobierno de sus propios partidos, no dicen ni claman ese compromiso de continuar con las políticas de sus gobiernos partidarios, del que vienen. Al contrario, se distancian rápidamente como para dar la sensación de imprimir un sello muy personal del nuevo candidato frente a su gobernante anterior, aunque vayan con los mismos partidos, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana. Ejemplo muy claro de ello fue la llegada a la presidencia de Laura Chinchilla en el 2010, que siendo vicepresidenta de Oscar Arias, 2006-2010, en cuanto gana se distancia bruscamente de él, de su gobierno y en cierta forma de su propio partido. Tampoco acuden en la campaña electoral a exaltar la labor histórica de sus gobiernos. Para mí este es un error básico electoral.

El Partido Liberación Nacional, durante la Segunda República, surgida en 1948, ha gobernado desde 1953, nueve veces, la Unidad Social Cristiana, y lo que se representa en este partido lo ha hecho en seis ocasiones, y el partido Acción Ciudadana en dos.

De esta forma, lo bueno y lo malo del país se le debe, en lo principal, a estos partidos, en esa forma proporcional de gobierno. Pero, nadie podría asegurar ni afirmar que el desarrollo institucional del país desde 1948 hasta nuestros días ha sido defectuoso, o ha sido hacia atrás, o ha sido más negativo que positivo. Esto no han sabido explotarlo ni asumirlo los candidatos Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo. De hecho, han renunciado al pasado histórico heroico de sus partidos. Ambos, de hecho, no tienen la historia partidaria de sus partidos políticos incorporada en sus vidas. Igual que al presidente Chaves, se les podría considerar, paracaidistas en esos partidos o que esos partidos son partidos taxi para ellos. Lamentablemente ese es el panorama que pintan y exhiben.

Hemos tenido un progreso institucional, económico, laboral, en salarios, pensiones, en los sectores productivo, educativo, en salud, en cultura, en educación superior, en desarrollo y gestión de grupos sociales, clases medias, sectores productivos y muchas otras cosas más, que responde, en términos generales a los buenos niveles de vida que hoy disfrutamos.

Ciertamente, desde 1978 algunos de los logros obtenidos empezaron a debilitarse y afectarse. En otros sentidos, también a desaparecer o hacerse ineficaces. El bienestar social y laboral alcanzado especialmente en los últimos dos gobiernos, incluido el actual, se han desmejorado y debilitado. Obviamente, el partido Acción Ciudadana y el partido Progreso Social Democrático no van a levantar banderas para continuar sus políticas. El partido

Acción Ciudadana va en una coalición política con el nombre de Agenda Democrática Nacional, con su candidata Claudia Dobles, esposa del anterior presidente Carlos Alvarado, situación que carga como un duro fardo muy difícil de exhibir, como bandera política, no solo de ese gobierno, sino de los dos gobiernos del partido Acción Ciudadana.

El partido Unidad Social Cristiana, desde que se creó ha vivido de la gloria que le imprimió al socialcristianismo político, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón

Guardia, en el gobierno de 1940-1944 y de su alianza con el partido Comunista de Costa Rica, llamado desde 1943 Vanguardia Popular, que sí continúo su política social cristiana en el gobierno de Teodoro Picado, en coalición electoral de 1944 con el Bloque de la Victoria, bandera social que mantuvieron durante mucho años por lo menos para efectos electorales, bandera que han arriado actualmente. Este partido en ese continuismo llegó, en cierta manera, hasta el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, cuando se actualizó la política social laboral. No más. Actualmente reniegan de los adjetivos, “social” y “cristiano”. NO tienen nada que ofrecer con estos contenidos. Al contrario, amenazan acabar con toda la obra social histórica del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con lo que queda de ella, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, simbolizando hoy a todas las universidades públicas.

Sobre los otros partidos me referiré próximamente. Por ahora, con estos partidos tenemos los que no tienen pasado histórico alguno, que exaltan el presente gobierno con miras a continuar sus políticas en el futuro. Son partidos que sin ataduras, sin penas ajenas, ni vergüenza política, se identifican con la poca huella institucional del actual gobierno, anunciando que continuaran su obra, para lo que piden el mayor respaldo popular.

