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Etiqueta: impuestos

Macroeconomía y pobreza

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Para los que creen en los dogmas cuasi religiosos, de la macroeconomía y sus gurúes, es de aplaudir el congelamiento salarial, perverso e inhumano, que rige desde el 2019. «No hay vuelta atrás», dicen Chaves y Nogui.

¡No hay ajustes salariales, mientras la manoseada deuda pública, sea un 60 % superior al Producto Interno… Bruto!, agregan.

Así, los fallidas tesis macroeconómicas, que por años vienen dando malos resultados, para ambos, están escritas en mármol, mientras los empobrecidos trabajadores, tienen que enfrentar severos aumentos en alquileres, víveres, medicamentos, electricidad, agua potable, transporte colectivo, educación privada, medicina extra-Caja…

Y es que, aunque la evasión de impuestos, de parte de grandes empresas, supera esa deuda pública, se reafirma la injusta condena, caída sobre inocentes mujeres y hombres: ¡No tendrá derecho a incrementos salariales; no jodan!

Coincidiendo con Nogui, la impostergable reforma tributaria

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

Lleva razón el ministro de Hacienda cuando afirma que la reforma fiscal de 2018 ya se agotó, y que los ingresos tributarios han empezado a escasear, son insuficientes para satisfacer las obligaciones estatales, y las aspiraciones de la sociedad costarricense. El ministro está en lo cierto además, cuando afirma que la solución pasa por generar ingresos frescos. En un evento auspiciado por la Academia de Centroamérica sugirió dos posibles fuentes: renta global e impuesto mínimo global.

Sobre renta global coincidimos, este esquema cerraría portillos a la elusión tributaria, y traería más equidad al sistema vigente. Sobre el impuesto mínimo global también, no tanto porque haya muchas empresas de origen costarricense generando rentas masivas en el exterior, sino más bien, porque la falta de una tributación de este tipo, facilita la evasión y elusión, pues no permite que las autoridades tributarias indaguen lo suficiente sobre las operaciones que personas o empresas tienen en otros países, y que en muchas ocasiones obedecen a esquemas de evasión tributaria (recordemos los Papeles de Panamá). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que los flujos ilícitos del comercio internacional representan el cerca del 15% de la producción nacional de Costa Rica, tal manipulación de precios reduce severamente los ingresos fiscales.

En ambas propuestas del ministro, se trata de impuestos que no recaen sobre las clases empobrecidas ni medias, por cuanto no tienen capacidad de generar ingresos significativos de múltiples fuentes, ni menos aún de llevar a cabo negocios en otros países.

Una reforma fiscal se aproxima, y es imprescindible que desde ya se tenga claro tres objetivos por cumplir: poner a tributar a los que tienen capacidad en su justa medida, cerrar los portillos para la elusión, y elevar el costo de la evasión; en todas el país está en pañales.

Sobre el primero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya había advertido la precariedad tributaria del país, el “Estudio Económico de Costa Rica, 2020” caracterizaba el desempeño tributario en rango mediocre. Concluyó que lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.

Abordando esta tarea de manera moderada, equiparándonos al promedio de la OCDE, sumaría más de nueve puntos porcentuales del PIB en materia de recaudación tributaria, suficiente para atender las obligaciones sociales y la creciente deuda pública costarricenses. Aquí no debe caber duda de que, quienes no están contribuyendo según su capacidad, son las clases más favorecidas, la crítica de la OCDE es sobre la escasa tributación de quienes obtienen rentas del capital y de la propiedad, factores productivos de los que las personas en pobreza y los asalariados carecen.

En el caso de los otros objetivos, los esfuerzos para cerrar los portillos a la evasión y elusión, que deben ser continuos y crecientes, en Costa Rica están estancados; dos hechos lo demuestran, el proyecto más prometedor llamado “Hacienda Digital” se encuentra severamente retrasado, y las autoridades no han anunciado nuevas iniciativas. Adicionalmente, las recomendaciones de expertos que han investigado significativos hechos de evasión tributaria (p.e. los “Papeles de Panamá”) no han sido incorporadas en nuestra legislación.

Dado lo anterior, vemos que se mantienen los riesgos señalados por entes auditores como la Contraloría General de la República, quien señala que casi el 60% de los profesionales liberales declara cero impuesto sobre las utilidades, y la CEPAL, quien estima que la evasión corporativa en el impuesto sobre la renta en el país es superior al 65%, de las más altas de la región latinoamericana.

En la práctica tributaria lo que ocurre es que los individuos que se benefician de altas rentas realizan una “planificación fiscal” agresiva, apoyados por despachos especializados en beneficiar a sus clientes afectando a la sociedad como un todo, encontrar los portillos que tienen las leyes, y las oportunidades de nuevas formas de organización de la producción, para minimizar el pago de impuestos. Es por ello por lo que, en los países desarrollados las reformas tributarias son constantes, mientras que en nuestro medio tardan décadas.

