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Etiqueta: INA

Curso gratuito de producción de hortalizas orgánicas

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Cultura y Juventud en colaboración con el Parque Viva, le invitan al curso de “Producción de Hortalizas Orgánicas”, el cual se estará llevando a cabo del 30 de mayo al 15 de junio en CEGEA, Parque La Libertad, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Este curso está dirigido a personas mayores de 18 años, por lo que si cumple con este requisito y le interesa participar, puede inscribirse a través de un mensaje por Whatsapp al número 83890047 o enviando un correo a ambiental@parquelalibertad.org en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Recuperamos nuestra Tierra y trabajamos por la seguridad alimentaria

Jorge Sibas Vega
Familia recuperadora en Crun Shurin
15 de mayo 2021.

Lo mejor que pasa en las tierras que los pueblos originarios estamos recuperando es la producción de alimentos.

Los suelos y toda la Tierra están reviviendo con la agricultura y también regresaron ya muchos de los animales silvestres que la talas, los monocultivos y el ganado habían espantado.

Todo eso va a ser mejor ahora porque muchas familias, mujeres y hombres, empezamos hace un par de semanas un trabajo junto con el INA para poner en práctica la agricultura orgánica. Estamos sembrando y cuidando la Tierra. Aprendiendo a producir insecticidas, abonos, a usar micro organismos y todo lo que conlleva la agricultura orgánica. Hoy le estamos devolviendo a nuestra Madre Tierra algo de lo mucho que nos ha dado. Queremos compartirles nuestra alegría y nuestros cultivos. Decirles que estamos seguros de que los alimentos que llevamos a las mesas de nuestras familias son limpios y son el resultado de nuestro trabajo ahora que estamos retornando a nuestra propia Tierra.

Esta nueva vida queremos compartirla con todas las personas amigas, conocidas, familias de nuestra zona y de todo el país. Con la gente que pasa por la interamericana y con quienes lleguen a nuestro territorio. Queremos intercambiar alimentos orgánicos, nuestro trabajo y queremos que la gente venga a conocer todo lo que estamos haciendo en las recuperaciones. No somos “indios vagos”. Somos gente trabajando y queremos que nos dejen hacerlo, que nos respeten y dejen de amenazarnos.

Gracias de verdad a toda la gente que nos han apoyado siempre en las recuperaciones de los pueblos originarios.

Recuperamos nuestras tierras porque son nuestras, para dar seguridad alimentaria a nuestras familias y a más personas y para fortalecer nuestro vínculo con la Madre Tierra.

Pedimos a nuestros Ancestros y a todos los animales del bosque que también los protejan a ustedes, que el abuelo sol caliente sus almas y sepan que ustedes también son parte de este gran proceso de saneamiento de nuestras tierras.

Hasta que muera el Sol.

Reconstrucción económica del Distrito Hospital

SURCOS comparte la siguiente información:

Los Territorios Seguros de los Barrios del Sur: Alfabetización Ciudadana de Barrio Carit y Actitud Ciudadana, de Cristo Rey, están desarrollando una iniciativa procurando reconstruir la economía del Distrito Hospital, desde la perspectiva ciudadana y acorde a las necesidades de esta población. El objetivo es fortalecer las Pymes y los emprendimientos, crear oportunidades de desarrollo y fomentar la formalidad, generando fuentes de trabajo y empleo. Se coordinan acciones con las instituciones como el INA y el Concejo Municipal.

Adjuntamos algunas fotografías en relación con la nota:

Posición de BUSSCO sobre diálogo nacional. Una negociación para empezar a cambiar el rumbo económico del país

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.

Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.

Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.

Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.

Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.

Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.

Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.

No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.

Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.

15 de octubre, 2020.
BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL

Los resultados del desarrollo regional y la importancia del enfoque territorial

German Masís

La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.

En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.

Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:

– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz.  Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.

– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.

– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.

– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.

-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria

– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.

– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.

-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.

– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.

– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades.  Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia.  La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones

– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)

Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:

– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.

– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia.  En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.

– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.

– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.

– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas.   A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.

el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.

– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.

– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.

– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.

– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.

– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.

– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).

Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).

En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.

Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.

No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.

La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.

La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.

El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.

El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.

