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Etiqueta: Humedales

Vivamos la independencia haciendo conciencia: “Río Frío muere por causa del extractivismo y el dragado de sus humedales”

SURCOS comparte esta nota del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR

Este 15 de septiembre, mientras celebrábamos nuestras fiestas patrias, las comunidades de Guatuso se unieron para visibilizar la situación del Río Frío. Con una manta que decía ‘Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales’, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro recordó que la independencia también significa proteger nuestros ríos y humedales.

Muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre lo que está pasando, conversar con el grupo y mostrar su preocupación por la defensa del ecosistema. La minería y el dragado continúan afectando el cauce del río y la vida de los humedales de Caño Negro, un sitio Ramsar de relevancia mundial.

Juntos podemos crear conciencia y cuidar lo que nos da vida.

¡El Río Frío nos necesita!

Más información aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/en-el-dia-de-la-independencia-la-comunidad-de-maquengal-alza-la-voz-por-el-rio-frio/

 

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

Asociación denuncia abandono del sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología advierte sobre obras ilegales y falta de respuesta institucional

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) denunció que el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, ubicado en el Caribe sur de Costa Rica, se encuentra bajo una creciente amenaza ambiental debido a la construcción de piscinas, caminos y drenajes ilegales dentro del área protegida.

En una nota enviada a la dirección regional del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), la organización afirma que estas intervenciones ponen en riesgo hábitats clave para la biodiversidad, como los de tortugas marinas y manatíes, además de afectar los ecosistemas de humedal. También señala presuntas omisiones por parte del personal responsable del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

La situación es crítica y no hemos recibido respuestas técnicas ni acciones concretas por parte del Estado”, expresó Marco Vinicio Levy, representante de la asociación.

La ADE envió dos oficios al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC): el primero el 6 de mayo, solicitando medidas urgentes, y el segundo el 23 de julio, al considerar insuficiente la respuesta institucional recibida.

En dicha respuesta, el SINAC indicó estar en coordinación con el Programa Nacional de Humedales para actualizar la ficha del sitio Ramsar y mencionó la elaboración de mapas de zonas críticas. Sin embargo, la asociación sostiene que no se detallan responsables, fechas ni acciones específicas, como la suspensión de permisos o la restauración del daño ambiental.

Además, la entidad solicitó una investigación administrativa sobre el actuar de la administración del refugio y un informe sobre posibles procesos judiciales en curso. Según la documentación oficial, las autoridades respondieron que cualquier denuncia debe presentarse con pruebas por los canales establecidos, lo cual fue interpretado por la asociación como una omisión frente a hechos ya documentados.

El sitio Gandoca-Manzanillo fue designado en 1995 como parte de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional. Un oficio emitido por la Secretaría Ejecutiva del SINAC el pasado 14 de enero confirma la vigencia del estatus Ramsar y los límites oficiales del sitio, pero no hay evidencia de que se hayan tomado medidas para su protección activa.

La ADE advirtió que, si no recibe una respuesta clara en los próximos días, acudirá ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la Secretaría Ramsar, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional.

Defensores ambientales denuncian fallos graves en la gestión del sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo y solicitan recusación de funcionaria del SINAC

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) presentó el 26 de junio de 2025 una solicitud formal dirigida al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para la recusación de la Licda. Maylin Mora Arias, actual directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). La solicitud, registrada bajo el expediente AEL-00267-2025, acusa a la funcionaria de decisiones administrativas inconsistentes y de incumplimiento de sentencias de la Sala Constitucional, en perjuicio del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo y otros humedales del Caribe Sur.

Según la ADE, Mora Arias ha ignorado el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” (SINAC-ACC-OTOF-698-2021), pese a que fue legitimado por la Sala Constitucional en la sentencia N.° 2024-010951. La funcionaria insiste en descalificar el documento como “no oficial”, lo que impide su uso para incorporar nuevos humedales al Inventario Nacional y actualizar certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE).

En una respuesta institucional fechada el 25 de junio (CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0642-2025), SINAC sostiene que el informe no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y que por tanto carece de validez legal. Sin embargo, esta postura contraviene lo dispuesto por la Sala Constitucional, que ordenó utilizar dicho informe como parte del proceso de actualización de certificaciones oficiales.

La ADE también denuncia omisiones graves en casos específicos como los humedales de Punta Uva y Manzanillo, donde existen denuncias por rellenos y drenajes ilegales que no han sido adecuadamente abordadas. Aunque el área de Manzanillo ya fue certificada como PNE, aún no ha sido incorporada al registro nacional de humedales, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad ante intereses privados.

