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Etiqueta: IEM-UNA

IEM-UNA rechaza amenazas de muerte contra diputadas

UNA Comunica. 17 de octubre de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante los actos de violencia política perpetrados en contra de las diputadas Andrea Álvarez Marín del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio (FA), las cuales han recibido un correo electrónico con amenazas de muerte, tal y como ha sido señalado por las afectadas de manera pública.

El IEM rechaza la violencia política sea cual sea la manifestación de donde emane y denuncia las terribles prácticas que se han ejercido en contra de las mencionadas diputadas.

En los últimos dos años, el aumento exponencial de la violencia en nuestro país ha venido acompañado de un preocupante incremento de casos en los que mujeres políticas que no forman parte del oficialismo han sido blanco de descalificaciones, amenazas, intimidaciones y ataques, tanto en redes sociales como en la esfera pública. Esta violencia no solo atenta contra las personas afectadas, sino que constituye una amenaza directa a nuestra democracia, al intentar generar un clima de miedo, acallar las voces críticas, restringir la competencia política y sofocar el disenso.

Este tipo de agresiones representan un grave retroceso en los avances democráticos de nuestro país, afectando también de manera significativa la participación política de las mujeres. Costa Rica, como firmante de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y comprometida con la Plataforma de Acción de Beijing, debe garantizar la participación plena y libre de violencia de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el político.

Ante este contexto, el IEM emite un llamado urgente a renunciar al uso de la violencia como medio de acción política. Condenamos firmemente la utilización de la fuerza, la incitación al odio, la coacción y las amenazas, ya que debilitan el debate democrático y dificultan el diálogo fundamental para el avance de la nación.

El Instituto exige a las autoridades judiciales y de seguridad que actúen con prontitud y severidad para identificar y castigar a las personas responsables de dichas agresiones. Asimismo, se hace un llamado al Gobierno para que asegure la protección y la seguridad de las diputadas, permitiéndoles ejercer sus responsabilidades sin preocupaciones sobre su bienestar físico y emocional.

Finalmente, hace un llamado a todos los actores políticos y a la ciudadanía a rechazar y condenar la violencia de género, tanto física como digital, y a promover el diálogo respetuoso y pluralista como base de una democracia saludable.

Se insta también a las organizaciones de mujeres a mantenerse vigilantes frente a posibles nuevas acciones de violencia y a alzar nuestras voces con firmeza en defensa de los derechos de las mujeres en la política. “Es fundamental que nos unamos para denunciar cualquier intento de intimidación y proteger los espacios de participación política libres de violencia y coacción. Solo a través de la solidaridad y la acción conjunta podremos garantizar una democracia más inclusiva y justa para todas”, afirmó el Instituto.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Violencia digital se asienta entre adolescentes

  • Compartir material íntimo como fotos y videos aparece en primer lugar de estudio que aplicó cuestionario a 146 personas adolescentes.

  • 76% dijo que la tecnología es importante en las relaciones de pareja.

UNA Comunica. 19 de setiembre de 2024. Tres estudiantes de un colegio en Heredia fueron suspendidos el mes anterior por alterar imágenes de compañeras utilizando Inteligencia Artificial (IA). Este, es un caso de violencia digital.

Es también el retrato de la forma en que ahora, hombres y mujeres en edad adolescente, interactúan con el uso de las nuevas tecnologías, trasgrediendo derechos de otras personas. Pero no es la única forma.

Un proyecto de investigación del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), aplicó un cuestionario de 24 preguntas, utilizando como modelo a un colegio de zona urbana y otro de colegio rural. En total, se entrevistó a 146 personas que cursan décimo o undécimo año y con edades entre los 16 y 18 años.

Uno de los resultados más esclarecedores, indica que, de la población total consultada, un 90% de la zona rural afirmó que conoce al menos de una situación de violencia empleando la tecnología. En el caso del colegio urbano, el porcentaje es del 85%.

“En este sentido, es posible afirmar que las situaciones de violencia mediadas por la tecnología resultan bastante habituales en la cotidianeidad de las personas adolescentes y que el estudiantado está en la capacidad de reconocerlas como situaciones que son efectivamente violentas”, se indica en la investigación.

El estudio hizo una aproximación sobre las principales situaciones de violencia que dijeron reconocer las y los encuestados. En primer lugar, aparece la acción de compartir material íntimo como fotos o videos (68,7%), seguido de actitudes de celos por publicaciones que se comparten desde las redes sociales (64,6%).

Luego, destacan la divulgación de memes como gesto de burla o acoso contra otra persona y, en cuarto lugar, el envío de mensajes o llamadas de manera repetida para vigilar a su pareja adolescente.