Tenemos partidos con historia importante que destacar pero que renuncian a ella, que se avergüenzan en este momento histórico de esos logros institucionales, que han sido los pilares de la Democracia Social que hemos construido y del Estado Social de Derecho, que también han contribuido a debilitar y desaparecer.

Con esto estamos a las puertas de que pueda producirse, en el desenlace de este proceso electoral, la mayor amenaza al modo democrático de vida ciudadana de los costarricenses.

El proceso electoral a la vuelta de la Tregua Navideña, para el resto de los partidos políticos debería convertirse en las tribunas para defender el Estado de Derecho, defender el Estado Social de Derecho, defender la Democracia política que hemos vivido.

Las semanas que vienen deben orientarse a luchar y advertir, al electorado nacional, sobre el peligro autoritario, despótico, dictatorial, tiránico que se pretende construir de continuar el actual proyecto político que está en marcha.

Aquí se está jugando no solo la historia pasada, sino la Historia del futuro costarricense.

Compartido con SURCOS por el autor.

El legado del pacto de concordia

Escrito en . Publicado en Formación.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

1º. de diciembre de 1821 – Primer ensayo democrático en Costa Rica

Al finalizar el largo período de dominio español en América, el proceso de independencia iniciado en México y Guatemala tuvo grandes repercusiones en la provincia de Costa Rica. Al igual que en otras provincias del Istmo Centroamericano, la búsqueda de una nueva alternativa de organización política ya fuera autónoma o confederada, supuso una época de gran incertidumbre e intensos debates ciudadanos.

Por ello, la fecha del 1º. De diciembre de 1821 ha trascendido en la historia nacional como un momento fundamental en la consolidación de la independencia de nuestro país, dando por concluido el largo período del dominio español e inaugurando un complejo proceso a través del cual nos convertiríamos, paulatinamente, en un nuevo estado libre y soberano.

A partir del 15 de setiembre de 1821, día en el que la Capitanía General de Guatemala declaró el fin del dominio español en sus provincias, se vivió en la nuestra una coyuntura de gran inestabilidad política, la cual repercutió en los diferentes ayuntamientos y poblaciones que se debatían entre dos alternativas: mantenerse dentro de los dictados de la Constitución de Cádiz de 1812, o impulsar un proceso por medio del cual se daría inicio a una nueva época de vida independiente. Por suerte, nuestros antepasados criollos escogieron ésta última, la vía de la libertad y la autonomía.

Al respecto, años después el historiador don Ricardo Fernández Guardia señalaba:

“A los tres meses justos de haberse planteado ante ellos el muy escabroso problema de la Independencia llovida del cielo, nuestros abuelos, a pesar de su inexperiencia, de su falta de recursos de todo género, de las encontradas opiniones y de las dificultades que surgieron, habían logrado darle la mejor solución posible, instituyendo un gobierno constitucional libremente electo por el pueblo”. *

Todo aquello fue posible gracias a la temprana aprobación del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, también conocido como el Pacto de Concordia, el 1º. De diciembre de 1821. Con este instrumento jurídico se dio inicio al largo y complejo proceso que ha llevado a Costa Rica por los senderos de la vida republicana, la independencia nacional y la construcción de una democracia, cuya trayectoria no ha estado exenta del paso de políticos autócratas y de algunos intentos para socavar los cimientos de nuestra cultura política, pero que hasta ahora ha sobrevivido frente a diversas vicisitudes.

En ese sentido, debemos tener presente los acontecimientos del día 7 de noviembre de 1889, cuando los ciudadanos que apoyaban la elección del candidato don José Joaquín Rodríguez se manifestaron públicamente en defensa de su triunfo electoral, ante el peligro de que el gobierno en ejercicio no reconociera su legítima elección. Por esa razón, en esa fecha celebramos el Día de la Democracia Costarricense.

