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Etiqueta: IFAM

Proyecto de ley establece mecanismos para que municipalidades actualicen tarifas de servicios

  • Con apoyo de IFAM y PNUD, diputaciones de la comisión de asuntos municipales proponen procedimientos para la revisión periódica de tasas y tarifas por servicios municipales.

  • Auditorías de la Contraloría y estudios del PNUD revelan que municipalidades usan recursos que deberían ser para inversión en financiar gastos ordinarios.

Diputaciones de la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa presentaron el proyecto de ley expediente 24.384 que define procedimientos obligatorios, para que las municipalidades actualicen las tarifas y tasas que ya cobran por los servicios prestados. La iniciativa evitaría la desactualización de las tarifas y la pérdida de ingresos que afectan la calidad de los servicios municipales.

Los gobiernos locales realizan distintos servicios como la recolección de residuos sólidos, el mantenimiento y gestión de parques y espacios verdes públicos, la limpieza de caños y acequias, e incluso en algunos cantones la gestión del agua potable y alcantarillado sanitario. Estas acciones son financiadas con las tasas y tarifas que pagan las personas habitantes del cantón.

“Las municipalidades enfrentan un reto en hacer inversiones para mejorar la calidad de los servicios porque los cálculos mediante los cuales fijaron las tarifas están desactualizados, por lo que apenas alcanzan para la operación mínima. El Código Municipal establece que cada municipalidad cobrará tasas y precios considerando su costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Pero la falta de mecanismos que aseguren la actualización oportuna hace que se queden sin presupuesto para mejoras y ampliación de servicios”, dijo Jorge Ocampo Sánchez, presidente ejecutivo del IFAM,

Según el Código Municipal las tasas y tarifas deben revisarse anualmente. Sin embargo auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) y estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revelan que hay gobiernos locales que pasan años sin actualizar sus tarifas, generando un grave deterioro en la calidad de los servicios públicos que brindan. Cuando por fin una administración municipal responsable hace la revisión, años de inacción pueden convertirse en fuertes golpes al bolsillo de las y los habitantes, al generar aumentos que no estaban presupuestados.

Para solucionar lo anterior, la iniciativa de ley, impulsada por los diputados Horacio Alvarado (PUSC), Luis Diego Vargas (PLP), Danny Vargas (PLN), Geison Valverde (PLN), Waldo Agüero (oficialista) y la diputada Olga Morera (PNR), establece procedimientos para que la alcaldía – en coordinación con los departamentos técnicos municipales – realicen estudios tarifarios cada 4 años, el año en que se realizan las elecciones municipales. Los estudios deberán ser conocidos y aprobados por los concejos municipales ese mismo año en que inicia la administración.

“El procedimiento y los plazos para la fijación de precios por servicios públicos municipales deben regirse por criterios técnicos, incluyendo valoraciones socioeconómicas para asegurar que no se afectarán a las poblaciones más vulnerables. Al ser un procedimiento de carácter obligatorio, se libera a los concejos y alcaldías de las presiones políticas que reciben para que no realicen los ajustes, permitiendo que concentren su tiempo y esfuerzos en el análisis técnico de la propuesta financiera, que sea costo-eficiente y beneficie a la población del cantón”, señaló Horacio Alvarado Bogantes, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa.

Además, el proyecto propone que posteriormente se deberá realizar el ajuste cada año correspondiente a la variación interanual del índice de precios al consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“El estudio identificó casos en los que municipios se ven obligados a reducir la calidad, frecuencia o cobertura del servicio, debido a estas restricciones presupuestarias. Esto pone en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales para las personas residentes, afectando de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerabilizadas, que son quienes más urgen de gobiernos locales fortalecidos, democráticos, cercanos y capaces de cubrir las necesidades más apremiantes”, aseguró José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD en Costa Rica.

El proyecto de ley es apoyado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU), implementado por el PNUD y ejecutado por la Organización para Estudios Tropicales (OET) con financiamiento de Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés).

“Para los gobiernos locales es muy importante tener lo más claro y estandarizado posible el procedimiento de actualización de tarifas, que dé confianza y seguridad de transparencia a la población del cantón de que las decisiones se toman conforme a estudios técnicos para el bienestar de las mayorías”, afirmó Rosario Siles Fernández, alcaldesa de Alajuelita.

Auditorías y estudios técnicos respaldan la reforma

Un estudio del Proyecto TEVU analizó la situación financiera y las necesidades de una muestra de 20 gobiernos locales de la Gran Área Metropolitana (GAM). La investigación concluyó que los municipios enfrentan barreras presupuestarias para mantener los servicios públicos básicos que brindan, como mantenimiento de parques y vías, saneamiento ambiental, servicios de alcantarillado sanitario y pluvial, valorización de residuos, entre otros.

Lo anterior ha sido señalado por la Contraloría en repetidas ocasiones. El Informe No. DFOE-DL-IF-00003-2016 del 2016 concluyó que la ausencia de políticas y procedimientos para fomentar la actualización de las tasas de los servicios incumple la normativa. El ente contralor señaló que esto “va en detrimento de la calidad, cobertura y frecuencia de la prestación de ese servicio, por cuanto no se generan los recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad financiera y su desarrollo. Por esta razón, se pierde la oportunidad de financiar proyectos sostenibles de separación y valorización de los residuos”.

