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Etiqueta: impunidad

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 2

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El Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas. Es por medio de Decretos administrativos con rango de ley, según la Ley Indígena de 1977, que se define la cabida de cada territorio. Se reconocen 8 culturas indígenas: Huetar, Chorotega, Térraba o Teribe, Brunca o Borucas, Ngäbe o Guaymí, Bribri, Cabécar y Maleku o Guatuso.

Esta es la segunda infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 1

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Según la ley 6172, los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. La última modificación a esta ley se dio el 4 de octubre de 1982.

La ley hace una amplia regulación de temas que abarcan la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas.

Esta es la primera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad: “Repudiamos al Diario La Extra por explotar las muertes violentas de las mujeres”

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SURCOS comparte el siguiente comunicado:

La Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad se posicionan ante el periódico nacional La Extra que continúa explotando las muertes violentas de mujeres para lucrar exponiéndolas de una manera morbosa y amarillista, mancillando la dignidad de las mujeres que ni siquiera pueden defenderse y profundizando el dolor de las familias sobrevivientes de femicidios como las personas allegadas de la víctima.

La espectacularización de las muertes violentas a mujeres alimenta la cultura machista naturalizándola y fomentándola, por lo que la Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad exige al gobierno medidas y una ley para sancionar la espectacularización de la muerte de las mujeres. También, hacen un llamado a La Extra a detener de una vez por todas esta denigrante acción que ha sido una constante a través de los años.

#NiUnaMenos #VivasNosQueremos #BastaDeImpunidad #EmergenciaNacionalPorViolenciaPatriarcal #FueraWalterEspinoza

Adjuntamos la imagen del comunicado oficial:

 

Imagen principal tomada de Semanario Universidad.

ACODEHU: no a la impunidad, no a la represión contra pueblos indígenas defensores y recuperadores de sus territorios

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SURCOS comparte el siguiente comunicado:

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

Comunicado 25 de marzo 2021.
San José, Costa Rica

NO A LA IMPUNIDAD, NO A LA REPRESIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEFENSORES Y RECUPERADORES DE SUS TERRITORIOS

Por el fortalecimiento del movimiento social en defensa de las comunidades y pueblos originarios recuperadores de sus tierras y territorios

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de violencia contra el territorio recuperado Yuwi Senaglö, Cabecar, China Kichá.
Durante el día jueves 24 de marzo, 2021, mientras la comunidad Yuwi Senaglö sostenía reuniones con altos funcionarios del gobierno costarricense, tales como los viceministros de Vice-presidencia Eduardo Solano y de Seguridad Randall Otárola, bajo un supuesto diálogo, habitantes de la comunidad sufren de acoso y persecución por parte de la fuerza pública.
Después de retirarse del territorio dichas autoridades de gobierno, la fuerza pública atacó con gases lacrimógenos, uno detrás del salón comunal y el otro directamente en Yuwi Senaglö, durante la medianoche del día 24 de marzo, 2021.
Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU exige a la administración del señor Carlos Alvarado lo siguiente:
1. Garantizar que la fuerza pública y las autoridades pertinentes implementen verdaderos mecanismos para la protección y la seguridad de las comunidades indígenas; en lugar de aterrorizar a la niñez y a las familias con mecanismos de acoso, intimidación, persecución, represión, criminalización y judicialización contra los pueblos indígenas recuperadores de sus territorios.
2. Demostrar con acciones contundentes la voluntad política del gobierno del señor Carlos Andrés Alvarado Quesada de investigar, procesar y castigar a los responsables de las constantes violaciones de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Para ello, impedir que estos actos queden impunes, porque la impunidad niega la justicia para las víctimas, incrementando el escenario de tensión y sufrimiento que atenta contra la integridad física y emocional de las víctimas de esta violencia.
3. Cumplir con normativas, Tratados y Convenios establecidos a nivel nacional e internacional frente al compromiso y responsabilidades que tiene el Estado en este tema.
4. Investigar los actos de agresión de la fuerza pública durante la noche del martes 24 de marzo de 2021, contra las personas de la comunidad la comunidad Yuwi Senaglö de China Kichá.
Aclarar el porqué del uso de los gases lacrimógenos y los abusos de autoridad, los cuales han sido recurrentes por parte de los efectivos de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas; y en esta ocasión los ataques de agresión fueron contra dicha comunidad, quienes se han visto en la necesidad de defenderse y proteger sus territorios recuperados como acciones amparadas a los acuerdos internacionales y suscrito por el Estado Costarricense y por los tribunales nacionales.
5. Que los Ministerios de la Presidencia y Seguridad rindan un informe a la población de China Kichá, a la sociedad en general y a los organismos de Derechos Humanos sobre los hechos violentos, las personas responsables y las autoridades involucradas en dichas acciones.
La ACODEHU se suma al conjunto de voces y organizaciones quienes reafirmamos que el Estado costarricense continúa violando de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Cabecar de China Kichá.
A la vez, responsabilizamos al Estado costarricense y al gobierno actual de los actos violentos que continúan vulnerabilizando los derechos humanos de los pueblos indígenas; en especial quienes recuperan en forma pacífica sus tierras y territorios que históricamente les pertenecen.
Existe una deuda histórica frente a la violencia contra los derechos humanos y la autonomía que los pueblos originarios defienden desde hace más de cinco siglos.