“También logramos identificar otras situaciones en donde tanto hombres como mujeres ejercen violencia por medio de la tecnología. En el caso de ellas, pudimos constatar que lo ejercen más por el tema de controlar y ver qué hace mi pareja. En cuanto a ellos, la utilizan más para lo que llaman ‘quemar’ a alguien, compartiendo imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

Estos resultados se destacan en el estudio Tecnologías y violencia de género en las relaciones de pareja de adolescentes a cargo de las académicas Mena, Fanella Giusti y Silvia Jiménez del IEM.

De acuerdo con Jiménez, para el desarrollo de este trabajo fue fundamental el apoyo del Ministerio de Educación Pública (MEP), por medio de un convenio para acceder a los centros educativos y al consentimiento informado de los padres o encargados legales de los adolescentes.

“Esta temática es de mucha relevancia en la actualidad porque sabemos que la tecnología es algo del día a día, de su cotidianidad, más aún entre la población adolescente que creció en plena era digital y que la utiliza para socializar y relacionarse afectivamente”, indicó Silvia Jiménez.

Además de estos resultados, el proyecto contempla la divulgación de una campaña por redes sociales con posteos para ayudar a identificar conductas o acciones que representen violencia de género digital. El nombre de la campaña es Alto a la violencia digital.

Otros resultados

Comentarios digitales que afectan la reputación de la persona, uso de perfiles falsos para establecer una relación, acceso a contraseñas y cuentas personales, revisión del teléfono celular sin consentimiento, grabación de encuentros sexuales y publicación de imágenes alteradas (como el caso de los estudiantes de Heredia), son otros ejemplos de casos que las y los adolescentes dijeron reconocer.

El cuestionario reportó que en la mayoría de situaciones, son los hombres quienes realizan la acción y las mujeres quienes lo reciben. Sin embargo, en algunas de ellas las diferencias no son significativas. Por ejemplo, en el caso de compartir imágenes o mensaje íntimos el porcentaje indicado de que son ellos quienes lo hacen contra ellas es de un 46,3%, mientras que viceversa, es de un 43,5%.

A pesar de ello, para un 76% de las personas consultadas las tecnologías tienen un papel trascendental en sus relaciones de pareja, frente a un 24% que dijo que este factor tiene poca o ninguna importancia.

Del total de personas consultadas, 106 manifestaron que el principal uso que le da a la tecnología en sus relaciones es para “conversar”, 77 mencionaron que “para compartir fotos y/o videos”, mientras que 43 para “tener encuentros sexuales”.

El estudio también consultó acerca de cuáles consideran que son los efectos más relevantes en la salud física o emocional de situaciones de violencia vividas. Este ítem lo respondieron 48 adolescentes, y destaca en primer lugar la “inseguridad” como principal consecuencia. Le siguen sentimientos de “enojo”, “ansiedad” y “vergüenza”.

Al respecto, la investigación concluye que “es importante vislumbrar las posibles ramificaciones que podría acarrear tales efectos, dentro de los cuales conviene destacar el suicidio. Si bien es cierto que en los datos de la presente investigación la ideación suicida es reportada en menor medida por el estudiantado, el malestar emocional a raíz de situaciones de violencia en las redes sociales es una de las principales causas de este fenómeno entre la población adolescente. En este sentido, los datos recopilados merecen una aguzada atención, pues pueden conllevar consecuencias psíquicas perdurables y hasta irreversibles”.

En términos generales, se identificó que el teléfono celular es el dispositivo electrónico que más poseen los estudiantes, y mientras en la zona urbana un 67% dijo utilizar aplicaciones, ese porcentaje se reduce a un 51% en la zona rural. La edad de inicio en el uso de aplicaciones es de 12,94 años y las principales apps que utilizan son WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Tok y videojuegos en línea.

El estudio determinó, además, que algunos estudiantes manifestaron que han utilizado aplicaciones para citas (su uso se reporta a los 13 años en el caso de zona urbana y de 16 años en zona rural).

Finalmente, se estableció que, para la población de ambas regiones, el promedio de edad en que inician las relaciones de pareja es a los 14 años.

Se adjunta el estudio.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

En promedio 136 mujeres solicitan medidas de protección por violencia al día

  • Acompañamiento psicológico y determinación de variables socioeconómicas, laborales y familiares son esenciales para un abordaje integral y de protección a víctimas

UNA Comunica. 6 de setiembre de 2024. Actualmente, en promedio, 136 mujeres estarán acudiendo a instancias judiciales a solicitar medidas de protección ante situaciones de violencia. Al año, serían 62 mil casos, de acuerdo con el Examen Periódico Universal Costa Rica de abril 2024, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.

