Ir al contenido principal

Etiqueta: impacto ecológico

CONCEVERDE denuncia complacencia municipal ante construcción ilegal en zona de protección

El colectivo CONCEVERDE, junto con personas vecinas de San Rafael de Heredia, denunció nuevamente la inacción de la Municipalidad de San Rafael frente a la construcción de una obra levantada sin permisos y dentro de una zona especial de protección del Gran Área Metropolitana (GAM), en un terreno declarado inalienable según la Ley N.º 65 de 1888.

De acuerdo con el comunicado público, desde 2024 se viene alertando sobre el inicio de una edificación que, por sus características, mostraba ser una planta industrial o bodega, uso completamente incompatible con el régimen de suelo permitido. La Municipalidad colocó sellos de clausura al constatar la ausencia de licencia, pero la construcción continuó hasta su finalización, pese a la prohibición expresa.

El colectivo señala además un agravante: las áreas circundantes se utilizan como chatarrera de desechos de vehículos, actividad que implica manejo de aceites, combustibles y otros contaminantes que pueden afectar aguas superficiales y subterráneas, comprometiendo bienes de dominio público y el derecho colectivo a un ambiente sano.

Tras concluir las obras, la Municipalidad notificó al propietario la obligación de demoler lo construido ilegalmente. El responsable presentó un recurso de apelación y, paralelamente, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar para suspender la demolición. Sin embargo, de acuerdo con información comunicada por el propio alcalde, el Tribunal rechazó la medida cautelar, lo que habilitaba la ejecución inmediata del derribo.

A pesar de ello, la Municipalidad decidió no ejecutar la demolición, alegando que debía esperar la resolución sobre el fondo del recurso. Para CONCEVERDE, esta decisión constituye un acto de complacencia y negligencia que contradice la resolución judicial y confirma una serie de omisiones que han permitido la continuidad de obras ilegales en el cantón.

El colectivo sostiene que este caso no es aislado y se inscribe en un patrón de falta de fiscalización municipal, el cual afecta la legalidad urbanística, la protección ambiental y el interés público. Asimismo, recuerda que la zona donde ocurrió la construcción es parte de un territorio especialmente protegido para la recarga hídrica y la conservación paisajística del GAM, por lo que las autoridades locales tienen la obligación reforzada de actuar con diligencia.

CONCEVERDE reitera su llamado a que se cumpla la normativa ambiental y urbanística, se ejecute la demolición ordenada y se garantice la protección de los bienes públicos afectados.

Yiski cuestiona falta de fiscalización en tala dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

La Asociación Conservacionista Yiski alertó nuevamente sobre la corta intensiva de árboles y cobertura boscosa que se realiza en el tramo de la Ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (sector Zurquí). Según denuncia su presidenta, María Elena Fournier, la intervención continúa ejecutándose bajo el argumento de “derecho de vía”, pero sin controles técnicos visibles, sin información pública clara y en sectores donde no hay evidencia de deslizamientos o emergencias viales que justifiquen una remoción de tal magnitud.

En su comunicación más reciente, Fournier señala que la situación avanza “demasiado rápido” y que se han cortado árboles en zonas que no presentan riesgo evidente, lo que podría generar afectaciones irreversibles en un ecosistema reconocido por su biodiversidad y sensibilidad ecológica.

La denuncia formal fue registrada ante el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), bajo el número 33035, y remitida además al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach; a la Auditoría del SINAC; y al Área de Conservación Central (ACC). En la presentación, Fournier solicita aclarar quién está fiscalizando los trabajos y bajo qué criterios técnicos se autorizó la intervención en un área protegida donde la legislación exige supervisión estricta.

Preocupación por limitaciones al acceso a información pública

En los correos dirigidos al MINAE y al SINAC, Fournier cuestiona que el sistema SITADA no permite solicitar información urgente, pues únicamente está diseñado para registrar denuncias. Subraya que la ciudadanía tiene derecho a recibir información completa, oportuna y verificable sobre decisiones que afectan bienes de dominio público, especialmente cuando se trata de un parque nacional.

Señala además que las respuestas institucionales insisten en redirigir todo trámite al SITADA, sin atender de manera directa la consulta central: quién supervisa la tala y bajo qué justificación técnica se está realizando.