ACODEHU
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Tatiana Otto Golobina
Secretaria

25 de marzo, 2021
www.acodehu-ddhh.org
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

Pablo Sibar y Mariana Delgado nos hablan sobre el bicentenario, el colonialismo, y la lucha por la autonomía indígena

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Le invitamos a ver las siguientes entrevistas realizadas por SURCOS con el dirigente Brörán Pablo Sibar Sibar, de Térraba y con la mayor Bribri Mariana Delgado Morales de Salitre. En menos de diez minutos Pablo y de cuatro Mariana exponen la realidad histórica y la actualidad de la lucha indígena por su identidad, sus territorios, y su dignidad.

“Queremos decirle al pueblo costarricense que esta lucha nuestra es muy desigual, porque nos topamos con los finqueros que tienen recursos para pagar abogados y como movilizarse y nosotros no tenemos esas posibilidades, sin embargo, la lucha continuará en la memoria de nuestros dos líderes asesinados, y aquí estamos luchando por nuestros derechos según lo que el mismo Estado costarricense estableció pero que en más de 40 años no ha cumplido”.
El Estado lo que está permitiendo es el asesinato de quienes levantamos la voz y defendemos nuestros derechos, nuestra cultura, nuestros recursos; nos quieren callar de esa manera. Quieren demostrar que nuestras vidas no vales nada, que si nos destruyen no va a pasar nada.

Las palabras de don Carlos Alvarado Q.

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Isabel Ducca D.

Hace dos años, cuando asesinaron a Sergio Rojas Ortiz con quince disparos en su casa de habitación, el presidente de la República expresó:

“Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena.  Este es un día trágico para el Pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el Pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad” [i].

El caso sobre el homicidio estuvo a punto de cerrarse por petición de la fiscalía. Un medio de comunicación dio a conocer información “secreta”, con lo que se invalidan pruebas y testimonios.  La familia lucha, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.  Mientras, los asesinos celebraron con otro homicidio el primer aniversario de la muerte de Sergio Rojas; en el año 2020, le tocó el turno a Jehry Rivera Rivera, cuya familia también trabaja, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.

La impunidad reina en todos los territorios indígenas, no solo en Salitre.  Un día sí y otro también, llegan alertas de incendios, agresiones y amenazas de muerte por parte de personas no indígenas contra indígenas que decidieron recuperar lo que les pertenece por historia, ley nacional e internacional y humanidad.

El 16 de marzo, se lee en la página oficial de FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas):

“Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 a. m. del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.