Por otra parte, en los últimos años se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por sanear las finanzas públicas desde el lado del gasto, con reformas a los sistemas de pensiones, el empleo público, la regla fiscal y eliminación de destinos específicos. Muchas de estas reformas ciertamente abordaron temas necesarios y urgentes, sin embargo, este espacio parece haberse acabado, y es necesario mirar hacia el lado de los ingresos, en particular de aquellos que llevan décadas sin aportar al fisco lo que les corresponde.

Desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica se configuró como un Estado Social de Derecho, una sociedad en la que el Estado “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Constitución Política art. 50), en el que a sus ciudadanos se les garantiza amplios derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, un ambiente sano, trabajo, vivienda digna, entre otros. A pesar de esta norma visionaria, que ha hecho del país una nación singular y envidiable en el contexto latinoamericano, hay quienes no se ven comprometidos con ella, y la dinamitan desde dentro y fuera del Estado.

El no llevar a cabo los esfuerzos suficientes para dotar al Estado costarricense de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de vida digno a los ciudadanos, representa una traición a esta visión inscrita en la Constitución Política. Parafraseando a José Mujica, cuando decimos que no hay suficientes fondos públicos “es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden”.

Entonces sí, coincidiendo Hacienda, la impostergable reforma tributaria, la esperanza es que hagamos una con la valentía de cobrar lo justo a quienes se debe.

* Economista, fue Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y Ex Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

El tren y la palanca

Escrito el . Publicado en Derechos.

Oscar Madrigal

El dilema ético del tren y la palanca se plantea cuando un tren desbocado va a atropellar a cinco personas y usted tiene a mano una palanca que puede desviarlo, pero al hacerlo mataría a un inocente o no hace nada y mata al grupo. ¿Usted que haría?

Este dilema últimamente se ha referido al campo del Bienestar: favorecer el bienestar individual o el bienestar del grupo de cinco.

Parece que nuestro sistema presupuestario está diseñado de una manera perversa, sea para beneficiar al individuo y no al grupo.

Nogui el ministro de Hacienda ha sido claro: no va a hacer nada.

El sistema de financiamiento público fue diseñado por el grupo de Carlos Alvarado para pagar la deuda pública, ese es su objetivo.

El trabajo de Nogui, ahora como ministro de Hacienda, es aplicar ese diseño, sea un gasto público cuyo primer componente sea pagar la deuda y luego, el remanente, distribuirlo para las necesidades de la sociedad hasta donde alcance. Como se ve para esto no se necesita ni gran esfuerzo, ni gran sapiencia. Simplemente acomodar números o sumas sin importar el daño social.

De esta manera le resta a la educación, a la salud, no le paga a la Caja o reduce el gasto en carreteras, congela salarios, en fin, recorta para acomodar los gastos y de así conservar la suma del pago de la deuda. Es decir, privilegiar el pago a unos pocos individuos en detrimento del grupo, de la sociedad.

Atrincherado en la regla fiscal y los límites que impuso la relación deuda/PIB, Nogui se atreve a decir que no pagará nada con lo que no esté de acuerdo o que los ingresos no le permitan. De todas formas, el Presupuesto es solo una autorización de gastos y no una orden de pago, dice. Esto es así porque el sistema se lo permite, el sistema diseñado en 2018 por el gobierno del PAC y el PUSC.

Es público que la Reforma Fiscal de Alvarado hace aguas por todo lado. Ya hablan de que las grandes bondades que nos auguraban no duraron ni cinco años y por ello no hay recursos suficientes para afrontar el costo del Estado de Bienestar y, mucho menos, reducir significativamente la deuda pública. Esa reforma tributaria que se pintó como la gran panacea que curaría todos nuestros males fiscales, ya agotó su potencial y ahora vendrán con otro plan, como la venta de activos del Estado y más impuestos sobre los trabajadores.

El problema fiscal será irresoluble mientras no se impongan tributos a la mitad de la producción nacional que se encuentra en las zonas francas.

Por otro lado, mientras las fuerzas que desean mantener el Estado de Bienestar se mantengan dentro del esquema de Alvarado, que es ahora el esquema de Chaves y Nogui, no habrá posibilidad de solucionar las carencias y las necesidades de educación, universidades, salud y tantas otras. Estamos en un callejón sin salida. Debemos salir de él.

Resultaría muy beneficioso empezar a plantear soluciones que nos permitan salir del encierro, soluciones un tanto radicales, como cambiar el fin del gasto público, para que se oriente no al pago de la deuda sino a apoyar el desarrollo social, a introducir nuevas fuentes de ingresos y a rebalancear la cancha en favor de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo.

Hay que seguir protestando y exigiendo el cumplimiento de los principios y normas constitucionales, pero hay que levantar simultáneamente una salida a la crisis que vivimos, porque no financiar adecuadamente la educación es una crisis.

El gobierno pregona a todo pulmón que el país está muy bien en crecimiento económico, inversión extranjera, exportaciones, etc., pero eso no se ve reflejado en mayores ingresos y mayor gasto social. Al contrario, parece que entre más crecemos más pobres nos hacemos, porque si somos menos educados, somos más pobres.

Habría que emparejar la cancha: que el gran crecimiento económico que dice el Gobierno de Chaves nos beneficie más. Hay que plantear cómo hacerlo.