La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura.   El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.

Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).

Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

 

*Imagen ilustrativa, CONARE, desarrollo regional.

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

Llamado a defender el INA

Frente Cívico por la Defensa del INA

Pedimos al pueblo de Costa Rica, manifestarse con la firma de esta petitoria, para instar a las diputadas y diputados que conforman  la Comisión de Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, votar negativo y archivar el Proyecto 21738 :

Ley para el Fortalecimiento  de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la  inclusión social  y la Productividad de cara la Revolución Industrial  4.0 Y el Empleo  Del Futuro (Reforma  Parcial a La Ley NO. 6868 Y sus Reformas “LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”)

Porque representa la privatización solapada del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante: tercerización, debilitamiento presupuestario y del accionar  institucional, precarización del empleo público, a partir de  contratación contraria al Trabajo Decente para las actuales y futuras generaciones.

Para firmar: http://chng.it/Z7WkyrL9MS

El INA y su Papel en el Desarrollo Regional

German Masís

El INA ha sido la institución pública fundamental en la formación y la capacitación técnica de la fuerza de trabajo del país, cuya labor ha sufrido importantes cambios como resultado de la redefinición del modelo de desarrollo de una economía de base agrícola y de industria manufacturera hacia una ligada a los servicios y a tecnologías de producción basadas en el conocimiento.

Esos cambios, han supuesto un crecimiento en la infraestructura y recursos disponibles, una modificación de la oferta de servicios de acuerdo al crecimiento de la demanda y el impulso recientemente de una reforma de la ley constitutiva de la institución para facultarla de mecanismos más ágiles de contratación y de transformación de la oferta técnica.

En los últimos años la demanda de los diferentes servicios de capacitación y formación profesional que ofrece el INA, tanto a empresas públicas como privadas, a los principales sectores productivos del país, a las cámaras de empresarios y trabajadores y la ciudadanía en general, se ha visto notablemente incrementada.

Dicho incremento responde entre muchos otros factores al advenimiento de inversión extranjera, el tratado de libre comercio, el crecimiento del sector Turismo, el programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la expansión demográfica que ha venido en aumento en lo que territorialmente se ha denominado “gran área metropolitana” (GAM), así como la incursión en nuevas áreas técnicas que permiten una mayor amplitud en la oferta de formación profesional.

Para hacer frente a esta situación, la Administración Superior ha venido fortaleciendo el modelo de descentralización regional de los servicios que ofrece la Institución iniciado algunas décadas atrás.  Esto ha llevado a que las nueve Unidades Regionales con que actualmente cuenta la Institución, hayan sufrido un crecimiento acelerado en la capacidad instalada, presupuesto, funciones y responsabilidades, así como la demanda de sus servicios.(INA,2013,p.2)

Las nueve Unidades Regionales permiten la regionalización de la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional y de los servicios de apoyo administrativo y estudiantil.  Con la ubicación de las Unidades Regionales y de los 62 Centros Ejecutores el INA logra una cobertura geográfica que abarca todo el territorio nacional.

En esta distribución geográfica, es notable la concentración de los centros de formación y centros especializados en las Unidades Regionales Oriental y Occidental, ubicadas en San José y Alajuela, con un 43 % de los Centros, mientras que en la Gran Área Metropolitana (GAM) constituida por las 4 provincias centrales incluyendo a Cartago y Heredia, se concentra un 61 % de los Centros. Únicamente un 38 % de los éstos se encuentran en las regiones periféricas Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.

La justificación de este proceso de concentración ha estado asociada al crecimiento de las actividades económicas en las últimas décadas, así como a la demanda de servicios en los cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), lo que ha derivado en el establecimiento de las Unidades Regionales Central Oriental, Occidental, Cartago y Heredia que absorben la mayor cantidad de personal, recurso económico y los centros ejecutores.

Dicha estructura institucional, revela un crecimiento y un dinamismo concentrado en la GAM, pero que debiera suponer un proceso de desconcentración como respuesta a los cambios en el mercado laboral, a la dinámica económica y comercial que han ido adquiriendo algunas regiones periféricas como la Chorotega, Huetar Norte y Pacífico Central, así como también a la perspectiva de un desarrollo territorial más equilibrado e incluyente.