Impactos en el ecosistema del Zurquí

De acuerdo con los antecedentes aportados por Yiski y especialistas en derecho ambiental, esta intervención se suma a presiones acumuladas sobre el ecosistema:

  • ruido constante y tránsito pesado,
  • contaminación por combustibles,
  • iluminación artificial continua,
  • ausencia de pasos de fauna,
  • disminución de especies sensibles, como ranas de cristal,
  • interrupción de corredores biológicos utilizados por aves, mamíferos y otros organismos que se desplazan sin tocar el suelo.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin recordó en el documento anterior que cortar árboles sin prever medidas de conectividad, como puentes de lianas, afecta directamente la movilidad de especies que dependen de la continuidad del dosel forestal.

Solicitudes planteadas a las autoridades

La Asociación Conservacionista Yiski insiste en tres puntos fundamentales:

  1. Detener temporalmente la corta hasta contar con un análisis técnico verificable.
  2. Aclarar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  3. Garantizar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la normativa de áreas silvestres protegidas.

La organización advierte que continuará recurriendo a los mecanismos institucionales disponibles, incluyendo acciones constitucionales, si la información solicitada no es entregada dentro de los plazos legales.

En Lo que importa: Refugio Gandoca Manzanillo

Esta semana en Lo que importa: ¿Cuál es el impacto de la intervención humana en el Refugio Nacional Gandoca Manzanillo?

La bióloga Lilliana Piedra, de la Universidad Nacional, nos comparte su análisis sobre cómo los megaproyectos hoteleros amenazan la biodiversidad del Caribe Sur. «Permitir un megaproyecto hotelero en el Caribe tendría un gran impacto negativo en la conservación de la biodiversidad… y no sabemos cuántos más», advierte la experta.

No se pierda la repetición este domingo a las 12:30 p.m. 

Lo que importa se transmite los jueves a las 7:30 p.m., también los viernes a las 8:30 a.m por el Quince UCR.

¡Sintonízalo!

 

Compartido con SURCOS por Alejandra Fernández.

Foro Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”

La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica le invita al foro “Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”. Se realizará el miércoles 7 de agosto a las 10 am.

Participarán Fernando Ramírez, Silvia Echeverría y Berna van Wendel de Joode, del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional. 

Además, la diputada Kattia Cambronero y Luis Felipe Arauz, de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. 

Se transmitirá por medio de los espacios de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica en Facebook Live y en YouTube. 

Petición de Veto Decreto Legislativo 21.478, Ley de para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón en Costa Rica

SURCOS recibió un documento de Helven Naranjo-Madrigal dirigido al presidente Carlos Alvarado Quesada: Solicitud Veto Decreto Legislativo 21.478, Ley de para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón en Costa Rica.

Helven Naranjo Madrigal es Científico pesquero, investigador interdisciplinario y postdoctoral de la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de la Universidad de Washington.

Compartimos el texto del documento y el documento en pdf para ser descargado.

Solicitud Veto Decreto Legislativo 21.478, Ley de para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón en Costa Rica

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica
Estimado Señor Presidente:

Por medio de la presente me permito saludarle. Como es de su conocimiento, el día 22 de octubre se aprobó el Decreto Legislativo 21.478, Ley de para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón en Costa Rica. Este Decreto Legislativo adolece de estudios científicos[1] en ámbitos medulares de las ciencias pesqueras[2] que fundamenten y den viabilidad técnica al mismo.

A continuación, se detallan algunas inconsistencias:

  1. El proyecto se fundamentó en un estudio experimental que presentó serias limitaciones, las cuales giran alrededor del diseño experimental y el análisis de los datos. El informe técnico titulado “Porcentajes de Exclusión de FACA¹: Estudio² Acientífico[3]hace un análisis sobre las debilidades del estudio experimental y explica porque los resultados no pueden ser utilizados como evidencia en la reducción de fauna de acompañamiento (FACA) de las redes de arrastre usadas. Además, según auditoría interna del propio INCOPESCA, el estudio trasgredió procedimientos normativos[4]. A pesar de esto, los diputados a favor del proyecto se apoyaron en este cuestionado estudio para aprobar la reactivación de la actividad bajo supuestos de sostenibilidad no confirmados científicamente.
  2. Plazo inapropiado para realizar estudios que serán insuficientes: El proyecto de ley está condicionado a la realización de estudios en el plazo de un año y solo se enfoca en estudios de selectividad, biomasa, tallas medias de madurez sexual y estacionalidad reproductiva de especies objetivo de camarón. Los estudios necesarios para reactivar la pesca de arrastre semi-industrial en Costa Rica deben ser más amplios e integrar estimaciones cuantitativas sobre tasas de recuperación de fondos marinos, mapeo de fondos blandos y otros descritos en el informe técnico titulado “Incompetencia en el manejo de la pesca de arrastre semi-industrial en Costa Rica y propuesta para su recuperación[5]. El plazo mínimo para realizar estos estudios científico-pesqueros es de 3 a 6 años, sin contar el proceso de tabulación de datos, análisis y publicación de resultados. Además, el proyecto no detalla cual centro de investigación científico-pesquero se encargaría de realizar los estudios antes señalados. Es de conocimiento que INCOPESCA y universidades locales poseen poca o nula experiencia, tecnología y personal capacitado para la realización de dichos estudios. Al contrario, el proyecto sugiere involucrar al gremio semi-industrial en el proceso de investigación, lo cual es contraproducente en vista a los resultados espurios que se han obtenido en la interacción entre INCOPESCA y el gremio arrastrero. Lo anterior no quiere decir que no se deba utilizar el conocimiento ecológico tradicional de los pescadores involucrados en las faenas operaciones de la flota semi-industrial, el cual tendría una valiosa contribución durante el proceso de localización de zonas de pesca de camarón y fondos blandos en el marco de una investigación independiente y objetiva.
  3. Alto riesgo en inversión en estudios de alto costo y procesos administrativos: La aprobación del proyecto no se apoyó en estudios sobre la relación costo-beneficio entre la inversión en estudios científicos necesarios para reactivar la actividad, innovación de la flota, costos administrativos (p.ej. monitoreo, control, vigilancia, etc) y la rentabilidad a largo plazo. No se hizo un estudio de riesgo en la inversión que cuantifique si la inversión de capital se justifica y es la de mayor rentabilidad con respecto a otras opciones de inversión que podrían usar artes de pesca selectivas y de mayor seguridad económico-ecológica a largo plazo, como, por ejemplo, uso de trampas para captura de camarón de profundidad[6], reconversión/sustitución tecnológica hacia otras especies objetivo (p.ej. atún), sistemas acuícolas para el cultivo del camarón, etc. Es de recordar que los desembarques de la flota de arrastre semi-industrial representaban tan solo el 4% del total de desembarques en la costa pacífica. Esta baja proporción de descargas es explicada por la sobre-explotación de las especies de camarón y langostino reportada por estudios de la Universidad Nacional (Palacios, 2013)[7]. La principal causa de la sobre-explotación fueron los niveles de esfuerzo pesquero desmedidos, que superaron el nivel de máximo rendimiento sostenible y eran incompatibles con el ritmo de renovación de las especies de camarón y langostino en las áreas de pesca. Como consecuencia, la disipación de la renta provocó la contracción de la flota, que pasó de tener 77 embarcaciones en la década de los 80s a 11 en el 2013. Por lo tanto, existe evidencia de que la actividad es económicamente inviable.
  4. No se ha cuantificado el impacto ecológico de la destrucción de hábitats bentónicos (en fondos marinos) provocado por las faenas de pesca de arrastre[8]. Conviene señalar que hasta la fecha la flota de arrastre semi-industrial ha estado operando sin una planificación espacial basada la caracterización de tipos de fondos, que haya evitado dañar fondos de gran complejidad y vulnerabilidad al arte de pesca de arrastre. En este sentido, no se descarta que el arrastre indiscriminado haya destruido montes submarinos someros de alta complejidad (refugios naturales[9]) y otros “bajos pesqueros” frecuentados por pescadores de flotas de pequeña escala linieras y cuerderas, como se explica en el informe técnico “Bajos Pesqueros en el Pacífico Norte de Costa Rica: Importancia ecológica e implicaciones socio-económicas y de manejo[10]. Lo anterior podría tener relación con la disminución de la disponibilidad de especies objetivo de pesca de la flota de pequeña escala (p.ej. congrios). El arrastre indiscriminado de los fondos marinos provocada por los patrones de operación de la flota de arrastre en Costa Rica nos muestra un panorama incompatible con la integridad ambiental de los ecosistemas bentónicos. Otras de las inquietudes giran en