El doloroso paréntesis que significó el período transcurrido entre 1917 y 1919, cuando la paz costarricense se vio amenazada con la instauración de la cruel dictadura de los hermanos Tinoco, es un hecho que tampoco debe borrarse de la memoria nacional. Asimismo, deben tenerse presente las complejas circunstancias que en marzo de 1948 arrastraron a este pequeño país a una guerra civil, con consecuencias tan profundas que aún hoy resuenan en los oídos de nuestras generaciones mayores.

Sin embargo, la salida constitucional por la que apostaron los sectores vencedores en 1949 contribuyó a forjar una nueva etapa en nuestra historia nacional, con mayor justicia social y con valiosos proyectos para la modernización económica del país. Desde este punto de vista, no podemos dejar de mencionar también la Abolición del Ejército en Costa Rica en una fecha como ésta, el 1º. de diciembre de 1949, lo cual constituyó un paso de incalculable valor para garantizar la estabilidad futura del Estado costarricense.

En lo que va del siglo XXI, las luchas contra el Tratado de Libre Comercio en el año 2007 constituyeron otro antecedente inédito. La creación de los llamados comités patrióticos, a lo largo de todo el territorio nacional, fue una experiencia inédita de ejercicio democrático pues se convirtieron en centros de estudio y reflexión sobre el significado de nuestra independencia nacional.

Por todas esas razones, la actual coyuntura electoral nos debe llevar a reflexionar sobre la voluntad y la creatividad que necesita la sociedad costarricense para defender, una vez más, nuestra democracia y nuestra independencia. Hoy día, estamos lejos de vivir en un sistema democrático verdaderamente satisfactorio, sin diferencias económicas y sociales tan marcadas y con un consenso social exento de las amenazas del crimen, del aumento de los feminicidios, de la proliferación del narcotráfico y de la impunidad.

Por otra parte, echamos de menos el verdadero respeto por la división de poderes, como debe darse en cualquier régimen democrático y pluralista. Asimismo, clamamos por una participación más decidida del Estado costarricense para resolver los problemas de la creciente pobreza, del deterioro del sistema educativo y de la CCSS, de la producción agrícola nacional, del respeto a las diferencias de criterio de toda la ciudadanía, en fin, necesitamos seguir construyendo el país que queremos con paz social, tranquilidad, optimismo y estabilidad nacional.

El Instituto Sindical de Formación Democrática se compromete con este difícil reto para recuperar los avances obtenidos a lo largo de 204 años de vida independiente. El fomento de la consciencia cívica de la ciudadanía es indispensable para comprometerse en la solución de los graves problemas que hoy amenazan a nuestro país. Alimentar el espíritu del pluralismo, la participación ciudadana y el respeto a las diferencias políticas, religiosas, ideológicas y culturales será nuestra tarea prioritaria.

*. Peralta G. Hernán (1955) El Pacto de Concordia. Orígenes del Derecho Constitucional de Costa Rica. 2ª. Edición.