Quieren comprar FANAL

Freddy Pacheco León

Hace tan solo un poco más de dos años, el ministro de Agricultura de entonces, don Renato Alvarado, informaba que en los últimos cuatro años, la Fábrica Nacional de Licores, mediante la transformación en sus inversiones y en su giro de negocios, había generado más de ¢100 mil millones, de los cuales ¢50 mil millones se habían destinado a instituciones que permiten desarrollo social y oportunidades, como el Instituto de Fomento y Asuntos Municipales (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Ministerio de Hacienda, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), así como a la Municipalidad de Grecia.

Así que, amigos, quedó evidenciado que, con una competente administración, la histórica empresa del Estado es un buen negocio para los costarricenses.

¿Será por eso que un grupito de comerciantes la quieren comprar?

Se vino abajo el proyecto de incineración, el ICE no quiere energía sucia

FEMETROM GENERA FALSAS EXPECTATIVAS CON SU LICITACIÓN PARA FACILITAR LA INCINERACIÓN

ICE DESMIENTE A FEMETROM Y NO VA A APORTAR TERRENOS NI COMPRARLE ELECTRICIDAD A LA INCINERADORA CONTAMINANTE

GOBIERNO NO APOYA EL PROYECTO Y SE DESMARCA

Comunicado.

Mediante el oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020 la presidencia del ICE se sacude e indica que no van a facilitar ningún terreno para hacer la incineradora (o cualquier tipo de combustión química) de residuos que busque generar electricidad producto de la actividad. Además, el ICE le pide una explicación a FEMETROM.

En el oficio el ICE aclara que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del Instituto Costarricense de Electricidad este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable.

En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables”. Por lo tanto, no se considera la adición de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional hasta el año 2026 con la planta Borinquen 1”

“La Incineración NO está considerada por ninguna entidad mundial como energía renovable, más bien es una actividad tremendamente entrópica y contaminante que compite con el manejo integral de residuos y tiene impactos ambientales y sociales terribles.” Indicó el máster en agro biología ambiental y ecologista Fabián Pacheco, así mismo continúa diciendo: “es evidente que FEMETROM anda haciendo enredos en SICOP generando falsas expectativas para ver quién muerde el anzuelo, pareciera ser que en este intento de gestionar los residuos municipales lo más limpio es la mal llamada basura. Nos parece muy lamentable, vergonzoso y esto afecta la imagen del país

Marcela Guerrero presidenta ejecutiva del IFAM indicó: “La posición de IFAM en concordancia con la posición del Gobierno estableció avanzar en materia de gestión integral de residuos en todas aquellas actividades que tengan por naturaleza menores impactos. No solo disminuyendo los gases de efecto invernadero y cuidando la salud de las personas a través de la calidad del aire. Además, se deben generar condiciones para que las actividades que se desarrollen se apeguen al plan de descarbonización y que generen empleos de calidad bajo la lógica de la economía circular. La Incineración evidentemente no es una actividad acorde con las aspiraciones del gobierno de trabajar la gestión integral de residuos. Se deben impulsar iniciativas que vayan a estimular la calidad de vida de las personas. La gestión integral de residuos debe hacerse desde la separación, compostaje, la valorización, la reutilización y el reciclaje. Hay una serie de tecnologías que ciertamente quedan superadas y debemos buscar las que se adaptan al Plan de Descarbonización y hacia una economía verde.

El desesperado intento de FEMETRON de instalar una incineradora de basura en la Gran Área metropolitana de Costa Rica la va a tener cuesta arriba. Ya la municipalidad de Belén de forma unánime y diversas organizaciones ecologistas vienen sonando tambores de guerra contra la instalación de dicha planta Costa Rica.

 

Información enviada a SURCOS por Bloque Verde.

Cambio climático: una oportunidad para pensar diferente

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 indica la urgencia de “fortalecer la respuesta ante los desastres de todas las instituciones”, bajo este reto, la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), unen esfuerzos para trabajar en conjunto con las municipalidades del país, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales en la planificación y preparación para la atención de las adversidades del clima, definir políticas públicas, tomar decisiones y gestionar programas y proyectos climáticos donde se integren acciones de mitigación, adaptación y desarrollo.

El próximo 24 de noviembre a partir de las 8 a.m. en el auditorio del IFAM, los alcaldes municipales participarán en el foro: Red colaborativa de municipales del cambio climático, donde entre otros temas, investigadoras de la UNA presentarán resultados de una encuesta realizada a las municipalidades del país, donde se revelan datos sobre:

  • ¿Cuánto se preocupan las municipalidades por temas como la escasez de agua, las enfermedades, migraciones o daños en infraestructura?
  • ¿Dónde deben poner las autoridades mayor atención?
  • ¿Cuáles acciones desarrollan las municipalidades para enfrentar el cambio climático?
  • Conozca además algunos de los resultados de experiencias locales de cambio climático: proyectos, planes de adaptación, y medidas prioritarias de adaptación y mitigación.
  • El rol de los gobiernos locales, la importancia de las redes de colaboración en América Latina y en Costa Rica, y la evolución de la política pública de los gobiernos locales en el tema de cambio climático, son parte del contenido que se desarrollará durante el foro.
  • Además, los alcaldes participantes firmarán una declaración para ser parte de la “Red de gobiernos locales de Costa Rica ante el cambio climático”, con el fin de fortalecer la institucionalidad y el diálogo municipal en la atención reducción de riesgo y adaptación al cambio climático, facilitando el intercambio de información, experiencias, tecnologías y movilidad de recursos financieros para acciones climáticas locales.

 

*** Para mayor información comuníquese con Vanessa Valerio (8338-4319) o con Sonia Arguedas (8820-7034) académicas de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA o con la oficina de Comunicación de la UNA (2277-3066).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de cienciados.com

Enviado por UNA Comunicación.

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