torno a los procesos ecológicos que seguirían siendo afectados por la pesca de arrastre semi-industrial. Por ejemplo, servicios ecosistémicos que brindan los fondos marinos como el secuestro de carbono[11]. Recientes estudios científicos han puesto en evidencia la capacidad de los fondos marinos en la fijación de carbono[12]. Esta capacidad de fijación de carbono inorgánico que se da en estos sustratos a través de varios mecanismos[13], está correlacionada con la condición de estos ecosistemas bentónicos[14]. A mayor degradación del fondo marino, menor tasa de fijación de carbono. Ante esta situación, el proyecto de ley no proporciona mecanismos para cuantificar el daño ecosistémico, ni cómo se restaurará la pérdida en la estructura y función de los fondos marinos provocada por las faenas de pesca de la flota semi-industrial.
  5. Impacto negativo sobre medios de subsistencia de pescadores de pequeña escala. El proyecto aprobado dará continuidad a externalidades, que estarían relacionadas con las interacciones entre la flota de arrastre semi-industrial y las flotas de pesqueña escala. Las especies de camarón, langostino y aquellas que componen la FACA son fuente de alimento de especies objetivo de la pesca de pequeña escala. La mortalidad provocada por el arrastre sobre las comunidades bento-demersales (que viven en el fondo y cerca de éste), acelera la disminución de especies objetivo a las flotas de pequeña escala y reduce su productividad. Esto representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria, ingresos económicos, estilo de vida y por ende el bienestar de los pobladores de comunidades rurales costeras[15]. Haciendo una comparación del capital humano que comprende cada una de las flotas, vemos que la flota de arrastre absorbe 682 empleos directos en la ciudad de Puntarenas, empleos en su mayoría de tipo temporal y a tiempo parcial o sea de mala calidad. 390 de estos empleos son informales, representados por las peladoras de camarón quienes ganan 37 veces menos que los empresarios dueños de los barcos, una distribución desigual de la ganancia (UNA, 2015)[16]. Por su parte la flota pesquera a pequeña escala absorbe 1.276 empleos directos, ello solo en la fase de captura.
  6. El proyecto de ley aprobado es contrario a principios constitucionales, acuerdos y convenios internacionales. El proyecto vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y prescinde proteger bellezas naturales. También es contrario a principios de desarrollo sostenible y el principio preventivo, lo que implica una lesión a los numerales 6,7, 21, 50, 69 y 89 constitucionales y a los principios contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (1982) y COP21. Este último aboga por mejorar la capacidad adaptativa de las naciones, fortaleciendo la resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático el cual tiene efectos directos en la fauna marina y disponibilidad de especies objetivo de pesca. El proyecto de ley aprobado no proporciona mecanismos para enfrentar cambios fisicoquímicos que afectaría la disponibilidad de las especies de interés comercial en las áreas de pesca. No existe un anexo en dicho proyecto de ley que describa estrategias para mitigar estos cambios. Por ejemplo, en países desarrollados ante las repercusiones del aumento de la temperatura en el océano que ha provocado el blanqueamiento de corales y la disminución en la producción de estos sistemas; se están ajustando las cuotas de captura de pesquerías de especies demersales; se ha buscado fomentar la pesca de especies más resilientes a estos fenómenos; se ha promovido la maricultura principalmente de algas marinas que son una gran fuente de proteínas y de gran potencial biotecnológico. El Proyecto de ley carece de lineamientos que permitan fortalecer la capacidad adaptativa ante estos cambios imprevistos. El proyecto discrepa con el pacto suscrito por Costa Rica para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible[17]. En lo concerniente al tema marino el Objetivo 14[18] indica: “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Una de las metas para el 2020 profundiza: “gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos”.

Como científico pesquero e investigador interdisciplinario de más de 18 años de experiencia[19], me preocupa que el Proyecto de Ley aprobado contradiga las buenas prácticas en la evaluación y el manejo de pesquerías que se han implementado a nivel mundial. Estas buenas prácticas de manejo pesquero exitoso[20], han sido enumeradas en publicaciones científicas por colegas de la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de la Universidad de Washington[21], Escuela a la cual yo represento. La Escuela tiene alrededor de 100 años en el desarrollo de ciencia pesquera aplicada al manejo de pesquerías. Adicionalmente, invito a la consulta de otros documentos relacionados con el tema[22] así como la posición manifestada por las universidades costarricenses (UCR, UNA[23]) hace varios meses atrás.

En consonancia a los seis puntos explicados anteriormente, solicito respetuosamente considere la interposición de un veto al Decreto Legislativo 21.478, Ley de para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón en Costa Rica.

Agradeciendo su atención y una respuesta favorable a la presente solicitud, se despide y saluda:

Helven Naranjo-Madrigal, Dr.
Científico Pesquero, Investigador Interdisciplinario,
Investigador Posdoctoral School of Aquatic and Fisheries

 

Imagen ilustrativa.