La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca que ha pertenecido ancestralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtchö Wakpa Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021”.[ii]

Hasta donde sabemos, posiblemente hay más, están amenazadas de muerte tres mujeres recuperadoras de tierra: Doris Ríos Ríos, Mariana Delgado Morales y Clarita Quiel Torres.  Las tres habitan en diferentes territorios. ¿Qué están haciendo las instancias competentes para protegerlas?  Por lo que ellas narran, cuando tienen posibilidades de dar sus testimonios, nada; no reciben ninguna protección estatal.

Por otro lado, el 14 de marzo, circuló un audio de Pablo Sibar Sibar, dirigente de FRENAPI, en el cual expone las razones de la lucha, las amenazas que recibe continuamente y la solicitud expresa a don Carlos Alvarado para que intervenga y busque no solo solución al conflicto sino, también, protección a las personas que, como él, están amenazadas.  Es enfático al afirmar:

“No nos pidan que suspendamos las recuperaciones. Tengo cuarenta años de lucha. Y, en esos cuarenta años, siempre nos dijeron que tuviéramos paciencia y que el Gobierno arreglaría. Hoy, le toca a usted, señor presidente”.[iii]

Don Pablo Sibar es muy modesto al decir que son cuarenta años de lucha; en realidad, son 500 años de resistencia al despojo y al etnocidio.

Quizás, don Carlos Alvarado no recuerda sus promesas; han sido tantas; además, debe estar muy ocupado escuchando a los diseñadores de horizontes positivos que le encantan, cual sirenas mitológicas, con los paraísos fiscales donde habitan, sin conflicto, los grandes evasores. ¿Quién sabe?

[i] Jerez, M. (2019, marzo 19).  (Vídeo) Carlos Alvarado: «Este es un día trágico para todo Costa Rica». AmPRENSA. https://amprensa.com/2019/03/video-carlos-alvarado-este-es-un-dia-tragico-para-todo-costa-rica/

[ii] FRENAPI. (2021, marzo 16). ACCIÓN URGENTE. ALERTA TEMPRANA. Frente Nacional de Pueblos Indígenas.   

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688

[iii] Sibar, P. (2021, marzo 14). Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida. Surcos digital. https://surcosdigital.com/pablo-sibar-envia-audio-al-presidente-alvarado-ante-amenazas-a-su-vida/

 

Enviado por la autora.

Pueblos originarios de Costa Rica continúan luchando y exigiendo justicia, a dos años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

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Jueves 18 de marzo de 2021. A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.

De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.

Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.

La condena a este cobarde acto de violencia fue unánime a nivel internacional y nacional por parte de organismos, instituciones y organizaciones de derechos humanos, sociales y de Pueblos Originarios; sin embrago en setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación por parte del Ministerio Público.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos (as) y personas de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”. El desarrollo de la investigación ha sido excesivamente lento y con irregularidades que han sido denunciadas, sin embargo la respuesta del Poder Judicial solo ha mantenido la vergonzosa impunidad.

En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Pero las semillas de dignidad, justicia, autonomía y lucha que esparció Sergio Rojas con su ejemplo han brotado en todos los Pueblos Originarios del país y más allá; los procesos de recuperación de tierras – territorios en la zona sur continúan y crecen, su ejemplo se trasladó a la zona norte donde el Pueblo Maleku por medio del Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama iniciaron en junio del 2020 procesos de recuperación de su Territorio.

Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos siguen creciendo, tanto así, que el 24 de febrero de 2020 fue asesinado de 5 balazos por la espalda Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba cuyo asesinato también se mantiene impune.

Diversos actos de violencia contra los Pueblos Originarios, como tentativas de homicidio, agresiones con armas, ataques de turbas, quema de casas y de cosechas, ataques químicos y amenazas de muerte siguen repitiendo en estos Territorios.

Según un recuento de hechos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) sólo en el 2020 se registraron 88 actos de violencia en esa zona del país; las agresiones y amenazas también afectan al Pueblo Maleku y en todos estos casos que han sido denunciados pública y judicialmente, hasta el día de hoy reina la impunidad, ningún agresor ha sido condenado por estos actos.