La estadística surge en el contexto donde se dio a conocer el reciente caso del femicidio de Loida Villalobos, de 34 años, quien aparentemente murió a manos de su esposo, en su casa en La Tigra de San Carlos, el pasado 27 de agosto.

Ella estuvo casada con el presunto agresor desde el 2010 y desde hace tres meses estaban separados. El sospechoso tenía prohibición de acercarse a Villalobos, medida que incumplió para cometer el femicidio.

Junto con la abogada especialista en derechos humanos y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), Larissa Arroyo, se analizó el entorno de exposición que sufren las mujeres víctimas de violencia y la efectividad de las medidas cautelares.

Para la experta, es importante considerar, en primera instancia, que el Estado está en la obligación de acatar lo que disponen las leyes en este tema, y luego velar por la adecuada implementación de las medidas que muchas veces están incluidas en protocolos, guías y manuales.

Sin embargo, es insuficiente lo que el Estado hace en este momento para resguardar la seguridad de la víctima, más allá de la denuncia presentada. Es ahí donde debe determinarse la magnitud de cada caso particular y, a partir de ahí proponer los abordajes económicos, de acompañamiento psicológico, laboral, de educación y vivienda que permita un abordaje integral.

“Pensemos en esos 136 casos diarios y lo que puede significar a nivel institucional. Porque entonces voy a necesitar a una policía y a un Poder Judicial, capacitados. Por eso es por lo que, para mí, es muy importante que no solo hablemos de las medidas cautelares, pues no es así como vamos a llegar a las verdaderas causas”, determinó Larissa Arroyo.

Además, las mujeres deben enfrentar los mitos y estereotipos alrededor del tema de la violencia, que abarca también el ámbito institucional. Por ejemplo, Arroyo mencionó aquellas situaciones donde, en el ámbito institucional, las denuncias son tramitadas por personas funcionarias que carecen de una perspectiva de género.

Caso por caso

Denunciar la agresión siempre será un paso necesario y fundamental; sin embargo, se debe analizar cada caso por aparte y determinar lo que puede implicar para la víctima. “Si se tratara de mi amiga, de mi vecina, de mi prima, mi consejo es que plantee la denuncia, pero que, en la medida de sus posibilidades, piense en un plan previo, porque no es lo mismo si ella convive con la persona o no, si depende económicamente de él, si tienen hijos o si padece alguna enfermedad. Todas estas variables hay que considerarlas”, agregó Arroyo.

Al mismo tiempo, reconoce que, dependiendo de las circunstancias, la persona afectada no va a tener tiempo de pensar en un plan previo, más aún si la agresión se consume intempestivamente. “Ahí, el consejo es llamar de manera inmediata al 911, porque ellos tienen el personal entrenado para intervenir y trasladar a la víctima a un lugar seguro que puede ser un albergue o donde un familiar”.

Asistencia jurídica

Dentro de ese abordaje integral que debe brindarse desde la institucionalidad, Larissa Arroyo aboga por garantizar el patrocinio legal a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Ese tema, incluso, forma parte de las recomendaciones que giró el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al examinar el octavo informe del Estado costarricense en esta materia, de febrero del año anterior.

En el apartado de recomendaciones se indica: “Amplíe los servicios públicos de asistencia letrada debidamente financiados a fin de asegurar la asistencia jurídica a las mujeres que no dispongan de medios suficientes en los procedimientos en materia penal, civil y administrativa relacionados con la violencia de género y la discriminación contra las mujeres”.

Para Arroyo, dentro del contexto socioeconómico de las víctimas puede darse ese sentido de desprotección, al no contar con los recursos económicos suficientes para sufragar la asistencia legal.

Para estos efectos, desde el 14 de julio de 2023 rige la ley 10.347 que adiciona un artículo a la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el cual promueve la suscripción de convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales relacionados con la Ley 8.589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Otras iniciativas, como el expediente 24.303, está en discusión en este momento en la Asamblea Legislativa y busca, también en aras de cumplir con las disposiciones de CEDAW, crear un régimen de reparación integral para familiares y dependientes que han sobrevivido a un femicidio y que incluye asistencia médica, psicológica y representación jurídica.

