Skip to main content

Etiqueta: inclusión social

Propuesta sindical para el ajuste salarial 2025

En una reciente sesión del Consejo Nacional de Salarios, Michael Hernández, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores Unidos en la Acción Sindical, presentó una propuesta en nombre de varias organizaciones sindicales, destacando la importancia de los salarios dignos como clave para promover la inclusión social, el desarrollo económico y la justicia social en Costa Rica. Junto a Hernández, estuvo presente Bruno Coto Barboza, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, quien ofreció apoyo técnico al proceso de consultas.

Durante su intervención, Hernández insistió en que los salarios no solo deben cubrir las necesidades básicas, sino también asegurar un nivel de bienestar adecuado para todas las personas trabajadoras. Citando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que los salarios justos son esenciales para reducir la pobreza y la desigualdad, y que estos deben ser parte de la construcción de una vida digna para las familias costarricenses. La propuesta de ajuste salarial busca garantizar este objetivo, con el Consejo Nacional de Salarios jugando un papel fundamental en este proceso.

Hernández destacó además la desconexión entre las estadísticas económicas y la realidad que enfrentan muchas familias en el país. Si bien los datos pueden sugerir una mejora general, no siempre reflejan las dificultades de las personas que luchan diariamente por salir de la pobreza. Por ello, argumentó que el fin de la actividad económica debe ser mejorar el bienestar común, y no simplemente centrarse en promedios estadísticos que diluyen la realidad social.

Desde el movimiento sindical, se subraya que el salario no debe verse como un simple costo de producción, sino como un elemento que dinamiza la economía interna. Una política de salarios reales crecientes puede fortalecer el consumo interno, permitiendo que las personas trabajadoras inviertan más en bienes y servicios, así como en su bienestar personal y familiar. Este enfoque no solo impulsa el consumo, sino que también genera mejores condiciones para la recreación y el ocio, lo que contribuye al desarrollo de una economía más robusta.

El documento «Propuesta Sector Sindical Ajuste Salarial 2025» refuerza estas ideas, presentando un análisis detallado de la situación actual y la necesidad de un ajuste salarial que responda a las demandas de la clase trabajadora. En este se enfatiza la importancia de la justicia social y la reducción de las brechas de desigualdad a través de salarios que reconozcan el esfuerzo y la productividad de los trabajadores. Asimismo, el documento destaca la necesidad de tener en cuenta las nuevas realidades económicas, como el incremento en el costo de vida y los cambios en los sectores productivos, que requieren políticas salariales más adaptadas a la actualidad.

La propuesta sindical busca generar un debate más profundo y centrado en la dignidad de los trabajadores costarricenses, promoviendo salarios justos que permitan a las familias mejorar su calidad de vida y contribuir a una sociedad más equitativa. Los salarios dignos no solo favorecen a los trabajadores, sino que también impulsan la economía nacional al fomentar el consumo y la inversión en el bienestar familiar.

Enlace del video:  https://www.facebook.com/share/v/pLhwEYEKPvD76T5Q/?mibextid=WC7FNe

La crisis que nos negamos a enunciar

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En esta columna, durante mucho tiempo, hemos hecho referencia a la pérdida de contrato social en Costa Rica. Eso se expresa en muchos órdenes de la vida social, cultural e institucional del país.

Pero un indicador claro, contundente, que refleja ese nivel de caducidad del proyecto horizontal e igualitario de la sociedad en su conjunto, es la ausencia absoluta de presente y horizonte para un sector de nuestra población.

En febrero del año en curso, en menos de una semana, tres adolescentes entre 15 y 16 años fueron abatidos en presuntos hechos relacionados con el sicariato.

Las reglas del juego de la inclusión social le fueron arrebatadas a mecanismos de movilidad como la educación y la cultura misma.

En su lugar, grupos del crimen organizado se han encargado de mostrar a las personas jóvenes que con menos esfuerzos y con niveles de compromiso inéditos hacia la acción delictiva, podrán escalar posiciones, mejorar ingresos y construirse un nombre, una identidad en medio de una crisis profunda de legitimación en todas las dimensiones.

Hace poco un medio nacional hacía referencia a una estadística demoledora: cada 12 días es asesinada una persona menor de edad en Costa Rica, lo que significa que entramos a una crisis sin retorno en la destrucción de las posibilidades para estas nuevas generaciones.

Hablamos poco en el país de este hecho. No lo entendemos o no lo queremos enunciar, verbalizar. Las cifras son orientadoras de que algo está pasando: 2023 fue el año más violento de la historia y para el caso que nos ocupa, desde 2018 no se habían producido tantas muertes (42) de personas menores de edad.

Algo de verdad está pasando. Nos bajamos del proyecto colectivo y entre las víctimas colaterales, directas más bien, se encuentran niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy son la primera línea de los ataques sistemáticos del modelo social y económico impuesto en este país hace más de 40 años.

Hablemos. Accionemos. No volvamos a perder una década de esta manera.

Guerra en Costa Rica… contra la clase media

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

                Los proyectos sociopolíticos predominantes desde la década de 1940 hasta la de 1980: el socialcristianismo bajo el liderazgo de don Rafael Ángel Calderón Guardia, la socialdemocracia impulsada por José Figueres Ferrer y el “comunismo a la tica” de don Manuel Mora Valverde convergieron, en buena medida, alrededor de lo que se denominó la “vía costarricense” (Armando Vargas) de desarrollo económico, social y político.

                A pesar de las diferencias que siempre hubo entre estos proyectos, se procuraba darle forma a un modelo de desarrollo que permitiera evitar la concentración de la riqueza, contener el empobrecimiento y ofrecer servicios públicos de calidad en salud, educación, agua, electricidad, telecomunicaciones e infraestructura vial. De esta manera, se creaban las condiciones para la movilidad y la inclusión social; es decir, engrosar la clase media y achicar las clases alta y baja.

                 Esfuerzos sostenidos en esta dirección, condujeron a logros significativos que nos colocaron entre los países latinoamericanos con los mejores índices de desarrollo humano: una sociedad subdesarrollada, pero apuntalando su clase media. Sí, aún y cuando persistía la pobreza al lado de los islotes de riqueza, la tendencia dominante era hacia la inclusión y la justicia social, lo que inducía a un orden social más equitativo y solidario. La inversión social sustantiva por parte del Estado, especialmente en educación y salud, fue un factor determinante para que el país se desmarcara del rumbo oligárquico que predominaba en los países de América Latina.