Solo en la Zona Sur la CLSS da cuenta que 12 personas de Pueblos Originarios han sido víctimas de amenazas agravadas (de muerte), sus nombres son: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba). Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra), Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Dorios Ríos Ríos, Ariel Ríos (China Kichá) y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y Jose Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además de amenazas contra 2 defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery Lopez Castro.

Las organizaciones e instituciones firmantes demandamos:

  • Que el Poder Judicial atienda de manera diligente, oportuna y rápida la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, para lograr que se cumpla el principio de justicia pronta y debida.
  • Que el Poder Judicial cumpla con el debido seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • Que el Poder Judicial brinde atención prioritaria a las denuncias por los casos de amenazas agravadas de las personas indicadas anteriormente y otras que existan y brinde un informe del avance de dichos procesos.
  • Que la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, llame a comparecer a la Fiscal General de la República y al Ministro de Seguridad Pública para que brinden informes su quehacer ante la sistemática violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
  • Que las autoridades del Estado acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de realizar los desalojos administrativos necesarios y priorizados por diversos Pueblos Originarios para acabar con la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios, haciendo efectivas las Medidas Cautelares de la CIDH y extendiendo las mismas a los Pueblos Originarios que sean necesarios.

Organizaciones firmantes:
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Concejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Recuperador@s Brörán de Crun Shurin.
Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales.
Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos CIAN-UCR
Proyecto autonomías indígenas y estructuras comunitarias de Gobiernos Propios CICDE-UNED.
Programa de Gestión local de la UNED.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡SERGIO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Jeanine Áñez y los fascistas bolivianos deben responder por sus crímenes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“No temas Jeanine
No tengas miedo, Jeanine.
A vos no te van a golpear hasta hacerte pulpa la cara.
No te raparán la cabeza hasta hacerte sangrar el cuero cabelludo, con las manos atadas a la espalda.
No te arrastrarán por las calles, después de arrojarte pintura roja, para el escarnio y la diversión de tus enemigos.
No lo permitirían » las polleras «, esas cholas que tanto despreciaste y perseguiste.
No tengas miedo, Jeanine.
Fuiste detenida y encarcelada sin que tus derechos humanos fueran vulnerados.
Fuiste conducida a una cárcel de mujeres, con acceso a defensa legal, y ante los ojos del mundo, no humillada y aterrorizada por una jauría de machos rabiosos que te destrozaran y exhibieran tu miedo y tu dolor como un trofeo.
No tengas miedo Jeanine.
Aunque hayas renegado de ser » una coya» y te hayas declarado aria, rubia y superior a esas pieles morenas y a esos ojos antiguos a quienes mandaste a cazar, no tengas miedo.
Ellas, nosotras, no somos como vos.”
CECILIA SOLÁ.

A PROPÓSITO DE LA DETENCIÓN DE JANINE ÁÑEZ, LA EXDICTADORA, ORDENADA POR LA JUSTICIA ORDINARIA DE BOLIVIA.

Cuán flaca y débil es la memoria histórica, una afirmación reiterada que se escucha a menudo, ella nos conduce a evidenciar lo que resulta ser el meollo de todo un tema de gran importancia en la vida social y política de nuestros países, tanto que debería ser objeto de una reflexión y una discusión muy profundas. ¿será por eso que para muchas gentes del común –por así llamarlas- lo que no aparece en las pantallas, las ondas radiales o en las páginas de los medios de comunicación del régimen de la dictadura neoliberal no existe o no existió y punto?

¿Será entonces, que por esos motivos muchos (as) ni siquiera se enteraron de la inmensa tragedia vivida, durante casi un año, por las grandes mayorías populares de Bolivia, a raíz del golpe de estado llevado a cabo por Jeanine Áñez, Fernando Camacho, Carlos Mesa y otros políticos bolivianos, actuando como la cabeza de los sectores fascistas más radicales en extremo racistas de ese país, con la decisiva complicidad y el apoyo activo de algunos jefes militares y policiales amotinados que exigieron la renuncia del presidente Evo Morales, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 (lo invitaron a dejar el gobierno y el país amenazándolo de muerte), cuando faltaban todavía más dos meses para cumplirse el período para el que había sido electo?