Finalmente, Larissa Arroyo hizo un llamado a que el país avance en estrategias interseccionales para reconocer cómo la violencia basada en género afecta a las mujeres de distintas formas y estará condicionada, además, a si se trata de una mujer migrante, por ejemplo, o de una región indígena, afroscostarricense, transexual o si posee alguna condición de discapacidad.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNA tituló a 18 personas en técnico de Género y Políticas Locales

El pasado 26 de junio, la Rectoría y el Instituto de Estudios de la Mujer de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (IEM-UNA), realizó la graduación de la primera generación del curso técnico en Género y Políticas Locales. En esta oportunidad 18 personas, la mayoría mujeres, obtuvieron su título técnico.

Dichos estudios permiten a las personas comprender y abordar las diferentes formas de influencia del género en sus vidas y las sociedades. Además, mediante la investigación son capaces de identificar las desigualdades y desafiar las discriminaciones basadas en género, para garantizar una sociedad más justa e inclusiva.

Al acto asistieron autoridades universitarias, docentes del Instituto, así como los acompañantes de los graduandos. Cabe destacar que este programa técnico fue impartido de forma gratuita y de manera virtual durante ocho meses, equivalente a 526 horas certificadas.

Fanella Giusti, directora del IEM, resaltó que el técnico en Género y Políticas Locales, ha sido un esfuerzo colectivo que refleja la dedicación del Instituto con la formación de profesionales capaces de deliberar el cambio, promover la igualdad y equidad de género en sus comunidades. “Este conocimiento no solo beneficia a su desarrollo profesional, sino que impacta en positivo a la sociedad en su conjunto. Al entender y aplicar conceptos de igualdad de género, los graduados son capaces de enfrentar los retos sociales contemporáneos y contribuir al desarrollo de políticas públicas más inclusivas y equitativas.

Francisco González, rector de la UNA, indicó que esta ceremonia marca un importante avance en el compromiso de la UNA con la educación inclusiva y el desarrollo social, la equidad y justicia social. “Al incorporar una perspectiva de género obtenemos una comprensión más clara y, por lo tanto, un abordaje más efectivo de los desafíos comunitarios y así promover una verdadera inclusión sustentada en el ejercicio real de los derechos humanos», subrayó González.

Igualitaria e inclusiva

María Moreira, una de las estudiantes del curso, expresó que emprender este proyecto académico significó adentrarse en un nuevo camino de aprendizajes, el cual transformó por completo su vida y la de sus seres queridos. “Cada nuevo conocimiento nos inspira a creer en la posibilidad de construir un mundo más colaborativo, menos violento, más igualitario e inclusivo. Con orgullo puedo decir, que quienes completamos este técnico somos agentes de cambio, conscientes del poder transformador que poseemos”, agregó Moreira.

Shiley Molina, otras de las graduadas, comentó que el curso realizado ha sido un aliado en su trabajo al contar con mayores herramientas, desde una perspectiva de género y derechos humanos, que con visión más inclusiva.

Stephanie Vargas, también estudiante graduada, manifestó que el técnico contribuyó a reforzar sus conocimientos superiores en trabajo social, con un enfoque más dirigido a una población específica, por eso es que busqué este técnico en género. “Lo novedoso para mí fue el tema de políticas locales, cómo se trabaja y manejan las políticas públicas desde un gobierno local, este fue como el punto que mayor pudo enriquecer mi aprendizaje”, dijo Vargas.

Este es un programa colectivo que refleja el compromiso del IEM con la formación de profesionales capaces de liderar el cambio y promover la equidad de género en sus comunidades.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Pandemia incrementó desigualdad de género en espacio doméstico

A partir de la pandemia, el espacio doméstico se convirtió en un lugar con mayor desigualdad de género, no solo porque se trasladó el trabajo remunerado de la esfera pública hacia la esfera privada del hogar, sino también porque las horas laborales y las dedicadas a las tareas domésticas y de cuido se acumularon desproporcionadamente sobre las espaldas de las mujeres. Así lo confirman los resultados de la investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA”, elaborada por Ana Elena Obando, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (IEM-UNA).

Ya antes de la pandemia, datos de la Organización de las Naciones Unidas reportaban que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a los trabajos domésticos y de cuido no remunerados (entre 22 y 42 horas por semana).

Con la crisis sanitaria, esta desigualdad se profundizó. En el caso de las mujeres académicas, el estudio del IEM-UNA revela que al trasladarse -con el confinamiento- el trabajo remunerado de la Universidad al hogar, se borró la línea de tiempo que dividía a este de las tareas domésticas.

“Ello originó un caos… Al cambiar los tiempos y el espacio, aumentaron las horas de ambos trabajos, comprimidos en un espacio que no tenía las condiciones físicas para el teletrabajo”, destaca el informe de esta investigación, cuyos resultados se obtuvieron a partir de cinco grupos focales con la participación de un total de 22 académicas de distintas áreas del conocimiento, de diversas sedes, con edades entre 33 y 57 años.