Siete de noviembre Día de la Democracia Costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Desde 1942 con gran sapiencia nuestros gobernantes han designado el 7 de noviembre como el Dia de la Democracia Costarricense. Y es precisamente para honrar al gran y noble pueblo costarricense por su hidalguía y dignidad al salir en defensa de la voluntad soberana y popular, ante el temor y las malignas intenciones del gobernante de la época, de confabular en favor de la candidatura de sus preferencias y perpetuarse en el poder en una forma indigna, ilegal y antidemocrática. Se equivocaba en ese actuar el presidente de la época, don Bernardo Soto Alfaro, quien deseaba que el verdadero ganador de las elecciones don José Joaquín Rodríguez Zeledón, no llegara al poder. Don José Joaquín, tenía la mayor cantidad de apoyo en San José y fuera de la ciudad capital. Don Bernardo Soto deseaba transferir el poder a Ascensión Esquivel, a pesar de que había perdido las elecciones en 1889. Ante el temor de que el gobernante arrebatara el poder al soberano, el pueblo actuó, se movilizó y exigió el respeto a los resultados lectorales. Es decir, el pueblo había hablado y decidido a través de las urnas. Costa Rica daba una extraordinaria lección cívica y de espíritu republicano ante las pretensiones innobles y espurias del gobernante. Dichos eventos históricos, también nos permiten traer a colación la vil muerte en San Ramón del ilustre ciudadano Rufino Mora Rodriguez, durante ese periodo de arrebato y pasiones desbordadas. Don Rufino fue asesinado en octubre de 1889 en las calles de San Ramón. Ante el riesgo inminente de violencia ante el enojo de los costarricenses, bien hizo don Bernardo Soto al reconocer su error y pronunciar la célebre frase “por mí no habrá de morir un costarricense”. Permitiendo de esa manera la transición pacífica del poder a fines de 1889 y que posteriormente don José Joaquín Rodriguez fuese designado como presidente la República como consecuencia de la expresión de la voluntad del soberano- es decir el pueblo costarricense. Hermosísima lección cívica y patriótica, escrita por los costarricenses, que debe quedar en los anales de la historia y muestra del civismo que siempre debe predominar y que el currículo escolar costarricense ha de exaltar.

Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están a menos de cien días; éstas, tras doscientos años de historia, parecieran ofrecer panorama que pudiese ser desolador o darnos una nueva venturosa oportunidad de reencontrarnos con nuestras raíces. Habrá que escoger entre una ruta que permita que sobreviva nuestro régimen democrático, como lo soñaron y lo construyeron nuestros abuelos; u otra, sinuosa, tortuosa, llena de sombras siniestras y riesgos desmedidos e insospechados. Podríamos pagar caro nuestra indiferencia y pereza; no es opción dejar que sea la mediocridad, la corrupción -que asoma rampante durante los últimos meses, la vulgaridad y el fascismo, los elementos que nos gobiernen y se perpetúen. No pueden sustituir a las buenas formas del ejercicio del poder, en forma democrática, cívica, de entendimiento y de acometer la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos agobian ante la incapacidad de nuestros gobernantes por intentar resolverlos. El chavismo-cisnerismo amenaza, acecha y confabula para quedarse en el poder. Echan mano literalmente al librillo discursivo que ya hemos visto ponerse en práctica en países vecinos, de desprestigiar y atacar a aquellos que valientemente se les oponen o que de alguna manera constituyan una amenaza moral. El chavismo-cisnerismo se comporta como una dictadura para señalar, perseguir y espiar a quienes piensen distinto; osan desprestigiarlos para minar su credibilidad. Recuerdo perfectamente una entrevista de 2018 donde se le preguntó a Donald Trump por qué insistía en denigrar a la prensa. El respondió “lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos; así, cuando escriban cosas negativas sobre mí, nadie les va a creer”. Así lo escribí en artículo denominado De aprendices y absolutistas, que publiqué el 26 de enero de este año. Para Cisneros, Chaves y su comparsa, cualquier estrategia de distracción es justificada con tal de evadir los graves problemas que enfrenta el país y la necesidad imperiosa de abocarnos a la búsqueda de soluciones; ante las muertes violentas, ante la crisis educativa, los deseos de seguir debilitando la CCSS, minar al IC E desde dentro. El ejercicio del poder político no puede ser reducido a esa repugnante y patológica forma de estar en una eterna y estéril campaña política, permanentemente. Durante más de 40 meses hemos sido testigos de muecas y una explosiva pirotecnia discursiva, donde desde Zapote primero se atacó a la prensa, luego a la Asamblea Legislativa, después a la CGR, posteriormente a gobernantes anteriores, a la fiscalía y magistrados, presidentes de los supremos poderes y finalmente en medio de lluvias, tormentas e inundaciones, le ha llegado el turno al TSE. Tal y como penosamente profetizábamos en ese artículo propio, de finales de enero de este año.