                La década de 1980, con los Programas de Ajuste Estructural impuestos por los organismos financieros internacionales (particularmente el FMI y el BM), marca un antes y un después. Se inicia el camino hacia la oligarquización del país, proceso que se ve fortalecido por los gobiernos del bipartidismo desde esa década, así como por algunas de las nuevas fuerzas políticas.

                Una coalición entre viejas y nuevas fuerzas político-partidistas, élites empresariales y organismos financieros internacionales le han declarado la guerra a la clase media, particularmente a profesionales del sector público a quienes se les ha estigmatizado como privilegiados con salarios y pensiones de lujo. De esta manera, se tira una cortina de humo sobre los privilegios que han sostenido las élites empresariales al amparo de gobiernos populistas, que se visten de salvadores de la patria enfilando su “artillería” contra la clase media, convertida hoy en el chivo expiatorio de los males que padece el país.

                Con la destrucción de la clase media se está sustituyendo la “vía costarricense” de desarrollo por la vía oligárquica: la que han optado la mayoría de los países centroamericanos, que hoy expulsan significativos contingentes de su población hacia Estados Unidos y construyen mega cárceles, porque el empobrecimiento y la desigualdad de las sociedades oligárquicas solo conducen a la violencia o a la huida, el éxodo masivo.

                Todavía estamos a tiempo de dar un viraje, que nos coloque en la ruta de la “vía costarricense” del fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Ello implica, por un lado, alcanzar los más altos niveles de calidad y competencia colaborativa en el ejercicio de la función pública, para garantizar mejores servicios. Y, por otro, enfrentar las medidas y acciones que han venido utilizando reiteradamente el discurso de la ética y la anticorrupción para reducir el Estado y abrir las puertas a la privatización de nuestra institucionalidad pública socialmente “rentable”. Es decir, medidas y acciones que “tiran al niño con el agua sucia de la bañera”.

Una voz interior con ecos que restringen las políticas sociales

Miguel Sobrado

¿Qué es la voz interior para la psicología?

Es la voz con la que dialogamos a todas horas, en ocasiones llamada «la voz de la conciencia», «voz mental» o también «diálogo interno». Aunque, en términos científicos, sería más adecuado referirse a ella como la voz del córtex pre-frontal.

“A modo de definición, se puede decir que es una narración que nace en el interior de todo ser humano y se proyecta, generalmente, hacia el futuro a modo de preparación para los acontecimientos venideros”.

El diálogo interno es un fenómeno complejo y multifacético que tiene un enorme impacto en la estructura de nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. Es necesario para ordenar nuestras ideas y planificar nuestras acciones.

La sociedad en la voz interna

Pero ¿Qué sucede cuando este diálogo no nos ayuda, sino que más bien nos boicotea o nos limita? Aquí es donde intervienen la estratificación y las relaciones sociales que se articulan alrededor de la familia, y cimientan los valores de la cultura prevaleciente.

Existen condicionantes sociales que configuran la voz interna y que tienen fuertes implicaciones

El contexto familiar trasmite desde la más temprana edad valores que configuran la posición social de las personas según el medio en que viven. Son muchos los estudios que describen cómo operan los prejuicios en las sociedades racistas y de clase generando minusvalía y dependencia. Debilitando la autoestima y promoviendo “techos mentales” que configuran socialmente las voces interiores de quienes se encuentran en estratos de bajo prestigio social.

Los estudios realizados en los Estados Unidos con niños negros de 3 a 7 años a quienes se les mostraron muñecas blancas y negras preguntándoles cual era buena y bella son muy significativos por sus respuestas. En esas edades tiernas ya habían asimilado a través de su entorno más cercano el prejuicio hacia su propio color, contestando que la blanca era bella y buena. De tal forma en el contexto social se dieron las condiciones configuraron una voz interna que va actuar posteriormente reduciendo sus aspiraciones y autoestima.

Estudios similares que se realizaron en México con niños indígenas, en un país donde la mayoría de la población es de ese origen, revelaron resultados similares de auto desvalorización por su origen étnico. En otras palabras el racismo ha calado tan profundamente en la cultura que se ha internalizado y pienso que en estos grupos y comunidades forma parte de esa voz interior que aconseja que acciones emprender y cuales mejor no.

Fenómenos similares han constatado los movimientos feministas y por eso demandan legislaciones y espacios sociales de igualdad.

La acción organizada y la ruptura de techos sociales que inciden sobre la voz interna

El racismo y el clasismo conllevan por lo general la exclusión social por las disminuidas oportunidades para el estudio, de acceso a los servicios de salud y superación social, de tal forma que las posibilidades de avance social se reducen. Y no solo se reducen, sino que los resultados se comportan en la práctica como las profecías que se auto cumplen. Esto es si la persona fracasa o tiene resultados mediocres es por su origen.

Operación tenazas

La exclusión social no se puede superar si no es con dos palancas fuertemente entrelazadas. Por una parte, la acción organizada de los excluidos o marginados para demandar su espacio y articular y poner en marcha sus propios proyectos y por otra con una política social, no asistencialista, sino proactiva de largo aliento centrada en una educación moderna y de amplia cobertura, que incluya a quienes a quienes perdieron la oportunidad educativa y tienen obligaciones familiares a su cargo. Esto último en procesos de autoorganización realizados en sus comunidades. Esta operación “tenazas” basa en la simbiosis de propósitos de las organizaciones que ajusten los servicios institucionales a sus necesidades. Son los efectos de la actividad organizada o vitamina “O” las que le dan poder efectivo a los excluidos y transforman su visión y perspectivas sociales. En este sentido rompen las voces internas que los inmovilizaban y se pueden transformar. Este proceso no solo cambia los horizontes, sino que posiblemente incida sobre la biología misma de los participantes, como lo sugiere las experiencias de la neurociencia.

El caso de las niñas prostituidas de Camboya citado por la siquiatra española Marian Rojas Estapé, donde se les registraron a las niñas el tamaño de los telómeros, medidores de edad de las células, cuando estaban en el burdel tenían 80 años y posteriormente de sacarlas de ese antro, en un nuevo contexto con capacitaciones ya habían recuperado su edad biológica.

Las transformaciones en gran escala que requiere la eliminación de la exclusión social no se pueden realizar por razones obvias a partir solo del trabajo de los siquiatras, requieren de un contexto favorable para la inclusión organizada y proactiva masiva de los afectados.

Esto nos obliga a trascender los enfoques individuales de autoayuda. No basta ponernos positivos, ni alejarnos de personas y contextos tóxicos. La realidad es social y nosotros estamos dentro de ella. Es preciso crear condiciones y procesos de apoderamiento social a través de las políticas sociales que destapen y promuevan el potencial real de las personas. Transformando el sustento subjetivo a las voces interiores que promueven la pasividad y resignación.

