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Etiqueta: identidad colectiva

¿Unidad o simulación? La verdadera prueba del Convenio 169 en Cahuita

Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore.

En 1989, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 de la OIT para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, que Costa Rica ratificó plenamente en 1993, el mundo era muy diferente al de hoy.

La segregación racial y étnica era una norma tácita, y la IA estaba más allá de la imaginación de cualquiera.

La esperanza generalizada era que este acuerdo entre naciones civilizadas se implementara tan pronto como concluye su breve proceso de ratificación en cada país.

Sin embargo, más de tres décadas después, su implementación en Costa Rica sigue siendo una promesa incumplida.

El problema hoy no es la falta de una ley, sino su evasión.

El artículo 6 del Convenio es claro: El Estado debe consultar a los pueblos interesados con el fin de llegar a un acuerdo o consentimiento. Esto no se trata de informarles sobre decisiones ya tomadas, ni de celebrar audiencias públicas. Se trata de garantizar el derecho a la participación colectiva en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, como lo demuestra la resolución constitucional sobre el «Plan Regulador Costero de Cahuita», el Estado ha sustituido la consulta genuina por mecanismos de participación general, diluyendo así la voluntad de los titulares de derechos.

Aquí radica la distorsión central: confundir «población» con «pueblo».

El Convenio 169 no protege a todos los habitantes de un territorio, sino a los pueblos definidos por su autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural; y no por un linaje étnico directo.

En Cahuita, esto implica que el sujeto de consulta no es la totalidad de los residentes, sino el pueblo tribal afrodescendiente, definido conforme a criterios de autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural. En consecuencia, aquellas personas que no comparten dicha identidad colectiva —por carecer de vínculo histórico, cultural o de autoidentificación con el pueblo tribal— no forman parte del sujeto titular del derecho de consulta.

En este punto resulta imprescindible apelar al juicio humano, en lugar de depender exclusivamente de la inteligencia artificial, cuya interpretación de los hechos contemporáneos suele estar condicionada por las proyecciones y supuestos de sus desarrolladores sobre un futuro incierto, más que por la complejidad de la realidad presente.

En esta línea de pensamiento, surge un fenómeno contemporáneo ineludible: La creciente complejidad de la identidad, resultado de los procesos de migración, mestizaje y asimilación cultural.

Ante la ausencia de normas claras basadas en la realidad de nuestras comunidades, la ambigüedad genera conflictos internos.

Y este tipo de conflictos, lejos de conducir a soluciones, benefician los intereses del Estado.

Durante el último año, el incumplimiento de la Convención ha encontrado la excusa perfecta en las divisiones internas de las comunidades: permite seguir eludiendo la consulta, justificando la inacción y trasladando la responsabilidad a las propias comunidades afectadas.

Así, el problema deja de ser una cuestión estatal y se convierte convenientemente en una cuestión comunitaria.

Ante este escenario, la comunidad tribal afrodescendiente de Cahuita se enfrenta a un dilema histórico: definirse como sujeto colectivo de acuerdo con los criterios del Convenio 169, o permitir que la ambigüedad siga facilitando la simulación de consulta.

No hay una tercera vía.

La unidad, en este contexto, no es un ideal abstracto. Es una condición jurídica.

Sin ella, no hay consentimiento válido, ni consulta legítima, ni posibilidad de autodeterminación.

En este escenario, incluso los prejuicios históricos —como la narrativa de que «los pueblos afrodescendientes no pueden llegar a acuerdos»— dejan de ser meros estigmas y se convierten en herramientas funcionales de despojo.

La cuestión ya no es jurídica, sino histórica:

¿Permitiremos que se confirme esta narrativa («los negros no se unen«), o construiremos, desde la unidad, el verdadero fundamento de nuestros derechos?

Cahuita, Talamanca

¿Crisis o tragedia?