Lo que es evidente es que el dilema que hemos esbozado al principio, el Gobierno y Nogui lo han resuelto claramente en contra del grupo, no han hecho nada para halar la palanca que beneficie a la mayoría.

Corrupción, evasión y venta de bienes del Estado-Empresario

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

En referencia al robo de impuestos, que, agregamos, supera la deuda interna, dijo, lo siguiente, el señor expresidente don Rodrigo Carazo: “¡Corrijamos esa corrupción! ¿Por qué no se ponen detrás de esos recursos antes de querer vender las cosas que son de todos? Y es que lo que se han llevado no son seis reales», manifestó. Argumentó que el objetivo de una reforma estatal y de la globalización debe ser el beneficio de todos. «Es contradictorio pensar que eso se va a lograr entregando todo lo que tenemos. Los países que lo han hecho han pasado y están pasando tristísimas experiencias». Convencido estaba de que, los inversionistas extranjeros que comprarían las empresas estatales, que dan servicios sin fines de lucro, son personas que también quieren convertirlo todo en oro para su propio y exclusivo beneficio, sin pensar en las necesidades ajenas, lejos del espíritu solidario que privó en su gestación.

«No crea usted que (tales empresarios) van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Vaya a Chile y verá que cuando se privatizan las comunicaciones, disminuye el número de chilenos que tienen teléfono porque no lo pueden pagar», dijo a propósito de la imposición de políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet.

Al otro lado de la ancha avenida, otro Rodrigo, éste de apellido Chaves, desde antes de iniciar su Presidencia, en su papel de vendedor de bienes del Estado, no esperó mucho para poner precio a la compra-venta, que, por supuesto, recibe aplausos, desde los clubes de comerciantes que le presentaron su propuesta al amigo venido del Banco Mundial.

Para este Rodrigo, útil vocero de los de su casta, el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), tiene un valor de $200 millones. El precio del Banco de Costa Rica (BCR), andaría entre $800 millones y $1.200 millones. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) valdría entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) $20 millones y, ¡aquí la voló!, Kölbi (marca del ICE) se vendería en $1,2 millones. ¡Una especial ganga para los compradores que, todavía, esconden sus pretensiones! Aclaramos sí, que la lista no es exhaustiva, ni mucho menos, pues también, incluye la privatización de servicios como, la administración del acueducto metropolitano, hoy mal gestado por el AyA, servicios médicos de la Caja, a la que tienen, intencionalmente cerca de la inanición, y servicios de generación y distribución eléctrica, cumplidos por el ICE, aunque su más alto jerarca, actúa en contra del Instituto.

En fin, lo que el presidente actual, el otro Rodrigo, no parece considerar es que, la estructura institucional costarricense, que tantos beneficios le ha traído al país y sus habitantes, tiene raíces históricas profundas, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. Que sus sólidos cimientos le han permitido, soportar embates neoliberales destructivos, gracias, precisamente, a que no se gestaron tales instituciones, a partir de ocurrencias, sino como parte de una visión muy especial de algunos muy bien valorados líderes.

Un buen ejemplo, fue la creación de la Fanal en 1850, que demostró a través del tiempo, haber sido una muy buena decisión del presidente don Juan Rafael Mora. Creada originalmente como Fábrica Nacional de Aguardientes, con el propósito de fomentar la industria cañera, y defender a la población del consumo de licores altamente tóxicos, con contaminantes, que se comercializaban al margen de la ley, al tiempo que afectaban los ingresos del Estado. Hoy, 174 años después, gracias a su sostenida renovación, la Fanal aportó de junio del 2018 al 2020, cerca de C. 50.000 millones de colones, a instituciones promotoras de desarrollo social, como son el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la Municipalidad de Grecia, y una cifra casi igual en impuestos, al Ministerio de Hacienda.

Es igualmente relevante, la creación en el año 1924, del monopolio estatal del negocio de los seguros, dando nacimiento al Banco Nacional de Seguros, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 1948, como parte de la creación del régimen de instituciones autónomas del Estado, proceso en que sobresale la figura de Rodrigo Facio Brenes, recordado exrector de la Universidad de Costa Rica. Instituto que, pese a la forzada apertura comercial a empresas extranjeras de seguros, se mantiene como la más grande empresa de seguros del istmo centroamericano, con un total de $1.323 millones en primas, durante el 2023, gracias a un crecimiento del 21,2%.

Por ello, y más, ahora que el señor Chaves propone su venta, cual aparente ocurrencia que, pensándolo bien, no tiene nada de ello, cabe preguntarse ¿cómo se sustituirían los cerca de C.100.000 millones de colones, que, anualmente, aporta el INS, en cargas fiscales y parafiscales a otras entidades del país? Y si, como también se ha propuesto, se vendiera “solo” el 49% de sus activos, habría que ver si los compradores estarían dispuesto a colaborar, solidariamente, a partir de las ganancias, con las citadas contribuciones fiscales y parafiscales, dentro de las cuales aparecen beneficiarios destacables, como el imprescindible Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (0,5 % de las primas), así como al impuesto de utilidad y título valores del Estado (25% de la utilidad disponible neta), a la Reserva de Capital de Riesgos del Trabajo, y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, producto de los excedentes de los seguros que comercializa. ¿Verdad, amigos, que la prudencia exige no correr mucho con esas ideas de compra y venta, y reflexionar, antes y con sustento técnico, acerca de las consecuencias que se vislumbran?