La organización advierte además que estas inconsistencias institucionales generan condiciones de riesgo para las personas defensoras ambientales del Caribe Sur, quienes enfrentan amenazas mientras las instituciones se muestran omisas.

Entre las acciones solicitadas por la ADE destacan:

  • La recusación y eventual destitución de la Licda. Mora Arias.

  • El cumplimiento inmediato y completo de la sentencia constitucional.

  • Una auditoría interna sobre las decisiones de la ACLAC.

  • Protección efectiva para quienes defienden el patrimonio ambiental.

La controversia pone en evidencia una fractura entre los compromisos ambientales del Estado costarricense y su ejecución en el terreno, especialmente en territorios tan sensibles como Talamanca. La protección de los humedales del Caribe, reconocidos internacionalmente, depende de una acción institucional clara, transparente y respetuosa del marco legal.

Foto: Humedal costero en Punta Uva, en el Caribe Sur. (Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad).

Nuevos humedales del cantón de Talamanca deben incorporarse al inventario nacional – inacción favorece intereses privados

Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, denunció que el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) ha incumplido una sentencia de la Sala Constitucional que ordena incorporar nuevos humedales del cantón de Talamanca al Inventario Nacional. En particular, cuestiona la omisión del humedal de Punta Uva, invadido y presuntamente rellenado por un desarrollo inmobiliario, pese a que un informe pericial del Poder Judicial confirma su existencia previa.

Levy señala que el humedal forma parte del sitio Ramsar 783, protegido internacionalmente, y que su exclusión viola tanto normas nacionales como acuerdos internacionales de conservación.

Por su parte, el SINAC sostiene que el estudio técnico de 2021 utilizado como base no ha sido oficializado y que, en el caso de Punta Uva, el relleno impide realizar una pericia actual. Además, indican que ya se emitió una certificación actualizada del Patrimonio Natural en 2024, en cumplimiento con lo ordenado por la Sala, aunque no han entregado los documentos de respaldo solicitados.

Levy exige mayor transparencia y acciones concretas de protección ambiental, ante lo que califica como una inacción administrativa que favorece intereses privados sobre ecosistemas legalmente protegidos.

Solicitan detener proyecto inmobiliario Puket en el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

Mediante el oficio AEL-00245-2025 dirigido al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, el ciudadano Marco Levy Virgo solicitó formalmente la aplicación del principio precautorio in dubio pro natura para detener el proyecto inmobiliario conocido como Puket, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio Ramsar n.º 783.

La solicitud se fundamenta en las consecuencias ambientales derivadas de la directriz 09-2023, así como en las irregularidades documentadas en el informe TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo. Este informe detalla afectaciones significativas en el ecosistema del humedal, incluyendo la tala ilegal, construcción de drenajes, introducción de especies exóticas y obras sin autorización en zona marítimo-terrestre.

El Refugio Gandoca-Manzanillo es un humedal de importancia internacional que alberga bosques anegados, manglares y especies como raphia taedigera (yolillo), pterocarpus officinalis (sangrillo) y prioria copaifera (cativo). Además, protege el acuífero Sixaola, recurso esencial para la región. De acuerdo con la Convención de Ramsar, Costa Rica tiene la obligación de garantizar su conservación y uso racional.

Según el documento enviado al ministerio, el terreno afectado presenta características de humedal y se encuentra íntegramente dentro de los límites de REGAMA. El informe citado denuncia la alteración de más de 9 hectáreas y la existencia de construcciones ilegales, canalización de aguas, así como una posible fragmentación de la propiedad con fines de urbanización.

Ante esta situación, se solicita la suspensión inmediata de toda actividad asociada al proyecto Puket y la revisión de la directriz 09-2023. También se pide investigar y sancionar las irregularidades ambientales detectadas, implementar un plan de restauración ecológica, proteger el acuífero Sixaola y verificar la legalidad de permisos otorgados.

Finalmente, se insta al ministerio de ambiente y energía a comunicar al secretariado de Ramsar las acciones adoptadas para garantizar la protección del sitio Ramsar n.º 783 y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Costa Rica.

AEL insiste en mayor diligencia estatal para proteger el Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) remitió una réplica formal a la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), en la que cuestiona la respuesta institucional ante los hechos denunciados en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el marco de la causa penal 23-000452-0829-PE.

En el oficio AEL-00242-2025, con fecha del 9 de junio, se señalan preocupaciones sobre presuntas omisiones del ACLAC en la atención de posibles afectaciones ambientales vinculadas a tala ilegal, drenaje de humedales e instalación de infraestructura sin estudios ni permisos ambientales en la zona protegida. La organización argumenta que las acciones institucionales no han sido suficientes y solicita mayor transparencia, así como el cumplimiento estricto de la Ley de Biodiversidad y la Ley Orgánica del Ambiente.