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Bien hacen los que, en gesto patriótico, desenmascaran a quienes, desde el poder, atropellan las instituciones democráticas que sustentan nuestro Estado de Derecho. Los apoyo de corazón. Pero esto no basta. La tragedia que Costa Rica, estupefacta, está viviendo ante los desmanes del actual residente de Zapote – el apelativo honroso de “presidente” de una nación democrática, le queda muy pero muy grande a este improvisado que hoy (des)gobierna a nuestra querida Patria – debe ser analizada a la luz de nuestra historia. Eso da para escribir un libro entero; aquí tan sólo pretendo esbozar sus grandes líneas.

La forja de una nación se da en tres etapas. Nace como “pueblo”, se desarrolla como “nación” y se institucionaliza formalmente con la creación del Estado Nacional. Con una madurez impresionante, Costa Rica lo logró antes que otras naciones del entorno y por medios – lo cual es aún más impactante- eminentemente políticos, es decir, con un mínimo de derramamiento de sangre fratricida. Veamos. En el s. XVII gracias al mestizaje, nacimos como pueblo (el homo sapiens es una especie de mamíferos que vive en manada). En las décadas finales del s. XVIII e inicios del XIX, bajo la influencia de las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III, nos convertimos en “nación”, es decir, adquirimos conciencia de nuestra identidad colectiva; este proceso fue hegemonizado por las nacientes ciudades del occidental del Valle Central, San José y Alajuela, triunfadores de la Batalla de Ochomogo (1823) que creará la Costa Rica liberal y republicana. En el siglo XIX, luego de nuestra independencia, forjamos el Estado Nación, gracias al espíritu visionario de Braulio Carrillo, al heroísmo patriótico de Juanito Mora y a la firmeza de los liberales de la década de los 80. Con la reforma de la educación de D. Mauro Fernández, se pusieron las bases de lo que será lo que los costarricenses entendemos por “democracia”, el Estado social de derecho. Esa fue la labor del siglo XX, llevada a cabo en tres etapas. La creación del Estado de derecho fue liderada por la generación del Olimpo, en especial por ese gran político que fue Ricardo Jiménez. En la década de los 40 se forja el Estado Social; fue una década especialmente violenta que culminará con la guerra civil de 1948 y el nacimiento de la Costa Rica contemporánea. Allí se da un pacto social entre los diversos sectores sociales con un protagonismo de los nacientes sectores medios, liderados por el recién creado Partido Liberación Nacional; todo en búsqueda de la trasformación del país gracias a un proceso de modernización, iniciado en el gobierno de Francisco J. Orlich (1962-66).

La crisis que hoy vive Costa Rica proviene de la obsolescencia que, de ese modelo de nación, como lo prueba la decadencia (¿irreversible?) del partido que hegemonizó la vida política del país durante toda la mitad del siglo pasado, Liberación Nacional. Se ha creado con ello un vacío de poder en un país que, como en todos los países de cultura latina, urge de un caudillo como en el pasado fueron Juanito Mora, Ricardo Jiménez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y José Figueres. Hoy ya no basta administrar el Estado para, introduciendo algunas reformas, mantener el statu quo. El proceso burgués de modernización ha traído como consecuencia el debilitamiento de los sectores agrícolas y el surgimiento de sectores urbanos que hoy constituyen la mayoría política, económica y cultural de la población. Actualmente nuestra economía se basa no en la producción agraria, sino en la exportación de artefactos, hechos por profesionales salidos de nuestras universidades, empleados de las grandes empresas transnacionales instaladas en las zonas francas en constante crecimiento. En segundo lugar, nuestra economía se basa en el turismo, el cual está llamado a convertirse en el primer factor de producción de nuestras riquezas a mediano plazo. Costa Rica no tiene productos estratégicos para insertarse en el mercado mundial, como es el petróleo como materia prima y fuente de la energía que mueve a la economía mundial, o los cereales en el campo agrícola, para suministrar alimentos a una población de 8 mil millones de seres humanos. La riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad, cuyo disfrute posibilita el desarrollo del turismo, el cual se nutre de nuestras bellezas naturales y de la gentileza de nuestras gentes. Pero el turismo requiere de paz local, lo cual sólo se logra gracias a un Estado que aplique la justicia en los tribunales, a una policía que dé seguridad ciudadana y a un sistema político basado en la justicia social; ya que los pueblo sólo son felices si tienen un presente que les garantice seguridad económica y un futuro para sus hijos gracias a una excelente educación, todo sustentado en un sistema de servicios baratos que provea de salud a toda la población. Motor de este proceso es el avance en el desarrollo científico-tecnológico, que sólo se logra gracias a la consolidación de una educación superior pública que promueva la investigación de punta, puesta al servicio de las mejores causas.