Estos fascistas llegaron al Palacio Quemado y a la Plaza Murillo de la capital boliviana, Biblia en mano y quemando o pisoteando la Whipala, el símbolo más sagrado y representativo de los pueblos originarios del Alto Perú, hoy República Plurinacional de Bolivia.

Por fortuna, hace un par de meses, el heroico pueblo boliviano ha revertido las cosas a costa de innumerables sacrificios, haciendo girar la rueda de la historia permitiendo así el regreso de la democracia.

Todo esto tuvo un alto precio, como fue la existencia de los 37 o 38 manifestantes muertos de Senkata, en la ciudad del Alto de La Paz, y en Sacaba en las proximidades de Cochabamba(en realidad llegaron a 40, porque algunos fallecieron en los hospitales), durante esos días, quienes actuaban en calidad de defensores del orden constitucional y del gobierno legítimo que estaba siendo derrocado fue entonces, y sigue siendo ignorada por los grandes medios de comunicación, de manera cínica (tienen esqueletos en el ropero y ni siquiera se ruborizan). Estos valerosos ciudadanos fueron víctimas de la represión militar lanzada por el régimen golpista de Jeanine Áñez, con el decisivo concurso de grupos paramilitares de choque de la ultraderecha, como los pititas y los cochalas motorizados de Cochabamba que cometieron innumerables atropellos en muchas partes del país, como sucedió con estos últimos, quienes torturaron a la alcaldesa de una pequeña ciudad de ese departamento: la rociaron de pintura roja, la raparon, la hicieron caminar descalza por un escabroso camino y a la orilla de un río le pusieron una pistola en la sien para que renegara de Evo y del MAS. Las cosas han cambiado y ella fue electa senadora por el departamento de Cochabamba en las elecciones generales del 18 de octubre, cuando los bolivianos lograron recuperar la democracia. No a la impunidad de estos fascistas y en extremo racistas de las bandas cochalas y pititas armadas y motorizadas. Todo esto configuró un escenario que provocó que al dolor de los familiares de las víctimas se uniera un profundo sentimiento de injusticia, provocado por la impunidad en la que permanecen los autores de esos hechos. Cuando los alteños, llevando a sus muertos, bajaron para manifestar su duelo y determinación de lucha en las calles de La Paz, se les disparó y se les arrojaron gases lacrimógenos, por parte de las fuerzas represivas al servicio de Jeanine Áñez, lo que provocó que los ataúdes de las víctimas quedaron tirados en las calles, dentro de lo que fue un grotesco y cruel espectáculo, además de una infinita vejación.

Ha llegado la hora de que la señora Áñez, los cívicos de Santa Cruz, los cochalas motorizados de Cochabamba, los militares y policías golpistas amotinados, a quienes mediante un decreto la dictadora, que ahora se victimiza y encuentra eco en la derecha continental, exoneró de toda culpa si cometían excesos como ya los mencionados en la salvaje represión ejercida contra quienes se resistieron al golpe de estado, junto los actos corruptos y violentos de los personeros de su régimen dictatorial de opereta por los que deben responder, los que son muchos más que los aquí mencionados.

Es así como, podemos constatar que la derecha neofascista de este continente quedó desenmascarada ante los ojos de muchas personas desaprensivas. Esas gentes no son demócratas, en modo alguno, sí no ganan las elecciones entonces hay fraude, cuando esto sucede entonces dan golpes de estado en la modalidad soft para negarlo después (Áñez dice que ese hecho no ocurrió), de paso asesinan y torturan a ciudadanos de las mayorías populares, de por sí para ellos no son seres humanos, si acaso son indios, llamas, animales de carga…