Creemos que la responsabilidad exige distinguir entre un Estado-Empresario, y “políticos empresarios”, pues, son conceptos diametralmente opuestos, a los que poco se les dedica, análisis con la profundidad que merecen.

La matriz empresarial-institucional del Estado (descrita por Alberto Cortés https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQVzNtMXJqpzTKKvMgTRPjhPwhM?projector=1&messagePartId=0.1) entre los años 40-48, nos muestra la creación de dos de las instituciones públicas, más importantes en términos de su impacto social: la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1943, ambas con una enorme peso en el desarrollo social y cultural del país, que han sido fundamentales, para democratizar solidariamente, la atención en salud de los costarricenses, independientemente de su estatus socioeconómico, y el acceso a la educación universitaria de excelencia, sin discriminar, igualmente, sobre la condición social de sus estudiantes.

Cabe resaltar, que luego de la guerra civil del año 1948, tanto desde la Junta de Gobierno, presidida por don Pepe Figueres, como desde la Asamblea Constituyente (1949) las ideas de orientación socialdemócrata que germinaban en Costa Rica, y la reflexión histórica que tuvo lugar, llevaron hacia la creación de trascendentales instituciones autónomas y empresas públicas, que permitieran impulsar la necesaria modernización económica y política del país. En ese contexto, sobresale, por extraordinaria y visionaria, la creación del sistema de banca comercial pública, con la tarea de ejercer estricto control de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, aunado al objetivo de colocar crédito al servicio de la modernización agrícola y el incipiente desarrollo industrial. Nacieron así el Banco Anglo Costarricense (BAC), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Asimismo, la junta fortaleció la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP) como instrumento de fomento de la producción agrícola para el mercado interno, que tantos servicios prestó al control de precios de granos y otros productos básicos. Y, como la gran institución insigne de ese modelo de Estado empresario, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la producción y control estratégico, de la generación y distribución de la energía eléctrica, ampliada eventualmente, al monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía celular. Instituto que ha venido enfrentando, embates privatizadores, de parte de comerciantes e ideólogos, para quienes el Estado no puede participar de actividades donde la empresa privada puede lucrar. Ideas que, divulgadas con megáfonos virtuales, han llevado a muchos compatriotas, a ver como algo nefasto para el desarrollo de Costa Rica, la estructura y funcionamiento del Estado-Empresario, que, paradójicamente, favorece a las mayorías y al fundamental sustento democrático.

Instituto Costarricense de Electricidad, que, pese a las amenazas, y gracias a sus servicios y fidelidad de los habitantes (aún con los desaciertos recientes de sus jerarcas), se mantiene entre las tres mayores empresas del istmo incluidas en el Ranking América Economía de las 500 Mayores Empresas de América Latina, al lado de Recope, y la Autoridad del Canal de Panamá.

Y, es que, esos resultados exitosos, son, paradójicamente, su debilidad, pues permiten vislumbrar el por qué, ambas empresas del Estado costarricense, ICE y Recope, son tan apetecidas por ciertos compradores privados, deseosos de lucrar con sus gigantescas ganancias. Por otro lado, sus deseos sí los cumplieron, lamentablemente, con Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a la cual, con un contrato entreguista, le regalaron el muy eficiente, monopolio constitucional que tenía la empresa nacional creada en 1963, en el trasiego de contenedores, a una empresa transnacional escandinava (APM Terminals), que, lejos de los empleos ofrecidos, vino a profundizar, más bien, el desempleo en la provincia de Limón, sin que los anunciados beneficios que traería una terminal portuaria “del primer mundo”, se hicieran realidad. Ejemplo de cómo, el desdén ciudadano, de la mano de la demagogia de ciertos políticos, provocó tanto daño, en tan corto tiempo, por lo cual, esperamos que se haya aprendido la lección.

Finalmente, ha de valorarse objetivamente, la creación de 113 instituciones descentralizadas, entre los años 48 al 79, algunas autónomas o semiautónomas, que vinieron a generar, a través del tiempo, conforme se estructuraban y empezaban a brindar servicios, resultados positivos que se reflejaron en indicadores sociales, como en el empleo público, que llevaron a engrosar las capas medias, al tiempo que se disminuía la pobreza. Pobreza que se redujo, de manera altamente significativa, al pasar del 50,3 %, en 1961, al 18,5 %, en 1977, gracias la combinación de políticas públicas, como el citado mayor empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas, y el acceso a los servicios públicos, con tarifas subsidiadas.