Taller de Fútbol Callejero: metodología y puesta en práctica

Mapa Social con el apoyo de Cre-Arte Bariloche y el Movimiento de Fútbol Callejero organizan el “Taller de Fútbol: metodología y puesta en práctica” para jóvenes y organizaciones locales que se deseen capacitar en el uso del fútbol callejero. Este será llevado a cabo los domingos 15 y 22 de enero de 2023 en un horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en las aulas de ICODER en La Sabana. 

El objetivo del taller es ofrecer herramientas pedagógicas que permitan el desarrollo del fútbol callejero a nivel comunitario. En el taller, impartido por el trabajo voluntario de las y los facilitadores quienes además se distribuirán de manera solidaria los costos de alimentación y de los materiales, se llevarán a cabo temas como técnicas grupales de animación e integración, inclusión de personas con discapacidad en el juego, metodología de los tres tiempos, entre otros. 

Quienes pueden participar de este taller son jóvenes líderes comunitarios de barrios del Gran Área Metropolitana que impulsan o desean impulsar espacios recreativos de fútbol callejero en su comunidad. Para postularse lo puede hacer en el siguiente vínculo: https://forms.gle/a7YNN8E3iMGKYSpn8, y hay tiempo hasta el 7 de enero próximo. Si desea conocer más información sobre el fútbol callejero lo puede hacer al siguiente link: movimientodefutbolcallejero.org

Imagen: https://sialdeporte.com/c-futbol/futbol-callejero/

UCR: PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL SOBRE DISCAPACIDAD ASPIRA A TRANSFORMACIONES SOCIALES

El deporte y la recreación es derecho de todas las personas Fotografia: Archivo ODI, UCR.

Enfoque de derechos se distancia de visión asistencialista y se acerca a un modelo de equidad

Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoria de Acción Social)

Según la Encuesta Nacional en Discapacidad (ENADI) del 2018 en el país hay 670.640 personas adultas con discapacidad, lo que corresponde al 18,2% de la población, las cuales presentan altos porcentajes de desempleo, exclusión, desigualdad, pobreza y pobreza extrema. 

En este sentido, la Universidad de Costa Rica (UCR) suma sus esfuerzos para contribuir en la calidad de vida de las personas con discapacidad por medio del proyecto de acción social ED-1141 Programa de educación continua en accesibilidad y discapacidad, el cual  tiene como objetivo principal democratizar el conocimiento y contribuir en la toma de conciencia sobre los derechos de esta población, declaró Esteban Chaverri, coordinador del programa.

El programa consta de 16 cursos abiertos al público general, dirigidos a capacitar a familiares de personas con discapacidad, profesionales que trabajan con esta población y miembros de las comisiones de discapacidad de las instituciones públicas. Dentro de los diferentes temas que abordan destacan: la discapacidad y el empleo, el duelo entre familiares de personas con discapacidad cognitiva, accesibilidad, comunicación inclusiva, así como recreación y turismo accesible, entre otras.

La discapacidad la define el entorno

Los nuevos enfoques de la discapacidad se  centran en las barreras, desigualdades, y exclusiones que provoca el entorno, el cual suele ser pensado, diseñado y construido para un tipo específico de personas y deja de lado a otras personas con alguna condición particular. Es decir, un enfoque de la discapacidad por el disfrute pleno de los derechos humanos, lo que significa una evolución del enfoque de la discapacidad únicamente médico y de rehabilitación, según Erick Hess, coordinador del Postgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad, del que se deriva el proyecto ED-1141.

Derribar mitos

Uno de los objetivos del programa es contribuir a desarrollar una visión integral de las personas con discapacidad y destruir mitos todavía arraigados en la sociedad, que pueden afectar el disfrute pleno de sus derechos. Dentro de estos mitos se ubica principalmente: que las personas con discapacidad no pueden trabajar, producir y tener independencia económica; que siempre necesitan alguien que los asista de forma permanente; que son niños(as) eternos o que no pueden tener pareja, casarse o formar una familia.

La voz de quienes viven la discapacidad

Una de las premisas que tiene el programa, es que los docentes  de los cursos sean personas que pertenecen a la población con alguna discapacidad, “nada de nosotros sin nosotros”, declaró Chaverri quien es no vidente.

Así lo confirma Karen Rodríguez, quien forma parte del programa y del postgrado contribuyendo en el diseño de 14 de los 16 cursos y a la vez es una persona ubicada dentro del espectro autista. “No participo desde la verticalidad del especialista que estudia una población, ya que formó parte de la comunidad de personas dentro del espectro del autismo. Y eso para mí es muy importante que se resalte, porque las personas con autismo también aportamos a la sociedad y en este caso en particular a la comunidad costarricense», indicó.

Cuestionar el sistema con solo existir

«Debemos elevar la accesibilidad y la inclusión a nivel de lo político y sacarla del nivel de la empatía, de la caridad y de las buenas intenciones. Al convertir esos conceptos en derechos fundamentales del ser humano, los sacamos del ámbito privado del ámbito de la rehabilitación de la enfermedad. Con el enfoque en derechos humanos del programa sobre discapacidad se prioriza a la persona y no su condición.  Siempre va a ser más importante la persona que su diagnóstico», concluyó Rodriguez.

Hess destaca que generalmente las personas con alguna discapacidad son una población crítica de la sociedad. Ya que son excluidas, no se miran como cualquier otra persona en igualdad de condiciones, por lo que constantemente están solicitando el cumplimiento de derechos y mejoras en su calidad de vida y la forma en que son tratadas por el resto de la sociedad.

Generalmente se miran como personas totalmente marginadas por ideologías dominantes, modelos estereotipados que no toman en consideración a las personas con discapacidad tal y como son, en pocas palabras: “invitan y desafían sobre el tipo de sociedad que queremos y el  tipo de país que queremos y establecer las rutas que estamos pensando para las futuras generaciones”, señaló Hess.

El presente y futuro de la discapacidad en un contexto neoliberal

En materia de políticas públicas, Rodríguez sostiene que Costa Rica ha conquistado con mucho esfuerzo una serie de medidas y leyes que promueven y protegen derechos de la población con discapacidad, sin embargo mostró preocupación por ver lo que califica como un retroceso, especialmente con el actual gobierno.