Llamo la atención costarricenses, que estamos en presencia de una ruta fascista que nos pone al borde de pérdida de libertades y de constreñir el espíritu civilista y democrático que hemos cultivado por décadas; para que ahora, como nos advertía Juan Rafael Mora P. en noviembre, en otro noviembre, el de 1855, “…una gavilla de advenedizos”, liderados por una sombría figura, cuya estatura moral y dotes de estadista son discutibles, pretende borrar de un plumazo todo resabio de civismo y democracia, añorando una Carta Magna hecha a su medida, como ya lo han logrado Ortega en Nicaragua y Bukele en El Salvador….preguntémonos por qué sospechosamente han debilitado la educación pública? ¿Por qué debilitar la seguridad social al no proveer de recursos y propiciar una adecuada y sana gestión de la CCSS? ¿Por qué destinar menos recursos para el combate a la pobreza, reduciendo becas para estudiantes y bonos de vivienda?

El desinterés que siente esta generación por lo político debe conducir a una sacudida nacional que nos saque del conformismo, la indiferencia y de cierta modorra tropical; que nos permita reaccionar patrióticamente antes de que el riesgo de que seamos despojados de los derechos más elementales sea consumado. Como ciudadanos no debemos pasar por alto el afán de esta administración de instrumentalizar las instituciones para la consecución de sus pérfidas intenciones y perversos fines para ser capaces de perseguir a costarricenses y ocultar sus verdaderos objetivos. Poner a Hacienda a perseguir a Baruch y hablar de un megacaso de fraude fiscal. Utilizar al Ministerio de Salud para cerrar un centro recreativo como Parque Viva porque es de La Nación. Lograr en México que, desde el servicio exterior a través de la embajada, una diputada del PUSC crítica de la administración, perdiera su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Utilizar el BCIE para destinar fondos de allí y canalizarlos presumiblemente para espurias contrataciones y movilizaciones de partidarios del chavismo. Intentar destruir la reputación y honra de personas como doña Patricia Navarro; el señor Bulgarelli, cuya familia fue amenazada y todo el país fue testigo. O al mismo jefe de la policía judicial a través del INAMU.

Debemos de ser capaces de denunciar y repudiar el alineamiento de cierto sector de la prensa, alejado de la objetividad y búsqueda de la verdad en el ejercicio del periodismo serio; carentes de objetividad y estigmatizados por su énfasis en la manipulación y la criminal desinformación. Debemos de entender que las mentiras que propelen constituyen una amenaza cancerosa a la democracia. Están alineados a una morbosa y podrida forma de hacer política y ejercer el poder.

Este grupo que nos gobierna hoy, sueñan con quedarse en el poder, y ya cosechan sus propios casos de presumible corrupción como caso Barrenador, caso Comején, caso Richter y podría estar incubando otros como “cariñitos” “TRADECO”, el chorizo con MECO en el supuesto arreglo de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, y la desfachatez con el favorecimiento hacia CISCO con millonarios contratos en el ICE.

O tendremos en Zapote a una persona sentada, lacaya y porrista de Cisneros y Chaves, absolutamente inoperante e incapaz de reaccionar ante los desafíos que la patria demanda; o a alguien capaz de reencontrar y renovar la ruta costarricense dentro de un marco democrático y que con sagacidad sabrá liderar, construir acuerdos, discutir y proponer salidas a los múltiples atolladeros que hoy nos abruman. No vaya a ser que despertemos viviendo en un país que ya no es el nuestro.

Hoy en este aniversario de nuestra Constitución Política y de la democracia costarricense, concluyo con esta reflexión donde se ve reflejado todo el pueblo costarricense. Pregúntese usted, ¿en qué estrato se ubica?

“un sabio levantó su mano
Y señaló al cielo con el dedo.
Muchos miraron hacia la luna, maravillados
… otros se enfocaron tan sólo en el dedo!”

Dia de la Democracia Costarricense

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma

Escrito en . Publicado en Análisis.

Pedro Alberto Soto Sánchez

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.

Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.

Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.

Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.

Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.

El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.

La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.

Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.

El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.