Hoy vemos grandes esfuerzos por “reformar el Estado”, según le dicen, y, para ello, han creado hasta una comisión legislativa especial, para acelerar esa tarea. Labor que, estamos seguros, enfrentaría a los dos “Rodrigos”, pues representan, por un lado, una visión en defensa de la institucionalidad costarricense, caracterizada por un Estado-Empresario, que propició el desarrollo de la Costa Rica, y que, hasta hace unos años, se caracterizaba por la solidaridad, por el valor de la soberanía, por la responsable consideración de la situación de los desposeídos, por el fomento de la paz social y el desarrollo sostenible, según el pensamiento de don Rodrigo Carazo. Mientras, por otro lado, para ahorrarnos palabras y su tiempo de lector, lo que vemos es ¡todo lo contrario!

26.8.2024

Para pensar en un nuevo sistema tributario

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.

A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?

He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:

  1. La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
  2. Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
  3. El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
  4. La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
  5. La protección de otros derechos fundamentales.
  6. La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
  7. Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.

Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.

En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:

  1. Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
  2. Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
  3. Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
  4. La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
  5. La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
  6. Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.

Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.

Caída en los tributos: estamos mejor, pero todo empeora

Escrito el . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González
Economista

Mientras que la riqueza que genera el país aumenta, la sociedad costarricense se empobrece aceleradamente; tremenda incongruencia que ha creado la ideología imperante.

Mientras las autoridades políticas señalan con bombos y platillos que la producción del país crece fuertemente, que la inversión extranjera rompe récords, que las exportaciones siguen dinámicas; el ministro de Hacienda anuncia que la recaudación fiscal disminuye y que recortará aún más el dinero para arreglar las vías públicas, para la salud de la población, para educación, para los Cen-CINAI, para la Red de Cuido, etc. Descomunal contradicción salta fuera del sombrero de los magos de la política económica.

La riqueza crece, pero el Estado se empobrece, la riqueza crece, pero las personas con ocupación disminuyen, la riqueza crece, pero la pobreza no cede, la riqueza crece y Costa Rica vive un serio problema ético de injusticia social que ya no se puede disimular. Y los líderes políticos de turno optan por no discutirlo siquiera, lo toman como si fuera una consecuencia inevitable del destino.

En Costa Rica los impuestos son altos para las Pymes, para los empleados, para los que trabajan por cuenta propia. El ciudadano paga impuestos cuando compra, por el salario que percibe, por las viviendas y los bienes inmuebles, por el combustible que utiliza, entre otros pagos. Sin embargo, no es igual para cierta élite que disfruta de exoneraciones plenas, creadas por leyes.

Cuando revisamos las estadísticas tributarias todos los rubros de cobro de impuestos suben (ver cuadro adjunto), el que disminuye bruscamente es el “Impuesto a los ingresos y utilidades”, que presenta una caída de ¢79.579 millones, al compararse el acumulado de mayo del 2024, con el mismo periodo del año anterior. Pero en ese renglón se recogen los impuestos al salario, a las ganancias de las personas que trabajan por cuenta propia (emprendimientos), ganancias de las Pymes y las ganancias de las grandes empresas. Por lo que es necesario desglosar ese rubro con el fin de darnos cuenta quiénes son los que están haciendo caer la recaudación.

Como podemos apreciar en el cuadro adjunto, los impuestos a los ingresos y utilidades de las personas físicas crecen, esto es, los impuestos a los salarios, la parte de quienes trabajan en sus propias actividades, en lo referente a las remesas también ha aumentado la recaudación.

Son los impuestos a las ganancias de las personas jurídicas donde la recaudación disminuye en ¢105.031 millones en solo 5 meses del 2024. Y más aún, si entráramos con más detalle, son las grandes empresas las que están pagando menos, no son las Pymes, a pesar de que crecen sus utilidades.

Ese resultado, es consecuencia de que ha habido un fortalecimiento legal de los mecanismos para eludir impuestos, un deterioro significativo en la gestión tributaria y aduanera, una mayor laxitud para que las empresas grandes que están en el régimen definitivo se trasladen al régimen exonerado.

Ha habido una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa “a propósito”, que abren portillos a la elusión y a la exoneración tributaria para las grandes empresas. Como ejemplo señalaré tres casos recientes:

– Ley 10.381, con la excusa de sacar a Costa Rica de la lista de Paraísos Fiscales, amplió el concepto de territorialidad para exonerar a decenas de empresas que pagaban impuestos en Costa Rica y ahora no tendrán que hacerlo más. Aunque operan en el país y carguen los costos de producir como gastos tributarios en Costa Rica, los ingresos no deben reportarlos porque esa nueva ley los exoneró.

– Ley N°10.234 que estableció nuevas categorías en el régimen de zona franca, beneficios adicionales, cambios en los criterios de la inversión requerida, así como otros beneficios fiscales respecto a las cargas sociales sobre las planillas. Dicha ley fue impulsada por la Asamblea Legislativa y ha erosionado groseramente la base tributaria.

– Ley que rebajó el cobro del marchamo se aplicó indistintamente a los autos de lujo y a los autos populares.

Estas leyes y otras recientes violentan, incluso, la Constitución Política de Costa Rica que en su Artículo 179 señala: “La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos”, pues la interpretación inversa de este texto es igualmente válida: no puede la Asamblea Legislativa reducir los ingresos de la hacienda pública sin señalar las fuentes que los compensen.