“En un contexto neoliberal la persona en situación de discapacidad va a ser vista siempre como un gasto, va a ser vista siempre como una incomodidad, como un esfuerzo extra y probablemente [el enfoque] será asistencialista, porque es más fácil crear un Estado de asistencia que un Estado de equidad. En un contexto así es más conveniente ubicarla [a la población] en un papel asistencialista y no un papel protagónico, donde tenga derecho al trabajo, a una educación de calidad, a que se cumplan sus derechos en el ámbito de la salud y de los derechos laborales” declaró.

“Creo que peligra la situación de la persona con discapacidad, peligran los logros que habíamos obtenido como una legislación robusta; ejemplo a nivel latinoamericano” finaliza Rodríguez.

Carta socioeconómica (N° 17) – Panamá: del estallido a un pacto por la inclusión social

DEL ESTALLIDO A UN PACTO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL – Fundación del Trabajo

INTRODUCCION [1]

La razón de fondo del estallido que sacude a Panamá es la gran deuda social acumulada con más de la mitad de la población que no accede a los beneficios de un crecimiento que dejó por fuera a muchos.

Panamá registró hasta 2019 más de una década de crecimiento económico sobresaliente, pero con limitado desarrollo social, producto de un enfoque de políticas que no tiene como objetivo la persona humana.

 Y esa enorme deuda social no se resolverá con nuevos subsidios que finalmente también los paga el pueblo. Los subsidios hacia grupos desfavorecidos son una especie de acción de caridad que no resuelve las causas de fondo del problema de la pobreza.

 Los subsidios a los productores tampoco serán una solución duradera, si no se resuelven los problemas de productividad, sobre todo en un contexto internacional de crisis económica y encarecimiento de los insumos.

 La Encíclica “Fratelli Tuti” del Papa Francisco señala que el trabajo “es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello […) ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisional […] El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo”.

 Agrega la Encíclica: “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieren hacer creer este dogma neoliberal […] Es imperiosa una política activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial…”

 En la Nota Técnica N° 16 de la FUNTRAB (abril de 2020) se decía que en el marco de la adversidad de la pandemia, se tendría “la oportunidad de construir un Panamá diferente, un Panamá que se aleje de la desigualdad y la pobreza (…) y que avance hacia un país más productivo, equitativo y justo. Sin embargo, ese cambio no se logrará con el mismo modelo de crecimiento y las políticas económicas que han llevado al país al actual estado de inequidad”.

Pero ese otro modelo de crecimiento inclusivo no llegará por arte de magia y será más viable si primero cambia la actitud y el nivel de compromiso de los actores económicos, sociales y políticos que definen el rumbo del país. El marco de ese modelo renovado está en la Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas, con la cual se ha comprometido el Estado panameño y la gran mayoría de las organizaciones sociales del país, con el mismo resultado: no se cumple. Por eso en Panamá el principal enemigo del diálogo social es la falta de confianza y credibilidad.

 La mesa de diálogo instalada en Penonomé frente a la crisis que vive el país podría ser un paso inicial en la construcción de un esquema renovado de políticas para enfrentar los problemas coyunturales y estructurales de la economía, siempre que se integre a todos los sectores económicos, sociales y políticos artífices del nuevo Panamá al que se aspira. Pero esta no es una tarea de una semana, de un mes ni para un tiempo muy limitado.

 Una visión estrecha y monocromática sobre los problemas del país no conducirá a soluciones viables y sostenibles. Pretender corregir con nuevos subsidios los desequilibrios de la economía mundial y su impacto sobre los precios en Panamá no es sostenible en el tiempo, aún si se corrigiera la evasión fiscal y se erradicara la corrupción. Tampoco será viable erradicar la corrupción sin cambiar el marco constitucional y legal y excluyendo del diálogo a la clase política y a los poderes constituidos y fácticos.

 A la fecha (26 de julio de 2022) y después de tres semanas de caos derivados del cierre de la economía y del país, y luego de más de una semana de diálogo sin resultados, el pueblo panameño afectado en su mayoría, clama por el retorno de las condiciones que permitirán a la sociedad entera consensuar soluciones viables y sostenibles a los problemas que originaron la crisis política, económica y social que vive Panamá. Es hora de construir un renovado Pacto por la inclusión social con la participación de TODOS.

 LAS CAUSAS DEL ESTALLIDO SOCIAL

 La determinante de fondo de la explosión popular que ha vivido Panamá es la deuda social acumulada con más de la mitad de la población, que no cuenta con un trabajo decente y que transita alrededor de una línea de pobreza muy sensible a los precios del mercado de bienes y factores, a la falta de oportunidades y a la exclusión provocada por un modelo de crecimiento sin desarrollo. En situación extrema siempre han estado las poblaciones de las áreas rurales e indígenas, que no acceden a los beneficios del crecimiento ni de las políticas públicas.

 Se requerirá avanzar hacia un modelo renovado de políticas que está explícito en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenibles. Esta agenda plantea compromisos para un crecimiento económico inclusivo, trabajo decente, educación universal de calidad, salud para todos, erradicación del hambre y la pobreza, defensa del medio ambiente, equidad, entre muchos otros objetivos. Esta agenda fue aprobada por el Estado y las organizaciones sociales en el Plan Estratégico Nacional con visión de Estado: Panamá 2030,[2] pero no ha habido la voluntad política de cumplirla, siendo también este incumplimiento un factor provocador de la crisis actual.

 El modelo inclusivo no llegará por arte de magia y sólo será viable si primero cambia la actitud y el nivel de compromiso de los actores económicos, sociales y políticos que definen el rumbo del país. [3]

 Las estadísticas y diagnósticos sobran para dibujar las dimensiones de esa deuda social en términos de desempleo y empleo precario informal y de exclusión de la seguridad social que afecta a más de la mitad de la fuerza de trabajo; las desigualdades regionales en la capacidad productiva y de generación de ingresos; el gran rezago de las remuneraciones respecto al crecimiento de la economía; la alta concentración en la distribución personal y funcional del ingreso; y la exclusión masiva que no se reduce a la llamada pobreza multidimensional, sino que también incluye a trabajadores (activos o retirados) que perciben salarios e ingresos alrededor del promedio nacional, o pensiones que no permiten cubrir necesidades básicas.

 A esa deuda social se suma la pandemia acumulada de la corrupción e impunidad generalizada, que es rechazada masivamente por la población y que se considera como gran responsable del estado de sufrimiento y postración de la población panameña. Si fuese verdad que los sobrecostos de los gastos gubernamentales son entre el 10% y 20% ; y si se considera que entre 2010 y 2019 el presupuesto de inversión pública rondó los 60 mil millones de balboas, con los recursos posiblemente sustraídos (entre 6 mil y 12 mil millones) se habría modernizado el sector agropecuario y fortalecido su competitividad, se habría cubierto plenamente los déficit de salud entre las poblaciones rurales e indígenas y se habría cerrado la brecha digital que desfavorece a los más pobres.