Entre las peticiones concretas dirigidas al ACLAC se encuentran la entrega de dictámenes técnicos, informes sobre el estado de regeneración del bosque y monitoreo ambiental, una justificación legal de por qué no se solicitaron medidas cautelares al Ministerio Público, y la articulación con la Municipalidad de Talamanca para investigar posibles desarrollos inmobiliarios en el área.

AEL también advierte sobre la importancia de cumplir con el principio de prevención ambiental y el deber de diligencia de las instituciones responsables de custodiar el patrimonio natural.

El oficio fue suscrito por Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, y fue enviado con copia a entidades como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, el Ministerio Público y el MINAE.

Referencia de imagen adjunta:

Radio 8 de Octubre. (2023). Costa Rica: ¿Quiénes son los detenidos en el caso de la destrucción del bosque del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo? Recuperado de:

https://radio8deoctubre.org/costa-rica-quienes-son-los-detenidos-en-el-caso-de-la-destruccion-del-bosque-del-refugio-de-vida-silvestre-gandoca-manzanillo

Organización exige medidas urgentes al ministro de Ambiente ante daños ambientales en el Refugio Gandoca-Manzanillo y el ACLAC

El pasado 5 de junio, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AED), con sede en Limón, envió una carta al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, en la cual solicita la implementación de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y para reestructurar el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC).

El documento, firmado por Marco Vinicio Levy Virgo, presidente de la AED, señala una serie de omisiones y decisiones administrativas que habrían deteriorado ecosistemas protegidos del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, en lo que considera un debilitamiento sistemático de la gestión ambiental.

Entre los antecedentes mencionados por Levy Virgo, se encuentran: la emisión de la Directriz 09-2023 y el rechazo inicial del documento Caracterización y Delimitación de Humedales; el desconocimiento del sitio Ramsar 783 (Gandoca-Manzanillo) en 2017; el impulso de proyectos inmobiliarios en la Zona 1 del refugio; y una gestión empírica del ACLAC, encabezada por el ingeniero Edwin Cyrus Cyrus durante más de 30 años.

Ante esta situación, la AED plantea ocho peticiones específicas:

  1. Que se realice una evaluación integral, a cargo de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el fin de dimensionar el daño ambiental en la zona.

  2. Que se ordene un estudio fotointerpretativo, utilizando las ortofotos del Registro Nacional de la Propiedad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el MINAE, para identificar los cambios en el uso del suelo en zonas clave del REGAMA.

  3. Que se emita una certificación oficial que respalde el registro legal de todos los humedales incluidos en el documento Caracterización y Delimitación de Humedales.

  4. Que se ordene el desalojo inmediato de ocupaciones ilegales en los humedales y en el sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo, a fin de detener la degradación de estos ecosistemas.

  5. Que se asigne un especialista en planificación territorial para apoyar técnicamente los procesos de restauración ecológica en la zona.
  6. Que se reestructure el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), mediante una nueva administración basada en criterios técnicos.
  7. Que se realice una auditoría operativa del ACLAC, enfocada en detectar fallas de gestión, omisiones en la caracterización de humedales y permisividad frente a intereses inmobiliarios.

  8. Que se implementen acciones concretas para reorientar la gestión del ACLAC, garantizando un abordaje integral que proteja los recursos naturales del Caribe Sur.

La carta concluye con un llamado al ministro a asumir su responsabilidad institucional y ejecutar un “golpe de timón” que garantice una administración pública eficaz, técnica y transparente en la protección de los recursos naturales.

La AED solicita una respuesta en un plazo de 10 días hábiles, con fundamento en la Ley General de la Administración Pública.

Foto: Semanario Universidad.

Organización ambientalista refuta respuesta del MINAE sobre permisos irregulares en Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.

Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.

La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.

La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.

Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.

La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.

El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.

El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.

Desarrollo turístico Bahía Papagayo incumple las normas de protección y mitigación ambiental

El Proyecto Bahía Papagayo se plantea como un desarrollo turístico-habitacional, ubicado en Guanacaste específicamente en el cantón de Carrillo, distrito de Sardinal. El proyecto por medio de su extensión de 117.6 hectáreas, busca integrar complejos de hospedaje, residencias, áreas recreativas y un espacio privado con instalaciones deportivas, salones de eventos y zonas de juego infantil.