Socialmente no es aceptable que los grupos económicamente más pudientes del país tengan una posición de privilegio en lo tributario, pues son quienes más se benefician de la infraestructura pública, de la educación y de los servicios públicos en general; sin embargo, han ido tomando paulatinamente una posición cada vez más parasitaria en cuanto a la vida del Estado.

La caída de los impuestos de ¢105.031 millones es el equivalente a 12 veces el presupuesto del Ministerio de Economía, o el equivalente a 3.501 bonos de vivienda de ¢30 millones cada uno. No obstante, debido a que es una disminución recaudatoria, eso significará esa cantidad de bonos menos, más infantes padeciendo hambre, más ancianos sin techo; mientras tanto, seguirán apareciendo en las portadas de los diarios las listas de “Grandes Contribuyentes” con pérdidas y cero ganancias a perpetuidad, los escándalos con Panama Papers, ¿hasta cuándo? Y el PIB creciendo y la inversión extrajera rompiendo récords, y las exportaciones en ascenso, y al gobierno y al pueblo yéndole cada vez peor.

Los tres poderes de la República deben encarar con urgencia esta situación de crisis en las finanzas públicas y formar una comisión para resolver está aberración. Hay que encontrarle una salida al absurdo creado a través de las políticas públicas desafortunadas desde hace bastante tiempo para acá. Es necesaria la presencia de los tres poderes porque la Asamblea aprueba la legislación, el Ejecutivo tiene mucho que mejorar en gestión tributaria y aduanera, y el Poder Judicial debe entender la importancia de la correcta interpretación de las leyes en esa materia.

Walter Coto Molina expone su Proyecto de Ley Pensión Consumo

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

Actividad organizada por la ANEP

En esta charla, se expone esta idea innovadora que le permitiría obtener pensión sin excepción a todos los costarricenses, esto por medio del consumo, y sin que el Estado, patronos y trabajadores pongan más dinero. Por lo tanto, inicialmente se observa un importante cambio de paradigma,  que podría colocar a Costa Rica con un aporte de significación mundial.

La presente iniciativa de ley tiene como finalidad la creación de un nuevo régimen de protección denominado “Pensión – Consumo” para contribuir a universalizar la cobertura de las pensiones de vejez, invalidez y muerte de la población nacional, para lo cual se asignaría una proporción de lo recaudado con el impuesto sobre las ventas, a la creación de fondos individuales de ahorro.

Específicamente se propone la creación de Fondos de Pensiones mediante una contribución social equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor de las compras de bienes y servicios sujetas al impuesto sobre las ventas. Adicionalmente, mediante un transitorio único, se aumenta la tasa vigente del impuesto sobre ventas al 14%, destinando durante el primer año de aplicación un 13% al impuesto de ventas y un 1% de dicho impuesto en forma de contribución social a la pensión-consumo. Durante el segundo año se destinará el 12% al impuesto ventas y 2% a la pensión-consumo. A partir del tercer año se destinará un 10% al impuesto de ventas y un 4% de ese impuesto se transferirá con carácter de contribución social a la pensión de consumo.

La idea es que, mediante la devolución de un porcentaje de lo pagado por dicho impuesto, se fomente una cultura tributaria, que, al incrementar la recaudación general por reducción de la evasión, se generen recursos suficientes para crear fondos de ahorros destinados a complementar los existentes regímenes de retiro (pensión).

Finalmente, para observar y escuchar mas a profundidad los objetivos y procesos que conllevaría esta ley, compartimos el video:

Sobre los outlets

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Recientemente se ha escrito sobre si están pagando impuestos como deberían, pero pareciera que ese es el único aspecto que importa. Nadie cuestiona la utilidad de que existan y la cantidad de basura que ingresan a un país en donde el manejo de esta es más que deficiente. Cierto que se encuentran algunos productos de regular calidad, pero la mayoría son basura.

¿Qué sucede con los productos que no se venden, cómo se desechan, en dónde y por quiénes?

Existen países en el mundo depositarios de enormes cantidades de desechos en donde se extraen de celulares y computadoras metales y otros componentes reutilizables quedando al final montañas de basura que perdura.

¿Queremos convertirnos en uno de esos países?

Dado el número de ellos, se debería cuestionar si son negocios legítimos o son como las peluquerías vacías, dos por cada cuadra, salones de belleza y uñas, lavacarros por todo lado cuya función podría ser legitimar dinero.

Seccional ANEP-Personas con Discapacidad rechaza propuesta del Gobierno de gravar productos como sillas de ruedas, bastones y camas ortopédicas

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad, Salud, Trabajo.

– La posición de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad se da en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró este lunes 29 de mayo.

Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, señor Nogui Acosta Jaén, en diversos medios de comunicación, sobre la propuesta del gobierno de aplicar impuestos a productos de apoyo que son vitales para la funcionalidad y la autonomía de las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas y bastones, la Seccional ANEP Personas con Discapacidad manifiesta su desaprobación y rechazo absoluto ante estas declaraciones, con base en los siguientes aspectos:

Somos nosotros la primera seccional a nivel nacional conformada por Personas con diversas situaciones de discapacidad, que nos enfocamos en trabajar en la defensa de los derechos de las Personas en situación de discapacidad, que se encuentran laborando en el sector público, privado, independiente, informal o bien, que actualmente se encuentra desempleado.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece en su artículo 4: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Con relación a este punto, es importante recalcar que es obligación del gobierno consultar y verificar antes las consecuencias de gravar los productos de apoyo, pero directamente con la población afectada, en este caso, las personas con discapacidad y no basándose en criterios sin fundamento y sin una noción de la realidad.

  • De igual forma, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 20: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
  1. a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
  2. b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.”
  • El mayor porcentaje de personas con discapacidad de Costa Rica lo representa las personas con discapacidad física y discapacidad visual, que son entonces los principales usuarios y usuarias de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas ortopédicas y bastones y por ende, los más perjudicados con estos nuevos impuestos.
  • La mayoría de las personas con discapacidad visual adquieren su bastón con recursos propios, debiendo pagar un mínimo de ¢15 000 y hasta ¢35 000 por un bastón, que muchas veces, tiene una vida útil demasiado corta, gracias a las condiciones en que se encuentran las calles, aceras y zonas públicas de nuestro país.
  • Hay muchas personas con discapacidad que viven en áreas rurales, que no pueden acceder a los programas sociales que les permitan obtener una silla de ruedas o un bastón, ya sea por la distancia o porque muchas instituciones se encuentran centralizadas en el Gran Área Metropolitana únicamente.

Luis Flores Jiménez, Presidente Seccional ANEP-Personas con Discpacidad se refiere al rechazo de impuestos a sillas de ruedas, bastones y cama ortopédicas.

También, hay personas con discapacidad que carecen de un Seguro Social o que presentan una condición migratoria irregular que les permite tenerlo.

  • El señor Nogui, menciona al principio de su entrevista hacia El Observatorio: “la gente que más compra implementos médicos de ese tipo son los de más altos ingresos, porque los otros los reciben de la caja”. Basándonos en tan severas palabras, las cuales reflejan claramente el desconocimiento del señor ministro de la situación en que viven la mayoría de personas con discapacidad de nuestro país, se vuelve necesario explicarle varios aspectos que hay que contemplar:
  • Según datos reflejados en el 2018 mediante la Encuesta Nacional en Discapacidad ENADIS, el 18, 2% de la población nacional mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad, de los cuales un 60, 9% corresponde a las mujeres y un 39, 1% de hombres; de los cuales un 74, 6% de esta población en condición de discapacidad requiere o utiliza algún producto de apoyo (dígase por dispositivos, servicios o asistencia animal) o humana.
  • Además se debe agregar que este mismo estudio muestra: “(…) se destaca que a pesar de que 43,6% de personas con discapacidad tiene algún trabajo o está buscando uno, se ubican en los quintiles de menores ingresos: más del 50% están en pobreza o pobreza extrema, según el INEC.” (Datos expuestos incluso en la misma página del Gobierno de la República, la cursiva y negrita no se muestra en el texto original).
  • Se debe recalcar que, esta situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan día a día las personas con discapacidad, se agravó con la pandemia ocasionada por el COVID 19 y que a la fecha, existe un gran rezago también en las listas de beneficiarios de los diversos subsidios que ofrecen instituciones del sector social, como IMAS, CONAPDIS, CONAPAM, entre otros, los cuales han tenido que disminuir los apoyos a las diversas poblaciones por los recortes presupuestarios que ha realizado el gobierno.
  • Además, muchas personas que se contagiaron del COVID 19 son ahora personas con discapacidad, debido a las secuelas que les dejó esta enfermedad, aumentando así las listas de personas que requieren de un producto de apoyo para realizar sus actividades diarias.
  • En términos generales, la realidad que vive toda la población costarricense se ha vuelto insostenible, con una tasa de desempleo de un 10, 6%, además posteriormente de la pandemia hemos identificado que la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad ronda más del 75%, esto se le debe tomar en cuenta el alto costo de la vida, los salarios reales que recibe la población en pobreza, en la era en el 2022 de un 23, 0%, en la que por ejemplo:

Según la ENAHO, el 23% total de hogares del país viven en situación de pobreza, que alcanzó ₡120.136 en julio del 2022 (monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias).

Los ingresos per cápita de aproximadamente 399.439 hogares del país no alcanzan siquiera para satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa cifra presenta un incremento de 15.934 hogares (…). (UNA Comunica, 2022).

  • En cuanto a temas relacionados con la CCSS, debemos recordar:

Sus funciones se orientan a brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la protección económica a los diferentes grupos de la población del país, su accionar se ha organizado en las áreas estratégicas: Salud, Pensiones y Administración para la gestión. (MIDEPLAN, 2002).