 La deuda social en Panamá se potencia por las políticas de corto plazo desplegadas desde el desmantelamiento de la institucionalidad de la planificación a fines de los años 90. Esto ha conllevado al socavamiento de las instituciones del Estado, particularmente salud y educación, al debilitamiento progresivo del sector agropecuario e industrial; a la distorsión y especulación en el sistema de precios; a la profundización del desbalance sectorial, regional y social en favor de la plataforma de servicios metropolitana; al rezago relativo de las remuneraciones al trabajo; y en fin de cuentas, a una progresiva concentración del ingreso nacional.

 La ineficacia de la política económica ha conllevado a un progresivo debilitamiento fiscal, que se sustenta en una política tributaria regresiva e ineficiente. Persiste también un alto nivel de evasión fiscal que ronda el 8.2% del PIB en 2019 y que entre 2010 y 2019 alcanzó cerca de 34,500 millones de balboas. [4]  En adición la poca racionalidad del gasto público en asignaciones de personal y otros usos improductivos se traduce en una fuga de recursos que desfavorecen la eficiencia del Estado.

 El gran déficit fiscal del gobierno ha tenido como contraparte un endeudamiento externo que se hace insostenible y en 2021 representaba cerca del 70% del PIB, una deuda que nos cobrarán a todos los panameños.

 Si bien el estallido es detonado por un factor externo de precios explosivos del combustible, ese elemento coyuntural reactiva los otros detonantes estructurales acumulados en el largo plazo. En un contexto de amenaza de recesión mundial, la solución sostenible a los problemas de fondo de la economía y la sociedad panameños se hace más difícil, lo cual es un aspecto central que se debe tomar en cuenta en cualquier diálogo.

 Durante las tres últimas décadas no ha habido un esfuerzo concertado para enfrentar los problemas de fondo del país. En el pasado se ha ensayado varios diálogos para discutir aspectos específicos de esos problemas; y durante los años 2000 la mayoría de las iniciativas de diálogo oficial no han dado resultados, debido principalmente a la falta de voluntad política para llegar a acuerdos y para cumplirlos.

 Como consecuencia, persiste una gran falta de confianza y credibilidad en la gran mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad, incluyendo las organizaciones sociales y del sector privado. Se ha dado un desgaste progresivo del diálogo social como instrumento de construcción de consensos y la falta de confianza y credibilidad podría condenarlo a su descalificación total.

 VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS DEMANDAS

  Si bien el estallido se inició con la acción de diversos movimientos aparentemente espontáneos y descoordinados a nivel nacional, éstos acordaron con el gobierno una agenda temática única para la mesa unificada de diálogo. Esta agenda incluye ocho puntos: (a) rebaja y congelar el precio del combustible; (b) rebajar y congelar el precio de la energía; (c) rebajar la canasta básica sin afectar a los productores; (d) rebajar el precio de los medicamentos; (e) asignación del 6% del PIB a la educación; (f) discusión del problema de la caja de seguro social; (g) corrupción y; (h) crear una mesa intersectorial de seguimiento.

 Es una agenda temática a la cual se le ha ido dando contenido en la marcha y las demandas más concretas representan en general aspiraciones básicas reiteradas por la mayoría de la población panameña. Algunas de las demandas tienen connotaciones de carácter coyuntural y otras reflejan problemas estructurales acumulados en el largo plazo. A su vez, parte de los cambios exigidos son posibles inmediatamente con el marco legal y constitucional vigente, mientras otros requerirán cambios en dicho marco.

 La viabilidad y sostenibilidad de las aspiraciones dependerá de que se aborden las causas de fondo de los problemas y de la participación de todos los actores con responsabilidades en la solución de los mismos. La solución del problema del alto costo de vida no se puede concebir sin la participación de los agentes económicos o productores de la canasta. La solución de las causas de fondo de la corrupción no se puede dar sin la presencia y compromiso de quienes deben velar por la transparencia pública y privada. Mientras estén ausentes de la mesa de diálogo los actores fundamentales, no parece viable ni sostenible una solución duradera a estos problemas.

 Un balance preliminar del pliego de peticiones requiere considerar la viabilidad y sostenibilidad de cada aspiración.

 La rebaja y congelamiento del precio del combustible y la energía tiene viabilidad en la coyuntura y su sostenibilidad dependerá de la evolución de los precios internacionales del petróleo, de la capacidad de las fuentes de energía eléctrica en el país y del espacio fiscal que tengan las finanzas públicas para mantener el subsidio. Obviamente también dependerá de la racionalidad del gasto público en sus diversos usos.

 Aunque sería esperable hacia el futuro una rebaja y estabilización del precio internacional de los combustibles, dependiendo de una eventual finalización del conflicto bélico en Ucrania, estas se podrán cumplir dependiendo de la duración de la crisis internacional y de las posibilidades de las finanzas públicas.

 La rebaja de la canasta básica de alimentos sin afectar a los productores enfrenta el gran desafío de conciliar el “precio social” de los alimentos al que se aspira para cada producto, con el costo de producción de éstos, que en gran medida están determinados por los insumos importados. Luego de superar las distorsiones y especulaciones en la comercialización y de encontrar un “balance milagroso” entre costos de producción y precios al consumidor, esta aspiración tendrá viabilidad y sostenibilidad siempre que el Estado tenga el espacio fiscal para subsidiar lo que corresponda, pero ello no se podrá mantener indefinidamente.

 Si detrás del espíritu de esta demanda también está la aspiración por la soberanía y seguridad alimentaria, se deberá entender que para alentar y fortalecer al productor agropecuario, se requiere asegurarle una compensación o ingreso redituable y justo a su inversión y esfuerzo productivo.

 Este tema también tendrá como condicionante los acuerdos y tratados comerciales suscritos, particularmente el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, que compromete al país a la liberalización de los aranceles de los principales productos agropecuarios durante los próximos años.

 En el caso de los productos no alimenticios la rebaja o estabilización de los precios dependerá de otras medidas relacionadas con los aranceles de importación y con los márgenes de ganancia de las empresas.

 La rebaja de los precios de los medicamentos es una vieja exigencia del pueblo panameño. Se debe reconocer que las penurias y angustias de los panameños en este tema se deriva de la voracidad de la llamada “libre oferta y demanda” (competencia perfecta) que en realidad no existe en este mercado. Siendo un tema muy especializado y complejo, para dar viabilidad y sostenibilidad a la decisión que corresponda, es importante involucrar a los actores concernidos, incluyendo a los distribuidores de medicamentos, farmacias y a los profesionales de la salud.