A esto se sumó el cierre de centros educativos y de cuido -tanto públicos como privados- a los cuales asistían sus hijos e hijas, que significó una presión adicional para las mujeres como principales cuidadoras.

Polifuncionalidad y soledad doméstica

La multiplicación de las horas de trabajo remunerado y no remunerado se relaciona con la polifuncionalidad que debieron asumir las mujeres.

En los grupos focales, la mayoría de las académicas afirmó que el trabajo doméstico, las múltiples tareas de cuido, más todo el trabajo de la Universidad, incluyendo la atención a estudiantes -quienes generalmente no respetaban los horarios laborales- las obligó a trabajar hasta en la madrugada para poder cumplir con todo.

 “Se me fue el día haciendo meriendas, atendiendo a mis hijos, haciendo tareas y atendiendo a los estudiantes, porque no es lo mismo cuando una está en clases presenciales, allí tienen menos dudas y se evacúan de inmediato” , dijo una académica, según se registra en el informe de la investigación.

Como parte del estudio, se contabilizaron en una tabla las horas dedicadas al trabajo remunerado, así como las destinadas a tareas domésticas y de cuido por ellas y sus parejas, lo cual confirmó la desigual distribución de los trabajos entre los sexos y evidenció la extensión de la jornada laboral remunerada de 8 horas hasta 14, tiempo extra no reconocido ni remunerado.

Las académicas también experimentaron lo que en la investigación se denominó soledad doméstica, que se refiere a la falta de acompañamiento en las tareas domésticas y de cuido de parte de sus esposos o compañeros.

La mayoría de ellas coincidieron en que sus parejas “les ayudaban”, pero que la responsabilidad principal siempre recaía sobre ellas.

La investigadora Ana Elena Obando destacó que esta soledad doméstica, que generalmente ha sido acompañada por otras mujeres (familiares o empleadas domésticas), se hizo más evidente en tiempos de pandemia, ya que el confinamiento y el miedo al contagio las limitó para buscar apoyo en los oficios domésticos, a la vez que las aisló por completo del espacio social presencial.

No es casual, entonces, que las académicas manifestaran que extrañan la oficina como un espacio separado del hogar, ya que en este no solo podían dedicarse al trabajo remunerado sin las distracciones presentes en la modalidad de teletrabajo, sino que permite la interacción con personas fuera de la familia; es decir, ofrece la posibilidad de mantener cierto equilibrio emocional y social, que aliviana la carga laboral y académica.

Tareas de valor

La investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA” parte de la premisa de que las tareas del hogar y de cuido generan producción y valor, por lo cual deben reconocerse y contabilizarse en los modelos de la economía, buscando formas de redistribuirlos equitativamente entre ambos sexos, tanto desde el Estado como mediante medidas institucionales.

Esta premisa está en concordancia con el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), que establece el deber de: “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.”

En este sentido, esta investigación incluye recomendaciones orientadas a que se realicen los cambios en el ámbito universitario para contribuir a equilibrar la desigual carga académica y laboral que recae sobre las trabajadoras universitarias, con el fin de mejorar la salud, las condiciones laborales de las académicas y su crecimiento profesional.

En esa línea, se propone realizar campañas para instar a los hombres universitarios y a otros a que asuman su responsabilidad del 50% de las tareas del hogar y de cuido junto a las mujeres y demás miembros adultos de la unidad familiar.

Asimismo, se insta a que la Universidad dé pasos en esa dirección, mediante políticas, horarios, salarios, tiempos de reuniones y creación de unidades y redes especiales de apoyo para el cuido de las y los niños y adultas(os) mayores, que generalmente están a cargo de las mujeres universitarias.

Además, se recomienda reformar el Reglamento de Régimen Académico para crear nuevas formas de evaluación que tomen en cuenta desde las labores académico-docentes, de investigación y acción social, entre otras, hasta los trabajos de cuido y del hogar que hacen las mujeres.

 “Medir a ambos sexos bajo los mismos parámetros y exigirles los mismos requisitos obviando la división sexual del trabajo, resultará en odiosas discriminaciones contra las mujeres y perpetuará las desigualdades de género existentes”, subrayó Ana Elena Obando, autora de la investigación.

Este tipo de trabajos se inscribe dentro de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (PIEG-UNA), que en su numeral 4 señala la importancia de fomentar la conciliación de la vida profesional, laboral y familiar del personal académico y administrativo.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Enviado por Oficina de Comunicación, Universidad Nacional, Costa Rica.

Imagen tomada de https://www.themarkethink.com/