Así mismo, la propuesta del proyecto abarca desde un complejo hotelero con cocinas, terrazas, piscinas, spa, gimnasio y restaurantes, además de lotes residenciales destinados a futuros desarrollos habitacionales. Pese a la magnitud de la inversión se han identificado diversas deficiencias en el cumplimiento de normativas y en la presentación de estudios ambientales. Además, se destaca la falta de autorizaciones de instituciones como SENARA, MOPT y SINAC, así como la carencia de elementos técnicos, como estudios geotécnicos completos, planos detallados y registros fotográficos que respaldan la viabilidad técnica del terreno.

El desarrollo inmobiliario se encuentra a cargo de la empresa: Enjoy Hotels & Resorts Sociedad Anónima cuyo representante legal es Andrés Pacheco Albónico. Dicha empresa es parte del conglomerado Enjoy Group, donde también se encuentran otros restaurantes y hoteles distribuidos en todo el país tales como la Marina Golfito, Fiesta Resort, Hilton Garden Inn Guanacaste, Mangroove, P.F. Changs, Hotel Villa Lapas, entre otros.

La infraestructura prevista en este desarrollo abarca una región caracterizada por una significativa cobertura de bosques maduros y secundarios, igualmente existe la presencia de humedales y manglares cerca de la zona. Estos terrenos por su alta vulnerabilidad ambiental se encuentran protegidos por la legislación del país, lo que subraya la importancia de conservar estos valiosos ecosistemas en medio de cualquier actividad de desarrollo.

La pérdida de estos ecosistemas por parte del proyecto podría desencadenar efectos adversos en la calidad del suelo y en la estabilidad de las laderas, agravando los impactos ambientales y comprometiendo la integridad del paisaje. Los tipos de bosques encontrados en el terreno desempeñan un rol en la regulación de los ciclos hidrológicos y la prevención de la erosión. Por otro lado, los humedales estuarios y manglares fungen en los procesos de filtración del agua y suministran refugio a diversas formas de vida silvestre.

A pesar de la relevancia natural y ecológica la empresa desarrolladora ha fallado al presentar la documentación pertinente para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto. Entre los incumplimientos, por los cuales se cuestiona dicho desarrollo inmobiliario se encuentran: la falta de permisos emitidos por SENARA, MOPT y SINAC, donde se garantice la legalidad del proyecto turístico, así como el pleno cumplimiento de las normativa en materia ambiental.

Una segunda polémica, se encuentra relacionada con la certificación de uso de suelo, a pesar de que la empresa cuenta con el certificado emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 2019. Existen deficiencias en la documentación, donde se asegure el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particular, con lo definido para las plantas de tratamiento de aguas residuales, elemento fundamental para mitigar impactos ambientales y garantizar la sostenibilidad en la protección de los ecosistemas circundantes.

El estudio biológico presentado por la empresa carece de la integridad necesaria para evaluar adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna locales. Igualmente, las medidas planteadas de mitigación del riesgo ambiental resultan insuficientes para proteger especies vulnerables, como el mono congo, la tortuga roja y el tamandúa. Esto representa una omisión grave al no considerar de forma detallada la conservación de la biodiversidad en un área tan ecológicamente privilegiada.

En cuanto al estado de la cobertura forestal del área, un informe realizado en 2024 por el Ing. Álvaro Solano Acosta sobre el Polo Turístico de Papagayo resalta que la mayor parte de la propiedad presenta una densa cobertura forestal. Solo una pequeña sección del terreno carece de esta característica. Esto refuerza la idea de que el área se encuentra, en gran medida, preservada y ha mantenido su integridad natural.

El informe destaca la alta densidad de árboles en la zona, tales como el cenízaro, guanacaste y guácimos. Estos árboles constituyen elementos vitales en la conservación de la biodiversidad local, proporcionando hábitats esenciales para una variedad de especies y contribuyendo a la estabilidad ecológica del área.

Según los datos presentados, aproximadamente el 92.5% de la finca está cubierta por bosque. Este porcentaje se complementa con la identificación de áreas de matorral arbolado y zonas de protección absoluta, especialmente en aquellas áreas asociadas a recursos hídricos como ríos y quebradas. Dichas áreas representan un componente crucial en la valoración ambiental de la zona, destacando la relevancia de conservar estos ecosistemas.

Específicamente, los levantamientos muestran que 34.1 hectáreas corresponden a cobertura forestal, mientras que 4.0 hectáreas se destinan a la protección de quebradas y 2.25 hectáreas a matorrales arbolados. Por último, en el informe, se confirma la presencia de un manglar registrado, denominado «Manglar Panamá 1», el cual refuerza la importancia ecológica de la zona. Dicho ecosistema juega un papel crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad local.