 La asignación del 6% del PIB a la educación, es una ley que se debe cumplir de manera efectiva e inmediata, por lo cual es una obligación del Estado hacerla efectiva, y no debería ser un tema de negociación, a menos que se acuerde la necesidad de reformar dicha ley por inviabilidad, ya que si se impusieran asignaciones presupuestarias a los diversos sectores institucionales con el relación al valor del PIB y no al monto total de presupuesto del Estado, no se estaría presupuestando con base a los recursos efectivamente disponibles.

 Adicionalmente, la asignación de cualquier monto presupuestario no es suficiente para lograr una educación inclusiva y de calidad. Se debe entender que la calidad de la educación nunca podrá mejorar si no se potencia las competencias y capacidades de los educadores; se requiere también extender la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza al menos hasta la educación media; y en general el gobierno debe cumplir los acuerdos en materia de educación alcanzados en otras mesas de diálogo.

 En el caso de la Caja de Seguro Social la FUNTRAB ha insistido en la necesidad de un diálogo genuino, que incluya efectivamente a “los accionistas” de la institución, que deben confirmar su voluntad política para lograr resultados. [5] El punto de partida para enfrentar los problemas y desafíos de la CSS es el debate y consenso sobre el modelo de seguridad social conveniente al país. Y tal modelo debe ser coherente con la visión de economía y sociedad que aspiramos: un Panamá en progreso económico y social, con desarrollo integral, más solidario, incluyente y equitativo.

El camino hacia una visión renovada de la seguridad social requiere de cambios en el marco legal y el compromiso del Poder Legislativo de que se respetará fielmente lo acordado en una mesa de diálogo inclusiva. Este es un debate que debe incluir absolutamente a todos los actores concernidos.

 La pandemia de la corrupción ha sido más devastadora y duradera que cualquier epidemia de salud pública; y por tanto será más difícil de erradicar porque pareciera estar enraizada en el ADN y en los principios del juega vivo del panameño. Las dos caras de la corrupción (el ente que corrompe y el ser que se deja corromper)) deben ser encaradas simultáneamente, lo cual difícilmente se podrá resolver en la coyuntura o en el corto plazo.

 Para comenzar se debe acordar acciones de impacto inmediato que den una señal del compromiso político de combatir este flagelo. Los diversos sectores nacionales han propuesto acciones de contención del gasto y de eliminación de irracionalidades en el manejo de las partidas presupuestarias, que se podrían cumplir de inmediato por parte del gobierno como señal de compromiso hacia el cambio.

 La lucha contra la corrupción es un objetivo permanente y de largo aliento y se debe armar una hoja de ruta para desmontar todo el andamiaje jurídico, institucional y político que la sostiene. Esta es una tarea que supera el marco constitucional y legal vigente y habría que discutir la mejor estrategia para avanzar hacia el objetivo de erradicación de la corrupción e impunidad. Esta tarea trasciende un diálogo entre el Poder Ejecutivo y un determinado grupo social o económico y debe incluir el compromiso y acción de todos los órganos del Estado, los partidos políticos, las iglesias y las organizaciones del sector productivo y la sociedad civil.

 La propuesta de una “mesa intersectorial de seguimiento” de los acuerdos es una cuestión pertinente, teniendo en cuenta la experiencia de mesas de diálogo en los últimos tiempos que han hecho acuerdos que finalmente no se cumplen o que se distorsionan en el Órgano Legislativo cuando tales acuerdos precisan de leyes para su instrumentación. Una mesa de este tipo debe incorporar la representación de todos los actores económicos, sociales y políticos del país.

 La deuda social acumulada no se puede resolver de manera sostenible con nuevos subsidios, ya que las necesidades insatisfechas seguirán creciendo y el espacio fiscal será cada vez más reducidoTampoco se pueden resolver problemas estructurales con medidas coyunturales. Independientemente del resultado de la mesa de Penonomé, es hora de comenzar a construir un renovado Pacto por la inclusión social con la participación de TODOS.

[1] Co Presidentes: Lic. Araceli De Gracia (Sector sindical) y José Javier Rivera (Sector empresarial). Directora Ejecutiva: Lic. María Salcedo. Responsable principal de la publicación: Miguel Del Cid, Asesor, FUNTRAB

[2] Aprobado por la Concertación Nacional para el Desarrollo en 2017.

[3] La FUNTRAB ha hecho múltiples propuestas y contribuciones por ejemplo en la Nota Técnica N° 16: La pandemia del COVID 19: oportunidad para corregir rumbos. Lograremos un Panamá diferente?

[4] MEF, Boletín Estadístico Tributario, 2019.

[5] FUNTRAB, Carta Socioeconómica N° 16 “A RENOVAR EL DIÁLOGO POR LA SEGURIDAD SOCIAL”, junio, 2022.

Documento compartido con SURCOS por Gerardo Castillo.

Imagen ilustrativa.

A propósito del Día Nacional de las Personas con discapacidad: Obras son amores y no buenas razones

Heidy Murillo Calvo, regidora del Frente Amplio, cantón de Barva

El 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con lo que establece la Ley Nº 8671 de 16 de octubre de 2008. Se trata de una fecha propicia para la reflexión y el análisis acerca de la situación de este sector poblacional y del grado de cumplimiento de las normas –nacionales e internacionales—vigentes en Costa Rica en materia de derechos humanos, particularmente en los campos de la inclusión social y la accesibilidad general.

En arreglo a los importantes datos generados por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), desarrollada por el INEC y el CONAPDIS, en el país la población adulta con discapacidad abarca el 18,2 % de la población total. Es decir, la nada despreciable suma de alrededor de 900 mil personas. Valga decir que, con el envejecimiento de la población y otros factores, es muy probable que este porcentaje mantenga una perspectiva de crecimiento de cara al futuro.

Ahora bien, la pregunta a formular es: ¿Cuál es la situación real y concreta de este numeroso grupo de habitantes de Costa Rica? Según los datos de esa encuesta (previa a la pandemia de la Covid-19), la situación no era buena en acceso a la salud, a la educación, al empleo y a las actividades recreativas. Siempre las personas con discapacidad aparecen escalones más bajo con respecto a la población general. Es muy probable que esta situación haya empeorado como consecuencia de la pandemia.

A partir de lo que expresan diversos informes, la población con discapacidad se encuentra entre las más excluidas socialmente y es severamente afectada por condiciones de pobreza; atrapada en un círculo vicioso en el cual la discapacidad genera pobreza y la pobreza produce discapacidad.