Debemos recordar entonces que el plan de desarrollo de la CCSS, va enfocado en:

  1. Agilidad y calidad de los servicios que se brindan.
  2. La inclusión de la participación social.
  3. Brindar atenciones integrales enfocadas en la prevención.
  4. Régimen de Pensiones.
  5. Atención Ambulatoria.
  6. Desarrollo Político-Institucional.
  7. Servicios de hospitalización y cirugía.
  8. Desarrollo y protección del medio ambiente.
  9. Vigilancia de la salud.
  10. Investigación y desarrollo tecnológico. (MIDEPLAN, 2002).

Estas atenciones se brindan gracias a los aportes que se brindan en el pago de los seguros sociales y demás cargas, que es del conocimiento para el Ministerio de Hacienda, pero debemos de recordar, y citamos algunos ejemplos:

(…) para diciembre 2019, el Hospital Chacón Paut presentó el menor costo por concepto de estancia hospitalaria por el orden de ¢95.683,80 (noventa cinco mil seiscientos ochenta y tres con ochenta céntimos) y el costo más elevado en ¢771.282,49 (setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta nueve céntimos) correspondió al Hospital Nacional de Niños.

En el siguiente cuadro, se destaca que, a diciembre 2020, el Hospital México muestra el costo de estancia más elevado en ¢1.015.422,42 (Un millón quince mil cuatrocientos veinte dos con cuarenta y dos céntimos) y el Hospital Chacón Paut, continuó siendo el centro médico del tercer nivel con el menor costo por concepto de estancia hospitalaria, por el orden de ¢135.134,28 (Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro con veintiocho céntimos). (…) (CCSS, 2021).

Por lo que le preguntamos señor Nogui, viendo la verdadera realidad, ¿usted cree que una persona puede pagar una atención por día de hospitalización de ¢95.683,80, con el salario real que recibe la clase media o baja de la población costarricense, si no existiera un seguro social?, ¿cree usted que con el promedio de atenciones diarias que brinda la caja, y que para nadie es un secreto, la saturación de los servicios y la fuga de especialistas, sea posible, dentro de las funciones que se leyeron anteriormente de la caja, sea factible lo que usted dice tan vehemente de que la CCSS puede suplir a la población con discapacidad de los dispositivos y productos de apoyo que necesita?

Sandra Ribas Solano, Vicepresidenta seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la importancia del Día Nacional de las Personas con Discapacidad

Es claro y evidente que la CCSS no cuenta con la capacidad económica suficiente para poder brindar los implementos médicos que el señor ministro menciona que es obligación de la caja otorgar.

Es importante agregar que, aunque la CCSS ofrece productos de apoyo, no califican todas las personas que los requieren como candidatos para obtener uno de estos productos, debido a la gran demanda que existe en torno a ellos en comparación con el insuficiente presupuesto con que cuenta la institución, debiendo incluso esperar durante años las personas que sí califican para que se les realice la entrega de los mismos.

Lamentablemente uno de los mayores problemas que hay es la falta de información o conocimiento por parte de los altos mandos del gobierno, ya que la responsabilidad social realmente recae en ellos, pues:

La Responsabilidad Social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades responsables. (RSS, 2019).

¿Y por qué debe recaer esta gran responsabilidad en el gobierno?

Porque está en ellos comenzar a promover el respeto y la enseñanza hacia la población costarricense sobre temas de discapacidad, y dejar de lado todos estos prejuicios y malos comentarios que se hacen hacia la población de personas con discapacidad.

Debemos de recordar las palabras que incluso la Asamblea Legislativa muestra sobre temas de equidad e igualdad, en la que dice:

La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. (Asamblea Legislativa, 2021).

Recordemos que todas las personas, incluidos las personas con discapacidad, primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, que son universales e inherentes para todos, sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.

Rita Corea Arazo, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la salud mental de esta población ante las adversidades que deben enfrentar día a día.

Con todo lo anterior, apoyamos y unimos nuestra voz a lo expresado por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y a lo manifestado por otros grupos organizados, exigiendo una disculpa pública por parte del señor Ministro de Hacienda y la presentación inmediata de su renuncia al puesto, y dejamos claro con nuestro pronunciamiento que las personas con discapacidad sí sabemos organizarnos y que seguiremos luchando para que se cumpla lo enunciado en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad:

“Nada sobre nosotros, sin nosotros”.

Att: Seccional ANEP- Personas con Discapacidad.

¡Más impuestos para los megamillonarios!

Escrito el . Publicado en Derechos.

A causa de la injusticia por la desigualdad en la paga de impuestos, donde existe una brecha creciente que favorece a los ricos y provoca que el 1% de la población más rica del mundo acapare casi el doble de dinero que el 99% de la población restante. El presidente de Estados Unidos Biden propuso un impuesto histórico a las personas con mega fortunas, por lo cual Avaaz realiza una recaudación de firmas, con el fin de recaudar un millón de firmas y exigir a los gobiernos del G20 que agraven ya las grandes fortunas de los megamillonarios y no puedan ignorar la propuesta de Biden en la cumbre de líderes mundiales.

Para firmar la petición y obtener más información visite el siguiente enlace: https://secure.avaaz.org/campaign/es/tax_the_rich_loc/?zJbrMqb

 

Información compartida con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.