Lo dicho sólo se logrará cuando el pueblo tome conciencia de su condición de sujeto de su propio destino y se organice políticamente para lograrlo. La crisis ha sido agravada por el actual gobierno, si bien se ha venido sistemáticamente incubando desde décadas atrás, debido a que gobiernos anteriores debilitaron el Estado Social de Derecho. Pero hay que enfatizar que esta crisis debe ser vista, no como una tragedia irremediable sino como una crisis que anuncia una nueva etapa de nuestra hermosa historia patria, gracias a un pueblo que, en sus momentos más álgidos, ha dado muestras de una impresionante madurez política. La crisis de los partidos políticos debe servir para dar el salto de una democracia representativa a una democracia directa y popular, sin por ello debilitar la institucionalidad democrática vigente. Todo lo cual sólo se logrará por etapas, como todo en la vida individual y de los pueblos. En concreto, debemos aprovechar las próximas elecciones, cuyos aires ya han comenzado a soplar en el ambiente político doméstico, para debatir sobre estos temas. Por ahora, no nos preocupemos por forjar líderes; esto se los dará el propio pueblo cuando la coyuntura política lo requiera. De nosotros depende que la crisis actual no degenere en tragedia.

EL SÍNTOMA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No es solamente una cifra que aumenta día con día. Es cierto que la estadística dimensiona, señala, indica. Pero más allá del dato, lo que verdaderamente es preocupante es la confirmación de una geografía de la violencia instalada prácticamente en todo el país.

Los puertos, la gente joven, las mujeres. Son tres dimensiones, tres resultados que plantean una dinámica instalada ya para la que el país pareciera no tener retorno.

¿Quién pone los muertos y por qué?

En ausencia de un proceso político robusto, sustituido por el franquiciado a nivel electoral, la identidad de un proyecto país se ha diluido y hoy quienes ejercen el poder real están lejos de Zapote y Cuesta de Moras.

Las reglas del juego de una identidad colectiva parecieran marcarlas el mercado, el sobrepeso cultural del vacío, la app de la felicidad.

Es por ello por lo que la violencia se ha instalado como constructora de un tejido social débil, apenas existente. Hace unos días un medio de comunicación local me consultaba sobre las razones de la participación de personas jóvenes en el sicariato.

Les decía que la pérdida de sentido social aunada al dinero fácil era una mezcla mortal y poderosa. Ante esto, no hay revolución ni educativa ni cultural que pueda “resetear” esa crisis, cualquier crisis.

Hemos dicho en este espacio de reflexión, que es urgente una refundación. No nos referimos ni siquiera a una constituyente como instrumento. Pensamos más bien en mecanismos que nos permitan hablarnos, vernos a los ojos de nuevo, creernos los unos a los otros. Empezar por el principio básico de la convivencia.

Los datos no debieran ser solamente el indicador, pero señalan el síntoma. Al momento de escribirse esta columna se contabilizaban 193 homicidios en lo que va del año y las autoridades señalan que 7 de cada 10 corresponden a ajustes de cuentas.

Los puertos, los jóvenes, las mujeres. Son esas cuentas que desde hace mucho se nos perdieron en el país.

Recuperémoslos.