Es importante destacar que el país ha avanzado en la adopción de distintas normativas jurídicas que reconocen los derechos de las personas con discapacidad; entre las que se destacan la Ley Nº 7600 (promulgada precisamente el 29 de mayo de 1996) y la Ley Nº 8661, mediante la cual, en 2008, se ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al valorar la situación del sector es inevitable concluir que hay un enorme desfase entre lo que dicen éstas y otras normas, y su aplicación efectiva.

Algo que he podido observar es que cuando se habla de Estado y las normas que deben cumplirse en materia de derechos humanos, se piensa más en las instituciones públicas del ámbito nacional y menos en las obligaciones que se deben implementar desde los gobiernos locales.

Por supuesto que es muy importante lo que hagan o dejen de hacer los poderes centrales de la República cuando se trata de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, quizás todavía son más decisivas, las políticas y acciones que las municipalidades realicen en favor de la accesibilidad e inclusión social de este sector, especialmente, de las personas con discapacidad más pobres.

Tomando en cuenta que las personas tenemos nuestros domicilios en los cantones, en sus comunidades y entonces, si desde el gobierno local se emprenden acciones que mejoren la accesibilidad del cantón, tanto en aspectos sociales (apoyo en educación inclusiva, empleo, salud, recreación, deporte) como en accesibilidad física, informativa y comunicacional, las personas con discapacidad podrán progresar más y tener con ello, mejores condiciones de vida.

En los últimos años el Código Municipal ha sufrido diferentes reformas y en su gran mayoría apuntan en la dirección correcta. Algunas de ellas están dirigidas en fortalecer la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD), estando la conformación de dicha comisión permanente establecida y regulada en los artículos 13, inciso h) y 49 de la citada normativa.

La COMAD es una comisión que debe velar, vigilar, promover y proponer -entre otras cosas- la política municipal de accesibilidad; que en los presupuestos municipales se incluyan metas y contenido presupuestario para el cumplimiento de la Ley Nº 7600: que se incluya el eje de accesibilidad en la liquidación y en los informes periódicos a la Contraloría General de la República; que se incluya en el sistema de control interno y valoración de riesgo el cumplimiento de las responsabilidades que la citada ley le asigna a las municipalidades; que se formulen diagnósticos de accesibilidad sobre las necesidades de las personas con discapacidad del cantón y que toda decisión sea consultada a las organizaciones de las personas con discapacidad, para que mejoren sus condiciones de vida.

En función de tal propósito, los concejos municipales están facultados para nombrar a las personas miembros de la COMAD que funcionará al amparo del Código Municipal y del reglamento que deberá dictarle el órgano colegiado, ante el cual la comisión deberá rendir cuentas; además de asegurar las condiciones para su mejor y más eficaz y eficiente funcionamiento para promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades e intereses de la población. Así que su conformación constituye una decisión política relevante.

Por todo lo anterior, es necesario reconocer la importancia para las personas con discapacidad que los cantones, sean inclusivos y accesibles, en todos los aspectos de la vida. A partir de la idea de que el país es el marco general, pero el encuadre cotidiano es el cantón, sus distritos y sus comunidades. Así que si bien es importante que el Estado –central– desarrolle políticas públicas inclusivas que favorezcan a las personas con discapacidad, es crucial lo que haga cada municipalidad.

Igualmente, es necesario que las municipalidades conozcan la situación de los habitantes con discapacidad, empezando por su número. También es importante que conozcan a las organizaciones y personas con discapacidad activas en la lucha por sus derechos, radicadas en el cantón. Asimismo, es de valor que estas organizaciones de la sociedad civil cuenten con un dominio solvente acerca de la normativa que rige a las municipalidades en derechos de las personas con discapacidad así como otras normas propias del ámbito municipal.

Por último, es imprescindible que las municipalidades elaboren políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo en forma clara, los derechos humanos de las personas con este tipo de condición y que fortalezcan a las COMAD para que éstas lideren su ejecución. Ese sería el mejor homenaje a las personas con discapacidad, en su día.

Carta pública al presidente electo- OIDH-CR

Carta pública

San José, abril del 2022.

Sr, Rodrigo Chaves Robles

Presidente Electo de la República de Costa Rica.

Presente.

Estimado Señor:

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) es una agrupación inscrita en la Sección de Asociaciones del Registro Público con la cédula jurídica No. 3-002-587995.  Como Organización de la sociedad civil, estamos muy interesados en promover, mantener e intensificar, desde un enfoque interseccional, las conquistas alcanzadas en los últimos años que han venido a satisfacer algunas de las demandas y necesidades sentidas y manifiestas de aquellos grupos que históricamente hemos sido excluidos de la condición de ciudadanía por orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria, procedencia étnica, condición etaria, discapacidad.

Frente a su elección y pronta toma de la dirección del Poder Ejecutivo, nuestra Organización, está interesada en que usted pueda conocer algunas de nuestras preocupaciones con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en su gobierno de manera explícita que permitan suscitar políticas públicas inclusivas, justas y equitativas que beneficien a los sectores sociales que nuestra Organización representa.

En consecuencia, Señor Chaves, nuestros puntos son los siguientes:

  1. Promoción de una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género, procedencia étnica, estatus migratorio, discapacidad, adultos mayores de la diversidad.  (Hay un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley -Proyecto de ley número 19841- actualmente archivado en la Asamblea Legislativa, que sería una buena base para discutir.)  Y eliminar de la ley de empleo público lo referente a la objeción de conciencia.
  2. Impulsar un programa de capacitación para todas las personas funcionarias públicas acerca de los derechos humanos de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerabilizados.
  3. Revisar y reforzar científicamente los programas de afectividad y sexualidad en la educación pública y privada.
  4. Desarrollar un programa de desarrollo integral para las personas transgénero, transexuales e intersex.
  5. Potenciar en los distintos municipios programas de inclusión social para personas que forman parte de las comunidades sexualmente diversas.
  6. Mantener el 17 de mayo como el Día en contra de la Homolesbobitransfobia.  Y conmemorarlo por parte del Gobierno. 
  7. Consolidar la figura del comisionado o comisionada presidencial para asuntos de la diversidad sexual, afectiva y de género, asignándole presupuesto y reconociéndole la condición de funcionario público con carácter de asalariado y no ad honorem.
  8. Promover en las regiones costeras, junto con sus municipalidades, oficinas de la diversidad sexual, similares al modelo vigente en la Municipalidad de Goicoechea, que permita movilizar recursos para la potenciación de capacidades de todo tipo para la población diversa sexual y de género presente en cada una de esas regiones, en especial orientadas al empleo y autoempleo, al emprendimiento y la culminación de los procesos formativos para todas aquellas personas que se han quedado rezagadas, esto mediante acciones conjuntas entre el MEP, el INA y universidades públicas ubicadas en esas zonas.
  9. Promover un censo nacional que permita determinar la cantidad de población diversa sexual y de género que vive en Costa Rica para la toma de decisiones en materia de política pública.
  10.  Mantener, impulsar, mejorar y promover todos los programas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual.  Que la distribución eficaz, efectiva y amplia de medicinas antirretrovirales y la PrEP (medicina preventiva) sea muy ágil y sin tanta limitación.
  11.  Desarrollar una discusión nacional de alto nivel acerca de la urgencia de declarar a Costa Rica un estado laico.
  12.  Mantener y consolidar todas las conquistas alcanzadas por la comunidad de la diversidad sexual y de género durante los últimos ocho años.
  13.  Tipificar como delito agravado los crímenes de odio.
  14.  Crear programas de protección real y eficaz a personas activistas y defensoras de Derechos Humanos: de la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, ciudadanos originarios, migrantes y refugiados en Costa Rica.
  15.  Mantener políticas de puertas abiertas para la protección de las personas refugiadas.
  16.  Garantizar que los funcionarios públicos brinden una atención integral y efectiva en sus funciones a los habitantes del país, sin malas caras o malos tratos, menos sin tener la necesidad de recurrir a un Recurso de Amparo ante Sala Cuarta Constitucional para hacer que ellos como funcionarios públicos hagan su trabajo.
  17.  Garantizar la seguridad de los pobladores indígenas y acatar los llamados de los mismos sobre la protección de sus tierras.  Que sus tierras ancestrales se les retornen a su poder.  Que se investigue el destino de los fondos girados hasta el momento a estos grupos.
  18.  Mejorar el índice de seguridad para la ciudadanía, evitando incluso que los funcionarios se burlen u omitan agresiones, ofensas, acosos y hostigamientos a la mujer, migrantes, indígenas, personas de la comunidad diversa sexual y de género, personas con discapacidad y comunidades marginadas, proporcionando seguridad en puntos alejados del Área Metropolitana.
  19.  Mejorar o reconstruir la infraestructura y garantizar una educación integral REAL a los habitantes que estudian en las comunidades rurales, que garantice que los profesores no tengan que poner de sus bolsillos para que los alumnos tengan que moverse a los centros de estudios, que tengan útiles escolares o incluso comedores dignos.
  20.  Mejorar los programas de asistencia social y seguridad en comunidades rurales, tanto los citadinos de la GAM como los campesinos son habitantes de este país y tienen los mismos derechos, por tanto, deben ser tratados con la misma igualdad que otros, no dando excesivo lujo al capitalino o metropolitano e ignorando la necesidad de hambre del que habita en lo rural.
  21.  Realizar atención psiquiátrica y psicológica gratuita.  Una línea de atención de crisis para personas suicidas para personas en crisis o con problemas psicológicos o psiquiátricos.
  22.  Que personas mayores de la diversidad y de género tengan especial protección estatal.

Los puntos señalados son considerados por nuestra Organización como mínimos necesarios para garantizar que en el presente y en los próximos años nuestra sociedad y, en general, nuestro país, pueda seguir avanzando por la senda del desarrollo integral y mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas, y mejore radicalmente la situación que nos ha calificado últimamente como una de las sociedades más desiguales del continente americano, para circunscribirnos solo a nuestra región. 

Asimismo, tome en cuenta que OIDH-CR estará dispuesta, siempre que así se disponga por parte de las eventuales autoridades de gobierno a colaborar estrechamente para avanzar por la ruta de la inclusión, justicia y equidad.  

De antemano, le agradecemos su disponibilidad para establecer el diálogo para que en conjunto logremos regresar a Costa Rica a nuestro lugar, reconocido internacionalmente, de respeto a los derechos humanos y la mejor distribución de la riqueza.

Por Junta Directiva OIDH-CR.

Enviado a SURCOS por Marco Castillo Rojas.

La competitividad desigual de los cantones del país y la ausencia de soluciones estructurales para reducir las brechas existentes

German Masís

El jueves 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

En la primera medición del ICN, elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), de los 82 incluidos en el estudio, poseen condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se pueden calificar como competentes.

La situación es muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

En efecto previamente, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales y que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

En ese otro Índice, se había determinado que entre los componentes del IDH, las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones eran contundentes, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad. . (Alterdes.cr, nov. 2020).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notorias.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %.

Mientras la región Brunca es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Por su parte, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte es también elevado ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie ENAHO, con 12.9 %. (Alterdes.cr, octubre 2021).

Respecto a las causas de las desigualdades regiones, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior, había argumentado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En tanto en un artículo anterior habíamos afirmado que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas durante varias Administraciones. (Alterdes.cr, febrero,2021).

El estudio referido del INC, revela que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

En los cantones mejor evaluados también existen mejores indicadores relacionados con escolaridad y oferta educativa.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

Este es el sector en el que se evidencian mayores diferencias entre regiones del Área Metropolitana y la periferia, indica el estudio.

El alcalde de Talamanca ha manifestado que “aquí en el país tenemos dos Costa Ricas, una de ustedes, allá en San José, y otra de nosotros en las zonas rurales. Carecemos de una serie de servicios básicos y eso repercute en estos estudios; son muy diferentes las condiciones de un estudiante de San José con las de otro en Chiroles, acá en zona indígena”. (Nación.com,11-11-2021).

Esa expresión sobre la conformación de dos Costa Ricas, ha sido señalada también por algunos investigadores, entre ellos el economista Francisco Esquivel cuando afirma que hay “una especie de geografía del desarrollo que partía el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel, F., 2021,p.222).

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas.

Por ejemplo, la Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr, abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en esas regiones, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020).

Además, y de carácter fundamental, en los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J. et al,Rimisp,2015).

De la misma forma, es cuestionable la validez de la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada este año por MIDEPLAN, a pesar de que parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), debido a que no plantea con claridad soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y sobre el desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política de retomarla e instrumentalizarla en el futuro. (Alterdes.cr, julio, 2021).

Porque la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, como lo propone el investigador Esquivel en su libro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.(Esquivel, F., 2021).

Por lo tanto, será insuficiente con llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana que se discute en la actualidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito de “llenar de zonas francas” algunos cantones de las regiones periféricas.