El programa de Gobierno del hoy Presidente Carlos Alvarado planteó que “la generación de empleo, emprendimientos y riqueza tendrá un enfoque territorial, y no solo concentrada en el Gran Área Metropolitana. Activaremos polos de desarrollo regionales mediante el establecimiento de conglomerados económicos que potencien la inversión, nacional y extranjera, en diversas regiones del país.

El enfoque de desarrollo territorial debe no solo activar la acción ciudadana y participación desde las comunidades, sino que desencadene procesos de gobernanza multinivel y de reducción de las desigualdades que hoy imperan entre regiones” (Programa de Gobierno 2018-2022, p.4)

Un aspecto a tener en consideración en la vinculación de la dinámica de las unidades y recursos institucionales en la GAM y en las regiones periféricas con las necesidades actuales de un desarrollo territorial más equitativo, puede estar ligada al comportamiento histórico de las matrículas de estudiantes, a los cambios en la demanda de los distintos sectores productivos y a la relocalización geográfica de las actividades económicas. 

Según la información institucional, la distribución de las matrículas según Unidad Regional (UR) obedece básicamente, a la oferta y capacidad de planta y de recurso humano de cada Unidad Regional, así como a la densidad de población física y empresarial del área geográfica donde se ubican.

Un breve panorama del comportamiento histórico de la demanda de servicios en cada unidad regional, indica que en los últimos años, se han dado cambios en el número de matrículas y en el tipo de servicios demandados por la población en las zonas de referencia de las Unidades regionales.

En el último quinquenio (2014-2018), ha ocurrido un aumento en las matrículas y programas de las unidades de Cartago, Heredia, Pacífico Central y Huetar Norte y una reducción importante en las Unidades Central Oriental, Huetar Caribe y de manera leve en la Central Occidental.(El INA en Cifras,2018,p.20)

Por otra parte, es importante identificar la procedencia de la población que recibe los servicios de formación por cantones de residencia, tratando de establecer el origen de la demanda de los servicios de formación y su relación con las unidades regionales.

Según la información institucional, el panorama actual de la población que recibe los servicios de formación técnica revela que la mitad de la población proviene de las provincias de San José y Alajuela, que tiene como referencia las Unidades Regionales Oriental y Occidental.

Una revisión detallada de la distribución de las personas capacitadas por su residencia en los 82 cantones permite establecer que más del 60% de las personas residen en 24 cantones, siendo el cantón de San Carlos el cantón con más personas residentes capacitadas, seguido de cantones como Alajuela, San José, Desamparados y Puntarenas.

En un segundo nivel de importancia se encuentran las residentes de Heredia, Grecia, Naranjo, San Ramón, Pérez Zeledón, Limón y Liberia, y completan la imagen de cantones con más residentes capacitados, Paraíso, Turrialba, Pococí, Sarapiquí, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y Golfito (El INA en Cifras,2018, p.34)

El comportamiento de la matrícula en los centros de las diferentes unidades regionales y el origen de la población capacitada por cantones plantea si el proceso de ejecución regional mediante el que se realiza la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional se realiza de forma eficaz y eficiente y si la regionalización de las funciones del INA se realiza de manera integral y favoreciendo la desconcentración de los servicios de apoyo de las unidades regionales y a los requerimientos de los sectores productivos en las diferentes regiones y en especial en las regiones periféricas, las más deprimidas del país.

Sería conveniente de acuerdo a criterios de eficiencia en la gestión administrativa, de seguimiento y control de las diversas actividades atinentes a la labor de dichas unidades y a la necesaria descentralización de los recursos y servicios, revisar y reorganizar la estructura, composición y cobertura de las unidades regionales de la GAM.

Un nuevo escenario de cambio institucional podría estar ligado a la redefinición de la estructura y organización a nivel regional, a la introducción de cambios en la oferta formativa acorde a las variaciones en la demanda de servicios y al desafío de modificar el modelo de intervención institucional concentrado en la GAM (GAMcentrismo) hacia el fortalecimiento de las unidades y centros de las regiones periféricas.

 

Imagen de INA, sede de Grecia. Tomado de la página oficial del INA.

Enviado a SURCOS por el autor.

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